Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Erradicar o no erradicar, esa no es la cuestión. El filósofo Pambelé diría que es mejor no tener miles de hectáreas sembradas de coca que tenerlas, y todos estaríamos de acuerdo. Tampoco el debate sobre si se debe o no usar glifosato es la cuestión relevante; es tan solo un distractor para no enfrentar la pregunta crucial: ¿qué hacer con los miles de campesinos que hoy viven de sembrar coca?

Porque fumigar con glifosato es la solución fácil y de corto plazo para atacar el eslabón más débil de la cadena de valor del negocio de la cocaína, que además es el que más fácil se reproduce como la hidra de Hércules a la que le brotaban dos cabezas por cada una que le cortaban.

La cadena de producción y distribución de la cocaína es un proceso complejo con muchos actores. El campesino que siembra coca es tan solo el primer eslabón: vende la hoja que cosecha al intermediario, quien se la recoge en su misma finca para llevarla a las cocinas donde extraen la base de coca.

De allí pasa a los laboratorios o cristalizaderos donde, usando insumos “legales”, es transformada en clorhidrato de cocaína, el cual es empacado y transportado por las rutas de los narcotraficantes a los centros de consumo.

La contraparte de esta cadena es el flujo del dinero que sale en dólares del bolsillo de los consumidores, se mancha en las manos de los traficantes, mediante sofisticadas transacciones de lavado de activos se mueve en el circuito legal de la banca internacional y solo una pequeña parte llega a Colombia. La ONU estimaba que en 2010 el mercado mundial de cocaína movía unos USD85.000 millones, de los cuales menos de USD 3.000 millones ingresaban Colombia, y solo USD 300 millones a los cultivadores de coca.

Esta compleja cadena de valor y la distribución tan sesgada de los ingresos muestra la inutilidad de concentrar la lucha contra las drogas en los campesinos cocaleros. Las enormes utilidades del negocio se quedan en otros eslabones de la cadena que si se controlaran sería mucho más contundente el golpe a los traficantes. Más efectivo que fumigar unas cuantas hectáreas es destruir un laboratorio que procesa la hoja de miles de hectáreas; y todavía más efectivo controlar las rutas de los narcotraficantes y los mecanismos de lavado de dinero.

Además, otra razón económica refuerza la ineficiencia del glifosato y la erradicación forzosa de los cultivos de coca: la imperiosa necesidad de la resiembra. Los campesinos cocaleros son más víctimas que delincuentes. No siembran coca por gusto, ni por enormes ganancias, sino porque es la única alternativa de subsistencia en territorios donde el Estado no está presente, donde no hay vías ni facilidades para vender otros productos.

Cali, 7 de julio de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- O mejor, un “*burlesque*”, ese estilo decimonónico, abundante en equívocos para burlarse de algo; como de los colombianos se han burlado Santos, las Cortes, la JEP, las Farc y la Farc, la izquierda y el centro con nostalgias de izquierda, y por supuesto, Santrich. Veamos los principales actos.

Abril/18: *captura*. Santrich es detenido con fines de extradición a solicitud de Estados Unidos por narcotráfico. Para iniciar el sainete, se victimiza con huelga de hambre.

Mayo/18: “*chambonada*”. La JEP ordena suspender el proceso cuando ni siquiera se ha recibido la solicitud de Estados Unidos…, y La Fiscalía obedece.

Julio/18: *sensatez*. Por iniciativa del Centro Democrático, la Ley de procedimientos de la JEP precisa que, ante una solicitud de extradición, la Sección de Revisión solo verificará que los hechos sean posteriores a la firma del Acuerdo y que “No” podrá practicar pruebas.

Agosto/18: *obstinación*. En el control de constitucionalidad al proyecto de Ley estatutaria (artículo 150), la Corte conserva el término de “evaluará” y no prohíbe la práctica de pruebas.

Octubre/18: *Inaudito*. La JEP pide a Estados Unidos pruebas imposibles y, como en un buen sainete, en enero de 2019 se produce el show de la carta refundida.

Febrero/19: *Soberanía*. La justicia norteamericana responde que no aportará más pruebas, porque en el indictment están las necesarias.

Marzo/19: *cambiazo*. En respuesta a una demanda contra la Ley de Procedimientos, la Corte cambia la palabra “verificará” por “evaluará”, y retira el término “No”, permitiendo con ello la práctica de pruebas.

*Principios*. El presidente objeta el artículo 150, porque contradice la Ley de Procedimientos y porque la extradición es un acto de naturaleza administrativa, sin valoración de pruebas ni cuestionamiento de la autoridad extranjera.

Mayo/19. *El chiste*. La JEP ordena liberar a Santrich, porque Estados Unidos no remitió las pruebas y, por ello, no pudo determinar la fecha precisa del delito. La Procuraduría apela.

