Opinión
Por Fabio Cifuentes*.- Uno de los temas más críticos del país es el hacinamiento carcelario, pero nadie soluciona nada. Creo que llegó la hora de actuar, saquen los presos a la calle y póngalos a trabajar.
Se estima que en Colombia hay más de 180 mil personas privadas de la libertad, de las cuales, algo más de 120 mil están en las cárceles y los demás en detención domiciliaria y con vigilancia electrónica.
Como es lógico se les tiene que garantizar alimentación, salud, vigilancia e infraestructura, como mínimo.
Para sostener estos reclusos, con cierta calidad de vida, se necesitan cifras millonarias que salen del bolsillo de los colombianos, sin mayores beneficios a cambio, ya que no se resocializan y en muchos casos salen a seguir delinquiendo.
Pero esto es de sentido común ¿Qué puede hacer un recluso desocupado en medio de una cantidad de personas donde predomina la ley del más fuerte? La respuesta es obvia, maquinar como sobrevivir y prepararse para salir a seguir delinquiendo.
Este es un diagnóstico que hace cualquier colombiano, sin necesidad de contratar estudios y de hacer análisis sobre el comportamiento y conducta de reclusos. Se repite a toda hora, las cárceles en Colombia son unas verdaderas “universidades” del crimen.
La pregunta es ¿Qué hacer para resocializar a los presos y que se vuelvan personas productivas para la sociedad? En mi opinión, hay que ponerlos a trabajar, que se sientan útiles para la sociedad. Todos merecen una segunda oportunidad y se la tenemos que brindar.
Las cárceles tienen que ser autosuficientes, por decirlo de alguna manera, los presos deberían trabajar para que se les garantice, techo, alimentación, salud y educación.
El gobierno tiene que emprender una acción revolucionaria en el manejo carcelario y en lugar de construir solo celdas, se construyan granjas agropecuarias, talleres para diferentes oficios, prepararlos y sacarlos a la calle a producir.
El Sena debería ser la entidad encargada de capacitar a todos los reclusos de país, para que haya una mano de obra calificada y sus productos sean de calidad.
En las granjas agrícolas mínimo deberían garantizar los alimentos para todos los presos del país y los demás reclusos generar recursos para salud, alojamiento y educación.
Hay tanto por hacer, como construir vías, viviendas, acueductos, alcantarillados, colegios, hospitales, limpieza de ríos y playas, y muchas cosas más en las que se podrían ocupar.
Para garantizar el empleo de los reclusos se podría incentivar tributariamente o priorizar en los procesos de contratación a las empresas que les brinden oportunidades laborales, claro, con sus respectivas medidas de seguridad.
Muchos ya estarán diciendo: ¿y de dónde va salir la plata?, ¿quién y cómo los van a vigilar?, se van a convertir en un peligro para sociedad y le van a quitar el empleo a los ciudadanos que jamás han cometido un delito.
Pues llegó la hora de arriesgarnos y tomar decisiones de fondo. Hagamos de los presos personas productivas para la sociedad, que comiencen a trabajar.
Iniciar este proyecto sería la mejor inversión para el país. Un país con menos delincuencia y más seguro, dispararía automáticamente la inversión nacional e internacional en todos los sectores y esto se traduciría en mayor crecimiento económico y generación de empleo.
La inseguridad ciudadana y la violencia no nos dejan crecer. Dejemos de repetir esa frase de cajón: “Con todas las riquezas que Colombia tiene deberíamos ser una potencia”, pues no la repitamos más y hagámosla realidad. Venzamos el miedo a los cambios y actuemos.
Un recluso con oportunidades y que se sienta útil para la sociedad creo que lo pensaría dos veces para volver a delinquir.
La idea es que las cárceles se conviertan en fábricas de sueños, que los presos se sientan importantes para la sociedad y tomen la decisión de cambiar para ayudar a construir una Colombia mejor.
Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2020.
*Asesor en Estrategia de Comunicaciones. Se ha desempeñado como subsecretario de prensa de la Presidencia de la República, jefe de prensa de la Campaña Presidencial Juan Manuel Santos y Periodista Caracol Radio.
Por: Guillermo García Realpe*.-Una situación sin precedentes se vivió en la última semana entre el gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas, dos son las razones de éste desencuentro, por un lado, la Alta Consejera para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, presentó recientemente su último informe anual sobre Colombia y el segundo hecho, el que levantó más ampolla, el presentado por Michel Forst, relator para los Derechos Humanos del organismo internacional, donde el país queda mal parado en materia de seguridad nacional y por supuesto todo el gobierno en su conjunto.
