Opinión
Ahora el milagro es que las aseguradoras paguen, lo hagan pronto y en la cuantía justa. Y para que el milagro funcione, la Superintendencia debería estar en territorio asistiendo y protegiendo a los afectados.
Bogotá, D. C, 21 de noviembre 2026
Por Humberto Tobón*. -La Superintendencia Financiera apenas sí se pronuncia sobre los abusos de las aseguradoras contra los damnificados por el terremoto de agosto pasado, recordándoles el deber de pagar las pólizas, que de acuerdo con Fasecolda ascienden a cerca de 7 billones de pesos.
El comportamiento de las aseguradoras durante estos meses genera sospecha sobre la adopción de una estrategia muy bien pensada para sacarle el cuerpo a su responsabilidad, teniendo la seguridad de que el gobierno nacional difícilmente actuará en su contra y permitirá que los asegurados sean revictimizados, al no reconocerles las coberturas completas de los seguros contratados.
La estrategia busca cansar al afectado, hasta el punto de que acepte lo que ellos quieran reconocerle. Arrancan por pedirle que envíe la información de los daños que se produjeron durante el terremoto y un presupuesto de lo que vale la reconstrucción. Este primer punto despierta en el asegurado la confianza en que le solucionarán el problema rápidamente.
Pero luego llega una segunda etapa. La necesidad de que aparezca el ajustador, un profesional que revisa con lupa cada sitio del apartamento y define qué se puede y qué no reconocer como daño causado por el evento sísmico. La presencia del ajustador se demora y los propietarios del inmueble entran en desesperación.
Una vez el ajustador realiza la revisión y presenta el informe, la compañía aseguradora empieza a pedir papeles. Y si fueran documentos normales que hay que aportar, vaya y venga. Pero las exigencias son macondianas. Según cuenta Carlos Mario Jímenez, uno de los intermediarios de seguros que están denunciando los atropellos de las aseguradoras, están pidiendo, por ejemplo, certificaciones del fabricante de cerámicas que se instalaron hace un cuarto de siglo; así como prueba documental de que se le había hecho mantenimiento a los techos, a las paredes, a los baños, a los pisos y a la cocina.
Pero lo más indignante, es que cuando se termina de entregar los documentos que se pueden recaudar, vienen las excepciones, que seguramente están en la “letra chiquita”, que sólo reconoce algo de lo dañado: por ejemplo, tres de los cinco metros de la pared que se desprendieron, unos metros del mármol que se rompió, el marco de la puerta que se torció, la pintura para un revoque que se cayó.
Ahora el milagro es que las aseguradoras paguen, lo hagan pronto y en la cuantía justa. Y para que el milagro funcione, la Superintendencia debería estar en territorio asistiendo y protegiendo a los afectados.
*Economista especialista en finanzas privadas y periodista
@humertotobon
Muy valiosa la decisión del Consejo de Estado tanto como el comportamiento de Hernán Penagos y, en general, de la sociedad colombiana.
Bogotá, D. C, 21 de noviembre 2026
Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - Hemos hablado mucho de la fortaleza institucional que el sistema político demostró durante la administración de Gustavo Petro. No obstante, intentos muy fuertes en contra de alguna de ellas, todas mantuvieron su función constitucional, su independencia y, por supuesto, sobrevivieron. Así se puede hablar de las altas cortes, del poder judicial y otras entidades y de los partidos políticos, del Congreso y de muchas instituciones de la sociedad civil.
En esta semana, el Consejo de Estado puso de presente el ejemplo de autonomía institucional que dio el Registrador, Hernán Penagos, al confrontar y superar exitosamente las insistentes acusaciones públicas del presidente Petro, quien denunciaba que había una estrategia para cometer un fraude electoral. Infortunadamente, su candidato y su partido político compartieron esa estrategia que quedó completamente desechada con el proceso electoral que llevó a la presidencia a Abelardo De la Espriella.
El Consejo de Estado declaró, como juez de tutela, que esa acusación nunca tuvo fundamento y, en consecuencia, ordenó al expresidente borrar los correspondientes trinos o afirmaciones, y para ello dio un plazo perentorio de cinco días. ¿Algo similar podría ocurrir en otro país?
Pues importantísima la decisión que de esa manera destaca la gestión de Hernán Penagos como Registrador, le otorga toda la razón a su planteamiento en defensa del proceso electoral y de la propia Registraduría y, por supuesto, de su imagen y nombre.
Muy valiosa la decisión del Consejo de Estado tanto como el comportamiento de Hernán Penagos y, en general, de la sociedad colombiana, que no prestó atención a semejantes afirmaciones presidenciales.
Con todo, cabe preguntarse si un atentado de este tamaño contra la legitimidad del proceso electoral, lo más significativo de una democracia y lo que la hace respetable ante el mundo, tan sólo puede dar lugar a una orden de borrar, ya tardíamente, cuando todo ya ha sucedido, y por fortuna ha ocurrido en la mejor forma posible, esos trinos que repetidamente se divulgaron. El Consejo no podía ir más allá. Un tema que debe dar lugar a una serie reflexión, porque no es cualquier cosa que la máxima autoridad de un país desconozca insistentemente la legitimidad del proceso que inevitablemente va a servir para señalar su sucesor. Es quizás el mayor atentado contra la calidad y la supervivencia de una democracia.
¿Otras autoridades tendrían algo que decir al respecto?
