Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.-Colombia es reconocida como el país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo y cuenta, además, con todos los pisos térmicos, pero, paradójicamente, según las Naciones Unidas, se cuenta entre los veinte países con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático.

Colombia, según el más reciente reporte cartográfico del Instituto Von Humboldt Colombia posee 37 complejos de páramos, 50% de los páramos del planeta, todos ellos, a excepción de los de la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicados en la cadena montañosa de la cordillera de los Andes. El de Sumapaz es considerado como el más extenso del planeta. Solo hasta el año pasado se alcanzaron a delimitar, aunque la delimitación de Santurbán la tumbó la Corte Constitucional, al resolver un recurso de tutela y dejar sin efecto la Resolución 2090 de 2014 que lo había delimitado. Colombia dispone, además, de 59 parques naturales terrestres y marinos, los cuales abarcan el 11.2% del área continental y el 15% del área marina.

Existe una gran imbricación entre los bosques y el agua, de la cual se sirven para refrescarse a sí mismos y a su entorno, liberando humedad a la atmósfera, la que luego retorna con las lluvias. Un grupo de 50 expertos, liderados por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, después de revisar con todo el rigor científico más de mil publicaciones sobre la interrelación entre los bosques y el agua, llegó a la conclusión que entre la evaporación del agua y la transpiración de las plantas en la superficie terrestre contribuyen de media al 63% de las precipitaciones. Esto es lo que se conoce como el ciclo hidrológico.

Las plantas, además, tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2. Y de contera, la vegetación  contribuye a la conservación, reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano.

Pero la deforestación galopante es la peor amenaza  que se cierne sobre esa gran biodiversidad, especialmente en la zona amazónica. El caso más patético es el del Parque Nacional Natural Serranía Chiribiquete, el cual junto con la Sierra de Nuquén y la Serranía de la Macarena son los sistemas montañosos más importantes de la Amazonia. El mismo fue incluido por la UNESCO en 2018 en la Lista de sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, siendo catalogado como el único sitio mixto cultural y natural de Colombia, destacándose por sus características geológicas y por el asentamiento de comunidades aborígenes, así como especies endémicas. La mezcla del paisaje natural y el arte rupestre plasmado en las paredes de estas gigantes mesetas, en donde se han podido develar 70 mil pinturas indígenas, le han merecido el calificativo de la “Capilla Sixtina de la Amazonia”. Según estudios antropológicos se ha podido establecer que las mismas datan de más de 20 mil años. La película Magia salvaje le reveló al mundo la belleza y el embrujo de esta maravilla.

Pues bien, como la mayor deforestación se viene dando en la Amazonia, se está poniendo en entredicho no sólo su integridad sino la conectividad ecológica regional, así como la conexión natural entre este parque y las áreas protegidas que lo circundan. Al ecocidio provocado por la deforestación se viene a sumar la amenaza de un etnocidio, toda vez que está poniéndose en grave riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas asentadas allí en aislamiento voluntario. Se teme que se repita la tragedia que vivieron los Nukak Maku hace más de 30 años, que los llevó a su virtual extinción.

Y es justamente en la Amazonia en donde, de acuerdo con World Resources Institute, se capturan 140 toneladas de carbono por hectárea, la mayor densidad en el mundo de carbono almacenado como biomasa. Por ello es considerado el pulmón del mundo. Pues bien,  según el IDEAM, allí se concentra el 75% de la deforestación en Colombia, siendo los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare los más afectados con 49 puntos porcentuales, 13.1 puntos porcentuales y 9.8 puntos porcentuales, respectivamente, con 43.000 hectáreas deforestadas. Con ello se está poniendo en riesgo la conexión y la conectividad entre la Amazonia y los Andes.

Ello es alarmante, tanto más si tenemos en cuenta que, en un editorial para la revista Science Advances titulado “el punto de no retorno de la Amazonia”, el científico Thomas Lovejoy, profesor de ciencia ambiental en la Universidad George Mason (EEUU) y el profesor Carlos Nobre, miembro de la Academia de ciencias de Brasil, conceptuaron que, según sus cálculos en los últimos 50 años la deforestación ha acabado con el 17% de la vegetación de la Amazonia y si llega al 20% la conexión hidrológica entre los Andes, esa región y el Atlántico se volvería insostenible”. Este ecocidio hay que atajarlo y cuanto antes mejor.

Bogotá, mayo 25 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Trump, a sabiendas de que es contrario al multilateralismo a cuyas organizaciones todavía pertenecen los Estados Unidos (OMC), impone sin embargo a las exportaciones de China una brusca subida de aranceles al 25%. China procede a responder con la misma moneda, como ya lo había hecho.

