Opinión
Por Gabriel Ortíz*.-“Me siento moralmente impedido para ser senador”, sentenció con mucha fuerza e hidalguía el expresidente Uribe, cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por soborno y fraude procesal. Tras seis eternos días dio marcha atrás y ordenó al presidente del Senado retener “sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la CSJ deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”.
Previa a esta determinación, había convocado la “corte de rionegro”, en su flamante finca privada para analizar lo que la Corte Suprema de Justicia había ordenado: ¡indagatoria!
Lo más granado y “Granados” de la defensa penal en Colombia se reunió en tan airoso concierto, durante el cual se debía calificar, clasificar y pontificar sobre la decisión de la CSJ. Salieron a relucir muchos alias: tusos, manoleches, caliches, Hamilton, el viejo, chaparrudo y tantos representantes del bajo mundo, el paramilitarismo y el hampa, que se encuentran referidos en el proceso.
Al final de la reunión de la “corte de rionegro”, se conocieron los epítetos, adjetivos, descalificaciones y agravios contra la justicia colombiana. Según ellos, todas las actuaciones de la justicia obedecen a persecuciones políticas.
El “injuriado” expresidente descalificó a tal punto a la Corte Suprema, que recusó a los tres Magistrados encargados de su negocio. No se escapó ninguno. Inclusive consideró que uno de ellos, es indigno para juzgarlo, porque cuando estudiaban, era amigo de un contrincante de Uribe.
Los abogados hicieron coro a las acusaciones del expresidente, para descalificar una vez más a la justicia colombiana. “Muchos miembros de la rama son corruptos, venales, indeseables para la sociedad”.
El hasta ese momento renunciado Senador, actuó como lo ha hecho a lo largo de los ocho años del mandato de quien dicen sus áulicos, fue un traidor. Durante los cuales torpedeó, saboteó, descreditó y calumnió aquí y allá cuanto se hacía en Colombia, sin importarle las consecuencias. Hipnotizó malignamente a los compatriotas de aquí y del exterior a través de falsas noticias, mensajes maléficos en las redes, foros y conferencias.
Esto puede sucederle a Duque, joven figura que puede constituirse en el respiro que esta patria espera, necesita y reclama para salir de la polarización y de la dependencia de quien consideran, algunos, “el político más importante del siglo XXI”.
Afortunadamente no hay mal que dure cien años. Hay una Corte Suprema de Justicia que sin lugar a dudas actuará con la ecuanimidad y absolverá o condenará al doctor Uribe, actuando con toda rectitud.
En buena hora el expresidente, como persona de bien, resolvió retirar su renuncia, someterse al veredicto que como lo advierte, “por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”. Excelente decisión.
BLANCO: La legalidad de los títulos académicos del alcalde Peñalosa.
NEGRO: El torpedo que algunos uribistas aplicaron al nombramiento de embajador a Rodrigo Rivera. ¿Empezó el revanchismo?
Bogotá, D.C, 3 de agosto de 2018.
*Periodista y exdirector del Noticiero Nacional y Radio Super.
Por José G. Hernández *.-El próximo 7 de agosto toma posesión como presidente de la República el Dr. Iván Duque, a quien conocemos como persona honesta y vertical que -esperamos- sin perjuicio de los derechos de la oposición, sea apoyado por los partidos, por el Congreso y por la ciudadanía, respecto a los grandes problemas nacionales –que a todos nos afectan-, para brindar al país eficaces fórmulas de solución que permitan cristalizar los propósitos del Estado Social y Democrático de Derecho.
Es indispensable que -sin necesidad de destruir, desconocer o incumplir lo acordado por el actual gobierno en desarrollo del proceso de paz-, se proyecte e introduzca los correctivos que merecen varias normas dictadas en desarrollo del Acuerdo Final. Como todo se aprobó bajo el apremio y la presión del Ejecutivo, en virtud de un procedimiento acelerado (“fast track”) y sin independencia del Congreso -porque el objetivo oficial, más que en la realidad y sostenibilidad de la paz, estaba puesto en la apariencia de éxito ante la comunidad internacional-, se provocó un caos normativo que ha conducido a la gran inseguridad jurídica hoy existente, particularmente en materia de justicia y en lo relativo a la necesaria satisfacción de los derechos de las víctimas y de muchos desmovilizados.
Asuntos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los linderos de su competencia -que no puede ser omnímoda-, las reglas de juego claras acerca de los procedimientos y de los sujetos sometidos a ella, así como su aconsejable integración a la jurisdicción ordinaria, deben ser cuidadosamente examinados, con criterio jurídico coherente y debidamente informado.
