Opinión
Por Juan Fernando Londoño*.-El próximo domingo sabremos el tamaño de la sociedad civil en Colombia. La democracia requiere instituciones, procedimientos… y ciudadanos. La ciudadanía existe cuando los miembros de una sociedad son capaces de ejercer sus derechos y responsabilidades. Lamentablemente, por diversas razones, los colombianos tenemos una capacidad limitada para ejercer nuestros derechos políticos y en particular el derecho al voto, por esto Colombia es uno de los países con más alta tasa de abstención electoral en el mundo.
Por primera vez tenemos la oportunidad de acudir a las urnas con el fin de manifestarnos contra la corrupción, que es uno de los peores males de nuestra democracia aunque enfrentamos el gran reto de conseguir un umbral casi imposible. Por eso quienes defienden los intereses del estatus quo andan haciendo campaña para que la gente no vaya a votar, en lugar de dar un debate leal sobre lo que no les gusta de la consulta. Si el voto fuese obligatorio la situación sería muy distinta. No cabe duda que quienes se tomen el trabajo de ir a los puestos de votación lo harán mayoritariamente para apoyar el contenido de las 7 preguntas de la consulta. El desafío del domingo es conseguir que esa gigantesca indignación que sentimos los colombianos contra quienes se roban nuestros recursos se transforme en una acción decidida de los ciudadanos.
Los resultados de la consulta se miden en dos niveles. Por un lado, el efecto político del mensaje que implica una votación masiva de rechazo a la corrupción y por el otro, el efecto jurídico que genera cada punto al ordenar al congreso legislar sobre la materia. El resultado de la consulta es un mandato político, no un mandato jurídico. El Congreso tendrá la posibilidad de configurar la voluntad de los ciudadanos plasmando en leyes -de la manera más leal posible con el sentido del mandato- las precisiones, ajustes y desarrollo que requiere materializar cada uno de los puntos de la consulta.
Algunos, de buena fe, por ejemplo, han dicho que votarán No al punto 1 de la consulta porque lo consideran inconstitucional. Esta aproximación es equivocada. La pregunta no es si consideramos constitucional reducir los salarios de los congresistas, sino sobre si estamos de acuerdo con ese mandato o no. La consulta no es un test para ver que tanto saben los ciudadanos de derecho constitucional. Lo que el ciudadano expresa es una decisión política. Las implicaciones de la pregunta 1 en particular han resultado tremendamente polémicas, con buenas razones para votarla a favor o en contra, pero lo que es inevitable es que si la pregunta alcanza el umbral se debe abrir un debate sobre toda la estructura salarial de los funcionarios del Estado. Y de eso se trata justamente.
En el año 1991 se decidió atar la remuneración de los magistrados a la de los congresistas para reivindicar la justicia y garantizar que los jueces no tuvieran un tratamiento salarial de segunda. Esa norma, llena de buenas intenciones, ha generado una casta de funcionarios que se benefician mutuamente de unos salarios exorbitantes comparados con lo que reciben los colombianos del común. Y lo peor es que en el caso de los congresistas, muchos ni siquiera asisten a las sesiones que es lo mínimo que deben hacer para cumplir con sus obligaciones. Y en el caso de los magistrados en muchos casos su trabajo es cada vez más lento e ineficiente. Justicia tardía es justicia inexistente.
Yo votaré sí a todos los puntos de la consulta, y votaré el punto 1 para que abramos un debate serio sobre las escalas salariales, los beneficios no salariales (carros, escoltas, etc) que recibe una élite de privilegiados en el país, que ni siquiera cumple con eficacia sus funciones.
El domingo no habrá transporte, no habrá lechona, no habrán camisetas ni gorras, ni pregoneros, ni parafernalia. Sólo ciudadanos conscientes de sus obligaciones en democracia y con la oportunidad histórica de transformar su indignación en acción. Espero que usted, amigo lector, nos acompañe en ese grupo.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2018.
*Exviceministro del Interior
Por José G. Hernández*.- La Corte Constitucional ha proferido el fallo mediante el cual, de manera oficiosa, revisó el proyecto de ley estatutaria aprobado en el Congreso respecto a la regulación de la administración de justicia por parte de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-.
Aunque no se conoce el texto final de la providencia, algo ha informado sobre su contenido el magistrado ponente.
En su mayoría, el contenido de las normas objeto de examen se encontró ajustado a la Constitución y en especial al Acto Legislativo 1 de 2017, que creó esa jurisdicción especial. Se supone que esto permitirá que se superen las dificultades creadas respecto al funcionamiento de la JEP en razón de la precipitada posesión de sus magistrados y de la iniciación de sus actividades sin contar con un estatuto que la estructurara en debida forma.
