Opinión
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El llamado del presidente de un gremio a sus colegas gremiales para “cerrar filas para defender la Ley de Financiamiento” ante la posibilidad de que la Corte Constitucional la tumbe, no solo es una presión irrespetuosa al alto tribunal, sino que desconoce principios constitucionales del manejo estatal de la economía.
El argumento del dirigente gremial es que en esta Ley “está sustentada la esperanza del nuevo el crecimiento económico del país”, pues los enormes beneficios tributarios que dio a los empresarios van a estimular la inversión y, por lo tanto, el empleo. El mensaje implícito es que es necesario defender los supuestos efectos positivos de la Ley frente al activismo judicial de un tribunal que no los toma en cuenta.
La realidad es otra. La Corte si está realizando un análisis detallado de los impactos económicos que tendría una eventual declaratoria de inexequibilidad total o parcial de la Ley, que va más allá del estudio de los posibles errores procedimentales en el trámite de la Ley que han aducido quienes la demandaron. Pero lo está haciendo a la luz del principio constitucional de la sostenibilidad fiscal, y no de los intereses particulares de unos gremios.
Para hacerlo la Corte ha recurrido a la opinión de los mejores expertos del país, a quienes pidió su concepto técnico sobre el impacto que tendría una eventual caída de la Ley sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal del país. La consulta fue formulada por el magistrado Alejandro Linares tanto a las autoridades (Minhacienda, DNP, Contraloría y Procuraduría) como a los principales centros de investigación (Fedesarrollo, Anif, CID, CEDE entre otros) y a las facultades de Economía de 6 prestigiosas universidades. En cualquier caso se tratará de una decisión informada y sustentada.
El enfoque de la Corte es acertado, No se trata de entrar en debates teóricos sobre el efecto de las gabelas tributarias sobre la inversión y el crecimiento económico, que tienen más de ideológico y de defensa de privilegios económicos. Así sucedió con la rebaja de impuestos de Trump que no generó un impacto significativo sobre el crecimiento.
Lo que pretende la Corte es un análisis, con hechos y datos, del impacto sobre el recaudo fiscal y las finanzas públicas. Pero desde la perspectiva del principio de la sostenibilidad fiscal, que hace unos años fue elevado al rango constitucional (artículo 334). Es lo que le corresponde hacer como guardiana de la Constitución.
Llama la atención, pero no sorprende, que los gremios, que en su momento fueron defensores de introducir en la Constitución el principio de la sostenibilidad para limitar el gasto público y sobre todo los subsidios a los estratos bajos, se olviden de ese principio cuando se trata de mantener un gasto público (pues las gabelas y beneficios tributarios son una forma de gasto) que es un beneficio para sus estados financieros. Frente a esa posibilidad llaman a ponerse en posición de batalla y cerrar filas para defenderlos.
* * *
ADENDA. Guillermo Perry fue uno de los más constantes defensores la estabilidad macroeconómica y ya no tendremos su autorizada opinión sobre estos debates. Con su inesperada partida el país pierde uno de los grandes formuladores de las políticas económicas de la últimas décadas, y sus amigos perdemos al compañero de tantos caminos y la posibilidad de seguir construyendo juntos tantos sueños compartidos.
Cali, 29 de septiembre de 2019
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por José Félix Lafaurie*.- Lunes 2 de septiembre, Suárez, Cauca. Karina García, candidata a la alcaldía, es asesinada con su madre y dos personas más. Su juventud, sus videos premonitorios y el salvajismo de su asesinato consternaron al país.
Una víctima más de la violencia política que regresa a ese medio país, extenso, incomunicado, con ausencia de Estado, atacado por una violencia narcoterrorista a la que llaman guerra, que busca hacerse al poder político en esos municipios abandonados.
De hecho, el Acuerdo mismo, es decir, las Farc, seleccionó 170 de ellos, los más afectados por la violencia que ellas mismas generaron, para que allí se desarrollarán Planes de Desarrollo con Enfoque territorial y sobre ellos se volcarán prioritariamente los recursos.
Cuando se pone sobre la mesa ese mapa de los 170 municipios a conveniencia de las Farc, y se superpone el mapa de la guerra, o mejor, el de la ilegalidad, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que es también el de la presencia de los grupos armados ilegales, la coincidencia es total pero realmente no sorprende.
Y si superponemos un tercer mapa con las decisiones derivadas del Acuerdo en cuanto a Zonas de Reserva Campesina y a Zonas Veredales Transitorias de Normalización, pues también calzan a la perfección.
