Reportajes
Abogado, juez, representante a la cámara, senador, procurador, constituyente, embajador, gobernador de Santander y tres veces candidato presidencial: la vida pública de Horacio Serpa Uribe representó el ala progresista del Partido Liberal. A seis años de su adiós, la historia valora al hombre de Estado que se la jugó por la reconciliación del país y al que solo la suerte política le negó la Presidencia.
Bogotá, D. C, 31 de octubre 2026.
Por Luis Fernando García Forero. Este 31 de octubre se cumplen seis años del fallecimiento de Horacio Serpa Uribe, uno de los líderes más determinantes de la historia contemporánea de Colombia. Su trayectoria abarcó la totalidad de las ramas del poder público. En tres ocasiones compitió por la Presidencia de la República como abanderado del Partido Liberal. Aunque el triunfo en la jefatura del Estado le fue esquivo debido a las complejas coyunturas del país, su impacto institucional y político dejó una huella indeleble.
Nacido en Bucaramanga y formado políticamente en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, Serpa consolidó una visión caracterizada por la defensa de lo público y la cercanía con los sectores populares. En ese territorio convulsivo fundó el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA), movimiento que sirvió de plataforma para impulsar reformas sociales en medio de serias dificultades de orden público.
Su carácter frentero y directo se manifestó en momentos de alta tensión política. Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, como Ministro del Interior, enfrentó la crisis institucional derivada del Proceso 8.000, asumiendo la defensa del Jefe de Estado en el Congreso y en el debate público con la firmeza ideológica que lo caracterizaba.
En el aspecto constitucional, su labor como uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 —junto a Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff— contribuyó a consolidar el marco de derechos, libertades e instituciones que rige a la Colombia contemporánea.
Búsqueda incesante de la paz concertada
Desde sus primeras responsabilidades en el servicio público, Horacio Serpa promovió el diálogo como el mecanismo idóneo para la resolución del conflicto armado en Colombia.
Durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, participó en las conversaciones representando al Gobierno en los diálogos con la guerrilla del M-19 que concluyeron en el proceso de paz y la posterior reincorporación a la vida civil de dicho grupo subversivo.
En la administración de César Gaviria Trujillo, encabezó los acercamientos con las organizaciones insurgentes agrupadas en la Coordinadora Guerrillera, llevando la vocería del Estado en los diálogos desarrollados en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), esfuerzos que no lograron concretarse en acuerdos finales debido al escalamiento de la violencia y el secuestro, lo que generó el fracaso de los diálogos.
Su visión de la paz siempre estuvo ligada a que la terminación de la confrontación armada fuese a través del diálogo y que condujera a una apertura democrática donde todas las vertientes ideológicas compitieran bajo las reglas de la Constitución. Eso se logró y fue un ejemplo con lo que ocurrió con la firma del fin del conflicto con las extintas Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos.
"¡Liberalismo es izquierda democrática, o no es!"
Fue la frase de Horacio Serpa el 30 de enero de 2017 cuando estaba de copresidente de la Dirección Nacional del Partido Liberal frente a las tensiones doctrinarias al interior de su Partido. Serpa destacó y defendió la necesidad de mantener a la colectividad en el espectro de la socialdemocracia internacional. Durante su gestión en la Dirección Nacional Liberal, definió la postura de la colectividad en los siguientes términos:
"El Partido Liberal colombiano hace valer su condición de colectividad política vinculada a la Socialdemocracia internacional, adalid de la libertad, interesado en las reformas económicas, luchador por la igualdad, vocero de los pobres, decidido amigo de la paz interna e internacional, defensor de los derechos humanos y auténtico exponente de la solidaridad entre los hombres y los pueblos..."
Para Serpa, la distinción ideológica era clara: "En la Socialdemocracia se propugna por el crecimiento económico con compromiso social para impedir la concentración de la riqueza en pocas manos y propiciar la equidad en el manejo de los excedentes que genera el capital. Es el liberalismo progresista que desde el centro izquierda defiende la democracia incluyente y participativa..."
Asimismo, subrayó la relación entre el fin del conflicto y la actualización del sistema de partidos: "Con el proceso de paz tienen que alinearse ideológicamente los Partidos. Los habrá de derechas y de centro; de centro izquierda y de izquierda, todos enmarcados en el sistema democrático en sus tonos diferentes y todos respetando la Constitución Nacional. En este sistema no caben la violencia ni las armas ni las trampas."
¿Dónde están las banderas del Serpismo?
En la coyuntura política actual, caracterizada por elevados niveles de polarización y fragmentación institucional, la ausencia de vocerías con la capacidad de articulación y la firmeza doctrinaria de Horacio Serpa resulta evidente.
Al cumplirse seis años de su fallecimiento, surge el interrogante sobre el destino de la militancia, las estructuras y el ideario que configuraron el "serpismo" en las filas del liberalismo.
Las banderas del liberalismo social, la defensa del Estado social de derecho y la búsqueda de acuerdos nacionales que permitan los consensos, principalmente en el Congreso, permanecen como antecedentes en la discusión pública, lo que plantea el reto a los dirigentes y a las nuevas generaciones, que se debe retomar y redefinir dicho legado, en el escenario político colombiano.
¡La democracia se lo merece!
La Comisión Primera del Senado aprueba en primer debate el proyecto de Acto Legislativo presentado por Salvación Nacional para adelantar el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 2028 y redefinir las competencias de la justicia ordinaria.
Bogotá, D. C, 29 de octubre 2026.
Por Luis Fernando García Forero. – Una tela negra empieza a redondearse sobre las columnas del Capitolio Nacional de Colombia. Por ahora no hay una marcha fúnebre retumbando en los pasillos del legislativo, sino el murmullo acelerado de un debate cuyo escenario fue la Comisión Primera de Senado que aprobó la ponencia para ir desapareciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decisión que se convierte en la primera estación de un vía crucis institucional, cuyo réquiem empieza a hacer eco en el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras.
