Opinión
Por: Jorge Enrique Robledo.-En los casos de Iván Duque y Germán Vargas Lleras no se sabe qué es peor: si son unos convencidos de las medidas y de las formas de gobernar de quienes los tienen de candidatos a la Presidencia –Uribe y Santos– o si no lo son, si lo que hicieron fue acomodarse a concepciones y actos que no compartían, para poder escalar en su beneficio personal en el poder del país. Si Colombia está tan mal, es porque siempre ha tenido éxito el truco de los candidatos que se presentan como el cambio, pero en realidad llegan a hacer lo mismo que los presidentes que no modificaron lo que debía cambiarse y que con frecuencia empeoraron lo que había. Para el país, digo. Porque a algunos les va de maravilla.
La presidencia de Sergio Fajardo es la que más les conviene a los intereses nacionales en razón de su trayectoria política y de su programa de gobierno, todo realizable en los cuatro años de su administración porque no engatusa colombianos pintándoles pajaritos de oro.
Porque Fajardo no ha hecho su carrera política al amparo de las prácticas corruptas y clientelistas de los mismos con las mismas, a quienes, a mano limpia, venció en las elecciones que lo llevaron a ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, gobiernos que dirigió sin apelar ni a la mermelada ni a otras corruptelas, a pesar de que la casi totalidad de los miembros del Concejo y la Asamblea pertenecían a las fuerzas políticas derrotadas.
Su propuesta anticorrupción ya está en ejecución con la consigna de “ni un peso por un voto; el que paga para llegar llega a robar”, consigna que enfatiza la idea de que la corrupción colombiana no es principalmente un problema de la falta de normas sino de las malas prácticas de los gobernantes. ¿O será que no sabían que era ilegal la financiación extranjera y que Odebrecht no los respaldaba sino que los sobornaba? ¿El Fiscal anticorrupción corrupto y los del cartel de las togas ignoraban que estaban violando la ley? Y tampoco es cierto que presidentes y ministros hayan sido las inocentes víctimas de los políticos torcidos de las regiones, en realidad sus subalternos.
La educación es la propuesta principalísima de Fajardo. Su gobierno será el que más invertirá en educación, en todos sus niveles, en la historia del país, irá a este sector cada peso que se les quite a los corruptos y habrá un considerable aumento de la inversión en Investigación y Desarrollo. Terminarán los días del maltrato y minusvaloración a las maestras y maestros, pues no puede haber sistema educativo de alto nivel que no parta de la base del mayor respeto y respaldo a los docentes. Y en su gobierno se cumplirán los acuerdos del proceso de paz.
En el gobierno de Fajardo se crearán 1,5 millones de empleos formales, a partir de respaldar la producción industrial y agropecuaria de todos los tamaños, producción que ha sido atacada desde 1990 y de cuyo éxito también depende reducir la desigualdad social, entre las peores del mundo. En su gobierno se revisarán los TLC, que tanto daño le han hecho a Colombia.
De acuerdo con Manuel Rodríguez, el programa ambiental de Fajardo es el mejor de todos los candidatos. Porque enfrenta las causas de esta crisis y defiende la idea de que el cuidado del ambiente y el derecho de las comunidades a decidir al respecto no son obstáculos al progreso, sino el correcto sustento de la transformación y respeto de la naturaleza en beneficio del país.
Fajardo, de otra parte, es el candidato que menos resistencias genera entre los colombianos, lo que lo pone en condición de poder vencer a cualquiera en la segunda vuelta, que es de lo que se trata. Entre las varias informaciones que coinciden en esto, cito a Yanhaas sobre por quién nunca votaría: Fajardo, el bajísimo 2 por ciento; Petro, el muy alto 42 por ciento y Duque, el mediocre 26 por ciento. Fajardo es, entonces, quien sí puede evitar la pesadilla de reelegir a Uribe.
Así se entiende por qué la candidatura de Fajardo ha venido remontando con tanta fuerza –porque gana indecisos y lleva a que otros cambian sus votos–, según lo muestran las cifras y, sobre todo, el respeto, el cariño y el respaldo que se siente en las calles entre las gentes de todos los orígenes sociales y políticos, hechos que lo deben pasar a la segunda vuelta, cuando ganará la Presidencia e iniciará el cambio democrático que necesita Colombia. Se quedará en ficción el decir de los voceros de Duque y de Petro de que el domingo todo se limita a escoger entre ellos.
Nota. Este artículo se escribió antes de las elecciones.
Bogotá, 25 de mayo de 2018.
Por Gabriel Ortiz.- Se llegó la hora de salir a votar y poco se sabe sobre lo medular. Los colombianos quieren elegir un presidente que le ponga fin a la corrupción, que maneje su propia agenda, sus decisiones y que mantenga la paz.
