Opinión
Por Felicia Saturno Hartt*.- Desde principios de los noventa ha sido todo una búsqueda la real definición de lo que se estima como uno de los recursos indispensables no sólo del desarrollo, sino del sostenible.
De hecho, el Presidente del Banco Mundial, Dr. Jim Yong Kim, un experto en materia de RR.HH. ha intentado aproximarse, definiendo este nebuloso y exigente concepto como “"total de la salud, las habilidades, el conocimiento, la experiencia y los hábitos de una población".
Pero los exigentes estiman que se queda corto, primero por la indetenible globalización y, en segundo lugar, por la complejidad de los procesos tecnológicos presentes en los escenarios menos complejos.
Es por ello que el trabajo del equipo de académicos del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, con sede en Seattle, ha creado una clasificación científica estudiando 195 países.
Metodológicamente, sus cálculos se basan en el análisis de más de 2500 encuestas y censos, con el objetivo de cuantificar la cantidad de años productivos que se espera que un individuo trabaje, entre los 20 y 64 años, teniendo en cuenta la educación y la salud, dos variables puntuales.
Los hallazgos han sido impresionantes. Las naciones europeas dominan los resultados superiores, constituyendo 8 de los 10 primeros, con Finlandia, Islandia y Dinamarca en las primeras posiciones, algo que no ha cambiado desde 1990.
Níger aparece al final de la lista, junto con Sudán del Sur y Chad. Y la diferencia es dura: el nivel de capital humano esperado en Finlandia fue de 28 años, en comparación con dos años en Níger.
Quizás lo más interesante es la lista de países que están mejorando, con Turquía a la cabeza, logrando el aumento más espectacular en las clasificaciones: escalando a la posición 43 de la 102 en la lista y logrando mejoras en cada componente del índice.
La nación produjo una expectativa de capital humano de 20 años en 2016, en comparación con ocho años en 1990.
Los hallazgos son significativos, subrayan la importancia de invertir en las personas y porque los investigadores descubrieron que las naciones con mayores mejoras en el capital humano, también tienden a tener un crecimiento más rápido.
Esto probó ser así en Turquía, China, Tailandia y Brasil, que registraron un mayor crecimiento económico que los países pares, con niveles más bajos de mejora del capital humano en el mismo período.
Estos estudios son fundamentales para trazar las verdaderas políticas públicas tanto nacionales como regionales, porque como expone el último Informe Global de Capital Humano del Foro Económico Mundial, el capital humano puede ser el factor determinante más importante del éxito de un país a largo plazo.
Ese informe mostró cómo, en promedio, el mundo ha desarrollado solo el 62% de su capital humano o, en otras palabras, que las naciones están desperdiciando alrededor del 38% de su talento.
Las necesarias reformas educativas y el mayor acceso a la salud de calidad son las llaves para comenzar a crear un verdadero capital humano, apto para los retos de la formación y diversificación tecnológicas.
Porque como bien lo expresó el Dr. Christopher Murray, Director del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de Universidad de Washington, “"Nuestros hallazgos muestran la relación entre las inversiones en educación y salud y la mejora del capital humano y el PIB. Relación que los legisladores tan peligrosamente ignoran".
* Politóloga Venezolana, Analista Político y CEO en Arquiluz.
Por Amylkar D. Acosta M *.- Con respecto al fallo reciente proferido por el Honorable Consejo de Estado mediante el cual se suspende provisionalmente el decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que expedí como Ministro de Minas y Energía, me permito hacer las siguientes acotaciones:
El marco normativo para el desarrollo de los yacimientos no convencionales (YNC) y el uso de la técnica de la estimulación hidráulica, más conocida como fracking, contempla varios aspectos, entre los cuales se destacan, además del contractual, el técnico y el ambiental. Por ello, llama poderosamente la atención que la demanda incoada ante el alto tribunal en la cual se reclaman “estudios detallados” y se pone en tela de juicio dicha regulación sólo se remite a “los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” (Decreto 3004 de 2013) y a los “requerimientos técnicos y procedimientos” (Resolución 90341 de 2014) y omite la Resolución 0421 mediante la cual “se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de perforación exploratoria” de los hidrocarburos. Cabe advertir que dicho estudio es prerrequisito para otorgar cualquier Licencia ambiental y sin esta ningún proyecto se puede poner en marcha.
Los tres actos administrativos, junto con el acuerdo No. 03 de 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que reglamenta la “contratación para la exploración y explotación” hacen parte de un todo inseparable. Y como bien se ha dicho si me das el padre nuestro en pedazos te demostraré que cada pedazo es una herejía. Con su decisión el Consejo de Estado soslaya las competencias que le son propias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como autoridad ambiental y de la ANH como administrador que es del recurso hidrocarburífero.
