Cuando termine la reforma, habrá que preguntar no solamente cuántas entidades quedaron o cuánto dinero se ahorró. Habrá que preguntar algo mucho más sencillo: ¿puede ahora el Estado hacer mejor su trabajo?
Por Fabian Romero*- Se abre la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que propone reorganizar buena parte de la Administración Pública en Colombia y alcanzar un ahorro permanente equivalente al 2 % del PIB.
En medio de la presión fiscal, reducir costos puede ser necesario. Pero hay una pregunta anterior: ¿Cómo hacer más pequeño al Estado sin hacerlo menos capaz?
La oficina que desapareció
Hace algunos años habría sido relativamente sencillo explicar qué significaba cerrar una oficina o entidad pública. Se apagaban todas las luces, se trasladaban unos archivadores, se reasignaban algunos funcionarios y se colgaba un aviso indicando dónde continuarían prestándose los servicios. Hoy no.
Imaginemos que mañana desaparece una entidad pública en Colombia. Además de una memoria institucional en la vida social, deja escritorios, archivos y archivadores, bases de datos, claves de acceso, sistemas de información, contratos, nominas, expedientes, conocimiento técnico, servidores públicos y contratistas, repositorios documentales y funcionarios públicos que saben por qué determinadas cosas funcionan como funcionan. La entidad puede desaparecer el día viernes, pero el lunes siguiente el ciudadano seguirá necesitando el servicio al que acudía. Esa diferencia es fundamental para entender el debate que Colombia comienza a dar sobre el tamaño del Estado.
Dos puntos del PIB
El proyecto de ley que está sobre la mesa propone entregar al Presidente facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la Administración Pública Nacional en 23 sectores. Entre otras cosas, permitiría crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir y liquidar entidades; trasladar funciones; modificar estructuras y ajustar plantas de personal. No se está hablando de una reforma menor.
El proyecto de ley fija además como meta un ahorro permanente en funcionamiento equivalente al 2 % del PIB, que su exposición de motivos calcula en alrededor de $42 billones anuales, lo cual no debe ocurrir solamente a costa de la disminución del Estado, ya que la ineficiencia, el fraude, las defraudaciones, los altos costos de la deuda. La burocracia realmente el sexto costo en importancia que tiene el estado colombiano.
La discusión aparece en un contexto fiscal que requiere atención en el país. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal afirmó este 10 de septiembre que el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 evidencia la necesidad de implementar medidas estructurales de ajuste para reducir la vulnerabilidad fiscal y restablecer un ancla sostenible. Eso describe el problema fiscal; no significa que el CARF haya avalado esta fórmula concreta de reorganización administrativa.
Y precisamente ahí está la conversación interesante. El dilema no es simplemente Estado grande versus Estado pequeño. Es Estado costoso versus Estado capaz.
El organigrama engaña
Durante mucho tiempo imaginamos al Estado Colombiano como un edificio. Ministerios y Departamentos Administrativos arriba. Direcciones debajo. Subdirecciones, grupos, oficinas y unidades distribuidas hacia abajo. En esa representación, reducir el Estado parece sencillo: eliminamos algunas cajas. Pero el Estado del siglo XXI se parece cada vez menos a un edificio y más a una red.
Una entidad posee el dato. Otra tiene la competencia legal. Una tercera administra la plataforma. Otra ejecuta recursos. Una entidad territorial presta el servicio. Un sistema nacional verifica información. Un contratista mantiene parte de la tecnología.
La capacidad pública aparece cuando todas esas piezas de esta red funcionan coordinadamente. Por eso podemos eliminar una entidad sin eliminar una función. Y podemos fusionar dos entidades sin eliminar una duplicidad. Incluso, se podría reducir empleos y terminar contratando nuevamente el conocimiento perdido. El propio proyecto de Ley reconoce ese riesgo y dispone que los empleos suprimidos no puedan ser reemplazados mediante contratos de prestación de servicios para ejecutar las mismas funciones si se pretende contabilizar ese ahorro.
Podar no es talar
La mejor metáfora a utilizar quizá sea un árbol. Un árbol sano necesita poda. Hay ramas que se cruzan, otras consumen energía innecesariamente y algunas impiden que el conjunto crezca mejor. Pero ningún jardinero competente comienza diciendo: “necesito eliminar exactamente el 20 % de las ramas”. Primero estudia el árbol, porque una rama visible depende de raíces invisibles. En el Estado ocurre lo mismo.
Antes de eliminar una estructura habría que identificar qué función cumple, qué información administra, con qué entidades se relaciona, cuáles procesos soporta, qué sistemas tecnológicos utiliza, qué contratos mantiene y qué conocimiento institucional concentra.
Solamente entonces puede determinarse qué es realmente redundante. Ese ejercicio tiene un nombre menos atractivo que “recortar”: arquitectura institucional.
Ahorrar también puede costar
El proyecto de Ley contiene una previsión especialmente importante: ninguna reorganización puede interrumpir los servicios y cada decreto deberá establecer quién recibe las funciones, archivos, bases de datos, obligaciones y procesos en curso.
Esa obligación revela algo esencial. Una fusión mal hecha puede producir ahorros presupuestales y simultáneamente generar costos invisibles: pérdida de conocimiento, demoras, sistemas incompatibles, información fragmentada o servicios que deben reconstruirse después.
La pregunta correcta, entonces, no es solo cuánto cuesta una institución. Es también: ¿Qué capacidad perdería el Estado si desaparece y cuánto costaría reconstruirla?
El Estado después del viernes
Colombia probablemente tendrá que discutir seriamente su gasto público. También tendrá que discutir duplicidades y triplicidades, entidades, plantas, contratos y transferencias. Son debates distintos que no deberían reducirse a una consigna.
Pero esta discusión llega precisamente cuando el país habla simultáneamente de interoperabilidad, inteligencia artificial, analítica de datos, simplificación administrativa y transformación digital, esto mediante anuncios permanentes y normas como el decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026.
Ahí aparece la paradoja. Queremos un Estado más pequeño, pero también queremos un Estado Colombiano más inteligente. Eso solo será posible si aprendemos a distinguir estructura de capacidad. Reducir oficinas puede formar parte de una reorganización, reducir duplicidades también, pero la verdadera prueba llegará después.
Cuando termine la reforma, habrá que preguntar no solamente cuántas entidades quedaron o cuánto dinero se ahorró. Habrá que preguntar algo mucho más sencillo: ¿puede ahora el Estado hacer mejor su trabajo?
Porque el objetivo no debería ser tener menos Estado por centímetro de organigrama. Debería ser conseguir más capacidad pública por cada peso que pagamos por él.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026
*Abogado, especialista en tecnología aplicada al Estado.
