Reportajes

Cuando termine la reforma, habrá que preguntar no solamente cuántas entidades quedaron o cuánto dinero se ahorró. Habrá que preguntar algo mucho más sencillo: ¿puede ahora el Estado hacer mejor su trabajo? 

Por Fabian Romero*- Se abre la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que propone reorganizar buena parte de la Administración Pública en Colombia y alcanzar un ahorro permanente equivalente al 2 % del PIB.

En medio de la presión fiscal, reducir costos puede ser necesario. Pero hay una pregunta anterior: ¿Cómo hacer más pequeño al Estado sin hacerlo menos capaz?                      

La oficina que desapareció                 

Hace algunos años habría sido relativamente sencillo explicar qué significaba cerrar una oficina o entidad pública. Se apagaban todas las luces, se trasladaban unos archivadores, se reasignaban algunos funcionarios y se colgaba un aviso indicando dónde continuarían prestándose los servicios. Hoy no.    

Imaginemos que mañana desaparece una entidad pública en Colombia. Además de una memoria institucional en la vida social, deja escritorios, archivos y archivadores, bases de datos, claves de acceso, sistemas de información, contratos, nominas, expedientes, conocimiento técnico, servidores públicos y contratistas, repositorios documentales y funcionarios públicos que saben por qué determinadas cosas funcionan como funcionan. La entidad puede desaparecer el día viernes, pero el lunes siguiente el ciudadano seguirá necesitando el servicio al que acudía. Esa diferencia es fundamental para entender el debate que Colombia comienza a dar sobre el tamaño del Estado.                           

Dos puntos del  PIB                                 

El proyecto de ley que está sobre la mesa propone entregar al Presidente facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la Administración Pública Nacional en 23 sectores. Entre otras cosas, permitiría crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir y liquidar entidades; trasladar funciones; modificar estructuras y ajustar plantas de personal. No se está hablando de una reforma menor.    

El proyecto de ley fija además como meta un ahorro permanente en funcionamiento equivalente al 2 % del PIB, que su exposición de motivos calcula en alrededor de $42 billones anuales, lo cual no debe ocurrir solamente a costa de la disminución del Estado, ya que la ineficiencia, el fraude, las defraudaciones, los altos costos de la deuda. La burocracia realmente el sexto costo en importancia que tiene el estado colombiano.                                                           

La discusión aparece en un contexto fiscal que requiere atención en el país. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal afirmó este 10 de septiembre que el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 evidencia la necesidad de implementar medidas estructurales de ajuste para reducir la vulnerabilidad fiscal y restablecer un ancla sostenible. Eso describe el problema fiscal; no significa que el CARF haya avalado esta fórmula concreta de reorganización administrativa.                               

Y precisamente ahí está la conversación interesante. El dilema no es simplemente Estado grande versus Estado pequeño. Es Estado costoso versus Estado capaz.

El organigrama engaña

Durante mucho tiempo imaginamos al Estado Colombiano como un edificio. Ministerios y Departamentos Administrativos arriba. Direcciones debajo. Subdirecciones, grupos, oficinas y unidades distribuidas hacia abajo. En esa representación, reducir el Estado parece sencillo: eliminamos algunas cajas. Pero el Estado del siglo XXI se parece cada vez menos a un edificio y más a una red.

Una entidad posee el dato. Otra tiene la competencia legal. Una tercera administra la plataforma. Otra ejecuta recursos. Una entidad territorial presta el servicio. Un sistema nacional verifica información. Un contratista mantiene parte de la tecnología.

La capacidad pública aparece cuando todas esas piezas de esta red funcionan coordinadamente. Por eso podemos eliminar una entidad sin eliminar una función. Y podemos fusionar dos entidades sin eliminar una duplicidad. Incluso, se podría reducir empleos y terminar contratando nuevamente el conocimiento perdido. El propio proyecto de Ley reconoce ese riesgo y dispone que los empleos suprimidos no puedan ser reemplazados mediante contratos de prestación de servicios para ejecutar las mismas funciones si se pretende contabilizar ese ahorro.

Podar no es talar

La mejor metáfora a utilizar quizá sea un árbol. Un árbol sano necesita poda. Hay ramas que se cruzan, otras consumen energía innecesariamente y algunas impiden que el conjunto crezca mejor. Pero ningún jardinero competente comienza diciendo: “necesito eliminar exactamente el 20 % de las ramas”. Primero estudia el árbol, porque una rama visible depende de raíces invisibles. En el Estado ocurre lo mismo.

Antes de eliminar una estructura habría que identificar qué función cumple, qué información administra, con qué entidades se relaciona, cuáles procesos soporta, qué sistemas tecnológicos utiliza, qué contratos mantiene y qué conocimiento institucional concentra.

Solamente entonces puede determinarse qué es realmente redundante. Ese ejercicio tiene un nombre menos atractivo que “recortar”: arquitectura institucional.

Ahorrar también puede costar

El proyecto de Ley contiene una previsión especialmente importante: ninguna reorganización puede interrumpir los servicios y cada decreto deberá establecer quién recibe las funciones, archivos, bases de datos, obligaciones y procesos en curso.

