Opinión
El legislativo salta matones para cumplir con sus labores y especialmente, para evacuar proyectos de ley y adelantar debates de gran calado, que enfrentan al gobierno con la oposición.
Hay múltiples intereses de parte y parte, unos razonables y otros discutibles, que podrían apadrinar y fortalecer la corrupción, que más de once millones de colombianos rechazaron en la pasada consulta popular.
Los puntos que contempló esa elección y que fueron llevados al Congreso, están al borde del abismo, porque el laberinto por el que transitan cámara y senado, se utiliza para tomarle el pelo a muchas iniciativas.
Los parlamentarios en fracción de segundos, desecharon el artículo que reducía los salarios del legislativo. A duras penas lo leyeron en voz alta para que antes de que terminara de exponerse el texto, fuera al despeñadero. El país está perplejo y los padres de la patria ahítos, saciados y satisfechos.
Rápidamente dieron vuelta a la página para despistar nuevamente a una nación que esperaba un comienzo productivo y atento a las necesidades de una población ansiosa de edificar un futuro que nos aleje de esa Venezuela, con la que tanto nos asustaron.
El paseo se recrea por una cacareada reforma política que quería patentar el trasfuguismo. Estuvo negado, pero al final el Senado le dijo no a esta práctica que quería institucionalizar la mermelada. Ya la discusión, prácticamente se había desplazado hacia la reforma a la justicia. Así pasan de tema en tema por el embrollo que les sirve de escudo para no tener que ocuparse de lo fundamental, como lo advertía el inmolado líder Álvaro Gómez.
La maraña se utilizó en el Senado para impedir un debate en el que se estudiara una moción de censura al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por su invento de los “bonos Carrasquilla. Son 117 y más las razones para acusarlo por haber dejado en ruinas a más de un centenar de municipios colombianos. El presidente del Senado, quien maneja esa corporación sin recato alguno, consideró que al titular de Hacienda, no se le puede exigir explicación alguna, porque se trata de uno de los economistas más prominentes y abombados de este continente. Mientras unos lo atacan, otros consideran que acribillar las finanzas municipales, es un acto de imaginación, malicia y destreza, de Carrasquilla. En la Cámara el debate fue duro. Llovieron las acusaciones al Ministro, quien se defendió señalando que las imputaciones son mentiras a medias para perjudicarlo. El debate terminó y la moción se votará el martes próximo, cuando habrá un pugilato entre gobierno y oposición. Ese día se conocerá quién tiene las mayorías y quien, con ellas puede imponerse. En el escenario quedan 117 municipios arruinados y sus poblaciones sedientas.
BLANCO: La segunda gira del Presidente Duque, demuestra que mostrarse ante el mundo, no es derroche.
NEGRO: Las amenazas contra la libertad de expresión continúan en este hemisferio, incluidos los Estados Unidos. Tremenda tarea para la colombiana, nueva presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez.
Bogotá, D. C, 25 de octubre de 2018.
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por José G Hernández.- En el municipio de Fusagasugá se llevó a cabo una consulta popular con el objeto de determinar si se adelantan en la zona actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, “fracking”, producción de hidrocarburos y minería a gran escala. Según los resultados, hubo 202 votos positivos y 39.175 negativos. Se pasó el umbral (votación mínima en cualquier sentido), que era de 34.846 votos.
Para la fecha en que la Corte Constitucional profirió la sentencia de unificación -11 de octubre de 2018- que al parecer cambió la jurisprudencia sobre esta modalidad de participación, la consulta ya estaba convocada. La providencia recayó sobre un caso concreto, aunque, en cuanto fallo de unificación (SU-095), hizo afirmaciones generales. No se tiene, hasta ahora, sino un comunicado de la Corte Constitucional, el número 40. No hay texto de la sentencia, y el comunicado no tiene fuerza jurídica alguna.
Pero, según allí se indica, los municipios carecen de competencia para decidir sobre si se exploran y explotan o no las minas o el petróleo, pues ello corresponde a las autoridades nacionales. La Corte consideró que, siendo los recursos del subsuelo de propiedad del Estado, el reconocimiento de las competencias constitucionales nacionales sobre el uso del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado “implica que este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito”.
