Actualidad

El santo padre, Francisco I, tiende de nuevo la mano al Islam Chiita, para reconfortar a la minoría cristiana diezmada por los conflictos y la dureza de la vida, en un gesto espectacular.

En la cuna de la cristiandad, que las guerras han dejado exhausta y que sigue marcada por la violencia del grupo Daesh, el Papa Francisco se reúne con la máxima autoridad religiosa de una parte del mundo chiita, el gran ayatolá Alí Sistani, en Nayaf, sur de Bagdad.

Se trata asimismo del primer viaje del soberano pontífice desde el inicio de la Pandemia de Covid-19, tras haberse vacunado, al igual que la multitud de periodistas y eclesiásticos que le acompañan.

Durante su visita de tres días, el papa argentino de 84 años visita a una minoría cristiana diversa pero reducida a mínimos en medio de una población de 40 millones de iraquíes exhaustos tras 40 años de guerras y crisis económicas.

El programa papal es tan ambicioso como histórico el viaje:  el pontífice visita una catedral que fue teatro de una toma de rehenes en 2010 en Bagdad, la ciudad de Ur, en el desierto meridional de Irak, Nayaf y las iglesias destrozadas por el Daesh en Mosul (norte).

El pontífice recorrerá cerca de 1.650 kilómetros principalmente en avión. En todo su recorrido se han colocado mensajes de bienvenida y llamados a la coexistencia. Se han asfaltado las carreteras, se han instalado retenes de seguridad y se han emprendido trabajos de renovación en lugares que hasta ahora nunca habían estado en los programas de visita oficiales.

 "El mensaje del Papa es decir que la Iglesia está al lado de los que sufren", explica a la AFP el arzobispo caldeo católico de Mosul y Aqra, Najeeb Michaeel. "El papa enviar un mensaje fuerte incluso aquí donde se han perpetrado crímenes contra la Humanidad y genocidio", asegura el prelado, quien tuvo que huir de los yihadistas en Mosul.

La comunidad cristiana de Irak es una de las más antiguas y diversas, en la que destacan los caldeos -católicos-, los armenios ortodoxos y protestantes.

En tiempos de la dictadura de Sadam Husein (1979-2003) había cerca de 1,5 millones de cristianos, en torno al 6% de los iraquíes. Pero en la actualidad quedan como mucho 400.000, 1% de la población, calcula William Warda, de Hammurabi, un ONG local de defensa de las minorías.

 Antes del exilio, la mayoría de los cristianos se encontraban en la provincia de Nínive, cuya capital es Mosul. Aquí, las vitrinas de los comercios y los libros de rezo están en arameo moderno.

Cuando en 2014, los yihadistas del EI ocuparon Mosul, el Papa Francisco dio su apoyo a la campaña militar internacional para reforzar las fuerzas iraquíes. Entonces dijo que quería ir a apoyar a los cristianos de Irak.

En 2019, el soberano pontífice condenó la represión sangrienta de una revuelta popular contra el poder que sacudió sobre todo a Bagdad y al sur de Irak.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

Redacción Ecos Internacional

Ante la precaria y preocupante presencia del Estado colombiano y donde no se garantizan los derechos básicos a las comunidades que se sienten abandonadas por el Gobierno Nacional, Regional y Local, integrantes de la Misión Humanitaria urge que se implemente “en la debida forma el Acuerdo de Paz, con enfoque territorial étnico y se acoja el Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó”.

La Misión Humanitaria enumeró las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario:

1.-Control social y territorial por parte de los actores armados.

2.-Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

3.-Instalación de minas antipersonales.

4.-Amenazas y señalamientos a líderes y comunidades.

5.-Asesinatos selectivos y el homicidio de Luz Ayda Conchave Lana en el contexto de enfrentamientos entre actores armados al interior de la comunidad indígena de Miácora.

6.-Violación a los reglamentos internos y a la autonomía de las comunidades.

7.-Limitación de la movilidad y la productividad.

Destacan que los hechos violatorios por parte de los actores armados han generado confinamiento, desplazamiento, hacinamiento, hambre, debilitamiento a los procesos organizativos, miedo, zozobra y sentimiento de abandono. LO anterior está generando un preocupante desplazamiento.

