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Redacción y Foto Ecos.- "Colombia con la aprobación, en último debate, de la ley que regula el cannabis con fines medicinales, marca un hito en el establecimiento de una política de salud pública y afianza el camino para iniciar un cambio en la política prohibicionista" aseguró el Senador Juan Manuel Galán, proponente de la iniciativa legislativa.
Con 84 votos a favor y con el respaldo de los distintos partidos políticos, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la nueva norma, que pasa a conciliación con el Senado y luego a sanción presidencial.
"Hoy es un día histórico para el país ya que el Congreso de la República de manera soberana ha tomado una decisión para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de millones de pacientes colombianos" afirmó el senador liberal y recordó que, en EEUU, ya 24 estados legalizaron la marihuana para uso medicinal.
Galán destacó la importancia de la ley, que permitirá a miles de pacientes que sufren de enfermedades como epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, VIH sida, diabetes, migraña, entre otras, acceder a un medicamento seguro, de calidad y a un precio justo, regulado por el Estado y no por los criminales.
Ante la disyuntiva que genera la expedición del Decreto del Gobierno, Galán mencionó los aspectos que el mismo deja por fuera y que la ley si contempla como el cobro de licencias cuyos recursos estarán dirigidos a programas de prevención escolar; sanciones a quienes violen el régimen de licencias; vigilancia a las licencias utilizadas exclusivamente a fines medicinales y terapéuticos y establece que menores de edad sólo podrán usarla bajo el consentimiento de sus padres, entre otros.
Asimismo el legislador destacó que con la norma se garantiza y se blinda el proceso de regulación, cerrando la posibilidad que el gobierno de turno, derogue el decreto.
El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) promoverá la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de Cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se promoverá la contratación de mano de obra local. El Estado protegerá a los pequeños y medianos cultivadores y productores.
ABC de la Ley que regula el uso de Cannabis Medicinal
Los beneficiarios de la ley serán los pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales, que quieran acceder a los medicamentos extraídos del cannabis, en condiciones de igualdad, calidad y seguridad. Los pacientes van a acceder a un medicamento desarrollado científicamente, avalado por especialistas de la salud, rompiendo así el lazo con la ilegalidad.
Las instituciones del Estado que harán parte del proceso de regulación son: Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los medicamentos extraídos del cannabis no generarán ningún impuesto a los ciudadanos.
En coordinación con el Ministerio de Educación se desarrollará un programa nacional de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.
Se reglamenta el acceso del medicamento para menores de edad siempre que haya consentimiento de los padres de familia.
Se promoverá una política de sustitución de cultivos ilícitos por cannabis medicinal como una opción para el campo colombiano.
Las paradojas de una reglamentación con fines médicos
Ciertamente las enfermedades crónicas y terminales son todo un reto para los administradores de salud, médicos y familiares y el uso medicinal del cannabis sativa, desde los años 80, ha permitido complementar los tratamientos terapéuticos y la calidad de vida de estos pacientes.
El dilema ahora radica en la articulación de esta reglamentación con los contextos asociados al uso. Por un lado, la definición del cupo definitivo para el cultivo de marihuana con fines medicinales con el Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, para establecer las condiciones de cultivo, resguardo y protección del producto, en función a la población usuaria en Colombia.
Por otro, evitar la desviación de los canales lícitos, sobre todo para el uso recreativo o de tenedores personales. Lo que representa también un proceso de creación de una posible marca, ya que ella supondría poseer una licencia que soportaría su comercialización, luego de su producción y manejo, ya que el monopolio de su regulación estará por parte del estado colombiano.
Uno de los aspectos más criticables del proyecto, desde el punto de vista del control y supervisión de la sustancias, es el manejo por medio de dispensarios, ya que sería más seguro y rentable desde el punto de vista médico- sanitario, que existiese una organización con fines científicos, que no sólo haga esta función, sino evalué, supervise y regule la actividad referencial, ya que, aun cuando es un uso medicinal, es un consumo de una sustancia estupefaciente y de acción psicoactiva, de riesgo médico.
Una experiencia legislativa de vanguardia
Con la decisión del Congreso, Colombia se convierte en el cuarto país de América Latina en tener legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos. Hasta ahora, sólo tres países, Chile, Puerto Rico y Uruguay han dado este paso.
Sólo Uruguay dio rienda suerte al uso recreativo en su legislación, aún muy criticado, como muchos estados de la Unión Americana.
Aun cuando es un paso significativo, queda pendiente el tratamiento, rehabilitación e reincorporación social de los dependientes del país, que no tiene un real paradigma de intervención y de inclusión social.
Redacción Ecos. Foto: CEPAL/ONU.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un ambicioso informe, en su Trigésimo Sexto Período de Sesiones, realizado en México, que busca, para 2030, una "nueva ecuación" entre Estado, Mercado y Sociedad, que logre la igualdad a través de un cambio del modelo productivo.
