Opinión

Por Amylkar Acosta.-Un aspecto primordial del Acuerdo final al que se arribó en La Habana por parte de los negociadores del Estado colombiano por una parte y las FARC de otra y junto con la elegibilidad de integrantes de la estructura de las FARC, una vez se haya hecho efectiva la dejación de armas, se han convertido en lo que denominan los estadounidenses los issue del gran debate en torno a la refrendación de dicho Acuerdo final el próximo 2 de octubre a través del Plebiscito. Pareciera que el Acuerdo final se redujera a estos dos aspectos que, sin negar su importancia y sensibilidad, han terminado por opacar otros tan importantes y trascendentales como ellos y, lo que es más importante, son parte integral del mismo, sin poderse desligar unos de otros porque hacen parte de un solo cuerpo.

Según el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, “los responsables de delitos de lesa humanidad no van a ir un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas”. La verdad sea dicha, en ninguna parte de las 297 páginas que contienen el Acuerdo final está dicho que se acepta que el genocidio, la violación, crímenes de guerra o de lesa humanidad “no vayan a pagar un solo día de cárcel”. Tales delitos están excluidos explícitamente de cualquier beneficio y podrán pagar penas restrictivas efectivas de la libertad entre cinco y ocho años, siempre y cuando colaboren y reconozcan toda la verdad,o privativas de la libertad con reclusión carcelariahasta 20 años en el caso contrario.

En el acápite de la Justicia Transicional, se establece claramente que esta no aplica a crímenes de lesa humanidad y genocidios, tal y como quedó establecido en el Acuerdo final. Pero es bueno también dejar en claro que además de la investigación, juzgamiento y las sanciones que impartirá el Tribunal Especial de la Justicia Transicional, este tiene su correlato en la Comisión de la Verdad, para el esclarecimiento de los responsables de la comisión de los delitos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de perpetración de los mismos, como también de la Unidad de búsqueda de los desaparecidos y las unidades de reparación. Ello es lo que permitirá que se conozca la verdad y sobre esta base poder reparar a las víctimas, que han estado en todo momento en el centro tanto de la negociación como del Acuerdo final.

Sostiene el ex ministro y uno de los coordinadores de la campaña por el NO del Centro Democrático Carlos Holmes Trujillo que “para las víctimas, lo importante es que haya justicia de verdad. Lo que le conviene al país es que las principales responsables de los delitos más graves paguen las penas adecuadas. Es decir, prisión, además de las penas complementarias, como el trabajo forzoso”. Lo primero que tenemos que advertir es que las victimas no opinan lo mismo que él, pues, como afirma una de ellas, Sebastián Arismendi, hijo del Diputado Hector, quien fue secuestrado y asesinado a mansalva por parte de las FARC junto con 10 diputados más, se han dado cuenta de que viendo a sus victimarios en la cárcel “no me traería a mi padre de vuelta, pero obligándolos a escucharme y escucharlos arrepentidos por lo que hicieron, me hizo sentir grande y a ellos verlos muy pequeños”.

Con lo que ha dado en llamar “elegibilidad” de los jefes de las FARC se ha armado una tempestad en un caso de agua por parte del Centro Democrático en su afán de aupar la campaña del NO en el Plebiscito. Afirma el ex presidente Alvaro Uribe, refiriéndose a las negociaciones en La Habana, que “este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces”, que ya vimos que ello es falso y a renglón seguido añade que se “premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura”.

Cómo contrasta esta posición del ex presidente Uribe con la sumida enantes, cuando planteó que “si un Acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide. Entonces, en un Acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”. Qué ha llevado, entonces, a cambiar de opinión al ex presidente Uribe, por qué lo que se podía y se debía hacer cuando él fue Presidente de la República “por el bien de la patria”, ahora resulta pecaminoso y allana el camino para que Colombia sucumba al engendro del fantasmagórico “castrochavismo”.

Bogotá, septiembre 18 de 2016

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Por Mario Vargas Llosa. Tomado del El País.- Los buenos artículos me gustan casi tanto como los buenos libros. Ya sé que no son muy frecuentes, pero ¿no ocurre lo mismo con los libros? Hay que leer muchos hasta encontrar, de pronto, aquella obra maestra que se nos quedará grabada en la memoria, donde irá creciendo con el tiempo. El artículo que Héctor Abad Faciolince publicó en EL PAÍS el 3 de septiembre (Ya no me siento víctima), explicando las razones por las que votará sí en el plebiscito en el que los colombianos decidirán si aceptan o rechazan el acuerdo de paz del Gobierno de Santos con las FARC, es una de esas rarezas que ayudan a ver claro donde todo parecía borroso. La impresión que me ha causado me acompañará mucho tiempo.

Abad Faciolince cuenta una trágica historia familiar. Su padre fue asesinado por los paramilitares (él ha volcado aquel drama en un libro memorable: El olvido que seremos) y el marido de su hermana fue secuestrado dos veces por las FARC, para sacarle dinero. La segunda vez, incluso, los comprensivos secuestradores le permitieron pagar su rescate en cómodas cuotas mensuales a lo largo de tres años. Comprensiblemente, este señor votará no en el plebiscito; “yo no estoy en contra de la paz”, le ha explicado a Héctor, “pero quiero que esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel”. Le subleva que el coste de la paz sea la impunidad para quienes cometieron crímenes horrendos de los que fueron víctimas cientos de miles de familias colombianas.

Pero Héctor, en cambio, votará sí. Piensa que, por alto que parezca, hay que pagar ese precio para que, después de más de medio siglo, los colombianos puedan por fin vivir como gentes civilizadas, sin seguirse entrematando. De lo contrario, la guerra continuará de manera indefinida, ensangrentando el país, corrompiendo a sus autoridades, sembrando la inseguridad y la desesperanza en todos los hogares. Porque, luego de más de medio siglo de intentarlo, para él ha quedado demostrado que es un sueño creer que el Estado puede derrotar de manera total a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a la cárcel. El Gobierno de Álvaro Uribe hizo lo imposible por conseguirlo y, aunque logró reducir los efectivos de las FARC a la mitad (de 20.000 a 10.000 hombres en armas), la guerrilla sigue allí, viva y coleando, asesinando, secuestrando, alimentándose del, y alimentando el narcotráfico, y, sobre todo, frustrando el futuro del país. Hay que acabar con esto de una vez.

¿Funcionará el acuerdo de paz? La única manera de saberlo es poniéndolo en marcha, haciendo todo lo posible para que lo acordado en La Habana, por difícil que sea para las víctimas y sus familias, abra una era de paz y convivencia entre los colombianos. Así se hizo en Irlanda del Norte, por ejemplo, y los antiguos feroces enemigos de ayer, ahora, en vez de balas y bombas, intercambian razones y descubren que, gracias a esa convivencia que parecía imposible, la vida es más vivible y que, gracias a los acuerdos de paz entre católicos y protestantes, se ha abierto una era de progreso material para el país, algo que, por desgracia, el estúpido Brexit amenaza con mandar al diablo. También se hizo del mismo modo en El Salvador y en Guatemala, y desde entonces salvadoreños y guatemaltecos viven en paz.

El aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras que, en los años sesenta, solo sirvieron para llenar América Latina de dictaduras militares sanguinarias y corrompidas hasta los tuétanos. Empeñarse en imitar el modelo cubano, la romántica revolución de los barbudos, sirvió para que millares de jóvenes latinoamericanos se sacrificaran inútilmente y para que la violencia —y la pobreza, por supuesto— se extendiera y causara más estragos que la que los países latinoamericanos arrastraban desde hacía siglos. La lección nos ha ido educando poco a poco y a eso se debe que haya hoy, de un confín a otro de América Latina, unos consensos amplios en favor de la democracia, de la coexistencia pacífica y de la legalidad, es decir, un rechazo casi unánime contra las dictaduras, las rebeliones armadas y las utopías revolucionarias que hunden a los países en la corrupción, la opresión y la ruina (léase Venezuela).

La excepción es Colombia, donde las FARC han demostrado —yo creo que, sobre todo, debido al narcotráfico, fuente inagotable de recursos para proveerlas de armas— una notable capacidad de supervivencia. Se trata de un anacronismo flagrante, pues el modelo revolucionario, el paraíso marxista-leninista, es una entelequia en la que ya creen solo grupúsculos de obtusos ideológicos, ciegos y sordos ante los fracasos del colectivismo despótico, como atestiguan sus dos últimos tenaces supérstites, Cuba y Corea del Norte. Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene una de las economías más prósperas en América Latina y donde la guerra civil no ha desmantelado el Estado de derecho y la legalidad, pues las instituciones civiles, mal que mal, siguen funcionando. Y es seguro que un incentivo importante para que operen los acuerdos de paz es el desarrollo económico que, sin duda, traerán consigo, seguramente a corto plazo.

Héctor Abad dice que esa perspectiva estimulante justifica que se deje de mirar atrás y se renuncie a una justicia retrospectiva, pues, en caso contrario, la inseguridad y la sangría continuarán sin término. Basta que se sepa la verdad, que los criminales reconozcan sus crímenes, de modo que el horror del pasado no vuelva a repetirse y quede allí, como una pesadilla que el tiempo irá disolviendo hasta desaparecerla. No hay duda que hay un riesgo, pero, ¿cuál es la alternativa? Y, a su excuñado, le hace la siguiente pregunta: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos?”.

La respuesta es sí. Yo no lo tenía tan claro antes de leer el artículo de Héctor Abad Faciolince y muchas veces me dije en estas últimas semanas: qué suerte no tener que votar en este plebiscito, pues, la verdad, me sentía tironeado entre el sí y el no. Pero las razones de este magnífico escritor que es, también, un ciudadano sensato y cabal, me han convencido. Si fuera colombiano y pudiera votar, yo también votaría por el sí.

Por Martín Caparrós. Tomado del NY Times en Español.- Ya no sé cuántas veces lo he visto escrito, lo he oído repetido: está por todas partes. La frase se ha ganado su lugar, el más común de los lugares, y no se discute: la izquierda fracasó en América Latina.

Es poderoso cuando un concepto se instala tanto que ya nadie lo piensa: cuando se convierte en un cliché. El fracaso de la izquierda en América Latina es uno de ellos. El fracaso de los gobiernos venezolano, argentino o brasileño de este principio de siglo es evidente, y es obvio que sucedió en América Latina; lo que no está claro es que eso que tantos decidieron llamar izquierda fuera de izquierda.

Hubo, sin embargo, un acuerdo más o menos tácito. Llamar izquierda a esos movimientos diversos les servía a todos: para empezar, a los políticos que se hicieron con el poder en sus países. Algunos, en efecto, lo eran —Evo Morales, Lula— y tenían una larga historia de luchas sociales; otros, recién llegados de la milicia, la academia o los partidos del sistema, simplemente entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero las proclamas y la realidad pueden ser muy distintas: del dicho al lecho, dicen en mi barrio, hay mucho trecho.

La discusión, como cualquiera que valga la pena, es complicada: habría que empezar por acordar qué significa “izquierda”. Es un debate centenario y sus meandros ocupan bibliotecas, pero quizá podamos encontrar un mínimo común: aceptar que una política de izquierda implica, por lo menos, que el Estado, como instrumento político de la sociedad, trabaje para garantizar que todos sus integrantes tengan la comida, salud, educación, vivienda y seguridad que necesitan. Y que intente repartir la riqueza para reducir la desigualdad social y económica a sus mínimos posibles.

Creo que, en muchos de nuestros países, poco de esto se cumplió. Pero creer y hablar es relativamente fácil. Por eso, para empezar a pensar la cuestión, importa revisar las cifras que intentan mostrar qué hay más allá de las palabras discurseadas. Por supuesto, el espacio de un artículo no alcanza para un recorrido completo: cada país es un mundo. Así que voy a centrarme en el ejemplo que mejor conozco: la Argentina del peronismo kirchnerista.

Primero, las condiciones generales: entre 2003 y 2012 el precio de la soja, su principal exportación, llegó a triplicarse. Los aumentos globales de las materias primas ofrecieron a la Argentina sus años más prósperos en décadas. Con esa base privilegiada y 12 años de discursos izquierdizantes, Cristina Fernández de Kirchner dejó su país, en diciembre pasado, con un 29 por ciento de ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas: 10 millones de pobres, dos millones de indigentes. El 56 por ciento de los trabajadores no tiene un empleo estable y legal: desempleados, subempleados, empleados en negro y en precario. Un tercio de los hogares sigue sin cloacas y uno de cada diez no tiene agua corriente. Y hay casi cinco millones de malnutridos en un país que produce alimentos para cientos de millones, pero prefiere venderlos en el exterior.

Aunque, por supuesto, el relato oficial era otro: en junio de 2015, la Presidenta Fernández dijo en la Asamblea de la FAO que su país sólo tenía un 4,7 por ciento de pobres; su jefe de gabinete, entonces, dijo que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania”. Para conseguirlo, su gobierno había tomado, varios años antes, una medida decisiva: intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y obligar a sus técnicos a producir datos perfectamente inverosímiles.

Pese a los discursos, en los años kirchneristas también aumentó la desigualdad en el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. En 1996, el 24,6 por ciento de los alumnos iba a escuelas privadas; en 2003 la cifra se mantenía; en 2014 había llegado al 29 por ciento. Los argentinos prefieren la educación privada a la pública, pero no todos pueden pagarla: su uso es un factor de desigualdad importante, y creció un 20 por ciento en estos años.

En 1996 la mitad de la población contaba con los servicios médicos de los sindicatos, el 13 por ciento un plan médico privado y el resto, el 36 por ciento más pobre, se las arreglaba con la salud pública. La proporción se mantiene: entre 15 y 17 millones de personas sufren la medicina estatal, donde tanto funciona tan mal. Es la desigualdad más dolorosa, como bien pudo ver la presidenta Fernández cuando —diciembre de 2014— se lastimó un tobillo en una de sus residencias patagónicas y la llevaron al hospital provincial de Santa Cruz. Allí le explicaron que no podían curarla porque el tomógrafo llevaba más de un año roto, y la mandaron en avión a Buenos Aires, 2.500 kilómetros al norte.

Mientras las diferencias entre pobres y ricos se consolidaban, mientras la exclusión de un cuarto de la población producía más y más violencia, las grandes empresas seguían dominando. En agosto de 2012 Cristina Fernández lo anunciaba sonriente: “Los bancos nunca ganaron tanta plata como con este gobierno”. Era cierto: en 2005 se llevaban el 0,33 por ciento del Producto Interno Bruto; en 2012, más de tres veces más. Ese mismo año el Fondo Monetario Internacional informaba que la rentabilidad sobre activos de los bancos argentinos era la más grande del G-20, cuatro veces mayor que la de los vecinos brasileños. Y la economía en general siguió con la concentración que había inaugurado el menemismo: en 1993, 56 de las 200 empresas más poderosas del país tenían capital extranjero y se llevaban el 23 por ciento de la facturación total; en 2010 eran más del doble —115— y acaparaban más de la mitad de esa facturación.

Y esto sin detenerse en el sinfín de corruptelas que ya colman los tribunales de justicia con ministros, secretarios, empresarios amigos, la propia presidenta. ¿Se puede definir “de izquierda” a un grupo de personas que roba millones y millones de dineros públicos para su disfrute personal?

Ni detenerse en la locura personalista que hace que estos gobernantes –y por supuesto la Argentina– identifiquen sus políticas consigo mismos. ¿Se puede definir “de izquierda” a una persona que desprecia tanto a las demás personas como para creerse indispensable, irreemplazable?

Son más debates. Mientras tanto, sería interesante repetir la operación en otros países: comparar también en ellos las proclamas y los resultados. Quizás allí también se vea la diferencia entre el reparto de la riqueza que llevaría adelante un gobierno de izquierda y el asistencialismo clientelar que emprendió éste. Quizás entonces se entienda por qué, mientras algunos de estos gobiernos se reclamaban de izquierda, sus propios teóricos solían llamarlos populistas, una tendencia que la izquierda siempre denunció, convencida de que era una forma de desviar los reclamos populares: tranquilizar a los más desfavorecidos con limosnas —subsidios, asignaciones— que los vuelven más y más dependientes del partido que gobierna.

Pero el lugar común pretende que lo que fracasó fue la izquierda –y eso les sirve a casi todos. A aquellos gobiernos, queda dicho, o a sus restos, para legitimarse. Y a sus opositores del establishment para tener a quien acusar, de quien diferenciarse, y para desprestigiar y desactivar, por quién sabe cuánto tiempo, cualquier proyecto de izquierda verdadera.

Por Juan Fernando Londoño.- Uno de los argumentos de los promotores del No en el plebiscito es la supuesta entrega de 16 curules territoriales a las FARC como complemento de las 10 directas que ya tienen aseguradas. Los críticos parecen reconocer a las FARC una fuerza electoral extraordinaria a costa de revictimizar a las poblaciones que han sido los principales damnificados por el conflicto. Tal como en el pasado lo hicieron los paramilitares, quienes así piensan caen en el error de creer que todos las personas de esos territorios son aliados o simpatizantes de las FARC, pero eso está por verse.

Durante las 5 décadas de Conflicto Armado cientos de miles y miles de colombianos se vieron privados de sus derechos políticos como consecuencia de tener la (mala) suerte de vivir en los territorios de disputa entre los grupos armados o controlados por organizaciones ilegales, incluidas las FARC. Jamás pudieron ejercer los derechos que la Constitución les reconocía como colombianos. Fueron desplazados, asesinados, reclutados, desaparecidos, abusados, maltratados y vilipendiados.

Durante los períodos electorales las FARC (y luego los paramilitares) impedían que los ciudadanos pudieran expresar sus preferencias libremente mediante quema de urnas, ataques a la organización electoral, declaratoria de paros armados, asesinato de líderes y periodistas, y todas las formas posibles de coacción y coerción. La situación de guerra contra el Estado colombiano llevó a las FARC a suprimir la democracia en sus zonas de influencia e impedir lo que para ellos no era más que una forma burguesa de dominación: las elecciones.

Los territorios donde se vivió esta situación fueron lentamente abandonados, incluso por los partidos tradicionales, cuyos líderes optaron por cuidar su vida y dejaron de hacer campaña en esas zonas. Algunos, como la Familia Turbay Cote no tuvieron esa opción y fueron asesinados por las FARC. El resultado de ese abandono ha sido también la desafección de esos colombianos y por tanto resarcir sus derechos no sólo es una reparación y compensación para su sufrimiento y abandono sino una forma de recuperar la legitimidad del Estado en esas regiones.

Para revivir la democracia en lugares donde la única ley acatada ha sido la del más fuerte se crearon las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz. Mediante ellas los habitantes de los territorios más afectados por la guerra podrán recuperar su condición de ciudadanos colombianos y por primera vez tendrán las garantías necesarias para expresar sus opiniones y preferencias electorales. Creer que como consecuencia de ello los pobladores van a salir a recompensar electoralmente a quienes por años han sido sus verdugos es un exceso de optimismo por parte de las FARC y de pesimismo del Centro Democrático.

La prohibición a los partidos nacionales de presentar candidatos en esos territorios no significa que no puedan hacer campaña, sino que sean respetuosos de la necesidad de reconstrucción de las identidades políticas de esas comunidades. Los partidos podrán apoyar los candidatos que surjan de las organizaciones sociales con presencia en las zonas, así que también es una oportunidad para ellos de cambiar su relación clientelar con los ciudadanos y asociarse más a la representación de intereses. 

Ya veremos si las FARC, desarmadas, consiguen el mismo nivel de apoyo que tenían cuando portaban fusiles. Como decía Maquiavelo, el Príncipe debe hacerse querer o temer. Las FARC se han hecho temer, vamos a ver si son capaces de hacerse querer.

Por Diego González.- Uno de los retos más grandes para el gobierno nacional y principalmente para el aparato Judicial del estado en el Postconflicto, será garantizar que el fenómeno de los falsos testigos no termine incriminando injustamente a los miembros de las Fuerzas Militares,  dirigentes políticos o empresarios, en procesos penales cimentados en falsos testimonios de los desmovilizados.

Tal como ocurrió en el pasado cercano, con laley de Justicia y Paz que fue diseñada para garantizar la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, en donde se estableció que podrían pagar un máximo de ocho años de prisión  por los crímenes cometidos, también se les dio la opción de reducir su sentencia por delatar a sus superiores políticos o militares, lo que provocó que se proliferarán los testigos dispuestos a mentir a cambio de reducir varios años de prisión y mejorar sus condiciones de reclusión.

El testimonio de paramilitares desmovilizados llevó a los investigadores a formular cargos contra más de cien congresistas por tener presuntas alianzas con grupos al margen de la ley, sin embargo sólo un tercio de ellos fueron condenados y a la fecha se tienen dudas de muchas de esas condenas porque se ha demostrado que esos testigos fueron inducidos o han sido tachados de falsos en diferentes procesos.

Esta clase de temores resulta legítimo en un país como el  nuestro en donde la justicia se ha desacreditado perdiendo credibilidad y confiabilidad, ahora nuestros fiscales y jueces se preparan para investigar y juzgar una avalancha de casos derivados de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, y deberán garantizar que se aclaren los asesinatos, secuestros y crímenes de guerra entre el Ejército y las FARC y la participación  de los diferentes sectores políticos y privados.

De acuerdo con la estadísticas de la Fundación Defensa de Inocentes,  con base en la información de la Fiscalía, son por lo menos 20 mil personas las que han sido procesadas por cuenta de los falsos testigos y la Fiscalía adelanta investigaciones contra más de 3 mil 500 testigos falsos que actúan en diferentes procesos.

Es difícil calcular el viacrucis que deben atravesar las víctimas de los falsos testigos, quienes en su mayoría resultan ser políticos o miembros de las Fuerzas Militares, que no solo deben afrontar la condena, el matoneo y el juicio mediático que sirven para ambientar una posible condena, sino que deben someterse a desmentir versiones de perversos testigos que con oscuros intereses contribuyen al linchamiento moral de los implicados y sus familias.

Por Luis Fernando Rosas.- Este dos de Octubre el proceso de Paz se reafirmará con el resultado en las urnas del plebiscito, prueba electoral en la cual los Colombianos de diferentes tendencias diremos SÍ para reencontrarnos con el más bello espectáculo, como lo es cerrar este capítulo sangriento e incomprendido en nuestra historia.

Para la implementación del proceso de paz las estructuras políticas y sobretodo la opinión no se pueden equivocar, quienes se subieron al bus del proceso a última hora o no lo apoyaron no garantizan el éxito, para una nueva etapa que debe comenzar con un cambio urgente de gabinete Ministerial acorde a los nuevos escenarios posibles y así como el M 19 ocupó Ministerios y responsabilidades se deben abrir campos de acción a representantes de nuevas tendencias y del nuevo esquema que surja después del plebiscito que oxigenen el espectro político y que orienten al país al posconflicto. Llegó la hora de un equipo de Gobierno representativo con peso, capacidad de convocatoria real y de “altura”  que al presentarse signifique Paz y cambios para la nueva etapa democrática.

A las Farc, les corresponde con su nueva personería jurídica, demostrar que no se ha quedado en el pasado con su discurso, para ello tendrán financiación estatal equivalente al 10% del fondo del estado que  serán 7.000 millones al año, y es lógico el sector empresarial no  se meterá la ¨mano al dril” para financiarlos como hacen hoy con los partidos legalmente reconocidos. Además hasta 2026 no tienen las exigencias de mínimo de umbral, tendrán además televisión estatal y lo que más les preocupa seguridad. A partir de 2018 tendrán y por dos períodos 5 curules en Cámara y Senado, se someten al sistema electoral actual pero si no logran estos cupos de todas maneras el estado se las otorga. En lo que no pueden fallar es como entrar en el juego amplio de la Política Nacional.

La mayor garantía de seguridad y de éxito para la implementación, son los acuerdos especiales, con base en el artículo 93 de la Constitución, busca que el acuerdo de Paz con  su contenido prevalezca en el orden interno y se agregue al “bloque de Constitucionalidad”; ya internacionalmente las Naciones Unidas y su carta de derechos; la Convención Americana de Derechos Humanos de San José  Costa Rica suscrita en 1969 los establecen, y sobre todo el Derecho internacional Humanitario, tesis bien expuesta por reconocidos expertos, por este hecho muchos enemigos del proceso se asustan porque por sus posiciones extremistas hacen que los deje el “tren de la historia” los Acuerdos especiales son verdadero “blindaje”.

Los amigos del proceso de Paz no podemos equivocarnos, el acierto es Unir al país no dividirlo más después del plebiscito, quienes pretendan implementar a nombre de sectas o grupúsculos al interior de los partidos dejándose llevar de encuestas Bogotanas, no de realidades concretas, allí están equivocados, se debe convocar un “Arca de Noé” donde quepamos todos y no los que se quieren asegurar y perpetuar en el poder a nombre de la Paz  “roscas” dañinas y excluyentes  maltratando a quien no está de acuerdo con los métodos y buscando una paz partidista y no nacional.

SÍ revisamos nombres de aspirantes Presidenciales, algunos pertenecen a fracciones políticas, muchas desgastadas que quieren implementar para sus amigos y no para el país, dependen de encuestas y otras cosas, si es así la Paz perderá una gran oportunidad para convocar las diferencias y abrazar con amor republicano a todos los Colombianos sin distingos, el gran reto es reconciliar al país, yo estoy seguro que el gran soporte de la Paz serán unos medios pluralistas ,una opinión pública libre para el debate y una justicia que no persiga con tintes políticos. Los invito a pensar no partidistamente en quien puede implementar con carácter participativo y que hayan sido protagonistas de este gran logro.

Por el Comité Editorial de The New York Times en Español.-  La vida de todo colombiano ha sido marcada, en cierto sentido, por la violencia. El gobierno ha estado en guerra con grupos guerrilleros de tendencia marxista durante más de cinco décadas, un ruinoso conflicto cuyas raíces provienen de periodos de violencia de mitades del siglo XX.

Esta semana, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el grupo guerrillero más grande del país, llegaron a un acuerdo según el cual los rebeldes se comprometen a deponer las armas e incorporarse al sistema político y a la legalidad.

Si el acuerdo de paz es ratificado por los colombianos en un plebiscito que se celebrará el 2 de octubre, Colombia tendrá la oportunidad de alcanzar todo su potencial después de sufrir décadas de violencia, en las que se ha generado una arraigada desigualdad y una institucionalidad débil.

Es una oportunidad que los colombianos deben aprovechar.

El documento incluye reformas estructurales radicales e inversiones sociales que podrían transformar al país en una sociedad más próspera y equitativa. También incluye una reforma agraria integral, lo que reduciría la desigualdad histórica entre los centros urbanos de Colombia y el campo, empobrecido y abandonado. Las Farc se han comprometido a acabar con su participación en el tráfico de drogas, una actividad que potenció el conflicto durante las últimas décadas. Una mayor presencia estatal en las regiones donde se cultiva y trafica la cocaína facilitaría enfrentar ese flagelo de una manera eficaz.

Según las condiciones del pacto, los miembros de las Farc le entregarán sus armas al personal de las Naciones Unidas y revelarán la naturaleza de su participación en el conflicto ante un tribunal especial que incluirá a juristas nacionales e internacionales. Aquellos que admitan delitos graves como secuestros —y ejecuciones— estarían sujetos a períodos de restricción de movilidad de cinco a ocho años, durante los cuales se espera que realicen servicios comunitarios. Los que han cometido delitos menos graves —como el tráfico de drogas— recibirían amnistía.

Esta disposición no es ideal, ya que inevitablemente dejará muchos crímenes sin castigo. Pero con un buen manejo, podría permitir que muchas víctimas vean a sus agresores juzgados y se lograría que los criminales de guerra —incluyendo a los miembros de las fuerzas armadas— asuman responsabilidad, en cierta medida, por las peores atrocidades de la guerra.

El acuerdo también permitiría que los miembros de las Farc puedan postularse para las elecciones legislativas de 2018 y les otorgaría un mínimo de cinco curules en la cámara de representantes y cinco en el senado. Muchos colombianos se oponen a esto pues dicen que da la impresión de que la insurgencia es una estrategia legítima para entrar a la política.

Pero vale la pena recordar que las Farc y otros grupos guerrilleros se formaron durante una época en la que varios segmentos de la sociedad se sentían excluidos ante un sistema político que parecía impenetrable para todos, excepto para las élites. La construcción de un sistema político más incluyente reduciría el riesgo de que las comunidades marginadas consideren a la violencia como el medio más eficaz para lograr un cambio.

Como una paz duradera comienza a parecer cada vez más viable, los arquitectos de este proceso merecen ser reconocidos por su visión y tenacidad. El presidente Juan Manuel Santos y su equipo de negociadores siempre han tenido el norte claro y han sido infatigables y claros a lo largo de las prolongadas negociaciones, que han polarizado a Colombia. Las Farc, que aceptaron negociar después de sufrir reveses en el campo de batalla, parecen haber negociado de buena fe y cumplieron un cese al fuego durante más de un año.

Las víctimas del conflicto, muchas de las cuales han apoyado fervientemente el proceso, también merecen un reconocimiento por su disposición a perdonar. Al sentarse a dialogar con un enemigo al otro lado de la mesa de negociación, fijan un ejemplo digno de reconocer, justo cuando muchos de los conflictos armados en el mundo parecen imposibles de conciliar.

Le han dado a una generación de colombianos más jóvenes la oportunidad de empezar a relegar esta guerra a los libros de historia.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Colombia al buscar una salida negociada del conflicto armado, más largo de la historia de América Latina, no sólo abrió la puerta a la oportunidad de vivir en un país sin violencia, sino de plantear un consenso político válido para todos los colombianos.

De ahora en adelante, seremos un ejemplo para  la humanidad, de lograr una salida, que permitiese ir más allá de una amnistía o un indulto y diese pie a un sistema de justicia, basado en la verdad, que logrará no sólo juzgar los delitos cometidos, sino que no se queden impunes.

El conflicto armado ha sido un problema que sólo ha tenido perdedores y víctimas. A más de medio siglo se puede afirmar que son incontables las consecuencias que ha producido en la población: desplazamientos forzosos, empobrecimiento, pérdidas humanas, materiales y sociales, además del cuantioso costo económico.

Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el país de América Latina  de mayor gasto militar en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB). Y Diego Otero, ExViceministro de Minas ha calculado que el Estado Colombiano ha gastado aproximadamente 179 mil millones de dólares en el abordaje del conflicto desde el punto de vista militar.

Dineros que han podido invertirse en áreas estratégicas para el desarrollo y el abordaje definitivo de los problemas estructurales del país, pero que se utilizaron en tratar de resolver el conflicto.

Un estudio realizado por el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) concluyó que el Producto Interno Bruto (PIB) se duplicaría cada 8,5 años sin el conflicto armado en Colombia y no cada 18,5 años, como ha pasado.

Por otra parte, en el estudio "Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia"" de la Universidad de los Andes, se obtuvo un escenario similar: el país ha tenido una pérdida, en los últimos años, del 4,4 por ciento de su PIB.

Este estudio explica que “dado que la tasa de crecimiento anual de Colombia, entre 2000 y 2009, ha estado alrededor de 3,8 por ciento, el conflicto armado le ha costado a Colombia más de 100 por ciento de su tasa de crecimiento anual promedio en este período”. Cifras que hablan por sí solas de la necesidad de asumir esta oportunidad histórica en pos del futuro de los colombianos.

Por ello, creo firmemente que votar por el Sí en el Plebiscito de la Paz es la mejor decisión, porque es preferible trabajar con determinación y compromiso por un proyecto de país donde todos estemos incluidos que sostener un conflicto armado que sólo reporta pérdidas.

Todos sabemos que el Postconflicto será un proceso de gran complejidad y de decisiones y acciones de gran envergadura, pero también es el proceso de construcción más importante que viviremos, en función de superar las brechas que harán que nuestra democracia sea real y no un enunciado.

Por Juan Carlos Torres. - No importa qué religión profesas, finalmente todas conducen a Dios; sin embargo, el proceso de Paz ha dado lugar a una variedad de interpretaciones sobre las Sagradas Escrituras en función de una decisión frente al Plebiscito. Mientras la Iglesia católica a través del Sumo Pontífice y sus Párrocos se ha pronunciado a favor del Sí, los cultos cristianos están divididos entre el Sí y el No. Entre los últimos hay quienes aducen que decirle Sí a la Paz representa la apertura de las puertas del infierno y que Santos es el anticristo, evidenciando lo que sería una disidencia del cristianismo que adoctrina según sus intereses y asalta la buena fe de muchos feligreses.

Nos han enseñado que no todos contamos con la excelsitud de poder interpretar la palabra de Dios; sin embargo resulta  fácil deducir, que de ésta se extracta el amor, la paz, el perdón y la reconciliación. El proceso de Paz con las Farc pudiera ser la respuesta de Dios a las millones de veces que nos humillamos de rodillas y pedimos el fin de la guerra; o sobre el tratamiento al problema de las drogas ilícitas al que se refieren en los acuerdos, pudiera ser la respuesta a nuestras plegarias por nuestra juventud y sociedad sumida en las drogas. Nos enseñaron también que Dios se manifiesta de la forma que cree conveniente y no cómo nosotros pretendemos. ¿Quiénes somos los cristianos para reprochar o desobedecer lo obvio de los designios de Dios?

En la viña del señor hay de todo, y no todo el que carga la Biblia debajo del brazo es cristiano. No por casualidad el Senador Uribe oficializó  la campaña por el No en la sede principal de la Misión Carismática Internacional en Bogotá, templo que ha hecho campaña política con él, de propiedad del Pastor Jorge Villavicencio, tristemente célebre por el escándalo de recibir su iglesia, de predios expropiados a las mafias del narcotráfico caleño durante la presidencia de Uribe.

Otros de los fieles devotos del Centro Democrático es el Pastor Miguel Arrázola de la Iglesia Cristiana Ríos de Vida, amigo personal de Uribe que desde su púlpito hizo campaña a favor de Oscar Iván Zuluaga en las últimas elecciones presidenciales y fue promotor en Cartagena de la marcha del pasado 2 de abril convocada por el Uribismo. Es el mismo Pastor, que en el 2010, guiado por el espíritu santo, según él,  invitó a votar por Santos y hoy inspirado por el mismo espíritu santo nos profetiza que Santos es el anticristo. Aberrante  dicotomía de este líder religioso. Desde la presidencia de Uribe unas trescientas iglesias cristianas hacen abiertamente política con él.

Otro sector del cristianismo argumenta que votará No porque las penas para los guerrilleros no son suficientes; muchos de los que nos han evangelizado sobre creer en la justicia divina y hoy fungen de jueces terrenales, quizás poseídos por los deseos de la carne de apedrear a quienes como muchos cristianos también se equivocaron y hoy requieren de una nueva oportunidad, así como otros parroquianos ex criminales, drogadictos, violadores y prostitutas que concurren a estos templos en busca de la salvación. ¿Quién estará más cerca de encontrar a Dios, el que pide perdón y se arrepiente o el que concurre sagradamente a la Iglesia y aún no ha aprendido a perdonar?

El tercer bloque del cristianismo que dice No al plebiscito, es el asaltado en su buena fe, por una supuesta promoción de la ideología de género en los acuerdos de La Habana, una propaganda negra para ganar adeptos por el No; entre sus grandes exponentes el Pastor youtubers Oswaldo Ortiz, quien con claras posturas homofóbicas en una campaña perversa denominada “contra el Lobby Gay” de manera mal intencionada extrajo del discurso de Humberto De La Calle sobre enfoque de género, cinco segundos y los adhirió a sus sermón bufón , sinistrofóbico y de rechazo a la comunidad LGTBI; rumores que él bien conoce engranan en una sociedad mayoritariamente religiosa.

Sobre el video de Humberto De La Calle consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SG8X50uyz2w   es pertinente hacer las siguientes precisiones: para contextualizar, el jefe del equipo negociador del gobierno expresa el respeto a las diferencias como posibilidad de vivir en armonía y se refiere a la vinculación de un enfoque de género con reconocimiento de derecho. En el minuto 6:11 De La Calle parafrasea a Simón Deborah: “No se nace mujer, se llega serlo”y señala: “y hoy podríamos agregar también: no se nace hombre, se llega a serlo”, previamente manifiesta que se tratan de reflexiones personales y que no comprometen  a la delegación, son acercamientos de carácter personal que decidió compartir.

En los acuerdos nunca se habla del “espanto” de ideología de género, ni una sola vez; y la palabra LGTBI se menciona cuatro veces (páginas 31,73,76 y 78) todo para hacer promoción de: i)  al pluralismo político de la organizaciones y movimiento sociales que incluyen mujeres, jóvenes y población LGTBI en el debate democrático, ii) el diseño de una estrategia para identificar patrones de actividad criminal que atentan contra las mujeres, los niños, adolescentes y la comunidad LGTBI, y iii) implementación de planes de investigación especializados contra la victimización de mujeres, niños, adolescente y población LGTBI.

De lo que sí se habla en los acuerdos múltiples veces es del principio del enfoque de género, que en los acuerdos se refiere según su definición explicita en la página 10 y que para efectos de las 297 páginas significa lo mismo: “Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos con acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres…”, definición que incluye para la protección con enfoque de género a niños, niñas y adolescentes afectados por organizaciones criminales (página 70).

Queda claro que los acuerdos de Paz no pretenden la imposición de la ideología de género que el Pastor youtubers sugiere a través de su campaña del miedo de Nicolás Maquiavelo, para ganar adeptos en contra del proceso de Paz.

Resulta más sensato para los cristianos leer los acuerdos para no ser asaltados en su buena fe y  orarle mucho a Dios para que les de claridad sobre su decisión y no quedarse únicamente con las sugerencias del Pastor quien es humano, débil, pasional y que en algunos casos tienen profundos intereses y terminan siendo lobos vestidos de ovejas adoctrinando en provecho de sus embestiduras de la fe.

Twitter: @soyjuanctorres

Por Jorge Enrique Robledo.-  En días pasados hice mi quinto debate sobre Saludcoop y las demás fallas y corruptelas del pésimo sistema de Salud, en el que se sufre y se muere por males que la medicina sabe curar. Su detonante, dije, fueron las escandalosas declaraciones del Fiscal Perdomo de que no había decidido al respecto porque no podía demostrarse la corrupción en Saludcoop, porque los $1,4 billones de la sanción de la Contraloría eran el seis por ciento de esa suma y porque no había claridad jurídica sobre los recursos de la salud (http://bit.ly/2cLm8yl).

En el debate controvertí al Fiscal recordando que Saludcoop había sido sancionada por la Superintendencia de Salud por 627 mil millones de pesos –con el respaldo del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado–, por la Contraloría por 1,4 billones de pesos y por la SuperIndustria como parte del cartel de la salud. Que la Procuraduría multó y sancionó con 18 años para no ejercer cargos públicos a Carlos Palacino. Informé de dos decisiones recientes de la Contraloría por fraudes con sobreprecios de medicamentos y recobros al Fosyga, por 42.591 y 50.914 millones de pesos, contra Cafesalud y otras EPS. Que el CID de la Universidad Nacional demostró sobreprecios en medicamentos del Grupo Saludcoop por 800 mil millones de pesos y que en la Fiscalía duerme una denuncia por ocho mil cheques, por 27 mil millones de pesos, que la EPS le cobró al Fosyga pero que no pagó.

Expliqué que la base del desastre es la Ley 100/93, que convierte en ganancias de las EPS lo que debería ir a médicos, medicamentos y procedimientos y sus gerentes tienen como primer deber, no la salud de las personas, sino las ganancias de sus accionistas. Detallé cómo de lo peor de la Ley son sus criterios y normas como para ángeles, que le impiden al Estado controlar y facilitan robarse la plata de la salud. Y rechacé que Alejandro Gaviria no hubiera cerrado el boquete del saqueo de los recursos con el pretexto de su administración, a pesar de lo ordenado por la Ley 1438 de 2011 y por la Corte Constitucional.

Demostré el fracaso del Ministerio de Salud como administrador de Caprecom, Saludcoop y Cafesalud, cuyas quiebras han dejado a millones de colombianos con un pésimo servicio de salud, deudas enormes con las IPS públicas y privadas e innumerables maltratos a sus trabajadores. Advertí que Cafesalud puede generar una crisis sistémica en el sector porque su patrimonio negativo va en un billón de pesos y las pérdidas mensuales en 56 mil millones. Y citando al presidente de esa EPS, expliqué los descaros de varias corruptelas.

Recordé que los interventores oficiales de Saludcoop actuaron como Palacino, pasándole ilegalmente a la EPS 700 mil millones de pesos de la salud, e intentaron tumbar, demandándola, la sanción de 1,4 billones de pesos de la Contraloría. E informé que esa suma se perdió porque el liquidador de Saludcoop, contra la ley, les negó su naturaleza parafiscal y porque la Unidad Nacional y el Centro Democrático cambiaron la ley aplicable por la 1797 de 2016, poniéndolos como deuda quirografaria, de quinta categoría.

Expliqué que la inacción de la Fiscalía tuvo origen en los contratos por 4.953 millones de pesos de Eduardo Montealegre con Saludcoop, que crearon una ruta jurídica –inaceptable, según las autoridades– para convertir en privados los recursos públicos de la salud.

Denuncié que desde 1993 el verdadero ministerio de salud son las EPS, que someten a tantos con los 39 billones de pesos de la UPC de la salud. Y señalé los vínculos con las EPS de Alejandro Gaviria y de su esposa y de Juan Carlos Echeverri, Sergio Díaz-Granados y Enrique Vargas Lleras, quien fue abogado de Palacino y directivo de Cafesalud prepagada, es contratista de Saludcoop y Cafesalud por 5.505 millones de pesos y preside la junta directiva de la Nueva EPS (http://bit.ly/2c6oy8n).

¿Y saben cómo respondió el ministro Alejandro Gaviria? Increpándome, descalificándome de plano, por decir lo que dije, en vez de elogiarle sus supuestas grandes ejecutorias. Qué cómo me atrevía a denunciar estos hechos, que no refutó, en vez de postrarme ante las medallitas que brillan en su pecho… y que se pone él mismo (http://bit.ly/2cKPzPD).

Coletilla: en el plebiscito no se votará si nos gusta Santos. Si así fuera, los polistas votaríamos no. Lo que decide es si se desarma ya a las Farc, dándole fin a una violencia que nada bueno le dejó al país. Castigar a Santos votando no es castigarse a sí mismo.

Bogotá, 9 de septiembre de 2016.