Opinión

Por José G. Hernández*.- Elementos primordiales para que se pueda hablar con propiedad de un genuino Estado Social y Democrático de Derecho: 1) La existencia de reglas de juego claras; 2) El cumplimiento de esas reglas; 3) El respeto a las competencias allí señaladas; 4) La transparencia de los trámites, procedimientos y decisiones, según las reglas; 5) La aplicación de toda disposición según el principio de la buena fe, que se ha de presumir en las relaciones entre gobernantes y gobernados ;  6) El reconocimiento a los derechos y la exigencia de los deberes; 7) El efectivo control sobre las actuaciones, para asegurar el pleno y exacto cumplimiento de las reglas, el total respeto a la dignidad de la persona humana y la efectividad de los derechos.

En lo relativo a las reglas, ellas deben ser puestas en vigencia por el legislador y la administración, en los términos constitucionales, según los principios que la Constitución establece, y han de ser promulgadas y divulgadas con suficiente claridad, con el objeto de asegurar su debido y pleno conocimiento.

Dentro de un concepto de equilibrio y separación funcional, sin perjuicio de la armónica colaboración entre las ramas y órganos del poder público (Art. 113 de la Constitución), debe darse cumplimiento exacto a las normas por parte de los funcionarios, dependencias y autoridades competentes.

En el curso de las previstas actuaciones judiciales o administrativas, es indispensable que los derechos sean respetados, tanto los fundamentales como los políticos, económicos, sociales o colectivos, y que se cumplan también los deberes correlativos a ellos, las cargas que les sean inherentes y las obligaciones, tanto de los servidores públicos como de los particulares.

La existencia de modalidades y procedimientos de control -tanto interno como externo, judicial como administrativos y disciplinarios-, dentro de las previsiones normativas, es parte insustituible para que el Estado cumpla las finalidades señaladas en la Constitución, y para que los derechos sean efectivos. El Estado Social de Derecho, sus postulados y sus fundamentos esenciales, así como la eficacia de sus normas, no pueden quedar plasmados apenas en las declaraciones y discursos de los altos funcionarios. Tienen que convertirse en factores consustanciales a la función pública, y traducirse en la práctica; en la actividad transparente y leal de todos los operadores jurídicos y de quienes deban resolver; una normatividad aplicada de buena fe, sin esguinces ni evasiones.

Todo ello debe funcionar en democracia y dentro de los principios y reglas del Estado Social de Derecho, inclusive en las relaciones políticas, entre quienes ejercen el poder y quienes aspiran a obtenerlo.

Como decíamos en columna radial, "si algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia -que ha de tener lugar de modo permanente e ininterrumpido- es la lealtad en las relaciones entre gobierno y oposición. Es un principio cuya aplicación, particularmente en el caso del gobierno, lejos de debilitar, fortalece.

En tal sentido, resulta esencial que la oposición pueda exponer con libertad sus argumentos; formular propuestas de orden legislativo; fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo y de la administración; ejercer el derecho de réplica, las libertades de pensamiento, expresión, reunión y protesta pacífica.

Lo decimos a propósito de hechos recientes,-nada edificantes- que no se deben repetir.

Bogotá, D. C, 24 de Julio 24, 2019    

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.-Sería importante que el Gobierno liderara un juicio de responsabilidades respecto de la mala calidad de obras públicas que han sido entregadas y puestas en servicio y que, al poco tiempo, ya presentan problemas que no son menores, como los puentes que se derrumban o las carreteras que quedan bloqueadas y algunas por un largo tiempo, por falta de haber previsto o realizado las barreras adecuadas y correspondientes que hoy tiene a la zona de la Orinoquia, que une a varios departamentos, aislada o los derrumbes en el departamento del Huila o el del Caquetá o de Antioquia para no mencionar varios otros.

Es que los colombianos no podemos seguir tranquilamente viendo cómo los recursos que se han pagado por estas obras y las elevadas sumas que tendremos que pagar en el próximo futuro de nuestros impuestos vayan a bolsillos de quienes son responsables de todos los errores cometidos.