Esa obligación revela algo esencial. Una fusión mal hecha puede producir ahorros presupuestales y simultáneamente generar costos invisibles: pérdida de conocimiento, demoras, sistemas incompatibles, información fragmentada o servicios que deben reconstruirse después.

La pregunta correcta, entonces, no es solo cuánto cuesta una institución. Es también: ¿Qué capacidad perdería el Estado si desaparece y cuánto costaría reconstruirla?

El Estado después del viernes

Colombia probablemente tendrá que discutir seriamente su gasto público. También tendrá que discutir duplicidades y triplicidades, entidades, plantas, contratos y transferencias. Son debates distintos que no deberían reducirse a una consigna.

Pero esta discusión llega precisamente cuando el país habla simultáneamente de interoperabilidad, inteligencia artificial, analítica de datos, simplificación administrativa y transformación digital, esto mediante anuncios permanentes y normas como el decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026.

Ahí aparece la paradoja. Queremos un Estado más pequeño, pero también queremos un Estado Colombiano más inteligente. Eso solo será posible si aprendemos a distinguir estructura de capacidad. Reducir oficinas puede formar parte de una reorganización, reducir duplicidades también, pero la verdadera prueba llegará después.                                       

Cuando termine la reforma, habrá que preguntar no solamente cuántas entidades quedaron o cuánto dinero se ahorró. Habrá que preguntar algo mucho más sencillo: ¿puede ahora el Estado hacer mejor su trabajo?

Porque el objetivo no debería ser tener menos Estado por centímetro de organigrama. Debería ser conseguir más capacidad pública por cada peso que pagamos por él.

Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026

*Abogado, especialista en tecnología aplicada al Estado.

Se cumplen 25 años del ataque terrorista que conmocionó a la humanidad, cobró casi 3.000 vidas y transformó para siempre la seguridad de Nueva York, el corazón del capitalismo global.

Por Luis Fernando García Forero. - El 11 de septiembre de 2001, el mundo contempló en tiempo real uno de los episodios más oscuros e impactantes de la historia moderna:  cuatro aviones comerciales secuestrados por extremistas de Al Qaeda se convirtieron en armas de destrucción masiva, impactando contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Virginia y un campo abierto en Shanksville, Pensilvania.

En cuestión de minutos, el horizonte neoyorquino cambió para siempre y con él, la sensación de invulnerabilidad de la potencia más grande del planeta.

El saldo fatal de 2.977 víctimas mortales y miles de heridos dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Las imágenes del colapso de los rascacielos no solo paralizaron a la capital del capitalismo, sino que marcaron el inicio de una nueva era geopolítica definida por la "Guerra contra el Terrorismo", el endurecimiento de la inteligencia militar y la reconfiguración de los controles fronterizos y aeroportuarios a escala global.

Las secuelas del 11 de septiembre redefinieron las libertades civiles, la privacidad y la diplomacia internacional durante décadas, demostrando la vulnerabilidad de las sociedades abiertas frente a tácticas asimétricas de violencia.

El reto actual: ¿Cómo contener el terrorismo en el siglo XXI?

A pesar de las dos décadas transcurridas y de los colosales recursos invertidos en seguridad global, la amenaza terrorista no ha desaparecido; ha mutado. La contención efectiva del extremismo en la actualidad requiere una estrategia integral basada en tres pilares clave:

Cooperación e inteligencia cibernética: La detección temprana depende hoy de la interoperabilidad entre agencias internacionales y del monitoreo de redes digitales donde se recluta y financia el extremismo.

Neutralización de fuentes financieras: Asfixiar los flujos de dinero ilícito, criptomonedas y redes de lavado que alimentan a células radicales a nivel local e internacional.

Atención a las causas estructurales: Mitigar la inestabilidad política, la marginalidad social y la radicalización mediante el fortalecimiento institucional y el desarrollo socioeconómico en regiones vulnerables.

A un cuarto de siglo de la tragedia, la conmemoración del 11 de septiembre reafirma que la mejor defensa contra el terrorismo no reside únicamente en la fuerza militar, sino en la resiliencia democrática, la cooperación multinacional y el compromiso inquebrantable con los derechos humanos.

Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2026.

Desde una colina, víctimas de las inundaciones observan y toman fotos cómo sus hogares permanecen sumergidos en Nuwakot (Nepal), tras el desbordamiento de un lago glaciar en el Tíbet. 

Por Laura Bicker*. -Las impactantes imágenes eran prácticamente imposibles de ignorar. Un torrente de agua arrasaba el puerto de Gyirong, uno de los principales pasos fronterizos entre Nepal y el Tíbet, arrastrando todo a su paso mientras cientos de personas huían para salvar sus vidas.

Las escenas, captadas por cámaras de videovigilancia, se difundieron rápidamente en las redes sociales y en las pantallas de todo el mundo.

Excepto aquí, en China.

Hasta el momento, el principal noticiero estatal del país solo ha emitido una única imagen fija.

También ha sido difícil encontrar el video en la internet china, fuertemente censurada. Resulta igualmente complejo encontrar publicaciones que describan las inundaciones repentinas que se han cobrado cientos de vidas, y otras tantas siguen desaparecidas desde el miércoles.

