Opinión
Un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.
Por: José Félix Lafaurie Rivera* - En un post de X, red convertida en canal oficial del Gobierno, Petro insiste en su cantaleta de que el objetivo de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales es “que los ricos paguen impuestos” y también “ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”.
Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos catastrales, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, que se vencieron en 2023, se debía concretar “la formación y actualización del catastro rural…”. Sin embargo, ningún gobierno, por las razones que sea, ha logrado cumplir esa obligación legal.
Así que, frente a problemas que se evidencian estructurales, malas son las soluciones atropelladas, que no surgen de un análisis objetivo de la realidad, sino de percepciones ideologizadas y calenturientas. Cuando esa es la guía de la política pública, cuando el presidente reduce el problema a que, según él, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada y el caos… Y en esas estamos.
Primero fue el artículo 49 de la Ley del Plan, un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y, quizás por ello, no alarmó a nadie, porque se esperaba que el Gobierno aplicara la gradualidad que él mismo recomienda en el parágrafo tercero, que ordena al Ministerio de Hacienda y al DNP elaborar un Proyecto de Ley para establecer “límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad…”. Sin embargo, ni se revisaron los actuales límites al crecimiento del predial, ni se aplicó gradualidad alguna, que es la gran chambonada, pues un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.
Vino luego la Resolución 1912/24, que estableció la metodología, un galimatías técnico que solo puedo juzgar por sus resultados, que se conocieron en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, publicada de afán en el Diario Oficial antes de que terminara el año, con el listado de porcentajes de incremento para casi 9.000 zonas homogéneas en 527 municipios; incrementos exorbitantes y que, en algunos casos, rayan en el absurdo.
El presidente sostiene que la medida no es para los pobres, pero, según información del IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, de los cuales el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que hablamos de una medida que arrasará con la mediana producción agropecuaria y de la cual no escapará el campesino minifundista, convertido en rico en el papel, como expresó una manifestante en La Calera, Cundinamarca.
Como era de esperarse, no los ricos que Petro persigue, sino esos campesinos y medianos productores salieron a protestar y se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador; acuerdo que bien podría replicarse en otras regiones, pero una vez más la sensatez no fue invitada y el ministro del Interior dejó claro que eso no era posible, un mensaje “chambón” del que se infiere que para tener derecho a negociación y acuerdo hay que protestar primero.
La cosa se enreda aún más, porque, en lo que representa una confesión de la chambonada inicial y una “desmontada por las orejas”, la Dirección General del IGAC les trasladó “el chicarrón” de las soluciones para el apaciguamiento de las protestas a sus directores regionales, algo inaudito, pues lo que debería tener una solución centralizada, comenzando por la suspensión de la Resolución 2057, ahora dependerá de más protestas y tantas negociaciones como directores regionales tenga el IGAC.
Así pues, seguimos de chambonada en chambonada. Ya basta… ¡No más!
Bogotá, D. C, 20 de abril 2026
*Presidente Federación Nacional de Ganaderos. FEDEGAN.
@jflafaurie
Luego de 500 años de historia, hoy más que nunca y para la salvación integral de este pueblo, Santa Marta necesita ineludiblemente ser gerenciada, no hay otro camino.
Por: Nelson Vives Calle*. - Pocas veces acudo a la conceptualización absolutista para definir los asuntos que vinculan a la gente y a quienes ejercitan el servicio público y un poco la gobernanza; sin embargo, y pese a que esta columna inicia con determinación revisando cómo va Santa Marta, que es lo que muestra la vida diaria presente, y poco más ambicioso, cómo esa gobernanza cimenta desde ahora su futuro cercano; avisa mi análisis y su responsable examinación del Plan de Desarrollo, que los cambios necesarios y las consabidas necesidades primarias; como tampoco el controlado salto hacia el modernismo y a la planeación, están ausentes y lo que es peor, casi catastrófico: está muriendo la esperanza.
El soporte del diagnóstico y sus fuentes naturales están al alcance de todos: en Santa Marta no se conoce un dato concreto que permita señalar la creación de industrialización o del mercado empresarial a gran escala o asociado al turismo en el último tiempo. Y es que cerca del 61% de la población apta para laborar no lo logra desde el formalismo. Esta población migra hacia la informalidad que individualiza la economía diaria y que en la mayoría de casos es violatoria de los principios y ambientes ciudadanos comunes.
Solo por citar la ocupación del espacio público que es descontrolado e invasivo en muchos sectores de la ciudad, se observa desorden y tristemente hay espacios limitados donde la gente puede caminar. Luego abordaré otros temas relacionados con la ciudad más antigua de Colombia, que celebró sus 500 años de fundación en 2025 y es conocida como la “Perla de América”.
La falta de un modelo concreto para afianzar la gobernanza y decidir el camino específico de la relación con el gobierno nacional para la búsqueda definitiva y estructural a la solución a la falta de agua potable y a todo el saneamiento básico, nos hunden en aguas negras, en una dolorosa, olorosa y cotidiana crisis ambiental que es per se una emergencia que nos hace estáticos nos arruina y donde la ciudadanía pide con urgencia una solución definitiva a tan grave problemática.
Una sustancial anotación: pese a que somos una ciudad de vocación turística, enfrentamos una problemática ambiental que parte de un grado de contaminación de playas que pudiera sustentarse en protocolos equivocados en atención al vertimiento de las aguas residuales. Es una realidad que nos descontrola y que nos distancia de los avances que pudieran darse si fuésemos una industria de turismo asociada a comercio controlado.