No obstante, según el texto del comunicado, la Corte manifestó: “Así mismo la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho de participar en la toma de decisiones que los afecten, cuando en su territorio se adelanten actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en aras de proteger sus intereses ambientales, sociales y económicos”.
De modo que -lo decimos con respeto-, el asunto no queda nada claro, pues si hay un derecho de los ciudadanos (garantizado constitucionalmente y reconocido por la Corte) a participar en la toma de las decisiones que los afectan (artículos 2 y 79 C.P.), es obvio que no pueden ser excluidos de la decisión acerca de si se explotan o no los recursos, y por ende no hay falta de competencia de ellos en cuanto a esa decisión. Las competencias no son exclusivamente nacionales. Y, de otro lado, los ciudadanos sí podrían ser convocados a consulta (es su derecho), y el sentido de su votación de algo ha de servir. Efecto útil del voto.
Si los recursos del subsuelo son del Estado, éste no se confunde con la Nación, como si todo el Estado fuera la Nación. Los municipios hacen parte del Estado y tienen derechos que la Carta Política reconoce.
Esperamos que, en la sentencia (texto final) y en la legislación que la Corte propugna, se tenga en cuenta lo previsto en el artículo 79 de la Constitución, que consagra, como deber del Estado, el de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y garantizar la participación de la comunidad en esa materia. Entre tanto, lo decidido por el pueblo en las consultas ya efectuadas es vinculante, como lo señalan los artículos 55 y 56 de la Ley Estatutaria 134 de 1994.
Bogotá, D. C, 24 de octubre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Ariel Ávila. Tomado de El País.- Bolsonaro no es cualquier derecha. Es de esas peligrosas, bastante populista.
El inminente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil cierra un ciclo de victorias de la derecha en el continente y en general en el hemisferio occidental. Macri en Argentina, Piñera en Chile, Duque en Colombia, con la única excepción de AMLO en México. No obstante, la de Bolsonaro no es cualquier derecha. Es de esas peligrosas, bastante populista. Para el caso colombiano se puede decir que el uribismo colocó como candidato a la ficha más moderada de su partido, pero los vicios autoritarios no desaparecen. Han propuesto prolongar el periodo del presidente, quitarle las funciones electorales a las Cortes y devolvérselos al Congreso e incluso han llegado a proponer la eliminación de las Altas Cortes y crear solo una, lo cual significaría la destrucción de la Constitución de 1991.
Pero esta reacción a la derecha, analizando los datos electorales, las encuestas sobre preferencias en temas y asuntos de interés público y las agendas que mueven los candidatos, nos muestra que era obvio esté vuelco, ahora todo es más claro: La respuesta es que un gran sector de las diferentes sociedades del continente siente que sus principios morales y éticos se están derrumbando, por ende su reacción es a conservar ese statu quo, así eso signifique retroceder en una serie de garantías de derechos. Pero la anterior respuesta es más compleja de lo que parece, hay otras cosas de trasfondo. Valdría la pena mencionar al menos cuatro puntos.
En primer lugar, el avance en derechos de minorías sexuales ha causado una reacción impresionante en los sectores conservadores y en las edades más avanzadas de la sociedad. Para estos sectores, la homosexualidad es una enfermedad, es algo despreciable, pero sobre todo creen que la homosexualidad es una construcción social, es algo que se hace, que se promueve, que se inculca. Por ello, cualquier reconocimiento social es rechazable. Reconocer derechos patrimoniales o derechos de adopción es libertinaje y degradación social. Es tanto el rechazo de estos sectores tradicionales que en la campaña del plebiscito por la paz, los promotores del no, acusaron al proceso de paz de promover la ideología de género y que los niños se volverían homosexuales con tan solo promover la equidad de género. Al final, la última semana se perdió la elección.
En segundo lugar, el avance en los derechos de las mujeres es otra de las banderas que han asumido estos movimientos políticos de derecha. Por ejemplo, el tema de aborto, igualdad en derechos laborales han llevado a que estos sectores vean la equiparación de la mujer con el hombre como un tema peligroso dentro de la tradición religiosa. Aquí el ataque a estos derechos es más solapado, menos visible, pero son contundentes a la hora de agitar sus masas radicales. Es tal el desprecio al avance de la mujer, que ya en muchas ciudades y sectores regionales hay una sistematicidad en la violencia contra la mujer. Los feminicidios son el mejor ejemplo.
