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Por Luis Fernando García Forero.- Con los cambios de sus cercanos colaboradores, el Presidente Santos golpea a su partido de la U, pero fortalece su entorno personal con amigos de su entera confianza, lo cual podría precipitar en el Congreso la aprobación del transfuguismo con el apoyo de quienes se sienten maltratados por el Gobierno.
Pese a que el Jefe de Estado continúa alimentando la Unidad Nacional para asegurar las mayorías en el Congreso, que le permitan continuar con la aprobación de los proyectos que implementan los Acuerdos de Paz, viéndolo desde el punto de vista numérico de la participación política, el Partido de la U, no sale bien librado y mucho más, si se le suma que el ministro de agricultura Aurelio Iragorri está de salida, pues ya presentó su renuncia.
Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador, no pueden quejarse dentro de la participación en el Gobierno. La U tiene otra debilidad más: no tienen en el horizonte inmediato el nombre del candidato presidencial. El senador Roy Barreras declinó su aspiración, mientras que el jefe natural de la U y Presidente Juan Manuel Santos dejó por fuera del camino a su ex ministro y ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón.
Así las cosas, el partido de Gobierno es el más golpeado por el mismo Gobierno. El Partido Conservador perdió la Alta Consejería pero les retribuyeron la jefatura de Findeter. La Unidad de Víctimas cambió de nombre pero sigue la cuota del Partido Liberal con la designación de Yolanda Pinto. El Partido del silencioso dirigente Germán Vargas Lleras, máximo jefe de Cambio Radical, mantuvo su cuota con Jaime Pumarejo en Vivienda.
En los cambios efectuados por el Presidente Santos se mantiene la cuota del Ministerio de Transporte, salió Jorge Eduardo Rojas y volvió Germán Cardona Gutiérrez, amigo personal del Jefe de Estado.
En el Ministerio de Industria y Comercio, Santos siempre ha tenido a una persona de sus afectos, llega su amiga María Lorena Gutiérrez en remplazo de Clara Lacouture.
Lo que podría desinflar el globo de la bancada de la U podría ser el remplazo del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, quien ya se despachó con su renuncia. Mientras que el Partido Conservador lucha por recuperar esa cartera, los congresistas de la bancada del partido de Gobierno tienen la esperanza de continuar con esa cartera. El poder del conservatismo, quien tiene representación en la Presidencia del Senado con Efraín Cepeda y con Lina Barrera en la Vicepresidencia de la Cámara, podría influir para asegurar dicho Ministerio.
El caso de ICBF también dejó molestos a los de la U. La salida de Cristina Plazas le abrió un espacio al Partido Liberal, quien la remplaza el actual gerente de Colombia Mayor, Juan Carlos López.
El jefe de Estado ratificó la cuota de cambio Radical en la Superintendencia de Notariado y Registro. Nombró a Juana Yolanda Bazán, quien es una santandereana que representó al partido Liberal en la Cámara de Representantes y ahora milita en las huestes del senador Bernabé Celis.
“Mejorar la calidad de vida de los colombianos, construir la paz y ofrecer nuevas y mejores oportunidades para todos”, fue una de las justificaciones del Presidente Santos al anunciar los cambios de sus colaboradores, después de la renuncia protocolaria de sus ministros, asesores y directores de entidades gubernamentales.
El resultado para ver si acertó el jefe de Estado será corroborado en el desarrollo del trabajo legislativo donde las votaciones de los principales proyectos gubernamentales, principalmente los que implementan los acuerdos de paz, reflejará si esas mayorías se mantienen solidas en la llamada Unidad Nacional, o se debilitan.
Pero el detonante sobre el tema, será la Reforma Política. Allí se reflejará aún más el camino que abre el horizonte en el proceso electoral. El transfuguismo, para el reacomodo de muchos congresistas, e inclusive si se aprueba listas cerradas, medirá las fuerzas en torno a la campaña Presidencial en el 2018.
Amanecerá y veremos, pues el tiempo se le está agotando no sólo al Presidente en su recta final de mandato, sino también al Congreso, que también ha sido fundamental para sacar adelante la paz de Colombia.