Lo que pudiera entenderse como un componente básico ha resultado ser todo un desafío: luego de 500 años de historia, hoy más que nunca y para la salvación integral de este pueblo, Santa Marta necesita ineludiblemente ser gerenciada, no hay otro camino.
Resulta inocente aún, definir lo que significa en los tiempos modernos, gerenciar; aquí lo elemental y seguramente para muchos, un proceso sencillo termina siendo el único camino y el reto, corresponde apartarse de la politización y de todas las variables existentes de esta; las que generaron divorcio entre quienes debían estar armonizados según los preceptos de la gobernanza.
Promete esta columna avanzar en el diagnóstico de nuestros problemas comunes, gerenciar para entender que la potencialización de los recursos naturales, la armonización de la Santa Marta rural y su expresión turística en sintonía con el mundo urbano, la historia y su cultura, serían entonces los elementos fundamentales que nos salvarían de la descomposición social y la ausencia de una variedad técnica de políticas públicas que acompañen a quienes contra viento y marea se la jugaron desde los capitales privados y le siguen apostando a la ciudad con mucho esfuerzo para desarrollarnos. Definitivamente: poner orden, dar ejemplo y gerenciar, es el camino y el reto.
Bogotá, D. C, 15 de abril 2026.
Nuestro propósito es acompañar a Colombia en su avance hacia un futuro más eficiente y conectado, reafirmando nuestro rol como aliados permanentes del crecimiento sostenible del país.
Por: Carlos Saad Llinás*. En Findeter creemos que el desarrollo regional solo es posible cuando la sostenibilidad se convierte en acciones reales. Por eso impulsamos proyectos que mejoran la calidad de vida y reducen los impactos ambientales en los territorios. Hoy vemos con orgullo cómo ese compromiso avanza con paso firme.
Con este propósito nació la línea de crédito “Compromiso eficiencia energética y conectividad virtual”, diseñada para financiar proyectos que impulsan la eficiencia, generación, distribución y almacenamiento de energía, así como iniciativas que contribuyen a mitigar los gases de efecto invernadero. Se trata de una línea mixta —de redescuento y directa— que, gracias a la tasa compensada del Gobierno nacional, ha permitido que más sectores encuentren condiciones favorables para invertir en transformación energética.
Lanzada a comienzos de 2024, la línea tuvo una acogida tan notable que a finales de 2025 recibió una adición de recursos por $1 billón, una muestra contundente de confianza en su efectividad. Y los resultados hablan por sí solos: entre el 1° de enero y el 16 de marzo de 2026 se desembolsaron $920.562 millones, es decir, el 92% del total disponible. Un desempeño excepcional alcanzado en apenas dos meses y medio, que da cuenta de la gestión institucional, pero también de las grandes necesidades en el territorio.
Estos recursos se han distribuido en 161 operaciones de crédito, beneficiando a 128 entidades y llegando a 414 municipios en 27 departamentos, incluida Bogotá. Detrás de cada número hay una historia única: un territorio que optimiza su alumbrado público, una empresa que eleva su eficiencia energética y una comunidad que apuesta por la instalación de paneles solares y sistemas fotovoltaicos para construir un futuro más próspero y sostenible.
Los resultados evidencian el compromiso de Findeter con un desarrollo sostenible y regional. Cada desembolso fortalece a las comunidades y mejora su capacidad para enfrentar los retos climáticos y económicos con mayor resiliencia. Continuaremos trabajando para llevar bienestar y soluciones donde más se necesitan. Nuestro propósito es acompañar a Colombia en su avance hacia un futuro más eficiente y conectado, reafirmando nuestro rol como aliados permanentes del crecimiento sostenible del país.
Bogotá, D. C, 13 de abril 2026.
*Presidente Findeter
En materia de mejorar la movilidad los fracasos son constantes, no se ha encontrado la fórmula, nos llenamos de técnicos que pueden conocer mucho del tema, pero les falta calle que es donde el ciudadano vive el problema.
Por Manolito Salazar*. - Los bogotanos siempre soñamos con tener una mejor movilidad, y cada alcalde trae su fórmula.
Mockus y su cultura ciudadana, Peñalosa, el pico y placa, el día sin carro, ciclovías y ciclorutas, medidas que sostuvieron sus sucesores. Personas encargadas de controlar los problemas de vías arterias, (Gerencia en Vía) la han tenido varias administraciones son más burocracia que ejecución y buenos resultados, cada día es más lenta la ciudad, agravada en esta administración por el deseo de empezar, continuar y terminar obras, y un divorcio entre el conductor y la autoridad.
En 2004, la capital tenía por lo menos 4 mil motos en circulación, y hoy son más de 520 mil motociclistas que se han convertido además en un riesgo en la seguridad vial, en los primeros 3 meses las muertes en accidentes de tránsito se han disparado, 18 más que en 2025, con 162 muertes, el 44 por ciento de esos decesos son de motociclistas, el 38 por ciento peatones y el 14 por ciento ciclistas, no parece que las cámaras salvavidas estén cumpliendo ese objetivo y si se ha convertido en un recaudo de recursos por violar los excesos de velocidad, que es hoy por hoy una de las consecuencias de accidentes con fatalidades en un 71 por ciento.