Esta es la segunda vez que el M-19 plantea una situación de esta envergadura. La primera, el 19 de abril de 1970 que finalmente el general Rojas Pinilla, como representante de la Alianza Nacional Popular, Anapo, aceptó luego de una misteriosa reunión entre él y Carlos Lleras Restrepo, entonces, presidente de la República, en la Nunciatura Apostólica. Dos años después, el proceso electoral de mitaca resultó muy favorable al presidente Misael Pastrana, quien entonces pudo declarar, justificadamente, ahora sí, comienzan mis primeros 100 días. Entonces muchos consideramos que esa estrategia contra el proceso electoral con el alegato de fraude había incidido en el infortunio electoral de la Anapo, tanto en la mitaca como en elecciones posteriores. Porque difícilmente un electorado está dispuesto a volver a votar si el fraude ha sido aceptado o porque no tenía fundamento. No me sorprendería que algo similar ocurrió en el proceso electoral que derrotó al candidato del Pacto Histórico. Cómo ganar cuando se proclama que el proceso que lo llevaría a uno a la Presidencia está contaminado por el fraude.
Fueron millones los ciudadanos que pese a la campaña de descrédito contra el proceso electoral votaron en favor del partido que propiciaba la teoría del fraude. Asombroso, ojalá una encuesta a esos votantes nos dijera por qué obraron así, no obstante, la prédica de sus propios jefes y orientadores en contra de la validez y del sentido del proceso electoral. ¿Desanimó a algunos votantes que habrían sido determinantes?
*Analista político, catedrático, exministro de Estado.
Deben de inmediato restablecer la salud que abandonaron y saquearon Petro y su ministro de salud.
Bogotá, D. C, 20 de noviembre 2026
Por: Gabriel Ortiz*. - El gobierno está abriendo todos los canales, métodos y maneras urgentes con destino al renacimiento y fortaleza de la economía que Petro y su progresismo arruinaron durante cuatro años. El Tigre con sus ojos centelleantes salió a la televisión, como ya lo ha vuelto costumbre, para hablar de lo divino y lo humano que esta Patria requiere para sacar a Colombia de la hecatombe.
Se valió de todos los apelativos, seudónimos, apodos y remoquetes de la palabra crisis, para alarmar a la audiencia y conducirla por los caminos de reformas económicas, impuestos y cuanto sea necesario para salir de la crisis.
Se auto impulsó para alertar a la audiencia sobre su inmediata gestión de los iniciales cien días, que ha empleado para llevar al país a una senda de cien milagros. Incluso reprendió a su equipo económico, por haber osado proponer un IVA para todos los productos de la canasta familiar, intensión que golpearía mortalmente a las agónicas clases, media y popular.
Sin embargo, advirtió alzas del IVA para productos vitales, que estarían por los lados de 16, 17 y 18%. Muchos escuchas interpretaron esa anodina y banal propuesta, como si se tratara de reducción de impuestos.
Las bebidas azucaradas, las carnes frías y los embutidos no escaparán al castigo del IVA, según el jefe de Estado.
Evadió hablar directamente de las intempestivas destituciones, de quienes él mismo había designado. Para nada tocó el censurable despido y expulsión de Rodrigo Lara. Se limitó a la degradación y relevo de quienes elevó al mando del Fondo Milagro, con inexorables y despiadados salarios. Fueron los que asumieron esa institución que debía reconstruir la zona del terremoto sin mostrar labor alguna.
Abelardo fue duro. Advirtió que seguirá aplicando la odiosa palabra “destitución” a todos aquellos que se aparten de las normas y deberes que exijan los empleos para los cuales sean designados.
Sustos grandes invadirán las conciencias de quienes figuren o sean incluidos en las nóminas durante estos “cien días y más de cien milagros”.
Hasta ahora todos forman parte de la rosca y amistad de Abelardo. Son del equipo y de la rosca de amigos de Abelardo, que trabajaron en la campaña y las bodegas que llevaron a las “Casas de Nariño” al actual jefe del gobierno.
Durante su última intervención en los canales privados de televisión, el presidente habló de lo divino y de lo humano, pero muy especialmente de aquello que aún tiene por anunciar y por ejecutar.
Entre tanto, será una persona muy atareada con las reformas, porque no cuenta con un congreso dócil, manejable y dulce. Él y sus entrañables dedicarán sus 24 horas del día, buscando acuerdos políticos que satisfagan a un país, a un pueblo y a una sociedad que aspira a encontrar los grandes días que están por venir.
Deben de inmediato restablecer la salud que abandonaron y saquearon Petro y su ministro de salud. Olvidar el IVA que pretenden elevar del 5 al 19% a la medicina prepagada, a la cual ha tenido que acudir este pueblo para ayudar al gobierno. Y tantas cosas más que están en sus tinteros.
Es pues mucho lo que tienen por ejecutar en estos y los siguientes periodos de 100 días y más de 100 milagros que aún quedan.
BLANCO: Excelente propuesta de dejar solo seis ministerios y unos pocos institutos para manejar el Estado. Así evitaremos reformas pensionales y gastos innecesarios.
NEGRO: El equipo de fútbol de Colombia por poco desaparece ante el brutal juego que permitió el árbitro. Su actuación fue de verdaderos profesionales.
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Esa estrategia debe definir con claridad cómo fortalecer a la Fuerza Pública, cómo debilitar las economías ilegales, cómo recuperar el control del sistema penitenciario y cómo generar las condiciones sociales
Bogotá, D. C, 21 de noviembre 2026
Por Juan Camilo Restrepo*. -Como lo hemos hecho en otras ocasiones, publicamos el VI manifiesto del grupo del centro político.