Pekín ha puesto en marcha una operación de rescate masiva en la que participan cientos de trabajadores de emergencia, y que aún continúa. El presidente Xi Jinping presidió una reunión de emergencia con funcionarios para coordinar los esfuerzos.

Pero si comparamos el contenido de internet del país con lo que gran parte del mundo ha estado viendo en línea estos últimos días, el cortafuegos de China se hace más evidente que nunca.

Resistencia del Tibet

El Tíbet, que Pekín anexionó en la década de 1950, se había resistido durante mucho tiempo al dominio del Partido Comunista Chino.

China ha reprimido protestas a lo largo de los años, en ocasiones con violencia, y ha sido acusada de graves violaciones de derechos humanos en la región budista. Ha tildado de separatista al líder espiritual exiliado, el Dalai Lama.

Esa historia hace que el mero nombre de Tíbet despierte la censura china. La susceptibilidad de Pekín se hace especialmente evidente en momentos como este.

Se han publicado actualizaciones diarias sobre los desaparecidos y los fallecidos, y Pekín también ha estado publicando información actualizada sobre las operaciones de rescate, así como sobre los peligros que supone un lago de barrera que ha estado en riesgo de desbordarse.

El sábado, nuevas imágenes difundidas por los medios estatales chinos mostraron a equipos de rescate deambulando por un páramo de lodo y rocas mientras llamaban a gritos a cualquier persona atrapada.

Pero más allá de eso, hay pocos detalles. No existen testimonios de supervivientes en el Tíbet, y casi no hay grabaciones generadas por usuarios que muestren los momentos fatales o sus consecuencias.

Sin noticias de desaparecidos

Todavía no hemos tenido noticias de las angustiadas familias de los desaparecidos. Intentar contactar con la gente de allí es prácticamente imposible en circunstancias normales.

Como periodista que he cubierto la actualidad de Corea del Norte, a menudo me ha resultado más fácil contactar con personas para entrevistar en Pyongyang que en la capital tibetana, Lhasa.

El jueves por la noche, mientras los titulares mundiales se centraban en la devastación de un valle del Himalaya, la cadena estatal china abrió su noticiero principal con la presentación del nuevo libro de Xi, una selección de sus "obras más importantes y fundamentales".

Los periodistas extranjeros no pueden viajar al Tíbet sin permiso del gobierno. Tenemos apenas unas horas para recabar toda la información posible sobre noticias tan importantes como esta antes de que se censuren los videos y se silencien las voces.

En cambio, tenemos que depender de los medios estatales, que hasta ahora se han centrado en esfuerzos de rescate increíblemente dramáticos.

Equipos de búsqueda especializados escalaron montañas y acantilados, o cruzaron ríos caudalosos para intentar llegar a las zonas más afectadas. Aún no sabemos qué ocurrió después ni a quiénes pudieron salvar.

¿Le preocupa la situación a China?

Esto no quiere decir que a Pekín no le preocupe. Al contrario, les preocupa mucho.

El primer ministro chino, Li Qiang, fue enviado rápidamente a la región, donde se le vio inspeccionando la retirada de escombros; una visita poco común del segundo líder más importante del país tan poco tiempo después de un desastre de gran magnitud.

La razón de lo que el mundo podría interpretar como una respuesta tibia es preservar lo único que Xi anhela para su país: la estabilidad.

El Partido Comunista temerá que semejante desastre pueda avivar el descontento, ya sea por la respuesta o por la falta de previsión para evitarlo.

También puede temer el impacto de una tragedia como esta y su potencial para convertirse en un factor de unión, especialmente en una comunidad donde la fe ha desempeñado durante mucho tiempo un papel central.

Política y tragedia

Aunque la región no ha sido escenario de protestas en mucho tiempo, los grupos tibetanos en el extranjero han expresado su preocupación por el creciente control chino, como las nuevas leyes educativas que, según afirman, pretenden debilitar el papel de los monasterios y la fe budista.

Apenas unas horas después de que ocurriera el desastre, la maquinaria del Partido Comunista intentó movilizar a sus bases para sofocar cualquier señal de descontento con su gestión del deslizamiento de tierra.

La oficina local del partido emitió un comunicado instando a los miembros a que se volcaran en las labores de socorro en caso de desastre en su zona y a que proporcionaran orientación emocional o apoyo psicológico a los residentes afectados.

La instrucción clave les ordena "hacer todo lo posible por mantener el orden social y garantizar la estabilidad y la confianza pública en las zonas afectadas por el desastre". Quienes tengan un buen desempeño serán recompensados, y quienes no lo tengan "rendirán cuentas".

Se trata de una advertencia que no se tomará a la ligera. Según activistas de derechos humanos, los tibetanos de la región pueden ser detenidos o arrestados por hablar con periodistas o publicar en internet cualquier cosa que se considere contraria a la versión oficial del gobierno.

Esto dificulta que los tibetanos que viven fuera de la región averigüen qué les ha sucedido a sus familiares.

Piden información veraz

La Campaña Internacional por el Tíbet, si bien elogió la labor de los equipos de primera intervención en la zona, afirmó que Pekín había estado eliminando videos y otra información de primera mano de las redes sociales. Instó a las autoridades chinas a "divulgar información completa y verificable sobre los daños y las víctimas".