En la capital hay más de 2 millones de vehículos en las vías, y aunque existe el pico y placa para particulares y taxis, las administraciones encontraron otro negocio que permite recaudar más de 500 mil millones de pesos anuales con el llamado pico y placa solidario que permite a los conductores pagar para transitar sin restricción el día que le toca dejar el carro en su casa, y los trancones siguen al orden del día, y no me pregunten porque pero el día martes la velocidad puede ser de 7 a 10 kms por hora en las mañanas cuando salen los ciudadanos al trabajo y en la tarde cuando retornan a su hogar en las mal llamadas autopistas de Norte y Sur.
El transporte público a pesar de las bondades de Transmilenio y el uso exclusivo de las troncales se ha convertido en otro dolor de cabeza para los bogotanos, las constantes manifestaciones en las calles que paralizan el sistema especialmente en el Dorado afectando a los pasajeros, este año según cifras de la Secretaría de Gobierno, van 322 protestas, su gran mayoría pacíficas, pero con afectaciones al transporte.
Actualmente la vigilancia y control del tráfico en las calles está en manos de 700 policías y 577 agentes civiles de tránsito, al parecer sin decirlo, la administración vuelve lentamente al sistema del control en las calles de civiles que salieron hace más de 30 años cuando Antanas Mockus decidió acabar con los entonces conocidos “Chupas” y darle el manejo del tránsito a la policía, es una solución o es simplemente un maquillaje al inmanejable caos de las vías de nuestra ciudad.
No hay respeto a la autoridad y ese es uno de los más graves problemas que tiene Bogotá, las calles se han convertido en una selva donde el que se cree más guapo incumple normas de tránsito en contra de aquellos que si las acatan, la gran mayoría, pero esa minoría afecta e incluso irrespeta a los uniformados, por ejemplo, los llamados pecaminosos grupo de motociclistas que agreden a la autoridad muchas veces sin razón y se oponen a sanciones y multas impuestas por la autoridad.
Casi siempre una administración pone su sello en temas como la seguridad, la lucha contra el hambre, la cultura ciudadana, el desarrollo urbano, el transporte, la sostenibilidad ambiental, entre otros, pero en materia de mejorar la movilidad los fracasos son constantes, no se ha encontrado la fórmula, nos llenamos de técnicos que pueden conocer mucho del tema, pero les falta calle que es donde el ciudadano vive el problema, será que esta administración contribuye a una solución, o seguirá en la confusión, amparado en la disculpa de que estamos terminando obras que mejorarán la movilidad, o será que después de 2 años de administración no han encontrado la forma para ejecutar lo que prometieron en campaña.
Bogotá, D. C, 12 de abril de 2026
*Periodista reconocido en el medio por sus chivas y noticias de análisis y contexto del diario acontecer de la capital de Colombia. Fue reportero en Caracol Radio.
Una sequía prolongada nos apaga. Así de sencillo.
Por: Amylkar D. Acosta M.*. - Una vez más se asoma amenazante el fenómeno de El Niño, con su consabida temporada de sequía. Este es uno de los dos fenómenos extremos que caracteriza la variabilidad climática, el otro es el de La Niña, la cual se asocia con altas precipitaciones y una ola invernal. Dichos fenómenos extremos no guardan ninguna periodicidad, sus ciclos son imprevisibles, pero sí son recurrentes, cada vez son más frecuentes que enantes, al tiempo que su intensidad y duración son cada vez mayores.
En primer lugar, como pocas veces, en esta ocasión la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de EEUU y el Centro europeo de previsión meteorológicas a plazo medio (ECMWF) de la UE coinciden en su pronóstico de una probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño de un 80% en el segundo semestre de este año. Ello, de acuerdo con sus modelos climáticos, los cuales les permite hacer estas predicciones con cierta antelación a su consolidación.
Preocupa sobre manera lo que advierte el profesor de Ciencias atmosféricas de la universidad estatal de Nueva York en Albany, citado por The Washington Post, que en esta oportunidad se trataría de un Super Niño, “el evento de El Niño más fuerte en 140 años”. Lo más grave para Colombia es que, de cumplirse este pronóstico, el país no está preparado para enfrentarlo, particularmente el sector energético atraviesa por su peor crisis.
Por fortuna en esta oportunidad el actual ministro Edwin Palma, a diferencia del negacionismo de su antecesor Andrés Camacho, quien estuvo a punto de llevar al país a un apagón por su imprevisión en el pasado Niño en abril de 2024, ha asumido una actitud proactiva. Ha dicho con toda claridad que “toca anticipar y prepararnos…tenemos la responsabilidad de garantizar la energía y el gas para los hogares colombianos y la industria. Eso está muy bien!
Veamos: actualmente el Sistema interconectado nacional (SIN) tiene un déficit del 2% en 2026 y se proyecta 3.5% para 2027 de oferta de energía en firme (OEF), debido al atraso en la ejecución y entrada de proyectos claves tanto de generación (se necesitan hasta 2.500 MW adicionales) como de transmisión, para evitar el entrampamiento de la generación.
Además, la demanda de energía viene creciendo a un ritmo de 2.62%, de tal suerte que el SIN no cuenta con margen de maniobra. Con un agravante, con fenómeno de El Niño, en condiciones de hidrología crítica y ante el bajo nivel de los embalses, toca apelar al parque térmico de generación que le sirve de respaldo a las hídricas y para poder operar se requeriría importar más gas al país en momentos en los que la capacidad de importación (a falta de una mayor capacidad regasificadora) es limitada. Su provisión, así como los precios del gas licuado, a nivel internacional se está complicando por el conflicto en el Medio Oriente.