*La recaptura*. La Fiscalía se toma su tiempo y, como el sainete continúa, Santrich sale a escena para victimizarse como suicida frustrado. Al final, es liberado y la Fiscalía lo recaptura con nuevas evidencias.

*La “fuerza mayor*”. El Consejo de Estado deja en firme la investidura de Santrich porque no se pudo posesionar por “razones de fuerza mayor”. Claro: estaba en la cárcel.

*El afán*. ¡Al día siguiente!, la Sala Penal de la Corte Suprema decide que el fuero se obtiene con el reconocimiento del CNE y no con la posesión. Es como si el presidente obtuviera sus atribuciones con la elección y no al posesionarse el 7 de agosto.

*La liberación*: El 30 de mayo Santrich queda en libertad en cumplimiento de la orden de la Corte.

Junio/19: *respeto*. El presidente Duque acata la orden de la Corte Constitucional y sanciona la Ley Estatutaria.

¿*Ingenuidad*? La Corte Suprema abre investigación, pero no ordena captura sino que lo cita a indagatoria el 9 de julio. Debe ser –digo yo– que no lo consideraba un peligro para la sociedad ni que pudiera fugarse.

*Doble rasero*. Se posesiona en la Cámara y, como rechazo a su presencia, levantan la sesión los mismos que, paradójicamente, negaron la objeción presidencial.

*La fuga*. El 29 de junio, en la noche, Santrich se vuela con evidentes complicidades.

Julio/19: *Destino seguro*. Cuando termino estas líneas, los medios informan que Santrich está a buen resguardo en Venezuela.

*Fin del sainete*. El 9 de julio la – ¿ingenua? – Corte Suprema se quedará esperando a Santrich. ¿Lo pedirán en extradición a Maduro? Quizás, quizás, quizás.

Concluirá más de un año de sainete, de burla a las instituciones, a las víctimas y a la paz.

Bogotá, D, C, 7 de julio de 2019

Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por Jorge Enrique Robledo*.-  Los hechos comprueban que el encubrimiento fue el aspecto fundamental de la Fiscalía de Martínez Neira.

Como lo reveló W Radio, en Declaración Jurada ante la Fiscalía, Andrés Sanmiguel confesó que su empresa firmó un contrato falso –que nunca se ejecutaría– con el Concesionario Constructor Ruta del Sol, Consol –sociedad de Odebrecht y el Grupo Aval–, fruto del cual Consol le consignó 3.894 millones de pesos para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial Santos-Vargas Lleras 2014. Según Sanmiguel, él le pasó 3.800 millones en efectivo a Esteban Moreno, jefe de la candidatura de Santos en el Valle del Cauca y gerente de la campaña al Senado y la Cámara del Partido Liberal en 2014. Por la confesión, la Fiscalía le compulsó copias al Consejo Electoral y citó a descargos a Moreno y a Sanmiguel y David Portilla, su compañero en estas andanzas.

Vale resaltar que las acusaciones de Andrés Sanmiguel son afirmaciones sustentadas en documentos de su empresa que él le aportó a la Fiscalía, entre los que están la copia del contrato ficticio por el que Consol le consignó los 3.894 millones de pesos, al igual que las copias de los cheques con los que él convirtió en dinero efectivo la plata que personalmente le entregó a Esteban Moreno. El relato de los detalles de cómo se desarrolló la operación, incluido que Moreno recogía la plata en una camioneta blindada y protegido por veinte guardaespaldas, pueden leerse en el siguiente enlace (http://bit.ly/32dHbi0).

Estos hechos también comprueban –aunque por estas revelaciones alguien confundido pueda pensar en algo diferente– que el encubrimiento fue el aspecto fundamental de la Fiscalía de Martínez, en contra de su deber de investigar a fondo los sobornos por treinta millones de dólares con los que el Consorcio de la Ruta del Sol II –Odebrecht-Grupo Aval– se quedó con el enorme negocio de esa vía.

Porque Andrés Sanmiguel confesó el 12 de junio de 2018, pero la Fiscalía solo le compulsó copias al Consejo Electoral el 14 de marzo de 2019, ¡nueve meses después! Y apenas les imputarán cargos a Sanmiguel, Portilla y Moreno el agosto que viene, si es que ello ocurre, ¡14 meses después de conocerse en detalle de estas maniobras corruptas!, hechos sobre los que el Fiscal Martínez había recibido otras denuncias formales en agosto de 2017, por la suma mencionada y por otros 3.920 millones de pesos también entregados a Moreno con el mismo fin. Llama la atención que esta pueda ser la única pieza de este proceso filtrada tanto tiempo después de generada, y solo luego de que la lucha anticorrupción de los colombianos expulsara de su cargo al Fiscal Néstor Humberto Martínez, el famoso Rey del tapen-tapen.

De otra parte, la corrupción en la Ruta del Sol II a favor de Esteban Moreno había sido denunciada en 2015 por Jorge Enrique Pizano, quien le explicó a Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, pagos irregulares a RGQ Logistics –la firma de Moreno– por 2.477 millones de pesos, hechos que también conoció Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado de Sarmiento Angulo. Y el senador Bernardo Noño Elías confesó: “Mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido el otrosí Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, reelección primera y segunda vuelta”, prueba que tampoco llevó al Fiscal Martínez a investigar como debiera la campaña y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ya estaba de sobra establecido que Odebrecht financiaba campañas –las que fuera y en cualquier país– con el propósito de recibir a cambio contratos de obras públicas con los que pagaba los costos de los sobornos y hacía grandes utilidades.

Además de otras platas de Odebrecht a la campaña de Santos que literalmente no cabe mencionar en este artículo, también está la declaración del senador Armando Benedetti en 2017, que nadie refutó, sobre unas reuniones en mayo de 2014, a una de las cuales asistió Eleuberto Martorelli –Presidente de Odebrecht–, en la que Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez le pidieron a cada uno de los treinta invitados que respaldara con cuatro mil millones de pesos la candidatura presidencial.

Y nada indica que la Fiscalía de Martínez haya investigado en serio las acusaciones de financiación de Odebrecht a la campaña Zuluaga-Trujillo 2014, a pesar de que Duda Mendoza denunció transferencias por 1,5 millones de dólares de Odebrecht a dicha campaña y que los directivos de la trasnacional, Mameri y Martorelli, confesaron que acordaron el arreglo con Daniel García Arizabaleta, directivo de la candidatura y del Centro Democrático (http://bit.ly/32brkkk).

Bogotá, 5 de julio de 2019.

Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid - En dos ocasiones, cada año, todos los Obispos de Colombia, de las distintas arquidiócesis y diócesis, así como de los Vicariatos Apostólicos, provenientes de todas las zonas de Colombia nos encontramos fraternalmente en la Sede de nuestra Conferencia Episcopal en Bogotá para revisar la situación de la realidad nacional y entrar en temas que son de fundamental importancia para la evangelización y la actividad de la Iglesia de Cristo en nuestra Patria, para animar y fortalecer el camino de nuestras comunidades.

Este año, en la semana del 1 al 6 de julio 2019, celebraremos la (CVIII) Centésima octava Asamblea Plenaria, para estudiar el tema: La Economía al servicio de la dignidad humana y el bien común.  Estamos dedicando tres años al estudio de la incidencia de la evangelización en los distintos ambientes sociales.  La Iglesia quiere entrar en lo profundo de la realidad social y, desde el Evangelio de Cristo, tratar de comprender e iluminar el camino de nuestra acción social y de anuncio de las verdades de la fe.

Esta temática nos hace entrar en lo profundo de la Doctrina social de la Iglesia, en la lectura que se hace desde el evangelio de los distintos temas que se han ido creando en el último siglo, para comprender la lectura que los cristianos han hecho de los distintos temas que tocan la vida humana y las realidades del hombre, que vive en común con otros hombres y tiene particulares modos de reflexión y vida.

La Doctrina social de la Iglesia se ha desarrollado a partir del Magisterio de los Pontífices desde el papa León XIII, con la publicación de la Encíclica Rerum Novarum (1891) y que ha continuado a lo largo de los decenios con enseñanzas muy precisas y claras para los cristianos, orientando su forma de comprender las realidades sociales.  En los últimos años hemos tenido dos Encíclicas sociales de mucha importancia, Caritas in Veritate (Caridad en la verdad) de Benedicto XVI y Laudato si (Alabado seas) del Papa Francisco.  Ellas nos han hecho entrar en el tema de la caridad y el servicio a los hermanos y la vivencia de la caridad en primer lugar y, en el cuidado de la casa común y del entorno en el cual vive el hombre.

El objeto de nuestro encuentro nos hará entrar en una dimensión muy importante de la Doctrina social de la Iglesia, la Dignidad de la persona humana.  La Iglesia en su enseñanza a lo largo de los siglos, no ha dejado de indicar al hombre, su realidad, sus derechos, su ser, como objeto de la reflexión y de las respuestas que deben darse desde la fe.  El hombre, su ser, ha alcanzado una respuesta clara y precisa en el evangelio de Cristo, en la misión y tarea que se le ha confiado y en el horizonte para el desarrollo de su ser, según la voluntad de Dios.

La dignidad humana surge de la acción de Dios, pues el hombre es creatura de las manos del Altísimo, habiendo recibido del creador su alma y su cuerpo, además de una tarea y una misión concreta en la realidad y en el mundo.  El hombre fue creado de las manos de Dios y de su acción, recibiendo ser “imagen” de El (Génesis 1, 26).

En virtud de su dignidad el hombre ha recibido una tarea una misión, que realizar en el mundo, tanto en sus relaciones interpersonales, como en el cuidado y el desarrollo, además del aprovechamiento de lo creado.  Este es uno de nuestros grandes retos en la humanidad que vivimos y experimentamos hoy.

El Concilio Vaticano II, en la Constitución pastoral Gaudium et Spes (Gozo y esperanza) nos enseña:  «Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y vértice de todos ellos (…) La Biblia enseña que el hombre ha sido creado «a imagen y semejanza de Dios» (…) y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios (…) Pero Dios no creó al hombre en solitario (…) El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no pue­de vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás»  (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 12).

Precisamente en este orden es que queremos revisar y estudiar el tema de la economía, de las distintas relaciones sociales que se establecen en torno al trabajo, a la compensación justa y necesaria para el trabajo humano, en la propiedad a la cual tiene derecho el hombre y, también al acceso que todos tienen como derecho fundamental al uso de los bienes materiales.

En este contexto social en el cual vivimos, la economía a veces parece algo lejano, destinada a ser estudiada y dirigida por unos pocos técnicos, que establecen normas y leyes que nos alejan de la justicia y de los derechos de las personas.

La Doctrina social de la Iglesia ha enseñado siempre que hay unas cuestiones fundamentales en la lectura del orden social (base de la economía).  Ya el Papa León XIII en la Encíclica  Rerum Novarum, había puesto tres valores fundamentales que debían ser tenidos en cuenta: el uso de los bienes materiales para todos; el valor del trabajo -su respeto, fortalecimiento, justa compensación-; y los derechos de la familia en la justicia y la garantía de salarios y derechos justos  (Este tema es ratificado por San Juan XIII en la Encíclica Mater et Magistra (Madre y Maestra) n. 42.

En nuestros días se va fortaleciendo la propuesta de una nueva economía, que tenga al hombre y sus derechos como fundamento, con la propuesta de un nuevo modelo alternativo de economía y de sociedad.   La Iglesia en Colombia ha valorado y apoyado en muchos momentos estos temas, con el fortalecimiento del cooperativismo; con la creación y fortalecimiento del SENA, como oportunidad de formación de los jóvenes; con la creación de un comercio equitativo, solidario y respetuoso de la naturaleza y de los bienes comunes.

El tema de la economía, de los parámetros sociales de lectura de los bienes económicos, de los medios de producción y de sus ganancias, tiene que pasar necesariamente por el bien común y destino social que estos bienes tienen, la Iglesia lo ha llamado una hipoteca social   (San Juan Pablo II, Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (Solicitud por las cosas sociales, n. 42).

Los bienes, la propiedad privada tienen también su valor y deben ser respetadas, pero es necesario que se fortalezca un camino de justicia y de participación de los bienes para todos, sin distinción, evitando la inequidad y la injusticia para muchos.Es necesario proponer una respuesta a la realidad social, en el ejercicio y cumplimiento de cuanto la Iglesia ha enseñado que es la justicia social, el derecho a todos a acceder a los bienes de la naturaleza, de la producción económica, al satisfacer sus necesidades primarias y fundamentales.  El Evangelio de Cristo, está claramente en la base de estas opciones y de estas respuestas que son tan necesarias.  Les pido queridos lectores de LA VERDAD que pongan esta intención en sus oraciones, pidiendo las luces del Espíritu Santo sobre el trabajo que realizaremos.

Bogotá, D. C, 5 de junio de 2019

*Obispo de Cúcuta

Por Gabriel Ortiz*.- Ya nadie sabe en este mundo qué es verdad, qué es mentira, ni mucho menos para donde van las fake news que se arman, cuidadosa, o graciosamente, pero con funestos propósitos.

Lo cierto es que una gran parte de la población mundial cae en las trampas que tienden los “supremacistas” de todos los países. Esos anarquistas, de extrema derecha que quieren implantar gobiernos de opinión, xenófobos, misóginos, conspiradores, infiltrados en ejércitos y cuerpos de seguridad, para manejar unas supuestas mayorías fundamentalistas que engatusan y aprovechan a los incautos.

En nuestro medio una secta quiere entrar por la llamada puerta del estado de opinión y acude a todo. Quienes no piensen igual, son de extrema izquierda y la paz es un embeleco de esos pensamientos que nos convierten en una Venezuela castrochavista.

Los “supremacistas” de nuestro medio, criollos, mestizos o mulatos, no son blancos, como los norteamericanos.  En todas partes ven conspiraciones o las fabrican para favorecerse. Proceden en forma abierta y pública para construir odio político, racial y religioso. Han tomado la paz, para afianzarse en sus propósitos. La ven como un estandarte propicio para torcer el pensamiento de quienes por tantos años han sufrido el yugo de una violencia demencial, atroz y destructiva. Para ellos, esta paz es mala e inconsecuente. No le encuentran sentido, porque han apoyado la guerra que tantas víctimas ha dejado por más de medio siglo en esta sufrida Colombia. Esa que propiciaron los viejos partidos, los paramilitares, los despojadores de tierras y los desplazadores de campesinos.

Los ¨supremacistascd¨, observan con temor, pánico, miedo, odio y hasta cobardía, cómo más de diez mil hombres de las antiguas Farc, cumplen con los acuerdos. Cómo están alejados de la violencia y cómo soportan el ajusticiamiento de sus líderes.

Por ello, buscan elementos que les servan de acicate para sembrar el odio y desprestigiar el proceso de paz. Y han encontrado violadores de los acuerdos que dan a diario ¨papaya¨. Algunos están desaparecidos. Dicen que se encuentran en Venezuela. Otros en la clandestinidad. Y desde luego el ¨papayero mayor¨, Santrich que como saltimbanqui aparece y desaparece como por encanto. Nuestros ¨supermacistas¨, lo graduaron de único elemento de la paz que estamos formando, cimentando y fortaleciendo, pero solo para torpedear el proceso. Si llega al congreso -con la arrogancia que lo hizo- lo desechan y censuran y lo insultan. Lo utilizan para esconder nexos de un fiscal renunciante, con Odebrecht.  No ha ocurrido así con otros especímenes de igual o peor calaña. Si Santrich se esconde, si ni usa escoltas, si se desconoce su paradero, está violando la paz.

Ni la paz es Santrich, ni Santrich es la paz. Esa es la dura realidad que no admiten los ¨supramarcistas¨ criollos, mestizos y mulatos.  

BLANCO: El despiste de Vargas Llosa, elogia a Uribe por ¨haber firmado la paz con las Farc.

NEGRO: El despiste de Uribe: Vio a Santos en París, durante la operación Jaque.

Bogotá, D. C, 5 de julio de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Como hemos escrito en otras ocasiones, en el Estado de Derecho es imperativo que se respeten las competencias y los ámbitos de cada órgano. De lo contrario, el Estado de Derecho resulta teórico e inoficioso.

A la vez, debe hacerse efectiva la libre expresión del pensamiento. Ella ha de ser facilitada y estimulada tanto por los organismos estatales como por instituciones privadas, toda vez que resulta inherente a la naturaleza de la persona humana participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus propios intereses o los de su comunidad.

Pero la participación y la libre expresión no pueden ser ejercidas de cualquier manera sino dentro de reglas establecidas, y sin invadir órbitas reservadas a ciertas autoridades. Y además, el uso de estos derechos no puede conducir a una sustitución de las leyes por las opiniones de la mayoría.

En esta ocasión nos referimos a la práctica frecuente de algunos medios de comunicación, en especial de radio y televisión, según la cual someten todo asunto -sea el que sea- a consulta con el público, al dictamen de la opinión mayoritaria.

Desde luego, en la mayor parte de los casos, esa medición es útil para la sociedad y también para las autoridades, que pueden establecer el rumbo de la opinión, la aprobación o rechazo de la ciudadanía sobre ciertas actividades, decisiones o medidas; el concepto general o preferencia en temas  políticos, culturales, artísticos, costumbristas o de otra índole.

Pero hay cosas que no corresponden a la opinión, y que, si se consultan, en vez de servir o beneficiar, causan daño, bien a la gestión pública o a los derechos de las personas.

Así, por ejemplo, preguntar a la opinión pública si alguien es penalmente responsable; si es culpable o inocente; si debe ser condenado o absuelto, es algo que, en el Estado de Derecho, no depende de la opinión mayoritaria, sino de las decisiones de los jueces competentes, adoptadas después de haberse tramitado un debido proceso, con observancia de la totalidad de las garantías constitucionales. Es decir, la presunción de inocencia -según lo estipula la Constitución y lo declaran los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia- solamente puede ser desvirtuada mediante sentencia judicial en firme.

Someter eso a la opinión, sin que el público tenga conocimiento del proceso, ni conozca de Derecho Penal, ni haya examinado las pruebas, ni tenga autoridad para calificarlas y valorarlas, es algo contrario al Estado de Derecho; puede causar daño a la honra y el buen nombre de las personas, o al interés colectivo; y además implica presión indebida sobre los jueces y tribunales.

En ello se necesita criterio de los comunicadores.

Bogotá, D. C, 3 de julio de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Victor G Ricardo*.-Hace unos días soñé que estaban pasando cosas maravillosas y que nuestro país iba creciendo en todos los sentidos.

Con el liderazgo del gobierno, había pasado la Ley anticorrupción y ya los parlamentarios que habían incurrido en actos delictivos, eran procesados y enviados a prisión como cualquier otro criminal, sin condiciones especiales en batallones militares, guarniciones de policía o pabellones exclusivos en cárceles comunes. Pero además, también se había integrado un comité interinstitucional para tomar medidas que garantizaran la debida y pronta aplicación de justicia a todos los personajes involucrados en los escándalos que ha habido por actos de corrupción, como es el caso de Odebrecht, Reficar, el cartel de la Toga, la Fiscalía donde jefe anticorrupción preso en los Estados Unidos iba a contribuir a la justicia contando quiénes más estaban vinculados en tan despreciable y lamentable escándalo en el cual se vio vinculado. En Bogotá, el carrusel de corrupción específicamente en la Administración de Samuel Moreno, o los terribles actos ilícitos que se cometieron en la dirección nacional de estupefacientes. Y qué decir de los escándalos en los departamentos y municipios.

También soñé que el Gobierno estaba haciendo una gran tarea y un gran trabajo; que había hecho un pacto de gobernabilidad convocando algunas fuerzas políticas para llegar a un acuerdo programático y una alianza que permitiera sacar adelante la reforma a la justicia, la reforma pensional, la reforma tributaria estructural que dé estabilidad jurídica al país, la Ley anticorrupción y todas aquellas que necesitamos para poder construir un mejor Estado.

No me lo van a creer, pero soñé que los dirigentes políticos preferían votar las leyes apartándose de los intereses personales o políticos y dándole prioridad al interés nacional. Soñé que uno podía caminar por las ciudades sin preocupación por ser atracado y podía dejar su vehículo parqueado sin preocuparse de que se lo robaran y que en las calles podían andar los automóviles con vidrios abajo sin riesgo de que algún delincuente despoje a sus ocupantes de su reloj o su celular, las carteras de las señoras o sus billeteras.

Me desperté y estaba tan emocionado que cerré los ojos para seguir durmiendo. Pude hacerlo y continué soñando que en nuestro país se respetaba la vida de los líderes sociales, de quienes se habían sometido al Estado de Derecho y que teníamos una policía que garantizaba la seguridad ciudadana y el respeto por la vida y los bienes de todos los habitantes del territorio nacional. Había paz en las ciudades y el campo y así los campesinos que habían tenido que emigrar a los centros urbanos estaba regresando a sus tierras y de esta manera se estaba dinamizando la economía campesina; estábamos incrementando nuestras exportaciones y logrando mayor desarrollo y equidad en las zonas rurales. Las carreteras se terminaban con una calidad extraordinaria como sucede en Estados Unidos o Europa sin caerse los puentes o producirse derrumbes por falta de construcciones de terraplenes adecuados. 

En el sueño sentía una gran alegría de ver cómo los valores de la ética y la moral los habíamos rescatado y estábamos educando a las nuevas generaciones con mayor calidad en sus estudios y adecuando la enseñanza a las necesidades tecnológicas que él futuro nos exigirá.

Cuando me desperté del todo, seguía lleno de felicidad, aun sabiendo que era tan solo un sueño.

Pronto llego el periódico, prendí el radio e inevitablemente mi alegría se fue al piso. ¿Será que estos sueños nunca podremos volverlos realidad?

Bogotá, D. C, 3 de julio de 2019

*Excomisionado de Paz

Por: Jairo Gómez *.-No es extraño que alias Jesús Santrich haya abandonado el proceso de paz; tampoco me parece extraño que le sacara partido a su libertad para desaparecer, seguramente con la cómplice participación de su carnal amigo alias Iván Márquez. Destinos entrelazados, caminos cruzados y vidas paralelas unen a estos dos personajes, en su momento protagonistas en la mesa de negociación en Cuba.

Ni a Santrich ni a Márquez les interesó respetar el documento que se acordó en La Habana; llenos de justificaciones y supuestas razones, siempre cuestionaron el eventual cumplimiento del acuerdo final, al tiempo que conspiraron sistemáticamente para ahondar las diferencias en el seno del partido Farc, pues nunca dejaron de reprochar a quienes asumieron el compromiso de respetar la firma que estamparon en el contrato de paz con el Estado colombiano. 

Estos dos alias, junto al Paisa y Romaña, no volverán a la JEP y, de paso, perderán todos los beneficios sin importar el monumental daño que le hacen al proceso de paz con la subyacente torpeza de concederles a sus enemigos los argumentos necesarios para desprestigiar una negociación que, con todos sus defectos, arrojó resultados positivos para el país, como lo revela la sustancial disminución de la confrontación y el número de víctimas que dejaba a diario el conflicto armado.

Da rabia que estos señores le mamen gallo al país entero de esa manera; no es entendible argumentar incumplimientos para no dar la lucha desde la civilidad; para nadie es un secreto, y así lo han documentado analistas e historiadores durante décadas en sus investigaciones, que las élites políticas y económicas de este país prometen y no cumplen; sin embargo, ello no ha sido óbice para que otras fuerzas alternativas que comparten los mismos objetivos sigan en la lucha en busca de cambios estructurales de manera pacífica y democrática. 

Esa lectura ya no hace parte de sus códigos; el relato al que le apuestan con la decisión de abandonar el proceso de paz es al de la guerra: ¿Cómo la harán Márquez y su banda? ¿Con el apoyo del gobierno bolivariano? ¿Buscarán los cambios vía armada? ¿Con el apoyo de quién? ¡Eso sí es mear fuera del tiesto! Su incompetencia política civilizada los llevó de nuevo al fusil, no tienen otra manera de hacer proselitismo.  

Por: Amylkar D. Acosta M*.- Acaba de ser sancionada la Ley 1962 del 28 de este mes y año, gracias a la cual se fortalecen las regiones administrativas y de planificación (RAP), para bien de las regiones. En virtud de la misma “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en regiones como entidad territorial (RET)”, teniendo como primera prioridad la derogatoria de ese artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se convirtió en el freno de mano que ha impedido el avance y la consolidación de las RAP al establecer que por cuenta de la RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”.

Gracias a la gestión del los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico y ex constituyente Eduardo Verano de la Rosa se pudo lograr la concertación del texto final. Ellos resistieron los embates de la abulia centralista, insistieron, persistieron y nunca desistieron de la causa autonomista y al final se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ello es una muestra palmaria de lo que se puede lograr cuando se anteponen los intereses generales a los intereses particulares y gracias a ello se forja la unidad. Unidos somos más y más fuertes como región! 

Como es bien sabido, con fundamento en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente la de la Región Caribe el 19 de octubre de 2017, mientras está en ciernes la del Eje cafetero. Siempre hemos dicho que las RAP son la escala técnica para llegar a las regiones como entidad territorial, también previstas en la Constitución Política, que es su puerto de destino, para avanzar en el propósito de alcanzar un sueño largamente acariciado por las regiones, cual es la autonomía regional para dejar de ser alfil son albedrío del agobiante centralismo. 

Al no contar con fuentes de financiamiento propio para su funcionamiento, ni poder acceder a los recursos necesarios para financiar y acometer proyectos de inversión de impacto regional, que es su razón de ser, las RAP estaban llamadas a fracasar. Pues bien, el texto de la Ley prevé que los departamentos que hagan parte de las RAP podrán aportar los recursos con cargo a su presupuesto para su funcionamiento, al tiempo que el Gobierno Nacional también podrá hacer lo propio, no les está vedado hacerlo.

Se dice, explícitamente que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la Nación para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. Sólo se hace la salvedad de que “esta partida, en ningún caso, afectará los recursos que por concepto del Sistema General de Participaciones hayan sido asignados a los departamentos, municipios y distritos”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas. 

Y algo muy importante, se les faculta a las RAP para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y la asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del Sistema General de Regalías, amén de la ejecución de los mismos. Igualmente.  Podrán presentarse por parte de las RAP proyectos de impacto regional a los distintos fondos de cofinanciación de los que dispone el Gobierno Nacional y así acceder a contrapartidas provenientes del Presupuesto General de la Nación. También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.

Uno de los propósitos primigenios de de esta Ley era “establecer las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y su funcionamiento”. Pues bien, allí se establece la hoja de ruta que nos habrá de conducir a tan preciado como anhelado propósito. Ahora las RAP, una vez cumplan cinco años de su constitución, quedan habilitadas para iniciar el trámite conducente para constituirse como RET, a la cual también se le establecieron sus funciones, competencias y fuentes de financiación. 

Y algo tan fundamental como trascendente, en esta Ley se dispone que “el Gobierno Nacional, por medio del DNP, con la participación de los departamentos conformará una Misión de descentralización en los 6 meses siguientes a la aprobación de esta Ley”. Y la misma dispondrá  de “un plazo de 18 meses para presentar al Congreso de la República iniciativas constitucionales y legales para ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política”. Es decir, que, además de los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, contempla también a las regiones y provincias que se constituyan hacia el futuro como entidades territoriales, las cuales se equipararán en su tratamiento a aquellas. 