El que defiende la paz, es incoherente; la coherencia solo la tiene quien destruye la paz. (Lo dijo veladamente el expresidente Uribe en reportaje a El Nuevo Siglo).
Las fórmulas contra la corrupción son débiles, engorrosas y a muy lejano plazo. Deben superar penosos trámites en un congreso repleto de corruptos. Vargas Lleras le notificó a sus parlamentarios: “se acabó la robadera”. De la Calle sentenció denuncias ejemplares.
En otros temas, las ofertas son interesantes, incluidas las de Petro, Fajardo y Duque.
Grave sí, que casi todos los candidatos, sin sonrojo, quieran sacar leña del árbol caído. Mientras respetables economistas y autoridades del mundo exterior alaban, lisonjean y loan el comportamiento de nuestra economía, varios de los aspirantes, campanilla en mano, censuran el manejo que se ha dado a nuestras finanzas. Poca importancia les merece un crecimiento del 2.2% durante el año comprendido entre los marzos de 2017 y 2018.
El que llegue va a tener, no ríos de leche y miel, pero sí una economía satisfactoria dejada por Santos y protegida por los buenos precios del petróleo y la minería, que debe aprovechar para crear industria y fortalecer la agricultura, así Petro considere que solo de aguacate vive el hombre. No podemos quedarnos en la manida oposición que solo ve hectáreas de coca, guerra e ingratos recuerdos del AIS, Das, Reficar, parapolítica y demás corruptelas.
Casi todos tienen como meta un país grande, fortalecido y en paz. Lástima que a Duque, figura joven y con ganas, le pongan freno desde ahora. Su jefe quien pregona -en el referido reportaje- que este “no será títere de Uribe, las Farc, ni Maduro”, le fije pautas que van, desde un cogobierno con Marta Lucía, hasta ordenar un derrotero basado en “economía cristiana, de solidaridad, que se resume en cero corrupción, cero derroche, cero mermelada a la política, menos impuestos, congelar el predial y aliviar el IVA”. Esa es la cartilla para el cogobierno Duque-Marta. Uribe debería dejarlo libre… él sabe volar solo.
Sin lugar a dudas, Colombia requiere en estos momentos, un gobernante con agallas, osadía, coraje, independencia y valentía, para sacar adelante esta nación, ávida y ansiosa de un futuro colmado de ganas para salir adelante, desterrar la corruptela que se lleva 60 billones de pesos cada año, eliminar el odio entre hermanos y afianzar la paz duradera que ya reina en buena parte del territorio.
Vale la pena hacer un alto en el camino que nos permita estudiar cuidadosa y acertadamente las propuestas de los candidatos, antes de salir a depositar un buen voto que nos lleve a la felicidad.
BLANCO: La escogencia que hagan los colombianos del mejor presidente.
NEGRO: La casa por cárcel para el zar de los refrigerios escolares.
Por Juan Fernando Londoño.- El sistema electoral colombiano está lleno de vacíos y debilidades, eso lo hace muy vulnerable a que los políticos aprovechen para distorsionar la voluntad de los ciudadanos y se cometan frecuentes y severos hechos de corrupción que rara vez son castigados, pero de allí a creer que es posible robarse unas elecciones presidenciales en Colombia hay mucho trecho.
Las distintas fases del proceso electoral en Colombia están plagadas de engaños y distorsiones. En el período de campaña, por ejemplo, muchos candidatos gastan más dinero de lo que está permitido y la contienda electoral se transforma en una competencia de chequeras. Para agravar la situación, los recursos provienen tanto de organizaciones criminales como de contratistas interesados en obtener beneficios del Estado. Ese dinero se usa para comprar votos y distorsionar la voluntad de los ciudadanos, pero estos hechos se dan durante la campaña electoral y no durante el proceso de conteo de los votos.
En el caso de la labor de conteo y registro de la votación, también se presentan problemas, sin duda, pero no todos se pueden atribuir a la intención de fraude. Un ejemplo de esto ocurrió hace poco con el fallo del Consejo de Estado sobre el partido Mira. En dicho fallo se demostró que muchos tarjetones fueron anulados por encontrarse dos marcas pero esto se produjo por el contacto de la tinta mojada del plumígrafo al momento de doblar la tarjeta electoral y la decisión de los jurados de votación fue anular dichos votos, erróneamente, no porque nadie les hubiese pagado para perjudicar al partido Mira.
Por esto resulta necesario ser más cuidadosos a la hora de realizar un análisis sobre los problemas del fraude en las elecciones en Colombia y distinguir la naturaleza de los distintos problemas.
