Opinión

Por Gabriel Ortiz*.- La tal “agenda” de Duque para esculcar sin piedad los bolsillos de los pobres, no tiene nada de social. Carrasquilla y sus asesores, impulsados por los “sabios” que trajeron a unos costos incalculables, escudriñaron hasta lo que nadie tiene, para arrebatárselo, sin tocar a los de arriba.

Hasta ahora el proyecto de reforma tributaria, nadie lo conoce en su integridad. A cuenta gotas lo van soltando a los potentados, mientras lo disfrazan para mostrarlo a las clases populares, que de difícilmente podrán entender semejante galimatías.

Contempla casi todo lo que no lesiona a quienes todo lo tienen, mientras los de abajo, ven evaporar el alza de los salarios para el 2021.

La “canasta familiar”, subió de estatus. En adelante, cabrá en una “chuspa”. Lo esencial no podrá ser adquirido por la población de menesterosos, en que se convertirá Colombia.

Los salarios de la generalidad de los compatriotas, que están por fuera de las nóminas oficiales, se convirtieron de la noche a la mañana, en suntuarios. El Presidente “megapensiones”, a las que están por encima de 7 millones, sin descontarles el castigo del 12% que les aplicó, Uribe.

Quienes manejan la gran producción y el dinero, no se han percatado de que sus inventarios crecerán estruendosamente, porque no habrá consumo.

Este derrochón gobierno, no admite la reducción del gasto público, ni la disminución de los exorbitantes salarios del enjambre de asesores presidenciales, de funcionarios sin funciones que engrosan la nómina y mucho menos controlar la utilización de los aviones, incluyendo el presidencial, para vacacionar. Tampoco tocar la incalculable flotilla de autos de alta gama para funcionarios que ni fu, ni fa, con “megasalarios”. Tampoco se vislumbra una normalización de las compras sin licitaciones, ni control, como se observó durante la pandemia. De la corrupción, ni se diga. Es incalculable el ineficiente servicio diplomático. De los servicios de información del estado, ni hablar, empezando por el vespertino de Duque y el oficial que se acaba de crear, con una nómina de 300 mil millones. Con ellos avanza se consolida el control de las noticias por parte del Estado. Se institucionaliza la “afirmación” en todos los medios, mas no la información, como los denomina el saliente dirección del Washington Post, Marty Baron, para referirse a los estados, totalitarios, dictatoriales y hegemónicos, como el de Venezuela.

Pocos días le quedan a la investigación y a la crítica en Colombia. El gobierno construye una riqueza para montar un Estado sin controles que garantice triunfos electorales inmediatos, y por qué no: para resucitar la ley que amplía los períodos.   

Todo esto, cabe perfectamente y con holgura en la tal “agenda”, que nada tiene de social. Si esto persiguiera, restituiría las tierras, para crear de inmediato abundante empleo, producción para consumo y exportación, seguridad, eliminación de cultivos ilícitos, servicios públicos para los campesinos, educación y creación de riqueza.

BLANCO: Tremendo respaldo de las encuestas al Nobel Juan Manuel Santos.

NEGRO: La bofetada del gobierno a la colega Jineth Bedoya en la CIDDHH.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Paloma Valencia*.-Las medidas de aislamiento durante la pandemia lesionaron nuestra economía. En el peor momento -abril 2020- se perdieron 5.4 millones de empleos. En enero de 2021 inició una importante reactivación. La tasa de desempleo fue de 17.3%, es decir que 19.9 millones de personas se ocuparon. Sin embargo, esta buena cifra muestra la pérdida de 1.6 millones de empleos respecto al mismo mes del año pasado. De estos desempleados hay que dolernos especialmente por los 938 mil empleos perdidos de mujeres. Además de la muy siniestra tasa de desempleo juvenil de 22.5%, que extrapolada es de 16.8% para hombres y 30.2% para mujeres. 

Además de este tremendo impacto sobre el empleo, perdimos más de una década de política social. De acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo, 5.6 millones de colombianos estarían en riesgo de ingresar a la pobreza, lo que equivale a un aumento proyectado a un nivel de entre 47% y 49% para el 2021. 

Hablar de reactivación tiene, al menos, dos temas de fondo: empleo y superación de pobreza. El empleo tiene que ver con las Mipymes -máximas generadoras de empleo en el país- la informalidad y el campo. Dejaré esto para una segunda columna. Me ocuparé hoy de la superación de la pobreza. 

Algunos hablan de la necesidad de una renta básica mensual, para que cada colombiano en dificultades tenga ingresos y sobreviva. Sostiene que debe alcanzar al menos un salario mínimo y que cada ciudadano disponga de él como considere (lo que se llama un subsidio no condicionado). 

Aquello rompe una enorme tradición de nuestro país en términos del condicionamiento de los programas y desconoce la capacidad fiscal de la nación. En esa dirección, tener ingreso para los más pobres, el gobierno hizo un enorme esfuerzo con familias en acción, el subsidio al adulto mayor y la creación de jóvenes en acción y el exitoso ingreso solidario. Ya anunció el Presidente su intención de alargar su duración. Es un buen inicio. 

Sin embargo, he venido sosteniendo que Colombia requiere más para superar esas tremendas cifras de pobreza. 

Ser pobre no es sólo no tener ingresos; es no tener vivienda, o tenerla en muy malas condiciones. Es no tener agua potable, ni alcantarillado, ser desempleado o informal, tener rezago educativo e incluso trabajo infantil.  Creo que en medio de esta pandemia urge superar todas estas falencias, además de garantizar algún tipo de ingreso. 

Por eso, debemos empezar a trabajar con las Juntas de Acción Comunal y las asociaciones de vecinos en proyectos de auto construcción: que paguen sueldos, pero además construyan vivienda, las mejoren, hagan los acueductos y los alcantarillados, las vías terciarias, los andenes, los espacios públicos. Sin grandes contratistas, con ingenieros tutores, profesionales de apoyo, pero sobre todo con la ciudadanía interesada. 

Quiero que construyamos todo lo que les hace falta a los municipios pobres de nuestro país, a los barrios marginados de nuestras ciudades, que lleguemos a las veredas y las casas campesinas... y que lo hagamos pagándole a nuestros ciudadanos para que construyan lo que les hace falta, de una vez, se formen en un oficio. Este ambicioso proyecto se ha ejecutado antes, y ahora lo necesitamos. 

Debemos volcarnos en la construcción de todas las obras que requieren los colombianos más pobres y contratarlos para hacerlo. Sin descuidar los grandes esfuerzos de infraestructura nacional. Tengo la convicción de que los dolores de la pandemia pueden ser sublimados en un gran proyecto de inclusión nacional. La resiliencia, tantas veces demostrada por mis conciudadanos, puede probarse hoy más que nunca soñando y construyendo lo que nos hace tanta falta: obras y cercanía con esa Colombia olvidada.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por: Cor. (RA) Luis E., La Rotta*.- El término gaslighting ahora está en boga a nivel mundial porque es cuando alguien hace creer que otro está loco o que miente y así manipula estratégicamente la percepción que el otro tiene de la realidad. Así disfraza la gravedad de los hechos y engaña a la víctima bajo el precepto de que ésta perdió el juicio, la memoria o la razón. Debido al gaslighting, personas o grupos sociales pueden sentirse ansiosos, confundidos e incluso deprimidos, lo que se traduce en una espiral de quejas infundadas.

Gaslighting a la colombiana: El hacinamiento carcelario es por tanta captura. ¿Ocurre que no ven los policías que hay en cada esquina? Exitosas aprehensiones in flagrante de hackers maliciosos. Se aplica la ley sobre vagancia y ratería. Conducen a casa por cárcel a los atracadores y reincidentes condenados a colonias penales. El hampa es una fuerza natural. Creen en el autismo del Congreso y las Cortes y que es ficción la justicia como “rey de burlas”. ¡La realidad no es la realidad!

Hoy en día las fuentes de amenaza que enfrenta la ciudadanía vienen en diferentes versiones, hay algunas que son tradicionalmente conocidas y que atentan contra la vida mediante el uso de la violencia armada, entre ellas destacan: sicarios, terroristas, chantajistas, timadores, secuestradores, atracadores, violadores. Asimismo, existen otras que atentan contra la seguridad, pero en ámbitos diferentes a los que comúnmente conocemos, entre ellas se encuentran: corruptos, hackers expertos en vaciar las cuentas bancarias, suplantadores digitales, extorsionistas, miembros de la delincuencia organizada, violadores de derechos.

Este contexto nos deja con dos grandes preguntas: primero, ¿quién aboga por la ciudadanía desprotegida?; y luego, ¿todo se reduce a una táctica de manipulación? Lo cierto es que la gobernanza no se puede abandonar a una constante manipulación del gaslighting, en la que todo lo percibido está loco. Es preciso señalar que actuar de esta forma implicaría una consideración abusiva con respecto a la ciudadanía. 

La protección y la preservación de la tranquilidad son las que mantienen a distancia la amenaza, a la vez que atienden la zozobra ciudadana ante las condiciones (cambiantes y emergentes) relativas a la criminalidad real. Los organismos de inteligencia e investigación juegan un papel fundamental en estas tareas. Sin embargo, estos no pueden construir una seguridad basados únicamente en sus impulsos. 

E Estado no puede abandonar la seguridad ciudadana y la seguridad privada. Su deber como institución necesita abordar todos los fenómenos de inseguridad, neutralizar los elementos de amenaza, contrarrestar los factores de intranquilidad cotidiana, y controlar las condiciones de riesgo público.

La ciudadanía no puede seguir padeciendo en su cotidianidad el flagelo del comportamiento criminal, ni ser víctima de la incapacidad del Estado para hacerle frente a esta realidad. Esto genera altos montos de incertidumbre, y termina por marcar la desesperanza en el común de las personas, quienes al final se consuelan en la experiencia común de sus temores.