Mi ejercicio de geografía termina con el mapa de las pretendidas 16 Circunscripciones Especiales de Paz, y todo coincide. Entonces la sumatoria de esos “podercitos” locales es una red de “poder real”, en regiones donde sigue faltando el Estado y donde se desenvuelven los negocios boyantes del narcotráfico y la minería ilegal.
Buena combinación: poder nacional en el Congreso; poder local en alcaldías y consejos.
Entonces se entiende la insistencia en las circunscripciones, dizque para las víctimas, en regiones donde se mantiene encendida la hoguera de violencia de la amenaza narcoterrorista. Entonces se entiende por qué la violencia y los asesinatos contra alcaldes y concejales. ¿O alguien piensa que, después del asesinato de Karina, habrá elecciones democráticas en ese municipio?
Con ella, han sido asesinados siete candidatos; cinco han sufrido atentados, dos más secuestro, 40 recibieron amenazas y 54 han sido víctimas de violencia, pero aunque el gobierno es responsable de hacerle frente a la situación, y a fe que lo ha hecho, es claro que no es culpable de haber generado las condiciones de la violencia electoral, porque nadie sale a matar y amenazar candidatos de la noche a la mañana.
La responsabilidad es del gobierno que permitió esa superposición de violencias y “condiciones” negociadas con las Farc, de la cual Cauca y Nariño son ejemplo. 56 mil hectáreas de cultivos ilícitos, superpuestas sobre 218 mil de Zonas de Reserva Campesina. Cuatro Zonas Veredales, sobre las cuales se superponen 25 municipios con PDET. Presencia de los grupos ilegales, de donde, paradójicamente, los indígenas echan a machete a la Fuerza Pública, y finalmente, sobre la región se superpone la Circunscripción Especial No. 1.
¿Quién está poniendo alcaldes bajo la amenaza de las armas en esas regiones? Elenos, pelufos, disidencias, bacrim; es lo mismo, es el narcotráfico que necesita control territorial efectivo a partir del poder político, para que nadie meta las narices en sus negocios ilícitos, para corromper por las buenas o por las malas, para que el dinero de la recuperación se desvíe, porque no les interesan las vías, ni las escuelas ni el progreso. Necesitan mantener a la Colombia de esos mapas en el oscurantismo que proteja sus fechorías.
No es tarde para un gran operativo que permita el ejercicio de la democracia en esa Colombia olvidada y tan estratégica.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2019
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano.- “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.” Simón Bolívar.
La reciente propuesta de la bancada del Centro Democrático de que mediante “vía referendo se puedan modificar o tumbar las decisiones de la Corte Constitucional” propuesta hecha por el senador Álvaro Hernán Prada y avalada por 33 congresistas de su partido, es un gran golpe a la Corte Constitucional y a la Constitución Política de Colombia. Si bien es cierto que es un proyecto que hasta ahora se presentó, es un mensaje contundente a la administración de justicia y es una más de las tantas propuestas y ataques que recibe el poder judicial desde el Legislativo.
Propuesta irresponsable que distorsiona y politiza las decisiones judiciales e independencia de los jueces y magistrados. Y conlleva a una desinstitucionalización del estado, teniendo en cuenta que sea cual sea, la decisión de cualquiera de las Cortes con la cual los ciudadanos que no estén de acuerdo, podrán convocar un referendo para tumbar esa decisión.
No es la primera vez que el “uribismo” pretende reformar nuestra Constitución. Tan solo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hicieron 26 reformas de las casi 50 reformas que ha tenido nuestra Carta magna en tan solo 28 años de existencia. Han convertido nuestra Constitución en una colcha de retazos y han trapeado con ella por doquier, acorde a los intereses de cada gobierno de turno.
Para el senador Uribe ha sido su mayor sueño y anhelo eliminar la Corte Constitucional y la Justicia Especial de Paz y crear una “súper Corte” que agrupe la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Nacional Electoral.
El ataque a las altas cortes por parte del gobierno Duque ha sido permanente y constante partiendo desde el bochornoso acto de posesión del presidente Duque, el pasado 7 de agosto de 2018, donde ubicaron en las sillas traseras a los Honorables Magistrados, presidentes de las altas Cortes y no en las sillas de honor de invitados especiales, y posteriormente tuvieron que aguantarse el deplorable discurso del presidente del senado Ernesto Macías quién se fue lanza en ristre contra el poder judicial con insultos y ataques, hecho tan canalla y desagradable que les hubiese sido más cómodo escuchar el discurso de posesión desde el Palacio de Justicia.