"Se requiere una dirección clara y cambiar la conversación entre Estado, Mercado y Sociedad. Y sentarnos a hablar de la visión a 10 años y 15 años, que es lo que nos ofrece esta agenda 2030" de la ONU, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Al dar a conocer el Informe "Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible", Bárcena instó a trabajar conjuntamente a instituciones globales, regionales y locales.
Ello para un fin último: "El horizonte es la igualdad, el cambio estructural progresivo es el camino y la política, en mayúsculas, el instrumento".
De esta manera, la titular de la CEPAL resumió varios de los mensajes que ha ido lanzando en este periodo de sesiones del organismo.
Ahondó en la necesidad de que la clase política lidere este cambio de modelo de desarrollo, que además de incluyente, ha de ser respetuoso con el medioambiente y señaló la necesidad de fomentar la cooperación y suavizar los problemas de deuda de los países caribeños.
"Proponemos un cambio estructural progresivo que aumente la incorporación de conocimientos, garantice la inclusión social y supere el cambio climático", apuntó Bárcena.
Ello con la mira colocada en América Latina y el Caribe, que ha de transformar su matriz productiva en una sostenible.
La Agenda 2030 y su diseño
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, remarcó hoy que la Agenda 2030 impulsada por la ONU tiene un "gran diseño", pero también "muchos desafíos" para que sea más que un "conjunto de objetivos".
"Vemos que esta agenda es un gran diseño, pero hay muchos desafíos, porque la gobernanza (gobernabilidad) global para cerrar asimetrías financieras y tecnológicas no está contemplada", explicó la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde la Ciudad de México.
Señaló Bárcenas que el actual modelo productivo y de desarrollo genera desigualdades, crisis ambientales, sesgos recesivos y, en definitiva, "no es sostenible" e hizo referencia a la necesidad de buscar una integridad ecológica y los recursos comunes, mediante "coaliciones, instituciones y mecanismos de seguimiento".
"Necesitamos llegar a una coalición global colectiva para impulsar el valor agregado, para cambiar la escala productiva, para proteger los recursos globales" y “para llegar a un convenio colectivo, es necesario cerrar las brechas de financiamiento y que se logre una mayor apertura del comercio internacional, expresó la funcionaria de CEPAL.
Sustentó, en este sentido, que es necesario fortalecer la institucionalidad multilateral, a través de una mayor cooperación tributaria y corresponsabilidad entre deudores y acreedores.
"Se requieren bienes políticos globales, un crecimiento estable con empleo, conservación del medio ambiente e integridad ecológica de los recursos comunes y de políticas nacionales", afirmó Bárcena.
Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos afirmó, al término del Consejo de Seguridad que lideró en Tibú, Norte de Santander, que la prioridad del gobierno es el regreso a la libertad, sanos y salvos, de los periodistas de RCN Televisión Carlos Melo y Diego D’Pablos.
Asimismo reiteró que la Fuerza Pública ofrece todas las condiciones de seguridad que sean necesarias para lograr su pronta liberación. Agradeció a la Iglesia Católica por su ayuda para que estos acontecimientos tengan un buen desenlace.
En el Consejo de Seguridad mencionado, participaron además los altos mandos militares y policiales, los ministros de Interior y Defensa, representantes de la Iglesia Católica y autoridades civiles del municipio y el departamento.
“Como lo dije cuando se hizo pública la agenda de negociaciones con el ELN, y lo reitero ahora, con más razón, no activaremos ninguna mesa de negociaciones mientras el ELN no libere a todos los secuestrados y renuncie definitivamente a este crimen de lesa humanidad”, manifestó el Mandatario.
El Jefe de Estado reiteró su “más enérgica condena y rechazo frente al secuestro o frente a cualquier atentado contra la libertad individual o contra la libertad de prensa”.
Sostuvo que “el ELN tiene la obligación de liberar a todos, repito, a todos los secuestrados de manera inmediata, y abandonar definitivamente este crimen atroz. El secuestro, bajo ninguna circunstancia, puede ser justificado. Es un crimen de lesa humanidad” señaló Santos.
“Los colombianos todos celebramos el regreso a la libertad, sana y salva, de Salud Hernández. Esta noticia, por buena que sea, no puede ocultar la necesidad de que Carlos Melo y Diego D’Pablos también regresen al seno de sus familias de manera inmediata. El ELN es el único responsable por la vida e integridad de los periodistas que siguen en su poder. Salud ha dicho que serían liberados mañana. Para el Gobierno Nacional, la prioridad es la vida y la integridad física de las personas” informó .
El Mandatario insistió que “en este caso, como en todos, si hay una liberación organizada con entidades humanitarias, facilitaremos y les daremos las condiciones de seguridad necesarias para que la operación se lleve a cabo. Ya tengo entendido que hay una operación en ese sentido para que los dos periodistas regresen a la libertad”.