Con el primer visto bueno al proyecto de Acto Legislativo, impulsado por el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, arrancó formalmente el réquiem de la JEP, institución que nació en 2016 como la columna vertebral que ha sostenido en pie el histórico Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC.
Hay que recordar que el contexto de la JEP, incrustada en la Constitución, es el “componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el conflicto armado colombiano”.
El proyecto que ya pasa a la plenaria del Senado, en su primera vuelta, busca asestar un golpe de reloj: recortar la existencia transicional del tribunal para fijar su límite de caducidad en el primer trimestre de 2028, clausurando prematuramente los cinco años de prórroga que le restaban. Además, abre las puertas para que la Corte Suprema de Justicia revise las condenas de uniformados que decidan no aceptar responsabilidades ante la justicia transicional, al tiempo que encarga a jueces ordinarios resolver tutelas bajo las reglas del régimen de transición.
Aunque a la iniciativa le restan siete debates, tres en Senado y cuatro en Cámara, para convertirse en otra reforma a la Constitución de 1991, el ‘tufo a marcha fúnebre’ ya se respira en los pasillos de la política nacional.
Bancadas en el cortejo fúnebre
En la marcha hacia este foso legislativo, los bloques políticos han marcado con rigor sus posiciones: Los sepultureros del modelo encabezados por Salvación Nacional, las bancadas del Centro Democrático y las fuerzas oficialistas que respaldan al Gobierno, celebran el paso. Argumentan que la JEP ha extendido un manto de impunidad y una asimetría injusta contra la Fuerza Pública, asegurando que recortar sus plazos restituirá la soberanía a la justicia ordinaria.
Desmonte sistemático
En la acera opuesta, dentro de las columnas del Capitolio, el Pacto Histórico, sectores del Partido Liberal y corrientes progresistas que heredaron el legado del Gobierno de Juan Manuel Santos, denuncian un desmonte sistemático de la JEP. Para ellos, cortar la vida del tribunal no es un ajuste técnico, sino la eutanasia programada de un compromiso, no de un Gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos y que recibió el premio Nobel de Paz, sino, que es un compromiso de Estado.
Heridas a víctimas y frente internacional
Cercenar el tiempo y las competencias de la JEP representa un sismo cuyos escombros caen directos sobre las víctimas del conflicto armado, de parte y parte. También sombras sobre la verdad ya que cerrar las puertas de la JEP antes de culminar sus ‘macro-casos’ significa sepultar la oportunidad de que los comparecientes rindan cuentas detalladas sobre los hallazgos de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y secuestros.
Es una alarma en la comunidad internacional porque dicho tribunal transicional fue respaldado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional (CPI) como un modelo vanguardista de justicia restaurativa.
Los críticos de la iniciativa destacan que acelera su defunción y emite una señal de inestabilidad jurídica que erosiona la fe de los cooperantes y expone al Estado a intervenciones del tribunal de La Haya por eventuales vacíos de impunidad.
Retroceso de los acuerdos
El principio de pacta sunt servanda (lo pactado obliga) queda en entredicho. Al alterar unilateralmente las reglas de juego constitucionales a mitad de camino, se dinamita la confianza de los firmantes de paz que depusieron las armas bajo un marco de garantías que hoy, desde el Congreso, se pretende desmantelar.
Conciencia nacional
Un país que desentierra el hacha para cortar de raíz sus propios acuerdos de paz para lograr la reconciliación, está condenado a revivir sus viejas pesadillas. La paz de Colombia no es una página de paso en la agenda partidista de un gobierno de turno, ni un capricho de borrador que se pueda tachar con la ligereza de una pluma legislativa. Es un patrimonio supremo conquistado tras décadas de dolor y sangre.
Si el Congreso permite que las mayorías coyunturales le den sepultura a la columna vertebral de la justicia transicional, no estará clausurando un tribunal: estará firmando el acta de defunción de la palabra empeñada ante el mundo y ante millones de víctimas.
Ninguna enmienda ni decisión del recinto parlamentario puede ponerse por encima del sagrado derecho de una nación a vivir en paz.
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento según el Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Un viaje al corazón del cabildeo parlamentario tras los escándalos de la UNGRD: Entre el intento gubernamental por revelar los auxilios regionales y las voces cautas que advierten sobre un modelo que podría blanquear el clientelismo desde la Constitución.
Por Luis Fernando García Forero. - Los pasillos del Capitolio Nacional guardan una memoria silenciosa: la de cientos de alcaldes y gobernadores que, maletín en mano y con proyectos bajo el brazo, caminan tras las huellas de los congresistas para lograr una cita con un ministro. En un país fuertemente centralizado, la viabilidad de un acueducto rural, una vía terciaria o un colegio en la Colombia profunda ha dependido, históricamente, de la capacidad de gestión —o del peso de los votos— de un senador o un representante a la Cámara.
Sin embargo, la frontera entre la gestión regional legítima y el intercambio de favores políticos ha sido frágil. Los recientes hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) terminaron por rebasar la copa de la opinión pública, evidenciando cómo las órdenes de proveeduría y la asignación presupuestal de emergencia se convirtieron en la moneda de cambio para destrabar debates legislativos.
Es en este ambiente de desgaste institucional, donde entra el Gobierno Nacional con la propuesta formalizada y radicada ante el Congreso por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se intenta modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Carta Política, apodado mediáticamente como la reforma "antimermelada".
De las sombras al registro público
La propuesta parte de una premisa pragmática: reconocer que los congresistas van a seguir gestionando recursos para sus regiones, pero obligándolos a hacerlo de cara al país.
El articulado busca reestructurar la relación entre el Congreso y el Presupuesto General de la Nación mediante tres ejes fundamentales:
La postulación abierta: Se permite que los parlamentarios postulen proyectos de inversión territorial ante el Ejecutivo en cualquier momento, a través de un registro público.
Blindaje contractual: El congresista solo podrá postular la obra. Tendrá prohibido intervenir en la licitación, adjudicación o ejecución del contrato.