Por Redacción Ecos. Foto: David Oliveros.- En la Secretaría General del Senado, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, acompañado de los Ministros de Justicia y Defensa, Enrique Gil y Luis Carlos Villegas, radicó el proyecto más importante de esta legislatura, la ley que reglamenta lo aprobado en el Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Ministro del Interior explicó que los principios que orientan este proyecto de Ley Estatutaria de JEP son la competencia material territorial temporal, la definición de órganos y funciones, el derecho aplicable y el régimen sancionatorio y extradición.
Este proyecto tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Ministro Rivera afirmó que "antes de la radicación escuchamos observaciones de congresistas, del fiscal y a las comunidades indígenas".
"El acto legislativo dice que los terceros podrán acogerse a este sistema, pero en casos en que hayan participado en delitos de lesa humanidad, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros", explicó Rivera, quien manifestó que espera que, antes de septiembre, este proyecto haya terminado su trámite y sea Ley de la República.
Sobre la responsabilidad de mando, el ministro señaló que "está incluida la responsabilidad de mando de agentes del Estado y se consagra la responsabilidad de mando de las FARC".
"Las conductas de narcotrafico podrán ser conexas con delito político siempre y cuando hayan sido relacionadas con ese delito", añadió el jefe de la cartera política.
En términos generales, la Ley Estatutaria de la JEP pondrá en marcha lo aprobado en el acto legislativo y se aplica para guerrilleros, agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública, respectivamente.
Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Funcionará durante diez años, una vez las salas y secciones comiencen a funcionar, y se podrá prorrogar por cinco años más.
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad, alternativas (de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra) y ordinarias (de 15 a 20 años de prisión en condiciones ordinarias para quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz).
El debate sobre la Ley Estatutaria de JEP iniciaría en 15 días, en comisiones primeras conjuntas.
Redacción Ecos. Foto: Juan David Tena.- El Presidente de la República Juan Manuel Santos designó como nuevo Alto Comisionado para la Paz a Rodrigo Rivera, en remplazo de Sergio Jaramillo quien le pidió al Jefe de Estado “un alto en el camino”, aunque seguirá trabajando por la paz desde el cargo de Embajador en Bruselas y ante la Unión Europea, cargo que ocupa el exministro y expresidente de la Cámara de Representantes Rivera Salazar.
En una declaración en la Casa de Nariño, el Presidente Santos sostuvo que aceptaba la petición de Jaramillo, después de años de gestión que condujeron al Acuerdo de Paz con las Farc con la firma en el Teatro Colón.
“Aquí delante de los colombianos le digo muchas gracias. Gracias por esa labor tan extraordinaria”, le manifestó el Presidente de la República a Sergio Jaramillo Caro. Sin embargo, el Jefe del Estado le solicitó a Jaramillo tomar vacaciones y luego “seguir luchando por la paz”.
El Jefe de Estado resaltó que “hoy precisamente en que las Naciones Unidas anunciaron que comienzan a extraer las armas de las zonas veredales, pues un día muy importante (…) porque eso quiere decir que el fin del proceso se está protocolizando, el fin de la dejación de las armas”.
Añadió que “ya esto protocoliza el fin del cese al fuego que se decretó ya hace algún tiempo, es decir, el fin de la guerra, de 53 años de guerra. Y yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el doctor Sergio Jaramillo, quien ha decidido escoger esta fecha tan importante, tan llena de simbolismo, momento en que comienzan a extraerse las armas de las zonas veredales, para decirme que quiere hacer un alto en el camino y retirarse como Comisionado de Paz”, precisó el Mandatario.
Por su parte Rodrigo Rivera Salazar, natural de Pereira, es abogado, especializado en Desarrollo Económico y Derechos Humanos en American University Washington College of Law como becario Humphrey.
Fue Presidente de la Cámara de Representantes, senador, precandidato presidencial y Ministro de Defensa al comienzo del gobierno del Presidente Santos, en el 2010.
En noviembre de 2011 fue designado como Embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Jefe de Misión ante la Unión Europea.
El Presidente de la República afirmó que Rodrigo Rivera “ha hecho también una labor extraordinaria como embajador” y “ha sido una persona comprometida como el que más con este proceso”.
