Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Se reabrió la puerta del terror. Se acabó la tranquilidad. Entre la pandemia, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el narcotráfico, la ausencia de un experimentado gobierno, que no se deje acariciar por la zalamería y que ponga los pies sobre la tierra, nos quedamos a merced del crimen, la violencia, los refugiados, los desplazados, el pillaje, la miseria, el hambre, la politiquería y la corrupción.
Regresamos a los 50, durante los cuales reinaron el desconcierto y la violencia absoluta.
En los medios se impone la afirmación sobre la información, cuando se trata de las excelencias del gobierno. Desde Duque, Barbosa, “segundo hombre” más importante y el guerrero Molano, hasta el más efímero empleado, montan estrafalarias “bodegas” y estrambóticas organizaciones para que les manejen sus precarias y engañosas imágenes. En las vespertinas charlas diarias y el “noticiero oficial”, imperan el elogio, el incienso, la adulación y el servilismo para opacar la verdad y la independencia, sin importar los altísimos costos que los contribuyentres pagamos por ellos y que se suman al despilfarro, la politiquería y la corrupción, que obligan al gobierno a improvisar reformas tributarias, sin justicia, sin equidad y sin objetivos sociales ciertos.
Importan “expertos” que llenan sus alforjas en Colombia, porque los nuestros, están muy ocupados creando bonos, mitos y quimeras para arruinar municipios y departamentos.
Así las cosas, las reformas pagadas a altísimos costos, se convierten en colchas de retazos, que un día gravan la sal y al día siguiente la exoneran; hoy crean impuestos y mañana los desechan. La compra de aviones aún está incluida en los altísimos costos del Estado, junto con los miles de asesores, consejeros y secretarios, “libros”, mermeladas electorales, servicios de “ñeñes” y “cayitas”.
Con dudosas cifras, se disfraza la pobreza extrema, para justificar falsos subsidios, devoluciones, ilusiones y “regalos” que obligan una reforma tributaria.
Increíble que cuando parecía listo el costoso texto de la reforma, dos jóvenes emprendedores llegaron a la Casa de Nariño, hablaron con Duque y le “aconsejaron” u ¿ordenaron? eliminar IVA a la sal, el azúcar, el café y el cacao. Eran los “expertos” que nadie había consultado… y ellos, son los dueños del “bolígrafo ordenador”.
Colombia necesita un Estado que se preocupe por toda la gente, haya votado en favor o en contra. Que no trabaje solo para aquellos, a los que sacaron a votar enverracados.
Seguramente el Presidente Duque, tiene otras intenciones, otras metas, otros anhelos heredados de su progenitor, Iván Duque Escobar, quien siempre quería lo mejor para su pueblo, para su gente, y sin funestas intervenciones.
Él y la generalidad de los colombianos, queremos una patria con esperanza y vida amable, como la que nos dibujó el Presidente Biden en su mensaje orientado a acabar con el narcotráfico. Una Colombia en la que florezcan la paz, la convivencia y los Derechos Humanos.
BLANCO: La renuncia que le solicitó Daniel Samper al Fiscal.
NEGRO: El fallecimiento del gran amigo Hugo Artunduaga, hombre justo, cabal y con sentido social.
Bogotá, D. C, 9 de abril de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia*.- Todos estamos de acuerdo con la prohibición categórica de la minería en páramos. Todos coincidimos, también, en que los ecosistemas colindantes –que son integrales al páramo, que se requieren para su subsistencia- también deben quedar protegidos. No es nada nuevo, ya está en la ley y lo ha dicho la Corte Constitucional. Tenemos tres millones de hectáreas de páramos cuya delimitación incluye y debe incluir las áreas de transición con otros ecosistemas. Lo nuevo era dejarlo en la Constitución.
Además queríamos intentar dar un paso más allá, empezar a proteger el bosque andino. Hoy no tiene protección, salvo el bosque que hace parte del páramo –como área de referencia o de transición. Ese bosque andino (incluyendo el alto) tiene todo tipo de actividades antrópicas: minería –pequeña, mediana y grande- también actividades agropecuarias entre otras. Habrá unas legales y otras ilegales. Frente a las ilegales deberíamos actuar con toda contundencia; perseguirlas y acabarlas. Sin embargo, quienes desarrollan actividades legales tienen derechos que no pueden desaparecer de un momento a otro. Hay leyes, tratados y un ordenamiento jurídico que existe y les ha otorgado la posibilidad de estar ahí. Por lo tanto, proteger los bosques debe empezar por reconocer la existencia de habitantes y usuarios legales. Queríamos plantear algún tipo de régimen de transición. En la ponencia planteamos uno: mantener lo que ya estaba otorgado legalmente hasta cuando fue concedido, excluyendo así cualquier renovación o ampliación.