Al déficit de Oferta de energía firme (OEF) y a las dificultades que se afronta para el abastecimiento de combustibles a las térmicas se viene a sumar la crisis financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, por el impago por parte del Gobierno Nacional de la deuda por los subsidios al consumo de energía que ya supera los $3.6 billones, que amenaza con extenderse a las empresas comercializadoras, a las que la intervenida Air e les debe más de $2 billones.
Tanto más dada la baja resiliencia del SIN, habida cuenta que la generación hídrica, que es la que se verá más impactada por El Niño, participa en más del 60% de la capacidad instalada y de contera de los 23 embalses con los que cuenta el país, que sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos, el del Peñol en Antioquia, que sirve a la hidroeléctrica de Guatapé, tiene una capacidad de regulación mayor a un año, las demás no superan los 4 meses. De manera que una sequía prolongada nos apaga. Así de sencillo.
Tal situación no era inevitable, no se ha llegado a ella por generación espontánea, obedece a la imprevisión, a la improvisación y al chamboneo en este y en anteriores gobiernos, que han impedido que la expansión de la capacidad instalada de generación y de transmisión de energía se dé al mismo ritmo de crecimiento de la demanda. Sobre todo en tratándose del estancamiento de los proyectos de energía eólica atascados en La Guajira, que compromete 2.400 MW, los cuales vendrían a robustecer y a diversificar aún más nuestra matriz eléctrica, garantizando una mayor firmeza y confiabilidad del sistema y de contera la tornaría más resiliente frente al fenómeno de El Niño, toda vez que tanto la energía eólica como la solar tienen la propiedad de ser contra cíclicas. Ello, dado que cuanto más intensa es la sequía son más fuertes los vientos, se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.
Es urgente superar estos impasses, tanto más en cuanto que, como se prevé, la demanda por energía, va a seguir creciendo exponencialmente por cuenta de la inteligencia artificial y sus centros de datos, que demandan tanta energía, que ya proliferan por todo el mundo y si Colombia no se pone a tono con esta nueva realidad que ya está tocando a sus puertas se quedaría por fuera de su circuito. Estamos en presencia de lo que los expertos denominan la “tiranía del 24/7”, debido a que los algoritmos de la inteligencia artificial no descansan, no tienen horario ni calendario, requiriendo el suministro de energía eléctrica de manera continua, sin interrupciones, firme y lo que es más importante masiva, ya que, según Goldman Sach el consumo de energía hacia el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina crecerá el 175% (¡!).
Cota, abril 10 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
La ONU…tiene un deber moral de alumbrar con sus resoluciones los episodios reprochables de las relaciones entre las naciones.
Por: Juan Camilo Restrepo*. - La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que la trata de gente negra que ensombreció al mundo con el comportamiento de las potencias colonialistas europeas del siglo XVI al XIX, y que significó el traslado forzado de cerca de 15 millones de seres humanos de su lugar de origen en el África a lo que entonces se llamaron las “indias occidentales de América” y a los territorios que hoy componen los Estados Unidos, constituyó el “crimen más grave contra la humanidad” que se ha cometido.
Algunos se preguntarán: ¿Para qué una resolución de la ONU a estas alturas cuando la trata de esclavos tuvo lugar hace ya varios siglos, y cuando oficialmente fue suprimida desde mediados del siglo XIX, siendo Cuba y Brasil Los últimos países en proscribir este trato inhumano para con las gentes de raza negra?
En primer lugar, porque la ONU tiene el deber no solo de manifestarse y actuar con relación a los conflictos entre países que ocurran inmediatamente, como es el caso de la guerra que se desarrolla en Irán, sino también porque tiene un deber moral de alumbrar con sus resoluciones los episodios reprochables de las relaciones entre las naciones. Y la trata negrera fue quizás el episodio más sórdido del mundo contemporáneo.
Y también para alertar que aún hoy, y de manera más encubierta que entonces, sigue habiendo en el mundo contemporáneo formas de esclavitud que deben ser denunciadas y desterradas también como se resolvió hacer con la trata negrera desde mediados del siglo XIX.
La resolución de la ONU habla también que aún quedan rezagos del colonialismo que todavía están esperando una compensación de los países esclavistas a los pueblos que sufrieron los efectos nocivos de la lacra esclavista.
El caso más estudiado es el de Haití. Cuando Francia finalmente declaró la prohibición de la esclavitud les impuso a los haitianos una compensación monetaria de tal magnitud, en favor de los amos franceses de las plantaciones azucareras y tabacaleras de Haití, que este país no ha logrado superar el peso de estas indemnizaciones. Y permanece sumido en la pobreza y en el subdesarrollo.
El asunto ha sido estudiado en profundidad por académicos destacados como Piketty, quienes han concluido que las raíces del terrible atraso de Haití hunden sus raíces en las descomunales indemnizaciones que Francia le impuso a la economía haitiana en provecho de los propietarios franceses de plantaciones que tuvieron que liberar a los esclavos a mediados del siglo XIX.
El proceso de liberación de esclavos en Colombia comienza, primero en el Estado de Antioquia inmediatamente después de la guerra de independencia, continúa en la constituyente de Cúcuta de 1823, y concluye en el gobierno de José Hilario López. Fuimos pioneros en esta reivindicación de humanidad. Y las constituciones colombianas desde mediados del siglo XIX para acá, hasta llegar al artículo 53 de la carta del 91, han refrendado la prohibición de cualquier forma de esclavitud en el suelo colombiano.