El nuevo Comisionado –dijo– seguirá “adelante con todo este proceso, con todo el equipo que ha venido ayudando y ha venido trabajando con tanto espero y con el cual también, repito, tenemos una inmensa deuda de gratitud.
El Presidente Santos dijo que mientras asume el cargo de Comisionado de Paz Rodrigo Rivera Salazar, estará encargada de ese despacho Mónica Cifuentes, integrante del equipo del Comisionado Jaramillo.
“Mientras tanto, voy a encargada de la oficina del Alto Comisionado a otra persona que ha jugado un papel muy importante, que es la doctor Mónica Cifuentes, la mano derecha del doctor Sergio Jaramillo y que ha sido una colaboradora mía desde la época del Ministerio de Defensa y ahora en el gobierno, y con quien también tenemos una inmensa deuda de gratitud”, puntualizó.
Por AFP. Foto: Globovision.com.- ¿Radicalización? ¿Diálogo? ¿Estancamiento? La elección de la Asamblea Constituyente añadió más incertidumbre a una Venezuela en caos, donde el presidente Nicolás Maduro tiene ahora un arma para gobernar sin límites, pese a su baja popularidad. Aquí tres posibles escenarios de la crisis.
Radicalización
La Constituyente nació en medio de las mayores protestas opositoras para exigir la salida de Maduro, que dejan unos 125 muertos y miles de heridos y detenidos en cuatro meses.
El mandatario asegura que la oposición no le dejó más alternativa para resolver la crisis, pero sus adversarios -que denuncian una “salvaje represión”- afirman que el objetivo es instaurar una dictadura para aniquilar los pocos contrapesos al gobierno, como el Parlamento y la Fiscalía.
“Está cantada la radicalización política y económica posconstituyente”, sostiene el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, indicando que al atrincheramiento será de ambas partes.
Los opositores, que no participaron en las votaciones del domingo por considerarlas fraudulentas, anunciaron que mantendrán su lucha de calle, empujada además por el colapso económico.
El politólogo Luis Salamanca advierte que “todos los actores van a estar en riesgo, unos porque pueden ser barridos del mapa como los opositores; otros, porque al seguir forzando la barra pueden provocar conflictos y rupturas” en el chavismo.
Maduro planteó este lunes a los constituyentes levantar la inmunidad a parlamentarios opositores -amplia mayoría- y “tomar el mando” de la Fiscalía, cuya jefa Luisa Ortega rompió con él y denuncia una “ambición dictatorial” del presidente.
“Viene la fase más dura y definitiva de la confrontación”, considera Salamanca, a lo que se añade la sanción este lunes de Estados Unidos contra Maduro por una “ruptura del orden constitucional”.
Washington, quien ahora considera al presidente como un “dictador”, también amenazó con castigos económicos a Venezuela, que tiene a ese país como uno de los principales destinos del petróleo, prácticamente su única fuente de ingresos.
Los analistas también vislumbran un aislamiento internacional. Estados Unidos, España y siete países latinoamericanos desconocen la Constituyente.
Diálogo
Maduro, cuya popularidad se sitúa en 21,8% según Datanálisis, llamó este lunes a un “diálogo nacional”, tras revelar que su gobierno mantuvo recientes acercamientos con la oposición que no prosperaron.
A instancias del Vaticano, las partes celebraron conversaciones a finales de 2016, que fracasaron entre acusaciones mutuas de incumplimiento de lo pactado.
“No se debería descartar la posibilidad, por cierto muy remota, de que el régimen buscaría aprovechar este proyecto autocrático tan extremo para negociar mejores términos para salir de la crisis”, opina Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
La oposición afirma que cualquier negociación debe tener como punto de partida unas elecciones generales, pero el gobierno descarta esa posibilidad y dice que el cuello de botella son las divisiones en la cúpula opositora.
“La Constituyente es una carta de fuerza política. Tras su instalación (el miércoles) puede ser que el gobierno empiece a negociar”, comentó no obstante la psicóloga social Colette Capriles.