Si bien es cierto que algunos miembros de la rama judicial han violado su juramento a la Constitución y la ley, no es óbice para destruir uno de los poderes del Estado. Sería importante conocer la opinión del Primer Mandatario y su Ministra de Justicia sobre esta nueva propuesta.
Me pregunto ¿por qué la obsesión del uribismo de atacar, extinguir y eliminar las altas cortes y por ende el poder judicial en Colombia? ¿Están legislando en causa propia? ¿Por qué el odio y el constante ataque del ejecutivo y legislativo al poder judicial? ¿Este gobierno y el Congreso de la república están fraguando una dictadura?
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2019
Por Jorge Enrique Robledo*.- A cinco fines de semana de las elecciones del 27 de octubre, ya se sabe que la competencia entre los candidatos consiste en escoger entre continuismo y cambio. El continuismo de las pésimas políticas de los mismos con las mismas que eligieron a Duque o el cambio de los sectores declarados en oposición a ese gobierno, que tanto se parece al de Juan Manuel Santos en su desastrosa política económica y social. Y en Bogotá, de lejos el principal cargo en juego en Colombia, consiste en escoger entre Claudia López y Carlos Fernando Galán o Miguel Uribe Turbay, es decir, entre quienes aspiran a reelegir a Peñalosa en cuerpo ajeno –el alcalde hoy más repudiado por sus gobernados en el país– y la única persona que puede impedirlo y ejecutar el programa de gobierno que necesita el verdadero progreso de la ciudad.
Reelegir a Peñalosa por interpuesta persona significa que continúe al mando la idea de que Bogotá debe ser, por sobre todo y sin ninguna consideración democrática, la suma de los lotes existentes o por crear para la especulación inmobiliaria de unos pocos –el conocido volteo de tierras– y a costa de maltratar todavía más el desarrollo de la ciudad, empeorándole sus ya graves problemas urbanísticos y promoviendo, también mediante el POT en trámite, el desplazamiento de sus viviendas y sitios de trabajo de miles y miles de familias.
Esa reelección también implica que la movilidad se inspire en la falacia de Peñalosa de que Bogotá debe tener “el mejor transporte público del mundo en desarrollo”, exabrupto que significa que sea peor que el de los países desarrollados y que agrava con otro absurdo: “Transmilenio hace lo mismo que un metro”, aunque se sabe de lo mucho que sufre la ciudadanía porque Peñalosa puso un sistema de buses a imitar uno de trenes, disparate que agrava con un metro elevado, cuyas desventajas frente al subterráneo son conocidas.
Mantener las ideas de Peñalosa significa asimismo empeorar las condiciones ambientales de la capital de la República, tal y como lo demuestra su objetivo de destruir la reserva natural Van der Hammen –porque ‘son los negocios, socio’–, a pesar de que esta es un área clave e insustituible para el medio ambiente de la ciudad. Implica también volver a poner en riesgo de privatización a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y al resto del patrimonio público de los bogotanos. Y mantener las políticas de privatización de la educación y la salud del Distrito.
Manda un pésimo mensaje que quienes aspiran a ser continuadores de las políticas de Peñalosa hayan silenciado que este mintió al presentarse con títulos académicos que nunca ganó, que la Corte Constitucional le protegiera el derecho al concejal Manuel Sarmiento de calificarlo como “el alcalde vendedor de buses”, que en una voltereta de los usos del suelo les aumentara en 677.000 millones de pesos las ganancias a empresas aportantes a su campaña a la Alcaldía y que lleve despilfarrados 236.000 millones para auto elogiarse en los medios de comunicación.
En innegable contraste con Galán y Uribe Turbay, la candidatura de Claudia López es la que mejor representa los intereses y necesidades de cambio de los bogotanos, y es además la única que puede derrotarlos. Porque tiene aval de la Alianza Verde y el Polo Democrático, partidos declarados en oposición al gobierno de Iván Duque. Se conocen sus grandes diferencias y críticas a las políticas de la administración de Enrique Peñalosa. Son notorios el carácter y la capacidad de trabajo con los que ha adelantado la lucha contra la corrupción. Aciertan sus propuestas de gobierno expresadas en 56 páginas, entre ellas las relativas a empleo, salud, educación, movilidad, medio ambiente, inseguridad y defensa del patrimonio público (https://bit.ly/2KVsb0o).
Y es muy importante además elegir a Claudia, porque fortalecerá la lucha democrática contra el machismo y el maltrato a las mujeres, al confirmarse que son intelectualmente tan capaces como los hombres, experiencia que educará más que muchas explicaciones.
Gustavo Petro y Hollman Morris deben recapacitar sobre una candidatura a la Alcaldía de Bogotá que no tiene ni la más remota posibilidad de ganar, mientras que sí, digan lo que digan, les sirve al peñalosismo y al duquismo. Porque la división que promueven, agravada por sus ataques muy sectarios y falaces contra Claudia López y el Polo y los verdes, les sirve a Galán y a Uribe Turbay y a sus partidos.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Gabriel Ortiz*.- Como dicen los pesimistas, sucedió lo que tenía que suceder. Con frecuencia el Congreso utiliza el “pupitreo”, para evacuar leyes, normas y decisiones sobre las cuales senadores y representantes, o poco conocimiento tienen o mucho interés despiertan en ellos. El pueblo y los electores poco les importan.
Por fortuna, aún existen pesos y contrapesos, que analizan, piensan y actúan para defender a la comunidad. Ello ha permitido que ciudadanos, entidades y defensores de los habitantes de Colombia, abogaran para impedir que la llamada Ley de Financiamiento le aplicara el más despiadado golpe a nuestra gente.
Un alcabalero –experto en bonos de agua- envió al Congreso una reforma tributaria disfrazada de financiamiento, con la más despiadada catarata de gravámenes orientados a favorecer a los más ricos, con exenciones tributarias, disminución de impuestos, descuentos a las importaciones de bienes de capital, reducción del ICA y otras prebendas; mientras, a los de a pié, se les castigó al máximo y los ponían a cubrir la corrupción cometida por conocidos políticos, como es el caso de la electricidad de la Costa.
Como en las elecciones anteriores, aterraron a la población. Dijeron que Santos les había dejado un hueco de 25 billones de pesos, que al final redujeron a 7.5. Cámara y Senado se apresuraron a ahorcar a los contribuyentes, para favorecer al gobierno y a los ricos.
Claro que era necesario motivar esos regalos. Nos engañaron diciendo que con ello el país iba a crecer, a generar abundante empleo y mejorar la equidad y muchas gabelas más. Esto tampoco se dio, si se analizan las cifras oficiales.
Hoy cuando estamos a escasas dos semanas de que la Corte Constitucional, pueda darle entierro de pobre a la Ley de Financiamiento, los interesados nos asustan con una catástrofe nacional.
Nos están preparando para lo que se requiera. ¿Otra reforma o ley de financiamiento? Seguramente ya la cosa está prefabricada y lista para caerle a la gente, cuando la Corte salga a defender a esta sociedad.
Y para completar, ya empezó a caminar la más funesta norma inconstitucional y antidemocrática que a alguien se haya ocurrido. El Uribismo presentó un proyecto de Ley para desconocer los conceptos de la Corte Constitucional, utilizando mecanismos que solo al “castrochavismo”, se le podrían haber ocurrido. Ello pone a los electores a pensar, porque ese grupo político puso a la gente a votar para impedir que la extrema izquierda y Chávez nos llevaran a ser una Venezuela.
Se empezó proponiendo la existencia de una sola Corte y ya nos llevan por normas que eliminen la JEP, y otras que desconozcan los fallos de la Constitucional.
La gente empieza a preguntarse: ¿para dónde vamos? ¿ a dónde nos quieren llevar? ¿ qué más nos quieren quitar?
Por lo pronto, el 8 habrá indagatoria y el 16 fallo sobre la ley de financiamiento.
BLANCO: La advertencia que la niña Greta Thunberg hizo al mundo.
NEGRO: Trump, en la cuerda floja.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Los principios son las superiores directrices de la vida individual, de las colectividades y del Estado. Son los fundamentos indispensables de la comunidad y señalan el derrotero que deben seguir ella y los seres humanos que la componen. Trazan las líneas básicas provenientes de los valores en que se funda el orden aceptado por la sociedad respectiva, de cuya observancia dependen la vida en el interior de la aquélla y la convivencia. No necesitan estar consagrados de manera expresa en el articulado de la Constitución, aunque pueden estarlo, y normalmente están desarrollados en normas de distinta jerarquía, que consagran las reglas propias del sistema jurídico.