Pero ese no es el único asunto -muy complejo- que debe enfrentar el nuevo jefe del Estado. El territorio está infestado de coca, y los erróneos y permisivos criterios judiciales acerca de la dosis personal han dejado libre el camino a los narcotraficantes para que sigan corrompiendo a la niñez y a la juventud.
Por otro lado, el Gobierno debe enfrentar la realidad en materia económica –que no es tan buena como nos dicen- y superar el engañoso sistema informativo oficial en materias como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, las cárceles y el orden público, que están lejos del paraíso descrito por el Gobierno.
Igualmente, nos deben decir la verdad acerca de las equívocas cifras gubernamentales en el campo laboral, pues -entre otras cosas- pretenden mostrar como halagüeña y real una tasa de disminución del desempleo real sobre conceptos formales o aparentes, como el denominado “empleo no remunerado”.
Muchas fueron las equivocaciones gubernamentales y legislativas en materia tributaria; la enorme carga que soportan las empresas, los profesionales independientes, la clase media y las familias, tiene que ser objeto de estudio, para proyectar unas reformas de trascendencia, que sean democráticas y razonables.
Al desear al gobierno entrante los mayores éxitos en su gestión, le aconsejamos que la emprenda con base en los valores y principios de la democracia, con enfoque realista, en beneficio de los más pobres y de las regiones abandonadas.
Bogotá, D. C, 2 de agosto del 2018
* Ex presidente de la Corte Constitucional
Por Juan Fernando Londoño*.- Culmina el gobierno Santos y con él dos ochenios que han cambiado la historia de Colombia. Para quienes lo hemos vivido, este período ha sido intenso y convulsivo,tanto que hemos quedado divididos en dos bandos, los partidarios de Uribe y su ochenio de la guerra y los partidarios de Santos y su ochenio de la paz.
Pero cuando la historia decante lo que Colombia ha vivido en esta época, es probable que se encuentren más continuidades que rupturas entre uno y otro presidente, al tiempo que se reconozca el tema de fondo: el cierre de un ciclo histórico y los albores de uno nuevo.
La polarización hace muy difíciles los análisis serenos, pero no sobra intentar una mirada más desapasionada a lo que ha significado este período con el cual finalmente termina el siglo XX colombiano. Del mismo modo que los historiadores marcaron el final del siglo XIX en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en Colombia el siglo XX terminó en 2016 con la firma del acuerdo de paz con las Farc y el cierre de la violencia política que caracterizó la anterior centuria iniciada con la guerra de los mil días.
El ascenso de Álvaro Uribe al poder fue producto tanto del fracaso de las negociaciones de paz de Pastrana, como del cambio de paradigma mundial en la lucha contra el terrorismo luego de los ataques a las torres gemelas. Uribe fue presidente y comandante, aglutinó al país en la lucha contra las Farc y recuperó la iniciativa militar del Estado. Como líder militar identificó al enemigo y le endilgó todos los males del país. Quien no estaba de acuerdo con su concepción del mundo era un aliado de los enemigos de la patria. Los matices y las críticas que su gobierno recibía eran simples argucias de los idiotas útiles de la guerrilla. Su visión emocionó a grandes capas urbanas de la población y se convirtió en el portaestandarte de los poderosos.
Su exitoso ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue elegido para continuar su obra de gobierno y terminar con la guerra. Pero la forma como Santos concebía el fin de la confrontación armada no era la misma que Uribe tenía en mente. Para Uribe, la guerra se podía terminar con una negociación, pero lo único que se debía negociar era el desarme del enemigo. Si para lograrlo era necesario hacer unas concesiones estas no debían afectar el statu quo, pues mantener el orden prevaleciente fue siempre la razón por la cual el establecimiento hizo la guerra.
El problema de la visión de Uribe era que requería un enemigo derrotado y sin capacidad de exigir condiciones. En su hábil narrativa, la victoria militar era cuestión de meses, no de años. Por eso se hizo reelegir en 2014 e intentó lo mismo en 2018. Una guerrilla derrotada tendría que aceptar la generosidad del bando triunfador, dispuesto a conceder incluso impunidad a los guerrilleros pero jamás a aceptar las propias responsabilidades durante los años de guerra. Uribe, el mejor político colombiano de la historia reciente, convenció a la opinión pública de que terminar la guerra sin reconocer responsabilidades no sólo era posible, sino lo políticamente correcto, pues no se podía comparar a las fuerzas armadas, que siempre defendieron a los buenos, con la guerrilla, que solo representaba una causa criminal.