Con la Constituyente “veremos un país mucho más débil, primitivo y peligroso, que terminará haciendo después lo que antes hubiera evitado mucho dolor: negociar, pero en peores condiciones”, sostiene Luis Vicente León.
Una encuesta de julio de Datanálisis estableció que 50,1% de los venezolanos está muy en desacuerdo con retomar el diálogo, contra 44,2% que se muestra a favor.
Estancamiento
La politóloga Francine Jacóme vislumbra un tercer escenario en el que se mantendrían las actuales condiciones: protestas, “represión”, exigencia de elecciones adelantadas, un gobierno atrincherado intentando ganar tiempo y deterioro socioeconómico.
“Sería el mantenimiento de lo que hemos visto en los últimos cuatro meses”, aseveró Jácome, quien advierte que la violencia podría recrudecer con una presencia más activa de “grupos paramilitares” ligados al gobierno, que niega su existencia.
Esta analista anota que la configuración de la Constituyente será clave en cualquier escenario. Aun cuando en la práctica estará controlada por una fuerza política, se podrían “ver claramente los distintos grupos y las fisuras en el chavismo”, dijo.
De momento, el poder electoral ya confirmó la elección de la línea dura del oficialismo, que será la llamada a manejar los hilos de la asamblea.
Por Redacción Ecos. Foto: Zona0.com.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia celebró el Proyecto de Ley presentado en Congreso de la República, que busca reglamentar el “ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”.
“Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, señaló el Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, en un comunicado de su despacho.
El texto del proyecto de ley busca establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la “capacidad legal plena” de las personas con discapacidad mayores de edad.
“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”, agrega el Proyecto de Ley.
La Oficina del Alto Comisionado advirtió además que la norma actual “está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ratificada por Colombia en 2011.
“El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado Colombiano, en 2016, derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad”, añadió la Oficina del Alto Comisionado en su comunicado.
“Este proyecto propone reemplazar las figuras de la interdicción y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás”, resumió Howland.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: ONU Press Ginebra.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. solicitó este a las autoridades de Venezuela, que respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión, asamblea y manifestación pacífica.
"Estamos muy preocupados por la prohibición de los derechos básicos de expresión y manifestación, especialmente en el contexto del proceso electoral del domingo", afirmó en rueda de prensa la Portavoz de la oficina, Liz Throssell.
El Gobierno Venezolano ha prohibido "reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral" desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto para, permitir la votación de una nueva Asamblea Constituyente.
Throssell recordó que Venezuela debe respetar la Ley Internacional de DD.HH. y por eso reiteró su "preocupación" por el hecho de que todas las manifestaciones hayan sido prohibidas.
"Es por ello que hacemos un llamamiento a las autoridades para que respeten el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica", afirmó la alta funcionaria
Agregó que la Oficina de la ONU está "profundamente preocupada por el riesgo de más violencia en Venezuela en el marco las elecciones del domingo" para la Constituyente.
Especificó que deben respetarse "los deseos" de los venezolanos a participar o no en los comicios y que, si bien nadie debe ser obligado a votar, aquellos que quieran participar en el proceso deben poder hacerlo. Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento a aquellos que se oponen a la cita electoral para que lo hagan de "forma pacífica".
"Estamos hablando ahora porque, dada la extremadamente tensa situación que vive Venezuela, queremos repetir nuestro llamamiento para que todos mantengan la calma y expresen sus opiniones de forma pacífica", declaró.
Con respecto al proceso de nueva Constituyente, Throssell dijo que la oficina de las Naciones Unidas no se posicionaba y que se limitaba a denunciar el tumultuoso "contexto" en el que estas elecciones se llevan a cabo.
No obstante, la portavoz agregó que "una modificación constitucional sólo puede llevarse a cabo con un amplio consenso y la participación de todos los sectores de la sociedad".
Además, recordó las conclusiones de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo europeo en temas constitucionales, que la semana pasada opinó que "el proceso y las normas electorales de la Asamblea Electoral Constituyente contradicen la Constitución de Venezuela de 1999".
Consultada sobre si el Alto Comisionado asumía las conclusiones de este órgano, Throssell respondió que "reconoce el conocimiento de la Comisión de Viena en temas constitucionales".
