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Este 20 de julio marca un hito en la historia de Colombia. El poder hegemónico de los partidos tradicionales, debido al proceso de paz, los cambios sociopolíticos, aún incipientes; al Estatuto de la Oposición, que le dio garantías a la debida participación de las minorías, hacen de la Rama Legislativa el escenario de mayor pluralidad democrática para contribuir no solo a lograr un país con mayor gobernabilidad, sino a la integración de otros liderazgos significativos con el objeto de lograr una nación más equitativa e incluyente.
De hecho, el Congreso 2018-2022 será recordado por presentar una composición diferente tanto en el aumento de curules, de 268 pasa a 280, la participación de grupos políticos y la incorporación de la extinta guerrilla de las Farc en el Senado y Cámara, así como la aplicación del Estatuto de la Oposición.
El nuevo Congreso de la República tendrá nuevas reglas, una agenda legislativa planteada desde diferentes perspectivas y las garantías del Estatuto de la Oposición, para así concretar un diálogo franco que apueste al desarrollo de la democracia y a la construcción de mejores políticas públicas.
La oposición, en este ciclo histórico, oferta por primera vez 14 iniciativas legislativas, radicadas en el inicio del periodo constitucional del Congreso, en diferentes esferas de la vida colectiva colombiana y que persigue humanizar y garantizar los derechos fundamentales en términos de salud, libertad sindical, acceso a los servicios públicos, a la pensión, empleo, al trabajo asociado, al desarrollo de las circunscripciones especiales de paz, ampliación de la vigencia de la ley de víctimas y penalización de grupos paramilitares.
Así mismo se espera que la composición de las diferentes bancadas, unas atentas a respaldar al Gobierno de Iván Duque y otras, desde las curules de la oposición, a realizar los grandes debates de control político que oxigenan la democracia en un nuevo periodo, por la paz, de la vida institucional colombiana.
Con ese panorama político, la composición del Senado quedaría integrada de la siguiente manera:
Centro Democrático: 19 senadores.
Partido Cambio Radical: 16 senadores.
Partido Conservador: 14 senadores.
Partido Liberal: 14 senadores.
Partido de La U: 14.
Alianza Verde: 9 senadores.
Polo Democrático: 5 senadores.
Partido MIRA: 3 senadores.
Circunscripciones Indígenas: 2 senadores.
Partido de las Farc: 5 senadores.
Coalición Lista de la Decencia: 4 senadores.
Partido Libres: 3 Senadores.
La Cámara de Representantes estará compuesta por 172 congresistas de los diferentes departamentos del país y las circunscripciones especiales de la negritudes. Además de los colombianos en el exterior, las nuevas curules de las Farc y de la fórmula vicepresidencial de la oposición, Ángela Robledo.
La composición de la Cámara tiene mayores matices políticos que la del Senado:
Partido Liberal: 35 congresistas.
Centro Democrático: 32 congresistas.
Cambio Radical: 30 congresistas.
Partido de la U: 25 congresistas.
Partido Conservador: 21 congresistas.
Alianza Verde: 9 congresistas.
Farc: 5 congresistas.
Polo Democrático: 2 congresistas.
Opción Ciudadana: 2 congresistas.
Lista de la Decencia: 2 congresistas.
Negritudes: 2 congresistas.
Mira: 1 congresista.
Partido Libre: 1 congresista.
Alternativa Santandereana: 1 congresista.
MAIS: 1 congresista, y Ángela María Robledo fórmula vicepresidencial del perdedor a la campaña a la Presidencia de República.
San Vicente de Chucurí. 20 de julio de 2018.
Por Luis Fernando García Forero
El Presidente Juan Manuel Santos sancionó, con la asistencia de los presidentes de las altas cortes y líderes de diversas fuerzas políticas y sociales, la ley que crea el Estatuto de la Oposición en Colombia, luego de que la iniciativa fuera aprobada en el Congreso de la República por la vía del ‘fast track’.