¿Cuánto cuesta no más el movimiento y levantamiento de tierra que se tendrá que realizar? Hasta dónde llegó la emoción o satisfacción que teníamos en el país por cuenta de ver qué se estaban por fin construyendo vías que hicieran una realidad el acercamiento de las regiones y la posibilidad de sacar a los mercados de consumo los productos producidos por cada una de ellas?

Tanto el actual Gobierno como la Contraloría General de la República y en aquellos casos de delitos cometidos la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial del Estado deberían ponerle atención y acción especial tanto a las investigaciones como a las sanciones establecidas o por establecer para quienes no cumplen en debida forma con sus compromisos en los contratos públicos.

Estamos acostumbrados a que una nube tapa la otra y así se nos van olvidando los ya innumerables casos de mala ejecución de los contratos como de corrupción en otros, que no podemos dejar pasar los colombianos.

Tampoco podemos permitir que la justicia deje morir los casos por vencimiento de términos, en otros por estrategia de dilatación de los procesos y en otros al imponer insignificantes penas y veamos a los responsables de actos de corrupción andando como si nada hubiera pasado por las calles de las ciudades.

Los responsables de los delitos de corrupción cometidos por Odebrecht, por ejemplo, después de haberse llevado sumas escandalosas a sus bolsillos ya están por salir a disfrutar de los dineros mal habidos.

Si no rescatamos los valores de la ética y la moral perdidos será muy difícil que podamos tener un mejor futuro en nuestro país. Ya se está acercando la fecha donde hemos de elegir a los gobernantes locales y sus cuerpos colegiados. Tenemos que hacer un ejercicio ciudadano para no cometer el error de votar por quienes llegarán a robarse los dineros de las entidades públicas. ¡No lo podemos permitir!

Los medios de comunicación tienen en este aspecto como en muchos otros, la gran responsabilidad de advertir sobre los candidatos con antecedentes disciplinarios y también quienes han estado vinculados a investigaciones por corrupción; los ciudadanos debemos escoger a conciencia a los mejores para poder construir un mejor futuro para nuestras ciudades y regiones.

Tampoco podemos dejar de votar, pues quien no vota no solamente está incurriendo en una falta de un deber ciudadano sino que no se puede exigir cuando no se participa en la escogencia de nuestros gobernantes.

Llegó la hora de elegir gente honesta y comprometida con el servicio público.

Bogotá, D. C, Julio 24, 2019    

*Excomisionado de Paz

Por: Guillermo García Realpe*.- Sobre la última decisión tomada por la Corte Constitucional frente al regreso o no de las aspersiones aéreas con glifosato, tenemos que armar conceptos con pinzas, para mí en un concepto personal, sin criticar frontalmente a la Corte que mantiene las restricciones en términos generales de la Sentencia T-236 de 2017, el alto tribunal relativizó  el principio de precaución universal que ha sido  acogido en la Constitución Nacional, especialmente en el artículo primero de la Ley 99 de 1993 la cual creó el Sistema Nacional Ambiental en Colombia y de los acuerdos que ha suscrito nuestro país en la Convención de Río y de los COP 21 de París y COP 22 de Marruecos. 

El principio de precaución dice lo contrario, que cuando hubiese duda, cuando no hubiese certeza de que una decisión del Estado no cause daño a la salud y al medio ambiente, se privilegia la vida y al medio ambiente, suspendiendo las decisiones, ese es el principio de precaución; esencial, que cuando hay duda y no haya certeza se suspende la decisión del Estado, cualquiera que fuere, en el caso del fracking por ejemplo, o en éste caso de las fumigaciones con glifosato, etc. 

Pero la Corte, también dice que el Gobierno Nacional a través del Consejo de Estupefacientes debe ponderar la decisión, tampoco es que hoy vaya a entrar a tomar decisiones porque entre otras cosas pone barreras adicionales en esta ocasión que es el cumplimiento del punto cuarto del acuerdo de La Habana que tienen que ver en principio y de primera mano el proceso de sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos, esa digamos, no es una restricción, pero es un amparo adicional que la fumigación va a ser el recurso último, tampoco va a ser el primero, entonces esto tenemos que discutirlo muy a fondo y con mucha delicadeza. 