“Las múltiples violencias que han afectado a Colombia durante décadas destruyen vidas humanas, fracturan las comunidades, generan desplazamientos, desalientan la inversión, degradan el medio ambiente y obligan al Estado a destinar enormes recursos a combatir organizaciones criminales. Colombia gasta en defensa y seguridad interna significativamente más que cualquiera otro país de la región. En condiciones distintas, parte de esos recursos podrían destinarse a inversiones que impulsen el crecimiento y mejoren la equidad social.
Ante la expansión de múltiples actores armados no estatales, el país necesita una política de seguridad y defensa profundamente renovada. Esta no debe fundarse en negociaciones de naturaleza política, sino en mecanismos judiciales que ofrezcan beneficios penales y penitenciarios sujetos a condiciones estrictas definidas por la ley. El mensaje es claro: Colombia es una democracia consolidada que enfrenta una grave crisis de criminalidad, no una sociedad atrapada en un conflicto político insoluble.
Mantener vigente la adhesión de Colombia a la Corte Penal Internacional, así como exigirle a la Justicia Especial para la Paz (JEP) mayor celeridad y eficacia en sus labores, son dos condiciones necesarias para que el modelo de sometimiento a la justicia funcione.
1. Diseño de una estrategia de seguridad y defensa de naturaleza estructural: Colombia carece todavía de una comprensión suficiente de las implicaciones de su contexto geopolítico, su compleja geografía y de las ventajas comparativas que han favorecido la producción y exportación de narcóticos. La presencia estatal sigue siendo profundamente desigual, circunstancia que ha permitido la consolidación de enclaves criminales en zonas fronterizas y territorios periféricos.
La realidad es evidente: tenemos más territorio que capacidad estatal para ocuparlo y gobernarlo. En algunas regiones, incluso, instituciones públicas han sido capturadas o condicionadas por estructuras criminales.
En política exterior, Colombia debe reafirmar una tradición basada en la defensa de sus propios intereses nacionales, la cooperación internacional contra las drogas ilícitas y la integración económica mediante el comercio y la inversión.
Desde la perspectiva de la seguridad nacional, no existe hoy una amenaza militar externa que justifique orientar la mayor parte de nuestros recursos hacia ese escenario. Por el contrario, las amenazas más graves provienen de organizaciones criminales que operan dentro del territorio nacional. La nueva estrategia deberá incorporar, además, la protección frente a ataques cibernéticos capaces de afectar infraestructuras críticas, sistemas de pagos, telecomunicaciones o transporte. Esas amenazas pueden provenir de actores puramente delincuenciales.
Por estas razones es urgente la expedición de un documento integral de Defensa y Seguridad Nacional que establezca prioridades, objetivos y recursos.
2. Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Actualmente una parte considerable de la capacidad operacional de la Fuerza Pública no está disponible para enfrentar a las organizaciones criminales. Persisten limitaciones en movilidad aérea, inteligencia tecnológica, sistemas no tripulados y control territorial.
Recuperar la superioridad operativa exige inversiones significativas, pero también una redefinición de prioridades. Debe descartarse la adquisición de capacidades concebidas para una guerra convencional internacional altamente improbable y concentrar los recursos en transporte estratégico, inteligencia digital, utilización de drones, formación de personal, reentrenamiento de cuadros y fortalecimiento de la articulación entre la Policía y la Fiscalía.
Estos asuntos deben ser el objeto de una discusión pública transparente. La definición de la política de seguridad nacional no puede quedar exclusivamente en manos del presidente. El Congreso y la sociedad civil mucho tenemos que decir.
3. Debilitamiento de las rentas ilegales. Es indispensable una política orientada a reducir las rentas ilegales provenientes de las drogas ilícitas, la minería ilegal y la extorsión, principales fuentes de financiación de los grupos criminales. La economía de la coca involucra entre 150.000 y 250.000 productores directos y sostiene, de manera directa o indirecta, a una población cercana al millón de personas. Esta realidad obliga a reconocer que una política exitosa de reducción de cultivos y rentas ilegales generará importantes desafíos sociales y económicos.
Por ello, las estrategias de seguridad deben estar acompañadas de alternativas de ingreso y desarrollo productivo para las comunidades afectadas. Quien no dispone de medios legítimos de subsistencia dará su vida por conservar los que tiene.
4. Recuperación del control sobre el sistema carcelario. El sistema penitenciario se ha convertido, en muchos casos, en un centro de operaciones desde el cual continúan desarrollándose actividades criminales mediante el uso ilegal de dispositivos de comunicación. Extorsiones, secuestros y otras conductas delictivas son coordinadas desde los establecimientos de reclusión.
Resulta indispensable una profunda transformación del modelo penitenciario, que incluya el fortalecimiento de la guardia carcelaria, mecanismos eficaces para impedir comunicaciones ilícitas y mejores sistemas de control interno. La recuperación efectiva de las cárceles ha sido definida por el gobierno como una pieza esencial de la estrategia contra el crimen organizado. Respaldamos esa posición.
5. Hacia una sociedad más equitativa. Colombia necesita avanzar hacia una sociedad menos desigual, con una distribución más equilibrada de oportunidades y un desarrollo regional más armónico. La precariedad económica, la ausencia estatal y la falta de perspectivas para amplios sectores de la población facilitan el reclutamiento por parte de organizaciones armadas y criminales.
La pobreza no explica por sí sola la violencia que afecta al país, pero sí contribuye a perpetuarla. Por esta razón, las políticas de seguridad deben complementarse con esfuerzos sostenidos en educación, justicia, infraestructura, generación de empleo y fortalecimiento institucional en las regiones más vulnerables.
En síntesis:
Colombia necesita una estrategia integral para recuperar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Esa estrategia debe definir con claridad cómo fortalecer a la Fuerza Pública, cómo debilitar las economías ilegales, cómo recuperar el control del sistema penitenciario y cómo generar las condiciones sociales que reduzcan la capacidad de reclutamiento de las organizaciones criminales.