Para intentar comprender cómo es la vida de los tibetanos, la BBC viajó el año pasado a una ciudad situada al borde de la meseta del Himalaya, justo en las afueras de lo que China denomina la región autónoma del Tíbet.

Allí hablamos con los monjes del monasterio de Kirti en Aba, o Ngaba en tibetano, que en su día fue el epicentro de la resistencia contra Pekín. "A los tibetanos se nos niegan los derechos humanos básicos", nos dijo un monje.

Dijeron que vivían bajo vigilancia constante y afirmaron que el gobierno chino oprimía y perseguía a los tibetanos. Las conversaciones fueron breves porque no podíamos ser vistos hablando con nadie durante mucho tiempo.

Pekín niega estar violando los derechos de los tibetanos y destaca las importantes inversiones que ha realizado en la región para impulsar el turismo e integrarla con el resto del país.

Sin embargo, la gente en China no sabrá mucho sobre lo que está sucediendo en el Tíbet en este momento.

Bogotá, D. C, 30 de agosto 2026

*Corresponsal de la BBC en China.

Tomado de la BBC News Mundo

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los recursos serán destinados a las víctimas y a la recuperación de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto.

Por Luis Fernando García Forero. – Con la firma del Jefe de Estado y todo su gabinete, nació a la vida jurídica del país el “Decreto Madre” de la emergencia económica, social y ecológica, para que el “Gobierno Milagro” logre obtener más recursos que atiendan la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto.

La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender a las familias damnificadas, acelerar la reconstrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública como colegios y centros de salud.

El mandatario argumentó que la declaratoria de la emergencia es una decisión que responde a solucionar en gran parte a la magnitud de la emergencia por las dificultades que atraviesan las finanzas públicas del país. Destacó que el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal limitan la capacidad de respuesta del Estado mediante los mecanismos ordinarios.

“Colombia enfrenta una realidad fiscal difícil; actualmente, 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace diez años era una de cada seis”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la deuda bruta supera el 60 % del PIB.

Anunció una revisión del gasto público para identificar programas que no sean prioritarios y redireccionar recursos hacia la atención de la emergencia. Aseguró que estos ajustes no afectarán a las poblaciones más vulnerables.

“Bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados; la prioridad es garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir las regiones golpeadas por el terremoto”, manifestó.

El decreto contempla la creación del Fondo Milagro para administrar los recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas, con aportes nacionales e internacionales.

El decreto incluye medidas como la consolidación de acuerdos con el sector asegurador para acelerar tramites y pago de las pólizas de los afectados por el terremoto que deja hasta el momento 314 personas fallecidas.

Los damnificados tendrán hasta dos años para presentar sus solicitudes ante las compañías aseguradoras y desmintió versiones que señalaban un plazo de apenas dos días.

El jefe de Estado enfatizó que las viviendas de estratos 1, 2 y 3, así como las de interés social, tendrán atención prioritaria, aunque precisó que esto no excluirá a otros asegurados.

Aclaro el mandatario De la Espriella que cuando una vivienda o copropiedad tenga pólizas con diferentes compañías, serán las aseguradoras las encargadas de coordinar los procesos para evitar que los ciudadanos tengan que asumir trámites adicionales durante la emergencia.

El decreto deberá pasar ahora por la revisión de la Corte Constitucional, que será la encargada de determinar la legalidad y el alcance de esta declaratoria, y además, tendrá el control político desde el Congreso de la República.

Bogotá, D. C, 20 de agosto 2026.

El entonces congresista y aspirante presidencial fue víctima de un atentado criminal, en Bogotá.

Este martes, 11 de agosto del 2026, se cumplió un año del fallecimiento del senador y aspirante a la Presidencia de la República Miguel Uribe Turbay, integrante del Centro Democrático, cuya muerte produjo numerosas manifestaciones de rechazo a la violencia y solidaridad en el país.

El congresista falleció en Bogotá el 11 de agosto de 2025, después de permanecer durante más de dos meses bajo atención médica por las graves heridas que sufrió en un atentado.

El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto político en el occidente de Bogotá. Durante su intervención ante un grupo de ciudadanos, el senador fue atacado con arma de fuego y sufrió graves heridas, por lo que inicialmente fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Fontibón y posteriormente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.

La muerte del congresista, quien para ese momento adelantaba su aspiración presidencial con miras a las elecciones de 2026, generó rechazo entre diferentes sectores políticos y sociales y volvió a poner en el centro del debate nacional la necesidad de proteger la vida, garantizar el ejercicio de la actividad política y evitar que la violencia se convierta nuevamente en un instrumento para silenciar las diferencias democráticas.

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986. Abogado de profesión, desarrolló buena parte de su trayectoria pública en la capital del país. Fue concejal de Bogotá, llegó a presidir el Concejo Distrital y posteriormente se desempeñó como secretario de Gobierno de la ciudad. En 2019 aspiró a la Alcaldía de Bogotá y años después dio el salto a la política nacional.

En las elecciones legislativas de 2022 fue elegido Senador de la República por el Partido Centro Democrático, colectividad de la que fue cabeza de lista, y obtuvo la mayor votación individual al Senado en esos comicios.