Santos sabía que detrás de esta narrativa solo se ocultaba la prolongación de la guerra. Las Farc no estaban derrotadas ni dispuestas a aceptar una oferta limitada a discutir la dejación de las armas. El dilema real era continuar la guerra o abrir la puerta para una negociación. Santos, el estadista, prefirió acelerar la finalización de la confrontación abriendo la puerta a una negociación que fuese más allá del desarme de la guerrilla. El fin de la violencia política debía ocuparse también de ayudar a remover las condiciones que hacen de Colombia una tierra fértil para resolver los conflictos con las armas.
La gran estrategia de Santos consistía en cerrar el siglo XX y abrir la puerta a una etapa de transformaciones institucionales. Lo que nunca logró fue conectar esa visión con el imaginario popular. Al frente suyo, Uribe, el político, permanentemente recordaba a la opinión que las guerrillas eran simples organizaciones criminales y que cualquier concesión era una claudicación. Detrás de Uribe, un poderoso establecimiento, sin ninguna intención de renunciar a sus privilegios, estuvo siempre dispuesto a apoyarlo en su lucha contra los contenidos del acuerdo firmado con las Farc.
Sin Uribe, el político, no hubiese sido posible que Santos, el estadista, hubiese cerrado el conflicto armado para terminar con la historia de la violencia política en Colombia. Pero Santos, el estadista, nunca tuvo la capacidad de convencer a la mayoría de la sociedad de la bondad y la pertinencia de un acuerdo de paz que no solo desarmaba a las Farc sino que abría la puerta a una era de transformaciones. Por eso, luego de dos ochenios, el estadista se va, mientras el político se queda para evitar que el acuerdo de paz afecte el statu quo por el cual el establecimiento libró la guerra.
Bogotá, D.C, 1 de agosto de 2018.
*Exviceministro del Interior
Por Jairo Gómez*.-Es peligroso subestimar el poder del odio ahora que desde la orilla del uribismo, en confabulación con un arsenal de columnistas, se pretenda acorralar a la Justicia tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de llamar a indagatoria al máximo líder del Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe Vélez.
Toda clase de epítetos se han lanzado contra los tres magistrados a quienes se les acusa de ejercer la “justicia espectáculo” y de “perseguir” al senador del CD. Uribe fue por lana y salió trasquilado. Su estrategia fracasó. Quiso avasallar a su adversario político y aniquilarlo - el senador Iván Cepeda- y no pudo. Un debate que era nítidamente político lo judicializó y buscó por todos los medios abatir jurídicamente a su contradictor. Cometió un craso error: prefirió ignorar la confrontación dialéctica, la de los argumentos, para, cautivado por el odio, dar una batalla en los tribunales, que va a perder. Él mismo, Uribe, judicializó su vida política. Al parecer, las pruebas en su contra son contundentes y por ello debe responder. “El que la hace la paga”, dijo en campaña su pupilo y hoy presidente electo, Iván Duque.
No se trata de una “revancha judicial” como lo han querido presentar los seguidores del exmandatario, se trata de que la CSJ le devuelva la dignidad a la administración de justicia y acabe con el mito de que “la justicia es pa´ los de ruana”. Seguramente muchos de los simpatizantes, arropados por los parlamentarios del CD y sus aliados en los medios de comunicación, se movilizarán instigando el odio contra la corte para propagar una matriz de opinión virulenta y atiborrada de desprestigio; acción que debe censurarse porque la justicia, en cualquier caso, debe actuar sin presión y con independencia.
Tal vez nada de esto debiera sorprendernos. No le achaco a la llamada polarización el comportamiento de ciertos sectores que hoy se solazan lanzando toda clase de epítetos contra la corte, responsabilizo de esto a quienes prohíjan el paradigma de que el jefe hace cuanto quiere; se mofa, deshonra y humilla a quien quiere y cuando quiere. Esa es la retórica que buscan vender; una retórica que tiene un amplio mercado y la gente lo compra sin chistar. Escenario peligroso; es como jugar con candela.
No se trata de “al caído caerle”, pero este hecho debe servir para aplicar justicia genuina, sin miramiento alguno y más allá del poder que pueda ostentar el sindicado. Esa justicia es el verdadero sustento de una democracia; de una sociedad decente.
Por supuesto, el senador Uribe, como cualquier otro colombiano que afronta problemas judiciales debe contar con todas las garantías procesales y recurrir a los argumentos de ley para controvertir a la corte, pero lo que no puede es deslegitimar institucionalmente a su juez natural renunciando a su investidura como senador, para evitar, supuestamente, esa instancia judicial.
La Constitución del 91 es un estatuto garantista que se fundamenta en el Estados social de derecho, ahí encontrarán el senador Uribe y sus abogados las herramientas adecuadas para salir del laberinto judicial que lo tiene contra las cuerdas o aceptar, como debe ser, la decisión de los tribunales se esté o no de acuerdo.