Como ciudadanos, esperamos que el país conozca pronto una hoja de ruta clara, rigurosa y financieramente viable para alcanzar estos objetivos.”
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
La erosión democrática no es irreversible. Todavía estamos a tiempo de detenerla, siempre que la reconozcamos antes de que aparezcan las grietas
Bogotá, D. C, 19 de noviembre 2026
Por Clara López Obregón*. - Las democracias de nuestro tiempo no caen con tanques en las calles. Se vacían por dentro, bajo gobiernos elegidos, mientras se celebran elecciones y sesionan los parlamentos. Según Freedom House, 2025 fue el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad en el mundo. América Latina conoce bien la fórmula de las nuevas derechas radicales: exaltación del orden y del líder, construcción de enemigos internos, guerra cultural y comunicación directa que desplaza al periodismo. Colombia es hoy uno de sus escenarios más nítidos.
El 7 de agosto asumió la presidencia Abelardo de la Espriella, un abogado que hizo campaña con la promesa de la mano dura y que tiene como referente a Nayib Bukele. Desde el Observatorio de la Democracia del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), que dirijo, seguimos sus primeros cien días con un método sencillo: registrar cada episodio con fecha, autor y fuentes, y valorarlo con el mismo rasero constitucional que aplicamos a cualquier gobierno. El resultado está en el informe “Cien días bajo presión”: de 256 episodios, el 64,1% constituye riesgo institucional grave o erosión democrática.
Según Freedom House, 2025 fue el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad en el mundo. América Latina conoce bien la fórmula de las nuevas derechas radicales: exaltación del orden y del líder, construcción de enemigos internos, guerra cultural y comunicación directa que desplaza al periodismo.
El primer rasgo es la conversión del adversario en enemigo. El presidente atribuyó al gobierno de Gustavo Petro vínculos con estructuras terroristas, calificó de “terrorismo urbano” la protesta y asoció con la apología del terrorismo la memoria de la paz, al ordenar retirar del Museo Nacional 47 piezas, entre ellas las dedicadas a Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que dejó las armas y fue asesinado como candidato presidencial. El segundo es el costo de la independencia: un presidente que pide a la justicia estadounidense revisar a quienes se oponen a su política antidrogas días después de un fallo adverso, técnicos del Estado que necesitan permiso para hablar con la prensa, periodistas críticos fuera de sus espacios. El tercero es la exhibición de la fuerza: un presidente civil con pistola al cinto, el levantamiento de la suspensión general de los permisos de porte de armas y la exhibición pública de cuerpos tras los operativos militares.
Nada de esto es exclusivo de Colombia, y eso es lo que debería preocupar a la región. El paso siguiente es el que más se repite en el continente: convertir la sospecha en ley. El gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista que define el terrorismo como cualquier “manifestación” que produzca “miedo, pánico y zozobra”, sin exigir violencia, e incluye entre los colaboradores a quienes hagan aportes “intelectuales” o “informativos”. Un Consejo de Seguridad Nacional integrado por funcionarios que el presidente nombra y remueve podría inscribir a personas y organizaciones en un registro, congelar sus bienes en 24 horas y suspender su personería jurídica antes de que intervenga un juez. La propia Corte Suprema de Justicia advirtió que su principal debilidad es hacer depender sanciones penales y patrimoniales severas de una decisión administrativa.
Hay un rasgo que interpela directamente la soberanía de nuestros países: según el borrador, las designaciones de terrorismo que hagan Estados Unidos, la Unión Europea u otros Estados escogidos por el gobierno ingresarían de manera provisional e inmediata a la lista colombiana. Decisiones de gobiernos extranjeros, que cambian con sus intereses, producirían efectos automáticos sobre ciudadanos colombianos. No es un hecho aislado: el gobierno anunció su adhesión al Escudo de las Américas cuando la oficina jurídica de su propia Cancillería reconocía no tener información suficiente sobre sus compromisos; reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y trasladó su embajada a Jerusalén, en contravención al marco jurídico de Naciones Unidas. Y la lógica tiene parientes cercanos: como advierte la Fundación Paz y Reconciliación, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Javier Milei también crea un consejo de seguridad capaz de sancionar y congelar fondos antes de cualquier decisión judicial.
El gobierno de Colombia prepara un Estatuto Antiterrorista que define el terrorismo como cualquier “manifestación” que produzca “miedo, pánico y zozobra”, sin exigir violencia, e incluye entre los colaboradores a quienes hagan aportes “intelectuales” o “informativos”.
Colombia sabe adónde conduce ese camino. El Estatuto de Seguridad de 1978 dejó miles de detenciones arbitrarias y denuncias de tortura. Y el exterminio de la Unión Patriótica, por el cual la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en 2022, mostró que el señalamiento desde el poder puede elevar el riesgo de una población entera sin necesidad de una orden de ataque. Cuando el Estado puede castigar al inocente, nadie está a salvo.
La buena noticia es que las defensas funcionan. Una orden judicial obligó a devolver 30 piezas al Museo Nacional, un juez mantuvo suspendido el piloto de aspersión de cultivos en el Putumayo y la investigación periodística llevó a revocar una licitación cuestionada de la Policía. Pero las defensas institucionales llegan después del daño, y el estatuto las haría llegar todavía más tarde.
Por eso proponemos en Colombia un Frente por la Democracia, amplio y plural, que reúna a partidos de distintas orientaciones, organizaciones sociales, gremios, iglesias, universidades y medios en torno a una sola causa: defender las reglas que nos permiten discrepar. Y por eso pedimos a las demócratas y los demócratas de América Latina, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías de Naciones Unidas que sigan de cerca el trámite de este estatuto. Lo que se ensaya en un país de la región tiende a exportarse a los demás.