La izquierda decidió hundir el proyecto. No entiendo sus razones. Hicieron una estrategia mediática de linchamiento. Adujeron todo tipo de argumentos sobre sombrías y ocultas intenciones. Se atrevieron incluso a decir que queríamos permitir la explotación de los páramos. Semejantes argumentos sólo pretendían dibujarnos como de mala fe. Tal vez, explicable por la polarización donde el juego es la descalificación total. Sin embargo, sin sustento adicional a su especulación y desconfianza, y por lo tanto injustificada.
Sin embargo, el asunto va más allá. Oí en este debate decir al Senador Petro que la minería no genera derechos adquiridos. Me hizo pensar mucho en los caprichos de los dictadores del socialismo del siglo XXI. Ellos deciden cuales son los derechos, desconocen las normas, se burlan del ordenamiento jurídico. No les gusta una actividad y la destierran.
No soy fan de la minería, pero jamás desconocería el marco jurídico que la cobija. Lo respeto, porque se trata de una actividad legal y hace esfuerzos por mitigar el impacto ambiental y lo que es más importante, da empleo. He sido una abanderada convencida de muchos asuntos ambientales: parte del impuesto de carbono para proteger el Amazonas, las regalías para el sector ambiental, el proyecto también para otorgarle transferencias a la región amazónica de todas las regiones de Colombia, para lograr su efectiva protección y conservación -fallido también por la interferencia de la izquierda.
Estoy convencida de la importancia de la protección del medio ambiente y sobretodo del deber ético que tenemos frente a la conservación de biodiversidad de nuestro territorio. No podemos permitir que las causas ambientales sean de un solo lado del espectro ideológico. Esa es la perdición de la batalla por la conservación y la lucha contra el calentamiento global. El tema ambiental debe ser transversal, como el empleo o la educación. Cada partido debe tener banderas ambientales. Es un tema que debe unirnos, convocarnos a todos.
Lamento que en Colombia aun los consensos un sobre lo que estamos de acuerdo no sean posibles, y que el debate se haya degradado tanto. Me duele tanta mezquindad.
Bogotá, D. C, 9 de abril de 2021
*Senadora del Centro Democrático.
Por Robinson Castillo*.- El significado del adjetivo jodido lo resume todo: Que es complicado o difícil de solucionar. Con este preámbulo describo varios de los problemas de la sociedad colombiana, que son muy serios. Y no son caprichos, sino líos agigantados.
Aunque en ocasiones parece hasta vedado quejarse, pues las réplicas implacables no se hacen esperar. La gente se irrita no solo por redes, a través del Whatsapp la cosa no va a mejor. Por más que lo pienso, es preferible reiterar lo malo, para que aparezca lo mejor.
La tercera ola de la pandemia llegó. La situación de Santa Martha, Barranquilla, Medellín y lo que se viene para Bogotá, nos trasladan de nuevo a los inicios de la crisis. De nuevo los cierres, restricciones, cuarentenas y las quiebras. Los bancos siguen indolentes.
Lo aterrador, es que la gente no aprendió. Más de 2 mil fiestas clandestinas fueron descubiertas en Semana Santa. Aquí pecar y rezar, no funciona.
En la vacunación, no llegamos a los 3 millones de inyectados. Es un ritmo indeseable, las posibilidades de la inmunidad de rebaño, que se traduce en un porcentaje superior al 70 por ciento con el biológico en su brazo, no se ven factibles al finalizar este año. Colombia se encuentra entre los 11 países con más contagios en el mundo. Sí, en el mundo.
El 19 por ciento, es tendencia casi a diario. Me refiero al incremento de este impuesto en varios productos de la canasta familiar. Entendible la crisis económica abominable, pero siempre es urgente buscar alternativas que no martiricen a los mismos de siempre.
La inseguridad en Bogotá no es percepción. El uso de armas para atracos, sobre todo de bicicletas, va al alza. Pero en el resto del país el panorama es cruel, cada dos días asesinan un líder social.