Lo que es triste constatar es que la resolución de las Naciones Unidas a la que nos estamos refiriendo fue votada por una abrumadora mayoría con solo tres votos negativos: Estados Unidos, Israel y Argentina.
¿Le dice algo a usted el nombre de estos tres países que votaron negativamente?
Bogotá, D. C, 12 de abril de 2026
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.
Por: José Félix Lafaurie Rivera - No se cansa Petro de las verdades a medias para descalificar e incitar a la lucha de clases, incitación que gana votos, votos que necesita para instalar al sucesor que tape los escándalos de su gobierno y dé continuidad a su agenda progresista.
En su última “alocución” la emprendió contra la exportación de carne y animales, no porque él mismo crea en sus argumentos, sino para atacar a un objetivo de su oratoria exaltada: los ganaderos, para él terratenientes improductivos que, además, no pagan impuestos. Qué ironía, con los exorbitantes avalúos catastrales con los que se despide.
Que “las exportaciones de carne no pueden seguir porque no tenemos excedentes”. Falso. Las exportaciones no afectan el abastecimiento. El consumo de todas las carnes se incrementó notoriamente por el desbordado gasto público, en especial en nómina oficial. Pero mientras el cerdo y el pollo complementan su oferta con importaciones superiores a 207 mil toneladas en 2025, las de carne de res son despreciables y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales no afectan la oferta local, pues contamos con un hato de 30 millones de animales, número 13 del mundo y cuarto de Latinoamérica.
Que “exportar a China hace subir los precios de la carne en el mercado local”. Falso. El aumento del precio en un 9.6% en 2025 es más una “recuperación”, pues en 2024 solo aumentó 0,68%. Es decir, no cubre la inflación de los dos periodos. Segundo: ese bajo incremento en 2024 se presentó con un volumen de exportaciones superior al de 2025, lo que demuestra que las exportaciones nada tuvieron que ver con el aumento del precio. Tercero: ese aumento de precio obedece a la recuperación de la demanda, reflejada en un incremento del sacrificio formal de 6,3%. Ante el crecimiento de la demanda el mercado reacciona y los precios suben: Economía básica.
Que con las exportaciones y, sobre todo, con las de hembras “estamos acabando nuestro hato ganadero”. Falso. Las exportaciones de carne equivalen solo al 4 % de la producción y las de animales al 4% del hato, y en 2025 solo se exportaron 6.217 hacia Venezuela cuando se creó la zona binacional de frontera, para ayudar a la recuperación de un hato que pasó de 18 a 7 millones de cabezas, gracias a la expropiación masiva de tierras ganaderas y al desastre económico del Socialismo del siglo XXI.
Que aun a costa de la balanza comercial, “es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos, y eso no se puede si se sigue permitiendo la exportación”. Como se nota que Petro no habla de política económica, sino que hace política electoral. Sin ánimo de insultar, solo traigo a cuento la famosa frase de campaña de Clinton en 1992 ¡Es la economía, estúpido!
Pero, además, la preocupación por el hato ganadero es inconsistente con su ataque reiterado a la ganadería, como es inconsistente el ataque a las exportaciones ganaderas con el discurso de que son las agropecuarias están llamadas a reemplazar la renta petrolera. Me quedo con la sensata respuesta de la ministra a los medios: "No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento".
Finalmente, si de ayudar a los más desfavorecidos se trata, en lugar de perseguir las exportaciones, más haría el presidente apoyando la salvaguarda a las importaciones de leche desde Estados Unidos, en la que hemos insistido para salvar de la ruina a más de 300.000 ganaderos dedicados a la producción lechera, la mayoría campesinos minifundistas.
A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.
Bogotá, D. C, 12 de abril 2026
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
La primera vuelta parece ya definida. Cepeda y Paloma estarán en segunda vuelta. Uribe y Petro definirán el futuro de Colombia, mientras, desde Estados Unidos, Trump buscará la manera de meter la mano en las elecciones a favor de la derecha.
Por Hubert Ariza*. - Semana Santa es una buena época para recordar el viacrucis de la derecha y la pasión de Álvaro Uribe, que ha sido juzgado, crucificado, muerto y resucitado y hoy, a pesar de estar a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia por un proceso penal, se siente renacido como gran elector y abanderado del antipetrismo. Uribe es la antítesis de todo cuanto plantean el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, un título que nunca ha ocupado el ultraconservador y outsider Abelardo de la Espriella.
Uribe es el dueño de la candidatura de la ganadora de la consulta de la derecha: Paloma Valencia. Actúa como si él mismo fuera a estar en el tarjetón presidencial. Ataca a Cepeda con una fusilería de palabras, acusándolo de ser el candidato de las extintas FARC y de instigar el asesinato del senador y excandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe. Los videos de Uribe en redes sociales son la prueba reina de que su candidata pareciera ser una paloma mensajera y no una mujer autónoma, una futura presidenta incapaz de manejar sin tutoría la presidencia, porque sería acusada de traición, en el eventual caso de ganar.