Con la sanción Presidencial el nuevo Estatuto de la Oposición finalmente nació a la vida jurídica, luego de 25 años de haber quedado como mandato en la Constitución de 1991. A pesar de que fue un mandato constitucional, solo hasta el 25 de abril del 2017 el Congreso lo aprobó.
El Jefe de Estado Colombiano lo estima como “un hito para la apertura democrática del país y define a El Estatuto como “una serie de garantías mínimas para que todos los partidos en antagonismo político e ideológico con el gobierno de turno –y los gobiernos locales– ejerzan con total libertad –y en igualdad de condiciones– sus derechos democráticos.
Santos fue contundente al afirmar que a la oposición hay que aceptarla y darle todas las garantías, como en estos ocho años, a pesar de que la que enfrentó fue despiadada.
Asimismo, el primer mandatario manifestó que construir paz es un proceso largo, que toma tiempo, pero “los beneficios ya comienzan a verse. 3 mil vidas salvadas, la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años y una importante reducción en los índices de reclutamiento de menores, secuestro y desplazamiento forzado, para mencionar algunos”, dijo.
En este sentido, anotó que “la paz es mucho más que el silencio de los fusiles. La paz es progreso, desarrollo, oportunidades. Y es también convivencia y tolerancia”.
El gobernante colombiano explicó que con se propósito, desde el inicio, el gobierno se propuso sacar adelante el Estatuto de la Oposición, consagrado en la Constitución del 91.
Precisó que el Estatuto le reconoce a la oposición la financiación y el acceso a medios del Estado, así como seguridad política, jurídica y personal, y participación en mesas directivas de corporaciones públicas y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores e indicó que en el compendio de normas “se desarrolla la disposición constitucional que les da curul en el Congreso de la República a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que obtengan la segunda votación más alta”.
“Y algo muy importante: incluye a fuerzas independientes, que ni son gobierno ni son oposición”, advirtió el Presidente y añadió que el Estatuto de la Oposición, si bien es parte de los compromisos que se incluyeron en el Acuerdo de Paz, aplica para todos los partidos.
Bogotá, D.C. 10 de julio de 2018.-
Por Luis Fernando García Forero.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, expresó que durante su visita a Washington recibió un gran respaldo en lo que tiene que ver con la agenda que propone para recobrar la seguridad para los colombianos y la lucha contra los cultivos ilícitos.
“Más que hablar de compromisos en términos de número de hectáreas, lo que yo he recibido es un gran respaldo a la agenda nuestra de seguridad y a la agenda nuestra para enfrentar los cultivos ilícitos en Colombia, y creo que ese es un mensaje muy importante que he recibido y que a nosotros nos ilusiona, porque queremos seguir manteniendo una muy buena cooperación para enfrentar esos fenómenos”, indicó Duque, al responder sobre cómo enfrentará los cultivos ilícitos en Colombia que hoy llegan a 209 mil hectáreas, según cifras reveladas por la Casa Blanca.
Duque se reunió con el senador republicano Marco Rubio y con el representante demócrata por el Estado de Arizona, Rubén Gallego, con quienes intercambió opiniones sobre la importancia de fortalecer las relaciones entre los dos países.
“Una agenda importante que nos permite reafirmar el deseo de fortalecer los lazos con los Estados Unidos, de manera bipartidista. Colombia ha sido un país que ha recibido gran respaldo por parte de los partidos Republicano y Demócrata. Tenemos que seguir fortaleciendo esos lazos”, afirmó.
Cumplió cita con el Secretario de Estado, Mike Pompeo, con quien dialogó sobre la urgente necesidad de continuar acciones que permitan reducir los cultivos de coca. “Reafirmamos el trabajo y cooperación entre ambas naciones, basados en los principios democráticos”, dijo.
“Estoy muy motivado de recibir mensajes de respaldo a la agenda que le hemos planteado al pueblo colombiano y creemos de suma importancia que podamos enfrentar la difícil situación del crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y que lo hagamos con unas políticas efectivas y al mismo tiempo con unas políticas de desarrollo alternativo en aquellas regiones donde hemos visto la mayor expansión”, aseguró.