Toda la solidaridad y apoyo para las familias de los dos periodistas
El Jefe de Estado reiteró toda la solidaridad y apoyo con las familias de estos periodistas y declaró que “no hemos ahorrado ni ahorraremos esfuerzo alguno para lograr su pronto regreso a sus casas, sanos y salvos”.
Indicó que “desde que se tuvieron las primeras informaciones sobre la desaparición de estos periodistas”, dio las instrucciones de mantener informadas a sus familias, y de actuar con firmeza y precaución.
“Firmeza para encontrarlos, y precaución para no poner en riesgo sus vidas. En situaciones tan difíciles como estas, donde la vida de las personas puede estar en juego, la acción inmediata y la prudencia deben ir de la mano”, sostuvo Santos.
Consideró además que “informar públicamente sin tener certezas, alimenta las especulaciones, que pueden ir en contravía de la seguridad de quienes precisamente queremos proteger”.
Gratitud a la Iglesia Católica y la Fuerza Pública
El Presidente agradeció a la Iglesia Católica, a la Fuerza Pública y a todos los funcionarios que han ayudado para que estos acontecimientos tengan un buen desenlace.
“Quiero también hacerle a la Iglesia, a Monseñor Sánchez aquí presente, y a todos los miembros de la Iglesia que han venido contribuyendo para un buen desenlace de estos acontecimientos. Agradecerles al Gobernador, al Alcalde y a todos los que han estado apoyando los esfuerzos de nuestra Fuerza Pública”, dijo.
“Quiero agradecerles a todos nuestros héroes, a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestros generales. Aquí estuvo el propio General Mejía, Comandante del Ejército y el General Nieto, Director de la Policía, al frente de estas operaciones”, añadió.
El jefe de estado recordó que, en la medida en que se ha recolectado la información confiable, se han ido ajustando las medidas, siempre con el mismo objetivo: proteger la integridad física de los periodistas y hacer respetar su libertad para informar.
Por Redacción Ecos. Foto SIG.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini está de visita en Colombia procedente de México.
El encuentro de la jefa de la diplomacia europea con el Presidente Juan Manuel Santos, con su ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y con el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo y otros miembros del Gobierno, girará en torno al apoyo de la UE a la Paz de Colombia, Federica Mogherini anunció que el bloque de países europeos apoyará con 575 millones de Euros, el posconflicto y la consolidación de la Paz en Colombia.
La líder europea afirmó que “la razón por la cual queremos invertir en la paz es porque sabemos que esta es la mejor opción para el mundo. Estamos convencidos de que, en conjunto, también vendrá una oportunidad de crecimiento para el país y generación de empleo”, dijo.
A las reuniones se incorporó el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, quien esta semana hace su cuarta visita oficial al país desde que fue nombrado para el cargo por Mogherini en octubre pasado.
Con Pardo, Mogherini firmará documentos de cooperación para cuatro proyectos que hacen parte de la estrategia de respuesta rápida para el posconflicto que se iniciará cuando se firme la paz con las FARC en las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba desde noviembre de 2012.
Colombia y la UE suscribieron cuatro acuerdos para desarrollo local sostenible en zonas marginadas; promoción de garantías derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas; desminado humanitario y promoción de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica.
Aporte para el posconflicto
Este paquete reúne a los fondos de cooperación previstos por el Fondo Fiduciario de la UE, el Instrumento de contribución a la estabilidad y la paz (18 millones de euros) en apoyo al Plan de Respuesta Rápida del Gobierno colombiano y los préstamos que ofrece el Banco Europeo de Inversiones, junto con la cooperación en curso (67 millones de euros para el período 2014-2017).
Se incluyen tanto medidas a corto y medio plazo, en forma de asistencia técnica, subvenciones y préstamos que estarán disponibles una vez se firme el acuerdo de paz definitivo.
De particular importancia son las subvenciones que serán proporcionadas a través de un fondo fiduciario, el ‘Fondo Columba’, al que la Comisión Europea y diez Estados miembros se han comprometido a aportar 90 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) planea vincular un paquete de préstamo de 400 millones de euros con las acciones financiadas por el Fondo Fiduciario.
Adicionalmente parte de la entrega de este apoyo económico se dará a través de cuatro grandes líneas de trabajo, con las que el grupo de países del viejo continente busca apalancar el desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional de cara al futuro del país:
1. Apoyo al programa “Desarrollo Local sostenible en zonas marginadas de Colombia DLS” liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entre sus objetivos está el de crear oportunidades de generación de ingresos a 650 mipymes rurales mediante “negocios verdes”. Asimismo, generación de capacidades técnicas y fortalecimiento de esquemas participativos de gobernanza local en Parques Nacionales Naturales.
2. Contratación de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander -RESANDER- para financiar iniciativas de radios comunitarios para la paz y convivencia.
3. Asistencia técnica a la Dirección de la Acción Integral contra Minas –DAICM.
4. Alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, -FAO- para promover el fortalecimiento de la plataforma de diálogo social a nivel nacional y local para la implementación de las directrices de gobernanza de la tierra en las áreas del Sistema de Parques Nacionales y sus zonas de influencia; y restitución de tierras en marcha en territorios de comunidades indígenas y/o afro-descendientes que ocupan zonas de influencia de áreas protegidas resolviendo así los derechos de tenencia de la tierra.
De esta manera el apoyo del bloque de países del viejo continente se enmarca en el respaldo decidido al proceso de paz y el posconflicto en Colombia.
Acuerdos firmados
Durante el acto se suscribieron los siguientes instrumentos:
• Acta protocolaria de desembolso de programa de desarrollo local sostenible en zonas marginadas de Colombia. Lo suscribieron el Viceministro (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauricio Mira, la Subdirectora de Parques Naturales de Colombia, Carolina Jarro y la Embajadora de la UE en Colombia, Ana Paula Zacarías.
• Contrato para la promoción de garantías derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas. Lo firmaron el Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) en Colombia, Rafael Zavala y la Embajadora Zacarías.
• Declaración de intención para el apoyo de desminado humanitario en Colombia. Firmado por el jefe de Misión del Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), en Colombia, Yohn Medina y la Embajadora de la UE en Colombia.
• Contrato para la puesta en marcha de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica. Firmado por el gerente de la Red Cooperativa de Medios Comunitarios de Santander (Redsander) Fernando Tibaduiza y la Embajadora.
Por Redacción Ecos.- Foto Efraín Herrera, SIG.- Así lo expresó el Presidente Juan Manuel Santos en una histórica Audiencia en la Corte Constitucional, donde frente a los 9 magistrados de ese alto tribunal, salió a defender y a pedir la exequibilidad de la ley que convoca a un plebiscito para que los colombianos refrenden lo que se acuerde en La Habana que pone fin al conflicto por más de cincuenta años con las Farc.
“Quiero ENTREGARLE LA PAZ AL PUEBLO para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido. Lo hago porque mi talante democrático me obliga –y así ha sido desde el mismo inicio de este proceso– a poner la paz por encima de la voluntad de un mandatario o de un gobierno. La paz –lo he dicho muchas veces– no es de Juan Manuel Santos ni de mi gobierno: la paz es de todos los colombianos”
Agregó : “vengo como colombiano, que anhela vivir en una nación sin guerra y dejar un legado de paz a nuestros hijos. Y vengo como Presidente, que ha jurado servir a su país y cumplir los preceptos de nuestra Constitución, con lo cual me he obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.
El jefe de estado estuvo acompañado del ministro del interior Juan Fernando Cristo y del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quienes se dirigieron igualmente ante los magistrados, solicitando que se declare constitucional la ley que permite el plebiscito para la paz.
“La decisión de poner fin al conflicto armado para dar paso a la fase de construcción de la paz es –sin duda– la decisión política más importante que debo implementar como Presidente”, manifestó el jefe de estado ante el máximo tribunal constitucional de Colombia, tras señalar que si se declara exequible la ley del plebiscito, será la decisión última sobre el proceso.
“Como primer mandatario de los colombianos, mi obligación y mi compromiso es hacer realidad el derecho a la paz que establece el artículo 22 de nuestra Carta Política, cuando dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, enfatizó Santos quien agregó : “ y no solo me lo ordena la Constitución, sino que también –muy importante– es el mandato del pueblo colombiano que en el año 2014 votó mayoritariamente por mi candidatura, para que llevara a feliz término el proceso de paz que iniciamos durante mi primer periodo de gobierno”.
En su discurso, que duró alrededor de 15 minutos, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos fue contundente en manifestar que ha dedicado todos sus esfuerzos para ponerle fin al conflicto armado y obtener la paz.
En su pronunciamiento el mandatario colombiano destacó que los colombianos deben votar a consciencia, que el acuerdo final en todos sus puntos sea ampliamente conocido, difundido y discutido, de manera previa, como lo exige la ley del plebiscito para la paz.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: CHM.- Con cifras récord de personas que necesitan ayuda y financiación para salvar sus vidas y sus familias, los líderes globales concluyeron esta semana la Primera Cumbre Humanitaria Mundial, comprometiéndose a “avanzar con la Agenda para la Humanidad”. Los participantes subrayan la obligación moral colectiva de acabar con el sufrimiento humano.
La Cumbre versó alrededor a 5 responsabilidades dirigidas a mejorar la prestación de la ayuda humanitaria, apoyar a las personas refugiadas, respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), aumentar la financiación de los proyectos y prevenir las crisis humanitarias, que están provocando los mayores flujos de migración de los últimos 70 años.“Esta primera Cumbre nos ha fijado un nuevo rumbo”, afirmó el Secretario General Ban Ki-moon a modo de cierre. “No es un punto y final, sino un punto de inflexión”.
Los Gobiernos, las personas afectadas por las crisis, las ONG, el sector privado y Naciones Unidas se reunieron para apoyar la “Agenda para la Humanidad” y sus cinco principales responsabilidades. “La puesta en marcha de esta agenda es una necesidad para que la gente pueda vivir con dignidad y prosperidad”, declaró el Secretario General de la ONU.
Los socios humanitarios y de desarrollo han acordado una nueva forma de trabajar para reducir la necesidad de la acción humanitaria, mientras que las agencias de ayuda y los gobiernos donantes se han comprometido con el “Gran Acuerdo”, que pone los recursos en manos de aquellos/as que más lo necesitan. Hay que hacer más para prevenir los conflictos, respetar el DIH y cumplir la promesa de la Carta de la ONU.
El Secretario General informará a la Asamblea General en septiembre sobre los logros de la Cumbre y se propondrán formas de avanzar en los compromisos. Sin duda alguna, “las personas que han sufrido las consecuencias de los conflictos y los/as que trabajan por aliviar el sufrimiento humano son los verdaderos héroes de la ayuda humanitaria”.
“Dados los compromisos que los/as participantes han asumido durante dos días, se debe emprender ahora una acción más fuerte y que todo esto no quede en papel”, declaró Recep Tayyip Erdoğan, Presidente de Turquía. De hecho, ningún país puede permanecer indiferente a las marcadas diferencias entre los países, donde mientras uno es rico su vecino vive en la pobreza. “Debemos compartir nuestras obligaciones morales, políticas y financieras y actuar en consecuencia”... “Un día de espera se traduce en cientos de muertes y miles de personas que sufren” destacó Erdoğan. Con esto en mente, expresó su deseo de que la Cumbre abriera la puerta a un mundo más pacífico.
En la cumbre se celebraron quince sesiones especiales, en las que los participantes esbozaron promesas individuales para ayudar a las personas afectadas por los desastres y conflictos. Siete de ellas abordaron temas como: principios humanitarios, protección de los periodistas, intervención humanitaria, jóvenes, negocios, análisis del riesgo y esfuerzos por situar a las personas en el centro de la acción humanitaria. Los ponentes anunciaron su compromiso de mejorar la participación de una amplia gama de partes interesadas en la búsqueda de soluciones prácticas a dilemas complejos.
Las ochos sesiones restantes versaron sobre: compromisos religiosos, migrantes, personas con discapacidad, educación, financiación islámica social, salud global, acción regional, y alianza global para las crisis urbanas.Asimismo, la WHS contó con siete mesas redondas de alto nivel en las que los jefes de estado y de gobierno, así como representantes de la sociedad civil, el sector privado, entidades filantrópicas y Naciones Unidas anunciaron compromisos para mejorar las respuestas humanitarias.
En tres de esas mesas que tuvieron lugar ayer, los debates se centraron en torno a temas generales: “Respetar las normas que salvaguardan la humanidad”; “Desastres naturales y cambio climático: gestionar los riesgos y las crisis de manera diferenciada” y “Mujeres y niñas: catalizar la acción humanitaria para conseguir la igualdad de género”.
En todo momento, los participantes denunciaron que los civiles están siendo asesinados de forma indiscriminada en conflictos armados, los Convenios de Ginebra están siendo completamente ignorados, las mujeres y las niñas continúan siendo víctimas de abusos sexuales en situaciones de emergencia y crisis humanitarias y alrededor de 220 millones de personas sufren cada año las consecuencias de los desastres naturales.
De naturaleza inclusiva, abierta e integral, así como multidisciplinar esta primera cumbre ha servido para aprovechar la experiencia, las capacidades y los recursos necesarios para dar respuesta a la magnitud de los desafíos a los que nos venimos enfrentando. Durante los últimos tres años, la Cumbre ha realizado consultas a los líderes mundiales, sociedad civil, organizaciones internacionales, nacionales y regionales, ONG, sector privado, academia, expertos/as técnicos/as y, sobre todo y lo más importante, a las personas afectadas por crisis humanitarias.
Con un total de 7 mesas redondas de alto nivel, 15 sesiones especiales, 132 actos paralelos y dos días enteros de sesiones plenarias, además de una exposición y un mercado sobre innovación, da por finalizada la primera Cumbre Humanitaria Mundial.
Los compromisos asumidos en la WHS tendrán un papel fundamental en la consecución de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París (COP21) sobre el cambio climático, así como las necesidades e intereses de aquellas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
Por Redacción Ecos. Foto: picture alliance/ dpa.- Francia, la madre de la libertad y de los DDHH, dio un paso transcendental en contra del azote más grande de la humanidad en este milenio: el terrorismo, al aprobar, en primera instancia y con una amplia mayoría, una nueva Ley Antiterrorismo, para detener el avance de este grave problema sociopolítico y que ha tenido en jaque a la humanidad.
El Senado francés dio a los investigadores más competencias para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, a través del endurecimiento de la legislación en materia de seguridad.
La ley fue impulsada tras los atentados terroristas en París de noviembre pasado, que causaron la muerte de 130 personas, pero había sido preparada con antelación, de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Entrará en vigor una vez que la firme el Presidente Francés, Francois Hollande.
La reforma amplía las competencias de las fuerzas de seguridad para actuar contra el terrorismo y el crimen organizado. El texto prevé, entre otras cosas, que las personas pueden ser detenidas hasta por cuatro horas en casos de controles de identidad si su conducta resulta sospechosa de terrorismo. También se les puede revisar el equipaje.
La Fiscalía Francesa también puede ordenar requisas de casas en horario nocturno, bajo determinadas circunstancias. Además, los investigadores tendrán más posibilidades de realizar interrogatorios. Por otra parte, los terroristas que regresan de territorios de combate pueden ser puestos un mes bajo arresto domiciliario.
La ley también permite relajar la normativa del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones como las vividas en los atentados de noviembre.
Fiscales y jueces que dirijan una investigación, en el contexto de esta nueva ley, podrán también utilizar nuevos métodos técnicos de investigación. También pone la mira en la financiación de grupos terroristas y pretende modernizar los procesos penales.
En la Asamblea Nacional, 474 diputados votaron a favor, 32 en contra y 32 se abstuvieron. En el Senado, en primera lectura y con una amplia mayoría de congresistas.
Quienes se oponen a la ley alegaron que las medidas de emergencia ya están contempladas en el código penal actual.
Sus críticos advirtieron, sin embargo, que la ley acoge normativas de excepción en el derecho común.
Por Redacción Ecos.- Así lo afirmó en forma contundente el Presidente Juan Manuel Santos, quien declaró que muchos de los compromisos en esa materia ya están incluidos en el presupuesto de la Nación.
El Jefe de Estado le anunció a los colombianos que el próximo jueves asistirá a la Corte Constitucional para defender el plebiscito, fue enfático en destacar que la reforma tributaria que el Gobierno presentará el próximo semestre al Congreso, “será estructural y busca incentivar la inversión y que sea amigable con el empresariado y el crecimiento económico”.
Al respecto citó el ejemplo de la reparación de víctimas: “Eso lo venimos haciendo desde el año 2012. Ya llevamos casi 600 mil víctimas reparadas. O sea que en cuanto al temor de un aumento de los impuestos para financiar el posconflicto, sobre eso no debe haber un temor que sea justificado, porque no se va a meter al país en unos gastos que sean irresponsables o por encima de sus capacidades”, sostuvo.
Señaló, además, que hay inversiones que se tienen que hacer con o sin Farc, como es el caso de darle un impulso al campo colombiano. “El compromiso que tenemos con el campo colombiano, para superar el atraso del campo colombiano, por virtud precisamente de la presencia del conflicto, la falta de bienes públicos, es algo que la sociedad, el país entero, tiene que hacer con o sin Farc”, recalcó.
Reforma con inversión y crecimiento
El Jefe de Estado subrayó que la reforma tributaria que se presentará el próximo semestre será estructural y se busca que incentive la inversión y sea amigable con el empresariado y con el crecimiento económico.
“La reforma tributaria que vamos a presentar el próximo semestre es una reforma estructural. Va a remplazar unos impuestos que desaparecen por ley: el impuesto al patrimonio, el impuesto al 4 por Mil. Y vamos a corregir una serie de falencias, de distorsiones que tiene nuestro sistema tributario, que se han venido acumulando a través de los años”, dijo.
“Lo que queremos es una reforma estructural, que realmente sea un incentivo para la inversión, que sea amigable al empresariado, amigable al crecimiento. Porque, como he dicho muchas veces, aquí muy pocos pagan demasiado y demasiados no pagan o pagan muy poco”, concluyó el Presidente de la República.
Campaña por Plebiscito
Dijo que ante los magistrados de la Corte Constitucional defenderá la ley del plebiscito a través del cual los colombianos podrán expresar si apoyan o no los acuerdos que surjan del proceso de paz de La Habana.
“No entrará nada en vigor si no hay refrendación por parte del pueblo colombiano. Yo lo prometí hace cinco años”, dijo el Mandatario al intervenir en el conversatorio ‘Cómo liderar empresa en un país que supera el conflicto’, realizado en el marco de la estrategia ‘La conversación más grande del mundo’, este martes en el Club El Nogal de Bogotá.
“Voy a ir a defender la ley del plebiscito ante la Corte Constitucional. No es usual que el presidente de la República vaya a la Corte a defender un proyecto de ley. Pero voy a ir a defenderlo porque pienso que esa promesa se tiene que cumplir. Y pienso que la legitimidad de este proceso la va a dar precisamente el pueblo. El pueblo colombiano será, como lo he dicho tantas veces, quien tenga la última palabra”, sostuvo el Jefe de Estado.
Por Luis Fernando García Forero. Foto deceroasiempre.gov.co.-El Congreso de Colombia dio un paso fundamental para el progreso y futuro de la nación, al aprobar como una Política de Estado, el programa ‘Cero a Siempre’, de atención a la infancia.
Así lo decidió en su último debate la plenaria del Senado donde se incluyó un nuevo artículo, liderado por los senadores Claudia López y Eduardo Pulgar, que establece que en ningún caso podrá un gobierno disminuir el presupuesto destinado para la primera infancia.
La iniciativa, presentada al Congreso por el representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa y que pasa a sanción presidencial, garantiza y asegura los programas, así como los recursos para beneficio del futuro de Colombia: los niños, toda vez que se le va a dar atención especial desde los cero a seis años.
Senadores de las diferentes bancadas apoyaron la propuesta destacando que a través de la nueva ley, “se le va a brindar atención integral a los niños bajo unos estándares de calidad en todo el territorio nacional, “con entidades articuladas y competencias definidas que permita el desarrollo de dichos programas en beneficio de la infancia”, establece la exposición de motivos.
El gobierno nacional, quien apoyó e impulsó el proyecto, a través de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, agradeció el trámite y aprobación por parte del Senado y expresó que "invertir en los niños es pensar en el bienestar del futuro de Colombia".
El senador Eduardo Pulgar, ponente del proyecto, sostuvo que esta ha sido una iniciativa memorable en el país, al afirmar que se mejorarán los niveles de calidad de vida para los niños y niñas de Colombia."Llegue quién llegue la Presidencia, los recursos dedicados a los niños se conservarán".
El congresista dijo "este programa trabaja por la sostenibilidad de los niños de Colombia. Hay que continuar buscando recursos para proteger integralmente a la primera infancia, y que a través de este programa se puede lograr ya que en 2015 se logró un alcance de 1.200 beneficiarios del programa y al inicio de esta estrategia, sólo se llegaba a 350 mil niños menores de seis años".
Con la aprobación de este proyecto, se han logrado consolidar algunos de los estándares de la ONU conocidos como las Metas del Milenio, los cuales buscan la erradicación de la pobreza extrema, la enseñanza de primaria infancia de forma universal y la disminución de los niveles de mortalidad infantil.
"De Cero a Siempre como Política de Estado, proyecta que a futuro se puedan proteger más de 5 millones de niños pertenecientes a la primera infancia", afirmó el senador Eduardo Pulgar.
La senadora Claudia López destacó la importancia del proyecto y señaló: “hemos aprobado que se vuelva ley, política de estado, la atención integral a la primera infancia, lo que quiere decir que de hoy en adelante por lo menos ocho servicios: registro civil, atención en salud, educación inicial, formación y crianza y cuidado para la familia, consultas de crecimiento y desarrollo, así como vacunación, nutrición y acceso a bienes culturales, quedaron asegurados para todos los niños de 0 a 6 años en Colombia”.
Foro por la Vida. Foto Ecos- El pasado 16 de mayo de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica en Venezuela, a través de del Decreto No. 2.323, publicado en Gaceta Oficial con el número 6.227.
El Foro por la Vida, colectivo constituido por las 16 organizaciones no gubernamentales de promoción de los DDHH en Venezuela y de amplia trayectoria y alcance denunciaron que este “decreto tiene elementos de forma y fondo que vulneran directamente los estándares asociados a este tipo de decretos”... “No cumple las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de DDHH y los límites que establece la propia Constitución Venezolana”.
El decreto de Estado de Excepción y Declaración de Emergencia Económica, en este sentido, según este colectivo, establece una ruptura del orden constitucional, porque coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana, en un contexto de grave afectación de los derechos sociales dado una situación de mucha escasez de medicinas y alimentos, además, de graves problemas con el suministro regular de agua potable y electricidad.
El decreto, en función de lo expuesto, pretende legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos.
El Foro por la Vida afirma que el Decreto 2323 “constituye una ruptura del orden constitucional, que se expresa en los siguientes aspectos:
1) Usurpación de poderes. El decreto elimina atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) y la califica como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”. En su contenido posibilita discrecionalmente al Ejecutivo a obtener financiamiento público sin contar con las facultades de control del Poder Legislativo.
Despoja de sus atribuciones al parlamento con la suspensión de la posibilidad de sancionar políticamente a los funcionarios. De igual forma se le atribuye al Presidente la posibilidad de tomar cualquier medida adicional, de manera unilateral y discrecional, sin ningún contrapeso o control institucional.
2) Pretende dar legalidad a una doctrina que considera la Seguridad Nacional un valor superior a los derechos de las personas. Al mismo tiempo califica de hecho a toda persona o grupo que se oponga al gobierno nacional como enemigo interno. Es un instrumento que convierte en política de Estado la criminalización del derecho de los ciudadanos a denunciar, cuestionar u oponerse a los abusos o desviaciones del cumplimiento de sus deberes a la actual gestión gubernamental.
3) Expresa la suspensión indeterminada de garantías constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica. El decreto por su ambigüedad y amplitud permite interpretaciones discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por parte de todas las personas.
El decreto expresamente permitiría la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como “acciones desestabilizadoras” que atenten contra la seguridad y soberanía nacional. El decreto abre la posibilidad de dictar otras medidas de orden social, político, económico y jurídico bajo el argumento de “estado de excepción”, lo que se puede traducir en la restricción ilegítima de otros derechos.
4) Promueve mecanismos ilegales para el control del orden público, mediante la atribución de funciones de vigilancia y control para garantizar “la seguridad y soberanía del país” a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP). De acuerdo al decreto, estos grupos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, servirían para enfrentar presuntas “acciones desestabilizadoras”.
Las labores de control de orden público corresponden estrictamente a los organismos de seguridad que deben ser de carácter civil. La intervención de militares, milicias y grupos civiles en el ejercicio de estas funciones, actuando bajo doctrina o adhesión político-partidista contra posibles “enemigos internos”, genera condiciones para la violación sistemática y discriminatoria de derechos humanos.
Esta doctrina es contraria a las prácticas de respeto a las legítimas demandas y mediación de conflictos como garantía de los derechos de todas las personas en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. El Estado tiene la obligación de prevenir y evitar el uso violento o abusivo del poder público contra los ciudadanos en el control de manifestaciones y en el trato hacia manifestantes.
5) Desconoce de pactos y tratados internacionales que coloca en peligro la garantía de los derechos humanos, al permitir la adopción de “medidas especiales en el orden de la política exterior que garanticen el ejercicio de la soberanía e impidan la injerencia extranjera”. Estas motivaciones son ajenas a una emergencia económica invocada en el referido decreto, en el cual no se especifican las garantías jurídicas restringidas y se hace uso indebido de la figura de los Estados de excepción. Mecanismo que se usa para coartar libertades, desconocer y suspender funciones fundamentales de un Estado democrático, de forma incompatible con las obligaciones de los Estados en tratados Internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional.
6) Atribuye de facultades discrecionales y arbitrarias al Presidente de la República mediante la posibilidad de dictar cualquier medida adicional, aunque no se encuentre en el actual marco jurídico venezolano, para resolver una situación calificada como “extraordinaria” y “excepcional”.
7) Prohibe la cooperación internacional para labores calificadas como de “fines políticos” o “desestabilización de la República”, impidiendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes. La medida puede ser aplicada, según el artículo 2, numeral 18, por la sola presunción del gobierno de que se realizan con la finalidad de desestabilizar el país. Ello afecta directamente el derecho a la asociación limitando las posibilidades de respuesta de la sociedad ante los graves problemas de inseguridad, alimentación y salud pública que enfrenta el país en este momento.
8) Militariza de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país”.
Por todo lo señalado, El Foro por la Vida, exhorta a los Poderes Públicos del Estado Venezolano, que conforme al Artículo 339 de la Constitución, decidan y declaren la incompatibilidad del Decreto 2.323 especialmente por lo relativo a la protección y garantía de los DDHH, ya que “los derechos humanos no están sujetos a ninguna “excepcionalidad”, deben preservarse en todo momento y en cualquier circunstancia”.
Igualmente, esta organización, exige a los funcionarios del ejecutivo nacional, parlamentarios y al liderazgo de los partidos políticos a establecer mecanismos de diálogo que posibiliten la resolución democrática para la grave crisis que afecta al país.
“Es a través de mecanismos caracterizados por la participación popular que pueden impulsarse políticas públicas que garanticen la estabilidad y debe evitarse la imposición unilateral y militarizada de medidas que no cuentan con ningún consenso público” señalan los miembros del Foro.
Para finalizar, el Foro por la Vida exhorta a las instancias y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH y a todas las diversas asociaciones de la sociedad “a seguir con atención la situación venezolana que atraviesa un momento de inestabilidad social, política y económica, que afecta directamente a las personas que viven en Venezuela y especialmente a los sectores en condiciones de vulnerabilidad”.
En este sentido, piden que ”nos ayuden a visibilizar esta situación y a impulsar toda acción que contribuya a la mediación, acuerdo y resolución democrática de esta crisis”.