Es necesario esperar el texto de la sentencia para hacer un estudio de fondo sobre sus alcances y repercusiones. Ello no impide consignar nuestras primeras opiniones en torno al punto objeto de mayor controversia: el referente a la violencia sexual ejercida por ex miembros de las Farc sobre mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Según lo informado, la Corte declaró inexequible la disposición que había remitido a la justicia ordinaria los procesos por delitos sexuales, por entender que el Congreso carecía competencia para señalar penas distintas a las previstas en el Acto Legislativo.
Con todo respeto debo decir que, si hubiera sido magistrado de la Corte en el presente, habría depositado salvamento de voto, pues en la norma estatutaria no se advierte vulneración alguna, ni del Acto Legislativo 1 de 2017, ni de otros preceptos constitucionales.
No se entiende la razón para que, a la luz del Acuerdo de Paz y de las normas constitucionales, la justicia para delitos comunes tan graves como esos -ajenos por completo al conflicto, a la lucha revolucionaria y al delito político- deba ser impartida por la JEP y no por la jurisdicción ordinaria. Si eso es lo que falló la Corte Constitucional -habrá que estudiar el texto-, lo respetamos pero no lo compartimos, porque corresponde a una inconcebible impunidad para hechos del todo abominables.
Se entiende, según los términos del aludido Acto Legislativo, que la Jurisdicción Especial de Paz está prevista para procesos alusivos a conductas delictivas cometidas antes del Acuerdo Final por quienes participaron en el conflicto armado, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos, pero –claro está- “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
De ninguna manera se desprende de la norma la inclusión, en tal categoría, de aquellos delitos completamente extraños –directa e indirectamente- a los de rebelión, sedición o asonada. Porque, para rebelarse contra el Estado, o para adelantar la lucha guerrillera por motivos o ideales políticos o ideológicos, no era necesario violar a mujeres o a niñas, niños o adolescentes.
Con todo respeto: si eso dice la Sentencia, se equivocó la Corte Constitucional.
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Luis Eduardo Castellanos*.- Los hechos sucesivos de múltiples muertes a dirigentes sociales, bajo la modalidad de asesinato selectivo, muestra una realidad palmaria, cual es que en Colombia se le sigue temiendo más a las ideas que a las armas, pues todos estos crímenes contra dirigentes sociales, líderes de protección de derechos humanos, dirigentes sindicales y las múltiples amenazas que arrecian hoy en el país, señalan el quebrantamiento a la tolerancia y al pluralismo que como principios fundantes se establecieron en nuestra Constitución, cuando se le dio la categoría de Estado Social de Derecho a Colombia.
No es gratuito hoy la preocupación internacional, que desde diversos organismos para la protección de los derechos humanos se han venido expresando, como es, que tales hechos puedan repercutir sobre el proceso de paz en un escenario de incertidumbre en materia de seguridad, lo cual puede conducir al alejamiento de la posibilidad de inversión en el país, mejora y crecimiento del sistema productivo y por consiguiente una mejora sustancial en términos económicos y sociales para la población mas vulnerable, muy a pesar de las críticas y las posturas radicales desde diversos sectores que plantean que el mismo, fue un esfuerzo inútil al haber logrado el acuerdo para la desmovilización de las FARC, y poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en el país, y que como solución práctica frente a las falencias que pudiese tener este acuerdo se hace necesario el revivir la confrontación armada a cualquier costo.
De arreciar el conflicto armado, hoy conjurado bajo el acuerdo suscrito en la Habana por parte del gobierno del Dr. Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionaras FARC, que participaron como voceros de dicho movimiento, sería un grave retroceso histórico y un hecho imperdonable ante la comunidad internacional que avalo esta iniciativa de paz.
Frente a este tema resulta importante la decisión de la Corte Constitución expresada en la Sentencia T-205A/18, en dicha providencia el máximo Tribunal Constitucional, exhorta a la Unidad Nacional de Protección, para que se den respuesta inmediatas ante la solicitud de amenaza que formulen los líderes sociales, comunales, sindicales, de comunidades indígenas, activistas de derechos humanos, que sean objeto de amenaza, logrando por parte de dicha institución una medida efectiva de protección para salvaguardar sus vidas, quedando entonces evidenciado en dicha decisión la indiferencia de este organismo frente a las solicitudes de protección elevadas por parte del accionante de este mecanismo constitucional.