En la reunión con el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, diputado Jim Carroll, compartió su visión y política de lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas. “Recibimos su respaldo en este propósito común para Estados Unidos y Colombia”, expresó. También tuvo un encuentro con el asesor de seguridad del Presidente Donald Trump, John Bolton, quien manifestó total apoyo para fortalecer la política de seguridad en Colombia.
“Note mucha confianza en la agenda nuestra, y en que esa agenda nos permita ser efectivos en reducir sustancialmente el área sembrada de coca. El retroceso ha sido muy grande en los últimos años, y por eso tenemos que buscar mecanismos efectivos y rápidos, para que eso no se convierta en un problema de seguridad nacional”, consideró el presidente electo, Iván Duque, en diálogo con corresponsales en Washington.
En la OEA
Duque recibió el apoyo a sus políticas de legalidad, emprendimiento y equidad, por parte del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
“Esperamos que (Almagro) nos acompañe en la construcción de ese ‘Pacto por Colombia’, en esa agenda de reformas que le hemos planteado al pueblo colombiano y que queremos también tenga un amplio respaldo internacional”, expresó Duque, al tiempo que afirmó que Colombia debe retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), pues ha sido una organización que ha guardado silencio cómplice con la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela.
FMI y BID
Duque se reunió con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Con ella dialogó del programa económico que quiere implementar, de la importancia de generar rápidamente crecimiento económico, de tener una política de responsabilidad fiscal y al mismo tiempo de estimular el desarrollo empresarial en el país.
“Me voy muy contento de haberle expresado la importancia de mantener la línea contingente de crédito para Colombia y también de haber hablado con ella de los objetivos nuestros de cumplir con una inflación baja, una alta tasa de inversión y que tengamos una mayor diversificación de la oferta exportable del país. Hablamos también de la situación fiscal de Colombia en detalle y me voy muy motivado de ver de parte de ella una muy buena respuesta a la agenda que le estamos planteando a Colombia”, señaló.
El presidente electo de Colombia, finalizó su agenda en la capital norteamericana visitando las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Hoy hablé telefónicamente con el presidente Luis Alberto Moreno, ayer lo vi personalmente, y hoy estuve aquí visitando a los amigos de siempre, a la comunidad colombiana en el BID y a muchos compañeros que tuve cuando fui jefe de división y que también fueron compañeros míos en el directorio ejecutivo”, dijo.
“Me voy muy motivado de saber que vamos a trabajar de la mano con la banca multilateral y con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial en la agenda que le hemos planteado a nuestro país”, concluyó.
Bogotá, D. C, 30 de junio de 2018
Por: Redacción Ecos Internacional
Los dirigentes de las Farc se reunieron por primera vez ante Comisión de la Verdad, donde prometieron no decir mentiras para lograr, en el desarrollo del posconflicto, el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, como resultado del Acuerdo de Paz.
La Comisión de la Verdad se reunió por primera vez, un día después de la aprobación del Procedimiento de la JEP por parte del Congreso de la República, bajo la Presidencia del sacerdote jesuita Francisco de Roux, y donde hacen parte el periodista e historiador Alfredo Molano Bravo, y otros expertos como Lucía González Duque, Martha Cecilia Ruiz y Saúl Alonso Franco.
“En nuestra primera comparecencia ante la Comisión de la Verdad exponemos las razones históricas que guiaron nuestro accionar. Asumimos responsabilidades y esperamos lo mismo del resto de los actores del conflicto”, escribió Rodrigo Londoño en su cuenta de Twitter de antesala al primer encuentro.
Dicha Comisión es un órgano independiente, temporal y extrajudicial que busca el esclarecimiento de delitos en el marco del conflicto armado, sus causas y responsables, escenario donde se espera que los excombatientes aclaren ante miles y miles de víctimas del conflicto, desapariciones, secuestrados y asesinatos durante más de 53 años de guerra y que hizo eco en el territorio nacional.