Estos dos informes generaron todo tipo de reacciones, desde las más extremas lanzadas por una orilla ideológica del partido de gobierno que pidió el cierre de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, por considerar una intromisión en los asuntos nacionales, otros manifiestan que el organismo no comparo, ni pidió estadísticas al gobierno para tener una base de apoyo y contrastar cifras, otros por supuesto señalan a la ONU como una entidad sesgada, parcializada y que no da garantías, desde la Cancillería por ejemplo, se dijo que el informe fue desbalanceado, incompleto, ilimitado y superficial; otros que es una guarida politiquera con sesgo ideológico pasional, injerencia indebida en la soberanía nacional y demás. Todas estas afirmaciones, son descabelladas y desproporcionadas, hicieron literalmente que muchos dentro de la colectividad de gobierno entraran en “shock” colectivo.
Todos sabemos que lo que señalan desde diversos frentes los aliados del gobierno no es así, las Naciones Unidas siempre se ha caracterizado por ser un organismo serio, respetable, con presencia en la mayoría de países del mundo, y además un socio incondicional de Colombia, pues no es la primera vez que presentan estos informes.
Ahora, hay que aclarar a la opinión pública nacional que aquí no hay ninguna intromisión en temas nacionales, simplemente están haciendo una serie de recomendaciones de los estándares internacionales a los cuales se ha acogido Colombia desde 1997 por lo menos en materia de Derechos Humanos.
Lo que señala la ONU en sus informes son verdades plenas, la seguridad sí se ha deteriorado y efectivamente los rangos, entre el 2018 y el 2019 se aumenta en 56% el asesinato a líderes indígenas en el Cauca por ejemplo. Definitivamente los defensores de derechos humanos, los líderes de restitución y los ambientalistas, por su puesto los líderes sociales están en una situación muy complicada y en Colombia prácticamente se está haciendo costumbre amenazar y ejecutar a muchos líderes sociales incluyendo desmovilizados en proceso de paz, pero hay que abonarle al gobierno algunas cosas, como que está haciendo tareas de fortalecer esos comités de los defensores de Derechos Humanos, pero con una debilidad, que son más cargados de anuncios que de resultados.
Lo que señala los informes de la ONU son temas profundamente graves, el organismo internacional adelantó 1151 misiones a lo largo y ancho del territorio nacional para verificar las condiciones en terreno, eso arrojo que tan sólo el año pasado hubo 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, una cifra alarmante que desde el 2014 no se presentaba. Asimismo se presentaron en ese mismo año 108 asesinatos de defensores de derechos humanos. ¡Terrible!
La ONU también señala que tan sólo el 11% de los asesinatos de líderes sociales han sido esclarecidos, mientras tanto el Gobierno Nacional alega que es del 50%, la revictimización también se ha disparado sobre todo en mujeres lideresas.
Ahora bien, el informe de 24 páginas también incluye recomendaciones para que haya una profunda transformación del ESMAD y evitar malos procedimientos que conlleven a nuevas muertes como las sucedidas con el joven universitario Dilan Cruz, asesinado durante las movilizaciones de noviembre pasado. También alerta sobre lo sucedido con el caso del asesinato del reinsertado de las FARC Dimar Torres ocurrido en Norte de Santander a manos de un militar.
La violencia creciente en los territorios, también fue dada a conocer por la ONU y esa situación de recrudecimiento de la guerra en las regiones, sobre todo en las más apartadas se debe a la no implementación a fondo del proceso de paz. La impunidad que sigue reinando, el modelo de los PDET que no avanza como se debe, en fin, en ese último informe sobre derechos humanos, Colombia se raja de principio a fin y el gobierno, en vez de ser conciliador y facilitar el trabajo del organismo multilateral, asume una posición radical y grosera que deja mucho que decir.
Esa es la ambigüedad del gobierno que es prisionero de los sectores más radicales de su partido, a ellos no les gusta la JEP, no les gusta las Cortes, ahora no les gusta la ONU y al paso que vamos no les va a gustar nada, y eso es peligroso para nuestra democracia, para las instituciones legítimamente constituidas y por supuesto para el país. Ojalá hagan retiros espirituales y cambien de parecer.
Pasto, 10 de marzo de 2020
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.- Como se recordará, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se dispuso integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el 2 de mayo del año anterior con 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto, según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. Esta Misión hizo entrega de sus conclusiones y recomendaciones en diciembre del año anterior.
A la pregunta de qué se busca con el revolcón en las instituciones del sector que propone la Misión, podemos responder que lo primero a tener en cuenta es que no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, sino de construir sobre lo construido. Máxime cuando el Sistema energético colombiano, que descansa sobre las leyes 142 y 143 de 1994 ha sido muy bien ponderado, tanto por el Foro Económico Mundial (FEM) como por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés), está en el top - ten a nivel mundial por el desempeño de su arquitectura institucional como por el Trilema (seguridad, equidad social y sostenibilidad), respectivamente, que les sirve de medición.