Para rematar, la Fiscalía se encuentra envuelta en el embrollo que se confundan sus decisiones con la política. Las conclusiones prematuras no ayudan, pero sí lo haría que esta institución establezca argumentos legales que convenzan a los que cuestionan. Es lo que se espera.
Y la polarización no da tregua. En ese campo de batalla política, aún las más agudas confrontaciones están por venir. Y a este escenario se suman recriminaciones en redes sociales por parte de dos de los periodistas con mayor influencia en nuestro país.
La vida real nos indica que el desempleo es perverso, incluso me atrevería contradecir las cifras del DANE. Hay millones de colombianos arrinconados por el impacto de sus finanzas hogareñas. Con estados de ánimo que se dan la mano con la desesperanza.
Este país no se puede resignar que las cosas sigan así, sin cambios; sin esperanzas, desde la cuna hasta la tumba. Son momentos difíciles, pero también decisivos.
La pregunta incómoda
¿La única esperanza para las listas de Cambio Radical al Congreso es el sí de Vargas Lleras?
Bogotá, D. C, 7 de abril de 2021
*Comunicador Social-Periodista.
Por José G. Hernández*.- Un eufemismo, en el lenguaje común -según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua- es una “manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. Se busca aludir a los mismos conceptos -bien que estén representados en sustantivos, adjetivos o frases- pero se quiere hacerlo con elegancia; que se oiga bien; que la respectiva expresión no sea desagradable o vulgar. Pero, desde luego, en sustancia, esos conceptos no sufren por ello cambio alguno. Permanecen iguales. De suerte que, si se trata de un insulto, la palabra suave que sustituye a la fuerte no deja de serlo; sigue siendo un insulto. Muchas veces resulta siendo más degradante y ofensivo.
El eufemismo también se usa en el ámbito político. No son pocos los ejemplos de oradores famosos que, a lo largo de la historia, han usado el eufemismo como parte de sus discursos, en especial los dirigidos contra personas o instituciones en concreto, y han adornado sus palabras -y hasta sus gestos- con expresiones en apariencia agradables, elogiosas o graciosas, de modo que la diatriba o la sátira allí inoculada no mortificara al auditorio, aunque en realidad los contenidos de la arenga o proclama fueran duros, hirientes o -inclusive- calumniosos.
Igualmente, en la literatura. El español Agustín de Rojas plasmó en verso lo afirmado por una distinguida dama: “Ayer un amante orate, mi mano alabó por bella, pero a cada dedo della le dijo su disparate”.
Todo eso ha sido aceptado por la sociedad, aunque siempre pensaremos que es mejor la sinceridad, aunque parezca grosería, que la apariencia externa, no siempre leal. Este Viernes Santo recordábamos a Jesús de Nazareth, que abominaba las elegantes expresiones de los escribas y fariseos, a quienes -de frente y sin rodeos- calificó como “sepulcros blanqueados”.
Convengamos, sin embargo, en aceptar que se use así el lenguaje, “para no ofender” a los auditorios.
Empero, no es aceptable el eufemismo cuando se trata del Estado y de la relación entre gobernantes y gobernados, particularmente en cuanto a políticas públicas, proyectos, decisiones o normas. Esa debe ser una relación transparente y clara, entre otras cosas porque el ciudadano tiene derecho fundamental -art. 20 de la Constitución- a la información veraz e imparcial, que en especial desde el Gobierno se le debe suministrar. Sin subterfugios, ni medios confusos, sin términos o frases que engañan, ocultan o disfrazan, y que, por hacerlo, son desleales.
Decimos esto porque, de un tiempo a esta parte, hace carrera en Colombia el eufemismo, que se traduce en información errónea, engañosa, incompleta, sobre asuntos que son de interés público. Las masacres, según la tendencia, no son masacres sino "homicidios colectivos"; las ejecuciones fuera de combate se llaman “falsos positivos”; al secuestro se lo quiere denominar “simple retención”; las reformas tributarias no son reformas tributarias sino “Ley de Financiamiento”, “Ley de Crecimiento”, “Financiación de la pandemia” o “Reforma Social Estructural”; el desacato a fallos judiciales es apenas “discrepancia”; el ardid y la trampa son “habilidades”; la compra de votos es “estímulo al elector” y la coima es tan solo un “detallito”.