La erosión democrática no es irreversible. Todavía estamos a tiempo de detenerla, siempre que la reconozcamos antes de que aparezcan las grietas.
*Economista, abogada y política colombiana. Actualmente se desempeña como senadora de Colombia por el Pacto Histórico.
-Lo que interesa y lo que exige la opinión pública -más que el espectáculo, los videos y los disfraces con uniformes militares y pistolas- es la auténtica asunción de la responsabilidad de los altos funcionarios
Bogotá. D. C, 19 de noviembre 2026
Por: José G. Hernández
Algo que juega un papel trascendental en la democracia es la opinión pública, fundada en la libertad, en la información y en el conocimiento de la colectividad acerca de los acontecimientos, situaciones, problemas, dificultades, propuestas y decisiones que inciden en el interés general y en el desenvolvimiento de la vida social.
A diferencia de los jueces y tribunales -cuyas providencias han de fundarse únicamente en lo dispuesto por la Constitución y las leyes-, los gobernantes deben estar en permanente contacto con la sociedad, tener en cuenta y responder a la opinión pública sobre sus actos, determinaciones y omisiones.
En ese orden de ideas, está muy bien que el presidente de la República, ante el general rechazo de la ciudadanía respecto al proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso, haya anunciado que será retirado el impuesto de IVA inicialmente previsto para los productos de la canasta familiar. Atiende así al razonable criterio de la opinión pública frente a un proyecto de ley abiertamente contrario a lo dispuesto en la Constitución, según la cual los impuestos y contribuciones destinados a financiar los gastos e inversiones estatales, se deben establecer dentro de conceptos de justicia y equidad. Quienes deben pagar los mayores impuestos son los más adinerados, no los más pobres.
Lo que hizo mal el presidente consistió en no asumir su propia responsabilidad en cuanto al aludido proyecto tributario, culpando al ministro de Hacienda y demás colaboradores por una supuesta desobediencia a sus instrucciones sobre la no imposición de IVA a los estratos más débiles. Si esos funcionarios lo desobedecieron, deben responder, pero si no ocurrió así, resulta injusto con ellos y es un engaño a la opinión pública.
Algo similar ha ocurrido con la renuncia solicitada al gerente del denominado “Fondo Milagro”, como si él fuera el único responsable del total abandono en que se encuentran las víctimas del terremoto del 10 de agosto. En evidente incumplimiento de las promesas presidenciales, ya transcurridos más de tres meses desde el fenómeno natural que tanto daño causó en varias regiones del país, lo cierto es que la inmensa mayoría de las personas afectadas -quienes perdieron sus viviendas y bienes- están totalmente desprotegidas. Han brillado por su ausencia las medidas reales, efectivas y concretas. Se ha preferido acudir al show mediático, a las peticiones de aplausos y sonrisas, así como a la entrega de llaves de cartón a uno que otro perjudicado, lo que más parece una burla.
No se sabe lo que se ha hecho con los dineros del "Fondo Milagro", salvo el pago de una cuantiosa nómina burocrática. ¿Cuál ha sido su gestión? ¿Qué pasa con miles de víctimas, sus familias y la anunciada e inexistente protección? ¿Por qué no han sido entregadas a cabalidad las cuentas del otro fondo -el privado- dirigido por la primera dama?
En general, lo que interesa y lo que exige la opinión pública -más que el espectáculo, los videos y los disfraces con uniformes militares y pistolas- es la auténtica asunción de la responsabilidad de los altos funcionarios -incluido el presidente-, así como la pronta y efectiva solución de los muchos, graves y complejos problemas que afrontamos en materia económica y social.
*Expresidente de la Corte Constitucional
Lo que se dice ahora sobre la situación fiscal del país o sobre algunos contratos que jamás han debido existir, y así sobre otras situaciones, algunas muy significativas y otras no tanto, revelan un país al garete.
Bogotá, D. C, 16 de noviembre 2026
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Se dice de las embarcaciones que van llevadas por el viento o por la corriente.
Leyendo lo que las noticias han venido diciendo sobre la administración de Gustavo Petro, la sensación que viene quedando es la de que la suya fue como una embarcación que durante cuatro años no tuvo dirección mi mando, sino que estuvo al garete.
Cada día nos sorprenden con una nueva crónica, sobre alguna agencia, programa o institución que es ahora ejemplo de improvisación o despilfarro o de ausencia de dirección y propósito. Y bien pronto se añade a todo lo que se ha venido diciendo otros ejemplos de corrupción. Y no cualquier corrupción.
Y la pregunta inescapable es cómo fue posible que todo eso ocurriera y que tan solo ahora vengamos a tener un conocimiento preciso sobre lo que estaba sucediendo en diversas instituciones. Y claro, todo esto ha venido acompañado de crónicas inusitadas sobre el comportamiento personal de Petro que, por supuesto, dejaba poco espacio intelectual y emocional para dirigir las políticas públicas u ofrecer orientaciones que llevaran la nave del Estado a un buen puerto. Es evidente que estuvimos al garete.
Y entonces lo que debemos considerar es cuáles son las salvaguardas o mecanismos que deberemos crear para que una situación similar no ocurra. Es evidente que las que tenemos no cumplieron a cabalidad su función. De otra manera es inexplicable tanto desgobierno, tanto desorden, tanto despilfarro, tanta corrupción.