Londoño quien fue el principal vocero de los excombatientes fue preciso en manifestar que la razón principal por la que acuden a la Comisión es la de “ratificar” el “compromiso con el país y las víctimas”, puesto que considera que “la verdad es la primera forma de reparación”.
Según os Acuerdos de Paz, la Comisión de la Verdad tiene la misión de construir una realidad auténtica e histórica y no judicial sobre el conflicto, con el propósito de pasar la página de la violencia y que lo ocurrido en el conflicto no se vuelva a repetir.
Su objetivo fundamental consiste en recoger las múltiples versiones que existen sobre las causas y acontecimientos que hicieron parte de la confrontación y crear una versión unificada que esté lo más cerca posible de generar un consenso en la sociedad sobre lo ocurrido, para que se puedan cerrar heridas y odios históricos.
La Comisión ya ha entrado en contacto con las Fuerzas Militares y con entidades del Estado para diseñar una ruta de trabajo que les permita avanzar en la búsqueda. También hará recorridos por todas las regiones del país afectadas por el conflicto para escuchar a las víctimas y se encontrará con las que viven en el exterior.
“Para la Comisión de la Verdad este encuentro hace parte del diálogo con los diferentes sectores, especialmente con quienes participaron en el conflicto de distintas maneras, todo ello con el propósito de que la sociedad pueda llegar a una comprensión sobre la complejidad de su historia, dignifique a las víctimas y siente las bases de la reconciliación”, señala la declaración firmada por el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, y el presidente de la Comisión, Francisco de Roux.
Bogotá, D. C. 29 de junio de 2018.
Por Luis Fernando García Forero
El Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, sostuvo que está dispuesto a convocar escenarios de diálogo con el equipo de empalme del Presidente electo, Iván Duque, para que tengan una interlocución directa con las Farc.
“Enteramos al equipo de empalme del gobierno entrante sobre cómo nos relacionamos con las Farc en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz, CSIVI, cómo se dialoga y resuelven allí las diferencias, cómo se estudian los problemas en el Consejo Nacional de Reincorporación”, sostuvo el Alto Comisionado Rodrigo Rivera señaló.
Dijo que los representantes del Presidente electo que están dialogando sobre el tema de paz, en el proceso de empalme, se quedan con la inquietud y sugerencia para que ellos tengan una participación directa con representantes de las Farc. “Se llevaron la oferta, la agradecieron y serán ellos quienes decidan si se activa antes de comenzar el nuevo gobierno”, destacó Rivera.
El Alto Comisionado para la Paz reveló que durante el empalme se han compartido visiones frente al futuro de la reincorporación de los exintegrantes de Farc y se le ha entregado a los delegados del gobierno entrante información sobre menores de edad que salieron de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y de cómo el gobierno ha manejado autónomamente este tema.
“Hemos encontrado en el equipo de empalme un gran interés e identidad en que este propósito sea exitoso y que el Estado cumpla compromisos frente a los miles de excombatientes, en su apuesta de ser ciudadanos plenamente reincorporados a las comunidades que ahora pertenecen, incluyendo temas como el acceso a tierra, a educación y a proyectos productivos”, señaló el Comisionado para la Paz.
El Comisionado Rivera quien dejó su actividad diplomática para impulsar no sólo el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno del Presidente Santos y las Farc, sino para el desarrollo del pos-conflicto que logre por fin la verdadera convivencia ciudadana, destacó el interés del Gobierno entrante por conocer el relacionamiento institucional con delegados de Farc y cómo ha funcionado eso en el nivel territorial.
Bogotá, D. C, 29 de junio de 2018.
Redacción Ecos Nacional
"No vamos a permitir que el país siga teniendo ese crecimiento vertiginoso en los cultivos ilícitos", aseguró el presidente electo Iván Duque desde Washington, Estados Unidos, donde se reunió con autoridades y congresistas de ese país.
Ante el aumento histórico de los cultivos de coca en Colombia que llegó a 209.000 hectáreas en 2017, según el más reciente informe del Departamento de Estado, Duque señaló que "vamos a trabajar por una reducción sustancial y también vamos a enfrentar todos los grupos armados ilegales que se están nutriendo de ese negocio".