Entendamos. Eso no está bien. Llamemos a las cosas por su nombre.
Bogotá, D. C, 7 de abril de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Jairo Gómez*.-Una espiral de violencia azota puntos neurálgicos del país. Dos territorios, aunque distantes geográficamente el uno del otro, son cánulas de experimentos violentos que ponen en riesgo la vida de líderes sociales, indígenas, campesinos, población afro y migrantes.
Preocupa cómo desde el gobierno el ejercicio para neutralizar estos focos de guerra, uno en el departamento del Cauca y suroccidente del país, el otro en la porosa frontera colombo-venezolana, son insuficientes y las fuerzas pública, dotada técnica y militarmente, no ha sido capaz de asumir el control sobre esas regiones. Las denuncias son constantes desde la comunidad rural que insiste en que sus territorios están copados por bandas de narcotraficantes, reductos insurgentes como el ELN y las llamadas disidencias de FARC.
“Es como si la vida no valiera nada”, dijo monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social de la Iglesia Católica quien asumió la vocería de esas olvidadas comunidades para que sean tenidas en cuenta y no abandonadas a suerte.
“En el Chocó decapitaron 5 personas y sus cabezas las dejaron expuestas para que la gente entendiera el mensaje. Quedaron ahí por varios días, como escarnio. Esto es la pérdida total de humanidad”, fue el terrorífico relato que hizo el sacerdote, tras implorar una acción urgente por parte de las autoridades. Un horripilante relato que debe mover los cimientos de la sociedad colombiana, que debería sentirse interpelada y avergonzada porque estos hechos sucedan en su país y en la más sorprendente impunidad.
“Tenemos miedo. No podemos trabajar. El clima de terror acabó con la vida de los lugareños”, dijo después de describir cómo los aldeanos, con ruegos y lágrimas, inmersos en el terror y la desesperanza, le imploraban una mediación ante la justicia divina. Pero no se quedó ahí, aseguró que esa realidad se replica, no solo en el sur occidente del país, también en regiones apartadas como el Bajo Cauca antiqueño, el Alto Baudó y zonas aledañas dando lugar al desplazamiento de miles de familias campesinas con sus hijos acuestas.
“Si realmente queremos tener elecciones libres, con participación -agregó monseñor Henao- necesitamos que haya un pacto por la vida. Me preocupa la pérdida de humanidad”, y remató advirtiendo que “Estas elecciones (2022) no van a ser normales”.
La inesperada intervención de Monseñor Henao sorprendió la limitada asistencia al lanzamiento de la MOE 2022, pero lo que más dejó estupefactos a los invitados al evento fue la intervención de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, invitada especial, quien como si nada e incapaz de conmoverse o sentirse afectada por lo que había dicho monseñor Henao, tomó la palabra, ignoró la apocalíptica denuncia y optó por hablar de la participación de la mujer y sus retos en la próxima contienda electoral.
Hoy, de esa intervención de monseñor Henao ningún periodista hizo eco y ningún medio de comunicación la registró, por eso los invito a consultarla en You Tube, es imperdible. Describe esa realidad en el suroccidente del país – departamentos de Nariño, Cauca, y Chocó-, que los altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Duque, sentados cómodamente detrás de sus escritorios desconocen. Regiones del país en donde los grupos ilegales armados mandan a su antojo y disponen de la suerte de sus habitantes. Utilizan masacres y sicarios para amedrentar a la comunidad y, lo peor, en muchos casos con la anuencia de los cuerpos de seguridad del Estado.
Hace 31 años -repito, 31 años- Estanislao Zuleta decía: “El ambiente de violencia excede con mucho las confrontaciones propiamente políticas o de intereses económicos. En algunas capas altas y medias de la sociedad se ha creado una verdadera mentalidad fascista, una mentalidad de “limpieza” que considera que el mejor remedio, o en todo caso el más expedito para los males que aquejan a nuestras ciudades: miseria, descomposición moral, drogas, pérdida de los valores tradicionales, consiste en liquidar a alguien”.
Pues bien, esa narrativa hoy continúa vigente en Colombia, sin que la sociedad reaccione. 97 días del año 2021 y van 23 masacres que dejan 84 muertos; 41 líderes sociales y 13 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. No solo la crisis generada por la pandemia nos debe convocar, también la tragedia humanitaria que agobia a muchas comunidades que sobreviven sin que el Estado Central se interese por ellas.