La disputa Uribe-Petro, Paloma-Cepeda, es cada día más intensa. La derecha se concentra en revivir las viejas fórmulas ya ensayadas en campañas anteriores. Viven en décadas pasadas, como si no entendieran que la política cambió con Petro, con el poder de las redes sociales y la influencia de nuevos protagonistas de la acción política. En esencia, la derecha busca convencer a los colombianos de que las FARC de Marulanda existen y Cepeda es su candidato. Se niegan a aceptar que las FARC desaparecieron con los acuerdos de paz de La Habana, en 2016, que cientos de sus firmantes han sido asesinados y perseguidos por las disidencias, y que los acuerdos firmados son mandato constitucional.
Apuestan a sacarle réditos al hecho de que las FARC son una razón social maldita en la política colombiana. Después de casi 60 años de lucha guerrillera, destrucción de pueblos, asesinato de militares, toma de rehenes, extorsiones y chantajes, millones de colombianos aprendieron a detestarlos. Varias generaciones, en especial después de los dos mandatos de Uribe, crecieron viéndolos en la televisión como una maldición que frenaba el desarrollo de Colombia. Además, en 1998, decidieron apoyar la candidatura presidencial del candidato conservador Andrés Pastrana, quien derrotó al liberal Horacio Serpa Uribe, por un escaso margen.
Luego del fracasado proceso de paz del Caguán, que duró tres años en los que las FARC se fortalecieron, los colombianos eligieron a Álvaro Uribe, quien convirtió la promesa de la derrota militar de esa organización en la columna vertebral de su narrativa de la seguridad democrática. Uribe no las derrotó, pero sí logró levantar la bandera de la seguridad como su escudo para cambiar “un articulito” de la Constitución, reelegirse y tapar los múltiples escándalos de corrupción y violación sistemática de derechos humanos que marcaron su administración.
Uribe fue presidente gracias a las FARC, no una, sino dos veces. Y con la promesa de la derrota de las FARC, también eligió a Juan Manuel Santos en 2010, quien lo traicionó y negoció con esa organización hasta firmar la paz en 2016. Luego de dos períodos de Uribe, dos de Santos y uno de Iván Duque, y la incorporación de las FARC a la vida civil, Uribe insiste en tratar de resucitar el odio de los colombianos a las FARC, para meter miedo y elegir a Paloma Valencia.
La candidata del Centro Democrático es heredera de las ideas ultraconservadoras de su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia, famoso por autoproclamarse como el pacificador de Colombia en la década de los sesenta del siglo pasado, quien logró eliminar a casi todos los bandoleros de la época, como Chispas, Efraín González, Desquite, y otros, excepto a Manuel Marulanda Vélez, el fundador de las FARC. También bombardeó la región de Marquetalia, lo que dio origen a las FARC.
La derecha necesita a las FARC para volver al poder. Y las disidencias de las FARC, son la materia prima para lograr ese objetivo, a pesar de que son organizaciones sin ninguna capacidad de tomarse el poder por la vía armada, estar derrotadas políticamente y tener concentrada su capacidad militar en regiones cocaleras, muy lejos de los centros urbanos. Con esas organizaciones se intentó la paz total, que fracasó, pero Petro ha corregido la plana y adelanta una campaña militar sin precedentes, que incluye bombardeo de campamentos y erradicación con glifosato, en concertación con las comunidades, de plantaciones de hoja de coca. Cualquiera que sea el presidente elegido, tendrá que redoblar la apuesta por la acción militar contra esas organizaciones, entre otras razones, por la imposición de Estados Unidos de una política cero tolerancia al terrorismo, categoría en la que están las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo.
El viacrucis de la derecha incluye, además de sus esfuerzos por meter miedo con las FARC y la demonización de Iván Cepeda, la confrontación Paloma-De La Espriella. Como un par de hermanos de madre diferente, se maltratan como si no estuvieran dispuestos a unirse en segunda vuelta. Se necesitan, pero se desprecian. El ultraconservador Enrique Gómez, de la casa Gómez Hurtado, actúa como un jefe de debate dispuesto a enterrar a su candidato en la segunda vuelta.
Las encuestas muestran que Paloma aventaja a De La Espriella, que el tigre se quedó rezagado y que la paloma toma vuelo. Pero ninguno supera a Cepeda, que, aunque pareciera estancado en un 37%, tiene aún tiempo para crecer, sobre todo, sabiendo navegar en la ola de popularidad del presidente Petro y abriendo las compuertas de su campaña a otros sectores. Además, amplificando sus propuestas y la dimensión social de las mismas.
La estrategia de Uribe para apalancar a Paloma no parece ser la mejor. Porque cada ataque a Cepeda, cada video en un lenguaje de odio y descalificaciones, solo ratifica su enorme poder sobre la candidata. Muchos colombianos se preguntarán si vale la pena elegir a una candidata sin autonomía, que parece condenada a consultar cada decisión con alguien a quien considera su “papá”, que le impondrá el gabinete y las decisiones, y será un comisario político que determinará el futuro de su mandato. ¿Se elegiría a Paloma o a Uribe? ¿Sería el tercer mandato de Uribe o el primero de Paloma?
Por el lado del Tigre, su estrategia es seguir apostándole a ser outsider, que ataca a Paloma, vocifera contra Cepeda, especula contra Petro, pero cada día reduce sus opciones. La división de la derecha es viento fresco para la izquierda. El odio desenfrenado de Uribe a Cepeda es abono al triunfo de Cepeda. Después de Semana Santa volverán los candidatos a seguir en lo suyo.
