Opinión
Por Alberto Barrera Tyszka.- Antes de salir de vacaciones, dejando al país en un incendio, Nicolás Maduro se despidió de un grupo de seguidores preguntando lo siguiente: “¿Ustedes quieren enfrentarse otra vez en la vida a la tragedia circunstancial que nos tocó vivir el 6 de diciembre que nos ganara la oligarquía? ¿Ustedes se van a calar otras elecciones donde la oligarquía tenga algún triunfo?” Fue la justificación más clara y directa de la actuación del CNE esta semana. Esas preguntas, lanzadas en voz alta y en tono camorrero, son el único argumento que se esconde detrás del silencio de Tibisay Lucena.
No habló Maduro de fraude. No mencionó ninguna de las supuestas denuncias que ha invocado el oficialismo. Maduro habló con las cuerdas vocales en el duodeno. Habló desde el miedo. Desde la intolerancia. Desde el autoritarismo. Maduro nos dijo que no se cala la democracia, que no acepta que otro, distinto a ellos, pueda ganar las elecciones. Ese mismo día, por cierto, ante un grupo de sus seguidores, Donald Trump también aseguró que solo reconocería los resultados electorales si él quedaba como ganador. La vida suele regalarnos casualidades que son relámpagos.
Después de realizado el sicariato judicial, Nicolás Maduro se comunicó nuevamente con el país. Como si no pasara nada demasiado especial. Desde Azerbaiyan y por teléfono, con voz calmada y con una naturalidad indignante, el Presidente hizo un llamado “a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, al respeto a la justicia y al acatamiento de las leyes, a que nadie se vuelva loco” Hay un Nicolás Maduro para cada ocasión y circunstancia. Cuando habla con los suyos es feroz, no tiene matices. Cuando quieres expresarse como Presidente, ensaya un tono más ecuánime. Cuando habla con Rodríguez Zapatero, dice lo que la inocencia de Rodríguez Zapatero desea oír. Esta tal vez sea la mayor herencia de Chávez: la organización del delirio. La tranquilidad de que se puede hablar y actuar de forma contradictoria y antagónica sin morir en el intento. La certeza de que se puede mentir sin consecuencias.
El día de ayer, Diosdado Cabello, como vocero del partido de gobierno, dio una rueda de prensa donde nos ofreció otra versión de lo que ha ocurrido esta semana. Es un relato asombroso: la policía secreta ha detenido a un joven concejal del Táchira (cuya esposa ha denunciado que lleva dos días “desaparecido”) y, según asegura Cabello, en su teléfono celular han encontrado todo un nuevo y macabro plan subversivo de la oposición. Ahí, entre chats y archivos de notas, descubrieron la secretísima y violenta agenda con la que la oposición pretendía utilizar la validación de firmas para “tumbar a Nicolás Maduro”. El PSUV es la impunidad envasada al vacío. Actúa como fuerza militar, como cuerpo policial, y convierte una especulación en algo fáctico. Cabello nos habló como si sus hipótesis fueran confirmaciones. Secuestran a un ciudadano, lo acusan de ser terrorista y, a partir de ahí, descalifican al adversario político, suspenden la vía electoral y se imponen como un poder que está más allá de la democracia. Los golpes de Estado son para el oficialismo lo que fueron las armas de destrucción masiva para George W Bush.
Pero después de todo esto, por supuesto, Diosdado Cabello invocó el diálogo, el respeto a las reglas del juego, la necesidad de la mediación, la importancia de garantizar elecciones y procesos transparentes…¿Cuál Diosdado es más real? ¿El que baja la voz y convoca al diálogo o el que aparece en un show, con un mazo de cavernícola, amenazando a la oposición? Ambos son el mismo. Ambos saben que pueden decir lo que sea. Que nada importa. Que luego harán otra cosa. Lo que haga falta. Lo necesario para permanecer en el poder. Para que sus privilegios sean irreversibles.
¿Cómo se lucha contra esto? ¿Cómo se combate a quienes no honran sus palabras? La convivencia humana, en cualquiera de sus formas, depende de una mínima fe en las palabras. El oficialismo ya pasó un límite. No solo frente a la MUD o la comunidad internacional. Pasó un límite frente a todos los venezolanos. Ya sabemos que ellos también lo saben: no son mayoría. Ya sabemos que mienten descaradamente. Que no quieren contarse. Ya sabemos que solo podemos creer en sus amenazas; no en sus promesas. El oficialismo ha perdido su capacidad de ser esperanza. Puede tratar de seguir imponiéndonos su silencio. Pero ya no tiene nada que decirnos sobre nuestro futuro.
La política también es un acto de lenguaje ¿Es posible dialogar con alguien a quien ya no le creemos nada? ¿Se puede hablar con quien no quiere escucharte? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se sigue una lucha democrática en un contexto autoritario? ¿Qué frase viene después de la palabra dictadura?
Por Diego González.- El problema no es la reforma tributaria, finalmente todo se paga con los impuestos, el problema es la percepción bien fundada que tiene la sociedad Colombiana de que las cargas tributarias no se ven reflejadas en la inversión que se requiere, eso sumado a los actos de corrupción que son la capa de grasa que tapona las arterias del desarrollo de los pueblos, y la insatisfacción de los más necesitados que tampoco se benefician con los esfuerzos de los que pagan los impuestos.
Es indignante que la educación en Colombia no alcance para los estratos más bajos, por qué razón los jóvenes de los estratos cero, uno y dos no pueden ser médicos, abogados, economistas , administradores etc, porque tienen que conformarse con carreras técnicas, como enfermeros , auxiliares de cocina, auxiliar de sistemas o cualquier otro programa, que de ninguna manera son motivo de vergüenza, por el contrario son una alternativa digna para capacitar nuestros jóvenes, pero no nos digamos mentiras, ¿que padre no quiere ver a su hijo convertido en profesional y con las mismas oportunidades que cualquier otro joven?.
Sin embargo, el país está muy cerca de enfrentar una profunda crisis, por lo que la reforma tributaria resulta no solo necesaria sino urgente, el hueco fiscal es de un poco más de 30,5 billones a la fecha y por diferentes causas, entre otras por la inesperada baja en el precio del petróleo, lo que indiscutiblemente obliga al gobierno nacional a buscar una solución inmediata.
Con esta propuesta el gobierno tendrá, el próximo año, ingresos adicionales equivalentes a 0,8 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, unos 7,2 billones de pesos, para 2018 daría recursos de un punto del PIB, hasta llegar a representar 2,7 del PIB en 2022.
Algunas bondades del proyecto de ley se van a ver representadas en sectores sensibles, por ejemplo el sector de la salud recibiría 1,5 billones de pesos adicionales, también el sector vivienda para aquellos inmuebles que no superen los 800 millones de pesos en su valor quedarán exentos de IVA, en el caso del empleo el gobierno ha señalado que con incentivos tributarios, como bajar el impuesto de renta, las empresas podrán llegar a zonas afectadas por el conflicto generando oportunidades de trabajo.
Lo cierto de todo es que para poder justificar un tema tan impopular como el aumento de impuestos, en un país donde no existe cultura tributaria y en donde a diario la opinión pública recibe noticias de grandes actos de corrupción y dilapidación de recursos públicos, se requiere ganar la confianza de los sujetos pasivos de esta reforma, es decir del pueblo, y segundo generar al margen de esta reforma, otras tendientes a disminuir las brechas existentes en desigualdad y concentración de la riqueza.
La verdadera brecha social no radica en que existan muy pocos con demasiada riqueza o muchos demasiado pobres, la verdadera brecha se origina cuando existen muy pocos con acceso a la educación superior y la gran mayoría de jóvenes están sumidos en el analfabetismo o en las carreras intermedias que generan desventajas en el mercado laboral y que siempre pondrán por debajo a los de menos recursos.
Por Jairo Gómez.- Se elige al nuevo jefe del Ministerio Público. Tres connotados juristas aspiran a ocupar la jefatura que vela porque los funcionarios estatales cumplan con sus deberes so pena de ser sancionados.
De cada uno de los candidatos, sin embargo, se habla que estarían inhabilitados para ocupar dicha dignidad: Fernando Carrillo, por una vieja sanción de la que fue objeto por la entidad que aspira a regir; José Perdomo, por configurarse la puerta giratoria en el momento que lo ternó la Corte Suprema de Justicia; y María Mercedes López, por no haber cumplido un año desde que dejó su cargo en el Consejo Superior de la Judicatura. Dicen juristas que la aparente inhabilidad de López, es subsanable. Pero bien, esto es tema de abogados.
Vayamos a lo que nos atañe, a lo político. Cómo se mueven las fichas, desde el poder. Cómo el gobierno del presidente Santos, logra que la Unidad Nacional se mantenga lubricada para garantizar apoyos no sólo legislativos sino en favor de la paz. Deshojemos la margarita que desde la Casa de Nariño todos los días riegan con agua dulce.
En el palacio saben que la elección del procurador es mucho más que eso, es el futuro de la paz y el reacomodamiento del pugilato electoral para el 2018, y no puede darse el lujo que las huestes se le muevan del ring.
De lograr el partido Liberal la Procuraduría en favor de Carrillo, lo dejaría en inmejorables condiciones para enfrentar los comicios venideros: gobiernan la Registraduría, la Contraloría y ahora quieren el Ministerio Público, es decir, pan y pedazo debajo del brazo. La exquisita torta da para emplear a más de quince mil personas.
Ese regateo burocrático es el que da fortaleza electoral y en Cambio Radical no se cruzan de brazos; aunque controlan la Vicepresidencia, las cuatro ‘G‘ y en su haber cuentan con la Fiscalía General de la Nación y su poder burocrático, le quieren empantanar la aspiración al exministro. El Partido de la U tiene al presidente de la República y de sus filas salió el Defensor del Pueblo, pero eso no quiere decir que van a bajar la guardia y que al liberalismo le faciliten las cosas, elecciones son elecciones.
¿Y los Conservadores? No hay vuelta de hoja: es el comodín con que cuenta Santos para desempantanar sus propósitos legislativos y de paz.
La fama de puesteros es irremediable, por eso están en la Unidad Nacional. Más allá de los ministerios que regenta, una división interna los dejaría sin el control de la Procuraduría. Los divide la nostalgia ordoñista que, dicen, los trató muy bien burocráticamente, pero se les olvida que a ¡rey muerto rey puesto! ¿Le conviene esta división azul al presidente Santos? Uribe está al acecho y con sus pérfidos guiños podría catalizar ese descontento y eso, para el 2018 y el futuro acuerdo con las FARC, sería fatal.
¿Se respetarán los acuerdos? De ser así a los godos les correspondería el Ministerio Público, o noqueados los conservadores ¿para qué la Unidad Nacional?
Las paradojas de la política o politiquería nacional: son 17 los senadores de las minorías: Quince suman los verdes, el Polo y Opción Ciudadana más los dos indígenas, es decir, igual número de senadores liberales uno menos que los conservadores y no tienen posibilidad de acceder a uno de los órganos de control.
Así es la política en Colombia.
Por Horacio Serpa.- Por fin se presentó al Congreso el proyecto de ley sobre Reforma Tributaria, largamente anunciado por el gobierno nacional. Un proyecto del que dicen sus autores que es estructural, cuando todo el mundo sabe que tiene la intención de corregir unos presuntos excesos tributarios contra el sector productivo, de mantener muchos de los privilegios, exenciones y deducciones injustificados con el argumento de que se van a eliminar, y de cubrir los faltantes con cargas tributarias a los pobres y a la clase media, recurriendo especialmente al más regresivo de todos los impuestos, el IVA.
Equivocado, inoportuno e injusto lo que se pretende hacer. Preferible hubiera sido que el gobierno no presentara la Reforma, como lo solicitó el Partido Liberal. Ahora, el Congreso la estudiará a la ligera, bajo presiones, sin análisis serios, continuando así las rachas reformistas que cada vez hacen más incoherente el Estatuto tributario, y más injusto, hasta que el “el caucho” no estire más, se reviente, y venga la debacle. Nuestros ilustres hacendistas no recuerdan el episodio de la Revolución de los Comuneros.
Existe gran inconformismo, pero muchos apuestan a que, como siempre pasa, el estratega mayor del Ministerio de Hacienda, inteligente y hábil como pocos, logre en el Congreso las mayorías aprobatorias que alumbren tal adefesio. Es posible, pero no será tan fácil como en las anteriores ocasiones, porque ya se sabe que se trata de una propuesta regresiva, inconveniente para pobres y clase media, perjudicial para sectores sociales y empresariales. El Congreso está “entre el tíbiri y el tábara”.
El propósito alcabalero recibió la primera descarga cuando el primer anunció señaló que se subiría un 5% del IVA a los libros y a los cuadernos escolares, que los productos de la canasta familiar subirían del 16% al 19% y se afectarían las pensiones. ¿Qué clase de locato podría estar de acuerdo con semejante despropósito? Ya reculó el Ministerio sobre pensiones y canasta familiar, pero muchos sabemos que el 50% de los productos que realmente la componen están gravados y serán objeto del aumento.
Otras noticias desagradables se conocieron. Pagarán impuesto de renta trabajadores y empleados de pequeños ingresos, y el llamado “monoimpuesto”, que más parece un mico gigante, pondría a pagar a los tenderos, a los peluqueros y zapateros, a vendedores estacionarios y a profesionales de mínima renta. Un directivo de la Asociación de tenderos de Bucaramanga me dijo: “el mono impuesto es letal para los tenderos”.
También se gravarán los computadores, los desarrollos tecnológicos, la ciencia y la cultura, aumentarán los impuestos a la gasolina, a las gaseosas y a infinidad artículos que son de vital importancia para asalariados y clase media. Se eliminarán beneficios que permiten la construcción de vivienda de interés social. ¡No hay derecho!
El desempleo aumenta, se encarecen los productos de primera necesidad, las condiciones laborales son precarias y crece el inconformismo y la frustración. Los liberales no aprobaremos impuestos regresivos e injustos. Ni el IVA ni otros que afecten al pueblo.
Por Luis Fernando Rosas Londoño.- Gracias a la Representante a la Cámara María Fernanda Cabal, los Senadores Alfredo Ramos, Paola Holguín, Paloma Valencia y el Concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, la demanda impetrada por ellos sobre el plebiscito, le entrega oxigeno más al gobierno que a la oposición; dicen los demandantes: “La pregunta no fue clara, fue compuesta, sugestiva y confusa”.
Queda claro, que nunca pensó el Gobierno en perder el plebiscito y sí que menos la oposición, que es diversa, en ganarlo; pero estos resultados servirán para encauzar aún más el éxito de las negociaciones por difíciles que parezcan. Lo que observo es que los demandantes se “autodestruyeron con dicha acción” ni el Gobierno estaba preparado para perderlo y la oposición ni se imaginaba ganarlo.
Se le apareció la “Virgen del Carmen” al gobierno con la demanda del Centro Democrático ya que por competencia la Corte Constitucional debe estudiarla y respondernos rápidamente a los colombianos pues esta por norma no se puede retirar.
El primer error en su presentación fue que se hizo ante el Consejo de Estado y por competencia es de la Corte Constitucional, por ser de control especial, además esta es una acción pública, cuando es sobre la validez de un mecanismo de participación no se puede retirar ni desistir ya que una vez iniciado su estudio debe terminarse. Lo que en conclusión por sustracción de materia la pregunta que convocó al plebiscito y que fue demandado por el Centro Democrático se debe caer, se queda sin peso legal por la demanda instaurada por los Congresistas y el Concejal este último en conversaciones para pertenecer a este partido.
Comete un error la Congresista Cabal al pretender retirar su demanda en contra del decreto que estableció la pregunta del plebiscito por la Paz, ya lo explique pero lo repito, no se puede retirar porque es una acción pública y la Corte Constitucional debe estudiarla a fondo. Al caerse el decreto, con su pregunta en términos legales, me cuestiono que debió haber hecho el Centro Democrático?
Por diferentes voces, hace tiempo, el propio Presidente Juan Manuel Santos los invitó a dialogar, se debe recordar la carta del paisano Timochenko al Ex Presidente Uribe, las múltiples invitaciones de voceros autorizados al Centro Democrático hasta este humilde columnista renunció a un cargo en Bogotá, la dirección del Instituto Distrital de Turismo, con la tesis “La Paz es Con Uribe”, pero fue tal la brutalidad política que por invitarlos y para “blindar” la paz desde la sociedad civil si ganaba Zuluaga, lo único que recibí fue señalamientos por hablar de Paz.
¡Es lógico, como muchos no saben “leer el vuelo de las aves”!
En conclusión llegó la hora de la Paz y todos los Colombianos rodeamos la decisión que asuma el Presidente Juan Manuel Santos, es una negociación entre él y las Farc. La Constitución le entrega todo, bienvenidos los aportes del No pero jamás sobre la base de no elegibilidad ni cárcel, en ningún proceso de resolución de un conflicto se actúa con odio y revanchismo. Además se hace urgente que salidas como un segundo plebiscito, y hasta una Asamblea Nacional Constituyente no se descarten, todo ello teniendo como soporte la demanda del Centro Democrático a la pregunta del plebiscito….
Por Jorge Enrique Robledo.- Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, decía que las reformas tributarias eran el arte de desplumar al ganso sin que chillara demasiado. Y en eso andan Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas, intentando dejar a los sectores populares y a las clases medias sin una pluma, pero que a punta de demagogia les queden agradecidos, mientras que a las trasnacionales, a los superricos del mundo, les reducirán los impuestos, haciendo de su reforma la peor que pueda concebirse.
La reforma tiene tres pilares. Primero. Aumenta los impuestos indirectos en nueve billones de pesos –IVA, consumo, combustibles y bebidas azucaradas–, que, como se sabe, golpean muy duro a los sectores populares y a las clases medias y nada a los magnates, con este agravante: es falso que los impuestos nacionales los paguen solo las trasnacionales y unas pocas empresas más. Porque el cincuenta por ciento lo aportan los indirectos, contando a los citados y al cuatro por mil y los aranceles, y otra gran parte corre por cuenta de la clase media empresarial, los trabajadores por cuenta propia y los empleados. El carácter regresivo de los impuestos indirectos no ofrece dudas. Porque castigan por igual al que tiene mucho que al que tiene bastante menos o casi nada y porque casi todos los ciudadanos son pobres y clases medias, en tanto hay poquísimos Carlos Slim y Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Segundo. También castigará más a la clase media el monoimpuesto a los tenderos, que se cobre retención en la fuente a partir de los 1.5 millones de pesos y reducir de 3.4 a 2.7 millones los ingresos mensuales desde los que se tiene que declarar renta, para poner a tributar más a otras 500 mil familias.
Tercero. En contraste, el impuesto de renta disminuirá en 1.89 billones de pesos –y eso que aumenta el de la clase media–, porque, principalmente, a los más poderosos, trasnacionales y banqueros, se los reduce de 43 a 32 por ciento. Y enfatizo en estos porque a las empresas pequeñas y medianas apenas les baja del 34 al 32 por ciento, cuando deberían pagar una tasa bastante menor que las enormes. El carácter regresivo de la tributación colombiana no lo define solo el peso de los impuestos indirectos en el total sino que el Gini de empresas sea altísimo, 0.82 –el de personas es 0.53–, y que todas paguen igual tasa de renta, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se escalonan según las ganancias, entre el 15 y el 39 por ciento (Dian. Lo nuevo que se pagará por sectores 2017-2022: http://bit.ly/2dHAXjc).
Lo muy regresivo de la reforma y que la ordene la OCDE no significa una coincidencia. Porque su principal objetivo es servirles a las trasnacionales, empezando por las norteamericanas y europeas.
Coletilla larga: No digo que el estrellón de la Unidad Nacional y el Centro Democrático por el proceso de paz obedezca a un acuerdo, pero que parece, parece, en razón de que políticamente les conviene a las dos fuerzas que aspiran a repartirse a Colombia, y lo hacen con tanta agresividad que obligan a pensar en la confrontación liberal-conservadora de hace décadas, cuando a cada colombiano, enceguecido por los odios que le inyectaron desde arriba, lo obligaron a ser liberal o conservador, mientras que sus jefes políticos promovían en el país el mismo pésimo modelo económico, social y político.
¿Cómo no tener presente que Santos y Uribe, con sus aliados y coroneles políticos, por 26 años, han compartido el poder y se han acordado en todo lo negativo para el país –neoliberalismo, apertura, privatizaciones, TLC, Consenso de Washington, etc.–, pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo desarmar a las Farc, algo que sin duda nos conviene a cada uno de los colombianos? ¿O cómo olvidar que Santos fue ministro de Pastrana, que a Santos I lo escogió Uribe y que a Alejandro Ordóñez lo eligieron primero los uribistas y luego los santistas, así como que los dos trabajaron con Montealegre y respaldan al fiscal Martínez? ¿Y no es cierto que con suma frecuencia un congresista santista es un ex uribista? Quien se deje obnubilar por cualquier tema, por noble que lo considere, en este caso propicia que Colombia se quede anclada en una situación indeseable (http://bit.ly/2f0wHNZ).
Bogotá, 21 de octubre de 2016.
Por Amylkar D Acosta M.-De acuerdo con el más reciente Informe sobre el desempeño fiscal de los departamentos sus ingresos propios alcanzaron los $8,1 billones en 2015, de los cuales $6,7 billones corresponden a ingresos tributarios y $1,4 a ingresos no tributarios. Por su parte los ingresos tributarios tuvieron una dinámica importante, con un crecimiento real cercano al 13,6% de 2012 a 2015. No obstante, este crecimiento se basó en un aumento generalizado de las estampillas, que pasaron a convertirse en el segundo ingreso más importante de los departamentos con un recaudo de $1,1 billones en 2015. En contraposición, tanto el recaudo del impuesto al consumo de licores como de cigarrillos, tuvo un retroceso en términos reales cercano al 14%, afectado principalmente por el contrabando.
La evidencia en la ejecución de ingresos tributarios de los departamentos, muestra una estructura tributaria agotada, poco representativa y de bajo crecimiento, que busca opciones de expansión en gravámenes como las estampillas, que son considerados antitécnicos y que significan en sí una reasignación del gasto más que un ingreso, porque es pasar dinero de un bolsillo para el otro. Esto hace pensar en la pertinencia de una modernización de los impuestos departamentales que deberá incluirse en la reforma tributaria estructural que acaba de radicar en el Congreso de la República el Gobierno Nacional. Esta necesidad también se hace evidente en términos de la dependencia de los ingresos departamentales con respecto a los recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanza a ser en promedio de 36% (¡!) del total de ingresos.
Por el lado de los ingresos departamentales provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), estos tienen también una tendencia decreciente, ya que pasaron de $9,3 billones para el bienio 2013-2014 a $8,9 billones para el 2015-2016 y se prevee una caída mayor para el bienio 2017 - 2018. El desplome de los precios de los comoditties y la caida de la producción de petróleo están impactando de manera directa la generación de regalías. Para contrarestarlo se creó en su momento el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) dentro del SGR, que actualmente maneja más de $10 billones. Dado que el sentido y la finalidad de este es ahorrar en la época de las vacas gordas para cuando llegue la época de las vacas flacas y en las vacas flacas estamos, los departamentos han propuesto que se haga efectivo el año entrante el desahorro de los recursos del FAE y además reformar la ley para establecer que el desahorro del Fondo pueda alcanzar un porcentaje superior al 10% definido actualmente.
Otro de los avances en los ingresos departamentales y que beneficia la inversión territorial, se ha dado con base en la depuración del pasivo pensional que implica un mayor desahorro del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Ello se posibilita a partir del momento en que sus recursos superan el 125% del cálculo actuarial del pasivo pensional de cada Departamento. Este desahorro pasó de $115 mil millones en 2012 a $465 mil millones en 2016, además en un contexto en el que del total de las administraciones centrales territoriales, el 67% de ellas dejaron cubierto su pasivo pensional al cierre de 2015. En este sentido, desde hace un tiempo se viene promoviendo la idea de reasignar algunas de las fuentes territoriales direccionadas al FONPET y que ya han cumplido su finalidad primigenia, como el caso de la partida del SGP destinada para este fin.
En cuanto al análisis del gasto departamental la inversión continúa siendo la más representativa, con una participación promedio del 82% del gasto total (sin tener en cuenta el SGR), seguida por el funcionamiento y servicio de la deuda. Los gastos de funcionamiento departamental alcanzaron los $3,9 billones de pesos, y dentro de estos, los gastos pensionales representan cerca del 38%.
Así mismo, se está planteando la necesidad del fortalecimiento del fisco territorial, dado que en los últimos años se ha venido imponiendo una descentralización disfuncional, delegándole más funciones a las entidades territoriales pero sin transferirles los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. En este contexto, el Proyecto de reforma tributaria y los ajustes que demanda el SGP, ahora que se retrotrae al Acto legislativo 01 de 2001, se convierten en dos ventanas de oportunidad para los departamentos que no se deben desaprovechar.
Bogotá, octubre 22 de 2016
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Por Julio María Sanguinetti. Tomado de El País.- Tiempo extraño este que estamos viviendo. Por un lado, una revolución científica lleva al saber humano a fronteras cada vez más audaces, cambiando modos de producción y hasta expectativas de vida; al mismo tiempo, se adolece de fundamentalismos anacrónicos que, como fantasmas de un pasado que se niega a morir, invaden las sociedades con su carga de irracionalidad y fanatismo.
La reaparición de las guerras de religión, luego de dos siglos de larga y exitosa secularización, es una contramarcha histórica muy profunda. El islam radical agrede los valores de la civilización occidental con acciones terroristas y se divide con encono, a su vez, entre sus diversas tendencias. Sus agresiones han producido, en nuestro mundo, reacciones tan desproporcionadas y sin objetivo claro como lo han sido las guerras de Afganistán e Irak. Al amparo de ambigüedades y dudas de los gobiernos democráticos, crecen los demagogos xenófobos con su carga de fanatismo. El miedo es un mal consejero y allí están la señora Marine Le Pen y el extravagante Donald Trump para testimoniarlo, con una respuesta popular particularmente preocupante.
Al coincidir en el tiempo este terrorismo religioso con un mundo de migraciones, las pasiones nacionalistas se excitan, contradiciendo un proceso de globalización que, a través de la aceptación de las libertades democráticas, la economía de mercado y los nuevos medios de comunicación, expande los bienes de la técnica, del arte, del entretenimiento, incluso uniformando gustos y hábitos de comportamiento. El reciente Brexit británico, tan distante de su flemática racionalidad histórica, ha sido hijo de un nacionalismo aldeano, de arcaica psicología isleña, en que los viejos de los pueblitos, los nostálgicos del Imperio y los veteranos de innúmeras guerras, le han negado a los jóvenes la permanencia en una amplia Europa que había erigido a Londres en su capital financiera. Muros se levantan por doquier como expresión material del abroquelarse nacionalista.
No faltan tampoco los fundamentalismos democráticos, que asumen que una mayoría electoral les atribuye el poder absoluto para atropellar la separación de poderes y perpetuarse en el gobierno. Los populismos latinoamericanos son un cumplido ejemplo de cómo una elección se transforma en un mito refundacional que termina con las instituciones de las que nació. El chavismo es un enfermizo paradigma.
En otra dimensión política del mismo fenómeno fundamentalista, nos encontramos con la iracundia identitaria que impide toda negociación. Es otra resurrección del pasado. Ya Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, nos decía que “la causa de todos los males era el deseo de poder inspirado por la codicia y la ambición y de estas dos pasiones, cuando estallaban las rivalidades de partido, surgía el fanatismo”. A lo que agregaba: “[...]Así fue como la perversidad en todas sus formas se instaló en el mundo griego, a raíz de las luchas civiles, y cómo la ingenuidad, con la que tanto comulga la nobleza de espíritu, desapareció víctima del escarnio”.
No faltan tampoco los fundamentalistas ecológicos, con sus utopías románticas, que —desbordadas más allá de su benéfica alerta— nos llevan a tiempos mitológicos, como aquella edad de oro que evocaba el Caballero de La Mancha. Y ni hablar de los económicos, curiosamente provenientes tanto de la izquierda materialista como de la derecha ultraliberal, convencidas ambas de que la economía predomina sobre todas las otras dimensiones de la sociedad y el espíritu.
La racionalidad científica también tiene su patología, históricamente simbolizada en el monstruo engendrado por la ambición del doctor Frankenstein. Hoy los monstruos aparecen, en ocasiones, en Corea del Norte, con un pequeño maniático que sueña con bombas atómicas, o bien —más sofisticadamente— en el pensamiento occidental, en las construcciones teóricas de quienes creen —como lo decía Saint-Simon— que “en el nuevo orden político las decisiones deben ser el resultado de demostraciones científicas totalmente independientes de la voluntad humana”. En una palabra, terminamos con la política y los políticos, sin advertir que la conducción de las sociedades no es reductible a ecuaciones.
De todo lo cual resulta, paradójicamente, que, en medio de una explosión científica, la razón ha de seguir en combate. Y que el proyecto de los Iluministas, inspirador de las grandes revoluciones liberadoras, no se ha consolidado tanto como en algún momento creímos alcanzar.
Por Juan Fernando Londoño.- Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral.
El documento presentado por el Centro Democrático con el título de “Bases de un acuerdo nacional de paz” contiene propuestas nunca antes mencionadas para criticar los acuerdos de La Habana en materia de participación política, pero que resultan clarificadoras sobre la posición de ese partido sobre la democracia, que claramente puede ser mejor calificada de antidemocrática. Vale la pena revisar los aspectos más relevantes y lo que significan.
En primer lugar, el Centro Democrático (CD) critica que exista un compromiso en los acuerdos para sacar adelante un Estatuto de la Oposición. No está claro cuál es el problema con el hecho de que según ellos, el Acuerdo “gradúa a las FARC como legítimo opositor del gobierno”, pues de lo que se trata es justamente de eso. Un proceso de paz supone dar garantías a quienes usaron las armas para que puedan seguir defendiendo sus ideas sin apelar la violencia. En nuestro caso para que las FARC transiten a la vida política electoral con el propósito de oponerse al actual orden de cosas, y no de compartir el gobierno (como sucedió entre liberales y conservadores durante el Frente Nacional).
El uribismo parece no aceptar que la democracia colombiana pueda acoger una organización que deja las armas y pasa a la oposición sometiéndose a las reglas establecidas. Si ellos no aceptan eso cabe preguntarse entonces cuál es el papel que se espera de una organización que abandona la lucha armada. Y recordar también si acaso no ha sido bueno para el país que antiguos miembros del M-19 enriquezcan la vida política colombiana. Lograr cambiar balas por votos no afecta nuestra democracia, por el contrario, la fortalece. Pero tal parece que el uribismo no cree que haya espacio para nadie más en nuestra vida electoral. No sobra entonces recordar el tratamiento despectivo y criminalizante que el expresidente Uribe le dio a sus opositores durante el tiempo que ejerció la presidencia para enfatizar la importancia de que se tramite dicho Estatuto.
El siguiente argumento en contra de los acuerdos consiste en hacer una defensa clara de nuestro status quo. El ‘Centro Antidemocrático‘ propone que no se modifiquen las normas relativas a los umbrales para acceder al congreso, esto significa en plata blanca que solo quienes hacen política hoy en día pueden hacerlo en el futuro. Según esta interpretación nuestro sistema de partidos debe quedar congelado y la paz no debe implicar que nuevas fuerzas políticas aparezcan en el escenario nacional. Los acuerdos de La Habana reconocen que la construcción de la paz debe permitir una nueva “Apertura Democrática” que refresque con nuevas voces y expresiones nuestro espectro político, no restringidas a la organización política que surja de las FARC, sino abierta a voces y opciones resultantes de la nueva situación de vigencia y garantías para el ejercicio de los derechos políticos.
Lo que resulta más revelador de esta posición de defensa del status quo es que el Centro Democrático propone que las curules transitorias de las circunscripciones de paz sean para los mismos partidos tradicionales. Si esto se aceptara tendríamos la paradoja de que las nuevas curules destinadas a las víctimas quedaran al servicio de las bancadas de los partidos tradicionales. ¿Vamos a recompensar entonces a los partidos políticos tradicionales por el dolor que han sufrido las víctimas en las zonas de conflicto? La propuesta sería graciosa, de no ser tan cínica y reveladora de la falta de respeto de ese partido con las víctimas en Colombia. Vale la pena recordar que el propósito de esas circunscripciones transitorias es reparar el socavamiento de los derechos que comunidades enteras han sufrido por la mala fortuna de haber vivido en medio del conflicto.
Esos colombianos no han podido ejercer en forma real los derechos asociados al concepto de ciudadanía que se supone garantiza la Constitución Política. Para compensar su abandono se requiere que sean ellos mismos, a través de las organizaciones que constituyan los que recuperen su sentido de pertenencia a una Colombia que poco ha hecho por ellos. Y por esa vía conseguir también que el Estado haga presencia legitima en esos territorios mediante la representación política que los vincula a la nación. Entregarle esas circunscripciones a los partidos tradicionales –que en todo caso podrán hacer campaña en esos territorios– es desvirtuar totalmente el propósito de la iniciativa.
Pero en donde más antidemocrática resulta la visión del grupo uribista es en su aversión a la participación ciudadana. Tanto en sus críticas al punto de participación política, como al punto de Reforma Rural Integral, se percibe un desprecio por toda opción de los ciudadanos organizados para atender los asuntos públicos. De hecho, despectivamente lo califican de “comunitarismo”, olvidando quizás los propios intentos del uribismo de crear aquel engendro de populismo y autoritarismo que en su momento propusieron como “Estado comunitario”.
El mensaje es claro, si la gente participa para apoyar al líder en escenarios manipulados (los consejos comunitarios del gobierno de Uribe), constituye una buena forma de acción colectiva y una forma aceptable de gestión pública, pero si lo hacen por iniciativa propia y en torno a sus propios intereses, es una transgresión del deber de las comunidades de “respetar la capacidad propositiva de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías y preservar el voto programático”, es decir, traspasar los límites de la democracia representativa que con tanto ahínco defienden.
En su conjunto, la propuesta del Centro Democrático revela su idea de la democracia para el país, que puede resumirse de la siguiente manera: la política colombiana funciona bien, y debemos garantizar que los mismos y las mismas sigan gobernando.
* Exviceministro del Interior - director Centro de Análisis y Asuntos Públicos - En Twitter: @JuanFdoLondono
Por Jairo Gómez.- ¿Dónde está la mente brillante que nos saque de este atolladero de la guerra o la paz? Todos opinamos y nadie tiene la fórmula mágica.
Pero intentemos algo: el sentido común dice que hacer política es darle forma a la realidad. ¿Por qué no hacerlo? Colombia pretende ser una nación sofisticada políticamente y no lo es, nunca lo ha sido. Al no existir un proyecto de país, aquí todo se resuelve dependiendo de la coyuntura y son muchos los ejemplos. Hagamos un repaso por nuestra historia reciente.
Se inventaron el Frente Nacional y zanjaron la violencia bipartidista, se repartieron el poder, excluyeron el movimiento social, las víctimas nunca fueron reconocidas, le echaron tierra a la verdad y provocaron un conflicto peor.
En el Gobierno de Lleras Restrepo, se buscó resolver el inveterado problema de la propiedad de la tierra a través de una reforma agraria, pero llegó Pastrana Borrero al poder, después de unos cuestionados escrutinios, y en connivencia con los terratenientes se inventó el pacto de “Chicoral” y anuló, de un tajo, los vientos reformadores que beneficiaban a los campesinos. Y de ñapa, creó el inolvidable UPAC.
Los vientos marimberos le proporcionaron al país importantes e inesperados ingresos, mayores o iguales al Café. ¿Cómo asimilar esos dólares de más en la economía? López Michelsen, sin pensarlo dos veces, se inventó la “Ventanilla Siniestra” en el Banco de la República para capturar esos verdes que inundaban el sistema. Hoy, eso se llama “lavado de activos” y es un delito penal.
Todos los presidentes a su manera gobiernan y Turbay Ayala agobiado por la escalada violenta de los grupos guerrilleros, optó por el célebre “Estatuto de Seguridad” para perseguir a la izquierda armada, pero fueron los civiles quienes pagaron el pato; muchos fueron los torturados y otros los desaparecidos.
Al conservador Betancur, le tocó bailar con la más fea: tras el fracaso del proceso de paz con las FARC, después el M-19 le quiso hacer un “juicio”, y se tomó el Palacio de Justicia. Vino la retoma por decisión suya (¿o de los militares?) y a sangre y fuego se superó esa tragedia nacional.
Barco, con las fuerzas del Estado combatió el narcoterrorismo de Pablo Escobar, que un su estrategia desestabilizadora asesinó a Galán; afrontó el genocidio de dos candidatos presidenciales de la izquierda por las llamadas “fuerzas oscuras”. Fueron cuatro años caóticos que Cesar Gaviria, su sucesor, capitalizó convocando a una Asamblea Nacional Constituyente.
Y así ha transcurrido la historia reciente del país. Por ejemplo Samper, logró, con triquiñuelas presidencialistas, que la Cámara lo absolviera de los pecados financiadores del “Cartel de Cali”. Pastrana Arango, con la Constitución en la mano, despejó 42 mil kilómetros para hacer la paz con la FARC. Álvaro Uribe, hoy senador, determinó que cuatro años no eran suficientes y decidió comprar apoyos para hacerse reelegir. Con su “Seguridad Democrática” quiso acabar a las FARC y no pudo. Terminó enfrascado en los llamados “Falso Positivos”.
Los presidentes en democracia gobiernan y adoptan medidas impopulares o antipopulares para recomponer el camino. Hoy le tocó el turno a Santos, premio Nobel de Paz, asumir con decisión encausar los acuerdos de La Habana y la Constitución le da los instrumentos para hacerlo, dicen connotados juristas; hágalo presidente, si quiere pasar a la historia.
* Periodista -