Bogotá, D. C, 7 de abril de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Víctor G Ricardo*.- Todos los candidatos a la Presidencia de la República prometen que, si llegan al gobierno, no incrementarán los impuestos e incluso algunos dan su palabra, diciendo que ya son tantos los impuestos que pagan los colombianos que lo que harán es una reforma estructural en la que adicionalmente se reduzca la carga impositiva, para así dinamizar la economía y lograr aniquilar la evasión de impuestos que tan presente está en nuestro país.
Sin embargo, cuando estos aspirantes al poder llegan al gobierno, se les olvidan todas sus promesas, sus discursos se desvanecen en el viento y, cómo si nunca lo hubiesen siquiera pensado, con sus actos contradicen la campaña que los llevó hasta sus cargos y presentan reformas tributarias que contradicen sus compromisos con quienes los eligieron. Esta práctica, que aunque muchos critican no deja de presentarse, tiene que corregirse. En el fondo, se está incumpliendo con las obligaciones autoimpuestas a sí mismos, están engañando a la población, y acabando con la credibilidad en los dirigentes. Esto es tan terrible como el incumplimiento contractual o la publicidad engañosa y no puede seguir permitiéndose y pasando desapercibido. No es posible que los aspirantes al gobierno puedan derrochar palabras y sueños que tiran a la basura en el momento en que son elegidos. En estos casos lo mínimo que la opinión pública debería exigir es una explicación, que en este caso imagino se debe a los estragos tanto humanos como económicos de la pandemia sin olvidar que la fuente de recursos fiscales también está dada por la buena administración y la recolección de impuestos que algunas personas tanto jurídicas como naturales han dejado de hacer.
Por esta razón los representantes del pueblo colombiano en el Congreso de la República deben ejercer un control estricto en esta materia, respetando el viejo principio democrático según en cual no pueden existir impuestos sin el acuerdo y respaldo del máximo órgano de representación democrática. Esta invitación, no implica desconocer como ya lo dije la realidad impuesta por la pandemia y la necesidad de revisar estructuralmente el sistema tributario, sino de realizar un adecuado debate sobre la misma, su alcance y respeto a los principios propios de equidad y eficiencia que todo sistema tributario debe respetar.
En el caso que nos ocupa hoy y las iniciativas que se escuchan en los debates sobre el tema no podemos admitir que se quiera grabar distintos artículos de la canasta familiar que afectan directamente a las personas de menores recursos. Seguir grabando el patrimonio que ya está suficientemente grabado es casi que confiscatorio. Y qué decir de la propuesta de grabar más a los pensionados que entregaron sus vidas al trabajo para lograr adquirir su pensión y que de ella viven ya que su capacidad laboral se agotó y no tienen cómo generar recursos adicionales.
Por otra parte ¿dónde ha quedado el precepto jurídico de que los derechos adquiridos son inviolables? ¿Por qué los gobiernos, en lugar de seguir incrementando los impuestos, no se dedican a recuperar los dineros que se han robado los corruptos que si así sucediera con un porcentaje de todo lo robado ya tendrían para superar la crisis fiscal? ¿Por qué no se reconstruye el Estado gigante que tenemos, donde no haya la cantidad de contratos adicionales a las nóminas que en casos son superiores a la nómina oficial de esas entidades y que en muchos casos corresponden al pago de favores y no a las necesidades del servicio? ¿Por qué no hacer un mayor esfuerzo para evitar la evasión fiscal? ¿Por qué no grabar más a sectores de la economía que muestra impresionantes utilidades y no seguir siempre acudiendo a más impuestos a los mismos?
Ojalá alguien nos diera las respuestas y mostrara acción. Llegó la hora en que todos debemos exigir tanto al gobierno como a los legisladores. Un sistema tributario que no sea equitativo, progresivo y eficiente profundizaría la crisis que estamos viviendo y por ello esperamos que tanto el gobierno como el congreso cumplan con su palabra y promesas electorales y no olviden los principios que deben reinar esta “nueva” reforma tributaria.