Para mí, como conclusión, se relativiza el principio de precaución, pero también se mantienen restricciones y ahora se le agrega el tema de privilegiar primero, la sustitución de los cultivos ilícitos, no a la fumigación de primera mano. 

Pero aquí hay unas complicaciones de lo que la Ministra de Justicia interpreta, es que no se puede fumigar, por ejemplo, los Parques Naturales Nacionales, tampoco se puede fumigar en zonas de páramos en donde se generan aguas o zonas bajas de generación de aguas, eso se mantiene. 

Si vamos al año 2015 cuando se tomó la decisión por parte del gobierno Santos de suspender las fumigaciones es porque hubo conceptos de la Organización Mundial de la Salud que las acogió el Ministerio de Salud, en ese entonces el ministro Alejandro Gaviria. 

Ahora bien, yo no sé cómo van a manejar esos temas de salud para tomar la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes y tampoco podemos olvidar, por ejemplo, a nivel internacional hay hechos que aún complican más ese tipo de decisiones, la demanda contra Monsanto que la obligaron a pagar  más de dos mil millones de dólares  en Estados Unidos y también las decisiones que están tomando otros países que definitivamente suspenden el uso del glifosato aún como herbicida  en procesos de producción agropecuaria. 

Todos estos son elementos que debe seguir ponderando el Gobierno. También en la Sentencia 236 hay que entender que es dentro de un escenario de una tutela que reclaman comunidades del Chocó que se prohíba el glifosato en esa región, también ampara derechos de salud, ambientales, pero también de comunidades en su territorio. 

Este debate continúa y esperamos que el principio de precaución se mantenga en todos sus alcances. 

Bogotá, D, C, 22 de julio de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M*.-Al indagar sobre las causas del aumento de la tasa de desempleo, la primera que salta a la vista, como ya quedó dicho, es la falta de dinamismo de la economía, que ha crecido en promedio 2.7% durante el último lustro, al tiempo que perdió un punto porcentual de crecimiento potencial, el cual pasó de 4.5% a 3.5% y ha venido creciendo por debajo del mismo. 

El Presidente de ANIF Sergio Clavijo y el Gerente del Banco de la República Juan José Echavarría coinciden en que el deterioro del empleo obedece a la poca creación de plazas por parte de las empresas. Este último hace hincapié en que ello se deriva “de una menor demanda por empleados; es decir, hay poca creación de empleo por parte de las empresas y no es tanto por oferta”. En efecto, las empresas con 11 o más trabajadores redujeron su nómina en 16.7%, mientras que las que tienen entre 2 y 10 la redujeron el 6.6%. Los únicos que aumentaron su nómina fueron aquellos que trabajan por cuenta propia, con un incremento del 26%. Como lo afirma el Vicepresidente de FENALCO Eduardo Visbal, el crecimiento de la tasa de desempleo responde a “un tema estructural de la falta de inversión en empresas que generan valor agregado y mano de obra”.

Por su parte el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla manifestó que su “hipótesis sigue siendo que hemos tenido un choque muy grande proveniente de la inmigración, que ha afectado el mercado laboral. Regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”. Pero, es el mismísimo Director del DANE Juan Daniel Oviedo quien refuta, cifras en mano, al Ministro Carrasquilla, según él “no podemos decir que el deterioro de las estadísticas  de empleo nacional sea a consecuencia de las migración venezolana”.

Resulta contraintuitivo atribuir a la inmigración de venezolanos el alza en la tasa de desempleo, cuando, según el DANE, la tasa de desempleo de la población migrante del país vecino en lugar de incrementarse bajó del 19.8% el año pasado al 18.9% este año. Es más, como ya lo vimos, la tasa global de participación (TGP), que mide la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), en lugar de subir bajó, lo cual pone de manifiesto que no es la demanda por empleo de los migrantes la que está presionando hacia arriba el desempleo.