Lo que estamos viendo en Colombia en esta época, en distintos campos, no es otra cosa que la inobservancia de los principios y la efectiva pérdida de vigor de las reglas.
No me refiero a los principios morales o religiosos aunque también se han visto afectados, sino a los jurídicos y a los de la ética política y a los de la ética profesional.
Basta ver lo que ocurre en la campaña política que se adelanta con miras a la elección de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Allí, además de la violencia ejercida contra candidatos de distintas vertientes políticas -varios de los cuales han sido asesinados- hay deslealtad, y las faltas de respeto, la baja política, la ofensa y la descalificación pública del rival, valen más que la transparencia, la confrontación intelectual y la controversia pública. Tampoco se dice la verdad a los electores, quienes son burlados cuando ya los candidatos han sido elegidos.
Muchos servidores o aspirantes a cargos no vacilan en presentar títulos falsos, engañando a la sociedad y al Estado. Y, para la postulación y elección funcionarios de alta responsabilidad, ya no importan las hojas de vida, la trayectoria, la experiencia y los buenos antecedentes, sino la recomendación política y el compadrazgo.
Otro tanto ocurre en la administración de justicia, en donde -sin generalizar, porque sería injusto desconocer la existencia de jueces y abogados probos-, al parecer ya no importa si se tiene o no la razón en el terreno jurídico sino la compra y venta de conciencias, las argucias y los caminos torcidos, porque no todo fallo es en Derecho. El desprestigio de la administración de Justicia -incluidas, infortunadamente, altas corporaciones- es mayúsculo.
En el campo de las comunicaciones, la ética profesional de muchos periodistas -no todos, por supuesto- ya no es la regla general. También allí se denuncia la compra y venta de conciencias, y la manipulación de la información y la opinión.
El mal uso de las redes sociales refleja lo que pasa en el seno de la sociedad. Falta de respeto, insultos, mentiras, alteración de fuentes, calumnia e injuria.
Y todo ello, además de lo que ocurre a lo largo y ancho del país: la violencia, el crimen, el asalto, los abusos de autoridad, el consumo de drogas -en aumento-, el microtráfico, los abusos contra menores.
Todo porque en hogares y comunidades se han perdido los valores y los principios, a los cuales es necesario volver si no queremos el hundimiento definitivo de nuestra sociedad democrática.
Bogotá, D. C, Septiembre 25, 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Víctor G. Ricardo*.- Es muy fácil juzgar a un Presidente de la República cuando se hace sin entender el contexto en el que el país se encuentra durante su mandato. En el 2018, Colombia se encontraba en plena crisis migratoria; el expresidente Santos ya había negociado y firmado el acuerdo de terminación del conflicto con las Farc en La Habana y había incertidumbre respecto a cómo se iban a ejecutar los pactos que el mismo contenía; no se sabía con qué fondos se iban a financiar los proyectos, tanto sociales como de inversión y lo que es más grave aún de donde se iba a sacar el dinero ; la guerra comercial con los EE.UU y China estaba empezando a afectar la economía nacional; había una serie de inversiones importantes de infraestructura, como algunas 4G, que se encontraban desfinanciadas; los cultivos de cocaína rondaban las doscientas veinte mil hectáreas, entre otras cosas. En pocas palabras, no era un contexto amigable para iniciar un gobierno “con el pie derecho”.
Si bien es cierto que los resultados de los gobernantes no se pueden excusar en las condiciones en las que recibe el país para su mandato, éstas tienen una gran influencia sobre cómo la luz pública ve su gestión.
Hoy hay muchas críticas al Presidente Iván Duque; algunos dicen que no tiene liderazgo, otros resaltan que no tiene un norte claro, y muchos señalan que no tiene mano dura. De todos ellos, nadie se sienta a pensar el ejercicio riguroso de la solución individual de cada uno de los problemas que ha venido manejando el gobierno del Presidente Duque. En los que si debe tomar decisiones a la mayor brevedad es en los temas de seguridad.
La ciudadanía no puede esperar resultados inmediatos de un gobierno que día a día lucha por levantar a un país que recibió en un contexto muy complicado. No por esto quiero decir que no haya nada que criticar; todo gobierno tiene sus aciertos y desaciertos. Sin embargo, la opinión debe estar siempre basada en una tarea responsable de investigación, en un ejercicio de análisis y no en conclusiones apresuradas, descontextualizadas y muchas veces pesimistas.
Yo veo a un Presidente que ha intentado modificar los acuerdos ya alcanzados, con un costo político muy alto, pero también veo a un mandatario comprometido con la paz y con los desmovilizados que aún respetan los compromisos del acuerdo de La Habana: a un Presidente que lucha contra unas disidencias que cuentan con su retaguardia en Venezuela -que, aunque son pocos, son los más peligrosos.
En materia de seguridad hay que tomar decisiones y sobre todo exigirle a los responsables de las entidades resultados.
Veo al Presidente Duque comprometido con el desarrollo y el crecimiento de la economía del país, con el emprendimiento y con la tecnología; que busca oportunidades que brinden nuevos horizontes a los colombianos y hacer que Colombia se convierta en un país pionero en América Latina.
Hay que pensar positivo, como ciudadanos, si bien tenemos el derecho de opinar y criticar cuando algo no está bien, también tenemos el deber de apoyar a nuestros líderes para que todos vayamos en una misma dirección.
No podemos olvidar que cuando a nuestro gobierno le va bien, al pueblo colombiano también.
Bogota, D. C, Septiembre 25 2019
*Excomisionado de Paz
Por Jairo Gómez*.-“Más allá de las fotos o no, él es un titan”, dijo el presidente Duque sobre las comprometedoras fotos de Guaidó con los paramilitares, tras evadir olímpicamente los cuestionamientos que desde muchos sectores le han hecho por no explicar en qué condiciones entró el político a territorio colombiano y porqué de la mano de unos hombres pertenecientes a organizaciones criminales.
Una salida en falso del presidente, si pretende minimizar la gravedad de los hechos. Contrarían, sin duda, su aclamada política de la legalidad que asocia a su programa de gobierno; qué mal mensaje para el país joven que busca cautivar a través de la llamada economía naranja.
“El todo vale”, “el corre más que el viento”, “el usted no sabe quién soy yo”, “el mundo es para los vivos” etc. No importa quién eres, lo primordial, lo usual, es que te cuelgues un revolver en la cintura e impongas tu ley; es la imagen que se puede describir del vídeo que circula por las redes sociales en que aparece el hombre con camisa a cuadros, alias ‘Patrón el Pobre’, conductor que transportó a Guaidó de territorio venezolano a Colombia.
Cómo puede el presidente Duque y sus subalternos no dar una explicación seria y coherente sobre estos hechos. No hacerlo, como ha ocurrido hasta ahora, perpetúa la ilegalidad como método. El fin justifica los medios; entonces apague y vámonos.
Pero como al que no quiere caldo se le dan dos tasas, el gobierno de Estados Unidos a través de la Subsecretaría Adjunta para el Hemisferio Occidental, avaló con desmesurado pragmatismo la explicación de Guaidó y aseguró que ya el dirigente venezolano explicó "describiendo cómo estaba tomando fotografías con varias personas a lo largo de ese día y todos los días. Asiste a miles de protestas y manifestaciones y se toma fotos con quienes se lo piden, como hacen muchos políticos y líderes políticos". Es decir para la Casa Blanca, paladín de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, es normal que el autodenominado presidente se fotografíe con narcoparamiliatres.
El pragmatismo de Trump y Duque destroza letalmente una lucha que el pueblo colombiano soberana y moralmente, más allá de imposiciones, ha enfrentado contra el crimen organizado y el narcotráfico poniendo los muertos de humildes ciudadanos, para que estos señores, guiados por su egoísmo y posiciones políticas enfermizas, que no son fruto de la razón sino de un tribalismo espantoso, justifiquen aliarse hasta con el diablo para tumbar al régimen chavista del poder.
Esto que ocurrió no es un asunto menor; ¿Qué dirá Duque ante la Asamblea General de las Naciones Unidas? Porque es muy probable que las preguntas ya estén circulando por los pasillos del todo poderoso edificio de la diplomacia mundial.
Sin duda fue una carta que se jugó el presidente Duque, quien ha sido un apoyo incondicional de Guaidó en la región; pero no deja de provocar suspicacias que el autoproclamado presidente de Venezuela le hubiera arrimado el hombro al crimen organizado para evadir a las autoridades de su país y poder entrar a Colombia; pero además que lo hiciera de la mano de “Los Rastrojos”, asesinos de humildes campesinos colombianos y venezolanos que habitan la frontera.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre de 2019
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por Juan Camilo Restrepo*.- EL catastro tiene, hasta el momento, finalidades meramente fiscales. Por ejemplo, el pago del Impuesto predial está vinculado a la valoración catastral comercial que para cada predio urbano y rural se lleva en el catastro.
Una de las tareas más importantes que se está poniendo en práctica en Colombia actualmente es la organización del Catastro multipropósito. Se acaba de contratar un crédito de $150 millones con tal objetivo.
Cuidándose de no contar que la idea del catastro multipropósito proviene de los acuerdos de La Habana, el gobierno, además de la información sobre el crédito que acaba de mencionarse, ha anunciado datos bien interesantes. Por ejemplo: que gracias al Catastro multipropósito el recaudo por predial de los municipios aumentará de $7.3 billones actualmente a $10 billones en 2025. Es decir, la clave para la rehabilitación de las finanzas municipales radica en la implantación de este Catastro multipropósito.
Lo primero que hay que observar con relación al catastro tradicional es su profunda desactualización. Un reciente documento Conpes señala por ejemplo que “con corte al 1 de enero de 2019, el 66% del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,32% no contaba con formación catastral y solo el 5.68% del territorio nacional tenía información actualizada”.
Esta profunda desactualización del catastro está generando graves consecuencias en muchos aspectos, siendo el más inmediato de ellos el efecto negativo sobre los ingresos de las entidades territoriales municipales, toda vez que el impuesto predial -como lo hemos señalado- está vinculado a los avalúos comerciales que aparece en las cédulas catastrales de cada predio.
Diversos estudios sobre la sociología política de los tributos territoriales en Colombia han mostrado que, a menudo, sobre todo a nivel de los medianos y pequeños municipios, los concejos municipales son renuentes a ajustar los valores comerciales de los predios por razones meramente políticas.
Como hemos dicho, hasta la fecha el catastro ha tenido un uso predominantemente fiscal, es decir, ha servido a los municipios del país (que son los titulares del impuesto predial) para que calculen éste en base a las tarifas que la ley señala y para que lo actualicen periódicamente.
Sin embargo, la moderna visión del catastro señala que éste puede cumplir con finalidades mucho más amplias que las meras fiscales que hoy se le asignan.
Por esta razón el documento Conpes que hemos citado anteriormente dice lo siguiente: “Los sistemas catastrales, como fuente de información para la administración del territorio, han evolucionado en el tiempo en cuanto sus objetivos y alcance. Esto, al pasar de ser sistemas concentrados en la tenencia de la tierra, con el objetivo de establecer cargas fiscales, a ser sistemas que se enfocan en proveer información sistemática para la administración de la tierra y del territorio.
Un catastro multipropósito, que trasciende el enfoque fiscal tradicional, se caracteriza por ser un registro sistemático, actualizado y permanente de la información física, jurídica, económica y territorial de los predios, consistente con el sistema de registro de la propiedad. Este debe ser además digital, interoperable con otros sistemas de información, en concordancia con estándares internacionales para apoyar la implementación de políticas públicas y gestión del territorio.
Contar con información de un catastro multipropósito, actualizada y disponible para múltiples actores, promueve el uso eficiente del territorio y aumenta la inversión y la productividad en áreas rurales.
Por su parte, en áreas urbanas, éste apoya una administración más eficiente de las ciudades y una mejor provisión de servicios a los ciudadanos, al tiempo que contribuye a la identificación y seguimiento de la dinámica inmobiliaria y al desarrollo de mercados financieros.
El catastro multipropósito resulta particularmente útil en el desarrollo de diversas políticas públicas sectoriales, tales como el desarrollo de infraestructura y el ordenamiento territorial. Asimismo, apoya la generación de capacidades e instrumentos para que el Estado pueda priorizar y asignar mejor la inversión pública en las regiones, contribuyendo así al desarrollo económico con equidad y al manejo sostenible del territorio.
Vale la pena también mencionar que, en los acuerdos celebrados con las Farc, en el punto No. 1 dedicado a la Reforma Rural Integral, se incluye igualmente la obligación de desarrollar un catastro multipropósito en Colombia.
Se trata desde luego de un proyecto muy ambicioso que, de llevarse a la práctica cabalmente como está previsto, va a transformar la Hacienda Pública de manera sustancial. Y va a dotar a la formulación de políticas públicas de un instrumento de inmensa importancia. El catastro “multipropósito” que se está poniendo en marcha tiene previsto pasar de 5.6% de área con información catastral actualizada, al 60% en 2022 y al 100% en 2025.
Inmensa tarea.
Bogotá, D. C, septiembre 22 de 2019
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Guillermo García Realpe*.-Se acerca la fecha electoral para elegir en Colombia a los próximos gobernadores, diputados, acaldes, concejales y ediles, en un proceso que tendrá lugar el próximo 27 de octubre en todo el país y del cual podrá participar los ciudadanos que tengan sus cédulas inscritas.
Según la Registraduría Nacional, en total se inscribieron 121.194 candidatos, de los cuales 179 aspiran al cargo de gobernador y 5270 para alcaldías, sin duda, una cifra bastante alta, sólo los mejores obtendrán el favor en las urnas por parte de los electores.
Ellos y ellas, quienes resulten ganadores, tendrán la enorme responsabilidad de trabajar por el desarrollo y progreso de cada una de sus regiones, de cada ente territorial, de llevar las riendas y conducir a esos departamentos y municipios por la senda de un liderazgo que permita desde lo regional ayudar a consolidar los propósitos nacionales y armonizar sus planes de desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo, para entre todos hablar un mismo idioma, para que sus propuestas tengan eco y puedan cristalizarse positivamente y ejecutarse durante sus mandatos.
Sabemos bien que nuestros municipios, especialmente los de cuarta, quinta y sexta categoría, tienen enormes dificultades en todos los campos, es imperioso e inaplazable brindar soluciones definitivas y de fondo, no podemos extender en el tiempo sus problemas, ni las penurias que complican el bienestar de sus habitantes.
El principal obstáculo que encuentran los mandatarios cuando llegan a gobernar y también el reclamo generalizado de sus comunidades, rurales especialmente, es la deficiente malla vial y sobre todo las condiciones precarias de sus vías terciarias que son una prioridad para los municipios que son despensas agrícolas, sin vías, no hay progreso, no hay competitividad, el comercio de los productos se dificulta, las vías son el motor de esas localidades con vocación agrícola y para todos en general.
La falta de oportunidades y el creciente desempleo, es otro dolor de cabeza para los nuevos mandatarios, se necesitan fórmulas para combatir este penoso flagelo social, hoy en Colombia la cifra de desempleados llega a los 2 millones 300 mil personas sin una fuente de trabajo digna, en el campo local, muchos de nuestros egresados, muchos profesionales ven como única alternativa los empleos en sus entidades administrativas locales, esto es alcaldía, Hospital, empresas de servicios públicos, entre otras, puestos de trabajo que son escasos, pero esto no puede limitar las aspiraciones de quienes buscan un ingreso económico, el reto está en articular otras fuentes de empleo, con alianzas público privadas, con obras de impacto que generen empleo directo e indirecto, eso dinamiza la economía de las regiones, pero esto va ligado a la capacidad de cada gobernador, de cada alcalde y fundamentado desde luego en su programa de gobierno.
Sin duda, son múltiples las necesidades que encontraran gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, al frente de sus regiones, la situación fiscal del país no es del todo buena, y en ese orden de ideas tendrán que priorizar los gastos de inversión, en lo más primordial, sin descuidar los demás sectores por supuesto.
Pero también serán los gobernantes de la Colombia del posconflicto, ellos y ellas tendrán la gran responsabilidad de ser garantes de la Paz en cada una de sus regiones, de ayudar a reconstruir el tejido social desde las bases, de brindar mecanismos para que se logre la reconciliación, de extender la mano amiga a quienes ahora están del lado de la legalidad, en brindarles garantías plenas para su reinserción a la sociedad.
Son desafíos ineludibles, compromisos inaplazables, la gente, los ciudadanos están expectantes por lo que será el futuro de sus regiones, quienes asuman el próximo primero de enero funciones administrativas, tendrán que estar a la altura, pero también gobernar con transparencia, con rectitud, donde los actos de corrupción que hoy son el pan de cada día se conviertan en cosa del pasado, esa triste página de la corrupción tenemos que pasarla y superarla.
Ojalá sean más los gobernantes que se destaquen por su compromiso comunitario y social, por sus logros de ejecución, por las obras prioritarias que requiere la gente y que no sean recordados por dejar elefantes blancos, por derrochar lo público, ojalá sean más los gobernantes los que busquen el bien general que el particular, la política es para servir a la gente, no para servirse asimismo.
Colombia y su gente es un país maravilloso, los colombianos merecemos buenos gobernantes, sólo así podemos ir cambiando la historia y ustedes ciudadanos, tienen el poder en sus manos, ¡Elijamos bien!
Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2019
Senador de la República
@GGarciaRealpe