Transcurridos 26 años de expedidas estas leyes tres fenómenos de El Niño pusieron a prueba este Sistema y, por fortuna pasamos indemnes, aunque en el 2015 tuvimos un amago de racionamiento, que al final se sorteó mediante un “autoracionamiento”. Razón esta más que suficiente para no caer en la autocomplacencia, amén del reto que supone encarar la Transición energética desde las fuentes de energía de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, megatendencia esta de la economía global de la cual Colombia no se puede sustraer.
La Misión planteó la senda a seguir para adecuar tanto la institucionalidad como la regulación para poder transitar con éxito el camino de la integración gradual y progresiva a la matriz energética, teniendo como ejes fundamentales las 4D: la descarbonización, la digitalización, la descentralización y la democratización del nuevo Sistema. Se trata de robustecer la arquitectura institucional para darle cabida a los nuevos agentes que ahora surgirá, como los agregadores y abrirle espacio a la gestión de demanda, en la cual están llamados a jugar un papel primordial los prosumidores (productores y a la vez consumidores). En este orden de ideas nos parece muy puesta en razón la recomendación de parte de la Misión de fortalecer y empoderar aún más para tales propósitos a la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME).
También aconseja reformar la CREG, de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Minas y Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador. Por mi parte considero que la CREG al igual que la Junta directiva del Banco de la República debe gozar de autonomía, que no de independencia, pues no debe ser una rueda suelta del Ministerio de Minas y Energía. Por lo demás, considero que no se debe caer en excesos regulatorios, pero tampoco en los peligros de la desregulación. El Estado debe intervenir a través de la CREG para que el mercado funcione, no rendirle culto al mercado. El fin último de estos pasos a dar es ganar confiabilidad, firmeza y resiliencia al cambio climático.
Sus recomendaciones propenden por mejorar la competitividad del sector, darle mayor transparencia al mercado y a la concurrencia de los distintos agentes de la cadena en el mismo y una formación eficiente del precio de la energía. Se trata, entre otras cosas, de reducir los costos de transacción, dado que estos terminan trasladándose a los usuarios. Todo ello deberá contribuir a reducir la tarifa, pues, si en últimas, esta reestructuración y modernización del sector no bajan los costos de la energía (que tiene dos componentes: la tarifa y el consumo) estaremos sólo botando corriente.
En este sentido, a mi juicio, la tarea a realizar debe ir más allá, al tomar medidas tendientes a reducir las pérdidas técnicas, los costos de restricción, el ahorro de energía y lo que es más importante hacer un uso más eficiente de la misma. En este sentido la eficiente gestión de la demanda es fundamental e imprescindible. Sólo así los usuarios regulados (residenciales) tendrán un alivio en sus facturas del consumo de electricidad y los no regulados, sobre todo las empresas bajarán sus costos de energía y de paso ganarán en competitividad.
Nos parece muy importante la recomendación de la Misión para avanzar en el propósito de darle cumplimiento a la Ley eléctrica de tener cobertura universal del servicio de energía, pues ya vamos para 6 años de mora en el cumplimiento de tal cometido. Compartimos que, para lograr ese propósito se amplíe la frontera del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y eliminar las barreras que hoy existen entre el SIN y las Zonas no Interconectadas (ZNI) del país. Ahora que contaremos con las FNCER, estas se convierten en el mejor vehículo, especialmente la energía solar fotovoltaica, para lograrlo dadas sus características y flexibilidad. Así de claro!
Bogotá, marzo 7 de 2020
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Cabalgando en el facilismo irresponsable de las redes, el representante Losada, a quien no conozco más allá de la información oficial, la emprendió con violentas acusaciones contra el ministro de Ambiente y el presidente de Fedegán.
Es conocido por su dispersión temática, pero también porque su primera elección (2014-2018) terminó en diciembre de 2015, anulada por el Consejo de Estado, al encontrar “probado” que a su segundo en lista “le descontaron injustificadamente 241 votos”, y a Losada “le adicionaron sin ninguna razón válida 19 votos”… Unos voticos no más. Losada insistió y, como representante de ¡17.584 bogotanos! -¡Ahhh… la democracia!- hoy preside la Comisión Primera de la Cámara.
Con oportunismo y el apoyo antigobiernista de María Jimena Duzan -Semana-, se montó en el tema de la deforestación de la Amazonía y, con información de referencia, le exigía vociferante la renuncia al ministro de Ambiente, porque “usted le va a permitir a Lafaurie y a sus amigos deforestar 800.000 hectáreas pa’ meter vacas”.
