Opinión

Por José Félix Lafaurie*.-  La estigmatización y el desprestigio son un recurso fácil en la confrontación política, cuando desborda el ámbito de las ideas y cae a los círculos del poder al servicio de protervos intereses.

Escribiendo estas líneas me entero de que la Corte Suprema, tras negar la nulidad de la investigación contra Álvaro Uribe por la profusión de pruebas viciadas, lo llamó a indagatoria; un caso emblemático de “la narrativa” estigmatizante utilizada como arma política.

Las acusaciones contra Uribe surgen de la narrativa que sus adversarios han construido alrededor de sus ejecutorias y su realidad misma. Como ejemplos: Seguridad Democrática = guerrerista; ganadero = terrateniente y paramilitar.

Muchas de esas narrativas han derivado en causas judiciales por cuenta de enemigos de oficio, como la izquierda; de adversarios políticos, como el “santismo”, y de columnistas sesgados y obsesivos, como...

Es la receta aplicada a ministros y funcionarios del gobierno Uribe, y a miembros del CD: narrativa que lleva a causa judicial; causa que llega a condena y verdad judicial; verdad judicial convertida en historia oficial.

Empezamos en narrativas estigmatizantes; terminamos en “la historia” incontrovertible.

Las negociaciones con las Farc incorporaron elementos para que su narrativa se convirtiera también en historia oficial. Me pregunto por la verdad que pueda contar la Comisión, o la historia a partir de la verdad judicial de la JEP, frente a la realidad de criminalidad de las Farc.

Quienes fuimos reseñados como “enemigos de la paz”, además de persecución institucional, como el caso de FEDEGÁN, y de persecución judicial, hemos sido objeto de la narrativa estigmatizante, ensañada contra el CD con dos objetivos: bloquear la gobernabilidad de Duque y tender cortinas de humo frente a la corrupción.

Es una estrategia apuntalada por Santos y sus alfiles en los últimos meses. El 10 de agosto, en El País de Madrid, Santos, el estigmatizador de medio país, afirma con cinismo que “Asesinar la reputación y la credibilidad de sus enemigos ha sido una táctica de la extrema derecha”.

Tres días después, en el mismo diario se califica al uribismo como “una minoría radical que amenaza las instituciones y la democracia misma en el país suramericano”.

En febrero, De la Calle, lanza “Revelaciones al final de una guerra”, y en marzo, Santos compila su narrativa en “La batalla por la paz”. En junio, León Valencia ataca a Duque y al CD en “El regreso del uribismo”; y en agosto, Cristo y Rivera lo hacen en “Disparos a la paz”, con evidente intención detractora.

Se sigue construyendo una narrativa contra el Centro Democrático, que debemos contrarrestar mediante un ejercicio asertivo que difunda nuestros principios y posiciones frente a la realidad nacional, y denuncie los atropellos contra el CD y sus miembros.

Es nuestra responsabilidad con el futuro, para que las falsas narrativas no se conviertan en “la historia” oficial.

Bogotá, D. C, 18 de agosto de 2019

*Presidente de Fedegan

Por Jorge Enrique Robledo*.- Si la ministra del Transporte hubiera coronado el negocio que intentó hacer a favor del Grupo Aval e impedido que el tribunal de arbitramento fallara sobre la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 y de sus socios, Odebrecht y Corficolombiana Aval, a los colombianos nos habrían sacado del bolsillo 1,2 billones de pesos para los bancos, incluidos seiscientos mil millones para los de Luis Carlos Sarmiento Angulo. También estaríamos sin conocer las corruptelas y truhanerías cometidas en ese negocio, según las detalló el tribunal. Y los bancos del Grupo Aval, por una decisión abusiva y montada sobre mentiras, habrían quedado formalmente declarados por la ANI –por el Estado, supuestamente– como “de buena fe”, la condición que puso la Corte Constitucional para aprobar el artículo 20 de esa ley sastre, la 1882 de 2018, bien bautizada Ley Sarmiento Angulo (http://bit.ly/2LXNP7w).

Pero el tribunal, además de declarar nulos, por corruptos, los contratos del Consorcio Ruta del Sol 2 y negarle sus pretensiones tramposas, le impuso al Estado pagar 24 mil millones de pesos, de los 211 mil decididos en el laudo, ¡un billón menos de los que intentó en su jugadota Ángela María Orozco! Por ese solo hecho, por lo menos de inmensa irresponsabilidad, en otro país, gobernado con la pulcritud con la que no se gobierna a Colombia, la ministra ya habría tenido que renunciar. Muy mal cayó que Duque saliera a defenderla, como hizo con Carrasquilla, acto que también explica por qué perdió su primer año de gobierno.