En primer lugar, muchas de las dificultades existentes se originan en la falta de preparación de quienes actúan como agentes electorales el día de los comicios. Las fallas en el conteo se deben las más de las veces a problemas de criterio o incompetencia de los jurados electorales, y rara vez a la captura de los jurados para ejercicios de fraude. Curiosamente, la aleatoriedad en la escogencia de la selección de los jurados electorales es un elemento que contribuye a evitar la corrupción, pues hace muy difícil que los actores políticos puedan controlar la ubicación de los mismos. La Registraduría ha realizado esfuerzos por calificar la labor de los jurados, quienes ahora reciben capacitaciones previas pero esto no los exime de cometer errores que insisto en que no se pueden asociar totalmente a una intención fraudulenta.
Un escenario más complicado es el de las comisiones escrutadoras, cuyo número más reducido podría facilitarse más para el fraude, pero es difícil poner de acuerdo a todas las instituciones que en dicha instancia participan, amén de que en muchos casos los partidos y candidatos designan personas para acompañar dicho escrutinio. Nuevamente, es más factible controlar una o unas comisiones escrutadoras, pero un control generalizado de dichas comisiones es impensable.
Los ciudadanos, una y otra vez manifiestan su escepticismo sobre la transparencia del proceso electoral. La respuesta a esa insatisfacción ha sido la presentación de reiteradas iniciativas de reforma electoral, pero las mismas han naufragado en medio de la oposición de los políticos, las autoridades electorales y la propia justicia. Lo cual ha reforzado la idea de que el resultado electoral está controlado y manipulado.
Todo esto hace necesario que el nuevo gobierno lidere un proceso de transformación de la institucionalidad electoral, tanto mediante la creación de una verdadera justicia electoral, la independización y profesionalización de los órganos de gestión electoral y una gerencia moderna con procesos adecuados, incluido en lo pertinente la adopción de alguna modalidad de voto electrónico, además de la adopción de un código electoral que refleje las realidades del siglo 21.
Los vacíos y problemas de nuestra organización electoral permiten que a pequeña escala, algunos sean capaces de alterar los resultados en beneficio propio, logrando que aparezcan y desaparezcan votos según conveniencia. Pero trasladar esa manipulación a una escala más grande resulta inviable. Para un proceso de elección presidencial, el sistema electoral colombiano es prácticamente imposible de manipular debido a la cantidad de personas e instituciones que intervienen.
No solo es impensable que se puedan coordinar jurados de votación en todo el país para manipular sincronizadamente las cifras, sino que los soportes del conteo de la Registraduría difícilmente son controvertidas en los procesos de escrutinio. Quedaría entonces la opción de que alguien manipule el software, como se ha sugerido por algunos, pero un señalamiento de este tipo olvida el hecho fundamental que en la medida que los colombianos votamos con papeletas cualquier manipulación del software se caería en el reconteo.
En conclusión, para tener un debate serio sobre la corrupción electoral y las posibilidades de un fraude masivo, no se puede asumir que las múltiples fallas del proceso electoral son debidas a corrupción y tampoco creer que sea posible la manipulación del sistema para alterar la selección presidencial.
En Colombia, para la campaña presidencial, el que escruta no elige.
Por José G. Hernández.-Está bien que los dirigentes del Eln hayan resuelto ordenar a sus filas un cese al fuego durante la época de las elecciones. Dicen que "cesarán actividades militares del 25 al 29 mayo, para aportar a unas condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana expresarse en las elecciones".
Cuando se adoptan esas decisiones -que se le comunican a la sociedad colombiana como si se tratara de una especie de gracia o generosa concesión- el ciudadano del común levanta los hombros en señal de no importarle, porque sabe muy bien que, tras esa temporal pausa -no siempre cumplida-, los terroristas volverán a actuar, quién sabe dónde, y con mayor impulso criminal.
Está bien que, al menos durante unos días, dejen de ejecutarse actos contra la población y la fuerza pública, pero estaría mejor que, si en realidad la organización guerrillera tiene una auténtica voluntad de paz -como lo proclama de continuo y como, al parecer, lo cree el Gobierno-, el cese de actividades delictivas sea definitivo.
Colombia quiere la paz, hasta ahora no alcanzada y al parecer muy lejana, pese a las proclamas presidenciales en las giras alrededor del mundo. No se trata de una paz procurada a la carrera para dar la impresión de que se llegó a ella antes del 7 de agosto.
La paz que todos deseamos es una paz real y sincera, para beneficio de la actual y de las futuras generaciones. Qué presidente la logre es lo de menos, pues el objetivo de la colectividad no reside en el otorgamiento de más premios internacionales, que de nada le sirven al campesino que padece los horrores de la guerra.
Se trata de una paz para Colombia, que se busque en el marco de la Constitución y con un auténtico compromiso de las partes. Para conseguirla no son aconsejables los afanes del gobernante de turno. Se requiere el diálogo, el fecundo intercambio de conceptos; la adecuada información; el no uso de cartas marcadas; la consideración seria, razonada y ponderada de las condiciones indispensables para el proceso de diálogo y para que los acuerdos a los que se llegue cumplan unos requisitos mínimos: que sean razonables, coherentes, convenientes para la mayoría, firmes y posibles. Y sobre todo, como nos lo enseña la frustrante experiencia del Acuerdo firmado con las Farc, con suficientes garantías de mutuo cumplimiento, dentro de reglas claras, expresadas con lenguaje sencillo y conciso.
No somos partidarios de un diálogo por el diálogo, sin unos objetivos del mismo, y sin una mínima ética, tanto de parte del Estado como de la guerrilla. Ni tampoco creemos que deba llevarse a cabo mientras una de las partes sigue asesinando, secuestrando, sembrando minas, emboscando y matando policías o soldados, procesando y exportando estupefacientes.
Desde luego, si, como quiere el Ejecutivo, se desarrolla un proceso de paz con el Eln -apenas con un cese al fuego transitorio-, es recomendable que, por una parte, los negociadores estatales repasen lo ocurrido con las Farc, vean los muchos errores cometidos durante el proceso y a lo largo de la llamada implementación, e introduzcan correctivos. Y por otra, que sean los alzados en armas quienes se someten a la institucionalidad, y no el Gobierno el que ceda a los designios e imposiciones de aquéllos.
Por Jairo Gómez.- ¡Última hora, última hora! Perifoneaban con insistencia por las calles de Cannes en el festival de cine que se realizó por estos días en Francia. Los cinéfilos adictos al séptimo arte y los críticos ahí presentes se devanaban los sesos para tratar de entender lo que estaba sucediendo.
Entonces, apareció una gran valla en la que se proponía una película de ficción de última hora para concursar por la palma de oro: “Hidroituango: crónica de una tragedia anunciada”, director: gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Productor: Jorge Londoño, gerente EPM. Con el patrocinio de clase política antioqueña corrupta, y protagonizada por más de 120.000 humildes pobladores de cerca de diez humildes pueblos que quedaron al borde de desaparecer del mapa.
Con esta metáfora festivalera no quiero minimizar el incalculable desastre provocado por la larvada corrupción que, sin duda, afectó la megaobra, pero lo hago para protestar por una irresponsable declaración del gobernador Pérez quien, en su afán de ocultar qué sabe qué y proteger a quién sabe a quién, habló de una película o ¿telenovela? de ficción y responsabilizó a los periodistas de estar inventándose fantasiosas historias, mientras miles de vidas estaban en peligro y se enterraban entre el lodo y el concreto miles de millones de dólares por tamaño fracaso.
Hoy, en plena campaña electoral, ¿quién responde por esta tragedia? Pretenden ocultar la corrupción que se instaló en el megaproyecto de Hidroituango echándole la culpa a la naturaleza y listo; dicen que una falla ecológica es el origen de la tragedia. Eso no es cierto, todo apunta a que hubo corrupción, desidia, negligencia. El guion les resultó mal escrito porque desoyeron a las comunidades campesinas y a las autoridades ambientales que, en su momento, les advirtieron sobre la fragilidad de los terrenos y la improcedencia de la obra. Pero la codicia y el dinero fácil mandan.
A todas estas, cabe una pregunta: ¿qué dicen los candidatos presidenciales? Los colombianos que iremos el próximo domingo a las urnas queremos saber qué piensan Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle, Duque y Petro. No es oportunismo político y tampoco una utilización indebida de la tragedia, ése no es el relato. Como ciudadano, reclamo que en los debates presidenciales que restan este sea un tema central de discusión. Auscultar la verdad y buscar responsables no es una banalidad y mucho menos un método de aprovechamiento político.
No más llamados a la “unidad nacional ante la tragedia”, no más eufemismos, queremos resultados y que los responsables paguen. No hacerlo es opacidad. Los colombianos, por muchos años, nos hemos comido ese cuento, el de la unidad ante la tragedia, mientras el oportunismo político y criminal se apodera de los dineros públicos.