Reconfiguración del conflicto de intereses: Se acota el conflicto de interés al "beneficio particular y determinado" para el congresista, sus parientes o socios. La financiación legal de campaña o el interés regional general dejan de considerarse por sí solos causa de impedimento. Ocultar información en la declaración pública implicará la pérdida de investidura.
Disyuntivas del nuevo modelo
El proyecto plantea interrogantes sustanciales sobre el equilibrio de poderes, la transparencia y la gobernabilidad territorial en Colombia. Se establece una vía de la gestión regional con los alcaldes y gobernadores que son los primeros actores quienes presentan necesidades. Los senadores y representantes se inscriben en el registro y el Gobierno Nacional selecciona e incluye en el Presupuesto General de la Nación.
Al establecer que los proyectos inscritos podrán ser seleccionados por el Ejecutivo para el Presupuesto General de la Nación (Art. 346), la última palabra sigue estando en la Casa de Nariño. Sin reglas objetivas de reparto interterritorial en la norma constitucional, el presidente de turno conserva la discrecionalidad de priorizar las obras de las bancadas aliadas y relegar las de la oposición, manteniendo intacto el poder de coacción ejecutiva.
Dilema de los mandatarios locales
¿A dónde acude un alcalde de quinta categoría cuando no tiene acceso a los despachos ministeriales? Los mandatarios territoriales sostienen que el acompañamiento del congresista es la única vía para abrir puertas en la capital. La reforma no elimina esta mediación, pero busca que el puente deje de ser un acuerdo privado tras puerta cerrada y se convierta en un trámite trazable.
Desde el ámbito jurídico existen posiciones encontradas. Por un lado, analistas valoran el paso hacia la publicidad de los actos. Por el otro, juristas advierten sobre el riesgo de la redacción del artículo 182: al estipular que la financiación legal de campaña no genera por sí misma un conflicto de intereses para votar o gestionar, se podría estar blindando legalmente el favorecimiento a grandes aportantes electorales.
Prueba de fuego frente a la corrupción
El proyecto ataca la fase inicial de la cadena: la inclusión del rubro en el presupuesto. No obstante, la experiencia demuestra que el desvío de caudales públicos suele ocurrir en las fases posteriores: el direccionamiento de pliegos de condiciones en las alcaldías, los sobrecostos y la interventoría complaciente. Por sí sola, la norma formaliza la petición, pero no erradica el riesgo de corrupción en la ejecución.
Cruce con el Estatuto Anticorrupción
Mientras que la legislación anticorrupción (Ley 1474 de 2011 y desarrollos posteriores) ha buscado ensanchar las causales de inhabilidad y prevenir el tráfico de influencias, este Acto Legislativo estrecha el concepto de conflicto de intereses para dar margen de maniobra a la actividad parlamentaria. La armonía entre ambos marcos dependerá de la rigurosidad de la ley orgánica reglamentaria que deberá expedirse en un plazo de doce meses por el Congreso de la República.
¿Paso definitivo o cambio de fachada?
El proyecto de Acto Legislativo abre una discusión madura sobre el funcionamiento real de la política colombiana. Pretender que los congresistas se desconecten de las necesidades presupuestales de sus regiones ha demostrado ser una ficción institucional.
El éxito o el fracaso de esta iniciativa no se medirá en el texto constitucional, sino en la capacidad de la futura ley orgánica para imponer controles técnicos independientes que impidan que el registro público sea, simplemente, un catálogo oficial de la negociación política.
Bogotá, D. C, 18 de octubre 2026
El Gobierno dispuso retirar todo símbolo alusivo a Carlos Pizarro y reformar el Ministerio de Cultura, abriendo una dura controversia sobre el relato del conflicto armado, el duelo de las víctimas y las garantías de la memoria para los excombatientes.
Por Luis Fernando García Forero. El presidente Abelardo De la Espriella impartió una contundente instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín: erradicar de todos los espacios públicos e instituciones dependientes del Gobierno cualquier imagen o elemento alusivo a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante de la guerrilla del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990 tras firmar la paz.
Bajo la premisa de impulsar lo que el mandatario calificó como una "contrarrevolución cultural", el Ejecutivo justificó la medida argumentando la necesidad de impedir la exaltación de antiguos insurgentes. “No vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, aseveró el jefe de Estado, quien además ordenó revertir el nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para retomar su denominación de Ministerio de Cultura y Patrimonio.
La pugna por el Museo Nacional y el símbolo del sombrero
La determinación gubernamental encendió de inmediato las alarmas en el sector cultural y patrimonial. Como parte de los primeros movimientos en aplicación de esta directiva, se reportó el desmonte de piezas del Museo Nacional y la reevaluación sobre la exhibición del icónico sombrero de tejido natural que lució Pizarro durante la firma de los acuerdos de paz de 1990.
Dicha prenda —que había sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación durante el gobierno de Gustavo Petro como un hito de reconciliación y que recientemente enfrentaba medidas cautelares de suspensión por parte del Consejo de Estado— se ha convertido en el epicentro simbólico del choque de narrativas.
A la par del desmonte de elementos ligados al M-19, sectores académicos cuestionaron que la medida también alcance de forma colateral exposiciones históricas referentes al exterminio de la Unión Patriótica, a las dinámicas de las víctimas del conflicto y a las luchas de las poblaciones LGBTIQ+ y de organizaciones de mujeres que estaban representadas en el museo.
Rechazo de María José Pizarro
La reacción de la exsenadora María José Pizarro, hija del asesinado líder político, representó uno de los señalamientos más duros contra la postura de la Casa de Nariño. Pizarro calificó la medida como un intento deliberado por invisibilizar la historia de quienes apostaron por la dejación de armas:
“Es asesinar dos veces a mi padre. ¿Qué debemos entender los colombianos? No solamente yo, como su hija, sino de parte de esta historia sangrienta que ha habido en nuestro país, dónde queda la paz que fue retirada del Museo Nacional, junto con Bernardo Jaramillo Osa, junto con elementos de la población LGBTI, de las organizaciones que lucharon por los derechos de las mujeres. Para mí, básicamente es un rasgo fascista”, destacó la exsenadora en entrevista en Caracol Radio.