El Auto proferido se apoya en un control de advertencia de la Contraloría General de la República del año 2012, mucho antes de la expedición de dichas normas, supremamente rigurosas, que buscan precisamente minimizar los riesgos y mitigar los impactos a los que se refiere dicho control de advertencia, las cuales se soportaron en toda una gestión del conocimiento, que contó con expertos nacionales y extranjeros, que permitió conocer de primera mano la experiencia de otros países y las lecciones aprendidas. Ello le tomado a las autoridades competentes 10 años continuos de trabajo.
Además, al sustentar su decisión en el Principio de precaución el Consejo de Estado pasa por alto el hecho de que los riesgos de esta técnica están claramente identificados, razón por la cual, gracias al desarrollo de las tecnologías, pueden ser acotados, evitados y mitigados. Esto es lo que se sigue del principio de precaución: prevenir, prever, precaver. Y justamente para ello es el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y para velar que se cumplan sus estipulaciones está la ANLA, justamente en razón del “riesgo potencial”, a la que se refiere el Vicepresidente del Consejo de Estado Magistrado Ramiro Pazos, que entraña esta actividad.
Se aduce en el fallo como motivación del mismo la circunstancia de que en algunos países, que son la excepción y no la regla, han prohibido el uso de esta técnica o han decretado su moratoria, sin reparar en las razones que han rodeado dicha decisión. En Francia, por ejemplo, lo hicieron porque al no contar con un gran potencial en YNC optaron por privilegiar la fisión y la fusión nuclear como fuente energética. En otros países, como el Norte de Australia o Inglaterra, después de su moratoria han reanudado el uso de esta técnica. Como lo señala el Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), “hoy nadie duda que los productores de hidrocarburos a partir de YNC, EEUU, Argentina, Canadá y China, entre otros, hacen un uso común y repetido de las reglas y directrices de la normativa técnica internacional, de la experiencia mundial, yendo incluso más allá, estableciendo medidas de redundancia múltiple. Estas normas internacionales forman parte de las disposiciones suspendidas”.
Finalmente, en el buen propósito de extremar las medidas de prevención y precaución y en atención a las inquietudes y preocupaciones manifestadas por los ambientalistas y las comunidades, el gobierno nacional dispuso crear un Comité de expertos independientes para evaluar de manera integral la regulación vigente para el desarrollo de los YNC y emita su concepto, además de sus recomendaciones al respecto. Por su parte, la estatal ECOPETROL se apresta a adelantar un Piloto, como lo dijo su Presidente Felipe Bayón, para “que permita, de manera delimitada, controlada y absolutamente enmarcada en un área geográfica, trabajar con las autoridades, con las comunidades, con los sindicatos, con los detractores y decir cómo medimos esas líneas – base y los posibles impactos”.
Dejemos, entonces, que hable la técnica, la ciencia y la experiencia in situ, en el territorio, para que se pueda zanjar la discusión en torno a la viabilidad y conveniencia del uso de la tecnología fracking en Colombia teniendo como base la información que pueda recabarse de estos ejercicios. Desde luego, tanto la discusión sobre el tema, como las decisiones que se tomen, se deberán dar consultando una realidad incontrastable: lo que está en juego es la seguridad energética del país y la estabilidad de las finanzas públicas. Así de claro!
Bogotá, noviembre 17 de 2018
* Expresidente del Congresoi y Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo Salazar *.- LOS precios internacionales del crudo se están comportando como un verdadero yoyo. Hace cerca de un mes los precios del crudo de referencia sobrepasaron el nivel de los 80 dólares el barril. A la fecha se han devuelto en más de un 25%.
Cuando los precios excedieron la barrera de los 80 dólares hubo una gran euforia. Hubo quienes llegaron a afirmar que, con aquellos precios, más las utilidades reveladas por Ecopetrol, no se requeriría Reforma Tributaria. Pero en el estrecho marco de dos semanas las cosas cambiaron radicalmente. El precio se devolvió y el entusiasmo se desvaneció.
Esto lo que muestra es que desde el punto de vista fiscal resulta extremadamente peligroso hacer las cuentas de la lechera con los precios del petróleo. Se creyó que bastaba adicionar el presupuesto deficitario del 2019 con un estimativo de los nuevos recursos que provendrían de los precios que, a partir de la entrada en vigencia de las sanciones de los Estados Unidos a Irán, se harían efectivos. Pero las cosas no resultaron así.
Como cualquier legislador tributario los Estados Unidos llenaron de exenciones sus sanciones al régimen de los ayatolas. O sea, varios países quedaron dispensados de la prohibición de comerciar con Irán, que era la esencia de las sanciones de Trump. La consecuencia de esto fue que el mercado no le hizo caso a dichas sanciones, y que los precios se devolvieron a niveles muy cercanos a los 67 dólares que es la base sobre la cual está calculado el presupuesto del 2019.
La moraleja de todo esto es que el precio del petróleo no nos va a proveer a lo largo del año entrante recursos estables para eludir la necesidad de una Reforma Tributaria. Y que si los precios mejoran durante algunas semanas pueden devolverse fácilmente, como sucede a menudo con las cotizaciones de los productos básicos. Y que por lo tanto no es prudente contabilizarlos como financiación de nuevo gasto público. Recuérdese que para que un nuevo ingreso pueda financiar con firmeza el nuevo gasto público se requiere, no que las nuevas cotizaciones duren 15 días o 1 mes, sino todo el año de la Vigencia Fiscal.
Tampoco le ha hecho ni siquiera cosquillas al mercado las noticias, cada vez más alarmantes, del desplome de la producción venezolana. Los últimos indicadores muestran que su producción va camino a los 500 mil barriles por día, cuando hace dos años Venezuela producía 3 millones. O sea, de seguir las cosas como van en el vecino país, a la vuelta de un año Colombia estará produciendo el doble de crudo que Venezuela. Cosa que era impensable, pero que el desgreño administrativo que el régimen de Maduro le ha causado a PDVSA ha llevado a que un país con una de las mayores reservas del mundo se ha convertido en un productor marginal, sin ninguna capacidad para influir sobre los precios del mercado.
Este dramático decaimiento de la producción de crudo venezolano apenas resulta comparable con la hiperinflación que se ha enseñoreado en el país del socialismo del S. XXI. Los últimos pronósticos dicen que en el 2018 Venezuela va a cerrar con una inflación de un millón por ciento, la cual, dada la dinámica exponencial de todo proceso hiperinflacionario podrá llegar, dice el FMI, a diez millones por ciento en el 2019. La locura. La economía venezolana está destrozada y más temprano que tarde tendrá que pasarle la cuenta de cobro política al régimen de Maduro que ha dejado llegar la inflación a niveles que ni siquiera tuvo la Alemania de la República Weimar en los años 20 del Siglo pasado.
La enseñanza de todo esto es que no podemos girar para efectos presupuestales contra unos mayores precios del petróleo en los mercados internacionales que son efímeros y se comportan como un yoyo. Y que como lo muestra la evolución de las últimas semanas estamos lejos de saber cuál va a ser su nivel promedio de sus cotizaciones en el próximo año. Lo cual, de acentuarse la guerra económica entre China y Estados Unidos, va a castigar a la baja los precios de los combustibles, a buena cuenta de la desaceleración económica que esta absurda guerra comercial ya ha empezado a causar.
Bogotá, D. C, 18 de noviembre de 2018
* Abogado, Economista y Exministro de Estado.
Por Mauricio Cabrera Galvis *.- Entre muchas de las personas que se preocupan por el medio ambiente, el petróleo y sus derivados tienen tan mala fama que hasta hacen campañas activas y promueven consultas populares para que se suspenda su exploración y producción. A riesgo de ser políticamente incorrecto pienso que están equivocadas y que, por el contrario, la industria petrolera puede ser un aliado del desarrollo sostenible.
Los principales argumentos ecológicos contra el petróleo son dos: primero, que es el gran responsable de los gases invernaderos y, por lo tanto causante del calentamiento global y, segundo, que su exploración, producción y transporte causan enormes desastres ambientales.
El primero es cierto y, así Trump quiera ignorarla, es enorme la evidencia científica sobre el impacto del uso de hidrocarburos en el calentamiento global; por eso la mayoría de los países se han comprometido a reemplazar su uso con otras fuentes de energía. Pero ese hecho innegable no justifica prohibir su producción, y menos en un país como Colombia que tiene menos del uno por mil de las reservas mundiales de hidrocarburos.
Como en el caso de las drogas ilícitas, el determinante del uso del petróleo es la demanda y no la oferta. Mientras haya millones de carros y buses a gasolina, mientras miles de plantas de generación de energía funciones con hidrocarburos, mientras los consumidores sigan utilizando productos de plástico en toda su vida cotidiana, seguirá existiendo una enorme demanda por petróleo y sus derivados. De hecho todos los expertos coinciden en que esta demanda continuará creciendo y solo empezará a disminuir dentro de unos 30 años
La guerra contra las drogas ha fracasado porque se ha concentrado más en reprimir la oferta que en campañas de prevención y educación para disminuir la demanda. No solo ha fracasado sino que ha impuesto todo el peso y los costos de esa guerra sobre los países productores que son los que han puesto los muertos y sufrido la consecuencias de violencia y corrupción. Colombia ha llevado del bulto y los consumidores gringos siguen trabándose.
No se puede cometer el mismo error en la batalla contra el calentamiento global: mientras haya demanda por petróleo habrá incentivos económicos para que compañías y países lo produzcan.
Cali. 18 de noviembre de 2018
Folosofo, Economista y Consultor.
Por José Félix Lafaurie Rivera *.- Entre el 22 y 23 de noviembre se reunirá en Barranquilla el 36º Congreso Nacional de Ganaderos, con más de 500 delegados provenientes de todos los rincones de la patria, en representación de sus regiones a través de las principales organizaciones gremiales ganaderas del país, porque la ganadería es la actividad con mayor presencia en la Colombia rural, y donde está la ganadería, ahí está Fedegán, que, además, cumple 55 años al servicio de la actividad y del campo colombiano.
Con ese sentido de trayectoria, de pasado enaltecedor, pero también de propósito y de construcción de futuro, hemos acuñado el lema de este congreso: “Fedegán… ¡siempre!”, dos palabras que encierran un mensaje de permanencia, un homenaje al tesón y la constancia, la orgullosa respuesta de la razón frente a la sinrazón del atropello…, un canto de esperanza.
Y no es apenas un juego de palabras bonitas, es un sentimiento. Tomo prestado el himno nacional para proclamar que, para Fedegán, “cesó la horrible noche”; terminó, por fin, la persecución más enconada que gobierno alguno haya emprendido contra una organización de la sociedad civil, solo por pensar diferente y no prestarnos a ser corifeos de su mal negocio –que no negociación– con las Farc.
Saludo el anuncio del presidente Duque de gobernar para todos, porque durante los últimos años fuimos aislados y se gobernó contra Fedegán. Le doy la bienvenida al Gobierno Nacional, con el presidente a la cabeza, a sus ministros y a las entidades del sector agropecuario, por su regreso a esta gran reunión ganadera, porque lo que hubo hace dos años fue la prohibición expresa de asistir. Acojo, por supuesto, la invitación presidencial a pasar la página y a buscar la unión para construir entre todos el futuro. Por ello invito a los ganaderos a nuestro 36º Congreso Nacional; los exhorto a participar con altura y debatir con argumentos, no para quedarnos en la confrontación, sino para encontrar soluciones a los graves problemas que hoy afronta la ganadería.
El primero es la reinfección de fiebre aftosa y, de paso, invito a los ganaderos a colaborar con el actual ciclo de vacunación, como la mejor manera de avanzar en soluciones. Para recuperar el estatus suspendido es necesario actuar con premura y rigor técnico. Por ello Fedegán ha puesto a disposición del Ministerio de Agricultura y del ICA, la idoneidad técnica del equipo que participó en la concepción del Programa Nacional de Erradicación y lo ejecutó desde 1997, hasta lograr la certificación de país libre en 2009 y preservarla luego hasta 2016, cuando fue despedido con la liquidación del Fondo Nacional del Ganado. Al año siguiente comenzó el desastre.
Vamos a insistir en los pendientes. En la trazabilidad, como garantía de calidad al consumidor y exigencia de los principales mercados. Por las mismas razones insistiremos en un Sistema de Inspección, Vigilancia y Control que funcione, hoy a cargo del Invima, una entidad adscrita al Ministerio de Protección y desconectada del campo y su problemática. A pesar de la difícil coyuntura, como Luther King, también “yo tengo un sueño”: llevar carne y leche colombianas a Europa, Estados Unidos y muchos otros mercados.
Para ello, mantendremos levantadas las banderas de la ciencia, la tecnología y la innovación como factores de cambio, y de una ganadería rentable y respetuosa de la naturaleza, porque ese es el futuro.
Y claro, reivindicaremos nuestro derecho, en cumplimiento de la ley, a ser la entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado, que debe resurgir, como el Ave Fénix, para continuar siendo la vanguardia de la nueva ganadería colombiana.
Bogotá, D. C 17 de noviembre de 2018
* Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz *.- 38 años se cumplen del éxodo de los “marielitos” cubanos hacia los Estados Unidos, que hasta le costó la reelección al presidente Jimmy Carter y ocasionó tremendo problema en el país del norte.
El 15 de abril de ese año, zarpó del puerto de Mariel un barco repleto de cubanos que querían irse para los Estados Unidos y escapar del régimen de Castro. Ese gobierno quiso aprovechar la oportunidad para salir de muchos ciudadanos que no querían permanecer en la Isla soportando las penurias del racionamiento de alimentos y de todas las penurias que por ese entonces debían padecer. La situación de Cuba era gravísima, en lo económico, lo social y lo político, así tuviera en ese entonces el apoyo económico de la Unión Soviética. Castro, entonces presidente, aprovechó la oportunidad para salir de una gran cantidad de sus súbditos. Se calcula que entre ese 15 de abril y el 31 de octubre partieron en barcos pagados por los exilados cubanos residentes en Miami, algo así como 125 mil cubanos.
Miami y algunas ciudades cercanas empezaron a sufrir las consecuencias de la llegada de tal cantidad de refugiados. Muchos de ellos fueron recibidos por parientes que habían logrado salir de Cuba y tenían empleo, vivienda y manera de vivir dignamente.
Todo les salía bien a los “marielitos”, como se les conocía, pero el santo se les volteó cuando algunos de los refugiados empezaron a cometer toda suerte de desmanes que incomodaban a la ciudadanía que los estaba protegiendo. Castro, muy astuto, aprovechó el éxodo de sus compatriotas para salir de muchos maleantes encarcelados que solo diezmaban sus pocos recursos en las mazmorras cubanas. Se calcula que al menos 25 mil de los refugiados tenían antecedentes penales.
Ese mismo procedimiento puede estar aplicando Maduro, con muchos de sus compatriotas. Acá le queda más fácil, porque no necesita barcos ni puertos. Sus fronteras con Colombia, Brasil o Guyana, simplemente las separan pequeños riachuelos o mojones.
Colombia tradicionalmente ha sido hospitalaria y con el mayor de los gustos ha recibido a los vecinos en apuros, que se refugian en la capital y ciudades de todo el territorio, especialmente de la Costa y la frontera. Da pena verlos con el cartón que los identifica como “venezolanos en apuros”. En épocas pretéritas, muchos colombianos salieron para Venezuela en busca de un mejor vivir y también los recibieron con cariño, excepción hecha de cierta familia que con un periódico amarillo, los sentenciaba e injuriaba. La tenacidad, el trabajo y la constancia de los colombianos engrandecieron al vecino país, que al final tuvo que acogerlos para salir de sus atolladeros y convertirlos en la gran nación que conocimos.
Hoy la torta se volteó y con toda protección, acogida y amparo albergamos a nuestros vecinos. Soportamos algunas incomodidades y desmanes, pero debemos tener mucho cuidado, para que no nos pase lo de los “marielitos” que Maduro necesita erradicar.
BLANCO: 2.7 fue el crecimiento de nuestra economía.
NEGRO: El maremágnum de la Fiscalía.
Bogotá, D. C, 15 de noviembre de 2018
Por José G Hernández *.- Se suponía -según promesas del candidato- que durante la administración de Iván Duque, bajo su directa conducción, los trabajadores y profesionales, los más pobres y la clase media, los pequeños y medianos empresarios, los estudiantes, así como los pensionados, tendrían, si no mayores ingresos, al menos una cierta seguridad en lo relativo a la conservación del poder adquisitivo de la moneda, porque no se incrementarían los impuestos, se velaría por un salario justo y se buscaría un manejo equilibrado de la economía, dentro de criterios sociales y democráticos. Se empeñaría el Gobierno en solucionar los grandes problemas de la mayoría.
Infortunadamente, los primeros cien días del gobierno culminan con una generalizada sensación de desencanto y descontento. Las grandes propuestas económicas de la administración han consistido en extender el IVA a la mayoría de los productos de la canasta familiar, en gravar las pensiones y a las personas naturales, diciendo que esa es la única forma de cubrir un déficit fiscal de catorce billones de pesos. Desde luego, si atendemos a lo dicho públicamente por voceros del Ejecutivo, con una especie de chantaje institucional: si esto no se aprueba no se podrán sostener los programas sociales del Estado, ni la política de subsidios, ni los costos del Acuerdo de Paz.
Se decretan, además, alzas en la gasolina, aunque los precios del petróleo en el mundo siguen a la baja –5% semanal, y la de noviembre es la mayor caída de las reservas de petróleo en Estados Unidos desde 2016-. Pero en Colombia, inexplicablemente, sube para los usuarios lo que pagan por el combustible.
Ya veremos que, en los debates acerca del ajuste al salario mínimo para 2019, aunque los trabajadores tendrán una mayor carga tributaria y subirán los precios de todos los productos y servicios, los ministros serán partidarios de un incremento insignificante, que se traducirá en una reducción del salario en términos reales.
Entre tanto, los bancos -cuyas enormes ganancias y dividendos crecen, sin peligro alguno de tener que asumir mayores impuestos- cobran por todo, hasta por el uso de los cajeros automáticos y por informar el saldo de las cuentas, y en cambio asedian a sus clientes con llamadas en horas de descanso, incluso antes del vencimiento de los plazos.
El sistema de salud, definitivamente no funciona. Los intermediarios abusan de los afiliados y pacientes. Niegan -porque sí- los tratamientos, medicamentos e intervenciones, sin que la Superintendencia correspondiente ejerza una vigilancia eficaz, y sin que el Ministerio proponga alguna fórmula de solución. La acción de tutela es el único instrumento de defensa para la protección de la salud y para evitar muchas muertes, y sin embargo no faltan los críticos que quisieran prohibirla para tales fines, con el argumento de que hay demasiadas demandas.
Los corruptos, claro, están felices porque, al llegar nuevos recursos por la vía tributaria, tendrán nuevas oportunidades para incrementar sus jugosas e ilícitas ganancias.
Estudiantes y profesores universitarios reclaman justamente el fortalecimiento financiero de la educación pública, y piden hablar con el Presidente, pero éste delega en la Ministra de Educación, que nada soluciona.
El Estado Social y Democrático de Derecho es, hoy más que nunca, una utopía.
Bogotá, D. C, 15 de noviembre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Ariel Ávila *.- Hacer análisis mesurados sobre los primeros 100 días de Iván Duque tal vez resulte complicado por la polarización.
Los defensores del gobierno han dicho cuatro cosas: 1. Cien días es una medición temprana y una invención de los medios de comunicación, por ende hay que esperar un poco más para saber el horizonte del gobierno. 2. Duque es un hombre conciliador, no ha entrado en disputas políticas y que ese tono le ha ayudado a construir un modelo de país, que por el momento no se ve, ya que el debate político acalorado no lo deja relucir. 3. Dicen que su falta de norte en el gobierno se deriva no de la ausencia de liderazgo sino de su forma de construir gobierno sin mermelada y sin la clientela de los partidos políticos en el Congreso. Por último, alaban sus talleres Construyendo País y la cercanía con la población.
Los análisis críticos se podrían agrupar en cinco ejes. 1. Lo que más se le critica al presidente es que su gobierno no tiene norte, no hay claridad sobre el concepto de país que quiere. En reuniones privadas dice una cosa, en los eventos públicos dice otra y a nivel internacional dice otra. El mejor ejemplo de esto es lo referente al acuerdo de paz. 2. El presidente no tiene gobernabilidad, hasta su propio partido lo desobedece. Por ejemplo, el presidente se comprometió a apoyar la reforma de lucha contra la corrupción y fue su partido el principal saboteador, además él mismo tardó ocho semanas en enviar el mensaje de urgencia al Congreso de la República. 3. Para muchos, los talleres Construyendo País se ven como un regreso del Populismo Comunitario, es decir, la mermelada ya no está en el Congreso, si no en lo comunitario donde la planeación estratégica no existe. 4. El presidente no gobierna, la mayoría de decisiones pasan por el senador Uribe, por ende está rodeado de personas que no tienen su visión de país. La última crítica es la falta de cálculo político, por ejemplo destruir su capital político con una reforma tributaria apenas comenzando su gobierno es algo que no se entiende, para los críticos esto demuestra su falta de experiencia a la hora de administrar.
Estas son las dos visiones que hay sobre la presidencia de Iván Duque. Sin embargo, analizando detenidamente los comportamientos del gobierno, sus nombramientos y agenda, tal vez no se trata de que aún no encuentre su rumbo o de que 100 días no sean suficientes para valorar un gobierno. Tal vez todo esto indique el talante del gobierno. La idea es la siguiente.
El presidente Iván Duque se mueve entre dos modelos de gobierno. El primero es el de Julio César Turbay. El papá del actual presidente, Iván Duque Escobar, era de la línea turbayista pura sangre, de hecho fue designado como gobernador de Antioquia. El gobierno de Turbay se caracterizó por la lógica de que no se pelea con nadie, a todo el mundo se le decía que sí y solo se le cumplía una parte, un 20 o 30 por ciento de lo que decía que iba a hacer. Con eso se aplicaba el viejo dicho de intentar tener a todo el mundo contento. Tal vez Duque aprendió eso de su padre.
Esta lógica de intentar tener a todo el mundo contento, puede traerle muchos problemas ya que lo puede llevar a una situación parecida, pero por otros motivos, al gobierno de Virgilio Barco. Barco era un tipo buena gente, algo ingenuo, llegó a la presidencia luego del “dedazo” de López Michelsen cuando dijo “Si no es Barco, ¿quién?”. El gobierno de Barco fue muy bien intencionado, pero en ese periodo fue cuando el país se incendió. Mataron cuatro candidatos presidenciales, se dio el genocidio de la UP, la mafia se tomó parte de la institucionalidad. En fin, el desgobierno fue total. En la vida real Barco nunca gobernó, pues tenía alzhéimer, los que gobernaron fueron sus asesores Gustavo Vasco y Germán Montoya. A Barco solo lo ponían a figurar, pero por debajo había otro gobierno.
Así las cosas, en la vida real, si Duque sigue intentando tener a todo el mundo contento puede ser que termine como Barco: otros gobernando por él. Por ejemplo, Duque dijo que iba colocar técnicos como ministros y que él mismo iba a revisar hojas de vida. Pero cuatro de ellos los colocó el senador Uribe: el ministro de Defensa, Botero, no tiene ni idea del tema, de técnico no tiene nada. A Nancy Patricia Gutiérrez la nombró Uribe, y no tiene ninguna capacidad en ese ministerio, de hecho, las relaciones políticas las maneja Jaime Amín. También, a pesar de todos los cuestionamientos, puso en Hacienda a Carrasquilla, nombrado por Uribe.
Bogotá, D. C. 15 de noviembre de 2018.
*Politólogo.
Por Jairo Gómez *.- Aquí no hay cabos sueltos. La propuesta del senador Macías, de convocar a una constituyente no es aislada y, desde luego, sin temor a equivocarme, el presidente Duque y el jefe del Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe, sabían del globo que lanzaría por estos días de descanso el presidente del Congreso.
Para unos sectores no es más que una estrategia que busca desviar la atención sobre proyectos como la infame reforma tributaria; ocultar la crisis que han generado las manifestaciones estudiantiles que rechazan la falta de compromiso del gobierno con la educación pública; Sin embargo, otros, más suspicaces, creen que detrás de esta iniciativa se encierran oscuras intenciones de cerrarle la puerta a ese país que está cambiando y, por supuesto, a novedosas instituciones como la JEP.
Al parecer, la “inofensiva” propuesta del presidente del Senado de pedirle a Duque que convoque a una constituyente con la peregrina justificación de que “tramitar vía Congreso verdaderas reformas es imposible”, tiene su veneno y va más allá de una simple queja legislativa.
Para nadie es un secreto que las verdaderas intenciones del CD y los sectores representados en ese partido, es la latente preocupación por el resurgimiento de las nuevas fuerzas alternativas que en las últimas citas a las urnas -cuatro en este 2018- sacaron de la apatía política a la gente, inspiraron grandes manifestaciones y un cambio cualitativo en la visión política de las nuevas generaciones con resultados inesperados. Esos son, entre otros, los verdaderos motivos de una propuesta que parece traída de los cabellos, y que no es tan inane como la quieren hacer ver algunos observadores políticos o medios de comunicación.
No es tan inocente la propuesta del presidente del Congreso, Ernesto Macías, cuando el gobierno Duque y su partido CD no ocultan el objetivo de hacer trizas el acuerdo de paz, al pretender borrar de un plumazo, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, la instancia más idónea para consolidar la paz y garantizarle el derecho irrevocable a las víctimas de saber la verdad.
En esta propuesta, naturalmente, no está solo el CD, también los parlamentarios que representan sectores (empresarios, ganaderos, agentes del Estado no uniformados) que se niegan a que el país conozca la verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto armado interno.
Colombia está viviendo un momento político tenebroso. Asesinatos a la carta de líderes sociales y exguerrilleros de Farc sin respuesta efectiva por parte del Estado; el resurgimiento de bandas al servicio de castas regionales auspiciadas por el narcotráfico que se oponen a la restitución de tierras, también a los mecanismos de participación política y, por consiguiente, le apuestan al desplome del acuerdo final pactado con Farc.
El contexto político cuenta. La pregunta es para qué los del CD quieren la constituyente: ¿para preservar el statu quo? ¿Los privilegios prevalentes dada su extrema concepción ideológica? ¿O querrán construir una sociedad orientada al desarrollo para expandir su riqueza con equidad e igualdad de oportunidades para todos los colombianos? cosa que dudo. ¿O para virar hacia un país que usa como estrategia el miedo y que promueve la autocensura como mecanismo para evitar ofender a alguien? ¿Refundar la patria?
La propuesta de Macías se presta para múltiples interpretaciones, pero creo que en las actuales circunstancias convocar una constituyente es buscar un quiebre institucional que en nada favorecería al presidente Duque y menos la debilitada agenda legislativa que, a tropiezos, hace tránsito en el Congreso; y tampoco el intrincado compromiso de respetar el acuerdo de paz frente a la comunidad internacional. En este caso los meros discursos no bastan.
El propio presidente no negó si conocía con antelación la iniciativa de su ficha en la presidencia del Senado, pero tampoco fue categórico para rechazar una eventual convocatoria a una constituyente. Trabajar por la fortaleza institucional es tarea de todo jefe de Estado, pero las ambigüedades de nada sirven, tras ellas merodean la desconfianza y el escepticismo y ese es un escenario que el presidente no se puede permitir ahora que apenas cumple cien días en el gobierno.
Bogotá, D. C, 13 de noviembre de 2018
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M *.- Como es bien sabido el entonces Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo, luego de declarar turbado el orden público y apelar al Estado de Sitio, expidió el Decreto 1926 fechado el 24 de agosto de 1990, mediante el cual ordenó en su artículo 1º a la Organización Electoral para que procediera “a adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea Constitucional”.
Dicha convocatoria tuvo su origen primigenio en la célebre séptima papeleta, promovida por un Movimiento estudiantil que tuvo su cuna en la Universidad del Rosario, acaudillado, entre otros, por el hoy Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, demandando una reforma de fondo de la centenaria Constitución heredada de la Regeneración prohijada por Rafael Núñez, expedida1886, pero sancionada por el entonces designado samario José María Campo Serrano. En efecto, en las elecciones del 17 de marzo de 1990, en las que se elegían, mediante el sistema de papeletas, porque para entonces no se utilizaba el tarjetón, a los senadores, representantes, diputados, los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL), concejales y alcaldes, se depositó por parte de los ciudadanos la citada séptima papeleta.
Pero como dice José Manuel Marroquín en su poema La perrilla, “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Y así fue, elegidos los delegatarios de la Asamblea Constitucional, estos se declararon omnímodos y gracias a la aquiescencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ellos se erigieron en constituyentes y procedieron no a reformar la Constitución sino a expedir una nueva. Y no era para menos, dado el extenso y ambicioso temario del cual debía ocuparse la Asamblea Constitucional contenido en el Decreto de su convocatoria.
La Constitución de 1991 consagró en su Preámbulo como premisa de la misma un “marco jurídico democrático y participativo” y en su artículo 1º dejó claramente establecido que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. De este modo, la democracia representativa había quedado atrás, como cosa del pasado, para dar paso a la democracia participativa. En el artículo 103 de la Carta se lee que “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”, al tiempo que remite al legislativo su reglamentación. La Ley 134 de mayo 31 de 1994, modificada por la Ley 1757 de 2015 dicta las normas “sobre mecanismos de participación ciudadana”, pero se quedó corta. Se impone la necesidad de que, como se lo ha exhortado la Corte Constitucional al Congreso de la República, este expida una Ley que vaya más allá, que responda a los requerimientos para encausar de la mejor manera la participación ciudadana a través de los mecanismos previstos en la Carta.
En los últimos años se han suscitado muchos conflictos sociales en los territorios, los cuales obedecen fundamentalmente a la falta de un ordenamiento de los mismos, ello ha dado lugar a una sumatoria de conflictos no resueltos por el uso y por la ocupación del territorio, amén del conflicto de connotación ambiental a consecuencia de la actividad de las empresas que operan en los mismos y el impacto de la misma. Con el Acuerdo Final que se suscribió con las FARC, que le puso fin a un conflicto armado de más de cincuenta años, se ha exacerbado dicha conflictividad, entendible porque, como lo pronosticó el Padre Fernán Enrique González, “puede ser, incluso, que los conflictos sociales emerjan con más fuerza, porque la lucha armada ha neutralizado muchas formas de protesta, que pueden emerger ahora”. Sus palabras resultaron premonitorias.
Mientras el Congreso cumple con su tarea de reglamentar cuanto antes el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, el Gobierno Nacional debe activar cuanto antes el Consejo interinstitucional para el postconflicto y el Sistema integral de prevención y gestión de conflictos, creados por la Ley 1753 de 2015, los cuales pueden coadyuvar en el propósito de prevenir, gestionar y tramitar los conflictos sociales que emerjan en las regiones. Estos dos pasos no se pueden aplazar por más tiempo sin poner en riesgo la estabilidad social y política del país.
Riohacha, noviembre 10 de 2018
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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