Por ello urgen acciones concretas que van más allá del intento por resolver únicamente con decisiones políticas. Es necesario realizar un análisis del proceso criminal de los últimos 75 años, aplicar la prevención racional del delito, y promover la protección mediante acciones relacionadas con las teorías clásicas de la criminalidad, donde se apremia la solución a las limitaciones procedimentales y judiciales, así como la rehabilitación del delincuente y la reparación del daño.

No deben pretenderse intervenciones utópicas de erradicación del delito, sino un control razonable que alivie el costo social del conflicto interpersonal comunitario en el escenario criminal. Al final, lo más importante es hacer que se respeten los poderes, y esto se logra creando una legislación respaldada por criminólogos, criminalistas, psicólogos sociales, antropólogos y sociólogos.

El problema no reside únicamente en el silencio administrativo, o en estrategias y directrices de intervención que presenta el servicio de policía. Para tener mejores resultados, conviene no distraer la intervención policial, y permitir que esta priorice la investigación de los delitos sobre otras actividades.

De la misma forma, las soluciones tampoco residen en coartadas represivas, ni en lecturas estadísticas. Estas tampoco están en el accionar tecnócrata, ni el discurso jurídico-penal. No basta con exigir que se cumplan las promesas, se respeten las instituciones y las necesidades de la ciudadanía. Las verdaderas soluciones están en la gestión normativa y procedimental del desorden público, la cual se sustenta en el gerenciamiento administrativo de la seguridad pública, la coordinación de los servicios de reacción, y el enfrentamiento de forma integral y permanente de la impunidad y la violencia.

Seguridad Pública

No es gaslighting repensar que la seguridad pública va más allá del reacomodo de la presentación de la policía. Es decir que es importante reconocer el problema en sus verdaderas dimensiones, y es muy común que ocurra que el problema en cuestión traiga consigo nuevos inconvenientes. Esto requiere de mucho valor por parte de quienes son los responsables de garantizar la paz, la tranquilidad y el orden, en tanto tienen la obligación de consultar con el destinatario de las normas o de las reformas necesarias para certificar que se cumplan estos derechos.

La pretensión es generar un modelo de seguridad sostenible, en tanto este busca la “satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras”. La idea es construir una solución duradera a los conflictos y la incertidumbre, de manera que se aporte la experiencia y el conocimiento de la historia de la inseguridad en el país. Un modelo que entienda que la seguridad no se puede administrar como una máquina.

Hay que comenzar por la eficacia, la preparación y la capacitación de los funcionarios que se desenvuelven en el entramado socio jurídico del sistema legal. Esto con el fin de armonizar una solución integral entre las partes interesadas y que enfoque esfuerzos perceptivos, preventivos y de protección:

1-            Preservar la gobernabilidad y confianza en las autoridades (sostenibilidad)

2-            Reestablecer cultura de seguridad ciudadana (transformación)

3-            Intervenir permanentemente frente al delito (medidas preventivas, coactivas y reactivas)

El problema no es de competencia, sino de solidaridad. Es decir que, además del fortalecimiento del servicio de policía, es fundamental la intervención activa de las ramas judicial y legislativa, responsables de aportar soluciones al clamor de la sociedad. 

* El autor es Miembro Vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y director del Instituto Sicurex, hace 38 años preside las Jornadas Internacionales de Seguridad.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2021

Por Jairo Gómez*.- Kant decía “atrévete a pensar”, que significa pensar por uno mismo, y Marx advertía sobre  “cambiar la sociedad”, proponiendo que la humanidad debe ser dinámica y no estática. Pues bien, esos imperativos son los patrones en los que se mueven hoy los ciudadanos libres de la sociedad colombiana: la gente pensando por sí misma y con la idea de que este  estado de cosas tiene que cambiar.

Y precisamente es a ese cambio y a las nuevas generaciones a lo que hoy las oligarquías y políticos tradicionales le tienen temor, porque ello significa que pueden perder el poder y el control institucional que tienen del país desde hace varias décadas atrás. Eso es lo que no quiere esta derecha (conservadores y liberales tradicionales, de viejo cuño) hoy reciclada en una montonera que coincide en una narrativa clientelista: hacerse con el botín. Ese es su único dogma.

No nos equivoquemos, el problema no es solo Uribe, el expresidente es un eslabón en esa cadena de suministros ilegales que es la corrupción que se perpetuó en el poder; corrupción enquistada y diseñada para garantizar, utilizando todos los métodos posibles, que hijos, nietos, parientes y borregos regionales más cercanos no queden huérfanos de poder. Ese ha sido el esquema y evitarán modificarlo. Todos son iguales: Lleras Camargo, Valencia, Lleras Restrepo, Pastrana, López, Turbay, Betancur, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos. De esos doce, que entre el diablo y escoja. En ellos se resume el catastrófico país que tenemos. Fueron gobiernos plagados de supersticiones y prejuicios. Gobernaron a medias y no quisieron hacer las cosas bien porque representaban y representan intereses. Toda la vida han sido mimados por las élites económicas y por sus brazos mediáticos, tanto así que han acabado convirtiéndose ellos mismos en la élite plutocrática que hoy nos gobierna. Hoy los que les sobreviven y los nietos de los que murieron se inventan partidos, movimientos, disidencias pero a la final tienen el mismo objetivo: perpetuar el bipartidismo Frente-Nacionalista. Y de Duque ni hablar, es un pobre hombre sin historia, al que le dio miedo hacer historia. Tan corto es políticamente, que se declara dizque de “extremo centro”. Pobre país.