Las entidades existentes para asegurar que hay un buen gobierno, o sea que la nave gubernamental no va al garete, no parece que hayan cumplido con esa tarea. Y tampoco las que precariamente existen en la sociedad civil.
Semejante situación es impensable en una democracia seria. Es inconcebible en una sociedad que se pretende organizada y que proclama que tiene instituciones que le aseguran un buen gobierno.
Cada noticia sobre entidades que están cuasidestruidas, o que han sido objeto de un saqueo inconcebible, es testimonio incontestable sobre la ausencia de mecanismos y procedimientos que aseguren un buen gobierno.
Tenemos la ilusión de que la separación de poderes es una de las herramientas fundamentales para asegurar una gobernabilidad eficiente. Pero no parece que el Congreso haya cumplido con esa función necesaria del control político. Y tampoco los partidos políticos o las organizaciones gremiales. Y se dirá que el periodismo lo hace, pero ahora cuando ya es tarde, porque los hechos deplorables están consumados.
Es indispensable revisar cómo es que podemos contar con instituciones, mecanismos, procedimientos que nos aseguren un buen gobierno en tiempo real y no más tarde a manera de un recuento histórico.
Lo que se dice ahora sobre la situación fiscal del país o sobre algunos contratos que jamás han debido existir, y así sobre otras situaciones, algunas muy significativas y otras no tanto, revelan un país al garete. Inaceptable, impensable, inaudito. Un solo ejemplo en materia grave parecería decirlo todo que es lo que se conoce sobre lo que ha ocurrido con la Aerocivil, o sea con el control de los aeropuertos y los servicios aéreos; y lo que todavía afecta la prestación de los servicios de salud, y no hablemos de la ausencia de política de vivienda y la situación de otros sectores sociales. O lo que ocurrió con la fuerza pública y los servicios de inteligencia.
Es un tema muy serio que, de verdad, requiere una reflexión apropiada que lleve a correctivos que nos ofrezcan la confianza en que algo similar no va a ocurrir otra vez.
*Analista político, catedrático, exministro de Estado.
Al cumplirse 100 días de mandato, el panorama no es halagüeño para el Tigre, que pierde capital político y padece el desgaste de sus aliados, como Trump, Milei y Bolsonaro.
Bogotá, D. C, 16 de noviembre 2026
Por Hubert Ariza*. - La campaña presidencial ya pasó. Menos para el Tigre que, 100 días después de asumir el poder en Colombia, sigue con el mismo chip de vivir en un performance guerrerista, teniendo a la mano un armario lleno de ropaje verde oliva, con cachuchas, radio y pistolas, para caracterizarse como un macho alfa capaz de movilizar el Estado para derrotar a terroristas, narcotraficantes; carteristas y consumidores de alucinógenos. El afán de posar de superhéroe militar y estadista busca hacer parecer al Tigre como una mezcla atípica de Bukele, Milei y Trump.
Derrotar y extraditar a los bandidos y aplastar a la izquierda es la obsesión mediática y el eje de la narrativa política de quien se ha autoexcluido de los escenarios internacionales, delegando en su vicepresidente los temas que generan desgaste y en su canciller, la vocería ideológica ante los socios del Escudo de las Américas.
La narrativa de la guerra ha evaporado el turismo e impuesto a Colombia, nuevamente, una agenda mediática de atentados, muertos, emboscadas, masacres, bombardeos, desaparecidos. El humo de la guerra vuelve a nublar la confianza. Esta vez con una mayor injerencia militar de Estados Unidos y el Tigre bendiciendo y firmando bombas de alto impacto.
La obsesión presidencial es, asimismo, asfixiar la Justicia Especial para la Paz, JEP, echar al pote de la basura los Acuerdos de Paz con las Farc, derrotar al ELN y los grupos paramilitares, y fumigar con glufosinato de amonio miles de hectáreas sembradas de hoja de coca, con las consecuencias ambientales y políticas que ello conlleva. Y meter a la cárcel a Petro o extraditarlo, para descabezar la oposición y limpiar el camino de las elecciones de 2027 y 2030.
Colombia pasó del “País de la Belleza” a la “Patria Milagro”, donde las palabras narcoterrorista y bombardeo se pronuncian con júbilo en la propaganda oficial. Y el embajador de Colombia en Naciones Unidas, Mauricio Gaona —hijo de una víctima del Holocausto del Palacio de Justicia—, denigra de los Acuerdos de Paz, como si nunca hubiera valido la pena el sacrificio de alcanzarlos.
“El Acuerdo de Paz no es un ejemplo para el mundo”, dijo Gaona, impulsando, a la vez, que la ONU dejara de verificar la implementación de la reforma rural, que es el corazón de lo pactado. Es sabido que sin tierra no hay paz. Por ello, la reforma agraria es el corazón del conflicto.
En el performance del Tigre, la guerra es el asunto vital de la narrativa oficial. Los demás temas parecen subordinados, aunque sobresale el ímpetu de la contrarreforma cultural que desconoce derechos adquiridos de diversos sectores sociales, y pretende reescribir la historia, imponer valores y borrar liderazgos.
La debilidad de la administración se expresa, también, en la fugacidad de los ministros y altos funcionarios, convertidos en fusibles de corta duración. Los recambios llegan dejando en el camino a quienes creyeron que serían imprescindibles en la manada. La lista es larga. Rodrigo Lara fue uno de ellos.
El Tigre le aceptó la renuncia, 76 días después de posesionado, del Ministerio del Interior y lo reemplazó por el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien, según la oposición, en asuntos políticos, posee la diplomacia de un dinosaurio caminando por una vidriería. Lo evidenció el pasado 12 de noviembre, cuando intervino en una audiencia de protección de comparecientes ante la JEP, donde intentó desconocer la legitimidad de esa instancia judicial y fue reprendido por el magistrado Gustavo Salazar.