El efecto de esto, como lo han anticipado todos los observadores serios, será introducir un gran desorden al comercio internacional y sembrar las semillas de la depresión mundial. Así lo ha dicho recientemente el FMI con gran crudeza. Las bolsas con su derrumbe así lo han ratificado.

Se está pasando de mostrarse los dientes a los primeros disparos fuertes, en lo que puede convertirse en una guerra comercial profunda y mundial. De la que nadie saldrá vencedor. Todos perderemos incluida Colombia. Los productos chinos que se encarecen por virtud de estos nuevos aranceles de Trump van a buscar recalar en mercados alternativos como el nuestro a precios de quema. Tal como ya empieza a verse con el acero.

De las guerras en general, y de las comerciales en particular, nadie sale ganancioso. Recordar por ejemplo que la gran depresión de los años veinte del siglo pasado comenzó precisamente con restricciones al comercio internacional que rápidamente se acentuaron a nivel planetario cuando los Estados Unidos, actuando torpemente como ahora lo hace Trump, resolvió subir aranceles abruptamente a sus socios comerciales (aranceles Smoot- Hawley)

Guardadas todas las proporciones, se está actuando con la misma ceguera como cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se suben los aranceles a los textiles y a las confecciones.

La medida no solo es abiertamente inconstitucional, pues la Constitución es muy clara que todo lo atinente a los aranceles es del resorte del ejecutivo en desarrollo de las leyes marco de comercio exterior, y no del Congreso, sino que no va a servir para proteger la industria nacional. A lo que conducirá este embeleco será a disparar los contrabandos de textiles que ya son bien altos por cierto.

Pero las torpezas del Tío Sam no se circunscriben al ámbito del comercio internacional. También al doméstico. Nos hemos enterado con estupor los colombianos que los gringos están utilizando el mecanismo de las visas para presionar indebidamente a los magistrados de las altas cortes para que voten en tal o cual sentido, según los caprichos de la embajada norteamericana en Bogotá. Insólito.

La reacción de la rama jurisdiccional ha sido inmediata y de rechazo como correspondía. Pero el silencio del Presidente, del Ministro de Relaciones Exteriores (que ya hubiera debido llamar al impertinente embajador en Bogotá a rendir explicaciones y se limitó a una vaga declaración en la que le prendió una vela a Dios y otra al diablo) y del propio Fiscal, ha sido sepulcral y por tanto inaceptable. En este asunto va envuelta la dignidad nacional. Que es deber de estos funcionarios hacerla respetar.

¿Ustedes se imaginan qué le pasaría a Pachito Santos si en una más de sus desabridas salidas le diera por presionar a los magistrados de la Alta Corte Constitucional de los Estados Unidos?

Bogotá, D. C, 26 de mayo de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Mauricio Cabrera Galvis.- El sistema capitalista no está funcionando bien y esto puede llevar a una lucha de clases. Esta no es la conclusión de un congreso de alguno de los partidos comunistas que aún subsisten ni de algún manifiesto revolucionario de los años sesenta; por el contrario, son el tipo de afirmaciones que están haciendo multimillonarios que son capitalistas exitosos.

Quienes así opinan son, por supuesto, defensores del sistema capitalista y el libre mercado. Al fin y al cabo, con ese sistema han logrado amasar multimillonarias fortunas. Pero no son ciegos para no ver que el sistema no está funcionando para todos, que la desigualdad está llegando a niveles intolerables pues mucha gente apenas sobrevive mientras que los excesos de algunos son escandalosos.

Uno de los más radicales expositores de esta postura es Ray Dalio, fundador y director de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo –Bridgewater- que maneja cerca de 200.000 millones de dólares y que tiene una fortuna personal de 18.000 millones de dólares. No es propiamente un comunista infiltrado en Wall Street.

Dalio ha publicado un manifiesto sobre la necesidad de reformar el sistema capitalista (https://bit.ly/2U2Druv), en el que después de mostrar las profundas y crecientes desigualdades en Estados Unidos, y la fractura social que se está produciendo, concluye que ante esta crisis hay dos posibles salidas: “a) personas de diferentes inclinaciones ideológicas trabajan juntos para reorganizar inteligentemente el sistema de manera que la torta se divida bien entre todos y al mismo tiempo crezca b) tendremos un gran conflicto y alguna forma de revolución que perjudicará a todo el mundo y reducirá el tamaño de la torta¨.