Bogotá, D. C, 7 de abril de 2021
*Excomisionado de Paz
Por Juan Manuel Galán*.- Desde el Nuevo Liberalismo, queremos construir una propuesta para una nueva organización política, económica, social, cultural y territorial en Colombia. Como diría Winston Churchill, el peor camino, salvo todos los demás para lograr una sociedad justa y con plena igualdad de oportunidades, es la democracia. Dentro de la democracia, la primera y más importante entre todas las instituciones, por ser la fuente de legitimidad para todas las demás, es la electoral. Sin elecciones libres, justas y competitivas, ningún sistema político puede asumirse como democrático. Otra institución democrática fundamental es la separación de poderes como nos lo enseñó Montesquieu (ejecutivo, legislativo y judicial). Una tercera institución vital es el estado social de derecho. Es decir, que, en cada rincón de nuestro territorio, todo ciudadano colombiano tenga garantía plena de derechos. Una cuarta, no menos importante, es que la prensa sea libre e independiente (particularmente en lo económico) para cumplir su deber de rendir culto únicamente a la verdad. Quinta, una sociedad civil organizada. Entre más y mejor organizada esté la sociedad civil, menor riesgo de que prospere el clientelismo. Sexta, garantías plenas para el ejercicio de oposición, en lo que Virgilio Barco llamó el esquema gobierno-oposición. Séptima, partidos políticos fuertes y democráticos con garantías de periódica y permanente renovación acorde con la voluntad popular. Octava, control civil de la fuerza pública, garante armada de asegurar el orden constitucional.
Este frágil, vulnerable y amenazado sistema democrático que tenemos, debemos protegerlo. La amenaza proviene del proyecto político del narcotráfico que cabalga sobre la guerra contra las drogas. Este problema crucial para nuestra supervivencia personal, territorial, cultural, económica, política, social y ambiental; lo hemos evitado, ignorado y desconocido. Todos tenemos la obligación de afrontarlo. El primer paso es reconocer el problema en toda su dimensión histórica de 50 años aplicando la misma receta. Es hora de proponer una nueva política cuya meta final sea lograr que el Estado y no los criminales, como ocurre hoy, sea el que regule el uso, acceso, calidad, precio y seguridad de todas las sustancias que actualmente son ilícitas. Una política de pedagogía en el consumo responsable e informado, que distinga entre adicción, consumo problemático y consumo no problemático. Una política integral de infraestructura social y desarrollo rural, liderada en el territorio por la sociedad civil en equipo con la fuerza pública, particularmente con los batallones de ingenieros militares.
Entre 1994 y 2015, según FESCOL, el país gastó 100 billones, si cien millones de millones, en operaciones de fumigaciones aéreas para erradicar cultivos de coca, de familias campesinas cuya única opción de supervivencia es cultivarla. Con estos recursos, Colombia habría podido construir más de 50 mil kilómetros de vías terciarias, especialmente en las zonas cocaleras.
Es hora de acabar el narcotráfico por otros medios desde la evidencia, el sentido común y la historia de sangre, corrupción y culto al dinero fácil que tanto daño nos ha hecho. Para lograrlo, el camino es acabar con el negocio criminal. Los intereses en juego son muy poderosos y van mucho más allá de los representados por los personajes de las narco novelas. Es hora de dar el primer paso.
Bogotá, D. C, 6 de abril de 2021
*Exsenador por el Partido Liberal. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Cecilia López Montaño*.- Cuando Barranquilla y el Atlántico y gran parte de la Región Caribe creían que habían superado la peor parte de la pandemia, se entró en una nueva etapa cuyas causas son lo de menos porque la realidad es muy clara: más muertos, más contagios, inminente crisis del sistema de salud. Niveles de ocupación del 90 o más por ciento son las innegables señales de que la covid-19 o nunca se fue o ha vuelto de manera acelerada poniendo en peligro no solo a los contagiados sino a todos los enfermos que postergan por distintas razones sus tratamientos.
¿Se relajó la población? ¿Legaron nuevas cepas? ¿La vacuna no es la solución? ¿Se necesitan otras estrategias para afinar identificación de contagiados para aislarlos? ¿O será que solo encerrando a la fuerza a toda la gente se controlará la covid-19? Si esta es la respuesta el costo final lo asume la población individual o colectivamente, sin empleo, sin ingresos, sin la forma de sobrevivir. Ya lo vivimos, confinamiento total, desplome de la economía, porque el gobierno no va a darle a esa inmensa población que requerirá ayuda, lo que necesita para sobrevivir. Ya pasamos por esto, pero parece que es una lección no aprendida. No solo Colombia no es Estados Unidos, ahora cuando le están girando a todo el mundo, y más aún, Duque no es Biden.
Desde hace algunas semanas venimos escuchando a los médicos anunciar esta difícil etapa y pidiendo medidas más estrictas ante la indisciplina de muchos sectores de la población que parecen no creer lo que sí es una dolorosa realidad para muchas personas y familias enteras. Parecería que solo cuando alguien muy cercano cae víctima de este virus se acepta la dimensión de la tragedia que ya ha llegado a números increíbles, no solo en el mundo que siempre lo sentimos lejano, sino en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en la cuadra en que vivimos y en la casa del frente.
No se trata solo de adultos mayores. Igual de doloroso, pero eso sí más sorprendente es observar a una persona joven, llena de vida, caer en una cama dependiendo de un respirador y con un pronóstico que nadie puede asegurar. Pero así está la situación actual, llena de gente que se creyó no iba a ser objeto de esta pandemia porque no pertenecía al sector de adultos mayores, vulnerables a complicaciones por el virus. Lo más grave es ni siquiera la vacuna es un seguro porque va muy lenta y se estima que solo a mediados del 2022 se llegará en el país a la cobertura del 70% que garantiza la inmunidad de rebaño. Pero además, países con alta y acelerada vacunación de nuevo están viviendo un pico de la pandemia.
En síntesis, la única salida es la disciplina, esa que cuesta tanto asumir especialmente entre la gente joven que equivocadamente se creyó inmune. Y ustedes los jóvenes son los que aparentemente están teniendo el mayor impacto que nadie se esperó. No se trata ya de que no contagien a sus abuelos que están vacunados, sino que ustedes no se mueran prematuramente.
Bogotá, D. C, 6 de abril de 2021
*Economista y política. Exministra de Agricultura, Medio Ambiente y exdirectora de Planeación Nacional. Exsenadora por el Partido Liberal.
@cecilialopezm
Por Fernando Guzmán R.*.- París conmemora por estos días -en medio de restricciones por la pandemia- con distintos eventos los 150 años del levantamiento popular que ha trascendido en la historia como la Comuna de París. Comenzó el 18 de marzo de 1871, duró 72 días en los cuales se adoptaron reformas y reivindicaciones que han marcado desde el siglo XIX hasta hoy un punto de inflexión frente a la larga lucha por suprimir los privilegios del antiguo régimen -despotismo monárquico- contra el que se levantó la revolución francesa de 1789. Y que junto con la norteamericana de 1776 marcaron la senda de las revoluciones atlánticas del siglo XVIII. Influyendo posteriormente las independencias de las colonias americanas de la corona española y su tránsito a jóvenes repúblicas.
Desde finales de 1870, París -con cerca de dos millones de habitantes- sufría el asedio prusiano-alemán del gobierno del canciller Bismarck que representaba la fuerte reacción de la aristocracia y burguesía para recortar los cambios de la revolución francesa que se esparcían por distintas naciones. En medio de la guerra franco-prusiana y la inestabilidad política, la Asamblea francesa, mayoritariamente monarquista, eligió presidente a Adolphe Thiers, quien el primero de marzo de 1871 firma armisticio con Bismarck, y se dispuso desarmar a París -allí se encontraba el grueso de la Guardia Nacional preparada para contrarrestar al ejército prusiano-. Pero, el pueblo se lo impide y el 18 de marzo abandona la ciudad dirigiéndose a Versalles, símbolo del poder monárquico.
El 26 de marzo se eligió Consejo en la ciudad, compuesto por 92 miembros de las más diversas tendencias entre republicanos y socialistas, revolucionarios y obreros. Surge así el primer gobierno obrero en una gran ciudad contemporánea que se dispone a ocuparse de las cuestiones sociales en la ciudad: es la Comuna de París. Erigida sobre la base del reconocimiento del poder municipal que la revolución de 1789 adoptó y sobre el cual se desarrolla el concepto de la autonomía municipal que permitió concebir la legitimidad de un gobierno local que en la práctica era la autonomía de sus ciudadanos para ocuparse de sus intereses comunes.
Ello significó el fin del antiguo régimen de gobierno de estamentos, y el surgimiento de un nuevo orden social fundado en la territorialidad y los derechos. Concepción que ha caracterizado el régimen local y el municipalismo moderno. Y que entre nosotros logró concretarse hasta la Constitución de 1991.