Memoria histórica y dirigencia política
La decisión sienta un precedente complejo sobre las garantías de memoria para los procesos de paz en Colombia. Para analistas, familiares de víctimas e integrantes de antiguos movimientos armados que se reincorporaron a la vida civil, la purga de símbolos asociados a pactos de paz debilita el principio de no repetición y envía un mensaje restrictivo sobre la construcción de una memoria plural e incluyente.
Entre tanto, para sectores afines al Gobierno y asociaciones de víctimas de la insurgencia, la medida supone un paso necesario para evitar la legitimación institucional de las armas.
El debate dividió de inmediato al estamento político e historiográfico. Sectores de oposición al Gobierno e historiadores coincidieron en señalar que el “El Estado no puede administrar la memoria histórica eliminando de un plumazo los símbolos de los procesos de paz formalizados. Ocultar el sombrero de Pizarro o la memoria de la violencia política vulnera el derecho de la sociedad a conocer su pasado, por doloroso que sea”.
“Gracias, presidente, por la rápida respuesta. Usted y la ministra Paola Holguín cuentan con todo nuestro respaldo. Ni un peso público más para limpiarles la cara a terroristas y convertirlos en héroes”, expresó el concejal Andrés Barrios Bernal.
La medida deja abierto un profundo dilema institucional en Colombia: si los museos y espacios públicos del Gobierno deben reflejar el registro integral del conflicto armado y sus acuerdos de paz, o si, por el contrario, el Estado debe fijar límites éticos sobre qué figuras pueden o no figurar en el patrimonio del país.
Bogotá, D. C, 16 de octubre 2026
Las manifestaciones opositoras pusieron a prueba las nuevas reglas del Gobierno para la protesta social, dejando una mezcla de masivas concentraciones pacíficas en las regiones, serias afectaciones a la movilidad, disturbios focalizados y una abierta controversia política.
Por Luis Fernando García Forero. - La jornada de movilización nacional del miércoles 14 de octubre marcó la prueba de fuego en territorio colombiano para el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, norma expedida por la administración del presidente Abelardo De la Espriella para modificar y reestructurar el protocolo de actuación de la Fuerza Pública y autoridades locales durante manifestaciones.
Desde las primeras horas del día, el jefe de Estado permaneció al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá, acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la cúpula militar y los mandos directivos de la Policía Nacional. A través de las pantallas de monitoreo, el Ejecutivo siguió en tiempo real el desplazamiento de las marchas y el comportamiento de los corredores viales prioritarios.
"El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz. A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías; a los violentos, todo el peso de la ley. ¡Se acabó la guachafita!", enfatizó De la Espriella desde la central de control policial.
Radiografía de la jornada
A pesar de los fuertes aguaceros que se registraron en la capital y en diversos puntos de la geografía nacional, miles de manifestantes salieron a las calles convocados por el Pacto Histórico, centrales obreras como la CUT y sindicatos de la educación.
En la capital del país, la multitud avanzó por las carreras Séptima y Décima hacia el centro histórico. Bajo un intenso torrencial, la Plaza de Bolívar se colmó para escuchar la intervención del líder del Pacto Histórico y expresidente Gustavo Petro, sin embargo, no habló debido a la lluvia, pero el recibimiento del líder de la izquierda colombiana estuvo rodeada de arengas contra la gestión del presidente De la Espriella, cuestionando las medidas económicas planteadas y criticando la regulación de las protestas en el nuevo decreto que, según la oposición, establece restricciones al derecho fundamental a la movilización.
Avances cívicos vs choques focalizados
En general las jornadas fueron pacíficas. En capitales como Medellín, Barranquilla, Cali y Manizales, las marchas se desarrollaron con pancartas y arengas en completa normalidad, acompañadas por gestores de convivencia y bajo la supervisión remota de la fuerza pública a más de cuatro metros de distancia, respetando el margen estipulado en la norma.
La otra cara de la moneda se vivió en localidades de Ibagué y sectores del centro de Bogotá. Grupos minoritarios encapuchados protagonizaron altercados, bloqueos permanentes de vías e intento de afectación a la infraestructura de transporte. En este caso, TransMilenio reportó más de 329.000 usuarios impactados por la suspensión de estaciones del Eje Ambiental.
Ante el colapso de vías y agresiones puntuales a bienes públicos, las unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo ESMAD) aplicaron el protocolo de dispersión en los puntos de alteración, dando como resultado la aprehensión de varios manifestantes que fueron conducidos ante la Fiscalía General por daños a bien ajeno y obstrucción en vía pública.
Reacciones encontradas frente al Decreto 1525
El uso práctico del decreto dejó posiciones sumamente divididas en el ámbito político e institucional:
Partidarios del Gobierno y Gremios destacaron la efectividad de la fuerza pública para impedir bloqueos prolongados en las arterias del país y en la Vía Panamericana. Argumentaron que las garantías para los comerciantes y ciudadanos en general se mantuvieron gracias a la presencia preventiva de la policía.
Líderes de Oposición y Organismos Sociales calificaron la norma como restrictiva, señalando que la presencia policial y la fijación de distancias o prohibición estricta de cierres viales desnaturalizan la protesta. Asimismo, advirtieron que mantendrán la veeduría ciudadana sobre las actuaciones del UNDMO.
¿Qué pasará de ahora en adelante?
Con la aplicación del Decreto 1525, las pautas para futuras manifestaciones en Colombia quedan sujetas a condiciones más estrictas en el marco procedimental:
Rendición de cuentas obligatoria, es decir, las alcaldías y gobernaciones del país disponen de un plazo máximo de 72 horas posteriores a cada movilización para publicar un balance oficial sobre personas lesionadas, afectaciones, capturas y denuncias respecto al proceder de la Fuerza Pública.
Protección a infraestructura crítica. Queda prohibido de forma tajante el bloqueo total a corredores viales que impidan el tránsito de transporte público, cargas, insumos, ambulancias o servicios esenciales como salud y educación.