En la Colombia del poder, nada es aislado. Todo está bajo control. Planean una seguidilla de acontecimientos para camuflarse en ellos. Entonces ocurre que de buenas a primeras aparece una propuesta para ampliar el periodo del actual presidente y de los congresistas. Y para ello, para no levantar sospecha, buscan al funcionario más gris, el Presidente de la Federación de Municipios, para que lance el globo con la novedosa iniciativa. Y después, de buenas a primeras, unos interesados parlamentarios -de todos los partidos tradicionales- plasman la idea en una reforma constitucional. Y nadie sabía nada. Así funciona este poder. Como el caso de la UP, los falsos positivos, los líderes sociales, los indígenas, campesinos y firmantes de la paz, a todos los matan, y nadie sabe nada.

Y como no se dan por vencidos, entonces sacan del cubilete otra propuesta tras el rotundo fracaso de ensanchar el periodo y sin ruborizarse, como caído del cielo, aparece un político del Partido Liberal – que lidera Gaviria- para “sorprender” con otra novedosa reforma: ligar las elecciones parlamentarias del 2022 a la primera vuelta presidencial. Se mandan huevo. Nos creen pendejos.

Esto ya no es sospecha, es la evidencia de que el clientelismo bipartidista entró en pánico, sabe que la debacle electoral se les vino encima y que el cambio ya no es una quimera, es una realidad. Buscan por todos los métodos cerrarle las puertas a las consultas de los partidos alternativos para perversamente alentar las divisiones partidistas y, por supuesto, para garantizar el voto a cambio de un tamal.   

“La ignorancia es un estado de llenura”, decía Estanislao Zuleta, tras describir, como lo hacía inteligentemente, la realidad colombiana. Pues metámosle un laxante, no para evacuar el vientre, sino para salir de la inercia de las divisiones, y unámonos: el pacto histórico es una excelente alternativa para cambiar a Colombia.

Bogotá, D. C, 25 de marzo de 2021

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi  

Por Guillermo García Realpe*  ¡Golpe de Estado! ¡Golpe a la Democracia! Exclamaron las redes sociales una vez el país conoció la radicación, en secreto, por un puñado de anónimos Representantes a la Cámara, del Acto Legislativo 547 del 17 de marzo en la Secretaria General de esa corporación. 

Y no era para menos, no sólo era un adefesio jurídico, sino que de paso se convertía en una peligrosa iniciativa que haría estallar en mil pedazos nuestra Constitución Política, tan reconocida a nivel mundial, por lo completa y garantista de los derechos. 

El proyecto de reforma constitucional 547, nada más y nada menos, proponía cambiar varios artículos de nuestra carta política, para permitir el alargue del período presidencial, de los congresistas y de altos funcionarios del Estado, algo que no tenía presentación alguna, o como se dice en el argot popular, un proyecto sin pies, ni cabeza. 

Una piñata de beneficios para el Jefe de Estado, congresistas y de paso para otros altos dignatarios, incluso para magistrados de Altas Cortes, Procurador, Defensor y Contralor, llevándose por delante todo lo construido en nuestra norma suprema. A cambio, proponían, aumentar en dos años el actual período de todos estos personajes, destruyendo de un plumazo la arquitectura constitucional en ese respecto. 

Este, era un proyecto del cual se había venido escuchando en corrillos políticos, pero nadie lo daba por confirmado y como sacado de la manga, repentinamente fue presentado en la secretaria de la Cámara baja. 

La indignación nacional no se hizo esperar. Pues, tan pronto se supo de éste orangután que se abría camino en el Congreso, todo el mundo estalló en cólera, llovieron criticas de todos lados, trinos iban y venían, comunicados de prensa, pronunciamientos, etc, la gente, los ciudadanos reaccionaron muy rápida, pero contundentemente ante esta grave amenaza que pondría en grave riesgo nuestra democracia y que además le daba una bofetada al constituyente primario que decidió en las urnas por sus representantes para períodos de cuatro años y no de seis como se pretendía. 

Pero éste proyecto no fue tan espontaneo, marginal, improvisado, o que se haya dado de la noche a la mañana, esto lo venia adelantando el gobierno y lo venían preparando  los partidos, ellos se consiguieron unos representantes poco visibles, que tal vez no tuvieron la moderación, la malicia y aprovechando su poca experiencia los usaron de punta de lanza para ver cómo les salía  la cosa, pero ese globo ya iba andando y arrancó con el director de la Federación de Municipios, pero ya iba rodando como acto legislativo y lo iban a probar, cómo iba avanzando, para meter luego toda la caballería. 