Bogotá, D.C, 31 de julio de 2028
*Periodista
@jairotevi
Por Amylkar Acosta.- “Conocí también las retroexcavadoras que cargaron de lodo y mercurio las aguas cristalinas y cargadas de peces hoy envenenados en los ríos Yanacué, el Bogue, el Támara y el Ité”: Padre Francisco de Roux.
A partir del día 16 de julio, queda terminantemente prohibido el uso del mercurio en a actividad minera en Colombia, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1658 de 2013, conocida como la Ley del Mercurio y el Decreto 2133 de 2016, que así lo dispuso. Con base en esta normatividad se estableció el Plan Único Nacional de Mercurio con el fin de articular el accionar de siete ministerios para su implementación, al tiempo que se establecieron mecanismos de control así a la importación como a la comercialización del mercurio, a través de un Registro único, al igual que los productos que lo contengan. El propósito era uno sólo eliminar paulatinamente su utilización hasta erradicarlo. Lo propio deberá darse en la industria que lo utiliza en sus procesos productivos para fabricar baterías, bombillas eléctricas, equipos electrónicos, tales como monitores LCD, así como instrumental que se utiliza tanto para los procedimientos médicos como odontológicos, a partir del 2023.
El mercurio es una sustancia química tóxica, líquido como el agua y brillante como la plata, supremamente nociva para la salud y dañina para el medio ambiente, afecta los pulmones de quienes están expuestos a su inhalación al evaporarse mientras se manipula, liberándolo y causando estragos neurológicos a quienes consumen pescado contaminado con mercurio, el cual se transforma por bacterias en metil-mercurio en el lecho de los ríos y quebradas. De hecho, según cifras oficiales, entre los años 2007 y 2011 se registraron 666 casos graves de intoxicación a causa del mercurio, de los cuales 511 en Antioquia. Por ello el mercurio es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los diez productos químicos más críticos para la salud pública. Y no es para menos, dado que su afectación se extiende a toda la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos) y a toda la cadena alimentaria, de especie en especie, con un impacto devastador. La mayor afectación recae sobre las mujeres embarazadas, lactantes y la niñez, pues provoca malformación del feto, así como trastornos irreversibles a temprana edad.
En Colombia se utiliza el mercurio fundamentalmente en la extracción del oro, ya sea de veta o de aluvión y sirve para separar el Oro de la escoria. No deja de ser curioso el hecho de que el mercurio (Hg) es vecino del oro en la tabla periódica. En las principales regiones mineras (Antioquia, Nariño, y Chocó) se concentran las mayores emisiones de este letal mineral, con 318 puntos identificados. Esta es parte de las malas prácticas de la extracción ilícita de los minerales en Colombia, que no es menor si tenemos en cuenta que para el 2017 de una producción de 41.06 toneladas, equivalentes a 1’349.000 onzas de oro troy, solo el 19.93 % de ellas provino de explotaciones formales. De allí la preocupación en el sentido que con la entrada en vigor dispuesta por la norma legal, esta sólo se aplique únicamente a la minería formal, mientras la extracción ilícita de los minerales continúe fuera del radar de las autoridades y por ello mismo fuera de control. También se utiliza para la aleación del oro con otros metales y por muchos años se empleó en la odontología para las amalgamas, para las famosas calzas en la dentadura, práctica esta que se abandonó por razones de salud.
Colombia llegó a ocupar el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo, después de China, en el uso del mercurio (180 toneladas/año). Con la fiebre del oro que despertó la escalada alcista de su cotización en los mercados internacionales, pasando de US $260 la onza en marzo de 2001 a US $1.739 en 2011, se acrecentó la actividad para extraerlo a como diera lugar. Según cifras del IDEAM, en el sólo año 2014 se arrojaron a las fuentes hídricas, ríos y sus afluentes, quebradas, contaminando el agua y el suelo, alrededor de 200 toneladas.
El efecto inmediato de esta medida será el cierre a la importación legal de 95 toneladas/año, aproximadamente, que ya se había reducido a sólo 5 toneladas/año, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pero se teme que la entrada de contrabando a través de la frontera del mercurio al país siga desenfrenada. Según el experto en el sector minero Mauricio Cabrera “lo que ha sucedido es que el mercurio proveniente del mercado negro se ha encarecido. Antes un kilo costaba $150 mil y este momento está bordeando los $800 mil”. Como corolario, la contundencia de la Ley en la proscripción del empleo del mercurio en Colombia dependerá de la eficacia con que se combata a las estructuras criminales ligadas a la actividad extractiva depredadora y del éxito de los programas de formalización y reconversión de la pequeña minería, tradicional y ancestral, que pulula en el país, las cuales se procuran el letal elemento con el remoquete de “azogue”, para utilizarlo en sus rudimentarios procesos.