No me interesa defenderme, pero tengo el compromiso y la obligación de defender a Fedegán y a la ganadería colombiana.
Losada, como todo el país, quisiera que la deforestación terminará de un tajo, y se suma a quienes, sin sentido de realidad pero con “antiduquismo”, armaron escándalo mediático porque un gobierno serio propuso contener primero la enfermedad, con 200.000 ha anuales taladas, para implementar luego estrategias de disminución progresiva.
“¿A quién le conviene que en Colombia se deforesten 800.000 ha en los próximos cuatro años? Eso tiene nombre propio y se llama José Félix Lafaurie y sus amigos”, gritaba Losada refiriéndose a los ganaderos. A nadie le conviene semejante barbaridad, pero la calumnia vende. El ecosistema del bosque primario se autosostiene, pero al ser talado deja una tierra de pésima calidad agrológica, que no sirve para agricultura permanente y no soporta siquiera media cabeza de ganado por hectárea, en regiones aisladas y agobiadas por el narcoterrorismo.
“Esos grandes acaparadores tienen (…) cinco vacas en distancias (sic) gigantescas de potreros”, denunciaba en el programa de María Jimena, y ella lo alentaba incendiaria, deduciendo que “tienen más tierra las vacas que los campesinos”. Ninguno de los dos debe saber qué es una UAF (Unidad Agrícola Familiar), definida como la cantidad necesaria de tierra para que una familia genere ¡dos salarios mínimos!, que en la Amazonía está entre ¡1.000 y 1.300 ha!
Quién tala la Amazonía: Primero: el narcotráfico. Negar el acaparamiento de tierras y la deforestación para cultivos ilícitos, minería ilegal y control territorial, es desconocer malintencionadamente la realidad. Gran parte de las 200.000 hectáreas de coca rotan por la Amazonía, desechando tierras agotadas y escapando de las autoridades.
Segundo: campesinos desplazados en busca de sustento; algo que sucede desde “La Vorágine” en medio de violencia y abandono.
Tercero: el negocio de la madera. En el informe citado por Losada, la investigadora de Fedesarrollo menciona que, según estimaciones del BM, la tala ilegal alcanza ¡el 42%! de la producción de madera.
Finalmente, si un ganadero deforesta para abrir potreros, deberá responder a las autoridades, pero en cualquier caso, en lo que esté ocupada hoy la tierra, así sea ganadería improductiva que Fedegán no promueve, no tiene nada que ver con la responsabilidad originaria de la deforestación.
Losada, por supuesto, calla o ignora nuestros esfuerzos por promover una GANADERÍA SOSTENIBLE a partir de Sistemas Silvopastoriles, algo en lo que el país ostenta liderazgo continental, reconocido por instancias de primer nivel en temas ambientales como el Banco Mundial y el gobierno del Reino Unido. La ignorancia siempre es atrevida…, y la cobardía también.
Bogotá, D. C, 7 de marzo de 2020
*Presidente de Fedegán
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*.- La nueva ministra del Interior, Alicia Arango, se dedicó, por horas, a tratar de “sacar el pié”, antes de que le pagaran su primera quincena.
Para ella, no son graves los asesinatos de los líderes sociales, que diariamente se registran en Colombia y que de todos es sabido, obedecen a la defensa que hacen de los Derechos Humanos de las comunidades. Contrariamente con lo que trata de dibujar el doctor Acevedo en “su memoria histórica”, el país ha vivido y continúa viviendo en medio de un conflicto armado.
Muertos hay por todas partes y su número se acentúa en el terreno político, cuando tratamos de consolidar la paz que se firmó con las Farc.
En el foro de “Protección a la Vida”, que se realizó en el Putumayo, la Ministra de Interior se disparó afirmando que, en Colombia matan más personas en robo de celulares, que líderes sociales. Quiso justificar así los asesinatos de dirigentes que defienden los DDHH. ¿Por qué chillan por estos y por los otros no? dijo.
Un reportaje a Bluradio puso a la audiencia con los pelos de punta. Nadie entendía un “descache” de tal naturaleza. Si su jefe, el Presidente Duque la hubiera escuchado, no habría soportado los “chillidos”. Los asesores de la titular de la política, seguramente estaban trabajando por horas y era muy temprano para aplacarla.
Ella trató por todos los medios de explicar la mortandad que se registra a diario en Colombia y el dolor que siente cada familia por la desaparición de sus seres queridos.