Pero este esperpento jurídico tuvo una respuesta contundente de la gente, la fortaleza de los ciudadanos de todo el país, de los medios de comunicación, los sectores sociales, los sindicatos, los demócratas de Colombia, los académicos, pero finalmente hubo un colofón y un contundente pronunciamiento, donde organizaciones como el Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro, Alexander López, Roy Barreras, entre otros, la Coalición de la Esperanza con Sergio Fajardo, Humberto De La Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, los verdes encabezados por Antonio Sanguino, Ángela Robledo y Angelica Lozano y por supuesto, el Liberalismo Social Demócrata, identificado por Luis Fernando Velasco, Andrés Cristo, Temístocles Ortega, Rodrigo Lara, éste servidor, entre otros, al unísono rechazo este atentado a nuestra democracia. 

Por lo menos, hubo una manifestación de unidad, en defensa de la paz, de la democracia y de la vida en Colombia. Una posición contundente de la sociedad colombiana, pero también una declaración política de las fuerzas no gobiernistas. 

La oportuna reacción y la presión ciudadana, convertida en indignación nacional, hizo que rápidamente el esperpento se hundiera, pues 15 Representantes que lo suscribieron, se bajaron del bus casi que de inmediato, pero los ciudadanos no van a olvidar quienes quisieron actuar como traidores de la democracia. 

Aquí pretendieron usarnos como conejillos de indias, pero “les salió el tiro por la culata”. Esa reforma constitucional, nació viciada, era a todas luces INCONSTITUCIONAL, absolutamente ilegítima e inconveniente. Se convertía en un claro abuso de poder de quienes lo firmaban, porque estaban legislando en causa propia e interés personal, lo que sin duda podría haber terminado en pérdida de sus investiduras. 

Lo importante aquí, es que nuestra Constitución del 91, sobrevivió este duro ataque de los contradictores de la democracia, y como dijo Humberto De La Calle, resistió el terremoto, pero debemos seguir atentos a las réplicas. 

Ojalá toda esa rabia e indignación de la gente, se vea reflejada en las urnas, todos debemos salir a votar para cambiar este régimen autoritario y totalitarista que nos gobierna y ya verán como el rumbo del país cambia positivamente.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2021

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- El agravamiento de la situación humanitaria en Venezuela, el fracaso de las medidas que  impuso Trump al vecino país que no han hecho más que estimular la peligrosa injerencia de países extranjeros como Rusia, China e Irán; y el punto muerto al que ha llegado nuestra propia diplomacia que se reduce a que los gobiernos de Caracas y de Bogotá se crucen acusaciones altisonantes sin resultados concretos, impone la búsqueda de una diplomacia más fresca que, más allá de los agravios mutuos, conduzca a una mejoría concreta de la calamitosa situación humanitaria del “bravo pueblo” Venezolano. 

Nuestra pertenencia al ineficaz grupo de Lima, las opacas actuaciones de este grupo, el publicitado “cerco” contra Maduro y los conciertos estériles en Cúcuta contra el régimen de Caracas, no han servido para nada. O mejor si han servido para algo: para echar discursos contra el dictador Maduro y el grupo corrupto que lo rodea. Y para que éstos le respondan a Colombia con la misma moneda verbal.

En la búsqueda de un mínimo de “real politik” hay que reconocer que estamos frente a un punto muerto de nuestra diplomacia. Como parece que lo empieza a reconocer el nuevo secretario de Estado del presidente Biden que admitió en una reciente audiencia ante la comisión de relaciones exteriores de la cámara de representantes de su país que las sanciones de Trump contra Venezuela han fracasado. Y que hay que revisarlas.

Con relación a Venezuela con quien no hemos roto relaciones diplomáticas nos comportamos uno y otro país como si dichas relaciones estuvieran rotas. Toda la imaginación diplomática del gobierno colombiano parece agotarse en los improperios semanales que puntualmente se lanzan contra Maduro. Y en Caracas se utilizan el mismo tono contra Duque. Olvidando el ABC de las relaciones internacionales que predica que no estar de acuerdo no significa que no se puedan desarrollar políticas constructivas entre países antagónicos.

El secretario Blinken en su comparecencia ante la comisión de relaciones exteriores de la cámara estadounidense dijo además algo que no debemos pasar por alto: además de señalar el fracaso de las sanciones económicas impuestas por Trump a Venezuela dijo que los Estados Unidos temían que Rusia vaya a utilizar a Venezuela como cabeza de playa para interferir en la política colombiana. Esto es grave y puede ser cierto. Las fallidas sanciones económicas de Trump se han traducido en que Venezuela -desesperada- cada vez está más cerca de Rusia, de China y de Irán para sobrevivir. Todos los contratos de exploración y explotación de crudo, de repuestos para su infraestructura, de exportación-importación de lo que tiene que ver con combustibles, depende ahora de este oscuro triangulo.

La Unión Europea con una pizca de más realismo político le ha retirado a Juan Guaido el título de presidente de Venezuela. Ahora lo trata con consideración pero sin el encumbrado título de presidente constitucional.

La situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Y cada vez peor. Un informe del Nuevo Herald de Miami de esta semana da cuenta, por ejemplo, que al vecino país se ha quedado sin Diesel para mover su transporte interurbano y la carga pesada. Si se paraliza la flota de transporte pesado en el vecino país ello significará aún más desabastecimiento y más hambre para el pueblo venezolano. Y, por supuesto, más presión para que siga aumentando exponencialmente el flujo de refugiados hacia Colombia que ya va, recordémoslo, en 1.800.000.

Las medidas que tomó Colombia para dotar de un estatuto humanitario a los refugiados venezolanos salieron bien y han sido aplaudidas. Pero ello no basta. Nuestra diplomacia debería refrescarse en relación con Venezuela. Debería estudiar qué acciones pragmáticas pueden inventarse con el régimen de Caracas, que aún se aferra rabiosamente al poder. Y todo parece indicar no se dejará derribar a punta de discursos altisonantes. En términos de cooperación alimentaria, energética, humanitaria y de normalización de la vida económica en la frontera habría infinidad de campos concretos de cooperación entre los dos países para distensionar nuestras maltrechas relaciones, sin que eso signifique legitimar el régimen de Maduro. Lo que no podemos seguir haciendo es limitarnos a echar discursos encendidos de allá para acá y de acá para allá todos los días.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2021

*Abogado y Economista, Exministro de Estado.

Por Víctor G. Ricardo*.- Hace algunos meses, cuando se debatía la sostenibilidad futura de Avianca por los retos financieros que atravesaba como consecuencia de la pandemia, escribí algunos artículos que generaron alguna polémica, en los que llamaba la atención respecto de la necesidad de defender esta empresa e incluso apoyarla porque, aunque los propietarios ya no fueran colombianos, ni el Presidente fuera colombiano, la marca era un símbolo de nuestro país y fundamentalmente aseguraba conectividad y por lo tanto competitividad de nuestro país y nuestras regiones.

La afectación de una empresa como Avianca entonces, me parecía un riesgo muy grande, por su papel en la economía nacional, en el desarrollo y competitividad de nuestro país e incluso en su papel como articulador social.

El gobierno colombiano finalmente no tuvo que hacerle un préstamo a Avianca que apoyara sus necesidades por cuanto el sistema financiero internacional lo hizo, proyectando su mejora con base, entre otras cosas, en el potencial mercado de pasajeros colombianos y las licencias de rutas aprobadas de las cuales ya dispone. El valor de su marca o good will y la proyección de que, superada un poco la pandemia, la situación de las empresas aeronáuticas mejorará.

Sin embargo, en el último año, Avianca no solo ha reducido sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, a un mínimo, cancelando rutas y frecuencias, seguramente motivados en los pocos desplazamientos que se han dado en los tiempos de pandemia y también por las medidas adoptadas por otros países, sino que además pareciera esforzarse por empeorar su servicio al cliente. Lo anterior, con el agravante de que otras aerolíneas han hecho todo lo opuesto y tratan a sus clientes mejor que nunca, no solo fidelizando los que ya tienen, sino penetrando además aquellos que en su momento fuimos fieles a Avianca.

Pero la manera en la que Avianca irrespeta a sus usuarios es inconcebible, modificando o cancelando horarios y frecuencias, independientemente de la previa elección y necesitad de sus usuarios de cumplir horarios, compromisos y disponibilidad. Peor aún, venden los pasajes diciendo que se podrán cambiar de fechas y cuando los pasajeros por necesidad así lo soliciten (incluso si el covid-19 es la principal razón o disipaciones de algún país), resulta que por un lado es imposible comunicarse con sus líneas de atención (la espera es eterna) y por el otro cuando se va a realizar el cambio se reclama la necesidad de pagar ciertas cifras, que no se presentan por el cambio en si sino por otros conceptos como cambio de tarifa o derechos de emisión, cifras que son más elevadas que comprar un tiquete nuevo, lo que seguramente esta soportado en la letra menuda del tiquete, pero lo que leemos los clientes en su publicidad es otra cosa.

Avianca está llevando a su límite a sus clientes, muchos de los cuales han sido leales por seguirla utilizando y además son viajeros frecuentes. Se ya de muchos pasajeros que debido a la falta de buena atención, descortesía y recorte de los servicios (cierre de salas vip y algunas otras), ya se han pasado a otras empresas. Es que también a los clientes la copa se les llena.

El gobierno por otra parte tiene la obligación de no permitir que esta clase de situaciones se sigan presentando e incluso debería impulsar y promover que a otras empresas se les autoricen los permisos para las distintos rutas y así crear una competencia donde la conectividad tenga alternativas y el servicio mejore.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2021

*Excomisionado de Paz

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito histórico, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua. Se trataba y se trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, sobre la necesidad de protegerlo y hacer un uso más racional del mismo.

Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en el 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo ya dispuesto en el 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. Inexplicablemente el Proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental en Colombia se hundió en el Congreso de la República en diciembre del año anterior.