Durante su paso por el Congreso integró la Comisión Tercera Constitucional Permanente y participó activamente en debates legislativos y de control político relacionados, entre otros asuntos, con la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y temas económicos y presupuestales.

Su historia personal también estuvo marcada desde muy joven por la violencia que ha golpeado a Colombia. Era hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió en 1991 después de haber sido secuestrada por el grupo de narcotraficantes conocido como ‘Los Extraditables’.

Miguel Uribe Turbay tenía cinco años cuando perdió a su madre, un episodio que hizo parte de su historia familiar y que posteriormente evocó durante diferentes momentos de su vida pública.

Tras el fallecimiento del congresista y aspirante presidencial, el Congreso de la República rindió diferentes homenajes a su memoria. En junio de 2026, durante una sesión plenaria del Senado, le fue conferida de manera póstuma la Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Gran Cruz con Placa de Oro, la máxima distinción otorgada por el Poder Legislativo. La condecoración fue recibida por su esposa, María Claudia Tarazona, como reconocimiento a su trayectoria pública, su compromiso con la democracia y su servicio al país.

Y en el Congreso en pleno en el que Abelardo de la Espriella se posesionó como nuevo mandatario de los colombianos, el Presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, hizo una mención de su nombre que provocó una cerrada ovación de los presentes en el acto.

Familia y amigos se reunieron en una Eucaristía, en la Catedral Primada de Colombia, para evocar su memoria, ceremonia a la que asistió el Presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, y varios dirigentes del Partido Centro Democrático.

Un año después de su muerte, el Senado de la República recuerda a quien ocupó una curul en esta corporación y cuya trayectoria transitó desde la política distrital hasta el escenario nacional.

Bogotá, D. C, agosto 11 de 2026

Fuente: Oficina de Información y Prensa de Senado de la República.

Con un 40% de caras nuevas, el Senado de la República inicia una transformación histórica. La nueva legislatura, que se instalará el 20 de julio, estará marcada por la pluralidad, un mayor liderazgo femenino y el ingreso de perfiles diversos provenientes de la veeduría ciudadana y el activismo.

Por: Catalina Silva. - El próximo 20 de julio, el Senado de la República vivirá una jornada de renovación sin precedentes. Tras los resultados de los comicios del pasado 8 de marzo, el recinto abrirá sus puertas a 42 senadores nuevos, quienes asumen el reto de legislar para el periodo 2026-2030 en un Congreso caracterizado por una marcada diversidad y la ausencia de mayorías absolutas.

Pluralidad y equilibrio de fuerzas

La composición del nuevo Senado refleja un escenario político fragmentado que demandará una intensa capacidad de diálogo y concertación. Las 103 curules quedaron distribuidas de la siguiente manera:

▪ Pacto Histórico: 25 curules

▪ Centro Democrático: 17 curules

▪ Partido Liberal Colombiano: 13 curules

▪ Alianza por Colombia: 10 curules

▪ Partido Conservador Colombiano: 10 curules

▪ Partido de la Unión por la Gente (La U): 9 curules

▪ Coalición Cambio Radical – ALMA: 7 curules

▪ ¡Ahora Colombia!: 5 curules

▪ Movimiento Salvación Nacional: 4 curules

▪ Curules especiales indígenas (MAIS y AICO): 2 curules

▪ Estatuto de Oposición: 1 curul

Este mapa político garantiza que ningún bloque tenga el control absoluto, convirtiendo la negociación y los acuerdos programáticos en el eje fundamental para el trámite de las reformas venideras.

Protagonismo femenino y representación regional

Uno de los hitos de esta legislatura es el avance en la participación política de las mujeres, que alcanza cerca del 30 % del total de las curules. En particular, el Pacto Histórico ha sido referente en este aspecto, integrando a 13 senadoras en sus filas mediante la aplicación de listas cremallera, lo que reafirma su compromiso con la paridad.

En términos de distribución geográfica, el Caribe reafirma su peso político al concentrar 35 de los 103 senadores (34 %). Le siguen, con una representación equilibrada, Antioquia y el Eje Cafetero (16), el interior del país (16), la región del Pacífico y Bogotá (12 cada uno), y el departamento de Santander (11).

Voces frescas para una nueva agenda

El ingreso de estos 42 legisladores primerizos no solo responde a una renovación numérica, sino también a un cambio en los perfiles. La ciudadanía verá llegar al Capitolio a activistas, veedores de contratación pública y comunicadores digitales, como Carolina Corcho y Enrique Gómez Martínez, quienes han construido una trayectoria pública basada en la conexión directa con las problemáticas sociales y el escrutinio ciudadano.

Con esta nueva generación de legisladores, el Congreso se prepara para iniciar funciones el 20 de julio, con el propósito de fortalecer la representatividad institucional y responder a las expectativas de un país que ha demandado un relevo generacional y mayores estándares de transparencia en la gestión pública.

Bogotá, D. C, 2 de julio 2026

Fuentes: Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral (resultados oficiales consolidados).

Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia.

Por Luis Fernando García Forero. - Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas este 31 de mayo en una de las elecciones más polarizadas de las últimas décadas. La continuidad o el cambio del rumbo político del país, la estabilidad institucional y la confianza en la democracia estarán en juego en una jornada para la cual la organización electoral ya tiene dispuesto un amplio operativo logístico, de seguridad y vigilancia.