Agregó que, a juicio del Alto Comisionado, para poder llevar a cabo una modificación constitucional se deben respetar los derechos a la libertad de expresión, de asamblea y de manifestación pacífica.
Redacción Ecos.- Foto: zonacero.com.- Así lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos quien sostuvo que ya está lista una nueva Asociación Público Privada para la recuperación de la navegabilidad de la arteria más importante de Colombia.
El jefe de Estado, desde el departamento del Atlántico, precisó que se trata de recuperar el río a lo largo de los 908 kilómetros de extensión como principal vía de transporte de carga, con un dragado de mantenimiento de Barrancabermeja hasta Barranquilla y obras de encauzamiento desde ese puerto petrolero hasta San Pablo y Puerto Salgar.
“La APP ya está lista para poner en marcha otra vez el proyecto, después del traspiés que tuvimos, que no fue producto nuestro. Esta APP quedó mejor de lo que teníamos antes”, expresó el Presidente Santos.
Agregó que el plazo estimado del contrato será de 10 años, con un año en etapa de pre construcción, 4 años de construcción y 5 años de administración.
“No hay mal que por bien no venga. Estos problemas nos dieron la oportunidad de mejorar las especificaciones para que se convierta en la mejor autopista de carga del país”, expresó el Jefe del Estado, en la entrega de un tramo del proyecto Cartagena-Barranquilla/Circunvalar de la Prosperidad.
Ante las autoridades del departamento, el Presidente del Congreso Efraín Cepeda y algunos de sus ministros, el Presidente de Colombia destacó que la APP es un aporte adicional al desarrollo de Barranquilla y de la Costa Caribe.
“Esperamos ponerlo en marcha lo más pronto posible”, enfatizó el jefe de Estado quien anotó que el proyecto está dividido en los siguientes tramos: Bocas de Ceniza-La Gloria; La Gloria-Barrancabermeja; Barrancabermeja-Puerto Berrío; y Puerto Berrío-Puerto Salgar.
Precisó que el nuevo concesionario deberá cumplir con la prestación de todos los servicios operativos y de asistencia a la navegación, la atención al usuario, la señalización de los puentes y la operación del Sistema de Navegación Satelital.
Con la nueva concesión se destacan nuevos alcances como el dragado del canal marítimo de aproximación; reconstrucción del tajamar oriental y la reparación del occidental; ampliación a 215 metros del ancho del canal navegable; el dragado permanente del canal de acceso; la medición de caudales y velocidades; la construcción de obras de encauzamiento en Barrancabermeja, mantenimiento y reparación de muelles, entre otros.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Semanario FIDES.- Son los problemas sociales, en su gran mayoría, producto de la gestión mediocre, de las políticas públicas fallidas y del peculado y la corrupción presente en los países, sobre todo de los menos desarrollados, política y socioeconómicamente, donde la inversión social, el manejo respetuoso de los dineros públicos y la seguridad no existen.
La tragedia del camión de Texas trae a la luz pública un drama que tiene diferentes manifestaciones a escala global, con dos caras terribles: Por un lado, está la trata y, por otro, el tráfico de personas. Dos fisonomías que, como el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, son caras de una misma moneda.
Por Trata se define el secuestro y manejo de víctimas sin su consentimiento, engañadas o influenciadas y movilizadas para su comercio ilegal (venta, explotación sexual, trabajo esclavo, etc) y el Tráfico es un delito donde la víctima se expone al manejo de personas y bandas delictivas (coyotes, polleros, etc) por la necesidad de movilizarse de sus lugares de origen, sin garantías y con altos riesgos, pudiendo tornarse en víctima de Trata, a posteriori.
Según el Artículo 3 del "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas" de Naciones Unidas, por "trata de personas" se entiende la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto o abusos con fines de explotación.
Este protocolo distingue así entre tres elementos de este delito: Qué se hace (reclutamiento, transporte, hacinamiento y recepción de personas), cómo se hace (por fuerza, coerción, secuestro, fraude, abuso de poder, vulnerabilidad o por beneficio) y el propósito (explotación incluida la sexual, trabajos forzados, esclavitud y la extracción de órganos...).
