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El vicepresidente José Manuel Restrepo, en su discurso ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas, fue contundente en afirmar que Colombia no puede combatir sola el narcoterrorismo, entre tanto, la Magna Asamblea a través de un pronunciamiento de 15 países occidentales donde se destaca Estados Unidos, México, Chile y Colombia, confirmaron la integración del Escudo de las Américas para combatir problemas de inseguridad en la región.
El vicepresidente de Colombia José Manuel Restrepo ante la ONU dio un mensaje del presidente Abelardo de la Espriella, cuyo temario se centró en la seguridad, el narcotráfico y la necesidad de una mayor eficacia de Naciones Unidas.
Se destaca en el mensaje que una de las prioridades de su administración será recuperar el control territorial y enfrentar a los grupos responsables de asesinatos, secuestros, atentados y reclutamiento de menores.
Dijo que Colombia no puede combatir por sí sola el narcotráfico, debido al carácter transnacional de sus rutas, redes y flujos financieros. “Haré todo lo necesario para combatir ese flagelo, pero una amenaza transnacional requiere que la comunidad internacional también haga su parte”, señaló.
Pidió avanzar hacia una definición internacional de terrorismo que sea clara, compatible con el derecho internacional y útil para la cooperación entre los Estados, evitando que una discrepancia política sea calificada arbitrariamente como terrorismo y que los grupos responsables de asesinatos, secuestros o ataques contra civiles utilicen una causa política para eludir responsabilidades penales.
El Gobierno también reclamó mecanismos más rápidos para intercambiar información e inteligencia, fortalecer la cooperación judicial y combatir la financiación del terrorismo. De la Espriella afirmó que sigue creyendo en Naciones Unidas, pero cuestionó si algunas de sus estructuras se han vuelto excesivamente burocráticas y si la Organización dedica suficientes recursos a resolver problemas.
“Mi país quiere ver unas Naciones Unidas donde la eficacia se mida menos por el volumen de documentos que produce y mucho más por los resultados que obtiene”, indicó. El mandatario también defendió un multilateralismo basado en la soberanía de los Estados y rechazó lo que denominó “globalismo”, entendido como una tendencia hacia una mayor uniformidad política y cultural decidida por organismos supranacionales. En esta materia, sostuvo que su defensa pierde credibilidad cuando queda sometida a cálculos políticos y reclamó que el sistema sea “serio, consistente e igualmente exigente” con todos. En ese contexto regional, Colombia expresó su confianza en una “transición democrática” en Venezuela, que describió como una transición “rápida, segura y de amplio alcance”.
El segundo componente de la propuesta expuesta ante Naciones Unidas estuvo relacionado con la transformación tecnológica y la preparación de las nuevas generaciones. El presidente de la República planteó ante el auditorio de la ONU que Colombia debe asumir un papel activo en los sectores que están dando forma a las nuevas economías. Además, la propuesta económica de Colombia ante la ONU estuvo vinculada con las condiciones de seguridad y confianza necesarias para favorecer la actividad productiva.
En su discurso, el presidente relaciona la recuperación de territorios con la llegada de inversión y la creación de puestos de trabajo. “Que la seguridad permita recuperar los territorios amenazados por el terrorismo. En donde la confianza atraiga la inversión. La inversión genera empleo”, subrayó.
A su vez, se incorporó la relación del país con la comunidad internacional. El presidente destacó la respuesta recibida de países, amigos y organizaciones internacionales después del terremoto del 10 de agosto que afectó el centro y el suroccidente del país y presentó ese episodio como una muestra concreta del valor de la cooperación entre naciones. “Nuestra relación con el mundo forma también parte de este propósito. Y durante las últimas semanas lo comprobamos de manera muy concreta, cuando países, amigos y organizaciones internacionales como ustedes acudieron a nuestra ayuda después del terremoto”, sostuvo.
Cabe señalar que el presidente De la Espriella envió un mensaje a la organización internacional y explicó frente al concepto de globalismo: “No estoy hablando del comercio internacional, ni de la cooperación de los Estados, ni de una humanidad que comparte problemas y responsabilidades. Todo eso es absolutamente necesario. Hablo de una concepción según la cual la nación, la soberanía, las identidades propias, las tradiciones y los valores de los pueblos”.
En la mira de la organización hay 24 organizaciones criminales entre las que se cuentan el Clan del Golfo, disidentes de las Farc, el Eln, y otra veintena de grupos criminales internacionales.
Bogotá, D. E, 23 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad
La ARN es la encargada de coordinar y acompañar el regreso de los excombatientes a la vida civil de manera legal y pacífica.
A través del decreto 1431 de 2026, Carlos Andrés Ríos Puerta asume las funciones de director encargado de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización mientras continúa como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Actualmente Esta entidad apoya la creación de proyectos productivos para la estabilidad económica de quienes dejaron las armas, ofrece acompañamiento psicológico y social a las personas y a sus familias y trabaja con las comunidades para lograr una reconciliación sin violencia.
Además, esta entidad tiene a su cargo una sub-cuenta para que el Gobierno Nacional destine los recursos y se cumpla con las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP- en casos de secuestros y falsos positivos.
Carlos Andrés Ríos Puerta asume las funciones de director encargado de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización mientras continúa como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Bogotá, D. C, 22 de septiembre 2026.
Redacción Ecos Actualidad.
No paran las decisiones del gobierno de Abelardo De La Espriella en el marco del fin de la denominada “Paz total”, de la administración de Gustavo Petro.
La más reciente decisión tiene que ver con la revocatoria de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz.
En agosto, el Consejo de Estado había dejado sin piso jurídico esa designación, y hoy el Gobierno Nacional le pone fin al reconocimiento que el Gobierno de Gustavo Petro le otorgó al exjefe paramilitar en 2023.
La Presidencia sustentó la medida en las facultades constitucionales y legales que otorgan al jefe de Estado la dirección de la política de paz y la preservación del orden público.
La decisión quedó consignada en el decreto 429 firmado el 21 de septiembre, y su vez, a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades competentes para los fines correspondientes.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2026
Ecos Actualidad
El ministro del Interior Rodrigo Lara dijo que el incendio es uno de los mayores en magnitud del país. "Es un incendio de alta velocidad y llamas altas".
Por Carlos Villota Santacruz*. -El Cerro de San Marcos en la ciudad de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, está ardiendo y lleva ya más de 24 horas.
En medio de la naturaleza que abraza a una de las urbes más turísticas de Colombia, el fuego amenaza con llegar a residencias y hoteles.
El fuego llegó a los 5 metros de altura, impulsado por vientos de más de 40 kilómetros por horas. Las 100 hectáreas afectadas por la conflagración, son la casa de robles, encenillos, arrayanes, helechos, orquídeas y cardones.
Hoy el suelo no es suelo. Es ceniza de 30 a 40 centímetros que el viento levanta. El agua y la lluvia, convertirá en lodo negro, hacia las quebradas de la ciudad de Villa de Leyva.
Esta urbe, es el primer municipio Starlight de Colombia. La plaza principal está vacía por cuenta de la nube de humo.
El Hotel "El Duruelo", donde se han casado más de un centenar de parejas, fue evacuado. No por las llamas directas del incendio, sino por el humo que complica la respiración.
Un número indeterminado de turistas, salieron de Villa de Leyva rumbo a Tunja y Bogotá. Hoteles y restaurantes que tenían reservas hasta el mes de octubre, reportan cancelaciones en 80 por ciento en 12 horas.
Mientras 2 helicópteros, el Cuerpo de Bomberos de y más de 200 personas, trabajan para apagar el fuego, el turismo sufrió un impacto directo por la conflagración.
El ministro del Interior Rodrigo Lara dijo que el incendio es el de mayor magnitud del país. "Es un incendio de alta velocidad y llamas altas".
Este amanecer del lunes 21 de septiembre para los habitantes de Villa de Leyva, no solo impactará, sino que será irreconocible por el fuego que consume el Cerro San Marcos.
Bogotá, D. C, 20 de septiembre 2026
*Internacionalista, consultor político, comunicador -periodista. Escritor
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Mientras que el juzgado 34 de Familia de Bogotá, viabiliza los bombardeos contra organizaciones criminales, teniendo en cuenta criterios especiales, el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, Norte de Santander, ordena abstenerse de hacerlo en áreas donde se registre la presencia de menores de edad o de población civil.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolvió una tutela en cuyo trámite se había ordenado frenar los bombardeos contra grupos armados ilegales con presencia de menores de edad reclutados, tras fijar “criterios específicos y rigurosos para las operaciones aéreas, cuando se tenga precisión de la presencia menores de edad”.
La orden judicial a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, destaca que dentro del marco de sus respectivas competencias, que, en la planeación y ejecución de operaciones militares ofensivas, particularmente aquellas de naturaleza aérea, cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de menores, adopten un estándar reforzado de precaución como acciones previas de inteligencia.
Se deben tener en cuenta: Intensificar la verificación y contrastación de la información disponible sobre la posible presencia de menores de edad (niños, niñas y adolescentes), incorporar expresamente dicha circunstancia dentro de la evaluación jurídica y operacional del ataque. Valorar el riesgo previsible para su vida e integridad.
También examinar la existencia de medios, métodos, momentos o alternativas operacionales menos lesivas que permitan alcanzar una ventaja militar comparable. Aplicar rigurosamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad antes de autorizar y ejecutar la operación.
También orden que se abstengan de presumir automáticamente, por la sola presencia de menores dentro de un campamento o estructura perteneciente a un grupo armado que aquel constituye un objetivo legítimo de ataque, su situación deberá analizarse conforme a las reglas aplicables del Derecho Internacional Humanitario y atendiendo, en todo caso, su condición de víctima del reclutamiento.
La decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá no establece una prohibición general y absoluta de las operaciones militares ofensivas o aéreas frente a objetivos militares en los cuales exista presencia de menores de edad, ni implica reconocer inmunidad operacional a estructuras armadas ilegalmente que recluten menores; las operaciones podrán desarrollarse cuando resulten jurídicamente procedentes, siempre que se observen rigurosamente las reglas del Derecho Internacional Humanitario y el estándar reforzado de precaución establecido en la decisión.
El fallo judicial incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás entidades que integran los sistemas de prevención, protección, atención y reparación de víctimas, para que continúen fortaleciendo, dentro de sus respectivas competencias, las rutas de desvinculación, restablecimiento de derechos, atención integral y reintegración de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, con enfoque diferencial y territorial.
A la Defensoría y Procuraduría lleven a cabo seguimiento a las órdenes impartidas en la decisión relacionadas con la protección de los derechos de menores de edad y que adopten las actuaciones preventivas, de vigilancia y acompañamiento que consideren pertinentes.
Entre tanto mientras que en el juzgado 34 de Familia de Bogotá, se perfila los bombardeos con los criterios especiales, el juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, Norte de Santander, ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de realizar bombardeos en las áreas donde se registre la presencia de menores de edad o de población civil.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad
La ministra de salud Ana María Vesga, tras una reunión con la bancada del Centro Democrático encabezada por el presidente del Congreso Honorio Enríquez, se anticipó a anunciar que la Unidad de Pago por Capitación tendría ese porcentaje de aumento en el 2027.
En el encuentro con los congresistas del Centro Democrático y la ministra Vesga, el presidente del Senado, Honorio Enríquez oficializó el compromiso de la bancada para radicar una proposición “urgente” que permita cubrir con $15 billones el desfase presupuestal cercano a los $13 billones en el sistema, garantizando así la liquidez en la prestación de los servicios de salud.
El alto dignatario de la rama legislativa del poder público, Honorio Enríquez, se refirió a la grave situación institucional derivada del periodo fiscal anterior. De acuerdo con las cifras presentadas por la presidencia del Senado, la red hospitalaria y clínica del país arrastra deudas acumuladas superiores a los $55 billones, sumadas a un déficit histórico en el cálculo de la UPC estimado en un -28%.
Según lo analizado en la reunión, el periodo del Gobierno anterior, cerró con indicadores críticos que alcanzaron 378.000 tutelas registradas en 2025 y más de 1,8 millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR) en el mismo año. En ese sentido, Enríquez solicitó revisar con rigor la efectividad de las intervenciones administrativas a las EPS y se mostró presto a abrir la discusión sobre el futuro de estas medidas.
Destacó Enríquez que uno de los proyectos que ha presentado busca garantizar la entrega a domicilio de los tratamientos para pacientes que requieren medicamentos de manera prolongada.
Por su parte, la ministra Vesga reveló anomalías detectadas en el empalme institucional, denunciando que en los primeros días de agosto de 2026 la administración saliente suscribió resoluciones por $560.000 millones sin el debido respaldo presupuestal, direccionados principalmente a zonas de influencia electoral.
Adicionalmente, el Ministerio de Salud entregó un balance detallado sobre las afectaciones causadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. La emergencia afectó las infraestructuras de 440 instituciones prestadoras de salud distribuidas en 11 departamentos.
De ese total, 19 centros asistenciales sufrieron pérdida total y requerirán reposición absoluta. La cartera de Salud estimó que el valor inicial para la reconstrucción de la red hospitalaria física, sin incluir los presupuestos de dotación médica, ascenderá a los $1,9 billones.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2027.
Redacción Ecos Actualidad.
El anuncio lo hizo el presidente del Congreso, Honorio Enríquez, a nombre del Centro Democrático, tras advertir un desbalance técnico entre las necesidades operativas de la Fuerza Pública y los recursos asignados en el Presupuesto general de la Nación para la vigencia del 2027.
El presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, formalizó una solicitud ante el Gobierno Nacional en la discusión del PGN para adicionar 15 billones de pesos al presupuesto del sector Defensa, con el propósito de garantizar el sostenimiento de las operaciones militares y policiales en el territorio nacional.
La iniciativa del congresista del Centro Democrático surge tras un análisis técnico sobre las proyecciones presupuestales expuestas durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado. Según el parlamentario, las Fuerzas Armadas requieren una partida global de 115 billones de pesos para cumplir plenamente con sus funciones institucionales; sin embargo, en la propuesta oficial solo se avalaron 74 billones de pesos.
Los argumentos para dicha solicitud, ante las comisiones económicas del Congreso, representa un desface financiero de 41 billones de pesos que compromete la capacidad operativa de las distintas fuerzas y la cobertura de seguridad en las regiones vulnerables.
Enríquez alertó sobre la parálisis que enfrentan áreas clave para el combate de los delitos de alto impacto, al explicar que unidades especializadas como los grupos Gaula, encargados de combatir el secuestro y la extorsión, al igual que los frentes de ciberseguridad, registran indicadores de ejecución prácticamente nulos debido a la falta de herramientas logísticas y financieras.
Dijo que es imperativa la necesidad de dotar de insumos, tecnología y armamento a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, como condición indispensable para exigir resultados frente a la presión de las estructuras criminales y el crimen organizado.
El hecho se da en plena discusión en primer debate del PGN en las comisiones económicas de Senado y Cámara.
El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuestionó la postura del Gobierno Nacional frente a la autonomía universitaria y ratificó el uso del derecho de respuesta en televisión abierta.
El senador y dirimente de la oposición, Iván Cepeda, hizo público el pronunciamiento de la bancada del Pacto Histórico en el que ratifican el uso del derecho de réplica frente a la alocución transmitida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La determinación se alinea con la solicitud realizada previamente por el expresidente Gustavo Petro para fijar la postura del bloque parlamentario ante la opinión pública.
Dentro de los puntos planteados por el congresista destaca la posición de rechazo frente a la eventual entrada de la Policía Nacional a los campus universitarios, medida mencionada en la intervención del Jefe de Estado bajo la premisa de prevalencia del orden público.
Sobre este apartado, el legislador sostuvo que dicha consideración entra en contradicción con las salvaguardas fijadas en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, marco legal que consagra la autonomía de las instituciones de educación superior.
Señaló que el principio de autonomía otorga a los centros educativos la facultad de autorregulación y dirección interna frente a las autoridades administrativas del Estado y advirtió que la formulación de reglamentaciones o disposiciones dirigidas a modificar este alcance impacta directamente las garantías de la comunidad académica y de los sectores juveniles del país.
Cepeda recordó los antecedentes de orden público registrados durante jornadas de protesta ciudadana e intervenciones de la Fuerza Pública en predios universitarios, haciendo un llamado a preservar los derechos constitucionales y a evitar señalamientos institucionales contra los movimientos estudiantiles.
El Pacto Histórico dejará sentada esta argumentación técnica y legal durante la emisión del espacio reservado para la réplica en los canales institucionales.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad.
En una firme alocución presidencial, el jefe de Estado colombiano reveló el crítico estado de las finanzas heredadas de la administración anterior, anunció drásticas medidas de contención del gasto y advirtió que la autonomía universitaria no impedirá el ingreso de la Policía ante hechos de violencia.
En su más reciente alocución oficial en cadena nacional, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lanzó duras advertencias sobre el rumbo económico y de orden público del país.
Con un tono enérgico y categórico, el jefe de Estado hizo un balance de la situación fiscal e introdujo nuevas directrices operativas para las instituciones educativas del Estado.
Al referirse a la Emergencia económica y denuncia por "saqueo" fiscal: De la Espriella denunció que el gobierno saliente de Gustavo Petro comprometió $10 billones en su última semana y consumió casi la totalidad del cupo de endeudamiento del año en tan solo siete meses. Prometió persecución judicial contra los responsables del desvío de fondos públicos.
Aseguró el jefe de Estado que la autonomía universitaria "no está por encima del orden público". Anunció que la Policía Nacional ingresará a los campus para impedir que se conviertan en "santuarios de violencia".
Hizo un balance de su gestión sobre seguridad al anunciar que el Gobierno a través de las autoridades ha realizado más de 17.000 capturas y la neutralización de cabecillas de la criminalidad organizada. Ratificó el fin de privilegios para los corruptos en los centros de reclusión y afirmó que se han formado 73 extradiciones.
Anunció la designación de una gerencia especial para ejecutar proyectos de infraestructura vial y de conectividad en el departamento del Chocó, buscando impulsar la inversión privada en la región.
El mandatario concluyó su intervención reiterando que su administración no negociará la autoridad del Estado y que mantendrá una política estricta de transparencia y mérito en la elección de cargos públicos.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre 2026
Redacción Ecos Actualidad
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, alertó ante el Congreso la grave situación financiera de la entidad y anunció que se adoptarán drásticas medidas administrativas.
Durante su intervención ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y Cámara, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, anunció la suspensión inmediata y no renovación de contratos de prestación de servicios (OPS), así como parar los procesos de adquisición directa de terrenos rurales.
La determinación se tomó tras realizar una evaluación interna que dejó al descubierto abultadas nóminas paralelas sin justificación operativa lo que llevó a que se suspendieran $540.000 millones en contratos en el Ministerio de Agricultura.
Destacó que se identificaron despachos de hasta 25 asesores que no cumplían labores ni asistían a trabajar, respondiendo a cuotas de carácter político burocrático más que a necesidades técnicas del campo colombiano.
En esa misma línea, el ministro Dangond dijo que se frenaron los procesos de adquisición directa de terrenos rurales. Reveló de la meta trazada inicialmente por 3 millones de hectáreas, la administración anterior solo concretó la adquisición de 350.000 por un valor de $3,9 billones quedando una cartera pendiente de pago por $1,4 billones por fincas ya adjudicadas.
Frente al compromiso pendiente de $1,4 billones de pesos en la adquisición de inmuebles, el Ministerio de Agricultura ordenó la práctica de una auditoría forense sobre el 63 % de los predios que esperan desembolso. La revisión busca determinar la existencia de sobreprecios, toda vez que las inspecciones preliminares arrojaron que el valor comercial de múltiples fincas fue inflado de forma desmedida durante las negociaciones iniciales.
El ministro Dangond enfatizó que el Gobierno Nacional mantendrá congelados esos $1,4 billones de pesos en lo que resta del año, condicionando cualquier pago a que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación certifiquen la transparencia y legalidad de cada expediente.
Dijo que la meta es culminar las investigaciones antes de finalizar el mes de diciembre para blindar jurídicamente a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El reporte entregado por el jefe de la cartera también dejó al descubierto graves falencias en los procesos de adjudicación de fincas. Las revisiones evidenciaron que miles de parcelas fueron entregadas a las comunidades rurales mediante títulos provisionales o careciendo de la documentación definitiva.
Señaló que la problemática impacta a 35.000 productores agrícolas que recibieron acreditaciones temporales sobre fincas adquiridas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que aún mantienen litigios en tribunales y altas cortes, situación que el Gobierno busca sanear legalmente.
Dangond explicó ante las comisiones del Congreso el impacto de la reducción del 32 % en el presupuesto de su cartera para 2027, equivalente a un recorte de $1,3 billones. Enfatizó que la prioridad durante el próximo año será estabilizar las cuentas de la entidad para luego, en el año 2028, retomar la ejecución de grandes proyectos de inversión agropecuaria hacia el 2030.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2026
Redacción Ecos Actualidad