En tercer lugar, el deterioro de algunos indicadores de seguridad, sumado a un desprecio de los sectores progresistas sobre este tema, no solo le ha entregado la agenda de la seguridad a la derecha, que por demás la ha sabido utilizar bastante bien, sino que además ha causado una ausencia de defensa y explicación de ideas nuevas para combatir diferentes fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia. Aun hoy la regla de oro para la mayoría de la población colombiana y latinoamericana es el populismo punitivo, es decir, creer que aumentando penas y reduciendo las edades en que se penaliza es la solución para todo. Igualmente se puede decir del tema de las drogas: criminalizar el consumo y porte no sirve para nada, pero es lo que más se hace para ganar popularidad y votos. Hay otras alternativas más eficientes, pero no hay quien las defienda.
Por último, obviamente el tema Venezuela. Ese es y será, por muchos años, un lastre que injustamente cargaran las fuerzas de la renovación política. El Establecimiento acusará a todo aquel que lo quiera modificar de representar un riesgo similar al que fue el denominado socialismo del siglo XXI para Venezuela.
Todo esto era previsible, era normal que estos avances en derechos causaran una reacción. A mucha población se les tocaron los pilares fundamentales de la forma como entiende la organización social. Por tanto, las preferencias electorales se invertían, ya el tema no era la pobreza, la educación o la salud, sino los principios de la sociedad Judeocristiana. La ola Conservadora podría durar 8 años, la pregunta es qué tanto los avances en derechos, la democracia y las garantías políticas conquistadas aguantarán esta embestida.
Bogotá, 23 de octubre de 2018
*Polítologo, Abogado y Periodista.
Por Jairo Gómez.- Mientras el mundo se mueve en otra dirección, Colombia parece estar regresando al pasado, a la Constitución del 86. Duque no ha cumplido cien días en el gobierno y su mandato nada tiene que ver con el eslogan de su campaña con el que llegó al poder: “El futuro es de todos”.
Un variado menú de proyectos de ley y de reforma constitucional (RC) circula hoy por las comisiones del Congreso; un menú que recoge de todo, menos iniciativas relativas a ese país del futuro que nos propuso el joven mandatario para, según él, instalarnos en el siglo XXI; el siglo de las tecnologías y los avances biotecnológicos que no dan espera.
Mientras eso ocurre en otras latitudes, en esta comarca Duque, por acción o por omisión, acompaña a su partido Centro Democrático (CD) en la creación de un tribunal especial para los agentes del Estado o miembros de la fuerza pública en abierto desafío a los postulados de la JEP cuyo fin es la justicia restaurativa para las víctimas; una reforma constitucional direccionada a ocultar la información de la inteligencia militar en razón del conflicto con el pretexto de que se pone en riesgo la seguridad nacional; una ley para limitar el derecho que tienen las mujeres de practicarse un aborto dentro de las causales que la Corte Constitucional estableció; y, como si fuera poco, mientras en el primer mundo –caso Canadá- legalizan el consumo de la marihuana, este gobierno decide decretarle una guerra a la dosis mínima en Colombia.
Diría que Duque nos dijo, más bien, “el pasado es de todos”. Es paradójico todo esto. Mientras a diario se promueven los principios democráticos como soporte de nuestras instituciones, ahora se propone restringir los derechos y cerrarle la puerta a la participación ciudadana. Miremos sucintamente cada una de las mencionadas propuestas que hoy buscan convertir en ley o reformas a la constitución.
La creación del tribunal no es otra cosa que poner en riesgo el futuro de los exmilitares que en razón del conflicto se deben acoger a la JEP si quieren acceder a beneficios que mitigarían la pena que en la justicia ordinaria los llevaría a más de 40 años de cárcel. Cuando digo los pone en riesgo es porque ese tribunal que se pretende crear no daría garantías de imparcialidad según sus críticos y, por ende, pone en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI) el futuro de los agentes del Estado, amén de despedazar el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas.
Cerrarle la puerta a la Comisión de la Verdad (CV) para que acceda a los documentos de inteligencia que las instituciones del Estado poseen para clarificar los hechos ocurridos en razón del conflicto armado, es ponerle un palo en la rueda al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además de negarle el derecho a las víctimas a conocer la verdad. Esa propuesta fundamenta su preocupación en el mezquino argumento de estigmatizar a los miembros de la CV. Otro juicio más para que la CPI ponga sus ojos en Colombia.
Aunque esta reforma no es del CD, los aliados políticos del joven mandatario en la Cámara la votaron positivamente: extender el periodo actual de alcaldes y gobernadores tres años más con el peregrino argumento que se trata de ahorrarle al país cerca de 500.000 millones de pesos: falso; a mi modo de ver, el motivo central de esa iniciativa es crear un muro para que nuevas fuerzas alternativas, que hoy irrumpen con decisión en el escenario político, logren arrebatarle el poder a la secular clase política. Pero abramos el ojo: poco se habla de la propuesta del senador Álvaro Uribe. El expresidente dice no estar de acuerdo con la extensión de ese mandato, pero propone una salida más atractiva para él: la “reelección inmediata” de los mandatarios locales. Pregunta. ¿Vamos camino a un nuevo articulito? Sobre esto, Duque no ha dicho ni mu.
Una tutela, que también quieren reformar, le amparó el derecho a una mujer para practicarse un aborto pero la Corte Constitucional dejó abierta la ventana para que el Congreso defina el número de semanas que permitan la interrupción del embarazo bajo las tres causales de ley. Este fue el gancho para que el CD -el partido de gobierno- de inmediato presentara una propuesta para ponerle barreras a un derecho que la misma corte asegura, en una sentencia, se debe sujetar a la interpretación moral y única de las mujeres.
Y, para finalizar, qué decir de la dosis mínima: mientras los países del primer mundo van camino a legalizar el consumo de marihuana, aquí, de un plumazo, la restringimos.
Evocando el cuento de Hans Cristian Andersen, este es el traje nuevo del emperador. Bienvenidos al pasado.
Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2018
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Colombia es un país de regiones y así lo reconoció, por fin, la Asamblea Nacional Constituyente, al consagrar en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 la posibilidad de constituirse en regiones administrativas y de planificación (RAP) y en regiones como entidad territorial (RET), respectivamente. Con fundamento en ello se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente la de la Región Caribe, hace exactamente un año, el 19 de octubre de 2018.
Después de dar este paso se percataron de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la 1454 de 2011, había emasculado a las RAP al establecer en su artículo 32 que por cuenta de la misma “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN), ni del Sistema General de Participaciones (SGP), ni del Sistema General de Regalías (SGR)”. Es decir, se condenó a las RAP a morir por inanición, por esta absurda e inexplicable medida.
En vista de ello, se promovió el trámite a través del Congreso de la República del Proyecto de Ley 182 de 2017 – Senado por medio del cual “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP”, el cual tiene como primera prioridad la derogatoria de ese artículo, que se convirtió en el freno para el avance y para la consolidación de las RAP.
Los gobernadores del país se ilusionaron con este Proyecto, máxime después del espaldarazo que le dio el Presidente de la República Iván Duque Márquez, quien manifestó su “voluntad y apoyo” a dicho Proyecto en la Cumbre de Gobernadores efectuada en Mompox el pasado 7 de septiembre. Allí fue claro y enfático el Presidente al afirmar que “la Ley de Regiones permite un avance hacia un sistema donde haya mayor autonomía en el manejo de recursos”.
Por ello, la sorpresa fue mayor cuando los mismos gobernadores que aplaudieron eufóricamente el anuncio del Presidente se enteraron de que el Ministerio de Hacienda había enviado al Presidente de la Cámara de Representantes un Oficio solicitando “revisar la conveniencia de tramitar este Proyecto por los impactos fiscales que puede generar, por lo que este Ministerio emite concepto negativo ante esa corporación sobre la iniciativa del asunto”, es decir, palabras más palabras menos, lo que pide el Ministerio de Hacienda es el archivo del Proyecto y apelación a los infiernos.
Los gobernadores siguen sin reponerse de su perplejidad y asombro, están atónitos y cunde el desconcierto por este bandazo del Gobierno, al pasar sin vísperas del apoyo presidencial al al Proyecto al veto por parte del Ministerio de Hacienda. En dicho Oficio se traen por los cabellos unos argumentos sin fundamento alguno para justificarlo.
Después del circunloquio del Ministerio de Hacienda y de sus disquisiciones en torno al Proyecto de Ley, que ya está en su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, aterriza finalmente en la verdadera esencia y el verdadero motivo de su objeción al mismo. Está dicho paladinamente en la misiva in comento: “la creación de las RET propuesta en el articulado genera profundas inquietudes sobre su financiación”. En sustento de su cicatería se apela al mensaje presidencial anexo al Proyecto de Presupuesto, según el cual “cualquier incremento de la ´burocracia que el Proyecto de ley pueda crear acrecentaría el déficit fiscal y no sería compatible con la situación de las finanzas públicas actuales”.
Y, como era de esperarse, se aferra el Ministerio de Hacienda a dos artículos de la Ley 1454 de 2011, los cuales se contradicen entre sí, porque al tiempo que el artículo 7 reza que “en ningún caso las entidades territoriales que se asocien podrán generar gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto”, en el artículo 32 de la misma Ley se dice que “el funcionamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación se financiará con cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conformen destinen para ello”. Todo ello para concluir que “los esquemas asociativos se ha desarrollado bajo la convicción de que su creación no debe generar gastos de funcionamiento adicionales”. Pero, está muy equivocado el Ministerio al asumir que la RAP y la RET son “esquemas asociativos”, no, rotundamente no, las RAP y las RET están consagradas en la Constitución, que es norma de normas.
Finalmente, es claro que los requerimientos, modestos por cierto, que tendrán las RAP para funcionar no serán los que van a transgredir la Regla fiscal, ni por cuenta de ellas se va a disparar el déficit fiscal. Como lo afirma El Heraldo, sólo “se trata de excusas y más excusas para dilatar un debate que ya se ha aplazado más de la cuenta: el de la descentralización efectiva de un país donde los laberintos burocráticos de Bogotá ejercen un poder aplastante”. Bien dice el adagio popular, que desde que se hicieron las disculpas el gato ya no come queso, ahora lo cuida!
Bogotá, octubre 21 de 2018
*Exministro de Minas y Energía. Expresidente del Congreso de Colombia
La Corte Constitucional anunció recientemente fallo de Sentencia, en medio de un procedimiento que, la vía de la consulta popular no era la vía legal y procedimental para detener un proyecto de explotación minera y de hidrocarburos en un caso de la población de Cumaral, en el departamento del Meta.
De primera mano, se puede interpretar que esta decisión que la protocolizará en el respectivo texto de sentencia, se interpreta, como si, ya se van abajo todos los procesos de consulta con comunidades indígenas o con comunidades en general de las regiones donde se proyectan hacer explotación minera o de hidrocarburos.
A nuestro parecer no tiene ese alcance, es más, nosotros creemos que la Corte Constitucional ratifica lo decidido ya en varias Sentencias anteriores, entre esas, la Sentencia C-035 / 2016 y otras Sentencias como la 416 o 417 de 2016, en las que manifiesta que el nivel central, el Gobierno nacional que representa a la nación y al Estado colombiano para promover proyectos, autorizar, licenciar o concesionar u otorgar campos de explotación minera y petrolera se debe proceder a la concertación con las autoridades locales especialmente, habida cuenta de que las autoridades locales también son Estado.
El sub suelo no se discute que es del Estado colombiano, pero hay que hablar que el municipio también es Estado. El artículo 332 de la Constitución Política sobre el tema de la propiedad del subsuelo habla que es de propiedad del Estado colombiano o de la nación.
Pero además de esto, ha dejado claro la misma Corte Constitucional y nadie discute, que el tema del uso del suelo es competencia y derechos de los Concejos municipales y el tema del ordenamiento territorial, el tema de ordenamiento de desarrollo económico y social es competencia de los municipios a través de sus planes de Ordenamiento Territorial, de las entidades territoriales a través de los mecanismos que ha establecido la Ley 136 y otro tipo de leyes como la 388 de 1997 y la misma Constitución. Donde hay instancias por ejemplo de los Consejos Municipales de Planeación, donde hay participación de la comunidad en general, de los sectores productivos, de los sectores públicos, en fin.
Entonces estamos ante la propiedad del Estado, del Estado nacional, por así decirlo, del subsuelo, pero el suelo y sobre lo que el suelo se levante es competencia de las entidades territoriales y los Concejos municipales en materia del uso del suelo u ordenamiento del territorio.
Para hacer un símil, podemos decir, que el sótano es de la nación o del Estado colombiano, pero del primer piso en adelante en materia de ordenamiento y de regulación es de las entidades territoriales, entonces debe haber una concertación, por lo tanto, no pueden cantar victoria al decir que ya pueden entrar a saco todo tipo de explotación en contra de comunidades o en contra de disposiciones legales y constitucionales que favorecen el derecho y la autonomía territorial.
Ahora bien, el asunto se pone más interesante ante un evidente choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues éste último Alto Tribunal, resolvió en esta misma semana un fallo de tutela donde ratifica todo lo contrario a lo dicho en el fallo de la Corte.
Tiene razón el Consejo de Estado, cuando señala que “las autoridades locales y nacionales tienen competencias en los asuntos mineros, ambientales y energéticos, por lo cual deben coordinar el ejercicio de sus funciones”. Además, dice que “si no se logra una concertación, entonces prima la competencia de las autoridades municipales”. Y asegura que las consultas posibilitan el derecho de participación ciudadana, derecho que a mi juicio no tiene por qué cercenarse.
De todos modos hace falta que desde el Congreso de la República establezcamos mecanismos claros y efectivos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan resolver definitivamente este limbo jurídico al cual asistimos hoy.
Bogotá, D. C, octubre 22 de 2018
*Senador Liberal de Colombia
El título de esta columna es un evidente plagio al conocido artículo de Keynes dedicado a Mr. Churchill en 1925, cuando este político inglés tomó la decisión de devolver la libra esterlina al patrón oro para restaurar el orgullo patriótico de tener una moneda fuerte. Keynes pronosticó que la revaluación de la libra generaría desempleo y recesión, y la historia le dio la razón.
Hoy no se necesita ser un genio como Keynes para anticipar las consecuencias negativas de las políticas económicas de Trump, porque ya se están viendo los efectos de su rebaja de impuestos a los más ricos, y la mayoría de los analistas coinciden en pronosticar que la subida de aranceles y la guerra comercial con China frenarán el crecimiento mundial.
De la reforma tributaria de Trump se podría decir que es una política keynesiana, pues se trata de bajar los impuestos para que los contribuyentes tengan más plata en el bolsillo para gastar y comprar más, lo cual aumentará la producción y el empleo. En la coyuntura actual ningún economista keynesiano hubiera recomendado esta política por dos poderosas razones.
La primera, porque no hay almuerzo gratis y el costo de reducir los ingresos del Gobierno sin recortar el gasto público es aumentar el déficit fiscal y la deuda pública, que están llegando a niveles preocupantes, según los datos de la no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano (CBO).
Al cierre del año fiscal 2018, el déficit desestacionalizado del gobierno federal creció 24% con respecto al año anterior llegando a 826.000 millones de dólares, que equivalen a 4,1% del PIB gringo y casi tres veces el PIB de Colombia. Las causas, una caída de 92.000 millones de dólares (31%) en los impuestos de las empresas, y un aumento de 4,4% en el gasto público en el que se destacan el incremento de los pagos de intereses (20%) y de los gastos militares (7%).
El segundo argumento contra un estímulo keynesiano ahora es que era innecesario pues la economía gringa ya venía en una senda de fuerte recuperación del crecimiento y creación de empleo de manera que este estímulo, si bien puede ser efectivo a corto plazo, pronto se puede devolver frenando la economía por su impacto negativo sobre el endeudamiento y las tasas de interés.
Cali 21 de octubre de 2018.
*Filósofo y Economista. Consultor.
A partir de 2013, el sacrificio de ganado presenta una disminución sostenida que, para 2017, con 3,4 millones de animales arroja una diferencia de 727 mil menos frente a 2013. No obstante, el consumo aparente se ha mantenido sobre 20 kilos/hab./año durante el periodo.
¿De dónde salieron entonces 727 mil animales no sacrificados, pero cuya carne sí se comieron los colombianos? La respuesta es conocida: son los vehículos llenos de carne encaletada que atraviesan a diario la frontera con Venezuela; son los camiones de ganado que recorren las trochas para venderlo a menos precio en Colombia para sacrificio clandestino.
Cúcuta es la evidencia de este delito. Su consumo diario es de 450 animales, pero el sacrificio formal es de solo 50. ¿De dónde salen los otros 400? Pues de los 727 mil animales “fantasmas”, que no se sacrifican pero su carne sí se consume. Al año son 146.000 animales sacrificados clandestinamente para Cúcuta; más de 24.000 toneladas de carne y un negocio de cerca de ¡300 mil millones de pesos! El resto de animales fantasmas se irriga por todo el país, al abrigo del inoperante Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Invima. Pero la realidad del contrabando es aún más compleja. En días pasados, una autoridad en la región me compartió el hallazgo de dos tractomulas con ganado de contrabando y Licencias Sanitarias de Movilización expedidas por el ICA. Es decir, su destino era la red formal de sacrificio y distribución de carne de la Costa Caribe. Para ilustrar el tamaño del negocio, solo los 727 mil fantasmas tienen un valor de más de 1,2 billones de pesos, y la utilidad del contrabandista que los vende en Colombia es hoy del 178%, pero crece todos los días al ritmo del descalabro monetario del vecino país.
¿Quiénes están detrás del negocio? En 2.219 km de frontera hay 248 trochas, en una región con fuerte presencia del ELN, además de Pelusos, Rastrojos, Clan del Golfo y disidencias de las Farc; con la complicidad de integrantes de las fuerzas armadas venezolanas. Es grave la afectación. El contrabando y el sacrificio clandestino impulsan a la baja el precio del ganado. Por cada 100 pesos de reducción, la ganadería deja de recibir ¡180 mil millones! al año, y en algunas regiones la caída supera los 500 pesos. Así las cosas, de no encontrarse una salida, a la estructural crisis lechera se le sumará la quiebra de los productores de carne. No obstante, la mayor amenaza del contrabando es la pérdida del estatus de país libre de aftosa, en complicidad con la relajación en la vacunación y la corrupción del ICA con las Licencias de Movilización. Hablamos de un costo histórico de un billón de pesos en vacunación, que hemos puesto los ganaderos, del cierre de exportaciones y del futuro de la ganadería. Hacia delante, la alternativa es vacunar, vacunar y vacunar.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2018
*Presidente de Fedegan
Mucho se ha hablado sobre la inconstitucionalidad de la reforma que pretende unificar los períodos de autoridades nacionales y locales, pese a lo cual el Congreso pretende avanzar en esta iniciativa.
Los parlamentarios saben que al final la propuesta no va a sobrevivir pues es imposible asumir el costo político de mantener la incertidumbre sobre las elecciones hasta mayo o junio del año próximo cuando debe terminar de tramitarse el Acto Legislativo.
El 27 de junio se abre el período de inscripción de candidaturas y durante los meses previos a esa fecha la presión de miles y miles de candidatos, al igual que la de las instituciones electorales, generará una tensión tan grande que será imposible mantener vivo un proyecto de esa naturaleza. Esa tensión tendrá un protagonista central, el propio Centro Democrático, que en la última elección local tuvo un desempeño cercano a tan sólo el 10% de la votación y que tiene muy poca representación local. El proyecto de ese partido ha sido avanzar hacia su territorialización porque de esa manera asegura su supervivencia más allá de la vigencia política de Uribe. Ya lo logró en la Cámara donde alcanzaron más del 20% de la representación duplicando su presencia. El CD sabe que es el momento de extender su base territorial y no va a desaprovechar la oportunidad.
El proyecto está destinado a morir y mientras más pronto fallezca mejor, pero la presentación y avance de un proyecto de esta naturaleza revela varios aspectos importantes sobre la naturaleza actual de la política en Colombia y los efectos que ello tiene sobre nuestra democracia.
Lo primero que pone en evidencia es el intento desesperado de varios sectores, especialmente Cambio Radical, de modificar las reglas para facilitar su regreso al poder. Tanto la reforma política que busca unir la primera vuelta a la elección parlamentaria, como la unificación de calendarios son una muestra del desesperado intento de que la maquinaria vuelva a controlar el proceso electoral. Si en la elección pasada se hubiesen aplicado las reglas que ahora pretenden imponer el resultado sería que German Vargas estaría de Presidente y no Iván Duque.
Lo curioso del caso es que los partidos tradicionales, pero especialmente aquel que tiene desde ya candidato para 2022, no han entendido que los que tienen que cambiar son ellos y no las reglas. Muchos esperábamos que el campanazo de la elección presidencial junto con los resultados de la consulta anti corrupción hicieran entender que el cambio social que ha vivido Colombia es incompatible con la forma tradicional de hacer política…pero no.
Una sociedad cada vez menos pobre (y por tanto menos necesitada del clientelismo) más educada y mejor conectada no puede estar representada por partidos que usan el clientelismo y la corrupción como principales mecanismos de reproducción política. Lo que esa sociedad requiere son partidos más programáticos e institucionalizados, más conectados con las nuevas demandas y con las nuevas agendas emergentes, cada vez más visibles gracias al pos conflicto.
Si los congresistas siguen comportándose de una manera que no solo no corresponde a las demandas ciudadanas sino que buscan represarlas y someterlas a sus propios intereses, lo único que van a lograr es terminar de enajenar las clases medias urbanas y los nuevos grupos de interés que han aparecido, los cuales van a reaccionar dando una estocada al sistema de partidos.
Si los liberales, conservadores y la U pretenden seguir copiando la agenda regresiva de Cambio Radical lo único que van a conseguir es ir juntos a la tumba. Así se suicidan los partidos.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2018.
*Exviceministro del Interior
Cuando los colombianos salieron a votar contra la corrupción, se dispararon las alertas de los políticos y politiqueros, porque vieron la aparición de otra patria diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir, con todos los vicios y defectos.
La tan desacreditada “mermelada” estaba seriamente amenazada y las advertencias de que estábamos rumbo al “castrochavismo” y la venezolanización, se debilitaban. Era necesario buscar un nuevo fantasma y qué mejor que octubre para crearlo. Los primeros pasos los dieron el ex vice Vargas Lleras, quien archivó sus rencores y abrió las puertas al senador Uribe, para encontrar el camino adecuado para conservar y fortalecer su poderío.
Ambos, desde luego, negaron semejante acuerdo. Desecharon cualquier pretensión, cualquier arreglo, cualquier alianza. Pero por ahí fue la cosa. Era urgente encontrar una fórmula mágica y certera.
Sin querer queriendo, a alguien se le ocurrió prescribirla por debajo de la mesa y entregarla a la Comisión Primera de la Cámara. Tan preparada estaba la cosa, que allí demoró menos que un confite en la puerta de una escuela. 22 de los 28 representantes la recibieron con alborozo.
Se trata de prolongar por dos años más los períodos de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para que todos los elegidos popularmente permanezcan simultáneamente 4 años en el poder. La comisión de la Cámara aprobó estruendosamente una violación a la Constitución. Los actuales fueron elegidos popularmente para cuatro años por el constituyente primario, no por el Congreso.
Estamos ante una alcaldada aplicada ilegalmente por unos parlamentarios que quieren ver aseguradas por dos años más a sus fichas en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, y con ellas consolidar los contratos y prebendas. Quieren poner a salvo la “mermelada” por dos años más; y de paso legalizar la corrupción. Nunca pensaron, por ejemplo, en unificar períodos, recortando los suyos y los del Presidente por esos dos años.
Si se persigue que todos los períodos se inicien y terminen simultáneamente, debe buscarse otra fórmula que no riña con la Constitución, como lo han advertido el exprocurador Alfonso Gómez Méndez y el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Algunos que actúan con rectitud, han anunciado su renuncia antes de aceptar prórrogas, como lo ha anunciado Camilo Romero, gobernador de Nariño, precisamente para poner a salvo nuestra Carta Magna.
Entre tanto, el país ha entrado en un desorden de legalidad, porque ya hay alcaldes cuestionados cantando victoria, ofreciendo contratos a quienes tienen en sus manos la decisión durante 7 votaciones en Senado y Cámara.
Las fuerzas vivas y los amantes y defensores de la legalidad, del orden y la democracia, deben elevar sus voces exigiendo sensatez a quienes buscan por todos los medios lucrarse y alcanzar poder por caminos diferentes a los que contempla nuestro orden jurídico.
BLANCO: Los análisis y secretos de medio siglo, que consigna Enrique Santos Calderón en su libro “El país que me tocó”.
NEGRO: El cuestionado Contralor de Bogotá.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2018
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