En este sentido, el Informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC) de 2016 logró calcular que, entre 2012 y 2014, se detectaron más de 500 vías de tráfico de personas, con víctimas de 137 nacionalidades en todo el mundo.
Cifras terribles que, sin embargo, son solo la parte visible de este drama. Más allá de estos datos basados en los registros de las autoridades nacionales, las cifras podrían ser mucho más elevadas.
Según datos de Teresa Torres, Coordinadora del Proyecto contra el Trabajo Forzoso en la Organización Mundial del Trabajo (OIT), existe cerca de 21 millones de víctimas de trabajo forzoso, de las cuales 1,8 millones son víctimas en América Latina y el Caribe.
"La mayoría de casos de trabajo forzoso se dan en la economía privada, con ganancias ilegales anuales por valor de 150.000 millones de dólares; sólo en América Latina y el Caribe se generan anualmente 12 mil millones de dólares" señala Torres de OIT.
Es de destacar que, según la OIT, en América Latina y el Caribe, la explotación sexual genera 10.400 millones de dólares al año. Atendiendo a todas las formas de explotación, el explotador gana por cada víctima 7.500 dólares. En cuanto al tráfico de órganos, según el estudio de la ONU solo 10 países denunciaron este tipo de prácticas.
¿Y cuáles son las respuestas? Es necesario concienciar a la sociedad civil y a los gobiernos de la magnitud y complejidad de este problema. Al igual que el tráfico y consumo de drogas, la infracción y la violencia en todas sus formas, la trata y el tráfico de drogas debe ser una cuestión de estado, porque no sólo es perseguir delincuentes en las fronteras, maltratar a las víctimas con los procedimientos e incautar el dinero, sino mirar más allá.
Poner la lupa en las condiciones que generaron que ese ciudadano prefiera inmigrar ilegalmente de su país de origen o buscar “oportunidades” para su bienestar familiar e individual, en ofertas ilegales, engañosas y sospechosas que se venden como lícitas.
Redacción Ecos.-Al hacer una defensa del Acto legislativo que asegura el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, fue contundente en destacar que lo fundamental es garantizar que el conflicto armado jamás se repita.
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes Jaramillo señaló que “el monopolio de las armas no es solamente prohibirle a un civil usar un arma. Eso lo que significa es que el Estado está reclamando para si su función única de ejercer el poder coercitivo del Estado sobre el territorio. Lo más importante es que hacía adelante el Estado colombiano dejará de ser tan tolerante con grupos de civiles que reclaman para si eso; llámese guerrilla o paramilitares”
En la discusión en tercer debate del proyecto en mención, Jaramillo aseguró que más allá de posiciones políticas de izquierda o de derecha, lo que debe garantizarse es que el conflicto armado no se vuelva a repetir.
“Acá tenemos una medida con una carga simbólicamente muy importante que evitará que hacía adelante organizaciones de derecha o de izquierda usurpen esa función del Estado”, expresó Jaramillo quien recordó el momento histórico que vive el país “con el desarme y reincorporación de las Farc y de sumar todos los esfuerzos para construir la Paz”.
Por redacción Ecos.- La decisión del Presidente Juan Manuel Santos de objetar la ley que reduce los aportes de los pensionados a la salud de un 12 al 4 %, llevó a los pensionados a declarar un paro a nivel nacional y a expresar la decepción contra el jefe de Estado por no cumplir con la sanción de dicha ley y que había sido promesa de campaña.
Miles y miles de pensionados de Colombia están dispuestos a dar la batalla por lograr que se establezca la reducción de dichos aportes, no obstante que el Congreso de la República rechace las objeciones y sea la Corte Constitucional la que en última instancia decida sobre el futuro de la iniciativa aprobada por el Congreso.
Ya el Presidente saliente del senado, Mauricio Lizcano a instancias de www.ecospoliticos.com había criticado la decisión del Gobierno sobre el tema y dijo que lo más seguro es que el Congreso rechace la decisión gubernamental.
Como la iniciativa aprobada por el Congreso fue objetada por inconstitucional, si el Congreso rechaza las objeciones, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra y defina la suerte de la ley.