Por todas las anteriores consideraciones, la Misión Humanitaria hizo los siguientes llamados:

Al Gobierno Nacional: Garantizar los derechos humanos a los habitantes del Alto Baudó y no seguir ofreciendo como respuesta privilegiada a la realidad del conflicto armado, la militarización del territorio. Apostar por la solución pacífica al conflicto armado. Garantizar la misión de protección que debe ofrecer la Fuerza Pública, evitando las situaciones de connivencia que se dan entre integrantes de la Fuerza Pública y actores ilegales en el Alto Baudó y otros municipios del Chocó.  

A la Gobernación del Chocó: Atender en la debida forma a las víctimas del conflicto armado. Garantizar el servicio de educación con calidad mediante la permanencia y asignación suficiente de los docentes, dotación de materiales didácticos y mejoramiento de la infraestructura educativa. Que la Secretaría de Salud departamental ejerza la vigilancia y control sobre las EPS, para que éstas brinden con oportunidad la atención que les corresponde a través de personal médico e insumos necesarios. Junto al Ministerio de Salud Nacional, realizar el mejoramiento y construcción de la infraestructura requerida. 

Al Municipio del Alto Baudó: Mayor presencia y acompañamiento al interior de las comunidades. Gestionar proyectos productivos con mayor cobertura y pertinencia. Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en comunidades que durante largos períodos han estado privadas de este servicio.  

A los líderes políticos y a la clase dirigente del Alto Baudó y el departamento del Chocó: Establecer políticas de continuidad con planes de largo y mediano alcance que permitan superar el rezago histórico en el desarrollo regional. Es absolutamente necesario evitar la egoísta competencia de la política partidista que conlleva enormes gastos en las campañas electorales y dilapidación de recursos en el ejercicio del poder. 

A la Procuraduría y a la Contraloría: Ejercer en debida forma el control disciplinario a los funcionarios públicos que no cumplen con sus responsabilidades y realizar el control fiscal adecuado sobre los recursos públicos de este municipio.

A la Fiscalía: Ofrecer resultados sobre las investigaciones en materia de delitos en los ámbitos del orden público y la corrupción administrativa.

A la Corte Constitucional: Seguimiento más riguroso al cumplimiento de las Sentencias y los Autos emitidos en temas de violación a los derechos humanos y la crisis humanitaria en el Chocó, y particularmente en favor del Alto Baudó. 

A la Comunidad Internacional: Continuar visibilizando la crisis humanitaria, económica, social y ambiental en el Alto Baudó y todo el departamento del Chocó. Para que realmente pueda disminuir la guerra en Colombia, se requiere que los países consumidores de droga hagan esfuerzos serios para que el auge del narcotráfico pueda desaparecer.

A los grupos armados ilegales: Respetar la vida de las personas, abandonar todas las acciones violatorias al derecho internacional humanitario, renunciar a sus acciones ilegales y violentas, y responder positivamente al llamado de la sociedad civil a asumir con sinceridad y decisión procesos de dialogo y sometimiento a la justicia para lograr la superación del conflicto armado. Pedimos nueva mente al ELN la liberación inmediata del señor Tulio Mosquera Asprilla.

Sufrimiento y angustia del pueblo Baudoseño

Lamentan profundamente el dolor que experimentan las comunidades del Alto Baudó y señala que “Más allá de las estadísticas y los titulares de prensa, hemos palpado el sufrimiento y la angustia del pueblo Baudoseño. Seguiremos acompañando la esperanza de los pueblos indígenas y afrodescendientes que claman por un futuro en paz y con calidad de vida. La lucha por un territorio de abundantes riquezas contrasta con el empobrecimiento y abandono de su gente. Imploramos al Dios de la vida la resiliencia necesaria para resistir y la luz del Espíritu para encontrar los caminos anhelados de inclusión social y fraternidad.

La Misión Humanitaria está conformada por las Diócesis de Istmina - Tadó, Quibdó y Apartadó, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Departamental Indígena, la Asociación de Consejos Comunitarios  del Alto Baudó (ACABA),  la Oficina de la ONU para los DDHH, la Coordinación Regional del Pacífico, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, el Consejo Noruego para Refugiados,  Swefor y delegados de las embajadas de Suecia y Noruega, instaron al estado colombiano para garantizar los DDHH de dicha población, la atención de las víctimas del  conflicto armado, y la militarización del territorio.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

Redacción Ecos Actualidad

Así lo afirmó el presidente de Colombia Iván Duque Márquez, al oficializar la firma del decreto para regularizar la situación de migrantes venezolanos.