Paloma continuará presentando a su vicepresidente LGBTI, Juan Daniel Oviedo, como una fórmula de convivencia entre seres divergentes, dando periodicazos y titulares, mientras el Tigre mostrará los dientes a una audiencia cada día más escéptica de su originalidad y capacidad de liderazgo. Levantarse de las entrevistas e insultar a quienes lo confrontan en las salidas a la calle no parece buena estrategia del Tigre. Y Cepeda seguirá posicionándose como la continuidad del cambio que lidera Petro, quien mantiene cerca de un 54% de favorabilidad en las encuestas.
La primera vuelta parece ya definida. Cepeda y Paloma estarán en segunda vuelta. Uribe y Petro definirán el futuro de Colombia, mientras, desde Estados Unidos, Trump buscará la manera de meter la mano en las elecciones a favor de la derecha, como lo ha hecho en Argentina y otras latitudes. Solo que Colombia no es Argentina, Paloma no es Milei, y la izquierda, con Petro y Cepeda, no parece dormida.
Bogotá, D. C, 4 de abril de 2026
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
Que el gobierno se retire de un organismo del cual forma parte por orden constitucional no solamente es inusitado, sino que muestra el talante de una administración que sólo está dispuesta a trabajar con quienes este de acuerdo con ella.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Estamos en presencia del mayor conflicto entre el gobierno y la Junta del Banco de la República. Esta es una institución creada en la Constitución de 1991 y que tiene unas características muy especiales, tanto con respecto a sus poderes como a la manera como se escogen los miembros de la misma y, al mismo tiempo, su necesaria independencia y neutralidad.
Se trata de una entidad muy poderosa que está siempre en riesgo de entrar en desacuerdos con el gobierno de turno. La Constitución busca que exista una armonía o coordinación entre la Junta y la política general de carácter económico del gobierno. Tema de una rara complejidad.
Así las cosas, un requisito indispensable con respecto al comportamiento de la Junta tiene que ver con el comportamiento individual y colectivo de la misma. Recuerdo que en sus inicios escribí columnas para criticar el comportamiento de muy prestigiosos economistas que formaban parte de ella que, imprudentemente, dictaban conferencias y hacían declaraciones como si tan sólo fueran profesores universitarios y no los depositarios de una enorme confianza y una particular responsabilidad entregada a ellos por la Constitución, por el gobierno y por la sociedad colombiana. Por fortuna, ese tipo de comportamiento desapareció. Entonces, propuse que se elaborara un Código de conducta para evitar comportamientos que pudieran poner en tela de juicio la independencia y neutralidad de los miembros de la Junta y de esa manera ocasionar la pérdida de credibilidad y legitimidad en este importante organismo.
La verdad es que, muy pronto, la Junta ha adquirido una gran respetabilidad y se ha desempeñado conforme a las más altas exigencias, tanto como institución como en lo referente a cada uno de sus miembros. Ha sido ejemplar.
Y esa ejemplaridad debe preservarse ahora ante el mayor conflicto desatado por el propio gobierno. No debe caer en la tentación de una polémica que no le conviene, ni puede manejar con ventaja. El gerente del Banco de la República tiene el conocimiento, la experiencia y la respetabilidad para manejar esa situación y, si es del caso, está confrontación.
Debo recordar que la presencia del ministro de Hacienda no es necesaria para la integración de la junta. En algunos países esta no se considera y cuando se autoriza su presencia, algunos de ellos no le otorgan el derecho al voto.
Una de las razones por las cuales el ministro forma parte de la Junta es porque existe un mandato constitucional al respecto que busca la realización de otro mandato, que es el de buscar una apropiada coordinación o armonía entre las decisiones de la Junta y la política económica del gobierno.
Los miembros de la Junta son nombrados por el gobierno, pero tienen un mandato de independencia y de neutralidad. No representan ningún interés distinto del que corresponde al interés general de la nación. Ni intereses particulares, ni intereses gremiales y ni siquiera intereses propios de una determinada doctrina económica.
Que el gobierno se retire de un organismo del cual forma parte por orden constitucional no solamente es inusitado, sino que muestra el talante de una administración que sólo está dispuesta a trabajar con quienes este de acuerdo con ella. Si el Congreso en alguna materia está en desacuerdo, pues se apela o un mecanismo de participación popular o a decretos ejecutivos. El espíritu propio de la democracia, que es el de buscar acuerdos para superar desacuerdos (agreement to desagree, o viceversa, dicen los anglosajones) desaparece. Es el sectarismo en su máxima expresión. Así ocurre en la designación de funcionarios así estos sean rectores de instituciones académicas que son el escenario por excelencia del desacuerdo y la convivencia. O del Congreso que es por definición la encarnación del pluralismo ideológico y de formas de actuación.
Curioso que este rompimiento sólo ocurra en la etapa final del gobierno...La Junta se ha ganado la credibilidad y la legitimidad que son indispensables para el desempeño de sus importantes responsabilidades. Este abrupto conflicto generado por el propio gobierno solo sirve para reafirmar el carácter independiente y neutral de la Junta. Que es lo que la Constitución le ordena.
Bogotá, D. C, 4 de marzo de 2026
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
El gobierno ha seguido gastando desenfrenadamente, sobre todo en burocracia y contratos adjudicados a dedo aceitando su maquinaria electoral.