Dalio ha puesto su billetera al lado de su discurso, y junto con Bill Gates y Warren Buffet ha promovido Giving Pledge. la iniciativa de donar en vida por lo menos la mitad de sus fortunas a programas sociales.

No son los únicos capitalistas preocupados por las consecuencias negativas del sistema. Otros norteamericanos con gran riqueza que se reconocen como traidores a su clase, han conformado el grupo de “Millonarios Patriotas” comprometidos en crear una nación más próspera, estable e inclusiva. Se trata de crear riqueza que sirva al bien común. Otro grupo de empresarios ha creado la ONG “Capitalismo Inclusivo”, para reformar el sistema desde dentro, disminuyendo las grandes desigualdades que genera el libre mercado sin regulaciones ni controles, para hacerlo más sostenible e inclusivo.

Las propuestas para salvar el sistema son variadas, pero todas incluyen temas como aumentar impuestos a los más ricos, exigir mayor responsabilidad social a las empresas y solidaridad a los multimillonarios. Lo que todos ellos buscan no es implantar un sistema comunista sino salvar el capitalismo, porque temen que si no se hacen las reformas que reduzcan la desigualdad, el estallido social puede tener consecuencias insospechadas.

Cali, 26 de mayo de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: Guillermo García Realpe*.- El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez no debió haber renunciado, la renuncia fue una decisión desproporcionada porque esta controvirtiendo, por supuesto, como es normal entre los poderes jurisdiccionales con competencia cada uno. Es un tema que tiene su trámite, que tiene su procedimiento, incluso continuará para ser ejecutoriada completamente la decisión de no extradición de Santrich, es decir, falta mucho de procedimiento. 

Pero también hay que decir que en Colombia esto no es raro, aquí en éste país no ha ocurrido nada extraordinario, aquí también ha ocurrido mucha confrontación entre el ejecutivo y el legislativo, el legislativo con el jurisdiccional y ha habido choque de trenes, en fin, esto no es raro en Colombia, esto es un país de temas contenciosos frecuentemente, de crisis frecuentes y tercero, estamos enfrascados los sectores institucionales en temas que no son del interés del país, que todo lo contrario, están desviando la atención del país sobre los problemas reales que tienen los colombianos del día a día, como por ejemplo; la crisis del tema de desempleo, la crisis pensional, la crisis del sector agropecuario y muchos sectores están esperando decisiones del Gobierno Nacional y del Congreso y no estamos generando acciones contundentes a estás necesidades por estar en estas peleas. 

Ahora, frente a la renuncia sorpresiva también de la Ministra de Justicia, Gloria Borrero, dos consideraciones al respecto, sale una académica atropellada por la ideología y la doctrina del partido de Gobierno, porque su agenda no representa las mayorías nacionales representadas en el Congreso de la República. 

Sale una académica y entra la representación de la caballería más recalcitrante del partido de Gobierno, con sus extremismos polarizantes, Dios tenga de la mano al Presidente Iván Duque porque con ello está prácticamente demostrando que no hay política de Estado, ni de Gobierno y solamente habrá política de partido en la agenda legislativa y en la agenda de trabajo del ejecutivo. 

Sinceramente creo que los colombianos en general ya no aguantan un escándalo institucional más, todos los días salen las mismas noticias sobre actos de corrupción, actos de confrontaciones políticas y mientras tanto en la cotidianidad del pueblo colombiano la gente esperando resultados a los grandes problemas nacionales ya mencionados. 

Incluso la última encuesta de Gallup, refleja que  en el último trimestre aumentó el número de colombianos que creen que las cosas van por mal camino. Algo realmente triste en un país con tantas potencialidades en diversos campos, pero que quienes hoy lo lideran les interesa más hacer trizas la Paz, inmiscuirse en temas internacionales, cazar peleas políticas, que hacer una verdadera agenda nacional. 

El presidente Iván Duque, en meses anteriores había logrado algún repunte en su favorabilidad, pero todos estos episodios recientes ha hecho que el Jefe de Estado baje en caída libre. 

Hoy, la percepción que tienen los colombianos es que  la situación en el país está empeorando, hoy uno de cada cinco colombianos ve con buenos ojos lo que está sucediendo en el país. Pero un gran margen afirma que el país va por mal camino. 

Revertir esto depende del liderazgo que pueda surgir del Presidente de la República y de su gabinete en pleno, pero ojalá sin dejarse cooptar por su ideología y doctrina de partido, que tanto mal le hace al país. 