En este sentido, la Comuna como representación del nuevo orden social fue vista como amenaza por quienes buscaban restaurar antiguas instituciones. El 28 de mayo fue aplastada tras una semana de combates que dejaron cerca de 20.000 comuneros muertos. La amnistía de 1880 abrió el camino a la reconciliación y a la instauración en la práctica de La República.
La Comuna simboliza la tensión entre libertades y derechos, sobre las cuales se construyen las repúblicas, y los cíclicos intentos restauradores del antiguo orden que desde Bismarck parecen caracterizar -guardadas proporciones y con los signos propios de cada época- el devenir de las democracias occidentales, y del cual dan cuenta los distintos esfuerzos reformadores de las constituciones y sus instituciones.
Bogotá, D. C, 6 de abril de 2021
*Abogado Universidad Nacional de Colombia. Exdirector Ejecutivo de Asocapitales.
@Fer_GuzmanR
Por Simón Gaviria*.- A pesar del rechazo del grueso de penalistas, el Congreso aprobó la prisión perpetua para violadores de niñas y niños. En el mismo sentido, la sociedad estuvo dispuesta a perdonar las más terribles masacres de las FARC, pero nunca la violación de menores. Más allá del populismo punitivo, hay algo en la sabiduría colectiva que rechaza dicha conducta, la reincidencia es plena. Según el Departamento de Justicia de EEUU, 40% de los violadores de niños recae al primer año de su libertad. Con la reglamentación de cadena perpetua propuesta serán pocas sentencias, reservadas para Garavitos y Uribe Noguera. Si se busca eficacia más que simbolismo, la protección efectiva vendrá de alertas tempranas y registro de violadores.
La política criminal acertadamente busca rehabilitar, trata de entender qué del entorno socio-económico causa las conductas. Pero ¿qué ocurre si para ciertos pedófilos la reincidencia es plena? ¿Cuándo no es posible la resocialización? Según el Departamento de Justicia de EEUU, la tasa de reincidencia en abusos sexuales de pedófilos es cuatro veces más alta que la de otros criminales. Por la cultura de silencio, la realidad debe ser peor.
El placer del violador no es solo sexual, sino que obedece a otros traumas; algo diferente al hurto de vehículos. Los componentes sadomasoquisticos, ritualistas, y de éctasis asociados a la muerte del menor, no tienen cura en la literatura científica. Alternativas como la castración química o física, resultan tan inocuas y barbáricas como cortarle las manos a un ladrón porque robó un pan. Los pedófilos encuentran otros objetos fálicos para lograr clímax. Moldova y Oregón han cancelado experimentos inhumanos en este sentido. Según el estado de Virginia, el pedófilo promedio abusa a más de 300 menores en su vida. Introducir este individuo sin controles a la sociedad es garantizar violaciones futuras.
La ley reconoce consecuencias posteriores a la condena, así como un conductor ebrio pierde el pase o un delincuente pierde el derecho a portar armas, el violador de niños no debe trabajar en espacios infantiles, se debe restringir donde vive. Una persona con historial de acceso carnal violento contra niños no debería poder ser profesor ni pediatra. En algunos estados de EEUU, los violadores deben registrarse ante las autoridades locales al mudarse a un nuevo barrio. También se requiere notificarles a sus vecinos su historial. No hemos logrado que Medicina Legal cree un registro único de violadores de niños. Durante el 2020 se reportaron 15.359 actos de violencia sexual contra menores de 14 años, las niñas representaron 84% de las víctimas.
Muerte por Sicariato
En el 2020, 1.579 niños desaparecieron según Medicina Legal. Las primeras 48 horas son claves, por ende, obligatoriedad a los medios de comunicación y en enviar mensajes de texto a la zona donde un menor esté desaparecido es vital. En Colombia, Medicina Legal practica 43 dictámenes de abuso sexual diario contra niños. Si se hacen tarde, queda la palabra del menor contra la del adulto.
Los críticos correctamente dicen que el aumento de penas no disminuye el acceso carnal violento contra menores. Lo importante para entender es que nada los va a disuadir. Si queremos mejores resultados, tenemos que pensar diferente. Más de lo mismo no va a lograr nada.
Bogotá, D. C, 6 de abril de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes.