"Desde el primer día vamos a enfrentar ese mal y vamos a tener una agenda muy clara en materia de seguridad", sostuvo el presidente electo en declaración a medios de comunicación.
Sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reanudar la aspersión con glifosato, esta vez por medio de drones, Duque dijo que él desde hace tiempo viene planteando esa alternativa y que la estrategia debe ser integral.
"Yo creo que en este momento tenemos que mirar todas las opciones y tienen que ser las que garanticen mayor precisión, mayor efectividad y que minimicen al máximo cualquier daño a terceros", recalcó.
Aprobación de la JEP
Frente a la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso de Colombia, destacó el acuerdo que hubo entre todos los partidos para sacarla adelante.
"Lo que tenemos que celebrar todos los colombianos es que pudimos llegar a un acuerdo sobre procedimientos y se dejaron claro unos temas relacionados con extradición y también algunos relacionados con las medidas suspensivas en lo que tiene que ver con los procesos de los militares, sin quitarles a ellos la posibilidad de que voluntariamente acudan a ese procedimiento", detalló.
Duque se reunió con los congresistas; Marco Rubio, del Partido Republicano y Rubén Gallego, del Partido Demócrata. También se reunió con el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo.
Washington, 28 de junio de 2018
Redacción y Foto: Red Medios Digital
En Buenavista, vereda del municipio de Mesetas (Meta), hace un año, hacia el mediodía, se cumplió el acto final de dejación de 7.132 armas individuales de la guerrilla de las Farc, certificada por la Organización de Naciones Unidas, ONU.
En la ceremonia participaron el Presidente Juan Manuel Santos; el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, y el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault.
Al tomar la palabra el señor Arnault afirmó que la Misión a su cargo “recibió el 30 por ciento de esas armas a partir del 7 de junio, y el otro 30 por ciento a partir del 14 de junio; la tercera parte empezó el 21 de junio y al día de hoy, la Misión ha recibido en sus contenedores el conjunto de las armas individuales registradas de los guerrilleros de las Farc – EP”.
Desde aquel rincón de Colombia el Jefe del Estado señaló que “sin armas, sin violencia, no somos más un pueblo enfrentado entre sí. No somos más una historia de dolor y de muerte en el planeta”.
Y acto seguido dijo: “Señor Rodrigo Londoño y miembros, hoy excombatientes, de las FARC: Les tomo su palabra. Colombia entera les toma su palabra. Y la comunidad internacional es testigo. En adelante, como usted lo ha dicho, esa, su palabra, será su única arma”.
Menos de un año después, el Presidente Santos al gradecer una vez más el esfuerzo de los miembros de la Fuerza Pública para obtener la paz y manifestó su satisfacción por que los otrora guerrilleros ahora participaban en democracia.
“El haber presenciado en las últimas elecciones, las más tranquilas, las más seguras, las más participativas, la participación fue la más alta de la historia, al antiguo Comandante de las Farc desmovilizado, desarmado, reintegrado a la vida civil, votando por primera vez en su vida como jefe de un partido político, esa transición de la guerra a la paz, a la democracia, se debe a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestras instituciones armadas”, afirmó en la Escuela Naval de Cadetes, en Cartagena.
Aquel 27 de junio en Buenavista, el Mandatario recordó que durante las más de cinco décadas del conflicto hubo más de 8 millones de víctimas y más de 220 mil compatriotas muertos, y aseveró que “habrá justicia y habrá reparación. Habrá verdad y habrá garantías de no repetición para las víctimas. De eso nos aseguramos en el Acuerdo de Paz”.
Señaló que ese 27 de junio se convertiría en un día que “jamás olvidaremos: ¡El día en que las armas se cambiaron por las palabras ! ”.
Hoy, a varias semanas de concluir su mandato las palabras pronunciadas por el Mandatario ese 27 de junio en Buenavista cobran vigencia.
“Y puedo decir, desde el fondo de mi corazón, que por llegar a este día, por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser Presidente de Colombia”.