Por Amylkar D. Acosta M*. - En un hecho inédito el Ministro de Hacienda y Crédito público (MHCP) Germán Ávila renunció a seguir participando en la Junta del Banco de la República, por no compartir su decisión de incrementar la tasa de intervención 100 puntos básicos hasta el 11.25%, mediante, según él, “la utilización de esa mayoría poco legítima”. Mayoría esta de una Junta integrada por 7 miembros, de los cuales 3 han sido designados por el Presidente de la República Gustavo Petro y el Gerente Leonardo Villar, cuyo mandato fue renovado por unanimidad, contando con el voto del ex ministro de Hacienda de este gobierno Ricardo Bonilla.
Como lo ha advertido el Gerente del Banco Leonardo Villar, dicha decisión obedece a que “las expectativas de inflación se mantienen elevadas”. No obstante, a ello ripostó el Ministro espetando que “eso es pura paja”. Ese es el nivel del debate planteado por él. Pero, la verdad sea dicha, si el gobierno no le quita el pie al acelerador al gasto, como se lo ha requerido el Comité Autónomo de la Regla fiscal (CARF) en forma reiterada, le toca al B de la R, como contrafómeque, activar el freno de emergencia para frenar la inflación, ahora atizada además por la guerra del Golfo Pérsico, apelando a su principal herramienta de la política monetaria tendiente a meter en cintura a la inflación.
No han faltado voces de quienes, en auxilio de la postura del Ministro Ávila y sus denuestos contra quienes se apartaron de sus designios, traen a colación el hecho de que el Banco central europeo, que preside Cristine Lagarde y la Reserva Federal de EEUU, que preside Jerome Powell, han cedido a la tentación de subir las tasas y han preferido mantenerlas estables. Empero, a ninguna de las dos juntas de esos bancos centrales les ha tocado lidiar con el desbordamiento del gasto público por parte de sus gobiernos, ni con un endeudamiento inusitado para insuflarlo, como sí le ha tocado a la actual Junta del B de la R. Los hechos son tozudos.
En efecto, desoyendo los llamados del CARF, el gobierno ha seguido gastando desenfrenadamente, sobre todo en burocracia y contratos adjudicados a dedo aceitando su maquinaria electoral. En vísperas de la entrada en vigencia la Ley 996 de 2005, de garantías, se firmaron más de 521,000 contratos directos por entidades estatales, según reportó la Contraloría. Esta contratación masiva sumó un valor superior a los $32,88 billones de pesos en enero, generando hallazgos y preocupación por la velocidad de la contratación. Se constituyó en piedra de escándalo el caso que reveló la Unidad investigativa de El Tiempo, que tuvo que recurrir a un derecho de petición para acceder a una información muy comprometedora que da cuenta del sinnúmero de contratos firmados por entidades del Gobierno central, sin mediar licitación o convocatoria pública, con Juntas de Acción Comunal, cabildos y resguardos indígenas por valor de $31 billones. Y ni se diga lo que ha pasado con el endeudamiento. Este último pasó de $1.031 billones en enero de 2025 a $1.205 billones, $170 billones más en solo un año.
Hay que traer a colación también el exagerado incremento en el salario mínimo legal, ahora vital. Mientras las centrales obreras pedían un incremento del 16%, que muchos analistas consideraron desproporcionado, la munificiencia del Gobierno fue mucho más generosa y lo elevó en el 23.78%, 7.78 puntos porcentuales por encima de la aspiración de los trabajadores. Todas estas son presiones que alimentan las “expectativas de inflación”, como lo delata el Gerente Villar.
Los tiempos en los que la Junta Monetaria, que manejaba la política monetaria y cambiaria, era un apéndice del Ministerio de Hacienda, los dejó atrás la Constituyente de 1991, al otorgarle dichas facultades a la Junta de un B de la R autónomo. Como afirmó en su momento el renombrado hacendista y Delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Alfonso Palacios Ruda, “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”. Y, en efecto, se le dio cristiana sepultura, aunque ahora se pretende resucitar su espíritu con actitudes como las del Ministro.
Lo que está en juego es nada menos ni nada más que la autonomía del Banco de la República. Y esta no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de la estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo, aquí y en Cafarnaún. Sin embargo, en medio de recientes cuestionamientos como los del Presidente de la República Gustavo Petro, quien considera y califica como “estrafalaria la posición de los 4 de la Junta directiva del Banco de la República ponen en riesgo el nivel de vida de la población colombiana y su empleo”, todo ello se está poniendo en tela de juicio. Y sentencia diciendo que “el Banco ha perdido su real independencia”, sólo por el hecho de no compartir su decisión, de la que participaron varios miembros de Junta que fueron designados por él mismo, de lo cual se arrepiente tardíamente por no plegarse a la posición minoritaria del Ministro Ávila.
De acuerdo con la Carta entre el Gobierno y la Junta directiva del Banco Emisor debe existir coordinación, más no subordinación. Lo dijo claramente la Corte Constitucional en su Sentencia C – 426 de 2020, “la Corte ha reconocido que la Banca Central debe ejercer sus funciones bajo un amplio margen de libertad e independencia, sin injerencias de las ramas del poder público o de otros órganos del Estado, salvo las admisibles para asegurar la coordinación, y no está condicionada a las dinámicas electorales”. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y a quien nadie puede etiquetar de Neoliberal advierte que “cuando los gobiernos subordinan la política monetaria a sus necesidades fiscales o a cálculos de corto plazo, el resultado suele ser desastroso: inflación, pérdida de credibilidad y deterioro del bienestar general”.
Santa Marta, abril 4 de 2026
*Economista- Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.
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