El primer mandatario ha cumplido ya más del 20% de su período de Gobierno y sin embargo, no se ve una agenda nacional coherente, establecida y con resultados. Ha sido un inició de Gobierno “tibio”, ausente de grandes decisiones, los grandes proyectos no se han visto y la agenda legislativa se quedó sin temas del ejecutivo, salvo la Ley TIC´s que aún espera debate. 

Ojalá que Colombia recobre el rumbo, y no se siga hundiendo en la desesperanza, en la decepción generalizada del colombiano del común y que las cosas mejoren, el país nos pertenece a todos y por ende deseamos que salga adelante, que al Presidente le vaya bien, al fin y al cabo tiene que velar por el bienestar de todos sin distingo alguno. 

Así que menos renunciatones, más acción y cero confrontaciones.

Pasto, 20 de mayo de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por: Amylkar D. Acosta M*.- Ciertamente las reservas probadas de crudo que venían en caida libre desde el 2011, la misma tocó fondo en 2016 situándose en los 1.665 millones de barriles, justo cuando el desplome de los precios, desde junio de 2014, fué mayor. En el 2017 se incrementaron el 7% las reservas de crudo con respecto a 2016, ubicándose en 1.782 millones de barriles, pasando el coficiente de reservas/producción de 5.1 a 5.7. En el 2018, una vez más, las reservas de crudo se incrementaron  el 9.9%, por cada barril extraido de las reservas se repusieron 1.56, alcanzando los 1.958 millones de barriles y un coeficiente de reservas/producción de 6.2. Y ello, no obstante que en el 2018 se incremento 1.3% la producción, pasando de 312 millones a 316 millones de barriles de crudo.

 Huelga decir que si se incrementa la producción y esta se ha venido incrementado, al pasar de una producción promedio de 865.000 barriles/día en 2018 a la actual que ronda los 900.000 barriles, la declinación de las reservas es mayor y en consecuencia se reduce el número de años de autosuficiencia. Así como el año 2013, con 2.445 millones de barriles, fué el punto de inflexión a la baja, esta se revirtió a partir de 2017 y la tendencia al alza se mantuvo en el 2018.

Es de anotar que parte del incremento de los 492 millones en las reservas reportadas por la ANH para el 2018 responden al repunte de los precios internacionales, permitiendo la reactivación de campos que habían sido abandonados por la caida de los precios y 450 millones a la revaluación de reservas por recobro mejorado. Es decir, que los nuevos descubrimientos, los nuevos hallazgos han sido nulos a la hora de incorporar nuevas reservas, de allí la importancia de reactivar la actividad exploratoria.

En cuanto al gas natural, desde el 2012, cuando sus reservas probadas alcanzaron los 5.72 terapiés cúbicos, las mismas han venido declinando de manera sostenida hasta situarse en los 3.78 terapiés cúbicos en 2018, cuando cayeron el 2.9% con respecto al año anterior. El declive mayor de las reservas se viene dando en los campos de Chuchupa y Ballenas en La guajira, que por muchos años fueron la principal fuente de aprovisionamiento de gas en el país. Y no es para menos, ya que por cada pié cúbico extraido de las reservas en el curso de 2018 sólo se repuso 0.7. A consecuencia de esta caida en las reservas de gas natural el coeficiente de reservas/producción pasó del tranquilizador 29.6 en 2006 al preocupante 9.8 en 2018, por primera vez desde que se llevan registros por debajo de 10.

La Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, en la medida que caen las reservas de gas natural “dependemos de gas importado y si lo hacemos perderíamos la autosuficiencia por primera vez en 40 años. Y adicional a eso hay riesgo de que el gas se doble de precio”, lo cual vendría a afectar a más de 8 millones de hogares que usan el gas natural domiciliario, a más de 230 mil propietarios de vehículos utilitarios y a los de más de 1.000 vehículos de transporte masivo que usan el gas como combustible, amén de la industria y el comercio que están conectados a la red de distribución del mismo. 

Y la única manera de espantar el fantasma de la pérdida de la autosuficiencia y la importación tanto de petróleo para cargar las dos refinerías con las que cuenta el país como en gas natural para abastecer el consumo doméstico, es incorporándole más barriles a las diezmadas reservas de petróleo y más piés cúbicos a las reservas de gas natural. Y ello sólo es posible si seguimos mejorando la tasa de recobro en los campos petroleros, como se viene haciendo con éxito, superando el 19% en promedio actual y/o mediante nuevos hallazgos.

Claro que todavía se puede hacer un esfuerzo adicional en la mejora del recobro, habida cuenta que el 88% de los campos en Colombia se encuentran produciendo en etapa primaria, 11% en secundaria y 1% en terciaria y, además, otros países han logrado elevar el recobro hasta el 35% (!).  Y por cada punto adicional de recobro mejorado se le pueden añadir a nuestras precarias reservas de crudo 50 millones de barriles. Pero ello, si bien es necesario, no es suficiente para garantizar el autoabastecimiento.

Como es bien sabido los mayores prospectos de petróleo están en los yacimientos no convencionales y en gas natural están en off shore, los cuales requieren de la utilización de tecnologías apropiadas, en el primer caso la estimulación hidráulica, más conocida como fracking y en el segundo la exploración y explotación en aguas profundas y metaprofundas costa afuera. De hecho, en estas, según la Administración de Información de Energía de EEUU, hay un potencial de gas natural de 54.7 terapiés cúbicos, equivalente a más de 14 veces las reservas probadas remanentes.

A dicho potencial se viene a añadir el que ofrecen las áreas carboníferas, especialmente en el Caribe colombiano, en donde el gas asociado a los mantos de carbón (CBM), que se calcula en 7 terapiés cúbicos, el doble de las reservas probadas de gas natural. En cuanto al petróleo, se estima por parte de ECOPETROL que las reservas en yacimientos no convencionales oscilan entre los 2.400 y los 7.400 millones de barriles, que podrían alargar la autosuficiencia petrolera del país hasta los 10 o 15 años (!).

Bogotá, D. C, mayo 20 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras el país está distraído en el debate sobre una extradición que no sirve para nada en la lucha contra el narcotráfico, pero si para polarizar el proceso de paz y encubrir los problemas de la Fiscalía, pasan de agache noticias económicas que son preocupantes.

La primera es el lento ritmo de crecimiento de la economía. El Dane reportó que el primer trimestre de este año el PIB creció a una tasa del 2,8% anual. Es un resultado un poquito mejor que el del año pasado, pero quedó muy por debajo de las expectativas de las autoridades y algunos analistas que estaban esperando una expansión del 3,3% en el trimestre.

La situación es peor de lo que sugieren estas cifras. Como el comportamiento de la economía es variable a lo largo del año –por ejemplo hay mucha más actividad en el último trimestre por las ventas decembrinas- el Dane ha empezado a publicar datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, que permiten una comparación más realista de la evolución de la producción y las ventas. Según estos datos la economía se estancó, pues el crecimiento frente al trimestre anterior fue 0%, y en el año completo de solo 2,3%.

Así las cosas, parece casi imposible que para el 2019 se logre la meta oficial de un crecimiento del 3,5%. Algunos analistas han rebajado sus proyecciones de crecimiento del PIB, inclusive por debajo del 3% anual, que si resultan ciertas se afectará el recaudo de impuestos y aumentará el déficit fiscal, a la vez que afectará la creación de puestos de trabajo con el consiguiente incremento del desempleo, que ya se empezó a dar como comenté hace unas semanas.

Otro frente de preocupación es el sector externo, donde se ha aumentado el déficit comercial, con unas exportaciones estancadas a pesar de los mayores precios del petróleo y unas importaciones disparadas, tal vez anticipándose a una mayor devaluación del peso. En efecto, las importaciones de bienes de consumo crecieron 16%, y el total de compras en el exterior el 10,1%. En consecuencia la balanza comercial registró en solo tres meses un saldo negativo de casi 2.400 millones de dólares, el doble del año pasado.

Para completar el panorama de preocupaciones, factores como la parálisis de la actividad legislativa o la aprobación a pupitrazo y sin análisis del Plan de Desarrollo, como resultado de las confrontaciones políticas y la polarización, están disminuyendo la confianza de los empresarios y sobre todo los consumidores.

Así lo muestran indicadores como las encuestas de opinión de Fedesarrollo, que coincide con la última encuesta Gallup en la que la percepción de que la situación en el país está empeorando pasó en los últimos tres meses del 64% al 70%. Este clima de pesimismo incide en las decisiones de compra e inversión, es decir frena la demanda interna y, por lo tanto, el crecimiento económico. Estas preocupaciones deberían ser la prioridad de las autoridades.

Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor

Por: Juan Camilo Restrepo Salazar*.- La Cámara de Representantes aprobó recientemente en sexto debate el acto legislativo por medio del cual se otorga iniciativa parlamentaria a los congresistas, para que puedan disponer libremente sobre el 20% del presupuesto anual de inversiones. Es decir, sin que se requiera aval ministerial para ordenar dichos gastos.

Esta iniciativa suscita interesantes reflexiones, puesto que constituye un cambio de mucha profundidad en la legislación presupuestal de Colombia.

Aducen los defensores de esta iniciativa que con ello se evitará el que lo congresistas tenga que ir a mendigar partidas regionales ante el Ministro de Hacienda de turno. Y que así se le dará transparencia y publicidad a las llamadas inversiones regionales que hoy se otorgan en el claro oscuro de las negociaciones entre parlamentarios y ministros.

Sin embargo, las cosas no son tan simples como las postulan sus promotores, y puede dar lugar no solo a una mala asignación de los recursos de inversión, ya bien escasos por cierto, sino a una rapiña imposible sobre el famélico presupuesto de inversión.

Veamos en primer lugar las cifras. El acto legislativo autoriza que los parlamentarios dispongan libremente del 20% del presupuesto de inversión. Pongamos un ejemplo -no muy alejado de la realidad- en el que el total de las disponibilidades para inversión sea $40 billones. El acto legislativo permitiría que los parlamentarios asignen ellos directamente $10 billones a sus prioridades regionales, sin necesidad de pedirle permiso al Ministro de Hacienda de turno.

Resulta que por virtud de lo que en Colombia se conoce como la “inflexibilidad del gasto público” cerca del 90% de los recursos de inversión están atados de antemano a finalidades que previamente han señalado la misma Constitución y las leyes: pensiones, transferencias, subsidios de todo orden, etc.

De manera que en el ejemplo que estamos utilizando del hipotético presupuesto de inversión de $40 billones apenas quedarían para libre disposición $4 billones (10% de 40) y no $10 billones como afirman los promotores de la iniciativa.

Pero además: en este ejemplo cuyas cifras, repito, no están muy alejadas de la realidad, cabría preguntar ¿cómo se distribuirían entre más de 300 parlamentarios dichas partidas? No se necesita ser muy perspicaz para entender que caeríamos en un super fraccionamiento de mini obras con los pocos remanentes que anualmente quedan de libre disposición en el presupuesto anual de inversiones. Y por supuesto, nadie ni nada garantizaría que esas inversiones dispuestas por los parlamentarios a su libre albedrío sean las prioritarias para el desarrollo.

Es inconcebible que el Gobierno no haya alzado la voz desde la primera hora, como correspondía para oponerse a esta disparatada iniciativa. Lo vino a hacer tardíamente, cuando ya ha tomado fuerza en el Congreso. Claro, los cupos indicativos o las neo mermeladas deben proscribirse. Pero no es haciendo más confusas y antitécnicas las ya de por sí precarias maneras de invertir los pocos recursos que van quedando en el famélico presupuesto nacional como esto se va a lograr.

En materia de inversión pública nos seguimos adentrando con esta iniciativa por el camino del reino de la fantasía. Hacia el cual hemos comenzado a transitar ya con el Plan de Desarrollo, que ordenó un fantasioso programa de inversiones públicas para este cuatrienio de más de $ 1 billón, olvidando que en Colombia no se puede gastar un solo peso que no esté autorizado en el presupuesto anual de inversiones. El Ministerio de Hacienda ya ha informado que para la vigencia del año entrante el presupuesto de inversión en vez de aumentar, disminuirá.

¿Dónde va a reflejarse entonces el faraónico programa de inversiones previsto en el Plan de Desarrollo para que se puedan efectuar si, además, el 20% se asignará directamente en una festiva piñata parlamentaria que no necesariamente traducirá las prioridades del país?

Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

Por Gabriel Ortiz*.- La renuncia irrevocable presentada por el fiscal Néstor Humberto Martínez, sorprendió de inmediato al país, a los círculos políticos, a las Cortes y en general a amigos y enemigos de la paz. Se creyó que el país estaba frente a una crisis institucional, que se llegó a comparar con el inicio del desbarajuste venezolano.

Estas últimas semanas Colombia estaba asistiendo a un pugilato, en el cual se enfrentan los partidarios de las polarizaciones creadas por un líder que vio frustrado un tercer tiempo. El enfrentamiento estaba orientado a desprestigiar a toda la justicia con sus Cortes y demás dependencias. Es claro que tres magistrados dieron suficiente “papaya”, para que el uribismo saliera a tomar venganza por investigaciones contra parientes de gente muy poderosa.

Se suma a todo lo anterior el fallo de la JEP que no encontró pruebas claras y contundentes para autorizar la extradición de Santrich. Las pruebas de la Fiscalía, según ese tribunal, no tuvieron suficiente contundencia para un pronunciamiento en ese sentido. Eso no le gustó a Martínez, quien se apresuró a renunciar y hacer un llamamiento la ciudadanía “a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia”. ¿Constituyente, rebelión?

Martínez necesitaba una tabla de salvación. Era un Fiscal investigado, enredado con Odebrecht, sin credibilidad, repudiado por muchos, o pocos movimientos políticos por su poca fidelidad. Se ha pasado por todas partes.

¡La esperada tabla llegó! y Martínez renunció. Podía así salir como héroe, como el único defensor de la legalidad y pasar a la fila india que conduce a la Casa de Nariño, en lugar de acudir a una segunda instancia ante la JEP, para demostrar la fortaleza de sus pruebas para extraditar a Santrich.

El exfiscal, tiene todo listo para la candidatura que lo puede llevar a reemplazar a Duque. Sería el líder de la extrema derecha que puede poner en graves problemas al jefe del CD, que últimamente viene bajando en las encuestas. Sería un personaje, determinante durante las próximas elecciones. Seguramente impondría gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Entre tanto, la campaña contra las Cortes y contra la justicia en general continuará como bandera del uribismo, porque hay que echar tierra a las “chuzadas” que Uribe propició durante su gobierno, porque como suele suceder: “mentir, mentir, que de la mentira algo queda”.

Por ahora, el senador Uribe, tendrá que empezar a buscar acuerdos políticos, para recuperar la fiscalía, porque la cosa se ha puesto difícil ante la fortaleza de la llamada oposición. Como dice el vallenato: “y tendrás que usar traje negro… aunque no gustes de él...”

En el CD veremos debates internos a raíz de la renuncia de Martínez, porque será un hueso duro para el partido de gobierno. Ya hay muchos partidarios de ese movimiento, que lo ven como una esperanza para mantenerse en el poder 4 años más. Martínez a la carga.

BLANCO: El Presidente anuncia respetar los fallos de la justicia. Esa es la democracia.

NEGRO: Las posibles de ventas de los bienes más productivos del Estado.   

Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva  

Por Clara López*.- El principio de la competencia está en la base de las instituciones económicas y políticas de las revoluciones gemelas del siglo XVII: el capitalismo y la democracia.

El mercado capitalista se fundamenta en la libre competencia entre empresarios por el favor de los consumidores. Las constituciones democráticas tienen como uno de sus pilares la división del poder en distintas ramas para que se controlen mutuamente en beneficio de las libertades ciudadanas. Cuando se erosiona la libre competencia y la separación de poderes se desnaturalizan tanto el mercado como la democracia.

Nadie duda en calificar como autoritario un país donde no hay separación de poderes. En cambio, la invasión del poder dominante en el mercado que reduce la competencia, permite el acaparamiento de rentas en manos de unos pocos y propicia una influencia desproporcionada sobre los poderes públicos, pasa casi desapercibida.

A mayor concentración de poder económico, sigue mayor concentración de poder político. Este último, a su vez, se utiliza para que las reglas de juego del mercado que dependen de la regulación del Estado, se diseñen de más en más en favor de quienes ostentan una posición dominante en el mercado.

Como alertaba Adam Smith en La Riqueza de las Naciones: “Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios” (Ed. Carlos Rodríguez Braun, p.111). A ello pretende responder la legislación antimonopolios que ha sido insuficiente para proteger la libre competencia y defender a la sociedad de los abusos del poder dominante.

Bajo tales leyes, en EEUU se obligó la división en varias empresas de Standard Oil, el gran conglomerado del petróleo en la época de los llamados “barones ladrones” y, más recientemente, de la megaempresa de telecomunicaciones AT&T. En Colombia, hemos visto en funcionamiento la Superintendencia de Industria y Comercio con multas a empresas y ejecutivos que acapararon rentas indebidas mediante acuerdos ilegales con su competencia para mantener altos los precios de pañales, papel higiénico y cemento, en perjuicio del “público.”

Aunque significativos, esos esfuerzos han tocado apenas la punta del iceberg. Primero, porque las multas no devuelven el sobreprecio de billones de pesos a los consumidores. En segundo lugar, porque muchas empresas que registran crecimientos de sus utilidades en exceso de la tasa normal de rendimiento, lo hacen por abuso de poder dominante y no por alguna innovación que cree nueva riqueza.