Uno de los Objetivos del desarrollo del Milenio fue reducir un 50% la proporción de personas sin acceso al agua potable en el mundo hacia el 2015. Desafortunadamente Colombia, según el Coordinador residente de las Naciones Unidas Fabrizio Hochschild, aunque avanzaba “en la dirección correcta” pero “no a la velocidad necesaria”. Nuevamente, entre los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) esta el acceso al agua limpia y tiene entre otras metas lograr el acceso  universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, así como la utilización eficiente del recurso hídrico. Esta sigue siendo una de las asignaturas pendientes de Colombia.

Por lo demás, hemos venido sosteniendo que el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, el cual después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “el planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.

El tiempo ha terminado por darme la razón. Recientemente el mundo fue sorprendido con la noticia que el agua había empezado a cotizarse en Bolsa, al lado del oro, el crudo, el cobre y la soya. Y ello, en momentos en los que dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua y se estima que próximamente dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua, al tiempo que millones de personas se verán desplazadas por la carencia del preciado líquido.

Por ello, no han faltado quienes han puesto el grito en el cielo de sólo pensar que se llegue a especular en Wall Street con un recurso que en el mundo es considerado legalmente como un bien común de dominio público. Pero, la verdad sea dicha, en la práctica al darse este paso se da un sinceramiento del mercado en donde el agua es gestionada como un activo financiero. Es el caso de los derechos o concesiones para la utilización del agua con distintos fines mediante actos administrativos. Como afirma el Director de Economía del agua en el Instituto IMDEA agua de Madrid (España) Gonzalo Delacámara, “esto siempre ha funcionado de manera informal en todos los lugares del mundo con sistema de riego”. Y lo ilustra con un ejemplo: “un regante A le dice al B, este mes no voy a regar, te cedo mis derechos a cambio de una compensación”.

Continúa diciendo el experto en el recurso hídrico Delacámara que así como se da el intercambio de derechos de uso de agua entre agricultores a cambio de dicha “compensación”, también se da que “otros actores lo que busquen sea ganar dinero con esos activos financieros”. Y allí es en donde nace el negocio con el agua, en donde quien la necesita va al mercado spot a comprarla, como cualquier otro bien transable, pagando el precio al cual se cotice el derecho de agua. Pero, también puede ocurrir que el interesado no la necesita de momento, pero quiere asegurarse de disponer del agua para cuando la requiera (para riego, por ejemplo) y en ese caso puede recurrir al mercado de “derivados”, ya sea como bien de opción o de futuros del agua.

Huelga decir que estos contratos de futuro no obliga necesariamente a la entrega física de agua en una fecha determinada, son puras y duras transacciones financieras. Operan como si fueran un seguro para cubrir el riesgo frente a la variabilidad climática, pues en el evento de que se presente una hidrología critica y no le puedan suministrar el volumen de agua convenido, quien la contrató recibe el pago estipulado como compensación.

Lo cierto es que desde finales del año pasado  el índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, está operando y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California por acre-pie. Algunos expertos defienden que estos mecanismos financieros pueden contribuir a una gestión más eficiente de un recurso cada vez más escaso como lo es el agua. Y no les falta razón a quienes aducen que ponerle precio al agua cuando, como ya dijimos, merced al Cambio climático dejó de ser un bien libre para adquirir un valor económico, aunque no deja de ser un bien público, nada justifica que no se le ponga precio cuando se otorgan derechos y concesiones a título gratuito para su usufructo por parte de particulares.

Eso sí se debe garantizar el efectivo ejercicio del acceso al agua potable como derecho humano, tal como lo dispuso las Naciones Unidas, ello no puede sufrir menoscabo, única forma de cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso de la República se aperciban de darle trámite al proyecto de ley que consagra el agua potable como un derecho fundamental en Colombia, al tiempo que se garantice el mínimo vital gratuito a la población vulnerable.

Santa Marta, marzo 20 de 2021

www.amylkaracosta.net

Por José Felix Lafaurie*.- Qué difícil el tema de las armas y del derecho a tenerlas y portarlas, que Fedegán defendió cuando asesinaban, secuestraban y extorsionaban ganaderos por doquier, hasta la llegada de la Seguridad Democrática y la recuperación del campo a partir de 2002.

Qué difícil hablar de armas cuando se carga el estigma generalizador del “ganadero paramilitar”, impulsado por las Farc y por la izquierda durante años; una ofensa a la dignidad de 600.000 colombianos dedicados a la ganadería y víctimas desde siempre de la inseguridad rural.

Habíamos arriado esa bandera y mantuvimos una posición distante frente al debate, pero lo cierto es que la seguridad Democrática, que había llegado para quedarse, se fue rápidamente con la elección de Santos, no solo por su interés en “ganarse la confianza” de las Farc, sino en desmarcarse de su antecesor y de sus propias ¿convicciones?, como ministro de Defensa.

Sin la Seguridad Democrática y, bajo la presión de las Farc, de Chávez y de Correa, se prohibió la aspersión aérea y el narcotráfico resurgió violento para garantizar el control territorial en los campos y del microtráfico en las ciudades, con armas que entraban a granel por las fronteras, mientras Santos, otra vez presionado por las Farc y por la paloma en la solapa para lucir con el Nobel, a finales de 2015 modificó un decreto de 1993 para hacer imposible el porte legal de armas, y con ello desarmó a quienes no debía desarmar, a los ciudadanos de bien, con una medida temporal que se volvió permanente.