La inhabilidad legal de la ministra Orozco para actuar en este caso no ofrece dudas, de acuerdo con la Ley 1437, que le prohibía tomar decisiones sobre el Grupo Aval por lo menos hasta el 19 de julio de 2019, deber que no cumplió. Mas lo nuevo al respecto es que, por dicha ley, también resulta encartada Marta Lucía Ramírez, dado que las pruebas confirman lo dicho por Semana acerca de que fue la vicepresidenta de la República –cercanísima a Sarmiento Angulo– la que, “tras bambalinas”, dirigió la operación para regalarles a los banqueros más de un billón de pesos, con la mitad de esa plata para los del Grupo Aval.

Para felicidad de Sarmiento Angulo, Marta Lucía Ramírez presidió el Comité Interinstitucional del Sector Transporte Ruta del Sol 2 del 21 de diciembre de 2018, Comité que según la ministra le abrió el camino para moverse tras los famosos 1,2 billones de pesos de obsequio a los banqueros. De ahí que la vicepresidenta esté incluso más impedida que la ministra para actuar en lo del Grupo Aval. Porque mientras que la ley obra sobre Ángela María Orozco por un año, la vicepresidenta sufre de una inhabilidad permanente, en razón de que a ella la obliga –y podría suceder que a Orozco también– el artículo 11, numeral 8 de la ley 1437. Pues esta norma señala que el servidor público no puede actuar en nada relacionado en particular con personas con las que tenga una “amistad entrañable”, dado que esa cercanía –como ocurre con los vínculos familiares– le impide decidir con la imparcialidad en la que deben fundamentarse los actos oficiales.

Al respecto cabe recordar que Germán Vargas Lleras, como ministro de Vivienda de Santos, se declaró impedido para actuar en los negocios de su amigo Alberto Ríos Velilla que tuvieran que ver con su Ministerio, impedimento que le fue aceptado mediante el decreto presidencial 005 de 2013 y que también determinó al funcionario que lo reemplazó, para lo que fuera, en esos asuntos (http://bit.ly/2KNH3Os). Entre las pruebas que se verán en el debate en el Senado y que inhabilitan ética, política y legalmente a Marta Lucía Ramírez para tratar negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no le debería bastar que el Banco de Bogotá le prestó a su campaña y a la de Duque 15.209 millones de pesos, equivalentes al 67 por ciento de sus ingresos totales? (https://bit.ly/2KDzutw)Y más cuando el mencionado Comité Interinstitucional del Transporte que le creó Duque y que ella preside le permite tirar la línea sobre las ocho concesiones viales de Sarmiento Angulo –además de la Ruta del Sol 2–, incluidas la vía al Llano y el puente en Chirajara.

Los colombianos estamos hasta la coronilla de la puerta giratoria por la que algunos pasan de los negocios privados a los públicos y de los públicos a los privados como Pedro por su casa y sin siquiera imponerse el menor impedimento ético, parapetados tras la falacia de que todo lo legal es políticamente digno. Y que, como si fuera poco, si las leyes les estorban o les son insuficientes para lo que desean, entonces las violan o diseñan las trampas que les sirven a sus conveniencias y a los de sus amigotes y luego las convierten en normas legales, como hicieron con la 1882.

Como es obvio, Marta Lucía Ramírez será cordialmente invitada al debate en el Senado sobre la corrupción Odebrecht-Aval del martes 27 de agosto, en el que trataremos la tentativa de regalito de los 1,2 billones de pesos, lo último sobre las platas a la campaña Santos 2014 y las andanzas no debatidas de Néstor Humberto Martínez.

Bogotá, 18 de agosto de 2019

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Gabriel Ortiz*.- Hubo alborozo. Gobierno, Congreso, políticos, medios, fuerzas vivas y hasta víctimas celebraron el gran homenaje que nos hizo el presidente Trump: ¡Nos certificó! Se nos formó, o mejor se nos implantó la idea de que estábamos celebrando un nuevo 7 de agosto, que resucitaba la Batalla de Boyacá.

La celebración no fue por los 200 años de nuestra independencia, sino porque habíamos recibido ¡la certificación! ¿De qué? Nadie atinaba, nadie entendía las razones que nos llevaban a tan generalizada alegría. Muchos de los que recibieron el honor de tener butaca en el Puente de Boyacá creyeron que consagrarían con champaña ‘certificada’… otros más sumisos con glifosato.El país estaba ausente del honor del presidente Trump.

Ese día para Colombia era más importante la champaña con la que celebró Egan su triunfal arribo a los Campos Elíseos.