Ello es tanto más importante dado que el país está en mora de revisar, actualizar lo concerniente a las competencias, concomitantemente con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que ha debido tramitarse desde el año 2017, después que perdió vigencia el Acto legislativo 04 de 2007, que modificó el Acto legislativo 01 de 2001. Como es bien sabido, estos dos actos legislativos, que modificaron los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política, le costaron un ojo de la cara a las regiones, al tiempo que desequilibraron aún más la distribución de los ingresos públicos en desmedro de ellas. 

Santa Marta. Junio, 29 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado

Wwww.amylkaracosta.net

Por Guillermo García Realpe*-. Ante la manifestación clara del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, de que en diez o doce semanas iniciarán las fumigaciones con glifosato en Colombia, comenzando por los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander, sobre este anuncio, tengo que decir; que sin duda, es una manifestación absolutamente grave por parte del Gobierno Nacional, pero de alguna manera facilista también, que desde el alto gobierno pretendan enfocar su lucha contra el narcotráfico atacando la población más vulnerable de esta cadena. 

No solamente se tiene que enfocar en el tema de la producción, sino que el Gobierno debe afinar sus esfuerzos en reforzar la interdicción  que consiste en la incautación de grandes laboratorios y en los diversos controles terrestres, marítimos y aéreos. Aquí se tiene que atacar a las verdaderas mafias, pero no afectando a humildes campesinos que son utilizados por éste negocio criminal y que ante la carencia de oportunidades en estas regiones, no tienen más salida que ser permeados por el narcotráfico, no significa ello, que justifiquemos esta situación, de ninguna manera, pero el Estado sí debe encontrar soluciones de fondo que les permita a esas familias hacer la transición hacía la productividad lícita. 

Fumigar a los campesinos es condenarlos a la pobreza y a la marginalidad, pero se arriesga el Gobierno Nacional de que la resiembra que está alrededor de 40% cuando es forzada la erradicación o por fumigaciones, como lo demuestra un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNDOC-, entre tanto dice ese mismo informe, que los programas de sustitución voluntaria y acordados, tiene un porcentaje inferior al 1% de resiembras, lo que traduce esto, es que la fumigación no sólo es absolutamente contraria a la salud, al medio ambiente y a la sociedad en general, sino que es ineficaz en la lucha contra el narcotráfico. 

También riñe esto con las declaraciones del mismo Presidente de la República, que ha dicho que en los pasados diez meses de su gobierno han erradicado 80 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, ¿entonces, para qué fumigar?, esa es la pregunta que hoy nos hacemos muchos en el país. Si han sido tan exitosos en programas sin aspersión aérea, para qué insistir en un herbicida que se ha comprobado con evidencia científica que es perjudicial para la salud, que atenta contra el medio ambiente y las fuentes hídricas y que no diferencia entre los cultivos lícitos de los ilícitos. 

El Gobierno Nacional debe apuntar sus esfuerzos, sus programas y sus planes para cumplir el punto tercero de los Acuerdos de La Habana, entorno a la sustitución de los cultivos ilícitos por productos legalmente rentables para fomentar una economía también legal y rentable en las zonas con presencia de cultivos de uso ilícito. Esa es la ruta acertada, la ruta de las oportunidades, la ruta de las inversiones, la ruta de construcción de vías para que haya mercadeo a precios justos de los productos de nuestros campesinos de Colombia, insistir en el retorno del glifosato es continuar por la ruta equivocada. 

Nuestra posición está del lado de nuestra región, por eso, no dudaremos en acompañar a todos los campesinos que se movilicen de iniciarse las fumigaciones con glifosato en nuestro país, particularmente en el departamento de Nariño. Nunca nos pondremos la camiseta de los gobiernos, nos pondremos la camiseta de nuestra región y especialmente de su gente más vulnerable: los campesinos. 

Igualmente seguiremos reclamando las obras y las inversiones que el Sur de Colombia y particularmente Nariño requieren desde hace mucho tiempo por los gobiernos. 

Los nuestros han sido históricamente territorios que han padecido el abandono estatal, que han sufrido con rigor los embates de la guerra, fenómenos que han conllevado a que concentremos grandes niveles de pobreza, marginalidad y exclusión. La inversión social ha sido escasa y el único apoyo que recibimos de los gobiernos es redoblar el pie de fuerza de soldados y policías, hombres y mujeres que tienen que ponerle el pecho a una violencia que no les pertenece, cuando lo que verdaderamente requerimos es inversión en salud, educación, infraestructura, vías, productividad, fuentes de empleo, en fin tantas cosas de las que hemos estado huérfanos por décadas y ahora como “premio” nos quieren fumigar con glifosato. ¡No más! 

Pasto, 2 de julio de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe