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Colombia es el país donde más defensores de los derechos a la tierra y al medio ambiente fueron asesinados por tercer año consecutivo, según informe de la organización no gubernamental Global Witness.

En 2024, de los 142 asesinatos registrados por la Organización a nivel mundial, 48 sucedieron en el país. Sin embargo, representa una disminución con respecto a los 79 casos de 2023.

Esta organización, que investiga abusos de los derechos humanos y del medio ambiente, publicó su documento titulado ‘Raíces de resistencia’, en el que se indica, además, que el número total de personas asesinadas o desaparecidas por defender su territorio o comunidad entre 2012 y 2024 asciende al menos a 2.253.

Global Witness establece que en América Latina, 117 personas fueron asesinadas, 48 de ellas en Colombia, mientras que en segundo lugar se situó Guatemala, con 20. Al menos 18 más murieron en México y, como mínimo, 12 en Brasil, en tanto que en Filipinas se registraron siete homicidios y en Honduras e Indonesia, cinco en cada uno.

Una vez más, las víctimas de aproximadamente un tercio de las agresiones mortales han sido indígenas, a pesar de que constituyen aproximadamente el 6 % de la población mundial.

La autora del informe, Laura Furones, dijo que “año tras año, las personas que defienden el ambiente y el territorio, que protegen nuestros bosques, ríos y tierras por todo el mundo, padecen la violencia. Se les persigue, acosa y asesina, pero no por infringir la ley, sino por defender la vida misma”.

Según el informe, Colombia “sigue siendo uno de los países más letales del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con un tercio de todos los ataques letales documentados a nivel mundial ocurridos aquí en 2024”.

La ONG registró 48 asesinatos en todo el país, lo que lo ubica de nuevo cómo el país más mortal para los defensores del medio ambiente, sin embargo, también representa una disminución con respecto a los 79 casos de 2023.

“La organización colombiana de derechos humanos Programa Somos Defensores también reportó una disminución en las represalias contra los defensores, pero advirtió que esto no equivale a una disminución general de la violencia”, explica el informe.

Según la ONG, la débil presencia estatal en regiones anteriormente controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido explotada por el crimen organizado y grupos armados que buscan financiar sus operaciones a través de economías ilegales. Actividades que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal afectan zonas ricas en biodiversidad como Cauca, Nariño y Putumayo.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre 2025

Fuente: Global Witness.

La Jurisdicción Especial para La Paz, tribunal de justicia creado como resultado del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc EP, emitió su primera sentencia contra siete exintegrantes del último Secretariado, por la política de secuestros que extendieron por todo el país.

La JEP impuso una sanción de 8 años, el tiempo máximo que permite lo pactado en el Acuerdo de Paz en el 2016, tras declararlos responsables por 21.000 casos de secuestro en Colombia, durante el conflicto armado.

Los sentenciados son Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’. Pablo Catatumbo Torres Victoria y Julián Gallo Cubillos que es conocido como Carlos Antonio Lozada, ambos actualmente senadores. Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’, Jaime Alberto Parra, conocido como ‘El médico’, Rodrigo Granda Escobar, conocido como ‘Ricardo Téllez’ o el ‘Canciller de las Farc.

La sentencia emitida por la JEP, no implica cárcel según se establece en el acuerdo, por tanto, deberán adelantar proyectos con contenido restaurador y reparador. Estás líneas restaurativas fueron consultadas con las víctimas acreditas en este caso: Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra minas, memoria y reparación simbólica. Medio ambiente, naturaleza y territorio.

Inicialmente se priorizó un proyecto de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca. También se priorizó un proyecto de memoria en el que los comparecientes deberán realizar relatos dignificantes que empezarán en Cali y Neiva, así como labores operativas como transcripciones, sistematización de información y apoyo en la organización de eventos orientados a la memoria y la reparación simbólica de las víctimas.

Los excomandantes de las exFARC tendrán restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.

El exsecretariado de las FARC aportó a la verdad, reconoció su responsabilidad en el conflicto armado en Colombia y ha cumplido con lo pactado en el Acuerdo de Paz en Bogotá, según destaca ese alto tribunal transicional.

La sentencia se emitió en el marco del Caso 01 que aborda los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.

Esto implica que los comparecientes deben seguir proporcionando información veraz, completa y detallada cada vez que la JEP los requiera, incluso en las demás macro - investigaciones en las que están vinculados.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre 2025

Redacción Ecos Actualidad

El ministro de justicia, Eduardo Montealegre, fue vehemente en criticar la descertificación de Estados Unidos contra Colombia, decisión que calificó como una “injerencia indebida” e “insulto a la intelectualidad colombiana”.

Montealegre afirmó que Colombia difiere de la perspectiva estadounidense que, a su juicio, trata de imponer al país un modelo de lucha antidrogas.

“Creo que es una injerencia indebida de los Estados Unidos en Colombia tratar de imponernos un modelo de lucha contra el narcotráfico, eso atenta contra la autodeterminación de los pueblos,” señaló.

El jefe de la cartera de Justicia defendió la capacidad de Colombia para construir sus propios caminos en la lucha contra el narcotráfico, resaltando que el país está en una sociedad abierta donde caben diversas ideologías y perspectivas.

“Resulta insólito que Estados Unidos pretenda unilateralmente imponernos una visión del mundo, de una ideología y de una concepción única de cómo luchar contra el narcotráfico,” añadió.

El ministro Montealegre señaló que a pesar de la descertificación, aseguró que Colombia seguirá luchando contra el crimen organizado, fortaleciendo la inversión social y buscando una política de lucha contra el narcotráfico que respete los derechos fundamentales y sociales, pese a la descertificación del gobierno de Estados Unidos contra Colombia.

“Le apostamos más a una salida social que a una salida bélica y de guerra como es la que quiere Estados Unidos,” concluyó Montealegre.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2025

Redacción Ecos Actualidad

Estados Unidos descertificó a Colombia porque considera que el país no ha cumplido de manera suficiente con los compromisos legales que le exige su legislación respecto a cooperación internacional en la lucha contra narcotráfico, cultivos ilícitos, extradición, control de producción, etc.

Entre los factores para tomar dicha decisión destaca el gobierno norteamericano que ha habido un aumento sustancial en la producción y cultivos de coca en Colombia en los últimos años; por ejemplo, en 2023 los cultivos ilícitos alcanzaron cifras históricas.

Disminución en los esfuerzos de erradicación (especialmente la erradicación forzada o aérea), que no han logrado alcanzar las metas establecidas.

En general, deficiencias en medidas asociadas como extradiciones, judicialización, esfuerzos contra lavado de activos, y cooperación en interdicción del narcotráfico.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense hizo una exención legal (un “waiver” por interés nacional) que impide que entren en vigor inmediatamente sanciones drásticas.

El presidente Gustavo Petro se enteró de la descertificación en un Consejo de Ministros y básicamente afirmó que dicha decisión tiene un carácter político. “Les descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que hemos desmantelado miles de laboratorios".

Aseguró el mandatario colombiano que Estados Unidos con esta medida busca tener un “títere en Colombia”, al destacar que pese al aumento de los cultivos ilícitos ha habido logros significativos: incautación récord de cocaína, destrucción de laboratorios y acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.

Aunque la descertificación no implica automáticamente cambios en los procedimientos migratorios, puede haber restricciones selectivas para ciertos funcionarios y afectar la percepción del país en los mercados internacionales. Para la mayoría de los ciudadanos colombianos que solicitan visas de turista, estudiante o trabajo, los requisitos básicos no han sido oficialmente modificados, pero el contexto político podría aumentar el escrutinio en los procesos de solicitud.

Con la descertificación, el país podría dejar de recibir más de US$450 millones en ayudas económicas y militares. Esto incluye la suspensión de programas de financiamiento militar, asistencia técnica y otros recursos clave para la lucha contra el narcotráfico.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2025

Ecos Actualidad

El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, afirmó que el Presupuesto General de la Nación del 2026 “no puede adoptarse por decreto” y que debe ser tramitado con estudios, argumentos “y las propuestas de nuestros congresistas”.

En el marco de la Séptima Versión del Latam Fintech Market, realizada en Barranquilla y organizada por Colombia Fintech fue preciso en señalar respecto al proyecto del PGN: “Hemos insistido en que el Presupuesto no puede adoptarse por decreto. El proyecto tiene que debatirse ampliamente en comisiones y plenarias, a la sazón de los estudios, los argumentos y las propuestas de nuestros congresistas, para que lo aprobado finalmente responda a los más altos intereses de la nación”, advirtió el presidente García Turbay.

El Presupuesto General de la Nación está siendo discutido en las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara, sin embargo, la falta de acuerdos con el Gobierno Nacional ha llevado a que algunos sectores se refieran a que se emita por decreto presidencial.

Aunque este jueves las comisiones económicas del Legislativo comenzaron la discusión, por el momento no se ha votado nada y existe gran expectativa sobre lo que suceda en los próximos días alrededor del tema.

Ante la discusión del proyecto de ley del Presupuesto, el Presidente García Turbay manifestó este viernes que en la iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda “la ciencia y la tecnología se quedaron con el presupuesto más bajo en 16 años”.

“La inversión para ejecutar proyectos de conectividad, educación digital e infraestructura TIC cayó de 2,3 billones de pesos a 1,7 billones pesos”, afirmó.

El líder del Legislativo cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro. “¿En qué estaba pensando? Si frena los senderos naturales del desarrollo y la transformación del país, ¿cuál país es el que pretende dejarnos cuando abandone el Solio de Bolívar?”, se preguntó.

De igual forma, señaló que “la reducción en el rubro de vivienda fue de 16,7%; en agricultura, del 23,8%; en deportes, del 33,2%. Esto quiere decir que las familias colombianas verán frustrados sus sueños de un techo propio. Y la economía perderá la oportunidad de crecer; tendremos que importar alimentos que producía nuestra tierra y difícilmente volveremos a escuchar nuestro himno nacional en una premiación de juegos olímpicos, porque tendremos que olvidarnos de las medallas. Así de dramático es esto”.

Otro de los temas que está sobre la mesa es el trámite de una ley de financiamiento -o también llamada reforma tributaria- presentada por el Gobierno Nacional para completar los recursos del Presupuesto General de la Nación del 2026.

En este sentido, García Turbay, aseguró que “no estamos de acuerdo en aprobar una nueva reforma tributaria. Lo que le hemos dicho al Gobierno es que busque fuentes de financiación en los notables rezagos de la ejecución presupuestal”.

Finalmente aseguró que “la legislación de los activos virtuales no puede hacerse desde la desconfianza sino desde la oportunidad. Nuestros legisladores no pueden frenar la innovación con normas restrictivas ni dejar desprotegido al consumidor. Ese equilibrio solo lo lograremos si trabajamos juntos: Congreso, Gobierno, academia, gremios y empresas”.

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2025

Fuente: Prensa- Senado

Por Luis Fernando García Forero. - El vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado, Miguel Ángel Barreto, radicó en el Congreso el Proyecto de Ley 247 de 2025, cuyo objetivo es el de flexibilizar las reglas de importación y comercialización del gas natural en Colombia.

La iniciativa pretende además crear canastas tarifarias y migrar a un esquema de estampilla nacional para contener el alza en las facturas de gas como una alternativa a la caída sostenida en la producción nacional y al incremento en la dependencia del gas importado, lo cual ha presionado al alza en ese servicio y generado cierto riesgo de desabastecimiento en diferentes sectores de la economía.

“El proyecto tiene como objetivo garantizar estabilidad en los precios del gas, asegurar el suministro para la demanda esencial y respaldar la generación eléctrica en situaciones de contingencia”, destaca el senador Miguel Ángel Barreto.

Agregó en la exposición de motivos que “Colombia pasó en apenas tres años de ser autosuficiente en gas a depender de las importaciones, sin que existieran medidas regulatorias ni infraestructura suficiente para responder a la crisis. Hoy los hogares y la industria ya sienten el golpe en sus tarifas”.

Enfatizó el senador Barreto que se pretende habilitar a empresas interesadas para que puedan importar gas natural o construir infraestructura de regasificación, con el fin de diversificar la oferta y reducir la concentración del mercado. Esta iniciativa se da debido a que a importación se encuentra en manos de pocos actores, lo que limita la competencia y encarece los precios.

También contempla el proyecto que los costos derivados de la importación y del desarrollo de infraestructura sean recuperados a través de las tarifas que pagan los usuarios. Sin embargo, establece que esos mecanismos deberán garantizar estabilidad y previsibilidad de precios, de manera que los hogares y la industria no se vean afectados por la volatilidad del mercado global.

“La realidad es que la creciente dependencia del gas importado está golpeando el bolsillo de los hogares y restando competitividad a nuestra industria. Con este proyecto buscamos dar certezas y proteger a los usuarios más vulnerables, que son los que más sufren con el alza de tarifas”, afirmó el senador tolimense Miguel Ángel Barreto quien dijo que el país pasó en apenas tres años de ser autosuficiente en gas a depender de las importaciones.

Según cifras oficiales, en 2025 el país ya estaba importando alrededor de 170 millones de pies cúbicos de gas al día, lo que equivale a 17% del consumo nacional. Sin embargo, si no se toman medidas, ese déficit podría cubrir hasta una quinta parte de la demanda del país.

“No podemos esperar a que los hogares y la industria paguen las consecuencias de la inacción. Esta iniciativa es una respuesta concreta para asegurar la estabilidad energética del país y avanzar en la transición sin sacrificar la seguridad del servicio”, sostuvo Barreto.

Destacó finalmente el congresista que la propuesta tiene como fin abrir el mercado de importaciones, generar incentivos para la inversión privada, garantizar la equidad tarifaria y asegurar la continuidad del suministro en un escenario de creciente déficit.

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2025

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo exhortó a los senadores de la comisión VII del Senado continuar con el trámite de la reforma a la salud tras destacar que dicha iniciativa contiene los fundamentos necesarios para atender la coyuntura del sector e inyectar nuevos recursos, con mejor manejo, para la estabilidad del sistema.

​Señaló el ministro Jaramillo que los problemas financieros de las EPS vienen desde hace más de 25 años y que hoy ninguna está cumpliendo con los requisitos para operar como aseguradora.

Recordó que los informes de la Contraloría General de la República han evidenciado que las EPS no han justificado el uso de cerca de $16 billones en los últimos años y reiteró que los recursos deben ir directamente a hospitales y clínicas para garantizar la atención oportuna de los pacientes.

“Este no es un problema nuevo, ni de este gobierno. Es una crisis estructural del sistema que debemos resolver con la reforma”, enfatizó.

Agregó que la reforma a la salud busca recuperar el sistema con recursos inmediatos, créditos con tasa compensada respaldados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y más de $4 billones destinados a hospitales públicos para saldar deudas acumuladas y pendientes.

Indicó que desde 2012 la Contraloría advirtió que se entregaban recursos a EPS que no cumplían los requisitos de ley (capital, reservas y patrimonio).

De otro lado, subrayó que entre 2023 y 2024 el ministerio de Salud aumentó el presupuesto en 12,9 por ciento. Para 2024 se entregaron a las EPS $87,8 billones, pero reportaron ingresos por $2,7 billones menos, según informe de ese organismo de control.

Dijo además que los copagos y cuotas moderadoras que pagan los usuarios, por cerca de $1,5 billones tampoco se reflejan en los reportes de las EPS.

Equipos básicos

De acuerdo con el ministerio de Salud, el Gobierno del presidente Petro trabaja para reducir la mortalidad por desnutrición materno-infantil y las enfermedades diarreicas y respiratorias, desplegando equipos básicos en todo el territorio y fortaleciendo la infraestructura en salud.

El ministro Jaramillo enfatizó que cada hospital de primer nivel debe ofrecer servicios resolutivos, como ecografías, rayos X, cirugía básica, hospitalización, atención en urgencias y especialistas en ginecología, pediatría, medicina interna, psiquiatría y cirugía, lo cual permite que procedimientos sencillos y electivos se realicen cerca de las comunidades, evitando remisiones innecesarias.

Cuestionó que mientras al gobierno actual se le niegan recursos, en años anteriores se entregaron sumas millonarias a las EPS sin justificación clara. Recalcó que, según las citadas cifras de la Contraloría, entre 2020 y 2023 no se tiene claridad sobre aproximadamente $15 billones.

También se refirió a la falta de control de estas entidades y pidió levantar el velo corporativo para identificar el destino de los recursos, al recordar que algunas incluso realizaron autopréstamos.

Fue contundente en señalar que fue el gobierno del presidente Petro el que destapó esta situación, incomodando a sectores que se habían beneficiado durante años: “Vino Petro y se acabó la fiesta”.

Auditorías reales

En su intervención ante la Comisión VII el ministro cuestionó los anticipos por 5 billones de pesos reportados desde 2022, de los cuales cerca del 85 por ciento habría beneficiado a negocios propios de las EPS, y señaló la ausencia de auditoría en el manejo de recursos.

“Se entregaban dineros sin control ni verificación de facturas”, añadió el ministro Jaramillo.

Finalmente, el ministro enfatizó que fue este Gobierno el que puso en evidencia estas irregularidades y subrayó que la reforma a la salud hará auditorías reales, en las que los gestores deberán revisar y auditar cada cuenta, garantizando transparencia y buen uso de los recursos.

Bogotá, D. C, 9 de septiembre 2025

Fuente: Ministerio de salud.  

Se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad en 24 departamentos donde se adelantan jornadas de precampaña sin contratiempos, anunció el Gobierno.

​​​En la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE) los ministros del Interior y defensa y miembros de las fuerzas militares y de policía, analizaron las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la seguridad de los precandidatos a las elecciones del año entrante​.

Entre las medidas adoptadas están las garantías efectivas de protección para precandidatos y actores políticos, como prioridad del Estado en el proceso electoral, decisiones que se tomaron en la cuarta sesión del Comité de Revisión de Medidas de Protección Electoral (CORMPE).

El ministro del Interior Armando Benedetti destacó el esfuerzo coordinado entre distintas entidades del Gobierno nacional para garantizar la integridad de los actores políticos.

“Hoy en día hay 194 personas bajo protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), 326 policías asignados, 32 vehículos convencionales, 75 vehículos blindados y 56 chalecos de protección. Todo esto se ha logrado gracias a un esfuerzo importante del Gobierno, la cúpula militar y la dirección de la Policía. Lo más importante en este proceso electoral es asegurar que existan garantías reales para todos los participantes", señaló el ministro del Interior.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, subrayó las acciones adoptadas desde su cartera para respaldar el proceso democrático. 

“Como parte de nuestra responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático en nuestro Estado Social de Derecho, en coordinación con la UNP incrementamos significativamente la capacidad de protección. Duplicamos el personal encargado, pasando de 229 a 520 efectivos, entre policías y miembros de la UNP. Además, hemos articulado la seguridad en las regiones, para que los precandidatos presidenciales puedan desarrollar sus actividades con plena seguridad", dijo.

Según se indicó, en 24 departamentos se adelantan jornadas de precampaña sin contratiempos. Para ello se han desplegado 6.351 policías adicionales a los esquemas individuales de seguridad, y movilizado 96 pelotones, equivalentes a 3.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional, para garantizar la seguridad.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2025

Redacción Actualidad Ecos Nacional

De acuerdo a investigación concluida por los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se establece que en la campaña del actual presidente de la república, Gustavo Petro, hubo financiación ilegal y se violaron los topes de los dineros establecidos por ley.   

Los magistrados que investigaron el caso radicaron un proyecto de resolución donde se sanciona administrativamente al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien gerenció la campaña del actual presidente de la República, y a otros directivos de la campaña presidencial.

También proponen sancionar a otros directivos de la campaña y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. La violación de topes superaría los $3.500 millones, sumadas la primera y segunda vuelta de la elección presidencial en el 2022.

El informe de ponencia, de 600 páginas, debe ser sometido a análisis, discusión y votación, en Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que decidirá si acoge la ponencia de carácter sancionatoria radicada por los magistrados Ortiz y Prada.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2024

Redacción Ecos Actualidad Nacional.

Estados Unidos movilizará embarcaciones de alto poder ofensivo, como parte de una estrategia ampliada para enfrentar redes de tráfico ilícito en América Latina.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, se prevé la llegada de un submarino de ataque rápido propulsado por energía nuclear y un crucero equipado con misiles guiados a la zona durante la primera semana de septiembre.

El despliegue forma parte de una operación impulsada desde Washington bajo la administración del presidente Donald Trump, que busca atacar las operaciones de organizaciones narcoterroristas en la región. Las fuentes consultadas por la agencia señalaron que se trata del USS Newport News, un submarino de clase Los Angeles diseñado para misiones de ataque, y el crucero USS Lake Erie, preparado para enfrentar amenazas marítimas, aéreas y terrestres.

La acción de movilización se suma a la que se desarrolló previamente del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group), ya confirmado por el gobierno estadounidense. Ese grupo incluye el buque de asalto USS Iwo Jima, el buque de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale, los cuales habrían alcanzado las costas venezolanas el pasado domingo.

Además, en la misma zona fueron desplegados tres destructores con sistema de misiles guiados Aegis: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, con capacidades ofensivas y defensivas de largo alcance.

Con la llegada del USS Lake Erie y el USS Newport News, Estados Unidos ampliará su cobertura en el Caribe, sumando capacidades tecnológicas y de combate para el seguimiento y neutralización de actividades relacionadas con el narcotráfico.

El USS Newport News es descrito por la Fuerza Submarina del Atlántico como una de las principales unidades nucleares de ataque en la Armada estadounidense, mientras que el USS Lake Erie cuenta con armamento guiado, sistemas de lanzamiento avanzados y cañones de alta precisión.

En total, el contingente militar desplegado transporta aproximadamente 4.500 efectivos, incluidos más de 2.000 infantes de marina, que están asignados a operaciones marítimas de interdicción y vigilancia.

El despliegue ha generado una respuesta inmediata desde Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la presencia militar estadounidense como una acción de provocación e indicó que "a Venezuela no la toca nadie". En una declaración televisada, aseguró que las fuerzas armadas nacionales han sido activadas en su totalidad para contrarrestar lo que denominó "amenazas ilegales" por parte del gobierno estadounidense.

El mandatario también anunció el reforzamiento del sistema de defensa interna y fronteriza. Como parte de las medidas adoptadas, informó sobre el despliegue de 15.000 efectivos entre militares y policías en la frontera con Colombia. Estos operativos, según explicó, tienen como finalidad asegurar la paz en las zonas limítrofes y contener el narcotráfico.

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela están suspendidas desde el año 2019. Washington mantiene acusaciones formales contra Maduro por supuestas violaciones a las leyes de narcóticos estadounidenses, e incluso ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La Casa Blanca ha reiterado que está dispuesta a utilizar "todo su poder" para detener el tráfico de estupefacientes provenientes del sur del continente. Esta política incluye el uso de fuerzas militares navales en el mar Caribe y la ejecución de operaciones conjuntas con aliados regionales.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2026

Redacción Ecos Internacional.