En vez de sentar las bases para un crecimiento económico pujante, el poder dominante en el mercado redistribuye el producto nacional, de abajo hacia arriba: de los trabajadores hacia el capital y de los consumidores hacia los grandes conglomerados. El resultado está a la vista. Mientras el salario mínimo se aumenta en 7 por ciento, grandes empresas como el Banco de Bogotá y Argos registran aumentos del 53,9 y 32 por ciento en sus utilidades. El resultado es una creciente desigualdad y concentración del ingreso y de la riqueza, lo que afecta el crecimiento económico, el bienestar social y la calidad de la democracia.

Las reducciones de precios ordenadas por el Ministerio de Salud a drogas para tratar la deficiencia cardiaca o el glaucoma, hasta una décima parte o más del precio original, muestran el grado de poder de mercado creado por la legislación de propiedad intelectual que es, a su vez, objeto de un intenso lobby nacional e internacional.

Otro campo que plantea un enorme desafío es el de las redes sociales y los emprendimientos de la tecnología de la información. En EEUU está abierta la discusión alrededor de Facebook y también Google. Dos empresas que han acumulado tal poder de mercado e información que exponen hasta las elecciones a riesgos de manipulación y, paradójicamente, esta última paga cero impuestos sobre la renta.

Ha llegado el momento de afrontar este gran desafío para las instituciones democráticas y el bienestar social. Se requieren reformas serias para empoderar a trabajadores, consumidores y comunidades y para controlar el poder económico y político de quienes abusan de su posición dominante.

Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2019

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Jairo Gómez*.- No se puede garantizar la independencia de la justicia y tampoco seguridad en el ejercicio de sus funciones si el país entero no respalda a los magistrados de las cortes y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Es un contrapeso de la democracia que se debe preservar. Hay que sumergirse en los pasadizos de la memoria para comprender que cuando se quiere controlar y presionar la justicia -llámense magistrados, jueces y demás administradores del orden judicial- es porque quieren direccionar sus fallos, inadmitir sus decisiones o, definitivamente, buscar ocultar la verdad de los hechos que les son adversos.

“Cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos y un bastión de los Estados constitucionales que todas las democracias deben defender como una de las mayores conquistas de la civilización”, reflexiona la Corte Suprema de Justicia tras hacer una valoración de la conspiración que estropea al conjunto de la justicia.

Un análisis meticuloso y sistemático de los hechos que afectan a los magistrados con anuncios de cancelaciones de visas y la confirmación del Fiscal Martínez de que se detectó que la justicia viene siendo hostigada e interceptada en sus comunicaciones, revela que las decisiones que deberán tomar los altos tribunales en asuntos delicados como el uso del glifosato, la extradición y las objeciones presidenciales a la ley estatutaria son relevantes para muchos actores de la vida nacional e incluso para otros Estados.

Que la Embajada de Estados Unidos en Colombia esgrima autonomía soberana para decidir si otorga o no visas es respetable, pero que los directamente afectados sean magistrados y políticos en un contexto en el que se definen temas de alto calado para el futuro de las relaciones con el país del norte, desafía la dignidad del país.  

Se ufana el Embajador Whitaker de haber “colaborado en los tiempos de guerra en nuestro país, pero también en los tiempos de paz”, sin embargo, ésta ultima la pongo en duda; desde que se fue su anterior jefe de la Casa Blanca, Barak Obama, el diplomático, sin explicación alguna, se ha convertido en un enemigo agazapado del acuerdo de paz. Claras son sus intenciones de ponerle un palo a la rueda de la implementación.

El artículo 9 de la Constitución Política colombiana asegura que “ las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, pero este precepto de nuestra carta fundamental para el señor Embajador no es más que letra muerta.    

Y qué decir de nuestros altos dignatarios que ni siquiera acuden a los preceptos constitucionales para siquiera recordárselo al emisario extranjero. “Nosotros respetamos las decisiones de cada país siempre que se tomen con criterios objetivos y transparentes”, dice la vicepresidenta Ramírez, sin pronunciar una palabra que censure el hecho de que el Embajador Whitaker convoque a varios parlamentarios y magistrados de las cortes a un desayuno en su residencia para darles órdenes so pena de someter al país a descertificaciones y cancelaciones de visas de sus funcionarios estatales; de bulto esa osadía del diplomático nada tiene que ver con “criterios objetivos y transparentes”.

Es como si los colombianos nos sintiéramos huérfanos; el presidente Duque, el jefe de la diplomacia colombiana, acorralado por el fracasado desenlace de los hechos en la vecina Venezuela, el hundimiento de las objeciones de la JEP y el sistemático asesinato de líderes sociales, mira de soslayo el chantaje a que es sometida la justicia colombiana y no susurra una palabra, al menos con algo de dignidad.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2019

*Periodista y Analista Político 

@jairotevi