Este miércoles en una entrevista radial el Mandatario pronunció una frase que fue su lema durante todo el proceso de paz y cuya vigencia no tiene términos.
“Siempre lo he dicho: esa paz no es mía, esa paz no es de Juan Manuel Santos, esa paz no es del Gobierno, es la paz de todos los colombianos”.
Bogotá, D. C, 27 de junio de 2018
Redacción y Foto: SIG
Después de varios días de discusión, el Senado de Colombia por fin le dio luz verde al procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en la sesión extraordinaria de la plenaria de la corporación, después de cuatro horas de debate, aprobó el proyecto, lo que significa que el Tribunal de la JEP ya tiene las herramientas jurídicas para su funcionamiento.
Sin embargo, la iniciativa no se aprobó como la presentó el Gobierno porque fueron incluidos artículos del Centro Democrático, es decir, el pulso lo ganó la oposición en los temas respecto a la extradición y al proceso especial para investigar a los agentes del Estado, militares y policías a través de una sala especial para su juzgamiento.
Según lo aprobado, los procesos contra los militares que están siendo investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz, por delitos atroces en medio del conflicto, estarían quietos por 18 meses, mientras que se establece un procedimiento para su juzgamiento.
El tire y afloje en la plenaria de la corporación no fue fácil para las dos posiciones en torno al tema, pero se destacó la fortaleza de la nueva bancada del Gobierno Duque, pese a que la subcomisión que viabilizó la aprobación de la iniciativa, no le jaló a los anhelos del CD, como limitar la participación en política de los responsables de los crímenes graves, entre otros.
Lo anterior se demuestra porque más de 20 proposiciones lideradas por la bancada del Centro democrático pasó sin mayores reveses. La controversia se calentó cuando se trató la facultad de la JEP ante cualquier solicitud de extradición de un actor del conflicto armado, la práctica de pruebas para determinar la fecha del delito, así como la diferencia en el trato judicial entre excombatientes, las Fuerzas Militares y de Policía.
“En términos del Mundial, hemos logrado ganar el último partido de este campeonato de la paz 2014-2018. Nos metieron un par de goles ilegales en el último minuto, pero el VAR, que es la Corte Constitucional, los va a corregir”, señaló en formas contundente el coordinador ponente del proyecto Roy Barreras.
En el escenario del tema y desde la óptica del Gobierno Nacional y de organismos internacionales, se insinuó la necesidad de avanzar en la aprobación del proyecto de la JEP. El Presidente Santos exhortó a los senadores a aprobar urgente dicha iniciativa para agilizar la reglamentación para que la justicia transicional inicie su trabajo con mayor legitimidad. De igual manera lo pidió la Misión de las Naciones Unidas en Colombia que le pidió al Gobierno y al Congreso remover los “obstáculos” que impiden, a su juicio, que la implementación del Acuerdo de Paz cumpla con los compromisos de la justicia y de los derechos de las víctimas.
Tampoco se quedó atrás el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, quien instó a la cámara Alta, “estar a la altura del compromiso histórico con las víctimas y el proceso de paz”.
Lo que se desprende del resultado de la aprobación del procedimiento de la JEP es que el Centro Democrático ganó en los aspectos ya mencionados, lo que significa que es una bancada que empezó a obtener triunfos con la fuerza del Presidente Iván Duque, lo que permite establecer que vendrán, vía proyectos de ley o de Acto legislativo, promover cambios en lo acordado entre el Gobierno y las Farc. Así se desprendió del resultado de la aprobación del procedimiento de la JEP.
Una constancia leída por la vocera del centro Democrático, Paloma Valencia, al término de la votación, deja de manifiesto que lo que sigue respecto al tema apunta a que vendrán más iniciativas que conllevan a cambiar más aspectos de lo acordado en La Habana.