A cien días de mandato, las encuestas muestran que la luna de miel del Tigre ya es pasado. El capital político se ha gastado a manos llenas. Y el Gobierno apenas arranca. En el Congreso de la República, la administración tiene por delante una tarea titánica: pasar las reformas vitales para su administración y el Plan Nacional de Desarrollo, tratando de mantener mayorías y pegar los pedazos de una relación en crisis permanente con el Centro Democrático, que, liderado por Álvaro Uribe y el senador Rafael Nieto Loaiza, marca distancia y no parece dispuesto a suicidarse, siendo incondicional a una administración que los ha despreciado y perseguido.
La reforma fiscal es la bomba política que manipulan el ministro Ordóñez, el Minhacienda Miguel Gómez Martínez y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Su tarea es impedir que su activación genere un estallido social, mucho más potente que el de abril de 2021. El reto es sanar las finanzas, sin matar al paciente. Un error de cálculo puede generar un tsunami político y una crisis social sin precedentes.
En Estados Unidos, por ejemplo, la crisis económica generada por la guerra en Irán impulsó la derrota de Trump. La nueva realidad política ha obligado a cambios en la administración. En Colombia, esos efectos también se sentirán con fuerza. La cancelación de la visita del vicepresidente J.D. Vance al país es una de ellas. La carta de excusas del canciller a los demócratas busca desactivar el coletazo de ese partido contra el Tigre, quien intervino en las elecciones de Estados Unidos.
Lo malo del actual momento, para el Tigre, es que la mitad de los colombianos no le copian, mientras la polarización aumenta. De hecho, la última encuesta de Cifras y Conceptos reveló que el mandatario registra hoy una popularidad por debajo del 50%, la más baja en comparación con otros mandatarios en sus primeros tres meses de gobierno.
La mala noticia para el jefe de Estado es que fracasó su estrategia de comunicación y buena parte de la manada ha perdido la emoción, porque ha comenzado a sentir lo duro que los muerde el Tigre, con sus decisiones económicas y sociales. A eso se suma la desatención de las víctimas del terremoto, asunto en el que el Gobierno sigue demostrando la incapacidad para movilizar al Estado. El manejo de ese fenómeno es, precisamente, una de las áreas que Cifras y Conceptos revela como las que más rechazo generan en la opinión pública.
El secretismo y opacidad en el manejo de los dineros donados es un lastre para un Gobierno que se eligió prometiendo transparencia y dedica su artillería pesada a armar un expediente por corrupción contra Petro, que permita encarcelarlo o extraditarlo.
En conclusión, al cumplirse 100 días de mandato, el panorama no es halagüeño para el Tigre, que pierde capital político y padece el desgaste de sus aliados, como Trump, Milei y Bolsonaro. La reforma fiscal podría desmoronar su popularidad, dinamitar su estrategia de poder regional en las elecciones de 2027 y generar un estallido social sin precedentes.
Un Tigre triste vestido de verde oliva es la imagen, para la mitad del país, de un presidente que cambia funcionarios con la misma rapidez que cambia de performance.
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
El que nada debe nada teme; y si el ministro quiere supervisar, no tiene necesidad de prejuzgar con declaraciones públicas altisonantes.
Bogotá, D. C, 15 de noviembre 2026
Por: Juan Camilo Restrepo*. - La parafiscalidad encontró su carta de naturaleza en la Constitución de 1991, con los aportes del constituyente Alfonso Palacio Rudas que transportó la experiencia francesa a nuestra Carta.
La parafiscalidad significa que la ley puede establecer que los agremiados de alguna actividad económica se organicen para pagar contribuciones obligatorias que, a diferencia de los impuestos, no entran a los fondos comunes del Estado, sino que quedan afectos exclusivamente a inversiones y desarrollos en provecho del sector que paga la contribución parafiscal.
Los fondos que se forman con estas contribuciones son recursos públicos, pero no son recursos oficiales. Y corresponde a la Contraloría vigilar que los recaudos de las cuotas parafiscales se inviertan apropiadamente en las finalidades señaladas en la ley que los crea.
La figura de la parafiscalidad ha tenidos acogida especialmente en el sector agropecuario donde existen 16 fondos parafiscales, siendo el más antiguo de ellos el Fondo Nacional del Café.
Ahora bien, el ministerio de Agricultura ejerce también una responsabilidad sobre el buen manejo de estos fondos. De allí que frecuentemente expide normas para reglamentar el buen uso de las cuotas y fondos parafiscales que existen. Y el ministro del ramo hace parte de las juntas directivas de las entidades a las cuales se les encomienda el manejo de estos fondos.
Y también, cuando ha sido necesario, ha dispuesto que se hagan auditorías externas cuando existan motivos para pensar que es necesario que se hagan dichas auditorias para esclarecer asuntos dudosos que deban corregirse para el buen manejo de los fondos parafiscales y en protección de quienes pagan las contribuciones parafiscales.
Así lo hicimos en 2013 desde el ministerio de Agricultura, cuando dispusimos que se hicieran sendas auditorias sobre el fondo nacional de la carne y la leche, sobre el fondo de la fruticultura y sobre el fondo cacaotero. Las conclusiones a que llegaron estas auditorías resultaron muy útiles, y sirvieron para corregir aspectos que andaban mal en los tres fondos que acabo de mencionar.
El tema ha vuelto a salir a la luz pública con motivo de los anuncios que ha hecho recientemente el ministro de Agricultura, anunciando que ha dispuesto auditorias forenses sobre el fondo arrocero manejado por Fedearroz y, nuevamente, sobre el fondo parafiscal de la carne y de la leche manejado por Fedegán.