La mayor reticencia para el cumplimiento de la Ley ha sido que la prohibición de la importación y uso del mercurio puede significar la parálisis de la actividad minera, así como la pérdida de empleos e ingresos. Pero, está demostrado que sin mercurio también hay paraíso. Hace rato, desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, se han venido planteando métodos alternativos de separación y atrapamiento del oro, amigables con el medio ambiente, mediante técnicas gravitacionales, las cuales incluso permiten mejorar la eficiencia de la extracción, pasando de un 45 por ciento de recuperación del precioso metal (con mercurio) a un mínimo de 95 por ciento. Según Óscar Jaime Restrepo, docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, “esa técnica limpia, basada en la utilización de la densidad del oro como propiedad, se basa en la separación usando la gravedad. Procesos gravitacionales. También hay flotación”. Restrepo aseguró, además, que “mediante estas técnicas los mineros van a conseguir más oro y no van a contaminar el ambiente. Asimismo, indicó que con la socialización de ese tipo de técnicas gravitacionales se ha logrado reducir el uso del mercurio”.
Además del imperativo de la Ley, Colombia es signataria del Convenio de Minamata, cobijado por Naciones Unidas, suscrito en octubre de 2013 en Japón y ratificado por el Congreso de la República, mediante 1892 del 11 de mayo de 2018, la cual sigue pendiente del pronunciamiento de la Corte Constitucional, por tratarse de la ratificación de un Convenio internacional. Se espera que para el 19 de noviembre, cuando tendrá lugar la segunda Conferencia de las Partes se haya surtido dicho trámite con el fin de que Colombia pueda participar en la misma con voz y voto tanto en las negociaciones como en las determinaciones que se habrán de tomar tendientes a su reglamentación e implementación. Al suscribirlo el país adquirió el compromiso con la comunidad internacional de “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”. Como lo manifestó el titular del MADS Luis Gilberto Murillo, “el país supera las exigencias internacionales del Convenio de Minamata sobre Mercurio, que no estableció una fecha de erradicación del uso de este elemento en la minería a nivel mundial”. Esta, por lo demás, es una muestra palmaria del compromiso y adhesión de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Sólo con la aplicación de medidas tan drásticas como las que ha tomado Colombia, de prohibir su uso en la minería y el tráfico ilegal del mercurio, se podrán evitar mayores estragos de los que ya ha causado el uso y el abuso del mercurio y sus secuelas. Ahora lo que sigue es que el Gobierno se proponga y lo logre erradicar la extracción ilícita de minerales, a las que están vinculados grupos armados al margen de la ley, que tienen en esta actividad una de sus principales fuentes de financiamiento.
Concomitantemente se debe proseguir con los programas que buscan su erradicación voluntaria, de la mano de los pequeños mineros, sus cooperativas y de los consejos comunitarios, tal como se va venido avanzando en Antioquia. En agosto de 2017 fue expedida la Ordenanza número 24 que propende por las buenas prácticas en la actividad aurífera mediante el fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento e investigación aplicada, gestión para el cambio y, lo que es más importante, la educación y sensibilización de las comunidades. El Plan Andes Cero Mercurio, aupado por el Municipio de Andes y la Universidad de Antioquia a través de un Convenio para erradicar el uso del mercurio en la minería ha servido de piloto. Participan de él 110 mineros, todos ellos reciben además de la capacitación el financiamiento para que accedan a usar tecnologías para una minería amigable con el medio ambiente. Ha sido tan exitoso que ninguna de las 12 plantas artesanales que operan en el municipio de Andes se usa mercurio en este momento. Este es un ejemplo digno de imitar.
Bogotá, D. C, 31 de julio de 2018
*Exministro de Minas y Energía de Colombia
Por Guillermo García Realpe*.- Por octava vez hizo su ingreso el pasado 20 de julio al salón Elíptico del Capitolio Nacional el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, era su última intervención frente al Congreso Pleno.
Todo el legislativo estaba atento a las palabras de despedida del primer mandatario, palabras que aprovecho para hacer un resumen generalizado de su obra de Gobierno basada en los ejes del fin del conflicto con las FARC, empleo, disminución de la pobreza y los avances en materia educativa.
Sin duda, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el cual concluye este próximo siete de agosto, ha sido uno de los más acertados en diversos campos. Santos logró neutralizar a la guerrilla más vieja del continente y lograr un acuerdo de Paz con las FARC, ahora convertidas en partido político. Para muchos este fue el principal tema para que la popularidad del mandatario fuera baja casi durante todos sus períodos de gobierno, pero como él mismo lo decía en su discurso de despedida “la popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar… ¡a cambio de una sola de esas vidas salvadas!”, frase que comparto plenamente. Nada está por encima de la vida de seres humanos.