En efecto, año tras año, con el mismo “corte y pegue” de una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual “el porte de armas promueve la violencia…”, se ha promovido la violencia contra ciudadanos inermes, por parte de bandidos de todas las calañas que los saben indefensos; que si el ciudadano tuviera como defenderse…, otro gallo cantaría…

Las cifras no mienten. Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes, redujo los homicidios en 49% desde 1993. En Colombia, en 2015 hubo 11.585 homicidios, 9.137 con armas de fuego, y en 2020 hubo 12.016, de los cuales 9.107 fueron con armas de fuego. ¿Qué ha mejorado? Nada. ¿Cuántos se habrían evitado si los bandidos sospecharán siquiera que su víctima potencial estaba armada? Esa es la pregunta.

En 2020 hubo, además, 95.636 hurtos a personas; 11.776 al comercio, 2.860 vehículos robados y 8.628 motocicletas. El comercio está asediado por la extorsión y el atraco; el campo está asediado por la extorsión y el abigeato, y ya volvimos al macabro conteo de nuestros muertos. En Bogotá, el efecto combinado de microtráfico, migración, pandemia, desgobierno y falta de conexión de la alcaldesa con la Policía Nacional, nos ha llevado a una aterradora situación de inseguridad.

El problema no son las armas legales, que hoy están guardadas; el problema son las armas ilegales que paga el narcotráfico. Según el CERAC, antes de 2016 había 900.000 armas con permiso y 2,5 millones de armas ilegales, pero según “The Small Arms Survey”, para 2017 eran ¡más de 4,2 millones!

Igual muchas. ¿Quién las tiene? Las disidencias, los elenos, los pelusos, el Clan del Golfo, los ladrones de celulares y bicicletas, y los miles de microtraficantes de barrio. Ninguno necesita el “permiso especial” que se inventó Santos para desarmar a los que no debía.

Creo en el monopolio estatal de las armas y creo en nuestra Fuerza Pública, pero ante una situación de violencia desbordada, creo también en el derecho constitucional a la legítima defensa, que a ningún hombre libre se le puede negar.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Se volvió a alborotar el debate sobre el crédito del Banco de la República (BR) al gobierno para financiar los gastos que no ha hecho para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Esta vez, porque Petro y Claudia López volvieron a insistir en la propuesta que desde hace un año planteamos varios economistas, incluyendo ex ministros de Hacienda.

Los ortodoxos volvieron a decir que era una propuesta populista e irresponsable, sin importar que los bancos centrales de muchos países hicieron préstamos a sus gobiernos. Repitieron los mismos argumentos: uno, que la emisión monetaria podía aumentar la inflación y dos, que se afectaba la credibilidad del gobierno y del mismo BR frente a los inversionistas internacionales.

Lo primero es una teoría trasnochada que no tiene asidero en condiciones como la recesión actual, causada por desplome de la demanda. Las cifras son contundentes: el año pasado el BR imprimió billetes a gran velocidad, y los medios de pago (M1) aumentaron 26,4%; ¿Se aceleró la inflación? ¡No!, por el contrario se redujo a un mínimo histórico de 1,6% anual. Lo malo es que muy poco de ese dinero nuevo llegó al sector productivo, porque los créditos bancarios solo crecieron 2,9%.

Hoy todo el mundo aplaude que el BR haya bajado tasas de interés y emitido dinero, pero sigue la absurda visión maniquea de que la emisión es buena si va para el sector financiero privado, y mala si es un préstamo al gobierno.

En cuanto al segundo argumento vale la pena recordar lo que sucedió durante la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. El gobierno de Olaya Herrera enfrentaba una caída del PIB del 8% con el agravante que el BR no podía emitir sin respaldo de oro, y con la fuga de capitales el M1 disminuyó cerca de 30%.

Cuando se autorizó al BR a emitir sin respaldo en oro había que encontrar una fórmula que le permitiera prestarle al gobierno. Lo hizo el creativo Minhacienda Esteban Jaramillo. Le cedió al BR las utilidades de los siguientes 13 años de la explotación de las Salinas (la ISA de esa época), a cambio de un préstamo del BR de $15.5 millones, que representaban el 40% de los ingresos del gobierno. El crédito del BR al gobierno llegó a ser el 6% del PIB y el país salió de la recesión. Es como si hoy le prestara unos $60 billones.

La propuesta de la alcaldesa de Bogotá es que el BR le preste al gobierno $50 billones garantizados con las utilidades futuras de ISA y Ecopetrol. El ortodoxo Esteban Jaramillo la aprobaría, y no habría que vender a ISA.

* * *

Adenda: Excelente la propuesta del presidente de sembrar 60.000 árboles como homenaje a los muertos por el Covid. Ojalá propusiera también hacer otro bosque de 6.402 árboles como monumento a los jóvenes asesinados y presentados como falsos positivos.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor