Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.- Las autoridades de Medellín y Bogotá se han visto precisados este mes a decretar la alerta por los niveles críticos de contaminación del medioambiente, que ponen en riesgo la salud de sus moradores, disponiendo el pico y placa ambiental. Y no es para menos, pues la Resolución 2254 de 2017, que regula la calidad del aire, establece que cuando la concentración de material particulado 2.5 sobrepase los 55 microgramos por metro cuadrado (ug/M3) se debe decretar la alerta amarilla. Y ambas capitales, una vez más, se han pasado de la raya.
El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo que los medidas que restringen el tránsito automotor se propone “evitar una contingencia en la calidad del aire que llegue a niveles críticos”. Por su parte el Alcalde Enrique Peñalosa adujo una contaminación “anormal” del medio ambiente, debido a la “concentración atípica de material particulado”. Esto está pasando de castaño a oscuro. Al fin y al cabo, Medellín y Bogotá son la 1ª y la 2ª más contaminadas del país, 9ª y 10ª de Latinoamérica.
La contaminación del medioambiente en Colombia es grave y tiene sus consecuencias. Según reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud 17.549 personas mueren al año por factores de riesgo ambiental como el aire. Estamos hablando del 5% del total de defunciones en Colombia. Esto es una barbaridad, como lo son las escalofriantes cifras que arrojó para Medellín un estudio reciente del médico Elkin Martínez. Allí fallecen 3.000 personas en promedio cada año por enfermedades relacionadas con la polución ambienta. Dicho de otra manera, 8 personas mueren diariamente y 3 de ellas cada hora por esta causa. Y ello ocurre en un país en el que la salud, según la Ley 1751 de 2015 es un derecho fundamental (¡!).
Se sabe y se reconoce que, por lo menos en Bogotá, el 57% del material particulado provienen de las fuentes móviles. No obstante, el Alcalde Peñalosa practica el acto de contrición tomando medidas como esta para mitigar la contaminación, pero no asume el propósito de enmienda, porque no de otra manera se puede interpretar la reciente licitación para renovar la flota de Transmilenio.
Y en el caso de Medellín, el propio Alcalde Gutiérrez da cuenta de que el 80% del smog que nubla al valle de Aburrá se origina en la combustión de los motores. Por esta razón demandó de ECOPETROL una mejor calidad del combustible y lo ha logrado. En efecto, ECOPETROL, viene de hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los combustibles que refina, suministrándole diesel hasta de 15 ppm. Esta medida era necesaria pero no suficiente.
De no haber sido por la mezcla de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 10% de aceite con el diesel, la emergencia ambiental en estas dos capitales y en las demás sería más dramática, pues gracias a la misma al oxigenar el combustible se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado que envenenan la atmósfera. Gracias a los biocombustibles se están reduciendo 2.5 millones de toneladas anuales de GEI, valiosa contribución esta para el cumplimiento del compromiso de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de reducir sus emisiones en un 20% hacia el 2030. Por ello no se entiende la reticencia del Gobierno Nacional para aumentar el porcentaje de la mezcla sabiendo que si lo hace se reducen en la misma proporción tales emisiones.
No obstante, se cuestionan medidas como estas con falacias que no consultan para nada la realidad. Se compara, por ejemplo el precio del etanol y el aceite, que hay que cultivarlo, cosecharlo y procesarlo, con el precio de la gasolina y el diesel, que son derivados del petróleo, que sólo hay que extraerlo, para concluir que es demasiado alto su precio relativo, sin considerar además el beneficio que reporta al fisco al reducir las emisiones y, en consecuencia, el costoso número de enfermos y defunciones por cuenta de la contaminación ambiental.
Se compara, también, el precio interno del etanol y el aceite con un supuesto precio “internacional” que no existe. Es más, si se compara, en gracia de discusión el precio interno con el precio del etanol importado desde EEUU, que ha venido invadiendo el mercado nacional, se pasa por alto el hecho de que este último es objeto de 31 subsidios, valorados en US $6.409 millones. Dichos subsidios entre 2010 y 2015 se cifraron en US $50.000 millones (¡!). Y, como si lo anterior fuera poco, se ha podido establecer que el precio de exportación de etanol producido en EEUU se subvalora entre un 20% y el 31%. Hemos estado expuestos, entonces, a prácticas de dumpìng por parte de los productores de etanol de EEUU, perjudicando la producción nacional del mismo.
Bien dijo Einstein, que tenía por qué saberlo, que “el mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que lo miran sin hacer nada” y, lo que es peor, añadiríamos nosotros, será destruido también por aquellos que no hacen ni dejan hacer, o, mejor dicho, ni rajan ni prestan el hacha!
Bogotá, febrero, 24 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- “Si el hombre está vivo, el agua es la vida (...) Cuídala como cuida ella de ti”, cantaba Serrat para decir en estos versos una verdad fundamental: sin agua no hay vida. Por eso uno de los aspectos centrales que debe dilucidarse en el debate sobre el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la técnica del fracturamiento hidráulico (Fracking) es su impacto sobre el agua, en particular sobre los acuíferos para consumo humano en las áreas donde se realice.
Un principio esencial que debería imperar en toda sociedad es que, a pesar de los eventuales beneficios económicos que genere, ninguna actividad productiva –sea Fracking, ganadería, agricultura, industria o minería- debe desarrollarse si su impacto sobre el agua y los riesgos que conlleva no son controlables.
Sin embargo, una premisa indiscutible para aplicar este principio es reconocer que toda actividad productiva tiene impactos ambientales y conlleva riesgos. El debate debe ser sobre la magnitud de esos riesgos y la posibilidad de controlarlos.
Por esa razón es muy acertada la recomendación que le hizo al Gobierno la comisión de expertos independientes que analizó la posibilidad de hacer Fracking en Colombia: como no hay información suficiente sobre los riesgos de esta actividad en el país hay que adelantar Proyectos Pilotos Investigativos (PPI) que los determinen y demuestren si se cuenta con la capacidad institucional, técnica y operativa para “manejar niveles de riesgo satisfactorio para las comunidades”
Una tarea adicional que se debe realizar es disipar la cantidad de mitos y fake news que circulan en las redes sociales alrededor del Fracking. Por ejemplo, muchos dan por verdad demostrada que la perforación de pozos con esta técnica va a usar enormes cantidades de agua, y la que no use la va a contaminar.
La realidad es otra. Colombia tiene hoy unos 15.000 pozos petroleros activos y según el Estudio Nacional de Aguas del Ideam, toda la industria petrolera solo usa el 1,6% (no es un error de mecanografía, es menos del 2%) de agua que se consume en el país. Contrasta con el 46,6% que usa la agricultura, el 8,5% de la ganadería o el 8,2% que va para el consumo humano.
Cali, 24 de febrero de 2019
*Folósofo, Economista y Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El proyecto de ley sobre el Plan de Desarrollo ha puesto sobre la mesa una interesante discusión: ¿Debe haber en Colombia una autoridad presupuestal única (el Ministerio de Hacienda), o debe continuarse con la distribución actual, según la cual todo lo atinente a inversión lo prepara el Departamento Nacional de Planeación y el resto de asuntos como gastos de funcionamiento y servicio de la deuda es responsabilidad de Hacienda?
Hay que comenzar por decir que entre nosotros tenemos un sistema peculiar, es decir, dos autoridades encargadas de preparar áreas diferentes del presupuesto nacional. En la mayoría de los países no sucede así. Todo lo atinente a la programación presupuestal está centralizado en una sola entidad.
Pero dicho lo anterior es necesario agregar que no es en los Ministerios de Hacienda donde usualmente se centraliza la programación presupuestal. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la oficina del presupuesto (distinta del tesoro que sería el equivalente al Ministerio de Hacienda, y adscrita a la Casa Blanca) donde se centraliza todo lo presupuestal. En otros países existen Ministerios especializados diferentes del de Hacienda, como es el caso de Francia y de Inglaterra, donde se unifica el manejo presupuestal. De manera que lo primero que habría que decir es que si resolviéramos eliminar la bifurcación que actualmente existe, ello no significaría necesariamente que haya que centralizar todo en Hacienda.
Es conveniente recordar también que si bien actualmente Planeación prepara el componente de inversión de presupuesto nacional, y Hacienda lo referente a gastos de funcionamiento y a servicio de la deuda, es el Conpes, con la presencia del Presidente de la República y los demás Ministros el que en una reunión anual refunde lo que han preparado Planeación y Hacienda, unifica los tres componentes del presupuesto y establece los balances macroeconómicos del presupuesto nacional, de tal manera que éste llega unificado en un solo documento a consideración de las cámaras en los primeros 10 días de cada legislatura como ordena la Constitución.
Personalmente pienso que este es un debate en cierta manera superfluo. Y que no se ganaría gran cosa, o mejor nada, quitándole a Planeación la preparación del gasto de inversión. En primer lugar, porque el Ministerio de Hacienda no cuenta con el aparataje técnico ni con la tradición en cuanto a la evaluación de proyectos de inversión que sí tiene Planeación Nacional. Y en segundo lugar, porque dejarle al Ministerio de Hacienda la definición de cuales proyectos de inversión van en el presupuesto y cuales no es el equivalente a abrir una peligrosa compuerta de clientelismo. Recuérdese que fue precisamente en los pasillos del Ministerio de Hacienda donde en los últimos años se gestó el repudiable sistema de los cupos indicativos.
Si de mejorar la calidad de la inversión pública es de lo que se trata, habría que comenzar por denunciar en voz alta, cosa que aún no ha hecho el gobierno, el esperpento de la reforma política que sigue andando en el Congreso por virtud de la cual se le entrega a los congresistas la facultad de disponer del 20% de la inversión pública. Una supermermelada, iniciativa sobre la cual el gobierno hasta la fecha ha pasado de agache.
Se aduce también que la unificación de la autoridad presupuestal facilitaría avanzar hacia la práctica de la presupuestación por programas. Pero para lograr este loable propósito no se necesita desplumar a Planeación Nacional de su función actual de preparar el presupuesto de inversión. Sino mas bien que ella cumpla con ahínco la tarea que le encomienda la Constitución Nacional de ser la evaluadora permanente de la calidad del gasto público.
En síntesis: bastantes problemas tenemos en Colombia como para que ahora le agreguemos la puja entre Hacienda y Planeación a ver quién se queda, o quien conserva, la función de preparar el componente de inversión del presupuesto nacional.
Bogotá, D. C, 24 de febrero de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por: Mons. Ismael Rueda Sierra* - Podría parecer extraño el título, pues a menudo cuando se habla de “sinodalidad”, expresión utilizada ahora tanto por el Santo Padre Francisco, podría pensarse especialmente en el Colegio de los obispos en unión con el Papa, en la tarea de discernir conjuntamente para el bien de la Iglesia y la humanidad.
Sin embargo, llama la atención que ahora cuando se ha dado a conocer en edición propia, el documento final de la pasada XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre los jóvenes, la fe y su vocación, aparece una novedad allí expresada: “En este Sínodo hemos experimentado que la colegialidad que une a los obispos cum Petro et sub Petro en la preocupación por el Pueblo de Dios está llamada a articularse y enriquecerse a través de la práctica de la sinodalidad en todos los niveles”(#119). Y en el número siguiente como respuesta por ahora a una pregunta que también hoy nos hacemos, de si vendrá un documento final del Santo Padre, llamado tradicionalmente “Exhortación Postsinodal”, se declara: “El final de los trabajos de la asamblea y el documento que recoge los frutos no cierran el proceso sinodal, sino que constituyen una de sus etapas. Dado que las condiciones concretas, las posibilidades reales y las necesidades urgentes de los jóvenes son muy diferentes entre países y continentes, aún en la comunión de la única fe, invitamos a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias particulares a que continúen este camino, comprometiéndose en proceso de discernimiento comunitario que incluyan también a quienes no son obispos en las deliberaciones, como lo hizo este Sínodo….. Esperamos que en estos caminos participen familias, institutos religiosos, asociaciones y, sobre todo, los jóvenes, de manera que la “llama” de lo que hemos experimentado estos días se difunda” (#120).
No cabe duda de que, con ocasión de este discernimiento sobre el mundo de los jóvenes que hace hoy la Iglesia universal, se da un paso muy importante en la participación efectiva de todo el Pueblo de Dios, no solamente en las consultas, sino incluido el discernimiento y la toma de decisiones en los diferentes campos del apostolado y actividad misionera “ad intra” y “ad extra” de la Iglesia. Un gran paso inaugurado por el Concilio, pero en retraso para su plena y eficaz aplicación.