Lo que ha sido sorprendente en esta oportunidad es el tono altisonante y pendenciero con que el ministro de Agricultura ha anunciado la puesta en marcha de estas auditorías. Lo que ha dado pie a un bochornoso cruce de insultos públicos entre el ministro y el representante de Fedegán. Estamos presenciando un estilo ministerial de populismo parafiscal.
Si todo está en orden en estos fondos, las auditorías ordenadas -cuando rindan sus conclusiones- así deberán ratificarlo. Y si hay aspectos defectuosos en estos fondos, sus conclusiones deberán servir como elementos de juicio para establecer correctivos.
Lo que resulta lamentable es el tono altisonante y pendenciero utilizado por el ministro que deja ante la opinión pública la mala impresión de que se están robando la plata en estos fondos, cuando ni siquiera las auditorías han comenzado ni la Contraloría General de la República ha hecho pronunciamiento alguno.
El que nada debe nada teme; y si el ministro quiere supervisar, no tiene necesidad de prejuzgar con declaraciones públicas altisonantes, que, mientras no haya evidencias, crean más suspicacias innecesarias que correctivos justificados.
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Ni desconocimiento de los derechos de las comunidades ni complacencia con quienes pretendan abusar de ellos.
Cota, 14 de noviembre 2026
Por Amylkar Acosta Medina*. - La consulta previa es una conquista histórica de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, y respaldada por la Constitución Política de 1991. Su propósito es garantizar la participación efectiva de estas comunidades en las decisiones, proyectos y actividades susceptibles de afectarlas directamente, salvaguardando su identidad cultural, sus derechos colectivos y su integridad territorial.
Se trata, pues, de un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por el Estado. Pero, como ocurre con todos los derechos, su ejercicio debe estar presidido por la buena fe, la transparencia y la responsabilidad. Una cosa es el uso legítimo de la consulta previa y otra muy distinta su abuso, que termina por desvirtuar su naturaleza y deslegitimar una institución concebida para proteger a las comunidades, no para convertirla en instrumento de presión o de negociación de intereses particulares.
Es importante precisar que la consulta previa no procede por la simple invocación de la condición étnica ni por la mera proximidad geográfica, sino por la existencia de una afectación directa, que debe ser determinada con rigor técnico y jurídico por parte del Ministerio del Interior que es la autoridad competente por ministerio de la Ley.
Nadie puede desconocer los legítimos derechos de las comunidades que eventualmente puedan resultar afectadas. Pero tampoco puede admitirse que, al amparo de esos derechos, se abra paso a pretensiones infundadas o a la proliferación artificial de reclamaciones. Los oportunistas y los impostores que pretendan instrumentalizar la consulta previa, arrogándose representaciones que no les corresponden o persiguiendo beneficios particulares, no solo perjudican al país atrasando la ejecución de proyectos estratégicos de beneficio general, les hacen un flaco servicio a las propias comunidades cuyos derechos dicen defender. Ello, desde luego, debe establecerse con pruebas y no mediante señalamientos indiscriminados contra quienes ejercen legítimamente sus derechos.
Colombia necesita reglas claras. Y eso es lo que han demandado del Congreso de la República las altas cortes, que por más de una década y de manera reiterada le han solicitado que se ocupe de ello expidiendo la Ley que reglamente tanto la consulta previa como las consultas populares. La ausencia de una Ley estatutaria que desarrolle integralmente el derecho fundamental a la consulta previa ha contribuido a la incertidumbre jurídica, dando pábulo al mal llamado activismo judicial, a la dispersión de criterios y a la creciente judicialización de los proyectos estratégicos. Es hora de que el Congreso de la República asuma esta tarea pendiente, atendiendo los mandatos constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los compromisos internacionales del Estado colombiano. Por fortuna, se tramita en este momento el proyecto radicado, con apoyo del Gobierno, por parte del Senador Juan Espinal.
La consulta previa no equivale, por regla general, a un derecho de veto, pero tampoco puede reducirse a un simple trámite para legitimar decisiones previamente adoptadas. Su finalidad es propiciar un diálogo intercultural genuino, de buena fe, orientado a alcanzar acuerdos y prevenir afectaciones a los derechos de las comunidades.
En momentos en que Colombia enfrenta serios desafíos para garantizar su seguridad energética y recuperar su autosuficiencia en el abastecimiento de gas natural, proyectos de la trascendencia de Sirius no pueden quedar atrapados indefinidamente en un laberinto de incertidumbre administrativa y judicial. Pero su importancia estratégica tampoco exime al Estado y a las empresas de cumplir sus obligaciones constitucionales.
Lo propio puede afirmarse con respecto de los múltiples proyectos de generación y transmisión de energía que se encuentran atascados a causa de los desencuentros de las empresas ejecutoras de los mismos con las comunidades, lo cual se ha traducido en un déficit de la Oferta de energía firme, exponiendo al país a un virtual racionamiento del servicio de energía eléctrica.
La consulta previa debe ser una garantía de derechos, no una patente de corso para quienes pretendan medrar a su sombra. Defenderla implica también protegerla de su instrumentalización y de los abusos que puedan cometerse en su nombre.
Porque cuando un derecho fundamental se utiliza indebidamente, no solo se compromete la viabilidad de los proyectos y la seguridad jurídica: también se erosiona la confianza pública en una institución que merece ser preservada y fortalecida. Ni desconocimiento de los derechos de las comunidades ni complacencia con quienes pretendan abusar de ellos. ¡Ese debe ser el justo equilibrio!
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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