Por ahora el país amanece con un texto de conciliación que le da vía libre al procedimiento de la JEP al término de las sesiones extraordinarias y donde se aprobaron otras iniciativas de paz y de origen parlamentario, culminando el trabajo legislativo del gobierno del Presidente Santos y a la expectativa de un nuevo Congreso que se instala el 20 de julio para darle posesión el siete de agosto al Presidente Electo Iván Márquez.
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2018.
Por Luis Fernando García Forero
A un año de los procesos más significativos y trascendentales de la Historia de Colombia, la dejación de armas por parte de las Farc y con el acompañamiento internacional, la Cámara Alta del Congreso de Colombia, debe decidir en pocas horas, una clara posición que determinará el futuro de todos los actores involucrados en el contexto de la Justicia colombiana, que van desde las 83 mil víctimas hasta los efectivos militares y todas aquellas instancias implicadas en el devenir del conflicto armado.
La decisión es histórica porque puede dividir la historia de Colombia y apagar una legitima salida jurídica, ya que el proyecto a consideración del Congreso, el procedimiento para la Justicia Especial de Paz, permitirá que excombatientes, agentes del Estado, fuerza militares y de policía, comparezcan ante dicho tribunal para desarrollar los principios de verdad, reparación y retribución de las víctimas, basado en la Justicia Transicional.
Ecos diálogo con el senador Roy Barreras quien fue contundente en expresar que el procedimiento de la JEP es el eje fundamental de la paz porque garantiza la seguridad jurídica a todos los colombianos.
Las horas y los minutos se están acercando para que el Senado de Colombia defina la suerte del procedimiento de la JEP. El senador Roy Barreras, quien ha entregado toda su actividad política y legislativa a la paz de Colombia, fue certero en afirmar que “echar por tierra la JEP, destruirla, dañarla, es quitarle a las víctimas el derecho a la verdad. Pero además, es quitar a los militares la salida jurídica que con ellos construimos y que ha permitido que más de 2 mil integrantes de la Fuerza Pública vuelvan a su casa”.
Fue enfático en argumentar que el Congreso aprobando dicha iniciativa, beneficiaría a las víctimas que sólo en la JEP podrían conocer la verdad.
En ese mismo espíritu, Barreras recordó que “dolorosamente hay 84 mil desaparecidos, madres de colombianos que no olvido y que no saben dónde están sus hijos y sus esposos. Es la JEP las que les permitirá saber dónde están”.
Barreras, coordinador ponente del proyecto en mención, dijo que si hunden la JEP y piensan cambiarla “por una sala inconstitucional, como lo propone el Centro Democrático, que no se puede crear en esa ley, deja a los militares en el limbo en manos de la Corte Penal Internacional”.
Señala Roy Barreras que el otro efecto negativo, si se archiva la iniciativa, es que “si destruyen la JEP, la seguridad jurídica que se logró para los terceros, también se echa por tierra y en esa nueva guerra jurídica, que empezaría, los terceros terminarían en la justicia penal ordinaria”.
Expresó el senador valluno que la suerte sobre el proyecto está echada y dijo que “si se traiciona el Acuerdo de Paz, no habría con quien negociar nada, eso fue lo que pasó en Centro América con las Maras. Ese destino violento puede evitarse todavía dejando estable y segura la paz, gracias a la JEP” y agregó que si hunden la JEP, estarían llamando a la CPI para juzgar a los militares.
Finalmente aseveró el médico y senador Roy Barreras, que el nuevo Gobierno debe tener muy buenos proyectos y una agenda legislativa positiva.
“Lo que sea bueno para Colombia lo apoyaremos, pero si ellos no vienen a construir sino a destruir la paz, no pasarán, aquí estaremos defendiendo la paz”, aseguró.
Bogotá, D, C, 27 de junio de 2018.
Por Luis Fernando García Forero
El tema no se define en el Senado de la República. No hay consenso entre la subcomisión que deberá rendir un informe a la plenaria de la corporación que posibilite la aprobación de dicha iniciativa y que fue aprobada en la Cámara de Representantes.
Las reuniones con el Ministro del Interior Guillermo Rivera y los senadores avanzan, pero sin resultados. Es importante destacar que la JEP ya está en funcionamiento, pero en la realidad jurídica, carece de una ley que reglamente sus funciones.