Y no es solo lo expresado por parte de la Corte Constitucional, sino igualmente, en el contexto internacional el pronunciamiento efectuado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas, quien ha llamado la atención de la comunidad internacional en forma categórica, frente a la grave situación que están viviendo en el Colombia los líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, que vienen siendo asesinados y en donde la mayor preocupación que se expresa por parte del alto comisionado, es la pasividad frente a este proceso de investigaciones y la continuidad en aumento de estos hechos de sangre.
Aspecto estos que muestran la marcada polarización en que se encuentra el país, desde el punto de vista político e ideológico alimentada por sus dirigentes, y que esta situación de la realidad nacional se torna en un pretexto para acallar en forma violenta cualquier expresión que surja de un contradictor en el debate ideológico y político, y que lo mismo pueda calificarse como una amenaza para los interés económicos de ciertos círculos de poder.
Por lo tanto se hace necesario que estos hechos que enlutan hoy a un sinnúmero de familias convoque a la solidaridad nacional, para que en una sola voz todos los ciudadanos demandemos del Estado Colombiano representado por el gobierno y sus instituciones, garantías reales e inmediatas para la protección a la vida de los dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y que las libertades ciudadanas bajo los principios de la tolerancia y el pluralismo se concreten en una realidad y no simplemente un enunciado dogmático en nuestra Constitución de 1991.
Bucaramanga, 21 de agosto de 2018
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por Moisés Naim.- Wikileaks ha vuelto a sus andanzas. Acaba de anunciar la divulgación de medio millón de mensajes y otros documentos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, entre ellos correos intercambiados con otros Gobiernos, y también informes confidenciales de Ministerio del Interior y de los servicios de inteligencia.
En su comunicado, Wikileaks recuerda que esta publicación coincide con el tercer aniversario de la reclusión de su fundador, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres. Assange se asiló para evitar ser extraditado a Suecia, donde se enfrenta a un juicio por supuesta violación y abuso sexual de dos mujeres (Assange rechaza las acusaciones).
Otro que está de aniversario es Edward Snowden, el contratista de la CIA que divulgó una montaña de información secreta de EE.UU. Hace días se cumplieron dos años de estas revelaciones y Snowden ha publicado un artículo en The New York Times, celebrando sus logros. En él, recuerda que, gracias a sus filtraciones, se produjo un intenso debate que forzó al Gobierno norteamericano a poner límites al espionaje electrónico indiscriminado que rutinariamente efectuaba su Agencia Nacional de Seguridad, la NSA.
Desde 2013, instituciones de toda Europa han declarado ilegales este tipo de operaciones y han impuesto restricciones a actividades similares en el futuro, asegura Snowden, y concluye así: “Somos testigos del nacimiento de una generación post-terror que rechaza una visión del mundo definida por una tragedia específica. Por primera vez desde los ataques del 11-S, vemos la posibilidad de que la política se aleje de la reacción y el miedo y se mueva hacia la resiliencia y la razón”.
Puede ser. Y celebro que la NSA y otros espías estadounidenses ahora tengan más restricciones para leer mi correo electrónico o saber con quien me comunico. Y que la lucha por proteger mi privacidad de las intromisiones del Gobierno de EE UU y de algunas democracias europeas se haya anotado algunas victorias. Pero me preocupan más las amenazas cibernéticas a mi privacidad que emanan de Rusia, China y otros regímenes autoritarios que las que vienen de Washington.
En los mismos días en que Snowden publicó su artículo, se supo que piratas cibernéticos penetraron en los sistemas de la oficina de personal del Gobierno de EE.UU. y robaron información detallada de al menos cuatro millones de empleados federales. Los archivos robados incluyen datos personales y profesionales que los funcionarios están obligados a revelar para tener acceso a la información confidencial de la Administración.
La principal sospechosa de este ataque es China. Según un reportaje del Washington Post, “China está construyendo una masiva base de datos con información privada de los estadounidenses a base de hackear los archivos electrónicos de agencias gubernamentales y empresas aseguradoras de salud. Utiliza nuevas tecnologías para alcanzar un antiguo objetivo del espionaje: reclutar espías y obtener mayor información sobre su adversario”.
Pero los ataques no se limitan al espionaje ni, necesariamente, tienen un gobierno detrás. También hay muchos piratas independientes que se ganan la vida con la actividad criminal en Internet. Así, han proliferado los robos de secretos comerciales, la suplantación de identidad, la extorsión o el sabotaje de infraestructuras esenciales. “Nuestro sistema de información es atacado varias veces al día, todos los días”, me dijo el presidente de una de las principales empresas de electricidad del mundo. Y añadió: “Hoy gastamos 10 veces más en protegernos de ataques cibernéticos de lo que gastábamos hace tres años. Y aún así sentimos que siempre estamos por detrás de quienes nos tienen en la mira”.