Y es claro. Debemos abandonar el provincianismo. La tal certificación nos quita más de lo que nos beneficia. Con ella o sin ella, seguimos poniendo los muertos, la sangre y el miserabilismo de nuestra patria y sus gentes. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía, nuestra justicia, nuestras autoridades y nuestros políticos se corrompen por cuenta del narcotráfico que crece sin pausa para satisfacer una demanda que no tiene término, que nadie controla, que no hay autoridad norteña que la aplaque. Nadie conoce un narco gringo preso o extraditado a Colombia para recibir el castigo que se merece. Ni de esos que la distribuyen en este país, ni los que nos inundan con sus pastillas y fármacos que envilecen a nuestra juventud.

No poseemos un ‘galardón’ o una galerna que imprima miedo o pánico a los norteños; y si los tuviéramos los mataría de la risa.

Entre tanto, el alborozo por la certificación crece, mientras regiones como el Cauca y otras zonas cocaleras siguen en medio de la nada. En poder de la mafia mexicana y de unos terratenientes que despojaron a sus moradores de sus tierras, son los amos.

Los indígenas ‘armados’ con garrotes tratan de imponer la ley, y unos valientes caficultores que laboriosamente cultivan un grano de alta calidad buscan mejorar el ingreso de quienes se dedican a esa actividad. Claro que hubo quienes quisieron dividir el Cauca en dos: uno indígena y otro terrateniente.

Quienes creen entender eso de la certificación, esperan ríos de dinero, autoridades correctas, propósitos gubernamentales que contrarresten los salarios del miedo que implantan las mafias mexicanas y colombianas que ordenan y presionan infamemente a los campesinos y pequeños grupos indígenas para que inunden de coca y marihuana los campos del Cauca.

¡Estamos certificados! pero la sangre, la muerte, la miseria y el látigo de narcos, terratenientes y gringos consumidores seguirán azotando a una región tan bella y productiva como el Cauca, no quienes nos “certifican” y consumen, para elevarse y embriagarse en lejanías.

BLANCO: La demolición de las construcciones ilegales en los cerros del norte de Bogotá.

NEGRO: En Colombia: sube el dólar, baja la demanda, sube el desempleo y baja la inversión.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

Por José G. Hernández*.- Duele decirlo pero lamentablemente el valor de la paz, el principal anhelo de la sociedad colombiana y uno de los fundamentos de la Constitución de 1991, no se ha conseguido.

Estamos muy lejos de lograrla. Basta revisar las noticias de cada día para corroborar que las normas vigentes en la materia se quedaron escritas; para ver que artículos como el 22 de la Carta Política -a cuyo tenor la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento- o el 2 -según el cual las autoridades han sido establecidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades-, o las disposiciones dictadas como desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016, no se cristalizan en la realidad; hoy parecen normas teóricas, programáticas, de vigencia no inmediata sino indefinidamente aplazadas.

A diario son asesinados líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de comunidades indígenas, exguerrilleros desmovilizados. Amenazas que se cumplen. Sin saber por qué, ni por designio de quién. Ante la más absoluta impotencia del Estado, que se limita a lamentar, a repetir que a los asesinos “les caerá todo el peso de la ley” (eso parece una burla) y que no hay nada sistemático.

El informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y las organizaciones “Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular” y “Marcha Patriótica”, señala que del 24 de noviembre de 2016 al 20 de julio de 2019 habían muerto violentamente 627 personas: 21 en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018 y 116 en 2019. Son 92 mujeres y 535 hombres. 142 integrantes de comunidades indígenas; 55 afrodescendientes; 245 campesinos, ambientalistas comunales o impulsores del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos; 138 exguerrilleros reincorporados. 36 familiares de exguerrilleros.

Esas cifras ya están superadas por los varios crímenes cometidos en estos días.

Es una lástima que haya predominado el fetiche. Se cree y se proclama que unos textos tienen, de suyo y por sí mismos, la virtualidad de cambiar las situaciones y los hechos. Una vez más decimos que la paz es un concepto de mucha mayor amplitud y profundidad que un simple documento, por voluminoso que sea. Por ello, ante la comunidad internacional -a la cual se anunció con bombos y platillos que el Acuerdo de 2016 era, en efecto, el logro de la paz- Colombia ha quedado muy mal. Eso ha sido desmentido por la cruel realidad que nos agobia; por la violencia que nos avergüenza; por la incompetencia de las autoridades.

La emergencia proclamada por las comunidades indígenas, cuyos miembros están siendo amenazados, perseguidos y asesinados, es apenas una muestra de una muy grave situación frente a la cual el Estado perdió el control hace mucho tiempo.

Bogotá, D. C, 14 de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Los resultados electorales que se presentaron en Argentina pronostican, a no ser que algo extraordinario suceda, que en las próximas elecciones resultará triunfadora, de las contiendas que elegirán Presidente y Vicepresidente de la República, la alianza entre el candidato Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Kirchner, quien ahora se presenta como aspirante a ser segunda a bordo. Este pronóstico ha afectado gravemente la bolsa argentina, desplomando las acciones de las principales compañías y produciendo una devaluación del peso local en un 30%. Lo anterior va mostrando consecuencias y efectos, tanto internos como externos.