Colombia llegó a la cuenta regresiva final. Este 31 de mayo los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, en una jornada electoral que no solo definirá el próximo gobierno, sino que marcará el rumbo político, económico y social de la Nación durante los próximos cuatro años.

La organización electoral tiene listo un robusto dispositivo para garantizar el desarrollo de las elecciones. De acuerdo con la Registraduría Nacional, más de 41 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, mientras que fueron instaladas cerca de 122.000 mesas de votación distribuidas en más de 13.700 puestos electorales en todo el territorio nacional y en el exterior. Asimismo, más de 850.000 jurados de votación fueron designados para atender el proceso electoral y asegurar la transparencia de los comicios. 

A ello se suma la presencia de testigos electorales acreditados por los diferentes partidos y movimientos políticos, así como el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de observación electoral, encargados de verificar las garantías democráticas durante toda la jornada. Desde el Gobierno Nacional también se anunciaron medidas especiales para garantizar el orden público y la seguridad de los votantes. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegarán operativos en los principales centros urbanos y zonas estratégicas del país con el propósito de proteger el proceso electoral y asegurar que los ciudadanos puedan acudir libremente a las urnas.

Elección marcada por la polarización

La campaña presidencial llega a su desenlace en medio de una profunda polarización ideológica que divide al electorado entre quienes respaldan la continuidad de las transformaciones impulsadas por el actual gobierno y quienes reclaman un viraje en el modelo político y económico del país.

Las encuestas y los análisis políticos coinciden en señalar como principales protagonistas de la contienda a Iván Cepeda, figura del progresismo y representante de la continuidad de las reformas promovidas desde la izquierda; Paloma Valencia, principal carta del uribismo y de los sectores conservadores; y Abelardo de la Espriella, quien ha capitalizado un discurso de mano dura y confrontación frente al establecimiento político tradicional.

La expectativa se concentra ahora en determinar si alguno de los candidatos logra obtener más del 50 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta o si el país deberá acudir a una segunda ronda electoral para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

La democracia colombiana frente a una nueva prueba

Más allá de los nombres y las campañas, estas elecciones representan una nueva prueba para la institucionalidad democrática colombiana.

En una región donde varios países han enfrentado crisis institucionales, cuestionamientos a los procesos electorales y debilitamiento de los contrapesos democráticos, Colombia continúa consolidando una tradición electoral que ha permitido la alternancia política, el respeto por las reglas constitucionales y la participación ciudadana.

Precisamente por ello, analistas consideran que la elección presidencial de este 31 de mayo será observada con atención dentro y fuera del país. Lo que está en juego no es únicamente la definición del próximo jefe de Estado, sino la capacidad de la democracia colombiana para canalizar las diferencias políticas mediante el voto y no mediante la confrontación.

Fortalecer legitimidad del Estado

La alta participación ciudadana que se espera para esta jornada será determinante para fortalecer la legitimidad del resultado electoral y enviar un mensaje de confianza en las instituciones.

Mientras el país entra en las últimas horas de campaña, Colombia se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia republicana. Las urnas hablarán y será la voluntad popular la que defina el rumbo de una de las democracias más sólidas y resilientes de América Latina.

La suerte está echada

Los siguientes son los candidatos con sus respectivas fórmulas a la vicepresidencia:

El senador Iván Cepeda, una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana, compite acompañado por la lideresa indígena Aída Quilcué. Cepeda ha construido su carrera política alrededor de la defensa de los derechos humanos, el proceso de paz y la memoria histórica.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza una de las candidaturas más visibles del sector de derecha. Su fórmula vicepresidencial es el economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá.

El abogado penalista Abelardo de la Espriella aspira a la Presidencia acompañado por el economista José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y también ministro de Comercio en el gobierno de Iván Duque.

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo vuelve a aspirar a la Presidencia con una candidatura que busca consolidar el espacio político de centro. Su fórmula vicepresidencial es Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá y académica con amplia experiencia en políticas educativas.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidió presentarse a la contienda presidencial con una candidatura que busca consolidarse en el centro político. Como fórmula vicepresidencial eligió al académico y consultor en políticas públicas Leonardo Huerta, quien ha trabajado en temas de gobernanza, desarrollo territorial y gestión pública.

La campaña plantea una agenda enfocada en transparencia institucional, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones democráticas. 

El exministro TIC y excongresista Mauricio Lizcano lo acompaña como fórmula vicepresidencial Luis Carlos Reyes, quien se desempeñó como director de la Dian. Reyes adquirió notoriedad por su papel en la reforma tributaria y por su trabajo en temas de fiscalización y política tributaria.

Miguel Uribe Londoño, acompañado por Luisa Fernanda Villegas como fórmula vicepresidencial. Su campaña se ha enfocado en temas como seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La presencia de Villegas en la fórmula busca reforzar la proyección política de la candidatura y ampliar su alcance dentro de distintos sectores del electorado. 

