El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los recursos serán destinados a las víctimas y a la recuperación de las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto.
Por Luis Fernando García Forero. – Con la firma del Jefe de Estado y todo su gabinete, nació a la vida jurídica del país el “Decreto Madre” de la emergencia económica, social y ecológica, para que el “Gobierno Milagro” logre obtener más recursos que atiendan la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto.
La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender a las familias damnificadas, acelerar la reconstrucción de viviendas, comercios e infraestructura pública como colegios y centros de salud.
El mandatario argumentó que la declaratoria de la emergencia es una decisión que responde a solucionar en gran parte a la magnitud de la emergencia por las dificultades que atraviesan las finanzas públicas del país. Destacó que el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal limitan la capacidad de respuesta del Estado mediante los mecanismos ordinarios.
“Colombia enfrenta una realidad fiscal difícil; actualmente, 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace diez años era una de cada seis”, afirmó De la Espriella, quien agregó que la deuda bruta supera el 60 % del PIB.
Anunció una revisión del gasto público para identificar programas que no sean prioritarios y redireccionar recursos hacia la atención de la emergencia. Aseguró que estos ajustes no afectarán a las poblaciones más vulnerables.
“Bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados; la prioridad es garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir las regiones golpeadas por el terremoto”, manifestó.
El decreto contempla la creación del Fondo Milagro para administrar los recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas, con aportes nacionales e internacionales.
El decreto incluye medidas como la consolidación de acuerdos con el sector asegurador para acelerar tramites y pago de las pólizas de los afectados por el terremoto que deja hasta el momento 314 personas fallecidas.
Los damnificados tendrán hasta dos años para presentar sus solicitudes ante las compañías aseguradoras y desmintió versiones que señalaban un plazo de apenas dos días.
El jefe de Estado enfatizó que las viviendas de estratos 1, 2 y 3, así como las de interés social, tendrán atención prioritaria, aunque precisó que esto no excluirá a otros asegurados.
Aclaro el mandatario De la Espriella que cuando una vivienda o copropiedad tenga pólizas con diferentes compañías, serán las aseguradoras las encargadas de coordinar los procesos para evitar que los ciudadanos tengan que asumir trámites adicionales durante la emergencia.
El decreto deberá pasar ahora por la revisión de la Corte Constitucional, que será la encargada de determinar la legalidad y el alcance de esta declaratoria, y además, tendrá el control político desde el Congreso de la República.
Bogotá, D. C, 20 de agosto 2026.