Tal vez no asiste a sepelios, ni ve la reacción de los parientes de las víctimas por televisión. No se percata de que ya la gente no tiene lágrimas para llorar sus muertos. Sus voces no tienen fuerza para quebrarse cuando narran los crímenes. Las condolencias, sentimientos y dolor solo alcanzan a “una flor en su sepultura”.
Bandas criminales, manos negras y sicarios actúan sin piedad, cumpliendo órdenes de patrones que afianzan así tierras y riquezas.
Un concienzudo informe de la Relatoría especial sobre Derechos Humanos de la ONU, puso a hervir los ánimos de quienes creen que vivimos en un paraíso. Ciertos defensores del Centro Democrático, calificaron a la oficina de Naciones Unidas en Colombia de “guarida politiquera”, remoquete que oportunamente fue desautorizado por el Presidente Duque. Pero el Jefe de Estado, remató la cosa con desgano, cuando veladamente dudó de la veracidad del informe presentado en Ginebra sobre Colombia.
Michel Frest, relator especial sobre Derechos Humanos, también llevó “garrote” de los amigos del gobierno, por haber denunciado que presentamos el mayor número de asesinatos de defensores de DDHH de Latinoamérica, por parte de actores estatales y no estatales. Hay quienes quieren sacar a la Onu porque ha descubierto el juego sucio y entregado recomendaciones positivas para el gobierno.
NEGRO: Se institucionaliza el Fracking, con “piloto” o sin piloto.
NEGRO: Pregunta la gente sobre Ñeñe: ¿de quién son los votos, del que los compra o del que los recibe?
Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2020
*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper
Por Alonso Ojeda Awad*.- Defender los Derechos Humanos en Colombia es un trabajo de alto riesgo, a la fecha del Informe, 108 defensores de derechos humanos han sido asesinados incluyendo en esta cifra a 15 mujeres y a 2 integrantes del grupo LGBTI, asesinatos que se incrementaron en más del 50% en 2019, comparado con el año 2018.
El miércoles 26 de febrero, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori presentó el informe anual, en el Club del Comercio de Bogotá. Dicho acto diplomático estuvo acompañado con la presencia del señor Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, Embajadores de países acreditados en Colombia y representantes de casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil, encargadas de la promoción y defensa de los Derechos Humanos en nuestro país.
En forma clara, el riguroso informe comunica que se presentaron en el territorio nacional 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, demuestra con esto, que esta es la cifra más alta en masacres desde el año de 2014. La tasa nacional de homicidios en el año 2019 fue de 25 homicidios por 100.000 habitantes. Señala con esta cifra aterradora de homicidios, que en Colombia persiste una violencia endémica, refractaria a los ingentes esfuerzos de Paz realizados.
Uno de los puntos de mayor preocupación se refiere a los sistemáticos asesinatos de defensores de los Derechos Humanos. Los departamentos más afectados con esta patología son, en su orden: Antioquia, Cauca y Norte de Santander. En estas golpeadas regiones hacen presencia todo tipo de actores armados, algunos con características ideológicas como el ELN, el EPL, y grupos de las Disidencias. También se manifiestan Grupos criminales de diversos orígenes, Autodefensas, Clan del Golfo y Organizaciones criminales transnacionales.
En este punto queda claro que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresa su gran preocupación por las agresiones sistemáticas contra los líderes y lideresas defensoras de los Derechos Humanos y los pueblos indígenas que vienen siendo masacrados inmisericordemente, violándole los derechos fundamentales. Manifiesta: Esta grave situación se presenta por las limitaciones de la sociedad colombiana para tener acceso a los Derechos Humanos. Los esfuerzos realizados por el Estado son francamente insuficientes.
Defender los Derechos Humanos en Colombia es un trabajo de alto riesgo, a la fecha del Informe, 108 defensores de derechos humanos han sido asesinados incluyendo en esta cifra a 15 mujeres y a 2 integrantes del grupo LGBTI, asesinatos que se incrementaron en más del 50% en 2019, comparado con el año 2018.
En el año 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas de muerte y 360 agresiones contra periodistas. Se verificaron 2 asesinatos de periodistas en Arauca; Así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá. Frente a la protesta social permitida por la Constitución política, la policía respondió de manera desproporcionada e hizo un uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. Los asesinatos de los Indígenas en el Cauca se incrementaron 52% en comparación al año de 2018. En la violencia Sexual y de Género se presentó la tasa más alta en los últimos 10 años. Más de 187 guerrilleros de las Farc acogidos a los Acuerdos de Paz fueron asesinados y 30 asesinatos de familiares de guerrilleros.
Como lo podemos ver, el panorama político y social en el período del presidente Duque es muy desconsolador.
Invitación
De manera muy especial queremos invitarlos al lanzamiento del libro “La huella del tigre”. Reflexiones de Alonso Ojeda Awad, el próximo martes 10 de marzo de 2020, de 6 a 8:00 p.m. en el Auditorio Camilo Torres Restrepo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, compilado y editado por el profesor Alexander Emilio Madrigal Garzón del Departamento de Ciencia Política.
Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2020
*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.
Por Óscar Villamizar Meneses.-Los Derechos Políticos en la Democracia son tan fundamentales y delicados como los de la Salud y la Educación, porque implican la esencia de la vida social.
La Democracia tiene tres pilares esenciales que sostienen su propuesta política: la Igualdad ante la Ley, la Participación y la garantía de los derechos fundamentales.
En el trasegar del desarrollo institucional nos preguntamos ¿por qué los servidores públicos son excluidos? ¿Son menos ciudadanos? ¿Por qué no se expresan y participan? ¿No es en esa participación directa que se teje la Gobernanza y se consolida la Gobernabilidad?
Lo que debemos establecer es que el servidor público pueda participar en el proselitismo político sin que se vaya a ver incurso en delito o sanción disciplinaria alguna.
Por esa razón, me atreví a presentar un proyecto de ley estatutaria a consideración del Congreso de la República, para que más de 800 mil funcionarios públicos que tenemos en Colombia, restablezcan sus derechos y puedan participar en la acción política, un tema de trascendencia legislativa para profundizar en nuestra democracia.
Con esta iniciativa rescataríamos aspectos importantes de la intervención de los ciudadanos en la democracia: la participación pública, la propuesta pública y programática y el activismo o militancia en los partidos y movimientos políticos.
El proyecto, si es aprobado por las cámaras, será un aporte político para seguir modernizando el Estado colombiano, toda vez que articular grupos representativos en la actividad política, es aceptar que va directamente proporcional al desarrollo de nuestra democracia.
No hay duda en destacar que un Estado moderno exige coordinar a todas las redes humanas posibles para avanzar en el desarrollo de las instituciones.
El proyecto en mención, tiene por objeto reglamentar el artículo 127 de la Constitución Política referente a las condiciones en que los servidores públicos puedan participar en actividades de los partidos, movimientos políticos, y controversias políticas.
Estoy seguro que mis colegas en la Cámara y el Senado de la República en el trámite de la propuesta, aportarán ideas que enriquezcan el texto del articulado y se abra el debate en el foro de la democracia: el Congreso.
Como un legislador con profundos principios democráticos, convencido que el éxito de la gestión pública es la mejor apuesta al futuro de los Colombianos, presenté humildemente este proyecto, que significa un paso importante y definitivo para profundizar en el desarrollo de la democracia y que todos nos merecemos.
Bucaramanga, 3 de marzo de 2020
*Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La visita periódica de una Misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar las políticas macroeconómicas del país es un examen anual al que debe someterse Colombia por tener disponible, desde el 2009, una línea de crédito de esa entidad por USD11.400 millones para ser utilizados en caso de una crisis de balanza de pagos. Es un seguro frente a los choques externos, cuya prima nos cuesta unos USD35 millones al año.
Como conclusión de esas visitas, la Misión del FMI deja un memorando con opiniones sobre las políticas oficiales y recomendaciones para las autoridades. El informe de este año es interesante por algunas cosas que dice, pero también por otras que deja de decir.
El tono del informe es optimista y reconoce que Colombia es el rey tuerto en un mundo de ciegos, es decir que en un contexto de desaceleración de la economía mundial y latinoaméricana, Colombia creció un modesto 3,3%, pero este es el crecimiento más alto de la región. Para el 2020 pronostica que el PIB aumentará 3,4%.
Coincide la Misión con los analistas que atribuyen la causa de ese dinamismo al empuje de la demanda interna, explicado a su vez por el aumento de las remesas de colombianos en el exterior y por el abundante crédito bancario que ha financiado la inversión empresarial y el consumo de los hogares.
Dos aspectos llaman la atención: primero, el lugar destacado que le da al impacto positivo de la migración venezolana que, a pesar del costo fiscal que implica, aportó 0,25% del PIB el año pasado. Segundo, que ni siquiera mencione los ingresos del narcotráfico como uno de los propulsores de la demanda interna, siguiendo la línea de los análisis oficiales de ignorar los efectos económicos de este flagelo.
Como cualquier banquero que evalúa la capacidad de pago de su cliente, la Misión señala los riesgos y vulnerabilidades de la economía colombiana. El mayor es el desequilibrio externo por el déficit en cuenta corriente de USD14.000 millones, equivalente a 4,4% del PIB. El informe trata de ser optimista diciendo que el déficit será similar en el 2020, pero que se espera que “continúe financiándose holgadamente mediante una creciente inversión extranjera directa e influjos de portafolio relativamente resilientes, dadas las muy favorables condiciones financieras globales”.
Sin embargo a renglón seguido se contradice pues reconoce que es mayor la vulnerabilidad externa de Colombia por el contexto internacional, donde la guerra comercial, las tensiones políticas en Latinoamérica, o el Coronavirus puedan reducir las fuentes de financiación. Por eso su recomendación más explícita es que el Banco de la República vuelva a comprar divisas para aumentar el nivel de reservas internacionales.
Cali, 1 de marzo de 2020
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- La Contraloría General de la República identificó a través de su Estrategia Compromiso Colombia 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que calificó como elefantes blancos sin ninguna utilidad público ni social. Según el Vice contralor Ricardo Rodríguez, sumados alcanzan la friolera de los $8.6 billones. Una de esas obras inconclusas es la Represa del Ranchería.
Desde que yo tengo uso de razón he oído hablar de la Represa del Ranchería, para aprovechar este importante afluente que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de un proyecto de vital importancia para La guajira y para los guajiros, en especial para los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, que ven en él la oportunidad de poner a producir sus feraces y sedientas tierras, de vocación arrocera, algodonera y palmicultora, especialmente. Este proyecto tiene una larga y accidentada historia, convirtiéndose en la promesa incumplida de los sucesivos gobiernos.
Estamos hablando de un proyecto multipropósito que busca irrigar 18.030 hectáreas, proveer de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento, amén de una micro central de generación de energía con capacidad de suministrar 22.6 GWh/año. Es de tal importancia este proyecto, que siempre ha sido identificado como la primera prioridad en los planes de desarrollo del Departamento en las últimas cuatro décadas, ya que se considera el principal motor para el desarrollo agrícola del sur de la península.
Me cupo en suerte, como Senador de la República rescatar este proyecto de los anaqueles oficiales para ponerlo en manos del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), quien acogió mi propuesta de ponerle gerencia para asegurar su ejecución. Gracias a ello, el 19 de enero de 1996 el INAT presentó y socializó con la Asociación de usuarios del mismo el marco jurídico, la política y el estado del proyecto y el entonces Presidente de la República Ernesto Samper, de quien había recabado su apoyo, en su visita a Riohacha el 6 de diciembre de 1997, cuando a la sazón me desempeñaba como Presidente del Congreso de la República, reiteró su voluntad y decisión de sacar avante este proyecto.
Y así fue. El Ministerio de agricultura sacó a licitación pública la estructuración, diseño y ejecución integral de este proyecto en el año 1998. Desafortunadamente el Presidente Andrés Pastrana, quien sucedió al ex presidente Samper, en un acto de revanchismo político, acolitado por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT), truncó el proceso y declaró desierta la licitación, expidiéndole el acta de defunción a este proyecto en su sesión del 11 de octubre de 1999. Ello, no obstante que el INAT conceptuó que “el proceso de selección se ajustó a los parámetros preestablecidos para la convocatoria” y pese a la advertencia del entonces Contralor General Carlos Ossa Escobar en el sentido que dicha decisión podría entrañar un enorme detrimento patrimonial de la Nación. Se nos quemó el pan en la boca del horno.
Por fortuna, en el primer cuatrienio de la Presidencia de Alvaro Uribe Vélez se resucitó el proyecto, incorporándolo a su Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006 y expidiendo el Documento CONPES 3362 de julio 14 de 2005, mediante el cual se declaró de importancia estratégica para el país. Se procedió, entonces, a contratar su primera fase, la presa El Cercado, con una capacidad de embalse de 190 millones de metros cúbicos de agua, a un costo de $638.000 millones, de los cuales aportó el Departamento de La guajira, con cargo a sus regalías directas, la suma de $64.000 millones.
La obra se concluyó en diciembre de 2010 y desde entonces, al no ejecutarse la segunda fase del proyecto (sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial), el mismo permanece, según dijo en su momento el ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, como un “elefante blanco a medias”, a medio palo.
Desde el Ministerio de Minas y Energía le dimos un último impulso a la ejecución de la segunda fase del proyecto de la Represa del Ranchería. En efecto, le solicitamos al ex presidente Juan Manuel Santos su intervención para reactivar este proyecto y darle continuidad a su ejecución y de acuerdo con sus instrucciones se integró una Mesa de trabajo de la cual hicieron parte el Ministerio de Agricultura, quien la lideró, el DNP, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de La guajira y FONADE. Esta última entidad procedió a contratar una “consultoría para el diseño y estructuración de un modelo de Alianza público – privada” para acometer la ejecución de la segunda fase de este proyecto, “considerando los diferentes servicios involucrados, para garantizar la sostenibilidad del sistema integral”. Pero, una vez más, el inmovilismo se apoderó del proyecto cuya presa sigue allí como un monumento a la desidia, a la incuria y la negligencia oficial.