El exsenador Roy Barreras participa en la contienda presidencial acompañado por la jurista Martha Lucía Zamora. Barreras ha sido una figura influyente en la política colombiana durante más de dos décadas, ocupando cargos en el Congreso y participando activamente en debates legislativos clave. Fue un gran protagonista y colaborador en el proceso de paz del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos donde se logró la firma del fin del conflicto del estado colombiano con las extintas Farc.

La abogada Sondra Macollins participa en la contienda presidencial con una candidatura que se presenta como alternativa independiente dentro del panorama electoral colombiano. Macollins ha construido su discurso alrededor de la necesidad de renovación institucional, lucha contra la corrupción y reformas al sistema político.

Su fórmula vicepresidencial es Leonardo Karam Helo, empresario y dirigente con experiencia en el sector privado y en iniciativas sociales. La dupla busca proyectar una imagen de cambio frente a los partidos tradicionales y atraer votantes inconformes con el establecimiento político.

Amable lector usted tiene la palabra y la oportunidad de votar eligiendo bien y libremente. ¡Colombia se lo merece!

¡Que viva la democracia!

Mientras el presidente del Senado Lidio García Turbay ‘insiste’ a la bancada del Pacto Histórico no retirarse de la plenaria y votar, de una u otra manera, el proyecto del bono escolar, el Gobierno, a través de un mensaje, ‘insiste’ incluir como primer punto del orden del día el proyecto de jurisdicción agraria.

Por Luis Fernando García Forero. - La palabra “insistencia” se convirtió en protagonista de la agenda legislativa en la plenaria de Senado. Desde distintos frentes políticos, tanto el Gobierno Nacional como sectores del Congreso, han acudido al verbo ‘insistir’ para tratar de destrabar iniciativas que, avanzan en el debate público, pero no en su trámite en el Congreso.   

Dos proyectos concentran a la fecha esa tensión política y procedimental: el denominado bono escolar, impulsado por congresistas de la oposición y sectores independientes, entre ellos la senadora Paloma Valencia, quien es autora de la iniciativa entre otros, y el proyecto de jurisdicción agraria, presentada por el Gobierno Nacional que ya está incluida en el orden del día como primer punto, en la próxima sesión plenaria.

En ambos casos, la palabra ‘insistencia’ adquiere dimensiones distintas, pero con un mismo efecto: mantener vivos proyectos que no logran avanzar en el escenario legislativo.

Bono escolar y la insistencia de Senado

El proyecto del bono escolar busca establecer mecanismos para ampliar alternativas educativas mediante subsidios o bonos dirigidos a estudiantes y familias. Sin embargo, la iniciativa no ha logrado superar el punto de discusión y votación, ya en tres plenarias de la corporación.      

La razón principal: falta de quorum decisorio. Según lo expuesto durante varias sesiones, la bancada del Pacto Histórico anunció no votarlo porque consideran que “se sigue privatizando la educación”, como lo afirmó la senadora María José Pizarro. En ese sentido insisten en que siempre se retirarán del recinto cuando se abra la votación de dicha iniciativa. Eso ha impedido que se configure el número necesario de congresistas para tomar decisiones, respecto a dicha propuesta.

La situación ha llevado al presidente del Senado, Lidio García Turbay, a ‘insistir’ públicamente en la necesidad que los senadores permanezcan en el recinto y participen de la votación. El llamado se ha repetido por parte de la mesa directiva de la corporación, en al menos tres sesiones plenarias, pero hasta el momento no se concreta su discusión y votación definitiva.

Desde distintos sectores del Congreso se ha advertido que el estancamiento del proyecto del bono escolar refleja las profundas diferencias ideológicas sobre el modelo educativo y sobre el uso de recursos públicos en alternativas distintas a la educación estatal tradicional.

Insistencia gubernamental con jurisdicción agraria

Mientras tanto, el Gobierno Nacional también apeló a la figura constitucional y legal de ‘insistencia’, para acelerar el trámite del proyecto de jurisdicción agraria, es decir, debe estar como prioridad en el orden del día de la plenaria para segundo debate, ya que fue aprobado por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en primera instancia, porque también cuenta con mensaje de urgencia.

El mensaje de insistencia del Gobierno fue acatado por el Congreso, toda vez que ya se inició la discusión y votación en la plenaria de Cámara y en el Senado ya la mesa directiva lo incluyó como primer punto del orden del día en la agenda de discusión y votación de proyectos en segundo debate en la plenaria convocada para el próximo martes 12 de mayo.

Dos ‘insistencias’ en un mismo escenario político

Aunque nacen de intereses distintos, los dos proyectos reflejan el pulso político que actualmente está presente en la agenda legislativa de Senado: de un lado, la oposición insistiendo en que se vote una iniciativa que considera clave para la libertad de la educación, por el otro, el Gobierno reclamando prioridad para una reforma estructural en materia agraria y que forma parte de temas acordados en el fin del conflicto con las extintas Farc.

En ambos casos, la discusión supera el simple trámite legislativo y se convierte en una señal del momento político que vive el Congreso, es decir: debates polarizados, dificultades para consolidar mayorías, así como estrategias que terminan retardando decisiones esperadas por distintos sectores del país.

Así, la ‘insistencia’ dejó de ser únicamente una figura constitucional y legalmente procedimental, para convertirse en el verbo que mejor describe la relación actual entre el Gobierno y el Senado, mientras dos proyectos de alto contenido político continúan atrapados en la agenda de la plenaria de la corporación bajo la mirada y atención de la opinión pública nacional.    