Tampoco acierta el Ministro Carrasquilla cuando afirma que  “regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”, pues, según las estadísticas del DANE, las mayores tasas de desempleo, regionalmente, se concentran en ciudades como Quibdó (20.8%, Armenia (18.1%) y Florencia (17.3%), que no son propiamente los sitios de mayor afluencia de los inmigrantes de Venezuela y, en cambio, Barranquilla, que es considerada la tercera capital con el mayor número de migrantes, se cuenta como una de las ciudades con la menor tasa de desempleo, con el 8.4% entre marzo y mayo de este año. La hipótesis del Ministro Carrasquilla, entonces, no pasa de ser una mera cortina de humo para tratar de ocultar la real realidad.  

En concepto de la revista Dinero, la recurrencia en el crecimiento del desempleo atemoriza a los consumidores y afecta aún más el Índice de confianza del consumidor (ICC) de FEDESARROLLO, el cual registró en mayo de este año un balance de – 5%, representando una reducción de 13.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, afectando el consumo, que participó con el 72% del PIB(¡!) en el primer trimestre de este año. En el mes de junio empeoró al registrar el ICC el – 6.3%. Y ello, de contera, llevará a los empresarios a aplazar sus inversiones o ampliaciones de sus factorías y “por lo tanto no contratarían más empleados o, peor aún, empezarían a despedir más personas”.

De este modo nos topamos con una causalidad circular de la que es difícil de escapar: la baja del consumo redunda en una menor inversión y esta a su vez afecta la demanda de fuerza de trabajo, deteriorando el ingreso y la capacidad adquisitiva del consumidor. Es como el perro dando vueltas sobre si mismo tratando de morderse la cola. Definitivamente está probado y comprobado que el mejor estimulante para que los empresarios se animen a invertir y a generar más empleo es la demanda y no las gabelas impositivas que se le dispensan generosamente, como se hizo recientemente mediante la Ley de financiamiento.

Bogotá, julio 20 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Jorge Enrique Robledo*.- El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa. Por lo que decide, ¡y porque establece que las compraventas de las EPS no son “negocios entre privados” que pueden hacer lo que se les dé la gana!, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque –otra vez de acuerdo– y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido.

El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcoop EPS dirigida por Carlos Palacino devolverle al sistema de Salud 627 mil millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino –hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados–, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS (http://bit.ly/2JHyh5p). Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.

Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente (http://bit.ly/2YW66EV). Tan errado y contrario a la ley era, que el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas.

Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop-Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc., etc. (http://bit.ly/2Lz7D0C). Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores ( http://bit.ly/2JH976Y), situación que el Tribunal también ordenó corregir.

Entre otras medidas, el Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcoop-Cafésalud a Medimás, ordenó liquidarla y, por acción popular simultánea, determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país, con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazard Colombia SAS, la trasnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas. Y estableció que el Decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo.

La sentencia del Tribunal –ver resumen en http://bit.ly/2Sxc2Sw– destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató a Lazard para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados entre los compradores, la Supersalud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el Decreto 718 de 2017, según el Tribunal, “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales –contra la Constitución–, a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad, con un solo oferente.

Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.

Bogotá, D. C, 20 de julio de 2019

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Exordio: El 26 de julio ¡Caminemos por la vida! Hay que parar el asesinato impune de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los guerrilleros que entregaron sus armas. En toda Colombia y en más de 20 ciudades de otros países saldremos a las calles a gritar que la vida es sagrada. En Colombia se han convocado marchas en cerca de 30 ciudades. La cita en Bucaramanga es el viernes a las 5 de la tarde en el el parque San Pio.

¿Qué tienen en común Villavicencio y Buenaventura? Que después de más de 20 años no ha sido posible terminar las carreteras que las unen con el centro del país, y que los últimos derrumbes han limitado el tráfico normal de los millones de toneladas de alimentos y mercancías que surten todos los mercados nacionales.

¿Qué tienen de diferente Villavicencio y Buenaventura? Que el derrumbe que cerró el paso en Guayabetal (km 58) se ha convertido en un problema nacional con gran despliegue en todos los medios, de manera que la carretera a los Llanos ha recibido atención prioritaria del Gobierno, que inclusive ha destinado miles de millones de pesos del presupuesto nacional para la emergencia, a pesar de ser una vía entregada a un concesionario privado.