“Esta medida que adopta Colombia, con humildad, sea un referente para que en el siglo XXI la xenofobia o la estigmatización, dejen de ser fenómenos que se observan recurrentemente”, aseguró el Jefe de Estado,  quien hizo un llamado a la comunidad internacional para que ese tipo de medidas se puedan replicar en otros países de la región que también enfrentan el desafío de la migración masiva venezolana.

Agregó que hoy el país apela a la "solidaridad, fraternidad, humanidad, para plantear una política pública sobre el tema migratorio". Resaltó que Colombia ha asumido gran parte de la responsabilidad social y económica, pero no puede “estar permanentemente a la espera que lleguen todas las ayudas internacionales”.

El decreto del Estatuto Temporal de Protección estipula un plazo de diez años para regularizar la situación de los migrantes, y establece medidas para facilitar su acceso a los documentos de identificación, a la educación y a la salud, mejorando su calidad de vida.

El presidente Iván Duque Márquez dijo finalmente que cuando los migrantes de Venezuela “regresen a su país, después de la horrible noche, y miren hacia atrás, sepan en su conciencia y en su corazón que en Colombia tuvieron una nación hermana que les abrió las puertas, y que también estaremos al lado de ellos para la reconstrucción de esa nación”.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

Redacción Ecos Actualidad

EEUU bombardeó supuestas posiciones de milicias proiraníes en Siria, el primer ataque ordenado por el Presidente, Joe Biden, desde su llegada al poder, según informó el Pentágono.

Lo anterior, en represalia por los recientes ataques con cohetes contra ubicaciones de tropas estadounidenses en Irak, informó la fuente oficial.

"Bajo instrucciones del Presidente Biden, las fuerzas militares de EEUU realizaron ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por grupos militantes respaldados por Irán en el este de Siria".

El portavoz estadounidense John Kirby, dijo  que "estos ataques fueron autorizados en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la Coalición en Irak, y a las continuas amenazas a ese personal". El ejército estadounidense no informó si hubo víctimas en la ofensiva.

Kirby, además, expresó que el objetivo era un punto de control fronterizo utilizado por grupos armados iraquíes respaldados por Irán, incluidos Kataeb Hezbollah y Kataeb Sayyid al-Shuhada.

El bombardeo llegó después de tres ataques con cohetes contra instalaciones situadas en Irak y que son utilizadas por las fuerzas estadounidenses y de la coalición que luchan contra el grupo Estado Islámico.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2021

Fuente: Pentágono EEUU.

Por Luis Fernando García Forero.- Los impactos de la Pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria en los países más pobres y vulnerables. Por ello, es importante entender la escala de la falta de alimentos en muchos países, lo que significa, y lo que está en juego.

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de Inseguridad Alimentaria aguda en 54 países en el 2020.

Si se suman los 137 millones que ya sufrían Inseguridad Alimentaria aguda en esos países en el 2019, el total llegó a 233 millones a finales de 2020, lo que destaca que las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos, corren especial riesgo.

Peor aún, las proyecciones del Banco Mundial indican que esta cifra podría aumentar más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.

Es probable que este fuerte aumento de la falta de alimentos, retrocede gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil. El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.

En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas de los gobiernos y el gasto público para lograr mejores resultados. Esta alineación, es en resumen, lo que recomienda el BM, al destacar que es fundamental para atraer mayor inversión privada, promover el cambio tecnológico y se genere empleo y producción, para lograr disminuir la Inseguridad Alimentaria.

Una mejor logística y tecnologías digitales, también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia, inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas, que, a corto plazo, ayudarán a superar esta situación.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2021

Fuente: WGB_IDA.

Por Luis Fernando García Forero.- La COVID-19 puso a prueba la capacidad de los gobiernos para brindar ayuda financiera y otros tipos de asistencia a las personas vulnerables.

Aunque 200 países y territorios han planeado o implementado medidas de protección social en respuesta a la Pandemia, muchos gobiernos tuvieron dificultades para identificar a los trabajadores informales que no estaban cubiertos por los programas de asistencia o seguridad social disponibles para los empleados del sector formal.

Las normas de distanciamiento social y las cuarentenas complicaron aún más la tarea de ayudar a quienes lo necesitan.

Pero en algunos países los sistemas de Identidad Digital permitieron que las autoridades identificaran en forma confiable y remota a las poblaciones, e hicieran transferencias en efectivo de emergencia a los grupos vulnerables  como mujeres y niñas, personas pobres, trabajadores informales e inmigrantes, habitantes de áreas remotas y refugiados.