El Congreso y más directamente la Cámara Alta, tiene la responsabilidad del futuro del proyecto que ya se discute en sesiones extraordinarias que fueron decretadas por el Gobierno, pues el 20 de junio se culminó el periodo legislativo ordinario.
Los senadores Jorge Robledo, Paloma Valencia, Armando Benedetti, Eduardo Baena, entre otros son algunos de los miembros de la subcomisión, pero las propuestas de la bancada del Centro Democrático estancan el consenso.
Los temas que propone el partido del Ex presidente y Senador Álvaro Uribe tienen que ver con crear una sala especial dentro del tribunal, que juzgue a los militares involucrados en el conflicto armado con diferentes magistrados a los ya existentes. Sobre este tema, el senador Armando Benedetti, ponente del proyecto de Ley, ha dicho que esto es imposible porque se requeriría una reforma constitucional.
Benedetti quien ha criticado la actitud de la bancada del Centro Democrático para viabilizar la aprobación de la iniciativa, sostuvo que “ están poniendo trabas y que con lo que proponen dejaran a los militares sin una situación jurídica clara lo que llevaría a la intervención de cortes internacionales”.
La participación en política de los líderes de las Farc ha sido otro de los puntos en controversia. Según los opositores, lo que se pretende es que los responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan participar en política. Y por último se solicita que las víctimas del conflicto puedan tener una participación en los procesos con mayor impacto.
Según el senador Roy Barreras, “la subcomisión no puede encontrar solución para la JEP porque las pretensiones del Centro Democrático son de rango constitucional y no pueden modificarse con una ley ordinaria. Así que lo que corresponde es aprobar ya el texto de la Cámara”, dijo en su cuenta de twitter, y donde también señaló que “No tiene sentido enfrascar al Presidente electo en un debate estéril y desgastante negándose a aprobar ley de procedimiento JEP que todo el mundo sabe que es necesaria. Van a pasarse los 4 cortos años demoliendo en lugar de construyendo?”.
Presidente Santos insiste
Entre tanto el Presidente Juan Manuel Santos hizo un nuevo llamado al Senado de la República para que apruebe las normas procedimentales de la Justicia Especial para la Paz, JEP, porque “a las Fuerzas Armadas de Colombia les conviene”.
El Jefe del Estado enfatizó en que “no es cierto, óigase bien, no es cierto que nuestras Fuerzas quieran lo que algunos pretenden decir que quieren: que quieren un espacio especial, unos magistrados especiales dentro de la justicia transicional” y agregó que “eso no es lo que le conviene a nuestras Fuerzas (…) porque inmediatamente los pondrá, nuevamente, en la lupa de la Corte Penal Internacional”.
Recordó el arduo trabajo cumplido ante la Corte Penal Internacional para que esta aprobara la justicia transicional para las Fuerzas Armadas. “No hay excusa para demorar esta decisión que es lo que le conviene a todo el mundo”, puntualizó el Mandatario.
Sobre el tema, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, afirmó que “nosotros tenemos tres imperativos (…) el primero es impulsar, desarrollar y apoyar a la Justicia Especial para la Paz. El segundo, es armónico con el primero, consiste en fortalecer la Justicia Penal Militar y el tercero, mantener, soportar esa orden constitucional de que las Fuerzas Militares y de Policía “tienen un fuero carcelario especial”.
Dijo que en su condición de representante de las Fuerzas Militares puede afirmar que la Justicia Especial para la Paz en lo que tiene que ver con los integrantes de la Fuerza Pública “no se escribió y no se construyó en La Habana”.
Aseveró que “el Gobierno nos invitó a participar y allí en ese diálogo que realizamos nosotros con el Congreso de la República con los diferentes ministerios ayudamos a construir una Justicia Especial para la Paz, que hoy en día es uno de los elementos vitales del proceso de paz”.
Bogotá, D. C, 25 de junio de 2018.
Por Luis Fernando García Forero.