Cerca de 34 millones de colombianos aptos para votar tenemos en frente un tarjetón que nos debe poner a reflexionar: Reficar, Chirajara, Odebrecht, Hidroituango, mafias, carruseles de la contratación y los etcéteras que le quiera colgar. Votemos bien, hagámoslo por la decencia.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M.- “Qué fue de tanto galán, qué fue de tanto primor como trujeron”: Poeta Jorge Manrique
Este 15 de mayo se cumplieron los primeros 6 años de la entrada en vigor del TLC que firmó Colombia con los EEUU en 2006 y los resultados del mismo para nuestro país no son los que se anunciaron para sobrevender sus beneficios ni los que se esperaban por parte de los más incautos. El tiro nos salió por la culata, pues el TLC no fue más que vísperas de mucho y día de nada. Veamos.
El eufórico ex ministro de Comercio Sergio Díaz Granados auguraba que “para el 2014 Colombia debe contar con 13 tratados comerciales con 50 países”, porque asumía que con ellos estábamos alcanzando el cielo con las manos, era considerado la panacea. La negociación del TLC fue tortuosa y torticera y, de paso, terminó llevándose de calle la Comunidad Andina de Naciones, que quedó hecha trizas, después de ser Colombia su principal gestor e impulsor. Y así dejamos lo cierto por lo dudoso.
Para empezar, la promesa del TLC era que gracias al mismo Colombia mejoraría ostensiblemente la dinámica de sus exportaciones a la potencia del Norte, que el crecimiento de la economía del país se vería impulsado por el sector externo. No obstante, entre 2012 y 2017 nuestras exportaciones hacia los EEUU se desplomaron en casi el 50%, al pasar de US $21.969 millones FOB en 2012 a US $10.540 millones en 2017 y, lo que es más grave, el grueso de nuestras exportaciones se concentran, según cifras de la Cámara de Comercio Americana, en las exportaciones tradicionales, esto es productos minero-energéticos, en proporción de un 73.8% de la totalidad de las exportaciones en ese lapso, que fue de US $85.278 millones. Y, como es bien sabido, para venderle carbón y petróleo a EEUU, que dicho sea de paso han venido reduciéndose también, no se necesitaba ningún TLC. La balanza comercial y la economía colombiana siguen al vaivén de los precios de las materias primas, de allí que la reducción reciente del déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos entre 2016 y 2017 del -4.4% al -3.3% obedece al repunte de dichos precios.
Como lo había advertido el Presidente de ANALDEX Javier Díaz “podríamos correr el riesgo de tener unos TLC de una sola vía, por la cual los empresarios traigan para su comercialización en el país, aquellos bienes que antes producían y los cuales ahora simplemente resulta más beneficioso importar para su venta en el mercado local”. Dicho y hecho! Y ello a pesar de que en el 2015 se revirtió la tendencia de la cotización del dólar y se registró una devaluación del peso del 37.2%. Según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “la tasa de cambio flexible nos ayuda a estimular las exportaciones y a sustituir importaciones, por lo que se reduce el déficit en cuenta corriente” y remataba diciendo que “el peso más débil ayudará a la recuperación del crecimiento, llevándolo a su ´velocidad de crucero´ de entre 4.5% y 5% por año. Pues nada de lo que él previó pasó, empezando porque el crecimiento del PIB en el 2015 cerró en un 3.1%, muy por debajo del 4.6% de 2014. Y esta desaceleración de la economía no para y se prolongó hasta el 2017, con un anémico crecimiento del PIB de 1.8%, después del 2% de crecimiento del 2016.
En Colombia no se ha querido entender que, como lo acota el experto Manuel José Cárdenas, “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios… De nada nos servirá abrir mercados sino tenemos que exportar”. En ello coincide con el consultor Jorge Alberto Vásquez: “una cosa son los acuerdos comerciales y otra la posibilidad de aprovecharlos: Firmamos acuerdos, pero no contamos con producción para exportar, ni la generamos”. Colombia no se ha preparado para afrontar el reto que significa la firma de los TLC con otros países con los que no competimos, por que, como lo afirma Andrés Oppenheimer “está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada con la productividad”. Mientras Colombia no mejore su competitividad, diversifique su producción, sus exportaciones y los mercados de destino de estas, el crecimiento de la economía será insostenible. Hay que hacer un alto en el camino y replantear el fracasado Modelo económico para lograr desatascar la economía, que debe crecer para igualar e igualar para crecer más. Qué esperamos para dar ese timonazo?
Bogotá, mayo 19 de 2018
www.amylkaracosta.net
Por Juan Manuel Galán.- A menos de 8 días de la elección presidencial, no se sabe cuál es la propuesta de los candidatos para abordar la política de drogas en Colombia. Este mercado ilegal tiene impactos sociales, ambientales, políticos y económicos para nuestro país y los candidatos, para responder a ellos, se debaten entre posiciones populistas de prohibicionismo y penalización.
Las propuestas centradas en salud pública, derechos humanos y regulación del mercado no son rentables electoralmente. Para poder evaluar que tan coherentes son las propuestas con la radiografía de nuestro país, es necesario conocer la evidencia; y en eso, Colombia está avanzando para consolidar una mejor información.
Hace muy poco tiempo fueron entregados los resultados de la Encuesta Mundial de Drogas 2018 realizada por la GDS (Global Drugs Survey), que incluye información sobre nuestro país. Se trata de una encuesta que, sin perder rigurosidad, indaga sobre temas incómodos pero necesarios en el consumo de drogas. Se preguntó, por ejemplo, sobre si llega más rápido una pizza o un gramo de cocaína a la casa, cuánto cuesta un gramo de cocaína en los diferentes países del mundo y asuntos cómo cuándo perdió la virginidad con las drogas.
Colombia fue el país que más participantes tuvo en América con 1.439, cuyo promedio de edad fue de 28 años. Solo por mencionar algunos de los resultados más relevantes, la encuesta presentó un estudio que muestra que los precios varían ampliamente en todo el mundo, desde menos de 10€ / gramo en América del Sur, a un promedio de 60-80€ / gramo en algunas partes de Europa. También mostró que en comparación con el año 2007 cuando Colombia era el segundo país del mundo que usaba más de 1 gramo por sesión de consumo, este año se redujo a 0.4 gramos por sesión y además, seguimos con el valor más bajo de un gramo de cocaína, alrededor de 5.4€.
Como dato curioso, la encuesta mostró que según los entrevistados, en Colombia el 38% puede recibir cocaína en menos de 30 minutos, mientras que solo el 25% puede recibir pizza en menos de 30 minutos. Los hallazgos de esta encuesta, buscan convertirse en una guía para tener conversaciones honestas sobre el consumo de drogas y diseñar acciones eficaces para promover la salud, reducir los daños y abordar nuevos temas como el de la Deep web, un submundo en internet, que está modificando el panorama de lo que conocíamos. Bajo este contexto, repetir formulas fallidas de fumigación, cárcel, erradicación forzosa y penalización de dosis mínima, no aportaran mucho a la meta de reducción del consumo en nuestros jóvenes ni a los problemas de micro-tráfico.
Por: Guillermo García Realpe.- El megaproyecto Hidroituango del que tanto se escucha hablar por estos días tiene con los nervios de punta a todo el país y principalmente al departamento de Antioquia, región que quiere dominar el 70% del mercado energético nacional.
Sin embargo, este titán de la ingeniería que tiene un costo superior a los once (11) billones de pesos y que estaría listo en diciembre próximo, cambió radicalmente los planes iniciales, incluso, el Presidente de Empresas Públicas de Medellín –EPM- Jorge Londoño De La Cuesta, advirtió a varios medios de comunicación que aún no tiene claridad sobre la continuidad de las obras y si el mega proyecto es viable luego de esta crisis que ya es conocida y que afecta por supuesto toda su infraestructura.
Se habla insistentemente también que eventualmente la presa podría desmoronarse de dos formas, la primera si el agua logra derribar el enrocado de la cresta y una segunda, sería una posible erosión en la base de la presa y en cuya parte posterior el agua está transitando.
Cualquier situación que llegase a presentarse sería muy nefasta, traería enormes implicaciones y según se ha dicho por parte de expertos podría causar un daño muy superior a lo sucedido en Armero, es decir, Puerto Valdivia, y municipios como Nechí, Cáceres desaparecerían totalmente del mapa, al igual que la zona baja de Tarazá y Caucasia en un 70% según lo manifestó el propio Presidente de EPM, algo realmente muy grave. ¡Ni pensarlo!
En toda esta zona de influencia del bajo Cauca antioqueño y aledaña a HidroItuango viven cerca de 120 mil personas que estarían en riesgo extremo, pero hasta el momento han logrado evacuar poco más de cinco mil, por eso las autoridades no ahorran esfuerzos en trabajar incansablemente para sensibilizar a la comunidad de la situación y para ponerla a salvo de cualquier amenaza. Por supuesto hay que preservar también la vida de las personas que trabajan en la obra.
Sin duda, es un problema de grandes dimensiones como el proyecto en sí, nadie al inicio imagino una situación de esta naturaleza.
Pero si a esta grave tragedia social y ambiental le faltaban ingredientes, sorprendió la Fiscalía General de la Nación al advertir que existirían también posibles sobornos en los contratos de construcción de Hidroituango, que según el Fiscal Néstor Humberto Martínez pondría en aprietos a las firmas Conconcreto y Camargo Correa.
El jefe del ente acusador ha señalado que “hay indicios que dan cuenta por las evidencias recaudadas y así se hizo de conocimiento público, de que habría pagos en el proceso de contratación de esa represa”, de confirmarse tal situación estaríamos de frente los colombianos ante un nuevo caso de corrupción de enormes proporciones muy superior a los ya conocidos como Reficar, Odebrecht, Foncolpuertos, y muchos otros que el país recuerda.
Sería increíble, que el más ambicioso proyecto de los últimos tiempos en Colombia también haya caído en manos corruptas que hoy se esconden sin señalar culpables ni responsables. Será entonces tarea de las autoridades correspondientes desenmascararlos, presentarlos a la luz pública y hacer que respondan ante la justicia por la gravedad de sus acciones.
En los próximos días, una vez se minimice el riesgo que hoy presenta la mega obra, vamos a realizar un debate de control político cuya fecha sería establecida por la mesa directiva para que quienes tienen relación directa e indirecta con Hidroituango comparezcan ante el Senado y le expliquen al país sus acciones.
En ese orden de ideas vamos a citar a debate de control político a los Ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente, Interior, y vamos a invitar al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación , al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, al Gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín, al gerente de Empresas Públicas de Medellín y a Representantes de la zona de influencia, para que respondan sobre las causas, alcances y circunstancias graves de la tragedia de las últimas semanas alrededor de este importante proyecto hidroeléctrico en Colombia.
A pesar de que muchos sectores políticos no querían aprobar la proposición de citación a este debate al final lo logramos y en muy pocos días haremos que el país conozca de sus mismos protagonistas todo lo que ha sucedido con este colosal proyecto que hoy tiene en apuros a unos pocos poderosos, y con gran preocupación a 50 millones de colombianos.
Por Gabriel Ortiz.-Preocupantes dudas que se tejen sobre rectitud en la Registraduría y el Consejo Electoral, en proximidades de un debate electoral que decidirá los destinos del país durante los próximos cuatro años.
Quienes dirigen, organizan, desarrollan y responden por las elecciones se han encargado de desacreditarse y sembrar dudas sobre nuestra democracia. Hay desde imprevisión hasta mafias que componen o descomponen los resultados. Los candidatos no están seguros de la limpieza de los escrutinios.
Se asegura que una vez cerradas las votaciones aparecen “testigos” a enturbiar los conteos y rellenar urnas con votos diligenciados por mafias expertas en cambiar los resultados.
Por ello, es difícil entender cómo muchos “quemados” en el primer conteo, al día siguiente aparecen holgadamente elegidos.
Cuando el sol del día electoral se oculta, llega la febril noche con la corruptela de compradores y vendedores de votos que modifican los primeros resultados. Muchos supuestos testigos y “voluntarios” penetran las débiles arcas triclave y proceden a cambiar actas y resultados. Son expertos en cambiar votos para favorecer a quienes han comprado sus servicios.
Muchos de los legalmente elegidos, salen a celebrar, mientras la podredumbre actúa para darles al día siguiente la gran decepción de una derrota.
Ante el reinante desorden en Registraduría y Consejo Electoral, los perdedores solo pueden “denunciar” los fraudes. “Nos robaron las elecciones. Fulano se las robó”, suelen decir. Vaya uno a saber hasta qué punto ello es cierto. Hemos observado cómo hasta después de cumplidos los períodos salen los fallos.
Tal vez parte del descrédito de las firmas encuestadoras obedezca a la manipulación de los conteos de los votos. Lo vimos en el cuestionado No. En las parlamentarias que acaban de pasar y seguramente lo veremos en las presidenciales.
El gobierno, los agonizantes partidos políticos, los líderes honrados -si es que existen-, la academia y la ciudadanía en general, deberían designar una gran comisión electoral que vigile los resultados, apartando al registrador, a los magistrados del Consejo Electoral, y desterrando mafias y testigos que manipulan los debates. Estas elecciones tendrán márgenes muy estrechos. Cualquier cosa puede ocurrir.
Nadie, por ejemplo, entiende cómo un funcionario o funcionaria haya escondido el logotipo de uno de los candidatos. Y lo más grave, es que el jefe haya sido ascendido. Se premió la corrupción. Hay que recordar lo acontecido con los tarjetones del uribismo. Desaparecieron pese a que se habían destinado suficientes para atender a los sufragantes. Se dice que muchos fueron destruidos para favorecer a alguien.
Al parecer las autoridades que manejan las elecciones no son fiables. El país debe reaccionar antes de que sea tarde. La democracia está amenazada.
BLANCO: La atención a los cafeteros para salvarlos de la ruina.
NEGRO: En Hidroituango, se conjugan la impericia empresarial, la corrupción, los errores de diseño, duro golpe a la ingeniería colombiana y hasta posverdad, que pueden llevarnos a la más grande tragedia. Mucho más que la de Armero. Solo Dios podrá salvarnos.
Por Juan Fernando Londoño.- La actual campaña electoral tendrá duraderos efectos en el cambio de las preferencias políticas de los colombianos y la reconfiguración de las identidades partidistas. En adelante tendremos una derecha más sólida y radical y una izquierda más fuerte y con perspectivas de poder real.
Durante los últimos 50 años las identidades políticas se construyeron alrededor del centro, la razón principal fue el pacto frentenacionalista que garantizó el poder compartido entre liberales y conservadores y desdibujó la confrontación ideológica pues ambos tenían el triunfo asegurado y no tenía sentido la confrontación de ideas con los adversarios.
En la medida en que la competencia entre programas perdió su capacidad para estructurar la dinámica electoral, la disputa al interior de los partidos se volvió el elemento más importante para la supervivencia política, estableciendo así las bases de la extrema personalización del sistema político que caracteriza la democracia en Colombia. Adicionalmente, el clientelismo se convirtió en el factor principal para aglutinar a los votantes como remplazo de las ofertas electorales, generando al mismo tiempo una sociedad pasiva con gran abstención y unos partidos anclados en el usufructo del presupuesto público.
El Frente Nacional terminó formalmente en 1974, pero sus principales estructuras tanto legales como culturales perduraron incluso después de la Constitución de 1991. Durante ese período volvió la competencia partidista, pero absolutamente permeada por la capacidad clientelar. Y con un ingrediente adicional, el desafío de las guerrillas ahondó el consenso en el establecimiento sobre la naturaleza y alcance de las propuestas políticas que eran aceptables. Esos clivajes frentenacionalistas se mantuvieron incluso luego de la destrucción del bipartidismo que ocasionó la nueva Constitución de 1991, pero que no logró cambiar la forma de hacer la política.
Quienes se alejaron del consenso centrista siempre fueron neutralizados, provenientes de la izquierda liberal de Galán, Samper o Serpa; mientras que la izquierda, que no compartía el consenso frentenacionalista nunca fue opción real de poder. La naturaleza del consenso centrista tuvo cosas buenas, como el manejo responsable de la economía, que nunca ha tenido un episodio de hiperinflación o defaults. Para las élites era claro que una crisis económica era el único elemento que podría darle suficiente apoyo a la guerrilla para desafiar el estatus quo.
El consenso también tuvo cosas muy malas, por ejemplo, la renuncia de los civiles a manejar el orden público y la ausencia de políticas de redistribución de la riqueza. Ambos temas nos convirtieron en el Estado con más violaciones de derechos humanos y con peores indicadores de equidad económica y social.
La terminación del conflicto armado con las Farc quitó el principal elemento de aglutinación del establecimiento, la lucha contra el enemigo común. Y dividió a las élites entre quienes consideraban mejor un mal arreglo que un buen pleito (santismo) y los que hubiesen preferido continuar la guerra con tal de no hacer concesiones (uribismo). Como se ha señalado muchas veces, la guerra unió y la paz separó.
Sin la presencia del enemigo aglutinador no solamente se fracturó el consenso al interior del establecimiento sino que emergieron nuevas demandas y agendas represadas. Esto es lo que representan respectivamente los candidatos de derecha e izquierda que puntean hoy en día las encuestas. Duque, el establecimiento roto y Petro, las nuevas demandas. Ninguno de ellos cuenta con una mayoría sólida suficiente para ganar la Presidencia por sí solos, pero representan referentes políticos de opciones electorales claramente diferenciadas. Y esas propuestas marcarán el futuro de la política en Colombia.
Con el Centro Democrático, la derecha ha encontrado la vocería que el conservatismo había abandonado por andar dedicado al clientelismo. Y con la campaña de Petro, la izquierda logra iniciar la reconstrucción de su identidad en la época pos guerrillera.
El centro sigue siendo mayoritario, pero es una mayoría sin norte, sin líderes, sin identidad. Posiblemente los verdes tengan más opciones que el Partido Liberal de darle identidad a un centro político, pero eso está por verse. En todo caso, quienes conciben la política como un ejercicio de mecánica y maquinaria están condenados a la extinción.
La política de Colombia ha cambiado en esta campaña y es un cambio que llega para quedarse y quienes logren exitosamente ubicarse en esa política moderna e ideológica serán quienes protagonicen la lucha por el poder en el futuro, los demás podrán sobrevivir pero serán simples zombis políticos.