Según el respetado informe que todos los años publica la empresa Verizon, los ataques cibernéticos a EE.UU. están creciendo a gran velocidad y hay pocos sectores cuyas defensas informáticas no hayan sido violadas. Las principales víctimas son el Gobierno, el sector de la salud (hospitales y empresas aseguradoras) y el financiero. Los expertos enfatizan que si bien los ciberataques originados en China son constantes y masivos, los que provienen de Rusia no tienen nada que envidiarles en cuanto a agresividad, frecuencia y sofisticación. Y seguramente EE.UU. no se queda atrás.
Pero no hay que ponerlos a todos en la misma canasta. EE.UU. es una democracia. Con todos sus defectos, hay separación de poderes y los gobernantes no gozan de la impunidad de sus colegas en Moscú o Pekín. Y sus redes criminales no operan internacionalmente amparadas por sus cómplices en las altas instancias. Sí; es importante que las democracias no espíen a sus ciudadanos. Pero aún más importante es que tengan con qué defenderse y defenderlos del peligroso mundo cibernético que está emergiendo. No es por casualidad que ni en Rusia ni en China hayan aparecido los equivalentes de Assange y Snowden.
Washington, D.C. 21 de agosto de 2018.-
Moisés Naim, Economista y escritor venezolano.
El nuevo Contralor general de la República, tendrá la enorme responsabilidad de ser guardián de los recursos públicos, velar para que la labor misional de la entidad este enfocada en ejercer un control fiscal eficiente y transparente de todas las entidades públicas del orden nacional y recursos nacionales administrados por los entes territoriales y particulares.
Pero también el nuevo jefe del organismo de control tendrá enormes retos y desafíos en otros frentes, como por ejemplo, en el tema ambiental.
Aquí sí que son múltiples las tareas a emprender, la minería ilegal es una de las principales actividades que se realizan en regiones ricas en recursos naturales, explorando y explotando yacimientos de oro, de plata, de coltán y de otros minerales sin ningún tipo de consideración con el medio ambiente, contaminan las fuentes hídricas, destruyen nuestros bosques y generan en esas regiones un modelo de desarrollo que gira entorno a la economía de lo ilícito, pues alrededor de esta práctica confluyen otros factores como la drogadicción, prostitución, dejando un panorama desolador ambiental y socialmente en las zonas afectadas.
De la misma manera la deforestación que se viene presentando a gran escala, principalmente en zonas de nuestra Amazonía y Orinoquía para ampliar la frontera agrícola, ganadería extensiva e incluso para cultivos ilícitos nos debe preocupar a todos.
Tal situación, viene en aumento sostenido sin que hasta el momento haya un muro de contención que lo detenga, las cifras son alarmantes en esta materia, según el más reciente informe entregado por el IDEAM, en 2016 se deforestaron en Colombia 179 mil hectáreas, incrementándose ya en 2017 a 220 mil hectáreas deforestadas, lo que implica que cada día se talan 602 hectáreas de bosques en nuestro país, algo verdaderamente vergonzoso y alarmante.
Además de estos dos flagelos supremamente graves, el nuevo Contralor debe ejercer más presencia en el tema de control ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), muchas de ellas no realizan su función misional a cabalidad y pasan de agache con el control que deben ejercer en los entes territoriales. Sin duda, se debe profundizar al respecto para sancionar duramente a quienes ejerzan detrimento ambiental.
De la misma manera el combustible contaminante que genera problemas de salud pública en ciudades como Medellín, también tiene que llamar la atención de éste organismo de control, no puede ser posible que la segunda ciudad más importante de Colombia, la ciudad más innovadora del mundo padezca de este tipo de problemas de aire contaminado.
Además de los retos ambientales, el nuevo contralor general de la República, tendrá que articular esfuerzos con los demás organismos de control para dar una lucha frontal contra la corrupción, el principal mal que tiene hoy el país y que no sólo carcome a las instituciones públicas sino privadas.
Para el próximo año, el Presupuesto General de la Nación se estima que estará aforado en la cifra de $259 billones, de los cuales $243 billones se financian con ingresos de la Nación y $16 billones con recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional que hacen parte del PGN.
Por eso todos los organismos de control deben estar muy vigilantes y ser guardianes de los recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos sin distingo alguno.