No se entiende cómo, después de los escándalos por corrupción y más de 49 causas judiciales que se presentaron durante el gobierno de Cristina Kichner, ahora mantiene el favor del pueblo y parece tener grandes posibilidades de ser nuevamente elegida.

Si se analiza lo sucedido es posible concluir que al actual presidente de la República, Mauricio Macri, le correspondió tomar varias medidas antipopulares para poder controlar el gasto público y los subsidios que había, por ejemplo, en el sector eléctrico. Tuvo que suspenderlos para que subsistieran las empresas. Pero lo que más ha influido en el desgaste del actual gobierno fue no haber podido adquirir o construir la gobernabilidad que le permitiera hacer las transformaciones que este país latinoamericano tanto requería.

Por eso, cuando se analiza la política que en Colombia se está viviendo, es muy preocupante observar que en nuestro país tampoco se ha construido la gobernabilidad necesaria para poder cumplir las metas y objetivos que la sociedad espera.

En Argentina, los empresarios se encuentran muy preocupados puesto que todos han declarado contra la administración Kirchner en el caso denominado “Los cuadernos” de un chofer que prestaba sus servicios a un alto funcionario de esas administraciones y que anotó durante cuatro o más años todos los recorridos que hizo acompañando a su jefe a recoger dineros de lo que allá llaman “coimas” (pago de comisiones) a distintos empresarios para después llevarlos a la casa de los Kirchner.

El nerviosismo es tan grande que muchos de ellos están analizando la situación y algunos se han planteado la posibilidad de trasladar sus residencias fuera de Argentina y buscar nuevos rumbos a sus inversiones y empresas, temerosos de una represalia. Definitivamente son difíciles los momentos en uno de nuestros países hermanos del continente.

Muchos analistas están pensando que la corrupción se tomará de nuevo la administración argentina y, otros tantos, que la izquierda continental, si llegara a ser elegida la alianza kirchnerista, lo tomaría como un triunfo para ella. Claro está que mayor problema no es que sean de izquierda sino la corrupción a la que llegaron.

Lo que no es fácil de entender es cómo un país que en el pasado fue la séptima potencia económica del mundo, que acabó con el analfabetismo antes que la mayoría de las naciones de Europa y por ello se convirtió en un ejemplo en el mundo, hoy está empobrecido, e inmerso y decidido a regresar a la experiencia vivida bajo líderes que encabezaron la corrupción a niveles impensables. Es como si el pueblo argentino no entendiera o viera con claridad el camino que están escogiendo. O, como si algo les estuvieran ofreciendo para que, a corto plazo, les hiciera ver tal alternativa como una viable o favorable. Gran equivocación. En Argentina se está viviendo lo que no podemos dejar que suceda en Colombia.

Bogotá, D. C, 14 de 2019

*Excomisionado de Paz

Por Guillermo García Realpe.- Completa un año y unos días el Presidente Iván Duque al frente del gobierno nacional y a decir verdad, el balance en términos generales de estos doce primeros meses ha sido un balance muy pobre.

En temas de paz, de economía y en la débil agenda legislativa se raja el Presidente Duque y su gobierno. No es un buen balance y fue un año que lo consideran de aprendizaje, pero por supuesto, no se puede ir a aprender cuando se tiene tan sólo cuatro años, se tiene que llegar a una tan alta responsabilidad ya sabiendo el desempeño, los compromisos, los retos y los desafíos.

Los grandes proyectos nacionales no se vieron, no se aprobaron y la agenda fue de carácter partidista y eso no conllevó a los consensos que se requieren en un Congreso de tantos sectores políticos diversos.

En temas de economía el balance tampoco fue alentador, el gobierno Duque se quedó corto en varios frentes,  las señales son muy grises, hay muchos nubarrones en temas de inflación, en temas de crecimiento económico, el disparo de la divisa norteamericana que ya bordea los $3500, el desempleo sigue disparado y ya alcanzamos la penosa cifra de dos millones 300 mil colombianos que hoy no tiene trabajo, la informalidad entre tanto crece y la inversión extranjera tampoco se ve a gran escala.

Durante la reciente Ley de financiamiento o reforma tributaria, Duque dio grandes gabelas a los empresarios rebajándoles diez billones, ¡sí diez billones! en pago de impuestos con el compromiso de que generarían más fuentes laborales, pero a estas alturas la realidad es otra, ¿será que los empresarios y la industria le hicieron conejo?, ¿será que en los tres años que quedan de gobierno sí cumplirán? Son preguntas que nos hacemos y que hoy no sabemos lo que pasará en el mediano plazo con la empleabilidad del país. 

Y qué decir también en temas de cumplimiento a los acuerdos de Paz, en eso sí prácticamente se dedicó el gobierno nacional a dispararle al proceso de paz, a promover proyectos que complican el desempeño de la JEP y prácticamente hacer trizas el proceso de paz que hoy lo reconoce el mundo entero y Colombia por supuesto, yo creo que eso indujo a un balance negativo. 

La polarización que se tomó el escenario político nacional y que cada vez crece en enfrentamientos y señalamientos de odio y sumado al exterminio sistemático de nuestros líderes y lideresas sociales fueron otros de los lunares que el gobierno no logró contener ni tampoco minimizar. Preocupa que no avancen los proyectos que tienen que  ver con la sustitución de los cultivos ilícitos y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, y los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En eso también le fue mal al gobierno Duque. 

En materia de seguridad, el panorama tampoco es muy alentador, vemos todos los días como la inseguridad ciudadana se toma pueblos y las grandes urbes, el pie de fuerza es insuficiente para contener el accionar delictivo, de igual forma no se impulsó una agenda de paz con la guerrilla del ELN y se decidió enfrentarlos por la vía militar con los riesgos que ello implica sobre todo en vidas humanas y daños para la infraestructura y nuestro medio ambiente. 

El modelo de salud tampoco tiene mejoras, y el sistema educativo necesita abrirle las puertas a la calidad y excelencia académica, tiene que ser generoso con los jóvenes bachilleres para que puedan acceder a la educación superior para que a la vuelta de unos años tengamos más profesionales que le aporten al país en las distintas áreas. 

En temas regionales, por lo menos a lo que Nariño le compete, las inversiones no se han visto, nuevas inversiones no las hay, están en la ejecución de los proyectos que arrancaron en el gobierno pasado, como la doble calzada de Pasto a Rumichaca, pero nuevos proyectos en éste año no se iniciaron y además la ejecución está muy lenta. 

Esperamos que en los tres años que le quedan al gobierno, logre repuntar, logre cumplir las metas y los ejes de equidad, legalidad y emprendimiento, que todas esas propuestas de campaña se cristalicen, se hagan realidad. Hay un equipo de ministros independientes y dinámicos, pero déjenlos trabajar, no los tengan prisioneros de la ideología de su partido, también tienen que entender que Iván Duque es el presidente de todos los colombianos, y no el presidente de un sector político, sí le va mal al presidente, pues le va mal al país y eso es precisamente lo que no queremos. 

Así que hacemos votos para que Colombia retorne a su rumbo y logremos ser ese país que todos queremos, con equidad, con Paz, con inversión social y proyectado al futuro como una nación prospera y con oportunidades para todos. 

Bogotá, 13 de agosto de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.-“Año fiscal 2020 será muy estrecho”.

Tal como lo habíamos anticipado desde esta misma columna, el presupuesto nacional para la vigencia del 2020 y su componente de inversión es probablemente el tema más controversial de las finanzas públicas actuales en Colombia.

Por primera vez en muchos años el componente de inversión que aparece en el proyecto de presupuesto del 2020, no sólo no crece con relación al 2019, sino que decrece.

En el mensaje presidencial con que se acompañó el proyecto de presupuesto para el 2020 que empieza a estudiar el Congreso en estos días, puede leerse textualmente lo siguiente: “En materia de inversión, el monto previsto para 2020 ($40,4 billones), inferior al presupuestado para 2019, está en concordancia con la capacidad financiera de la Nación y su disponibilidad de recursos y con la decisión de política de mantener al país en la senda del cumplimiento de las metas fiscales”.

El componente de inversión -dada la inflexibilidad de los gastos de funcionamiento y del servicio de la deuda- suele ser el rubro de ajuste de las cuentas fiscales que anualmente se preparan, y por eso, en épocas de estrechez como la actual crece en un porcentaje inferior al total del conjunto presupuestal. Pero muy pocas veces se había visto una situación como la que se espera para el año entrante en que el componente de inversión no sólo no crece sino que decrece con relación a la vigencia del 2019.

Cuando se empiece a desmenuzar este proyecto de presupuesto en el Congreso habrá un crujir de dientes, pues las expectativas de inversión que el propio Gobierno se ha encargado de despertar entre la ciudadanía son infinitamente mayores de las que el presupuesto nacional puede asumir.

Baste recordar por ejemplo que en el plan cuatrienal de desarrollo se programaron inversiones por cerca de $ 1.200 billones. Haciendo una cuenta de cocina uno podría estimar que para hacer congruente el presupuesto anual con el plan de desarrollo, las inversiones autorizadas por el presupuesto debían ser del orden de $ 300 billones (una cuarta parte). Pero en el presupuesto del año entrante solo se contemplan inversiones por $40,4 billones como se ha dicho.

Como si lo anterior fuera poco, el propio Ministro de Hacienda ha declarado que para cumplir con las metas presupuestales del año entrante aún le están faltando $ 8 billones. Que no es claro de dónde van a salir. Si se espera que la venta de activos en empresas públicas provea esta cantidad, es bastante difícil (dados los trámites que impone la ley 226) que dichos recursos alcancen a entrar en el 2020 para adicionar el faltante presupuestal de 8 billones que el propio Gobierno está reconociendo.

Hay que reconocerle al Gobierno, eso sí, que en el proyecto de presupuesto para el 2020 se trasluce una sincera voluntad de reducir el gasto, de aumentar la eficiencia en el recaudo con mecanismos nuevos como la factura electrónica y de cumplir con los techos de déficit que impone la regla fiscal. Y esto hay que aplaudírselo al Gobierno.

Pero la precariedad de la inversión pública que traducen las cifras que hemos citado - y que, repito, provienen del propio Gobierno- hacen esperar un año fiscal 2020 supremamente estrecho y de inmensos debates en el Congreso y entre la opinión pública. Tanto más después de las gigantescas expectativas de gasto que el mismo Gobierno le ofreció al país y que quedaron consignadas en el Plan de Desarrollo.

Pd: Consejos de Cicerón sobre el buen manejo del presupuesto

Hace más de 2000 años Cicerón nos dejó el siguiente consejo sobre el buen manejo del presupuesto y de la Hacienda Pública, que sigue teniendo vigencia “El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos deber ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”.

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- ¡Juntos somos más y más fuertes!.

Después de una larga espera, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, fue expedida la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y, lo que es más importante, ella allana el camino para avanzar hacia la constitución de las regiones como entidades territoriales (RET), al desactivar el freno de mano que se le puso, irónicamente, en la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), que quiso esquivarla. Razón tiene el ex constituyente y actual Gobernador del Atlántico y abanderado de la causa de la autonomía regional Eduardo Verano, que “vamos a tener que ser muy persistentes…Existe un centralismo a ultranza que no quiere que se den estos avances”, por ello hay que resistir, insistir y persistir en la lucha en contra de la recentralización que nos agobia y por la reivindicación de la autonomía territorial consagrada en la Carta.

Este logro no lo podemos tomar como si fuera un punto de llegada sino como punto de partida; con esta Ley contamos, por fin, con el instrumental necesario para que las regiones como tales, empiecen a empoderarse aún más y dejen de ser alfil sin albedrío del centralismo. Y la coyuntura no puede ser más propicia, habida cuenta que en ella se contempla la conformación de una Misión de descentralización, que estaba en mora de integrarse, para que la misma, con un plazo perentorio de 18 meses presente al Congreso de la República una propuesta que permita barajar y volver a repartir tanto competencias como recursos entre la Nación y las entidades territoriales.

Sólo de esta manera se podrá ponerle tatequieto a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle a las entidades territoriales más y más funciones y competencias, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas como lo manda la Constitución Política.

Ello, obviamente, pasa por una reforma estructural al Sistema General de Participaciones (SGP), tendiente a equilibrar las cargas entre Nación y territorios. Al propio tiempo, avanza en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que reforma el régimen de regalías, procurando compensar más y mejor a las regiones productoras sin desmedro de las no productoras.

El primer paso y el más importante que debemos dar ahora es la actualización de la agenda del Compromiso Caribe, suscrito en el Distrito de Barranquilla en noviembre de 2007 y la renovación del compromiso de toda la dirigencia con ella; lo propio deben hacer las otras regiones en donde ya cuentan con su propia RAP. Y, más recientemente, se suscribió en el Distrito de Santamarta el Compromiso Casa grande Caribe en noviembre de 2017, en el cual se marcan pautas “para avanzar de manera contundente en la eliminación de la pobreza”. Compromiso este que demanda esfuerzos y acciones contundentes tanto por parte de la región misma como del Gobierno Nacional, habida cuentas que el mismo va en línea con una de las metas fijadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene poder vinculante para Colombia, amén de que esta fue su promotora y mayor impulsora.

Para avanzar en tan loables propósitos es menester que la RAP cuente con una Unidad técnica del más alto nivel y a la mayor brevedad, cuyos integrantes, además de ser representativa de los 8 departamentos que hacen parte de la RAP del Caribe constituya la masa crítica del talento regional, teniendo como primera prioridad el desarrollo de capacidades propias en todos ellos. Así y sólo así es como podremos ganar en interlocución frente al gobierno central, podremos identificar, priorizar, formular y estructurar más y mejores proyectos de gran envergadura que contribuyan a dinamizar la economía regional, cerrar las odiosas brechas tanto interregionales como intraregionales y nivelar la cancha.

Tenemos que pensar en grande, como región, anteponiendo el interés general al particular, que en últimas depende del interés general y el camino no es otro que el de la integración regional, el de la unión, porque juntos somos más y más fuertes. Si cada quien jala para su propio lado terminamos perdiendo todos, pues bien se ha dicho que sólos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Pero, para que la integración sea sólida y la unión fructifique es fundamental construir confianza entre quienes integran la RAP, base insustituible de la misma, porque nadie está dispuesto a que lo ningunén.

Dicho esto, identificados, priorizados, formulados y estructurados los proyectos de impacto regional, se plantea la necesidad de contar con las fuentes de financiación de los mismos. Para ello habrá que contar con los recursos propios de los departamentos, que son exiguos, los recursos regionalizados del Presupuesto General de la Nación, los del sector privado a través de las alianzas publico-privadas y bajo la modalidad de obras por impuestos y, desde luego, los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). A todas estas fuentes podrán acceder las RAP, ahora sí, para apalancar la financiación de sus proyectos por ministerio de la Ley de fortalecimiento de las mismas.

Ya estamos notificados por parte del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que plata para inversión no hay ni va a haber, que el presupuesto de inversión para el año entrante en lugar de crecer con respecto al de este año volverá al nivel del año pasado, $39 billones aproximadamente, el cual a su vez fue inferior al de 2017, $41.2 billones.

Se está cumpliendo el vaticinio que hice en 2011 cuando se tramitaba el Acto legislativo 05, que reformó el régimen de regalías, en el sentido que la Nación terminaría descargando la financiación de los proyectos de inversión en las regiones en el SGR, por que estos son los únicos recursos ciertos con los que cuentan y habrán de contar las regiones para su ejecución. De allí la importancia de estar ojo avizor con respecto a la reforma que se tramita del SGR, ya que la misma desconstitucionaliza el reparto, la distribución de las regalías y la difiere a la expedición de una ley que reglamente dicho acto legislativo. 

Medellín, agosto 10 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El Laudo que declaró la nulidad del contrato para la construcción de la Ruta del Sol con Odebrecht y Episol, además de que salvó al Estado –es decir a nosotros los contribuyentes- de pagar una multimillonaria suma a los bancos, despejó dudas, hizo serios reparos a la actuación de la Concesionaria y también dejó sorpresas.

Las dudas que aclaró son fundamentales para la seguridad jurídica de la financiación de obras de infraestructura. Primero, reiteró el Tribunal que el Estado si debe pagar el valor de mercado de todas las obras que recibe, aún en el caso de una terminación anticipada del contrato, e inclusive si se decreta la nulidad o la caducidad. No hacerlo constituiría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un grave perjuicio para el constructor y/o sus financiadores.

Segundo, reconoció el Tribunal que los bancos que prestaron al Concesionario si son terceros de buena fe, aún en este caso en que el contrato se obtuvo con soborno. A pesar de la claridad de estos dos criterios, sorprendió a algunos la tasación del monto que el Estado debe pagar a la Concesionaria. Tan solo $211.000 millones, con los cuales se deben atender primero las obligaciones laborales, de impuestos y con proveedores de la Concesionaria, de manera que a los bancos les corresponderían unos $195.000 millones, monto muy inferior a $1.25 billones que estaba acordando la ministra de Transporte con los bancos.

Las razones del Tribunal para recortar tan drásticamente las pretensiones, y no pagar el valor de las obras registrados en la contabilidad de la Concesionaria, constituyen un severo enjuiciamiento a la actuación de esta.

Primero, porque no existe evidencia de que la totalidad de los costos, inversiones y gastos de la Concesionaria, hayan sido realizados para satisfacer el interés público; antes bien “existe suficiente evidencia de que los beneficiarios efectivos de todo el negocio (Odebrecht, Episol - y CSS), en la medida en que realizaban sus aportes de equity al proyecto, al mismo tiempo iban retirando sumas equivalentes incluso por montos superiores a través de Consol”.

Segundo, porque está demostrado que “la contabilidad de la Concesionaria y de Consol están contaminadas y que los pagos de sobornos hechos por Odebrecht fueron recobrados a través del Proyecto”. Y tercero porque “existe suficiente evidencia sobre el hecho de que la Concesionaria excedió los límites de financiación del proyecto que habían sido acordados en el Contrato de Concesión”.

La conclusión es contundente: “el Tribunal considera que no puede aceptar una fórmula que, en la práctica, se traduzca en cohonestar que la ANI pague por la corrupción de Odebrecht y los sobrecostos de la Concesionaria y de Consol.”

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía - “La Verdad te hizo libre, para que el amor te haga esclavo”, escribió el gran San Agustín. Para servir como Jesús, necesitamos ser liberados, tener desatados el corazón, los pies y las manos. A mayor libertad en el corazón y en las condiciones de vida, mayor capacidad para amar y darse a los demás. Podremos ser “servidores del Evangelio” solamente si nos transforma “el Evangelio del servicio”. Y éste no es otro que la persona de Jesús, “Siervo de Yahvé” y “servidor de todos”.

Jesús es el enviado del Padre y el Buen Samaritano de la humanidad que sufre: de las víctimas por la discriminación de género (mujer samaritana), por la violencia de los ladrones (parábola del samaritano) y por la degradación y la exclusión (leproso samaritano). Esta “trilogía samaritana” del Evangelio, marca la ruta del servicio al Dios Único, al prójimo victimizado y al Cuerpo de Cristo (comunidad eclesial), saliendo de la “lepra” egocéntrica, que despedaza y excluye.

Jesús no solamente se compadece de todo ser humano, sino que asume en su pasión, en su cruz y muerte violenta, todo el dolor causado por la inhumanidad y por los antihumanos de la historia. Es el Siervo que sufre y el Servidor a quien le dan vinagre en su sed. “Yo doy mi vida...nadie me la quita”, podrá decir ante los lobos que asedian al pastor y a su rebaño (Jn10, 17.18). “Él dio su vida por nosotros para que también nosotros demos nuestras vidas por los hermanos” (1Jn3,16).

Este es el kerigma, el Evangelio del servicio que dará como fruto la conversión pastoral del ministerio apostólico (obispos, presbíteros y diáconos), para que, dando testimonio de quien “está entre nosotros como el que sirve”, podamos conformar la Asamblea de Servidores en cada parroquia, inicio del Plan Pastoral.

Recibir esta gracia del kerigma y anunciarlo, personalmente, cada uno de los párrocos, marcará el comienzo de la renovación de la parroquia, del paso de una Iglesia clericalizada a una comunidad y cuerpo de servidores, que se conforma desde el Altar del Sacrificio, desde la asamblea eucarística. Este comienzo significa hoy el fin del clericalismo y de su exclusión de los laicos, hombres y mujeres, del abandono a los esposos y familias, del inexcusable e intolerable abuso a menores, abuso sexual, de autoridad y de la conciencia débil ante la figura religiosa.

Desde los inicios, la Eucaristía, sacramento del sacrificio de sí mismo que ofrece el Siervo-Servidor, Jesús, estuvo esencialmente unida al “lavatorio de los pies”, como sacramento de su diakonía o servicio en el mundo. La comunidad creyente de Juan, el apóstol y autor del cuarto evangelio, sitúa este gesto de Jesús en el Cenáculo de la institución eucarística y del mandamiento nuevo del amor fraterno.

En el seno de la comunidad creyente, el servicio como Evangelio adquirió categoría de ministerio apostólico, como lo tiene hoy, en proceso de restauración, la Iglesia del Vaticano II, en el Diaconado Permanente (Lumen Gentium, 29). Este ministerio identifica la vocación de todo creyente, de toda comunidad eclesial y de todo ministerio, a vivir la vida como servicio a Cristo, a Dios y a la humanidad.

En sintonía con la reorganización de la Santa Sede, que recoge en un nuevo dicasterio todas las obras e instituciones eclesiales para el servicio al desarrollo humano integral, la Arquidiocesis de Cali iniciará, también, una articulación de la obra de pastoral social o evangelización de las diversas realidades sociales. Será la nueva vicaría episcopal para el servicio al desarrollo humano integral.

Desde la Escuela Diaconal Paulo VI y la parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios, Jesús Siervo de Yahvé y María Sierva del Señor, Remedio para los enfermos y pobres, emprenderemos esta nueva etapa de la “pastoral de la sociedad” o pastoral social. El Evangelio del servicio, el ministerio de los servidores o diáconos permanentes y la Vicaría del Servicio al DHI, nos permitan a todos avanzar hacia la madurez de los “servidores buenos y fieles”, que deberá ser la vocación y misión de todos en la Iglesia.

Sustentados en esta comprensión de la vida humana como servicio a Cristo y al prójimo en la comunidad de la Iglesia, se ilumine también el valor ético del existir humano, personal y cultural. La Iglesia “servidora de la humanidad”, anime así a nuestros pueblos a construir la vida y la política, la autoridad y las responsabilidades sociales, sobre el perfil de todo ser humano como servidor. Haciéndonos servidores unos de otros, podremos desmontar la inhumana cultura del abuso, de la opresión y explotación, de la depredación y trata de personas, de tantas formas de violaciones y violencias.

El servicio de Cristo sea la verdad que nos libera de los pasos mal dados en la vida y de las culpas acumuladas (lavatorio de los pies), para que, con Él, el amor nos vuelva esclavos unos de otros en la entrega por los demás.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2019

+Darío de Jesús Monsalve Mejía

Arzobispo de Cali