Por otra parte, hemos podido vivir la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, al final del mes pasado, presidida por el papa Francisco y con la presencia de innumerables jóvenes de todo el mundo. Su preparación y realización ha sido también ya una muestra en la práctica de esta sinodalidad de los jóvenes, dispuestos a hacer propia y caminar juntos la vida de la Iglesia en los nuevos tiempos. A partir de escucharlos, compartir con ellos un mensaje, el de Jesús, en el lenguaje propio y con las expresiones típicas del mundo juvenil; reconociendo que son el “ahora de Dios”, como se lo repitió Francisco, va tomando fuerza un paradigma, cargado de esperanza para la renovación de la Iglesia y la humanidad.
Bucaramanga,24 de febrero de 2019
+ Ismael Rueda Sierra
Arzobispo de Bucaramanga
Por Gabriel Ortiz*.- No ha terminado el ministro de Hacienda de explicar lo de los bonos de agua, ni el empobrecimiento de las clases populares con su ley de financiamiento, cuando se le ocurre la brillante idea de salir a vender lo poco que nos va quedando: el 8.5 de Ecopetrol y varias electrificadoras. Ya le había echado mano a parte de la petrolera en el 2006, gobierno de Uribe. Gravó a los pobres para beneficiar a los ricos, pero sucede que eso no alcanzará para lo que tiene que darles en el 2020. Así que tenemos que prepararnos porque algo nos corre “piernarriba”.
Pero volvamos al caso de Ecopetrol, nuestra empresa insignia, esa que saca de problemas al Estado cuando se ha extralimitado en gastos. En el 2006 “el gobierno derrochón” de entonces, dedicó la primera venta de Ecopetrol a cosas que solo supieron el presidente de la época, y su ministro de los bonos de agua.
Si se vende ahora el 8.5%, más las regalías, únicos aportes que reciben las regiones, ese dinero se esfumará en gran parte, al igual que los aportes sociales que tanto nos recalcan para el educación, salud e infraestructura. Será otra plata que se irá para financiar la corrupción, la mermelada uribista y las promesas que tienen que hacer para las elecciones que se avecinan.
Ecopetrol es la mamá, como el Junior es el papá… Y si falta la mamá, hay que empezar a vender el piano, el equipo de sonido, la vajilla y los cubiertos.
Con bombos y platillos nos vendieron la idea de que había que imponer la ley de financiamiento y que ella era la salvación. Pero… antes de dos meses Carrasquilla puso el grito en el cielo y anunció la genial idea de vender Ecopetrol, como otra única salvación. ¿Cómo se puede creer a quien no explica lo de los bonos, ni la ley de financiamiento y que va tras una vaca lechera que satisfaga el reparto de una mermelada electoral?
El gobierno debe actuar con seriedad y rectitud. Si no tiene una persona capacitada para enderezar las finanzas, debe buscarla, aunque no sea uribista. En esta nación hay mucha gente con talento, idoneidad y suficiencia para lograrlo. No más ideas descabelladas y facilistas que nos conduzcan a vender lo poco que nos asegura recursos. El petróleo tendrá precios rentables por mucho rato. Estados Unidos se prepara para alcanzar la autosuficiencia y otros países hacen lo propio.
Los posibles clientes que hay tras el negocio de Ecopetrol, tendrán que esperar. El país debe enfrentar esta arrogante manera de imponer astutas, improvisadas y fallidas ideas que nos despojan de la riqueza y nos obligan a exprimir al pueblo.
BLANCO: Las mentiras de Peñalosa para evadir sus dudosas compras de buses chimenea, que envenenan a más de 9 millones de personas.
NEGRO: La desproporcionada entrega del Fiscal. Hasta cuándo y cuánto tendrá que responder Néstor Humberto por los favores recibidos para sostenerse…
Bogotá, D. C, 22 de febrero de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y Notisuper
Por Clara Lóipez Obregón.- Con todo, la ayuda humanitaria de Trump es de principio a fin un recurso propagandístico que va en camino de desvirtuar el significado de la palabra humanitaria hasta convertirla en una trampa o herramienta más de intervencionismo estadounidense.
La ayuda para ser humanitaria debe ser desinteresada y motivada exclusivamente por la solidaridad. Su instrumentación con motivaciones y finalidades políticas desnaturaliza un término que merece ser protegido como principio y fin exclusivamente de vida.
Como lo explica Victor Klemperer, un filólogo judío sobreviviente del Tercer Reich, citando a Schiller, “el lenguaje crea y piensa por ti…”. Y agrega, es “veneno que absorbes inconscientemente y que surte su efecto”. De ahí el cuidado con las palabras pues el lenguaje es también la materia prima de la propaganda que ha sido utilizada por gobiernos, empresas y organizaciones de todos los signos para tutelar a la opinión pública.
Edward Berneys, precursor de la teoría de las relaciones públicas, escribió en 1928 un libro titulado Propaganda en el cual señala sus potencialidades como método de “crear o moldear acontecimientos para influenciar las relaciones del público con una empresa, una idea o un grupo.” Lo importante de la propaganda, “es que es universal y continua y, en suma, regimienta la mente del público de igual manera que el ejército regimienta los cuerpos de los soldados.”
Ya sea con el fin de aumentar las ventas de tocineta, para lo cual ideó el desayuno campechano estadounidense; o para ayudar a tumbar el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala, creando el mito de subversión comunista; Berneys, contratado en el primer caso por la Beechnut Packing Company y en el segundo por la United Fruit Company, mostró que las palabras mil veces repetidas o tergiversadas terminan por “pensar por ti.” Ni los hechos ni las reglas importan porque las palabras instrumentadas ya piensan por las personas.
En lo que se refiere a Nicolás Maduro, la matriz mediática implementada no admite ningún matiz. Según hemos sido advertidos, el país vecino está en manos de un sátrapa desalmado capaz de cualquier cosa, incluso de negarle a su propio pueblo la ayuda humanitaria generosa de los Estados Unidos. Desde hace días se divulgan declaraciones de Donald Trump, coreado por sus semejantes de la derecha norte y latinoamericana, en las que afirma que no permitir la entrada de esa ayuda “humanitaria” es un crimen de lesa humanidad.
De otra parte, en declaraciones muchos menos publicitadas, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, expresó que esa organización no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde los Estados Unidos, al considerar que “esa ayuda no es para nosotros una ayuda humanitaria… Es importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un respeto para los principios. Eso es fundamental,” reiteró.
Los principios a los que se refiere son los de imparcialidad, neutralidad e independencia que han permitido al personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja auxiliar a la población civil en medio de los conflictos más cruentos. De perder la credibilidad que la adherencia estricta a dichos principios le granjea, la asistencia humanitaria de ese movimiento internacional no podría llegar a su destino. De ahí el llamado, hasta ahora desatendido, de Christoph Harnisch a que se respete el término humanitario.
Con todo, la ayuda humanitaria de Trump es de principio a fin un recurso propagandístico que va en camino de desvirtuar el significado de la palabra humanitaria hasta convertirla en una trampa o herramienta más de intervencionismo estadounidense. De tener una verdadera preocupación humanitaria por el pueblo venezolano, los Estados Unidos limitarían las sanciones económicas a los altos funcionarios del Estado, como lo ha hecho la Unión Europea, y entregarían la ayuda a través de canales imparciales como Naciones Unidas.
“No sabemos si las sanciones de EE.UU. van a producir un quiebre del gobierno; lo que sí sabemos es que el sufrimiento del pueblo venezolano va a aumentar,” advierte a la BBC, Geoff Ramsey, de The Washington Office on Latin America (WOLA). Pero también sabemos que se ha tergiversado el término humanitario al extremo de convencer a medio mundo de caer en la “Trumpa humanitaria” que puede conducir a la intervención militar que ni Trump, ni Duque, ni Guaidó han descartado.
Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por José G Hernández*.- Ante todo, debo recordar que, como en su momento lo escribí, no estuve de acuerdo con la creación de la JEP como una jurisdicción absolutamente desligada de la jurisdicción ordinaria, y que, una vez expedida la reforma constitucional que la creó (A.L. 1/17), estimé que los magistrados de la JEP no han debido ser posesionados -como en efecto ocurrió- sin una ley estatutaria que previamente regulara su actividad, y sin una ley de procedimiento.
Por otra parte, tampoco compartí la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la norma del proyecto de ley estatutaria que sometía a la jurisdicción ordinaria el conocimiento acerca de los delitos sexuales cometidos por miembros de las Farc, en especial contra menores, ya que, en mi criterio, ellos no podían ser considerados conexos con los delitos políticos propios del conflicto armado. A tales delitos les debían ser aplicadas, en mi criterio, las mismas penas que a cualquier violador, y no las alternativas previstas en el Acuerdo de Paz.
Pero, ya efectuada la revisión de las normas y proferido el fallo de la Corte Constitucional, éste debe ser acatado aunque se discrepe del mismo. Es la regla democrática y el deber del Gobierno y de todo ciudadano.
Ahora bien, la Corte ya llevó a cabo el control previo y automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria correspondiente. Ya ha sido enviado a la presidencia de la República para la sanción ejecutiva, y algunos ciudadanos han solicitado al Jefe del Estado que proceda a objetarlo.
Al respecto, debemos decir, desde una perspectiva puramente constitucional:
-No cabe en este momento una objeción por motivos de inconstitucionalidad, toda vez que ya tuvo lugar el control previo, automático e integral a cargo de la Corte, como lo señaló esa alta corporación desde la Sentencia C-011 de 1994.
-Aunque la Corte ha admitido que puede haber objeción presidencial por inconveniencia, lo cierto es que, en el evento de ser aceptadas las objeciones por las cámaras, si se le fueren introducidos al proyecto nuevos textos normativos o modificaciones de fondo, resulta evidente que, en cuanto a ellos, tendría que regresar a la Corte Constitucional para que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de reglas que no pudo tener en consideración cuando efectuó el examen de control previo inicial.
Adicionalmente, en mi concepto, aunque la Corte indicó en el aludido fallo que el trámite de las leyes estatutarias en una sola legislatura (art. 153 C.P.) “no incluye los pasos extra legislativos”, y por tanto bien podría ser formulada la objeción por inconveniencia incluso después de culminada la legislatura, es lógico pensar que lo propiamente legislativo -es decir, la actividad de las cámaras en el sentido de introducir nuevos textos o modificaciones de fondo, en el caso de aceptar las objeciones que plantea el presidente- sí debería tener lugar en sesiones ordinarias, que es lo propio de la legislatura, no en sesiones extraordinarias.
Todo ello demoraría en exceso la sanción y promulgación de la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz, lo que no es bueno para el cumplimiento de la tarea que a ella corresponde.
Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019
*Expresidente de la Corte Constitcional
Por Victor G ricardo*.-Al recorrer la ciudad, el Alcalde Mayor de Bogotá seguramente va pendiente del estado de las calles, de los parques, de la movilidad, de la seguridad y de las obras de desarrollo a las que se ha comprometido en su administración. Tratándose de un hombre inteligente, es imposible que no se dé cuenta que algo malo está pasando en la ciudad y que los bogotanos decepcionados están al ver la falla en su gestión, después de haberlo elegido y depositado su confianza en él para la Alcaldía y la administración de la capital de la Republica.
Las consecuencias de la condición en la que se encuentra Bogotá se ven reflejadas hasta en la finca raíz; no es sino transitar por la ciudad para notar los incontables letreros de “se vende” o “se arrienda”, independientemente de la ubicación, los cuales se multiplican a diario.
No estamos contentos con lo que viene ocurriendo en la ciudad, quizás tampoco en el país, y estamos ahogados en medio de la carga impositiva, la cantidad de contribuciones tanto nacionales como distritales y las medidas que restan valor al precio pagado, como las restricciones de pico y placa permanentes, en fin de semana y durante toda la jornada cuando los impuestos a vehículos los tiene uno que pagar completos.
En el caso del distrito, el aumento exagerado de los avalúos catastrales sobre los inmuebles y las llamadas contribuciones adicionales que nos están llegando a los residentes y propietarios de predios de Bogotá son insoportables e impagables. Muchos propietarios están optando por vender sus inmuebles ante la incapacidad de continuar pagando estos impuestos. Están llegando a casi acciones confiscatorias que no aguantamos más y que además no debemos tolerar los habitantes de la ciudad.
He conversado respecto del tema con muchos ciudadanos y hemos llegado a la conclusión de que el gobierno nacional debería liderar un proyecto de ley en el que se permita a los municipios que, cuando incrementan los impuestos en la forma como lo han hecho en Bogotá, el municipio proceda a comprar por el valor del avalúo catastral los bienes ante la manifestación de imposibilidad de pago del propietario.
Es tal el alza que han tenido, que muchos ciudadanos se han visto obligados a vender sus propiedades por debajo del avalúo catastral. Están estirando tanto la cuerda que la van a reventar. No hay consideración por el ciudadano. En otros aspectos como son las multas a los vehículos, hay abusos que la Procuraduría General de la Nación debería sancionar. Uno de ellos es el embargo que están haciendo a las cuentas bancarias de los propietarios de vehículos multados cuando ni siquiera han sido notificados de la existencia de la multa, violando las normas que establecen que el propietario deberá ser notificado con antelación.
Y así podríamos continuar comentando el mal estado de la ciudad. Que decir de los huecos en cada calle en una peor que la otra, o la inseguridad de la ciudad o tantos otros que están volviendo invivible la ciudad.
Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019
*Excomisionado de Paz
Por Jairo Gómez*.- No puede el presidente Duque invocar la legalidad como principio tutelar de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de su gobierno, cuando pretende violar la Constitución que obliga a los próximos cinco gobiernos (presidentes) a implementar el acuerdo de paz suscrito con las Farc, dándole prioridad a la financiación y garantizar sus recursos para consolidar la reconciliación entre los colombianos.
No puede el presidente Duque desconocer el artículo transitorio que impone, constitucional y legalmente, diseñar un Plan de Inversiones para la paz al señalar que “el Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.
Establece la Constitución, además, facultades al presidente para que los recursos sean “adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial” y se orienten a cerrar las brechas sociales económicas e institucionales en esas entidades territoriales que garanticen la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Nada de esto, en términos específicos, menciona el PND que Duque puso a consideración del Congreso y bautizó como el “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Lleno de generalidades, el PND descarta por completo identificar los recursos para la implementación del acuerdo de paz e insiste en que los dineros de la paz se pueden encontrar en la transversalidad del mismo Plan. Eso no es cierto.
Ese PND a duras penas menciona la Paz y tangencialmente evoca a las víctimas; pone en evidencia que estos no son un tema central para el Gobierno Duque y menos el eje de su propuesta de gobierno. Es relevante mencionar que el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz que el mismo Duque discutió y debatió como senador y que le dio vida a los Actos Legislativos que permitieron concluir a satisfacción el Acuerdo de Paz, no cuentan para este gobierno y para el Centro Democrático (CD).
Volver trizas la paz sigue siendo el objetivo del presidente Duque; aunque el mismo artículo transitorio no se la pone fácil, porque faculta a las autoridades departamentales, municipales y distritales para hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo y adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz a los seis meses siguientes a la adopción del Plan. ¡Ojo señores alcaldes y gobernadores!, este es un instrumento que pueden utilizar para presionar profundos cambios en sus regiones, sobre todo en esas zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y abandonadas a su suerte por culpa de la exclusión centralista.
E incluso será un tema de debate político y electoral para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones lo pongan en la agenda y se comprometan con sus comunidades, o eventuales votantes, a desarrollar programas de gobierno sustentados en una norma constitucional que el presidente Duque no puede burlar.
Señores gobernadores y alcaldes, ¡SACÚDANSE! Ustedes tienen el sartén por el mango y la Constitución les da la posibilidad de pensar en grande para superar la pobreza y el abandono estatal de esas apartadas regiones del país; pero además cuentan con otro poderoso instrumento: el artículo transitorio, establece perentoriamente que al inicio de cada legislatura el presidente, Procuraduría, Contraloría y Defensoría deben presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos de la paz y el cumplimiento de las metas del Plan Plurianual de Inversiones.
Duque habla constantemente de la legalidad como principio rector para combatir la corrupción, respetar la Constitución sería un buen comienzo.
Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2019
*Periodista y Analista Político
@jairotevi
Por Guillermo García Realpe*. – El Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años, denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, trae preocupantes decisiones, preocupantes regulaciones. Trae muchas reformas al tema de transporte, al tema de salud, al tema de servicios públicos, al tema de educación y por supuesto se abroga facultades al Gobierno Nacional para eliminar entidades, fusionarlas, crear otras y cambiar la funcionalidad y los objetivos misionales de las entidades en Colombia.
¡Esto es exagerado! y no hay unidad de materia. Por ahora, manifestamos nuestra preocupación muy grave que contiene en el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo, que elimina de un solo tajo los subsidios para el estrato 3 en materia de energía en Colombia y rebaja en diez puntos los mismos subsidios para el estrato 1 y 2, es decir, esto lo que refleja es un duro golpe para las familias más pobres del país.
Hoy el 83% de la población colombiana se beneficia de estos subsidios, eliminarlos generaría un incremento mensual equivalente al 18% en las tarifas de energía, que representaría un costo adicional de $12.500 para el bolsillo de las familias de estrato 3.
Como si esto fuera poco, en la página 601 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, establece la revisión de los subsidios de combustibles de frontera, combustibles líquidos como gasolina y ACPM para los siete u ocho departamentos limítrofes con Venezuela, Ecuador y otros países. Pero también, de manera grave revisa la compensación del transporte para estos departamentos fronterizos desde los terminales de los oleoductos, esto desde luego, va a encarecer los combustibles en las fronteras de nuestro país.
También de manera grave va a conculcar los subsidios del gas propano o GLP, para los departamentos del Macizo Colombiano, está medida va a afectar a los usuarios de estrato 1 y 2 al revisar y eliminar este subsidio al gas de los cilindros, que tiene por objeto paliar un poco la raquítica economía familiar de la gente más vulnerable y por supuesto para mejorar las condiciones económicas de más de 220 mil familias de nuestro sur del país de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, pero también tiene como objeto el componente ambiental que es el de eliminar la tala de bosques para sustituir la leña y el carbón por el gas propano, por un combustible amigable con la naturaleza, por lo tanto, nosotros estamos diciéndole al Gobierno que NO vamos a apoyar el Plan Nacional de Desarrollo por estás y otras razones que son muy importantes, muy fundadas para defender las causas sociales de los colombianos.
No puede ser que para las empresas o para los ricos en Colombia haya diez billones de pesos de exenciones o de beneficios tributarios en la pasada Ley de Financiamiento y empiecen a recortarle a los subsidios para recuperar esos dineros que por cuenta de las exenciones a los empresarios está ofreciendo el Gobierno Nacional.
Desde el Congreso de la República, no vamos a permitir que a los colombianos más vulnerables y a la ya estropeada clase media nacional se les sigan asfixiando con exabruptos de esta naturaleza.
Por eso, necesitamos adelantar una cruzada interpartidista y desde ya invito a las bancadas independientes, especialmente al Partido Liberal, a Cambio Radical, ciertas corrientes fuertes del Partido de la U y partidos de oposición como el POLO, la Alianza Verde, la Fuerza Alternativa del Común, MAIS, para cerrar filas en torno a estos anuncios que maltratan la economía de la gran mayoría de familias colombianas.
Particularmente creó que el trámite de éste proyecto va a ser complejo, el ambiente político es hostil y en estos artículos polémicos del documento auguró que no va a tener suerte, a no ser que el Gobierno Nacional aplique enamoramientos a través del presupuesto nacional a la gente que apoye este Plan Nacional de Desarrollo.
Lo más justo con las familias colombianas de estrato 1,2 y 3 es que desde el legislativo le digamos NO a esta nueva cascada de afectaciones y de cargas económicas que cada vez más empobrecen a las familias más vulnerables de nuestro país.
Sí el Gobierno Nacional quiere subsanar el hueco fiscal que no logró suplir en la reciente reforma tributaria, mal llamada Ley de Financiamiento, entonces que comience atacando la corrupción de todo nivel que hoy existe en muchas instituciones y que es el cáncer que cada día carcome a la institucionalidad nacional, pero que no ataque de esta manera a los colombianos más débiles.
Pasto, 18 de febrero de 2019
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