Por ejemplo, un sistema de Identidad Digital permitió a Chile preinscribir rápidamente a millones de nuevos beneficiarios a los programas de asistencia social y que la gente pudiera verificar en línea su situación y, en caso necesario, solicitar cambios.

Pero los sistemas de Identidad Digital por sí solos no son la panacea para llegar a los grupo vulnerables, sobre todo, esos esquemas requieren el acceso asequible a la infraestructura digital. Cuando eso existe, la Identidad Digital brinda los cimientos sobre los cuales construir otras aplicaciones y sistemas importantes. 

Como los sistemas de Identidad Digital permiten que las personas efectúen transacciones de manera remota, también pueden facilitar los pagos digitales (a través de transacciones sin efectivo) y una mejor gobernanza de datos (permitiendo transacciones sin papel y protegiendo simultáneamente la privacidad).

Las identificaciones digitales, los pagos digitales y la gobernanza de datos tienen importancia en sí mismos; juntos constituyen un poderoso bien público.

Esta combinación es tan fundamental para las economías actuales como lo fueron los caminos y ferrocarriles para las economías del siglo XX.

Por ejemplo, países como Estonia y Singapur cuentan con ecosistemas digitales avanzados que permiten a la gente acceder a servicios gubernamentales y empresariales completamente en línea, mitigando así en parte las perturbaciones económicas causadas por la COVID-19.

A medida que la digitalización avanza, las actitudes relacionadas con la protección de los datos están experimentando un profundo cambio. Las violaciones de alto perfil a la seguridad de los datos y el mal uso de la información han llevado a que la gente, con razón, sea más consciente de las amenazas a su privacidad.

Los sistemas de Identidad Digital también deben estar diseñados considerando la inclusión y la confianza. 

La inclusión no solo implica garantizar que todos puedan inscribirse, sino también que todos puedan usar sus identificaciones digitales para recibir asistencia y empoderarse económicamente, incluso quienes están poco alfabetizados y tienen un acceso limitado a la tecnología.

Además, es fundamental que las personas tengan confianza en la integridad del sistema, incluida su capacidad para resguardar la privacidad y los derechos individuales. Esto requiere mecanismos de transparencia y responsabilidad eficaces.

Los buenos sistemas de Identidad Digital no solo aumentan la capacidad de los gobiernos y las empresas para funcionar, sino que además benefician y protegen al público.

Independientemente de la forma que adopten, esos sistemas se necesitan con urgencia. Mil millones de personas en el mundo todavía carecen de una identidad oficial, lo que les impide acceder a los sistemas financieros y los servicios sociales.

Este un importante tema para la Agenda Política Global a muy corto plazo.

Bogotá, D. C, 23 de febrero de 2020

Fuente:  Project Syndicate/BM.

La comisión de Paz del Senado de la República, instó al Gobierno Nacional a que aumente las medidas en el departamento de Nariño, para evitar que sigan los asesinatos y masacres en esa región del sur del país, situación que tiene en alerta no sólo a las autoridades, sino también a varios sectores políticos y sociales de la nación. 

El más reciente acto de barbarie sucedió en la vereda Puerto Rico de Tumaco, el pasado fin de semana, donde hombres armados incursionaron a un escenario deportivo y sin mediar palabra asesinaron a ocho personas que se encontraban en el lugar. Este hecho se suma a otros tres actos violentos sucedidos en otras zonas. El número total de asesinatos, asciende a once en total en Nariño en los últimos días. 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, Tumaco registró el año pasado 193 de los 364 homicidios registrados en todos los 64 municipios de Nariño. 

Para el senador y presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, quien hace parte de la Comisión de Paz, lo que sucede en Nariño es grave: “el Estado, los gobiernos nacional y regional y la fuerza pública, no han sido capaces de contener el baño de sangre, los muertos en los últimos días se cuentan por decenas, los violentos y criminales actúan a sus anchas. ¿Hay connivencia con la fuerza pública, como lo denuncian algunos líderes sociales?” se preguntó el legislador. 

García Realpe, también señaló que el gobierno nacional definitivamente perdió el control de los territorios en Colombia y se quedó sólo en anuncios, comunicados de prensa y consejos de seguridad que no solucionan absolutamente nada en las regiones”, también exigió al gobierno y a las autoridades medidas extremas de seguridad que permitan recobrar la tranquilidad y la sana convivencia en la región, tan golpeada por diversos actores ilegales que operan en esa zona del sur occidente del país. 

Bogotá, D. C, 22 de febrero de 2021

Redacción Ecos Actualidad

Mientras millones arriesgan contagiarse trabajando en las calles de Perú, políticos, prelados y funcionarios se saltan la cola de vacunación. El castigo llegará en las elecciones del 11 de abril, creen expertos y politólogos.

La lista de vacunados anticipados de Perú incluye 487 personas, que fueron vacunadas prematura, secreta e ilegalmente  contra COVID-19 con la vacuna china de Sinopharm. Uno de cada cuatro es funcionario del Estado peruano. Mientras miles de ciudadanos se contagian diariamente o mueren.

El "Vacunagate” se destapa apenas dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas del 11 de abril.

"En gobiernos anteriores, lo terrible eran los vínculos con el narcotráfico. Los peruanos esperaban que los nuevos dirigentes fueran diferentes", dice Mayte Dongo, historiadora y politóloga de la Universidad Católica de Perú, en Lima.

El pasado mes de agosto, el grupo chino Sinopharm lanzó un ensayo de vacunación de fase III a gran escala en 125 países.

Tras el ensayo en Perú quedaron 3.200 unidades de vacunas. Una oportunidad que políticos y funcionarios aprovecharon para hacerse vacunar.

"La población también asocia el escándalo con el nuevo gobierno", dice Dongo. No con el jefe de Estado Francisco Sagasti, que fue elegido presidente interino por el Congreso a mediados de noviembre. Pero sí con la Ministra de Sanidad, Pilar Mazzetti, y la de Asuntos Exteriores, Elisabeth Astete. Ambas ya dimitieron y podrían ser condenadas a hasta ocho años de prisión.

¿Qué hace que el escándalo de las vacunas en Perú sea tan especial?

"Muchos políticos han pisoteado la confianza depositada en ellos, y es posible que lo veamos en las elecciones de abril", dice la politóloga, "porque la gente está harta y podría optar por un candidato que diga no pertenecer a la élite. Y eso es peligroso porque favorece el Populismo", agrega Mayte Dongo.

Ahora bien, lo que ocurrió en Perú está ocurriendo en todo el mundo, todos los días. En Alemania y Austria, algunos alcaldes se han saltado la fila; en España, lo hicieron el máximo responsable militar y el obispo de Mallorca; en Polonia, el ex Primer Ministro; en Gran Bretaña, un diputado conservador.

Al igual que las naciones industrializadas se abastecen desconsideradamente de vacunas, son los dirigentes y las élites los que mueven los hilos para conseguir una rápida inyección.

Para el neurobiólogo Edward Málaga-Trillo, el caso de Perú es sin embargo incomparable. "Por un lado, la escala es mucho mayor. Además, entre los vacunados no sólo hay políticos, sino también investigadores y médicos, que deberían saber mejor que nadie qué línea ética están traspasando", afirma el científico limeño.

"Pero, sobre todo, esto ocurre en un país que, durante meses, fue el que más muertes sufría por COVID-19 en el mundo, en relación con el número de su población", señala enfático el galeno.

Fuente: EFE, Latam News, AP, Andina.

La Cumbre Virtual de los líderes de los siete de los países más industrializados, estuvo marcada por la Pandemia del Coronavirus y la necesidad de apurar la distribución de vacunas.

En este encuentro virtual, los líderes del G7 expresaron  su intención de hacer de este año "un punto de inflexión para el Multilateralismo" y de impulsar la salud y la prosperidad de todo el planeta.

El avance del COVID-9 fue uno de los temas centrales del encuentro, que estuvo también signado por el debut de Joe Biden, Presidente electo de los  EEUU en el grupo.

El Multilateralismo, paradigma global promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca la integración entre países, organizaciones, culturas y colectivos, con el fin de propiciar Agendas Globales sobre los principales temas y soluciones consensuales y concertadas.

Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2021

Fuente: EFE.

No fueron 2.248 como dice la Fiscalía General de la Nación, sino 4.154 víctimas más, según se dio a conocer por pate de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

A través de Caracol Radio se informó que en 38 páginas del Auto de priorización interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el Caso 03 que formalmente se llama “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido como los "falsos positivos", a ese número de asesinatos se llegó en el país entre el 2002 y el 2008.

El 17 de julio del año 2018 cuando el Tribunal de Paz recibió el expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación, se reportaron 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia, entre 1988 y 2014.

Pero dos años largos de Investigación de la JEP, este tribunal, después de contrastar toda la información de este macro-caso tiene su propia cifra y es que son 6.402 las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, es decir 4.154 víctimas de las inicialmente reportadas. Además, esos crímenes ocurrieron en menos tiempo, entre los años 2002 y 2008, que son los primeros seis años del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

¿Cómo llegó la JEP a determinar esta cifra?

Al recibir el caso se contrastó toda la información recibida en los informes presentados por organizaciones de víctimas y también las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio, el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Todas difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. En lo único que coinciden las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales es que identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.

¿La fase de investigación en qué lugares del país se concentra?

En el documento de 38 páginas que conocimos en Primicia hay seis territorios de Colombia que los catalogan como críticos en temas de falsos positivos y por esa razón fueron priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Son: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Antioquia

Registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008. El año de mayor victimización en esa la región fue 2004. La IV Brigada de Ejército, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.

La Costa Caribe

El 7,3% del universo de víctimas para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercero con mayor nivel de victimización en el país.

La Guajira reporta el noveno lugar con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, que corresponderían a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.

Norte de Santander

Ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División de Ejército, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentrarían cerca del 60% de los casos de falsos positivos.

La Quinta División del Ejército tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. De esa zona se encontró que en el Huila hubo un incremento sustancial de casos presentados ilegalmente como bajas en combate entre 2005 y 2008. De un total de 327 muertes reportadas, la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas.

Casanare

La Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate se registraron 12 por cada 100.000 habitantes, para el periodo entre 2002 y 2008.

En esta zona la JEP priorizará la investigación por hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a falsos positivos que habrían sido cometidos por miembros de la Brigada XVI.

El auto de priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso 03 conocido como el de los falsos positivos. Dice que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos.

Están por años entre 2002 y 2008. Antioquia en el año 2002 fueron reportadas 147 víctimas, para 2004 reportaba 303; en 2005: 290; 2006: 284, en 2007: 297 y en 2008: 140.

Meta: pasó en 2002 de 34 víctimas de falsos positivos a reportar como bajas en combate 104 en el año 2006.

Caquetá: 2002: 25 y en el año 2006: 86.

Cesar: para el año 2002 43, 2007: 90

Norte de Santander: 17 víctimas en 2002 a 99 en 2007.

Tolima: 19 en 2002 a 70 en 2008

Huila: En el año 2002, 6 víctimas, en el año 2007, 106 muertes presentadas como bajas en combate, cuando en realidad eran falsos positivos.

Casanare: 2 en 2002 y 95 en 2007

La Guajira: 11 en 2002 a 78 en 2006

Cauca: 5 en 2002 a 61 en 2007.

¿Cuáles son los pasos a seguir con esta priorización que hace del caso la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz?

La JEP decidió, dentro de la estrategia de investigación del Caso 03, que “se hará de abajo hacia arriba”. Con estos 6 sub-casos buscará esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.

En la segunda fase de la investigación del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.

¿Cómo se buscarán las responsabilidades?

Con esos hallazgos la imputación de cargos y responsabilidades por los llamados falsos positivos, se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado, estos delitos, de presentar campesinos como guerrilleros muertos en combate, para dar resultados operacionales, luego se pasarán a los altos mandos militares, que serían los que habrían ordenaron estas ejecuciones extrajudiciales.

Este macro-caso hace parte de los siete que esta justicia especial les ha dado apertura. Como el caso 01, de secuestros de las Farc, del que ya imputaron cargos.

Estos macro-casos son las grandes investigaciones del Tribunal de Paz, y como hicieron con el caso 01 que paso de llamarse “retención ilegal de personas por parte de las Farc” a “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad” y en el cual a los exFarc se les imputaron los máximos delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en este caso 03 llamado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, al momento de la imputación se le podría cambiar de nombre y allí los responsables serían los miembros de la Fuerza Pública.

Los cinco magistrados que firman esta decisión judicial dan un término de 15 días hábiles para la presentación de observaciones escritas por parte de los representantes de las víctimas acreditadas en el marco del Caso 03 y del Ministerio Público frente al contenido de las 38 páginas. También notificar el contenido de la providencia a los sujetos procesales e intervinientes especiales reconocidos en el marco del Caso 03.

Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2021

Fuente Caracol Radio.