Ello le mereció al Gobierno Nacional una dura reprimenda de parte del Contralor General Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios.
Más recientemente, en la administración Duque y bajo el liderazgo del Ministro de Vivienda Jonathan Malagón se ha dispuesto servirse del agua embalsada en la presa El Cercado para abastecer de agua potable a tres municipios (Fonseca, Barrancas y Hatonuevo) de los nueve previstos, para lo cual viene operando la planta de tratamiento de Metesusto, la cual, gracias a su repotenciación pasó de una capacidad de potabilización de 320 a 550 litros por segundo, para lo cual se invirtieron $21.518.828.141.
Por lo pronto, los distritos de riego del Ranchería y de San Juan del Cesar, así como la planta de generación de energía seguirán en la lista de espera. La pregunta es hasta cuándo.
Riohacha, febrero 29 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- La memoria histórica es, o debe ser, la compilación de la verdad; por eso nunca he entendido el traslape entre dos instituciones surgidas del Acuerdo con las Farc: la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ambas buscando lo mismo: la verdad para contarla.
Pero, qué verdad estamos encontrando y qué memoria estamos construyendo, me pregunto, si tanto la Comisión como el Centro obedecían al “afán” por blindar históricamente el Acuerdo, con una narrativa que lo justificara para la posteridad, izando la bandera de las víctimas, eso sí, pero instrumentándolas para esconder a unas –las militares, las ganaderas y las no dispuestas a perdonar– mientras se montaban espectáculos de perdón y se magnificaba mediáticamente a las que no fueran de las Farc.
Esa narrativa se empezó a construir con la creación, en agosto de 2014, de la “Comisión Histórica de Conflicto Armado y sus Víctimas” para ofrecer “una visión multilateral y neutral sobre el conflicto”, visión que fue la gran ausente, dando paso a un pulso mezquino por el “equilibrio” entre la verdad de Santos para legitimar su claudicación y su Nobel, y la de Timochenko para “limpiar” medio siglo de atrocidades.
El CNMH sucedió a una instancia similar de la Ley de Justicia y Paz, y su primer director, Gonzalo Sánchez, a pesar de haber sido nombrado por Uribe, se acopló rápidamente a los lineamientos de Santos y de las Farc, pues, de no haberlo hecho, la mesa habría pedido su cabeza, como hoy la izquierda, el centro-santismo y sus medios piden la de Darío Acevedo.
La renuncia de Sánchez fue un ataque al gobierno, al que acusó de “desandar la paz (…) la memoria, la verdad y la justicia”, tras anunciar que se iba porque reconocía una “nueva atmósfera política tras las elecciones presidenciales”. Hace pocos días volvió a la carga, acusando al gobierno de no condenar los asesinatos de líderes y de “banalizar” la violencia regional, demostrando que la memoria que estaba “construyendo” era la de la estigmatización santista y fariana del medio país calificado como “enemigo de la paz”.
El grupo SEMANA, bajo el disfraz “cultural” de ARCADIA, la emprendió contra Acevedo desde su portada, afirmando que, un año después de su llegada, “el CNMH se hunde en una crisis inédita”, tras lo cual su reportero se atreve a más y lo acusa de “enaltecer el relato de los militares, así eso implique fracturar trece años de trabajo con organizaciones de víctimas”, pero sin los militares, claro está, cuyas víctimas, como las ganaderas y las de las Farc, se pretende invisibilizar.
Es el mismo grito en el cielo que pusieron cuando María Fernanda Cabal incluyó en la Ley del Veterano un artículo para incluir un espacio en el Museo de la Memoria destinado a los veteranos de la Fuerza Pública, como si no fueran parte de la historia ni hubieran sido víctimas.
Es la selección sesgada de la verdad para construir la memoria. El director del CNMH es bueno si se ajusta a esa narrativa excluyente y malo sí incluye la de militares y ganaderos. Ya “le cayeron” a Acevedo porque tuvo la “osadía” de atender una invitación de la Junta Directiva de FEDEGÁN, en la cual propusimos un convenio para “Acabar con el Olvido”, cuyo primer insumo son dos informes de la Fundación Colombia Ganadera con ese nombre, que dan cuenta de más de 10.000 graves violaciones de derechos humanos contra ganaderos.
Porque nuestras víctimas no son menos víctimas, porque la verdad es el único insumo de nuestra memoria.
Bogotá, D. C, 1de marzo de 2020
@jflafaurie