Bogotá, D. C, 10 de mayo 2026. 

Fuente Oficina de Prensa Senado de Colombia.     

Legisladores y víctimas se unieron en el Salón Elíptico para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

Por: Catalina Silva. Con el encendido de la llama del recuerdo y un minuto de silencio, el Pleno del Congreso de la República celebró este 9 de abril la sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

El acto, cargado de simbolismo, buscó poner en el centro de la agenda nacional a quienes han sufrido las consecuencias directas de la violencia.

El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, dio apertura a la jornada con un mensaje contundente: “Hablar hoy no es un acto protocolario, es un acto moral; porque este día no le pertenece al Estado, le pertenece a quienes han cargado el peso más duro de nuestra historia”, señaló.

El llamado de las regiones: Más que fuerza pública

Durante la sesión, los coordinadores de las Comisiones Accidentales de Seguimiento a la Ley de Víctimas de Senado y Cámara, coincidieron que la reparación integral debe ir más allá de la presencia militar.

Las víctimas enfatizaron la necesidad urgente de: Presencia institucional integral, Proyectos productivos y Cumplimiento de acuerdos.

Por su parte, el senador Antonio Correa, en representación de la Comisión de Paz, destacó el papel de esta célula legislativa en el control político sobre la crisis humanitaria y la seguridad en las regiones rurales.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección del video “Memoria que Une”, que resumió los 19 años de trayectoria de la Comisión de Paz en su tránsito hacia convertirse en Comisión Legal.

Este año el Senado conmemoró esta fecha como una víctima más tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en medio de un ataque armado. Durante la sesión su familia y su viuda, María Claudia Tarazona acompañaron este día nacional de las víctimas.  

La nostalgia se apoderó del recinto con los testimonios de las víctimas presentes, quienes recordaron los vacíos dejados por la violencia y alzaron su voz por quienes ya no están y por quienes aún están en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.

En un momento de profunda sensibilidad, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico), con la voz quebrada, reivindicó su condición de víctima y honró la memoria de sus compañeros de la Unión Patriótica (UP), reviviendo capítulos dolorosos de la historia nacional.

Mensaje de unidad

El cierre de la sesión dejó un mensaje unánime que resonó entre congresistas y ciudadanos: Colombia merece vivir sin miedo. Con esta jornada, el Congreso de la República reafirma su compromiso de legislar no solo para la reparación, sino para la construcción de una paz estable que dignifique la memoria de millones de familias colombianas.

Bogotá D. C, 9 de abril de 2026

Por: Luis Fernando García Forero. - El gerente de la imponente e importante planta de refinación de hidrocarburos en el puerto petrolero, Milton Manuel Lara Torres, destacó la historia de los 104 años de creación de esa infraestructura industrial y petrolera del Magdalena Medio Santandereano y fue vehemente en señalar que la refinería, no solo ha estado a la altura de las necesidades y la seguridad energética de Colombia, sino también agradecidos con la ciudad de Barrancabermeja.

“No solamente es la ciudad con nosotros, sino nosotros con la ciudad. Ese es el significado real de la ‘Refinería de Puertas Abiertas’ que hemos implementado porque hoy la refinería se consolida como la más grande y con más generación de valor en el país”, le dijo Lara Torres a los periodistas a quienes recibió en este complejo arquitectónico industrial en sus 104 años de existencia. 

Enfatizó el Gerente que en todo ese tiempo se refleja una “historia que nace pequeña, pero que ha venido creciendo en la medida que el país nos ha necesitado”. 

Según las cifras, la refinería tiene capacidad para 250 mil barriles de crudo, 205 mil barriles de gasolina, 95 mil barriles en diésel, 23 mil barriles de GET 1A (combustible para aviones) y 12 mil barriles de asfalto. 

El gerente Lara Torres anunció que la refinería tendrá larga vida porque “estamos avanzando y progresando adecuadamente con el proyecto de línea base de calidad de los combustibles, no solo cumpliendo una norma ambiental, sino que con este proyecto se impulsará la región, será una nueva infraestructura transicional de combustibles limpios que beneficiará a la región. Ya lo estamos haciendo de esa manera”. 

Dijo que adicionalmente se tiene un programa de reducción de emisiones de CO2 en toda la refinería, dando resultados extraordinarios. “Nuestra fortaleza la estamos concentrando también en la petroquímica. Ese CO2 que normalmente va al ambiente está siendo capturado en un sólido y ese sólido es el plástico petroquímico que estamos produciendo”. 

El gerente de la refinería, Milton Lara Torres, no dejó por fuera el río Magdalena, afluente que ha sido testigo toda una vida del desarrollo de esa importante infraestructura industrial de hidrocarburos y corazón del desarrollo económico de Colombia: “Si bien es cierto estamos en una operación donde generamos combustible, también es cierto que nuestro compromiso con el medio ambiente es muy claro: la defensa del ecosistema y de la naturaleza, aún más con nuestro río Magdalena”.

Barrancabermeja, distrito especial, portuario, industrial, turístico y biodiverso; 20 de febrero 2026.