Escalamiento del uso de la fuerza: El protocolo establece cinco niveles jerárquicos de actuación que exigen documentación previa en las bitácoras del PMU antes de autorizar el ingreso del UNDMO, garantizando la trazabilidad jurídica de los procedimientos.
Las organizaciones sociales han anunciado que continuarán convocando a jornadas de protestas en los meses venideros, mientras que el Gobierno nacional ratificó que mantendrá los PMU activos para aplicar la normativa de manera sistemática en cualquier punto del país.
Bogotá, D. C, 15 de octubre 2026
Fuente: Resumen medios de comunicación.
Frenar la fuga de dinero público es la reforma fiscal más efectiva contra la corrupción en el país.
Por Luis Fernando García Forero. - Mientras Colombia enfrenta un déficit fiscal cercano al 5,6% del PIB y la corrupción devora más de 50 billones de pesos al año, el nuevo Contralor General de la República, Jorge Laverde, asume el reto de convocar una Cumbre Nacional para blindar la contratación pública que oriente el erario público hacia las obras que demanda la ciudadanía y mejore la calidad de vida de los colombianos, principalmente la población más desfavorecida.
La llegada de Jorge Laverde a la Contraloría General de la República se produce en uno de los momentos más críticos para las finanzas del país. Con un hueco fiscal en niveles preocupantes y necesidades apremiantes en las regiones, el control fiscal en Colombia debe intensificarse y ejercerse con mayor rigurosidad como una herramienta preventiva y contundente, contra la corrupción.
Estimaciones del sector económico y de la propia Contraloría señalan que la corrupción cuesta a los colombianos más de 50 billones de pesos anuales, una cifra equivalente a casi tres reformas tributarias. Estos recursos extraviados representan las vías terciarias que nunca se pavimentaron, las viviendas de interés social que quedaron a medio construir y las oportunidades de empleo formal que no se generaron, entre otras falencias, que frenan el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Infraestructura rural y empleo: Urge en la Colombia profunda y olvidada
Para que la economía colombiana alcance estabilidad fiscal, el gasto público debe traducirse en productividad. La infraestructura vial rural —fundamental para la competitividad del sector agropecuario y la seguridad alimentaria— hoy sufre el azote de las adiciones presupuestales injustificadas y las obras inconclusas, denominadas ‘Elefantes Blancos’, como bien lo describía el periodista, jefe y maestro, Yamit Amad en los noticieros que dirigía.
Es imperativo manejar con rigor los recursos destinados a la malla vial secundaria y terciaria porque es directamente proporcional en conectar a los campesinos con los centros urbanos, reduciendo los costos de transporte y reactivando las economías regionales y locales.
Los proyectos de vivienda digna garantizan el acceso a techo propio con transparencia en los subsidios y en la ejecución de los constructores.
La generación de empleo e inversión social aseguran, que cada peso, inyectado a los programas estatales, reactive de forma efectiva la mano de obra local.
Cumbre Nacional
Para lograr esos objetivos, quién más que el contralor general de la república, Jorge Laverde, tenga la iniciativa de liderar una Cumbre Nacional contra la Corrupción, como alternativa institucional y camino para lograrlo.
La lucha contra el desfalco del erario supera el alcance de una sola entidad. Por ello, el nuevo Contralor General tiene la oportunidad histórica de liderar un llamado al diálogo institucional unificado, convocando a dicha Cumbre Nacional contra la Corrupción que reúna a las tres ramas del poder público: Ejecutivo (Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores), Legislativo (Congreso de la República, Diputados, concejales) y Judicial (Tribunales y Altas Cortes).
También incluir a organismos de control y vigilancia, el sector privado, gremios económicos, la academia, empresas contratistas y cámaras de comercio, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, iglesias y veedurías ciudadanas.
Reforma integral
El objetivo central de este encuentro debe ser la construcción de un documento base consensual, insumo indispensable para diseñar una herramienta legal moderna que reforme de manera integral el sistema de contratación pública en Colombia.
Se establecería un nuevo estatuto de contratación pública con responsabilidad compartida. La actual Ley de Contratación (Ley 80 y sus reformas) presenta vacíos por donde se filtran los carruseles de contratación y los pliegos "hechos a la medida".
La nueva legislación, que surja de esta iniciativa para que el Congreso la delibere y apruebe, debe abarcar la responsabilidad penal y fiscal en dos frentes claros:
El sector público: Sanciones penales y pecuniarias fuertes, e inhabilitaciones inmediatas para funcionarios desde el nivel nacional hasta el orden local a quienes incurran en direccionamiento de contratos o sobrecostos.
El sector privado: Rigor legal, multas severas y veto permanente a contratistas, consorcios y firmas privadas que participen en redes de sobrefacturación o manipulación de licitaciones.
Frenar la fuga de dinero público es la reforma fiscal más efectiva que debe tener Colombia. Con liderazgo institucional y una reforma integral al modelo de contratación, el Contralor Jorge Laverde tiene en sus manos la posibilidad de sentar las bases para la protección efectiva del patrimonio de todos los colombianos.
Laverde tiene la gran oportunidad de convocar y liderar la ruta que frene el desfalco fiscal y erradicar la corrupción, uno de los problemas estructurales que afecta a todos los niveles del Estado.
Bogotá, D. C, 11 de octubre 2027
Cuando termine la reforma, habrá que preguntar no solamente cuántas entidades quedaron o cuánto dinero se ahorró. Habrá que preguntar algo mucho más sencillo: ¿puede ahora el Estado hacer mejor su trabajo?
Por Fabian Romero*- Se abre la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que propone reorganizar buena parte de la Administración Pública en Colombia y alcanzar un ahorro permanente equivalente al 2 % del PIB.
En medio de la presión fiscal, reducir costos puede ser necesario. Pero hay una pregunta anterior: ¿Cómo hacer más pequeño al Estado sin hacerlo menos capaz?
La oficina que desapareció
Hace algunos años habría sido relativamente sencillo explicar qué significaba cerrar una oficina o entidad pública. Se apagaban todas las luces, se trasladaban unos archivadores, se reasignaban algunos funcionarios y se colgaba un aviso indicando dónde continuarían prestándose los servicios. Hoy no.
Imaginemos que mañana desaparece una entidad pública en Colombia. Además de una memoria institucional en la vida social, deja escritorios, archivos y archivadores, bases de datos, claves de acceso, sistemas de información, contratos, nominas, expedientes, conocimiento técnico, servidores públicos y contratistas, repositorios documentales y funcionarios públicos que saben por qué determinadas cosas funcionan como funcionan. La entidad puede desaparecer el día viernes, pero el lunes siguiente el ciudadano seguirá necesitando el servicio al que acudía. Esa diferencia es fundamental para entender el debate que Colombia comienza a dar sobre el tamaño del Estado.
Dos puntos del PIB
El proyecto de ley que está sobre la mesa propone entregar al Presidente facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la Administración Pública Nacional en 23 sectores. Entre otras cosas, permitiría crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir y liquidar entidades; trasladar funciones; modificar estructuras y ajustar plantas de personal. No se está hablando de una reforma menor.
El proyecto de ley fija además como meta un ahorro permanente en funcionamiento equivalente al 2 % del PIB, que su exposición de motivos calcula en alrededor de $42 billones anuales, lo cual no debe ocurrir solamente a costa de la disminución del Estado, ya que la ineficiencia, el fraude, las defraudaciones, los altos costos de la deuda. La burocracia realmente el sexto costo en importancia que tiene el estado colombiano.
La discusión aparece en un contexto fiscal que requiere atención en el país. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal afirmó este 10 de septiembre que el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 evidencia la necesidad de implementar medidas estructurales de ajuste para reducir la vulnerabilidad fiscal y restablecer un ancla sostenible. Eso describe el problema fiscal; no significa que el CARF haya avalado esta fórmula concreta de reorganización administrativa.
Y precisamente ahí está la conversación interesante. El dilema no es simplemente Estado grande versus Estado pequeño. Es Estado costoso versus Estado capaz.
El organigrama engaña
Durante mucho tiempo imaginamos al Estado Colombiano como un edificio. Ministerios y Departamentos Administrativos arriba. Direcciones debajo. Subdirecciones, grupos, oficinas y unidades distribuidas hacia abajo. En esa representación, reducir el Estado parece sencillo: eliminamos algunas cajas. Pero el Estado del siglo XXI se parece cada vez menos a un edificio y más a una red.
Una entidad posee el dato. Otra tiene la competencia legal. Una tercera administra la plataforma. Otra ejecuta recursos. Una entidad territorial presta el servicio. Un sistema nacional verifica información. Un contratista mantiene parte de la tecnología.
La capacidad pública aparece cuando todas esas piezas de esta red funcionan coordinadamente. Por eso podemos eliminar una entidad sin eliminar una función. Y podemos fusionar dos entidades sin eliminar una duplicidad. Incluso, se podría reducir empleos y terminar contratando nuevamente el conocimiento perdido. El propio proyecto de Ley reconoce ese riesgo y dispone que los empleos suprimidos no puedan ser reemplazados mediante contratos de prestación de servicios para ejecutar las mismas funciones si se pretende contabilizar ese ahorro.
Podar no es talar
La mejor metáfora a utilizar quizá sea un árbol. Un árbol sano necesita poda. Hay ramas que se cruzan, otras consumen energía innecesariamente y algunas impiden que el conjunto crezca mejor. Pero ningún jardinero competente comienza diciendo: “necesito eliminar exactamente el 20 % de las ramas”. Primero estudia el árbol, porque una rama visible depende de raíces invisibles. En el Estado ocurre lo mismo.
Antes de eliminar una estructura habría que identificar qué función cumple, qué información administra, con qué entidades se relaciona, cuáles procesos soporta, qué sistemas tecnológicos utiliza, qué contratos mantiene y qué conocimiento institucional concentra.
Solamente entonces puede determinarse qué es realmente redundante. Ese ejercicio tiene un nombre menos atractivo que “recortar”: arquitectura institucional.
Ahorrar también puede costar
El proyecto de Ley contiene una previsión especialmente importante: ninguna reorganización puede interrumpir los servicios y cada decreto deberá establecer quién recibe las funciones, archivos, bases de datos, obligaciones y procesos en curso.
Esa obligación revela algo esencial. Una fusión mal hecha puede producir ahorros presupuestales y simultáneamente generar costos invisibles: pérdida de conocimiento, demoras, sistemas incompatibles, información fragmentada o servicios que deben reconstruirse después.
La pregunta correcta, entonces, no es solo cuánto cuesta una institución. Es también: ¿Qué capacidad perdería el Estado si desaparece y cuánto costaría reconstruirla?
El Estado después del viernes
Colombia probablemente tendrá que discutir seriamente su gasto público. También tendrá que discutir duplicidades y triplicidades, entidades, plantas, contratos y transferencias. Son debates distintos que no deberían reducirse a una consigna.
Pero esta discusión llega precisamente cuando el país habla simultáneamente de interoperabilidad, inteligencia artificial, analítica de datos, simplificación administrativa y transformación digital, esto mediante anuncios permanentes y normas como el decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026.
Ahí aparece la paradoja. Queremos un Estado más pequeño, pero también queremos un Estado Colombiano más inteligente. Eso solo será posible si aprendemos a distinguir estructura de capacidad. Reducir oficinas puede formar parte de una reorganización, reducir duplicidades también, pero la verdadera prueba llegará después.
Cuando termine la reforma, habrá que preguntar no solamente cuántas entidades quedaron o cuánto dinero se ahorró. Habrá que preguntar algo mucho más sencillo: ¿puede ahora el Estado hacer mejor su trabajo?
Porque el objetivo no debería ser tener menos Estado por centímetro de organigrama. Debería ser conseguir más capacidad pública por cada peso que pagamos por él.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026
*Abogado, especialista en tecnología aplicada al Estado.
Se cumplen 25 años del ataque terrorista que conmocionó a la humanidad, cobró casi 3.000 vidas y transformó para siempre la seguridad de Nueva York, el corazón del capitalismo global.
Por Luis Fernando García Forero. - El 11 de septiembre de 2001, el mundo contempló en tiempo real uno de los episodios más oscuros e impactantes de la historia moderna: cuatro aviones comerciales secuestrados por extremistas de Al Qaeda se convirtieron en armas de destrucción masiva, impactando contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Virginia y un campo abierto en Shanksville, Pensilvania.
En cuestión de minutos, el horizonte neoyorquino cambió para siempre y con él, la sensación de invulnerabilidad de la potencia más grande del planeta.
El saldo fatal de 2.977 víctimas mortales y miles de heridos dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Las imágenes del colapso de los rascacielos no solo paralizaron a la capital del capitalismo, sino que marcaron el inicio de una nueva era geopolítica definida por la "Guerra contra el Terrorismo", el endurecimiento de la inteligencia militar y la reconfiguración de los controles fronterizos y aeroportuarios a escala global.
Las secuelas del 11 de septiembre redefinieron las libertades civiles, la privacidad y la diplomacia internacional durante décadas, demostrando la vulnerabilidad de las sociedades abiertas frente a tácticas asimétricas de violencia.
El reto actual: ¿Cómo contener el terrorismo en el siglo XXI?
A pesar de las dos décadas transcurridas y de los colosales recursos invertidos en seguridad global, la amenaza terrorista no ha desaparecido; ha mutado. La contención efectiva del extremismo en la actualidad requiere una estrategia integral basada en tres pilares clave:
Cooperación e inteligencia cibernética: La detección temprana depende hoy de la interoperabilidad entre agencias internacionales y del monitoreo de redes digitales donde se recluta y financia el extremismo.
Neutralización de fuentes financieras: Asfixiar los flujos de dinero ilícito, criptomonedas y redes de lavado que alimentan a células radicales a nivel local e internacional.
Atención a las causas estructurales: Mitigar la inestabilidad política, la marginalidad social y la radicalización mediante el fortalecimiento institucional y el desarrollo socioeconómico en regiones vulnerables.
A un cuarto de siglo de la tragedia, la conmemoración del 11 de septiembre reafirma que la mejor defensa contra el terrorismo no reside únicamente en la fuerza militar, sino en la resiliencia democrática, la cooperación multinacional y el compromiso inquebrantable con los derechos humanos.
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2026.
Desde una colina, víctimas de las inundaciones observan y toman fotos cómo sus hogares permanecen sumergidos en Nuwakot (Nepal), tras el desbordamiento de un lago glaciar en el Tíbet.
Por Laura Bicker*. -Las impactantes imágenes eran prácticamente imposibles de ignorar. Un torrente de agua arrasaba el puerto de Gyirong, uno de los principales pasos fronterizos entre Nepal y el Tíbet, arrastrando todo a su paso mientras cientos de personas huían para salvar sus vidas.
Las escenas, captadas por cámaras de videovigilancia, se difundieron rápidamente en las redes sociales y en las pantallas de todo el mundo.
Excepto aquí, en China.
Hasta el momento, el principal noticiero estatal del país solo ha emitido una única imagen fija.
También ha sido difícil encontrar el video en la internet china, fuertemente censurada. Resulta igualmente complejo encontrar publicaciones que describan las inundaciones repentinas que se han cobrado cientos de vidas, y otras tantas siguen desaparecidas desde el miércoles.
Pekín ha puesto en marcha una operación de rescate masiva en la que participan cientos de trabajadores de emergencia, y que aún continúa. El presidente Xi Jinping presidió una reunión de emergencia con funcionarios para coordinar los esfuerzos.
Pero si comparamos el contenido de internet del país con lo que gran parte del mundo ha estado viendo en línea estos últimos días, el cortafuegos de China se hace más evidente que nunca.
Resistencia del Tibet
El Tíbet, que Pekín anexionó en la década de 1950, se había resistido durante mucho tiempo al dominio del Partido Comunista Chino.
China ha reprimido protestas a lo largo de los años, en ocasiones con violencia, y ha sido acusada de graves violaciones de derechos humanos en la región budista. Ha tildado de separatista al líder espiritual exiliado, el Dalai Lama.
Esa historia hace que el mero nombre de Tíbet despierte la censura china. La susceptibilidad de Pekín se hace especialmente evidente en momentos como este.
Se han publicado actualizaciones diarias sobre los desaparecidos y los fallecidos, y Pekín también ha estado publicando información actualizada sobre las operaciones de rescate, así como sobre los peligros que supone un lago de barrera que ha estado en riesgo de desbordarse.
El sábado, nuevas imágenes difundidas por los medios estatales chinos mostraron a equipos de rescate deambulando por un páramo de lodo y rocas mientras llamaban a gritos a cualquier persona atrapada.
Pero más allá de eso, hay pocos detalles. No existen testimonios de supervivientes en el Tíbet, y casi no hay grabaciones generadas por usuarios que muestren los momentos fatales o sus consecuencias.
Sin noticias de desaparecidos
Todavía no hemos tenido noticias de las angustiadas familias de los desaparecidos. Intentar contactar con la gente de allí es prácticamente imposible en circunstancias normales.
Como periodista que he cubierto la actualidad de Corea del Norte, a menudo me ha resultado más fácil contactar con personas para entrevistar en Pyongyang que en la capital tibetana, Lhasa.
El jueves por la noche, mientras los titulares mundiales se centraban en la devastación de un valle del Himalaya, la cadena estatal china abrió su noticiero principal con la presentación del nuevo libro de Xi, una selección de sus "obras más importantes y fundamentales".
Los periodistas extranjeros no pueden viajar al Tíbet sin permiso del gobierno. Tenemos apenas unas horas para recabar toda la información posible sobre noticias tan importantes como esta antes de que se censuren los videos y se silencien las voces.
En cambio, tenemos que depender de los medios estatales, que hasta ahora se han centrado en esfuerzos de rescate increíblemente dramáticos.
Equipos de búsqueda especializados escalaron montañas y acantilados, o cruzaron ríos caudalosos para intentar llegar a las zonas más afectadas. Aún no sabemos qué ocurrió después ni a quiénes pudieron salvar.
¿Le preocupa la situación a China?
Esto no quiere decir que a Pekín no le preocupe. Al contrario, les preocupa mucho.
El primer ministro chino, Li Qiang, fue enviado rápidamente a la región, donde se le vio inspeccionando la retirada de escombros; una visita poco común del segundo líder más importante del país tan poco tiempo después de un desastre de gran magnitud.
La razón de lo que el mundo podría interpretar como una respuesta tibia es preservar lo único que Xi anhela para su país: la estabilidad.
El Partido Comunista temerá que semejante desastre pueda avivar el descontento, ya sea por la respuesta o por la falta de previsión para evitarlo.
También puede temer el impacto de una tragedia como esta y su potencial para convertirse en un factor de unión, especialmente en una comunidad donde la fe ha desempeñado durante mucho tiempo un papel central.
Política y tragedia
Aunque la región no ha sido escenario de protestas en mucho tiempo, los grupos tibetanos en el extranjero han expresado su preocupación por el creciente control chino, como las nuevas leyes educativas que, según afirman, pretenden debilitar el papel de los monasterios y la fe budista.
Apenas unas horas después de que ocurriera el desastre, la maquinaria del Partido Comunista intentó movilizar a sus bases para sofocar cualquier señal de descontento con su gestión del deslizamiento de tierra.
La oficina local del partido emitió un comunicado instando a los miembros a que se volcaran en las labores de socorro en caso de desastre en su zona y a que proporcionaran orientación emocional o apoyo psicológico a los residentes afectados.
La instrucción clave les ordena "hacer todo lo posible por mantener el orden social y garantizar la estabilidad y la confianza pública en las zonas afectadas por el desastre". Quienes tengan un buen desempeño serán recompensados, y quienes no lo tengan "rendirán cuentas".
Se trata de una advertencia que no se tomará a la ligera. Según activistas de derechos humanos, los tibetanos de la región pueden ser detenidos o arrestados por hablar con periodistas o publicar en internet cualquier cosa que se considere contraria a la versión oficial del gobierno.
Esto dificulta que los tibetanos que viven fuera de la región averigüen qué les ha sucedido a sus familiares.
Piden información veraz
La Campaña Internacional por el Tíbet, si bien elogió la labor de los equipos de primera intervención en la zona, afirmó que Pekín había estado eliminando videos y otra información de primera mano de las redes sociales. Instó a las autoridades chinas a "divulgar información completa y verificable sobre los daños y las víctimas".
Para intentar comprender cómo es la vida de los tibetanos, la BBC viajó el año pasado a una ciudad situada al borde de la meseta del Himalaya, justo en las afueras de lo que China denomina la región autónoma del Tíbet.
Allí hablamos con los monjes del monasterio de Kirti en Aba, o Ngaba en tibetano, que en su día fue el epicentro de la resistencia contra Pekín. "A los tibetanos se nos niegan los derechos humanos básicos", nos dijo un monje.
Dijeron que vivían bajo vigilancia constante y afirmaron que el gobierno chino oprimía y perseguía a los tibetanos. Las conversaciones fueron breves porque no podíamos ser vistos hablando con nadie durante mucho tiempo.
Pekín niega estar violando los derechos de los tibetanos y destaca las importantes inversiones que ha realizado en la región para impulsar el turismo e integrarla con el resto del país.
Sin embargo, la gente en China no sabrá mucho sobre lo que está sucediendo en el Tíbet en este momento.
Bogotá, D. C, 30 de agosto 2026
*Corresponsal de la BBC en China.
Tomado de la BBC News Mundo
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los recursos serán destinados a las víctimas y a la recuperación de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto.
Por Luis Fernando García Forero. – Con la firma del Jefe de Estado y todo su gabinete, nació a la vida jurídica del país el “Decreto Madre” de la emergencia económica, social y ecológica, para que el “Gobierno Milagro” logre obtener más recursos que atiendan la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto.
La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender a las familias damnificadas, acelerar la reconstrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública como colegios y centros de salud.
El mandatario argumentó que la declaratoria de la emergencia es una decisión que responde a solucionar en gran parte a la magnitud de la emergencia por las dificultades que atraviesan las finanzas públicas del país. Destacó que el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal limitan la capacidad de respuesta del Estado mediante los mecanismos ordinarios.
“Colombia enfrenta una realidad fiscal difícil; actualmente, 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace diez años era una de cada seis”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la deuda bruta supera el 60 % del PIB.
Anunció una revisión del gasto público para identificar programas que no sean prioritarios y redireccionar recursos hacia la atención de la emergencia. Aseguró que estos ajustes no afectarán a las poblaciones más vulnerables.
“Bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados; la prioridad es garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir las regiones golpeadas por el terremoto”, manifestó.
El decreto contempla la creación del Fondo Milagro para administrar los recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas, con aportes nacionales e internacionales.
El decreto incluye medidas como la consolidación de acuerdos con el sector asegurador para acelerar tramites y pago de las pólizas de los afectados por el terremoto que deja hasta el momento 314 personas fallecidas.
Los damnificados tendrán hasta dos años para presentar sus solicitudes ante las compañías aseguradoras y desmintió versiones que señalaban un plazo de apenas dos días.
El jefe de Estado enfatizó que las viviendas de estratos 1, 2 y 3, así como las de interés social, tendrán atención prioritaria, aunque precisó que esto no excluirá a otros asegurados.
Aclaro el mandatario De la Espriella que cuando una vivienda o copropiedad tenga pólizas con diferentes compañías, serán las aseguradoras las encargadas de coordinar los procesos para evitar que los ciudadanos tengan que asumir trámites adicionales durante la emergencia.
El decreto deberá pasar ahora por la revisión de la Corte Constitucional, que será la encargada de determinar la legalidad y el alcance de esta declaratoria, y además, tendrá el control político desde el Congreso de la República.
Bogotá, D. C, 20 de agosto 2026.