Este fue un gobierno reformista y de derechos que brindó todas las garantías a las minorías, a la oposición, a las etnias, en fin fue un gobierno incluyente, por algo este actual Congreso es de los más diversos, pluralistas, participativos de los últimos 208 años de vida Republicana de nuestro país. Este es un Congreso multicolor, donde una decena de partidos hoy están representados con diversos matices ideológicos, con voz y con voto y como verdaderos voceros del pueblo colombiano.
Uno de los mejores legados que le deja el Presidente saliente a nuestro país, es la Paz con las FARC, hecho que ha permitido salvar miles de vidas de nuestros policías y militares, hoy las camas del Hospital Militar en Bogotá, están vacías, ya no llegan nuestros héroes heridos o en el peor de los casos mutilados por el accionar de la guerra.
Hoy las FARC están disparando ideas, propuestas y no balas que cegué la vida de colombianos inocentes, y yo sí prefiero este escenario y no el de la violencia y el de la hostil guerra.
En materia de seguridad aún quedan muchos retos por delante, nos espera avanzar en diálogos de Paz también con el ELN, acoger en el marco de la Ley de sometimiento a la justicia al Clan del Golfo y a otras bandas criminales que siguen generando violencia en nuestras regiones, neutralizar las disidencias, minimizar los fenómenos de inseguridad ciudadana, el boleteo y la extorsión que aún afecta a varias regiones del país. En este frente no podemos bajar la guardia y se requiere un esfuerzo conjunto de todos los colombianos para rodear a nuestras instituciones y apoyarlas en su lucha también contra el narcotráfico, ese grave flagelo que no sólo afecta a Colombia, sino al hemisferio y a otros muchos países.
La muerte sistemática de nuestros líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos es de un cuidado supremo, el nuevo Gobierno debe ofrecer todas las garantías para prevenir este exterminio que sigue enlutando cada vez más a humildes familias de compatriotas.
En la parte laboral, hoy tenemos a 22 millones 500 mil colombianos con trabajo formal, aún quedan dos millones sin trabajo y ese tiene que ser otro de los grandes retos por superar en el corto y mediano plazo. En los últimos seis años consecutivos se cumplió con la meta de reducir el desempleo a un dígito.
El otro eje referente a la disminución de la pobreza superó todas las expectativas, durante el Gobierno del Presidente Santos, 5 millones 400 mil colombianos salieron de la pobreza, la tarea es seguir combatiendo este fenómeno social para sacar de esta penosa situación a más colombianos, sobre todos aquellos que habitan en las periferias de nuestro país.
En materia educativa, las metas se cumplieron también a cabalidad, el Gobierno garantizó gratuidad en la educación desde cero hasta el grado once, 40 mil jóvenes pudieron ingresar a las mejores universidades del país gracias al programa “Ser Pilo Paga”, se mejoró la infraestructura educativa y se logró más cobertura en informática, antes la cifra era de 24 estudiantes por computador, ahora es de 4 estudiantes por computador, lo que mejora la calidad educativa y el aprendizaje. Se logró dar cobertura también en internet de banda ancha a todos los municipios del país.
En salud, la mortalidad infantil cayó, se regularon los precios de más de 2600 medicamentos, aunque falta seguir combatiendo a fondo la corrupción del sistema y optimizar el servicio.
En vivienda también fueron evidentes los logros de Santos, un millón 800 mil familias lograron el sueño de tener casa propia, de esa cifra 275 mil viviendas fueron bajo la modalidad del programa de Casas Gratis, más de 14 millones de colombianos lograron acceder a agua potable y saneamiento básico y otros tres millones lograron el servicio de gas domiciliario.
La lista aún es larga, pero con satisfacción puedo decir y soy testigo que éste Gobierno también le cumplió al país en vías e infraestructura, en el cuidado y la protección del Medio Ambiente, en lograr que en el mundo nos vean con otros ojos, las relaciones internacionales fueron inmejorables, ahora los colombianos podemos visitar 91 países sin que noes exijan visa, logramos ingresar al selecto grupo de la OCDE, nos convertimos en aliados de la OTAN y conformamos la Alianza del Pacífico, junto a México, Perú y Chile.
En términos generales el legado del Presidente Juan Manuel Santos, es histórico, un Presidente que se jugó todo su capital político para alcanzar la Paz con las FARC y para darle niveles de sostenibilidad al país merece ser recordado siempre, ojalá al término de un par de años no nos haga falta.
Bogotá, D. C, 29 de julio de 2018.
*Senador Liberal de Colombia
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera*.- El documento de propuestas del Consejo Gremial Nacional al presidente electo va en contravía del creciente consenso que se ha venido creando en Colombia y en el mundo entero sobre la prioridad que deben tener en las políticas públicas la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Parece más bien un documento de los asesores de Trump, no por lo que dice, sino por lo que deja de decir.
Los gremios parten de la definición de las prioridades que debe tener el país en la actual coyuntura: “el incremento necesario de la productividad y la competitividad, las restricciones fiscales, las buenas prácticas y compromisos internacionales, la lucha contra la corrupción, la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada y la economía de mercado”.
Nadie puede cuestionar que esos temas son prioritarios y deben estar incluidos en cualquier agenda de gobierno. Lo cuestionable del documento gremial es la no inclusión de otras prioridades que no solo deben ser parte de toda agenda gubernamental, sino que ocupan un lugar destacado dentro del programa del presidente electo, Iván Duque.
Son mínimas en el documento las referencias a los problemas de la desigualdad y la pobreza en Colombia; de hecho la única mención a ellas dentro del consenso sobre lo prioritario es citando las recomendaciones de buenas prácticas de la OECD. Además es increíble que en pleno siglo XXI se siga viendo la pobreza como un problema de actitud de los pobres que no quieren salir de ese estado: “El CGN considera que la lucha contra la pobreza debe abordarse de una manera asertiva generando incentivos para que las personas mejoren su calidad de vida.”
Por eso es creciente la atención que muchas empresas dan al tema de la Responsabilidad Social y, por ejemplo, para el Consejo Privado de Competitividad “uno de los objetivos transversales y esenciales tiene que ver con todo el tejido social, es decir, cómo logramos tener un país con una paz sostenible, donde no haya brechas, inequidades de género, ni de clases; donde todos quepamos”. El Consejo Gremial va en otra dirección.
Uno de los tres pilares de los programas de Iván Duque es la Equidad. A lo largo de toda la campaña electoral, y también después de ser elegido, ha insistido en que su objetivo es “la construcción de un gran ‘Pacto Nacional’, entre todos los sectores sociales con el objetivo de unir el país, derrotar la pobreza, e incrementar el bienestar de toda la sociedad”.
Por Juan Manuel Galán*.- El martes 24 de julio, el país se sorprendió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre investigar al expresidente y senador -hasta que la plenaria del Senado le acepte la renuncia- Álvaro Uribe Vélez y al Representante a la Cámara por su colectividad Álvaro Hernán Prada. Lo anterior, para que respondan por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, luego de que el alto Tribunal se abstuviera de abrir investigación contra el Senador Iván Cepeda por falsos testigos, ya que encontró que el demandante –Uribe Vélez- al parecer, con su consentimiento, personas allegadas a él, cometieron actos de manipulación de testigos en contra del Congresista del Polo Democrático.
El presunto testigo, que según parece fue forzado a cambiar su testimonio, es el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, miembro del Bloque Metro de las Autodefensas, que operaba principalmente en Medellín, responsable de varias masacres contra la población civil, de narcotráfico y contrabando de gasolina. Por la gravedad de las conductas que realizaba, es importante resaltar la voluntad y el compromiso que ha mencionado Monsalve de contar toda la verdad, no solo en este proceso sino en muchos más en los que se encuentra vinculado.
Al respecto, cabe señalar que una puerta importante se abre para que las más de las 1.8 millones de víctimas del paramilitarismo -de las cuales 1.5 millones son por desplazamiento forzado- vean que después de trece años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y de la extradición de los jefes de los bloques, la justicia en nuestro país “cojea, pero llega”.
Por estos motivos, apoyo la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avanzar en sus investigaciones, pues es fundamental para el esclarecimiento de los más de 100 mil casos que no han sido resueltos. Así, los invito a que continúen con la investigación y no caigan en el chantaje del señor Monsalve que anuncia que dirá toda la verdad si es acogido por la JEP. Ese deber es inmediato para y por las víctimas.
Bogotá, D. C, 28 de julio de 2018
*Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia transita por una línea delgada que podría llevarla a insospechados y tenebrosos destinos. El personaje central: el justiciero juzgado. Objetivo: justicia a mi manera.
El libreto de esta tragicomedia entró en pleno desarrollo esta semana cuando el personaje central acudió a los términos dignidad, descrédito, desacato, renuncia y decoro. El expresidente y actual senador Alvaro Uribe sorprendió al país cuando anunció su retiro de la Cámara Alta, no sin antes acusar a la justicia de mancillarlo y lesionar su dignidad, término que significa “decoro en la manera de comportarse”, es decir honor, respeto y reverencia que se debe a una persona o a una institución.
La CSJ lo llamó a indagatoria por haber encontrado motivos suficientes para involucrarlo en la comisión de delitos de fraude procesal y soborno, que lo comprometen, junto con su hermano en la creación, financiación y conducción de grupos paramilitares. Además de endilgar al senador Iván Cepeda el manejo de falsos testigos, amén de otros delitos denunciados por el colega Daniel Coronel en la revista Semana.
Todo lo anterior ha afectado la “dignidad” del doctor Uribe, quien ha anunciado, por ello, su retiro del Senado, a donde llegó con una abundante votación.
El líder y sus abogados la emprendieron contra la justicia, sin decoro alguno, buscando su disminución y pérdida de reputación, eludiendo sin piedad el debido respeto que merece esa rama del poder.
Se ha cometido un desacato, ya que cuando se desconoce o se busca eludir el derrotero natural de un proceso, se amenaza la autoridad. El expresidente busca una justicia a su manera, a su medida.
Hasta ahí la primera parte de la comedia, porque ya está listo el telón que nos llevará a un segundo episodio. Hasta el momento de escribir esta columna, la renuncia del doctor Uribe no se conoce. Sus adoloridos seguidores, empiezan a preparar un movimiento nacional de respaldo al líder obligándolo a mantenerse en el Capitolio, aunque ello aleje a la fiscalía de asumir su caso.
El desgaste del dirigente no se queda ahí. Las fuerzas de las aguas contaminadas arropan otros sectores. El Centro Democrático y sus figuras saldrán golpeados por la arrogancia que se aprecia en las huestes de un uribismo triunfador en las pasadas elecciones y desde luego que pueden deteriorar la buena imagen y los buenos propósitos deseos de un electo presidente que quiere hacer las cosas lo mejor posible, como se aprecia en las primeras de cambio.
Este es el panorama que vive un país al que quieren manejar colocándolo erróneamente entre la dignidad y el descrédito, para impedir que la justicia actúe.
BLANCO: El freno a la voracidad alcabalera de Peñalosa: no a sobretasa a parqueaderos.
NEGRO: La triste partida de dos caballeros. Dos Gustavos: De Greiff que le dio cuerpo de honor a la Fiscalía y Cárdenas, hombre de las comunicaciones que brilló en la televisión.
Bogotá, D.C, 27 de julio de 2018.
Por José G. Hernández.* Según el artículo 185 de la Constitución, los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, pero “sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”.
El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución establece que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tiene a cargo la función de “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular (subrayo); ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.
El numeral 10 del artículo 41 de la Ley 5ª de 1992 (Orgánica del Reglamento del Congreso) ordena a las mesas directivas de las cámaras “darles cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas”.
Según el artículo 73 de la misma Ley, “al congresista que faltare al respeto debido a la corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta, por el presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes: 1. Llamamiento al orden; 2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debidos; 3. Suspensión en el ejercicio de la palabra; 4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, y 5. Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un (1) día y hasta por un (1) mes, previo concepto favorable de la mesa directiva”.
El artículo 168, numeral 2, de esa Ley contempla, como deber de todo congresista, “respetar el reglamento, el orden, la disciplina y cortesía congresionales”.
El artículo 269 prevé como faltas de los congresistas: “1. El desconocimiento a los deberes que impone este reglamento. 2. El cometer actos de desorden e irrespeto en el recinto de sesiones”.
Por su parte, el artículo 270 consagra, como sanciones la “declaración pública de faltar al orden y respeto debido”, la “suspensión en el uso de la palabra por el resto de la sesión” y el “desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar el orden”.
De todo lo cual resulta que sí hay un régimen disciplinario para los miembros de las cámaras, y la previsión de sanciones para aquellos que irrespetan el recinto, a los colegas (que son representantes del pueblo) y a la dignidad de la República y de sus instituciones.
El acto bochornoso y grosero de un senador el pasado 20 de julio, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso -en pleno recinto del Senado, ante el país y el mundo- constituye una falta disciplinaria que debe ser sancionada para que no se repita. Pero, ante todo, es una ofensa al Congreso y a la Nación. No se puede pasar por alto, menos con la torpe excusa según la cual el acto de irrespeto buscaba hacer pedagogía para imponer orden.
El senador en cuestión tiene que saber que “no todo vale” para lograr unos objetivos loables, como algún ex candidato a la presidencia de la República lo dijo con acierto en el pasado. No es válido lo que ahora hizo, y le debe al país, al menos, una disculpa.
Bogotá, D. C, 256 de julio de 2018.
* Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia.