Por el contrario, las restricciones de tráfico en la carretera a Buenaventura pasan casi desapercibidos en los medios nacionales, y no parece que los funcionarios de Bogotá tuvieran premura en solucionarlos, a pesar de que hace más de un año se revirtió el contrato con el concesionario privado y la vía pasó a ser responsabilidad del Invias.

Hoy, el riesgo más grave en esta carretera está en el kilómetro 89 donde colapsaron totalmente dos de las cuatro calzadas de la vía y está fracturada la tercera de manera que el tráfico está restringido a una sola calzada, que por el sobre uso puede llegar a colapsar pronto, lo que cerraría totalmente el paso.

Otra diferencia importante es que la vía a los Llanos tiene alternativas: mucho más largas y deterioradas pero por lo menos existe la posibilidad de transitar. Por el contrario, después de Loboguerrero no hay vía alterna a Buenaventura, de manera que si se cierra colapsaría también nuestro comercio exterior pues, excluyendo el petróleo y los combustibles que se mueven por oleoductos, por la carretera a Buenaventura pasa la cuarta parte de los bienes que se exportan e importan del país.

La responsabilidad de esta carretera es del Invias, entidad que además desde hace más de un año se está quedando con los multimillonarios recursos de los peajes de la malla vial del Valle, sin hacerle ningún mantenimiento.

Cali, 21 de julio de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo*. - Entre los elementos litúrgicos, tienen especial importancia los libros aprobados con los textos bíblicos y eucológicos y con las especificaciones de los ritos que son parte de los actos del culto. Los libros litúrgicos, a través de las plegarias y la presentación de los signos que expresan la fe, transmiten la tradición de la Iglesia. Además, ayudan para que la fe no sea patrimonio de una persona o de un grupo de fieles, sino la expresión de la vida de la única Iglesia de Cristo, que celebra en comunión los misterios de la salvación.

Estos libros elaborados con la experiencia espiritual y la reflexión teológica de la Iglesia, acumuladas durante siglos, manifiestan, en la variedad de las formas, los diversos modos de celebrar el misterio de la redención ofrecido a la humanidad por el Padre, en Cristo, mediante la gracia del Espíritu. Por eso, en ellos está lo que oramos, que es lo mismo que debemos creer y vivir. Son, en realidad, una rica mina de espiritualidad, de teología y de vida.

El Concilio Vaticano II pidió una revisión general de los libros litúrgicos, con la posibilidad de hacer las adaptaciones necesarias y de traducirlos a las diversas lenguas vernáculas. Varios grupos de expertos trabajaron, entonces, en su composición y las Conferencias Episcopales han venido haciendo diversas versiones y ediciones de estos libros entre los que sobresalen el misal, los leccionarios, el pontifical romano, los rituales de los sacramentos y la liturgia de las horas.

En Colombia, hemos utilizado diversas ediciones de los libros litúrgicos; unas hechas en el país y otras traídas de España, México, Perú… Esto comporta varios problemas; entre ellos, la falta de unidad en la traducción de las oraciones y de los textos bíblicos, que se leen de una manera en el misal, de otra en los leccionarios, de otra en el breviario y de otra en los rituales. Por eso, se ha emprendido la importante tarea de hacer una edición completa, a partir de la Biblia para el uso litúrgico aprobada en España.

Los beneficios de esta edición son grandes:

1) Lograr la unidad en el conjunto de los libros litúrgicos y en la totalidad de las parroquias y capellanías de Colombia. No tiene sentido que cuando se cambia de lugar, aun dentro de una misma ciudad, se celebre con un texto distinto. Los países de habla inglesa, aun con tan gran diversidad, han mantenido la unidad de una misma versión en los libros litúrgicos.

2) Llegar a una misma traducción del texto bíblico para la liturgia, la catequesis y aún para el estudio. El pueblo de Dios está encontrando la Palabra de una manera en su parroquia, de otra en las transmisiones radiales o televisivas y de otra en los folletos de divulgación pastoral. Esto dificulta mucho citar y memorizar los textos.

3) Tener los libros litúrgicos con las adaptaciones convenientes y aprobadas para nuestro país. Esto ofrece la posibilidad de construir celebraciones diferenciadas, de modo que respondan a diversas circunstancias, siempre dentro del espíritu litúrgico, la comunión eclesial y la búsqueda del bien de los fieles.

4) Contar con una edición digna, en una buena composición tipográfica y una adecuada presentación externa, que manifieste el respeto con que tratamos las realidades santas que los libros litúrgicos contienen. Sabemos que la misma liturgia prevé signos de veneración especialmente hacia los leccionarios. Se supera también que en una parte se celebre con un texto oficial, en otra con un libro de bolsillo y en otra con una hoja suelta.

Hasta ahora, han sido publicados los leccionarios para la celebración eucarística diaria de los años par e impar; el leccionario para adviento, cuaresma y pascua; los leccionarios para los ciclos dominicales A, B y C. Los pueden adquirir en la Curia Arquidiocesana sólo los sacerdotes y miembros de las instituciones católicas, para evitar que personas que no están en comunión se los apropien con los fines ya conocidos.  Próximamente tendremos el misal y los rituales.

Como se ha terminado ya el plazo dado para comenzar a celebrar con estos nuevos leccionarios, que todavía algunas parroquias y muchas capellanías no han adquirido, pido a todos, sacerdotes, religiosas y laicos, entrar en esta unidad e incluso aprovechar el precio de esta primera edición.

Medellín 20 de julio de 2019

+ Ricardo Tobón Restrepo

*Arzobispo de Medellín

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- “…un personaje propio del renacimiento. Ecuménico en sus conocimientos y en sus propósitos, de mirada larga, de conocedor y hacedor de historia. Es por eso que sus conceptos y señalamientos siguen teniendo plena vigencia…”. Estas palabras las escribió, en 2005, Enrique Gómez en el aniversario del magnicidio de su hermano Álvaro, pero bien las habría podido escribir Álvaro refiriéndose a su hermano Enrique.

Es difícil hacer grandes diferencias entre dos hermanos que nacieron con las turbulencias del siglo XX, en el descanso entre las dos guerras, que bebieron temprano del ambiente cultural europeo y del de su familia, herederos de la brillantez y la verticalidad de Laureano Gómez, pero también de sus estigmas; del político conservador más relevante del siglo XX, del fundador de El Siglo y firmante del Pacto de Sitges con Alberto Lleras, pero también de quien la acomodaticia narrativa de los sectores liberales y de izquierda ha querido endilgarle todas las responsabilidades de “La Violencia”; del genio que era y del monstruo que le inventaron.

Álvaro, con mayor protagonismo político; Enrique, más reservado pero no menos combativo en la defensa de sus convicciones. Álvaro, más “abierto” si se quiere; Enrique, siempre directo en el hablar, en el trato, pero ambos impecables en “el ser”; lo que hoy llamarían un “caballero” a carta cabal, un calificativo que se está convirtiendo en rareza, en especie en extinción, y que era una impronta de Enrique Gómez; como una marca de familia.

Ambos, Álvaro y Enrique, transitaron por la política defendiendo las ideas conservadoras en las que se fraguó nuestra nacionalidad, las mismas que hoy se tildan de “reaccionarias”, anticuadas y hasta fascistas, porque ahora defender la vida y la familia es anticuado; promover la seguridad, el orden y la disciplina social que hacen tanta falta, ha pasado a ser sospechosa actitud de una extrema derecha peligrosa; porque hoy la religiosidad manifiesta y coherente resulta vergonzante, al civismo se opone la viveza y a la honorabilidad –otra palabra en desuso– el “todo vale”.

Ambos, Álvaro y Enrique, asumieron la tradición familiar del periodismo a través de El Siglo, que desempeñaron con la profundidad y altura que eran muy suyas; y ambos también, entregaron con generosidad a las nuevas generaciones, desde la cátedra universitaria, todo su acervo de cultura y conocimientos. Yo, sin haber sido su alumno, recibí de Enrique un legado de valores y enseñanzas que han guiado buena parte de mis motivaciones.

Acaba de morir Enrique, y todavía no salgo de la impresión de haber estado con él horas antes de su último suspiro; de haber compartido sus últimos balbuceos y hasta de habernos tomado una foto que conservaré con discreción y respeto por su memoria.

Como expresé en las redes, miles de recuerdos de Enrique Gómez Hurtado me atropellan en su partida. Él y María Ángela fueron compañeros inseparables de mis padres. Con él tejió mi padre una entrañable amistad y fue su compañero de largas tertulias, unidos por la política y la vasta cultura que ambos cultivaron. Y claro, por dos españolas que les alegraron la vida.

En sus últimos años, como su familia, Enrique ocupó sus energías en el empeño de no dejar en la impunidad el asesinato de su hermano. A quienes estuvimos cerca de ese drama familiar nos queda la nostalgia, o mejor, la indignación, de que el país todavía no sepa o no quiera saber ¿Por qué lo mataron?, como tituló su último libro. Bien sabía Enrique por qué lo hicieron, y ya lo estará conversando con su hermano del alma. Paz en su tumba.

Bogotá, D. C, 19 de Julio 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por: Guillermo García Realpe*. - La visita a Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho histórico, muy importante y le aporta mucho al país para su convivencia pacífica y para la consolidación de la Paz y del proceso de Paz en particular. 

La reunión que tuvimos con la Comisión de Paz del Senado de la República la consideramos absolutamente positiva, concreta, clara y vimos al mundo representado en su Consejo de Seguridad con sus delegados de la China, de Estados Unidos, de Rusia y de todas las potencias mundiales con su compromiso permanente e histórico para que continúe el proceso. 

Escuchar a Gustavo Meza, peruano que preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decir; que el proceso de Paz de Colombia es ejemplar en el mundo, también eficiente como mecanismo de solución de conflictos, es una muy buena noticia y avala una vez más la legitimidad que en Colombia y en el mundo ha tenido el proceso de Paz, porque ha habido versiones de partidos políticos, especialmente el partido de gobierno en Colombia, el Centro Democrático, que dice que este acuerdo de Paz, fue un acuerdo con el terrorismo y con el narcotráfico, qué equivocado esta esté partido del Centro Democrático. El Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo desmiente y ratifica la aceptación mundial que el proceso de Paz en materia de justicia transicional cumple los estándares internacionales aceptados por los países, la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional. 

Yo pienso que, suficiente explicación, suficiente información con esta declaración contundente de él peruano Gustavo Meza. Pero también, lo hicieron los delegados de los países potencias mundiales, como el delgado de China, quien manifestó  con palabras textuales “que es un proceso de Paz de un contenido  exitoso, es un modelo brillante en el mundo, es una historia de éxitos”. También lo que dice el Representante de los Estados Unidos quien manifestó el apoyo total de su país al proceso de paz colombiano. 

Estás  y otras manifestaciones del mundo entero representadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dan a nosotros los colombianos ánimo, nos da claridad y empeño para continuar adelante defendiendo la Paz, el proceso y los acuerdos para que se implemente cuanto antes y evitemos que Colombia vuelva a la guerra. 

Los últimos sucesos, especialmente lo ocurrido en el municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño con la muerte de dos soldados y otros once uniformados de nuestra Fuerza Pública heridos, nos dan mucha más razón de que esos hechos deben permanecer como unos episodios que sucedían en otros tiempos, no a los de ahora. Lamentamos la muerte de estos soldados, le ofrecemos nuestra voz de solidaridad a sus familias y a la institución militar, pero estos hechos son los que no se deben repetir y para que no se repitan en Nariño, ni en ningún lugar de Colombia, debe seguir el proceso de Paz. 

Su implementación en los diferentes aspectos de democracia y de política aprobándose las 16 curules que representarán a las regiones marginadas  de Colombia, y especialmente las víctimas. 

Deberá entonces continuar el proceso de Paz con su implementación aplicando toda una reforma agraria, acceso a tierras, mejoramiento de tierras  y formalización de tierras, no sólo para los desmovilizados, sino para los millones de campesinos que requieren esta superación  de la falta de tierras adecuadas. 

También continuar con los procesos de sustitución de cultivos ilícitos  a lo largo y ancho de Colombia, especialmente en el Sur, en el Occidente y en el Pacífico, en Cauca y Nariño particularmente, con procesos eficientes, legales y rentables para promover ingreso  y promover oportunidades en el campo  y luchar contra la pobreza y marginalidad de nuestras gentes. 

Bogotá, D. E, 16 de julio de 2009 

*Senador de la República 

@GGarciaRealpe

Por José Felix Lafaurie Rivera.- “¿Quién quiere tumbar a MinDefensa?”

Curioso país este, en el que, cuando un funcionario cumple a cabalidad sus funciones y, al hacerlo, pisa callos en las madrigueras del narcotráfico, el bandidaje y la corrupción, los afectados se confabulan para tumbarlo y, sorprendentemente, logran apoyo en matoneadores mediáticos a la caza de cualquier nimiedad para hacer su tarea de desprestigio. El caso del ministro de Defensa es patético.

Cuando Botero entrega información provisional a los medios sobre el asesinato de Dimar Torres, con el compromiso de complementarla en el curso de la investigación…, le cae el mundo encima; cuando afirma, con cifras oficiales, que en Puerto Carreño el principal delito es el hurto a residencias y acude a una desafortunada referencia…, le cayó el mundo encima.

Una directiva del comandante del Ejército para mejorar resultados en la lucha contra el crimen, es ladinamente malinterpretada por un periodista como patente de corso para revivir falsos positivos…, y al ministro le cae el mundo encima.

Desde el gobierno pasado asesinan líderes sociales en las regiones donde se bajó la guardia frente al narcotráfico, y el exministro Villegas se atrevió a decir que, en su mayoría, eran “líos de faldas”, sin que nadie chistara; pero hoy, ante la persistencia del fenómeno y a pesar de los esfuerzos del Gobierno, al ministro, para variar…, le cae el mundo encima.

Esos matoneadores mediáticos, ya sean ingenuos o malintencionados, crean narrativas que arrasan con meritorias carreras. Botero, a quien temerariamente tildan de incompetente y desinformado, no es ningún “pintado en la pared”, sino un experimentado empresario, conocedor de la realidad nacional y curtido dirigente, durante casi dos décadas, de uno de los gremios más importantes del país.

Entonces, ¿Quién está interesado en desprestigiarlo y, de paso, al gobierno Duque?; ¿Quién quiere tumbar a Botero? La lista de los callos pisados la encabezan los partidos de izquierda, defensores de la impunidad del acuerdo fariano, y sus enmermelados socios del “centro difuso”, que fracasaron en la moción de censura.

Lo quieren tumbar los narcotraficantes y las Farc, que, aún sin aspersión aérea, ven amenazadas sus 200.000 hectáreas de coca, ante la efectividad en la erradicación manual, que pasó de 23 a 100 grupos móviles con mayores niveles de seguridad.

Quieren tumbarlo las mafias del microtráfico, ante la cruzada de la Policía Nacional en la erradicación de “ollas” y persecución de jíbaros, desterrados de más de 43.000 parques y 49.000 entornos educativos en todo el país.

 Quieren tumbarlo las bandas criminales, que han perdido a más de 100 cabecillas y un 68% más de maquinaria destinada a la minería ilegal.

Y desde la entraña de las Fuerzas Militares quieren tumbarlo las manzanas podridas de la corrupción. Desde hace años están documentadas en los medios y en la Fiscalía las escandalosas irregularidades del general Mejía, desde su tránsito por la aviación del Ejército, en compras de helicópteros y costosos entrenamientos, entre otras, pero así llegó a la Comandancia y hoy goza de buen retiro y flamante embajada, mientras las investigaciones en la Fiscalía no avanzan.

El país se escandalizó frente a las recientes denuncias contra oficiales corruptos, pero el medio que las hizo parece no querer meterse con Mejía y con sus válidos, frente a cuyas corruptelas, Villegas y Santos miraron para otro lado, en lo que se podría interpretar como “sucia mermelada” en pago por prestarle su uniforme a la mesa de negociaciones.

Atacar a Nicacio Martínez y a Guillermo Botero es una forma de desviar la atención y echarle tierra a conductas vergonzosas que, sin embargo, no mancillan la tradición heroica de una institución dos veces centenaria.

Bogotá, D. C, 15 de julio de 2019

*Presidente de Fedegan.