Los ciudadanos también juegan un papel supremamente importante en la vigilancia y control del erario, por eso hay que ser veedores, estar dispuestos a denunciar ante cualquier asomo de corrupción o de la cultura de la ilegalidad, el país reclama medidas urgentes para frenar este penoso flagelo y es tarea de todos ayudar a combatir la corrupción desbordada que desde hace mucho tiempo se ha convertido en la principal amenaza del desarrollo de nuestro país.
Bogotá, D. C, 20 de agosto de 2018
@GGarciaRealpe
Luego del desatinado, inoportuno e impertinente discurso del Presidente del Senado Ernesto Macías, en la posesión presidencial, mejores horas parecen llegarle al Congreso de la República.
En Colombia, muchos ven a esta rama del poder público, como un apéndice del Ejecutivo. Yo le tengo otra lectura: Es el Presidente, quien está atado a los designios del Legislativo. Si un Jefe de Estado, quiere hacer realidad sus propósitos de Gobierno, debe saber interpretar un maremágnum de intereses, representados en distintos Partidos y Movimientos Políticos, que a su vez, tienen distintos matices y vertientes, y cómo no, también en el templo de la democracia, reposan anhelos muy personales de cada legislador.
El Presidente de la República simboliza la unidad de la Nación, pues una vez queda investido de tal dignidad, ya no representa solo a sus electores, sino a todo el conglomerado nacional, entre los que se incluyen, en primer plano, a las organizaciones partidistas, gústenos o no.
Iván Duque, llegó al poder de la mano del derechista partido Centro Democrático, pero su victoria, jamás hubiese sido posible, sin el concurso de los partidos de la U, Cambio Radical, Conservador y Liberal, inclusive de los minoritarios MIRA y Justa Libres, cuyos dirigentes y militantes, le votaron, casi que unánimemente en la segunda vuelta, y muchos desde la primera.
Sin embargo, el Presidente Duque decidió hacer un Gobierno de Partido, en donde solo reconoce al Centro Democrático, como el depositario de todos los cargos gubernamentales y de todos los favores que representa el ejercicio del poder, y está en todo su derecho de hacerlo. “La mermelada” continúa, pues nunca dejarán de existir la burocracia, los contratos y los favores, solo que ahora, es potestad de un solo Partido.
Resulta, que la bancada congresional del Partido de Gobierno, suma entre ambas cámaras, 51 parlamentarios de un total de 278. Algo menos que el 20%. Pero el CD está untado de hiel revanchista y vengativo, luego de 8 años de quedar viudos del poder. Los números no le dan para ser, ni siquiera, mayoría simple, pero creen en el poder omnipresente, omnímodo e infalible del expresidente Uribe. Para ellos, él solo es suficiente para arrinconar, no sólo a la oposición liderada por Petro, Robledo y Mockus, sino a los propios Partidos que lo llevaron a la victoria, y que hoy no lo reconocen.
Advertidos los antiguos “Partidos Aliados”, del trato que les será impartido, acaban de propiciar el primero y muy demoledor acto de contrición, al no elegir al candidato del Gobierno a Contralor, lo cual es algo muy bueno para nuestra democracia, que el ejercicio del control fiscal, quede en manos de una persona independiente y que no será amanuense de los designios del gobernante, así el CD, en una jugarreta política de última hora, le encime sus votos a Carlos Felipe Córdoba, quien será ungido como el Nuevo Contralor General.
Esa decisión del Congreso, merece todo el reconocimiento y aplauso nacional. Como seguramente, también se lo va a reconocer el pueblo de Colombia, por su previsible oposición a la nueva reforma tributaria del Ministro Carrasquilla. Reforma retrograda que pretende sacrificar aún más los bolsillos de la clase media y obrera, en favor de quienes más detentan el poder económico.
El grave problema que tienen nuestras empresas, no es la alta o poca tributación, sino la falta de demanda, que es a causa, de los bajos ingresos de la mayoría de nuestra población. Lo que pretende el Gobierno, al bajarle los impuestos a los empresarios y a los que más tienen, es obvio que hay que subírselos a otros, que no es más que a las personas naturales y de menores ingresos, empezando por aumentarles su base gravable, bajando el monto de los ingresos para obligarlos a declarar renta y haciendo modificaciones del IVA, no a través del alza de su tarifa, sino del aumento de su cobertura.
Pretender aumentar la riqueza de los bancos y de los más grandes industriales, en desmedros de la ya sacrificada clase media y trabajadora de Colombia, es todo un adefesio, que este Congreso libre e independiente, tendrá la oportunidad histórica de controvertir y atajar, so pena de hacer más ruin, la situación financiera de la mayoría de colombianos.
Truncada esa perversa reforma tributaria, este Congreso autónomo, deberá convocar un debate de moción de censura al Ministro de Hacienda, quien, al parecer, es un adalid de la evasión tributaria y de la fuga de capitales hacia paraísos fiscales y creador de beneficios tributarios para los más pudientes, pero un drástico perseguidor de los pensionados y trabajadores.
Saliendo airosa la moción de censura, el Congreso tendrá toda la autonomía de hacer las leyes que el pueblo reclama, sin que el Gobierno Duque, tenga la autoridad ni moral ni legal, de inmiscuirse en su independencia y soberanía. El Ejecutivo así lo quiso y a esa decisión política deberá enfrentarse políticamente.
Ante ese panorama, Duque tendría dos caminos: o se separa del ala más retardataria de su propio Partido, buscando consensos en medio del disenso, o se condena a ser recordado para la historia, como el instrumento de un expresidente que no lo dejó gobernar.
Barranquilla, 19 de agosto de 2018.
*Abogado y Periodista.
Esta es la pregunta que se hacen hoy con preocupación los funcionarios oficiales que tienen la compleja tarea de cumplir la promesa presidencial de bajar los impuestos a las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal del 3.6% del PIB registrado el año pasado a menos del 1.5% del PIB en el próximo cuatrienio para cumplir la regla fiscal.(...)
Aunque parezca paradójico una fuente para compensar una bajada de impuestos a las empresas es subir los impuestos a las empresas. Me explico. La tarifa nominal de impuestos en Colombia es alta comparada con otros países, pero la tarifa efectiva que paga la mayoría de las empresas es muy baja. Entonces es posible bajar la tarifa nominal y al mismo tiempo aumentar, o por lo menos mantener el recaudo de este sector. Estudios recientes del Banco de la República (https://bit.ly/2OQ0dnt) y de la U. Nacional (https://bit.ly/2BoRfM2) muestran como, a pesar de que en el país las tarifas nominales de impuestos han sido superiores al 34%, según los balances de las empresas y las cuentas nacionales la tasa de impuestos real que en promedio han pagado las empresas ha sido alrededor del 17% de sus utilidades. Además hay enormes diferencia, con empresas que pagan tan poco como el 5% y otras que pagan hasta el 29%. La razón es simple: la gran cantidad de beneficios y exenciones tributaria que, junto con la eficiente labor de los asesores tributarios, permiten reducir el pago de impuestos generando enormes inequidades. Por eso la Comisión de Expertos tributarios recomendó hace 2 años reemplazar el impuesto a la renta por un nuevo impuesto sobre las utilidades, bajando la tarifa nominal pero eliminando todas las exenciones. En la pasada reforma no se incluyó esta propuesta, pero el gobierno debería retomarla.
La otra fuente de recursos para compensar menores impuestos a las empresas es aumentar la tributación de las personas naturales, pero no de la clase media sino de los estratos más altos de la población, para lo cual es útil la propuesta del ministro Carrasquilla de que la DIAN haga un “Sisbén para los ricos”, de manera que los que más tienen paguen más.
Cali, 19 de agosto de 2018.
Por Barbara Wesel.- Este fin de semana, Italia, y especialmente Génova, estará centrada en hacer el duelo, recordar a las víctimas y consolar a los deudos. Aunque también es probable que ya estemos en medio de un conflicto, pues varios de los afectados boicotearon la ceremonia oficial como protesta contra el Gobierno. Para los populistas de Roma se trata de una primera prueba de gran calibre y quizás terminen fallando.
¿La tragedia como generador de reformas?
La caída del puente de Génova es el tipo de calamidades públicas que pone en relieve el verdadero estado de una nación y, al mismo tiempo, puede servir para llevar adelante las reformas pendientes. Muchos comparan esta situación con el catastrófico incendio de la torre Grennfell, en Londres. En ambos casos hubo advertencias previas de expertos y en ambos casos se buscan responsabilidades políticas y empresariales, y se evidencian las debilidades institucionales.
Un suceso de este tipo puede traumatizar a un país, redefinir su identidad y también fortalecer sus obras públicas. Numerosos reportes hablan de unos 300 puentes en Italia que requieren reparaciones y resultan peligrosos para los usuarios. Pero los problemas van mucho más allá: también hospitales, escuelas y líneas ferroviarias, en resumen, buena parte de la infraestructura, requiere reparaciones.
Al mismo tiempo, un problema crónico de la política italiana se pone a prueba: la tóxica mezcla de corrupción, desinterés, abulia y luchas intestinas es el terreno fértil donde surgen desastres como el de Génova. Si no se retira la basura y los baches se adueñan de las calles, los ciudadanos se molestan, pero entienden que eso no pone en riesgo directo sus vidas. Pero si los puentes y otras obras se empiezan a caer, debe comenzar una discusión honesta sobre las condiciones en que se encuentra el Estado.
Prueba para los Populistas
La situación es una prueba para el nuevo Gobierno de populistas de derecha e izquierda. Los representantes del Movimiento Cinco Estrellas deberían enfrentarse honestamente al error cometido por su líder hace un par de años, cuando no hizo caso a las advertencias que preveían la posibilidad de que el puente Morandi se cayera. Y también deberían reconocer que fue una estupidez bloquear la construcción de una vía alternativa en Génova. Decir, al menos, "hemos aprendido y lo haremos mejor la próxima vez" sería una buena estrategia de su parte.
Pero en vez de eso, en sus reflejos anticapitalistas, han buscado culpar de la tragedia solo a la concesionaria de la autopista, Atlantia, y a su principal accionista, la familia Benetton. Es una salida barata, porque la amenaza de nacionalizar las carreteras no solucionará los problemas. Al contrario: el Estado italiano no tiene la capacidad actualmente para organizar, comprobar y reconstruir nuevas vías. La situación podría incluso empeorar.
También los populistas de derecha, con el jefe de la Liga Norte, Matteo Salvini, a la cabeza, simplifican el asunto. Salvini responsabilizó a la Unión Europea por haber supuestamente limitado los gastos de Italia y haber negado el dinero necesario para las reparaciones y la construcción de nuevas obras. Esa es una mentira desvergonzada: en el período presupuestario en curso, fueron autorizados cerca de 2.500 millones de euros en ayudas para la mejora de la infraestructura. En mayo, Bruselas publicó un reporte en el que exigía claramente a Italia que realizara más inversiones en ese rubro. Además, fueron otorgados otros ocho mil millones de euros que Roma podía usar en lo que quisiera. Por cierto, ningún país de la UE ha sido beneficiado con tantas excepciones a las medidas de austeridad que impone Bruselas como la endeudada Italia.
Pero la mentira de los "malos europeos", especialmente la de los ahorrativos alemanes, se vende bien en Italia. El problema es que existe el peligro de que los italianos se crean el cuento y se olviden de los problemas que tienen en su propia casa.
¿Oportunidad perdida?
Al Gobierno italiano le gusta presentarse como gente de manos limpias, libres de escándalos. Pero su reacción a la tragedia de Génova muestra que, en realidad, solo busca soluciones baratas, en lugar de trabajar en reformas, algo muy común, en línea con la peor tradición italiana.
Los italianos tienen derecho a una mejor administración, a un estado funcional que desarrolle un concepto sostenible del bien público y que esté orientado a largo plazo. Por decirlo de algún modo, tienen derecho a estar en un lugar seguro. Pero no parece que los recién llegados a Roma busquen satisfacer esa demanda. Como ocurre tan a menudo, los ciudadanos se quedan encogidos de hombros y, para Italia, llegará una nueva y triste jornada donde todo seguirá igual.
Bruselas, 18 de agosto de 2018.
Bárbara Wesel. Periodista alemana y corresponsal de DW en Bruselas.
Por Lorena Rubiano Fajardo.-La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia: Baruch Spinoza.
Después de la gran incertidumbre creada en la campaña política reciente contra el proceso de paz y su organismo de consolidación de la concordia y armonía entre los colombianos, como es la JEP, el Tribunal viene poco a poco consolidándose como la gran esperanza de la reconciliación.
Después de los acaloramientos y angustias electorales que llevaron a algunos candidatos a despotricar contra el proceso de paz y la convivencia y exacerbaron las pasiones, pues ahora están viendo que la paz es posible y que hay que fortalecer y apoyar el organismo que nos garantizará ese entendimiento, como lo es el Tribunal de Justicia para la Paz.
Este organismo de Justicia Transitoria debe, eso sí, ajustar sus criterios al Acuerdo firmado con la Farc, definir con claridad la participación de los terceros en el conflicto y acelerar definiciones.
No está bien que este organismo que fue creado para consolidar ese anhelo solo se remita a atender los casos certificados por el Comisionado de Paz y deje por fuera los civiles no combatientes, que son en un número similar a los combatientes porque sin ellos no hubiese sido posible la actividad subversiva en el país.
Además son muchos los que quieren concurrir para decir su verdad y dar claridad a muchos hechos violentos, que no han tenido avances de esclarecimiento en los entes investigadores.
Es por eso que vemos con buenos ojos la concurrencia a este Tribunal de los militares, 1.750 con sentencia o con el proceso muy avanzado y ahora recientemente la participación de las comunidades indígenas del país, quienes entregaron su informe sobre asesinatos, desplazamiento, torturas y desapariciones de más de 200.000 indígenas en los últimos cincuenta años.
Además los miembros de las fuerzas militares que consideren que fueron injustamente condenados, podrán pasar por la sala de la verdad, y pedir la revisión de sus casos, con las pruebas que tengan. En su juzgamiento tendrán primera y segunda instancia en el Tribunal. Es la primera vez que la Fuerza Pública es Juzgada en un Tribunal de Justicia Transicional.
El nuevo gobierno de Iván Duque Márquez tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de llevar nuestro país hacia una paz estable y duradera. Hay que frenar esos nuevos brotes de violencia, como los que se están presentando en Choco, Catatumbo, Cauca y Nariño.
Por eso resalto que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Onic y las autoridades indígenas de la Mesa Permanente de Concertación se reunieron con el presidente Duque, en un ambiente de respeto, constructivo a pesar de las diferencias, reconociendo la diversidad étnica y cultural.
Aída Quilcué, consejera de los Derechos de los pueblos indígenas, señaló que esta es una entrega simbólica "de los distintos hechos victimizantes que han afectado a los pueblos indígenas", individual y colectivamente, así como a su territorio.
Bogotá, D. C 17 de agosto de 2018.
Por Gabriel Ortiz.- La elección de Contralor se maneja entre la ética y el atajo, y como en Colombia la trampa es casi legal, todo puede pasar, de aquí hasta cuando el congreso tome la decisión de designar al funcionario encargado de vigilar la legalidad de los manejos de los dineros del Estado… de los colombianos.
Cada gobierno, debe acudir a reformas tributarias; y ahora la pensional que hará más pobres a quienes han dedicado su vida a trabajar y aportar para tener una vejez digna, porque esos dineros tradicionalmente quedan en manos de la corrupción, sin que a funcionario alguno, se le ocurran medidas que permitan recuperarlos.
Por esto, es perentorio designar un Contralor que tenga las capacidades, calidades y honestidad para darle el más rudo de los golpes a la corrupción. Pero nadie alcanza a comprender la forma como se ha manejado la designación de este vigilante. Cuando agonizaba la anterior legislatura, se fijaron reglas de juego claras que garantizaran la llegada de una persona íntegra para la Contraloría. Pero extrañamente, o tal vez no tan extraña entre nosotros, el 21 de julio, cuando apenas empezaba la nueva legislatura, el presidente del Senado, con una simple resolución modificó la ley que había fijado las anteriores normas. Desapareció aquello de que ninguna persona cercana a un aspirante a Contralor, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal, podría intervenir en su elección.
Ética es ética, fundamento de los valores, rectitud, legalidad, deontología. Lo demás se llama artificio, contravención, burla, infracción maliciosa.
La decisión adoptada por el Canciller Carlos Holmes Trujillo, cuando aspiró a la Contraloría hace años y su hermano era parlamentario, es claro ejemplo de rectitud, cuando renunció, por ello a esa aspiración.
Hay varias fallas, que nacen de la decisión del presidente del Senado. Modificó todo. Se había establecido que se escogerían 10 candidatos salidos de un juicioso estudio adelantado por la Universidad Industrial de Santander. La “nueva” norma incluyó 59, para beneficiar a los amigos del parlamentario.
Después de ello, con muchos que estaban por debajo de los más capaces, se “ajustó” la lista. Es decir: el juicioso trabajo de la UIS, fue arrojado a la basura. Pudo más la politiquería y la manipulación que la ética, la honestidad y el fundamento de los valores con que un ente aplica la ética.
El tiempo sigue su marcha y hoy por fortuna, el Presidente Duque dejó en claro que no intervendrá en esa elección. Esa si es una actitud justa y decente de un mandatario. El Congreso deberá elegir entre Carlos Felipe Córdoba, Andrés O’Meara, Wilson Ruiz, Alonso Hernández, Marco Antonio Velilla y Julio Cárdenas.
El congreso está frente a una decisión histórica. Debe acudir a su sabiduría para bien del país y sus gentes.
BLANCO: La designación del colega Álvaro García como nuevo hombre de las Comunicaciones de la Presidencia.
NEGRO: La partida de “Chucho” Álvarez, uno de los grandes de la radio.
