Opinión
Todos los colombianos del común, los que se dejan seducir e ilusionar por las promesas de las campañas creyeron que realmente íbamos camino a una Venezuela. Y votaron para impedirlo.
Al despertar se encontraron con otra realidad. Bien diferente a la plantilla que utilizó el presidente del Senado, Ernesto Macías en el discurso de posesión del Presidente Duque, para desprestigiar al anterior mandato.
Macías recibió 16 “reconocimientos” como “huilense ilustre”, por gremios y entidades de su departamento. Medallas, galardones, accésit y hasta la Cruz de Boyacá, que solía entregarse solo a quienes hubieran ofrecido grandes servicios a la Patria. Ni en Guinness World Records existía una marca que se equiparara a semejante abundancia.
Fue una zafia y tosca manera de remunerar y pagar servicios y lengüeteos, que hasta el senador Uribe practicó, cuando unió al homenajeado con el Presidente Duque para tomarles una foto que al minuto puso a circular en las redes.
Ese frenético reparto medalleríl, es apenas comparable con la desenfrenada carrera que lleva el dólar. Nuevamente está desbocado, para beneficio de unos pocos. Hace dos o tres años, el minhacienda Cárdenas lo llevó de los 1.800 a los 2.800 pesos, sin que nada hubiera pasado. Los exportadores se beneficiaron, llenaron sus alforjas, mientras los trabajadores a su servicio, solo recibieron los mismos incrementos salariales ligados al mínimo.
Hoy vemos, no con sorpresa, porque se sabe que quienes tienen información privilegiada, utilizan las normas, para beneficiarse. El dólar está que vuela… y según dicen los que manejan el Banco de la República, continuará el desenfreno, porque el Emisor saldrá diariamente al mercado a buscar la divisa para incrementar las reservas internacionales de Colombia. Los exportadores de nuevo, llenaran bolsillos y sus cuentas en el exterior, mientras sus trabajadores continuarán bajo el imperio del raquítico mínimo, viendo como sus anhelos de una vida mejor, se aleja a saltos de canguro, porque el dólar arrastra todo.
Durante la pasada campaña, se ofreció a través de todos los medios, en las plazas públicas, conferencias, entrevistas y conversatorios, que estábamos al borde de convertirnos en una Venezuela y que para evitarlo era indispensable votar por Duque. El pánico cundió e hizo el milagro. Pero las cosas no han salido del todo afortunadas. Arrancaron con el anuncio de una reforma tributaria que para suavizarla llaman “Ley de Financiamiento”. Incluye toda una carga de IVAS, con legalizados bonos de agua. Y se prepara otro golpe a quienes aportan o aportaron a la seguridad social, durante años para que ciertos políticos se apoderaran de esos dineros.
El Presidente Duque parece tener claro que aún es tiempo de sacudirse, de acudir a sus valiosos conocimientos económicos que lo destacaron en el BID, aplicar imaginación y rodearse de jóvenes y viejos que piensen más en su pueblo, su gente y la equidad que requiere Colombia, para alejarnos de la temida Venezuela.
BLANCO: La presencia de los estudiantes para defender la educación.
NEGRO: La mordaza de Macías a los estudiantes.
Bogtá, D. C, 12 de octubre de 2018
*Periodista exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
“Dejar de tolerar la impunidad”.
Es necesario que sigamos refiriéndonos al abominable acto perpetrado en el municipio de El Carmen (Norte de Santander). El secuestro días atrás del niño Cristo José, hijo del alcalde municipal. La víctima fue liberada ayer, según informaban las autoridades.
No por ser hijo del burgomaestre, sino por ser niño, el delito -aunque no es el primero de esta naturaleza- ha despertado la reacción de todo el país, inclusive con repercusiones internacionales. El propio Presidente de la República acudió a la casa de la familia, para expresar su solidaridad y el interés del Gobierno en lograr la libertad del menor.
De suyo, el secuestro es un delito atroz -que inexplicablemente quedó totalmente impune en el caso de las Farc, que tantas veces lo perpetraron- y que han cometido y siguen cometiendo impunemente el Eln, el Epl, las llamadas disidencias de las Farc, los paramilitares, los narcotraficantes, las Bacrim, los delincuentes comunes, en contra de una sociedad que, ante el mundo, se proclamó en absoluta paz, sin haberla disfrutado.
Pero el secuestro de un niño es algo que hiere profundamente la sensibilidad de cualquier persona, y produce necesariamente sentimientos de rabia e impotencia, como lo hemos podido palpar en estos días en todos los sectores.
Se necesita ser muy cobarde y canalla para aprovecharse de la inocencia, del estado de indefensión y de la natural debilidad de un niño para privarlo de su libertad y someterlo al tormento del cautiverio. En sí mismo es una tortura para cualquier persona mayor, pero con mucha mayor razón es una tortura para el niño. Y una infinita tortura para sus padres, hermanos y familiares.
Vimos el dolor reflejado en el rostro de la madre, y escuchamos sus palabras, llenas de esperanza en que todavía pudiera quedar algo de sensibilidad humana entre los criminales.
El país entero reclamaba, exigía, la liberación inmediata, a salvo, del niño Cristo José.
Aparte de que se trate de un delito -no de cualquier delito, sino de uno muy grave-, desde el punto de vista humano, el plagio de un menor de edad es algo inaudito, que no tiene perdón de Dios y que no lo debe tener del Estado, ni de la sociedad.
Infortunadamente -si hablamos de los deberes estatales de garantizar la libertad, la vida y la integridad de las personas, y de hacer justicia- , nuestro Estado ha fracasado. Toda vez que hemos dado en tomar las liberaciones de secuestrados como actos de magnanimidad y generosidad de los plagiarios, y en perdonarlos en aras de una fementida voluntad de paz, el secuestro -ahora con los niños- seguirá dejando su imborrable huella en las familias colombianas, a menos que el Estado -Gobierno, Congreso y jueces- asuma en serio su papel ante la delincuencia y deje de tolerar la impunidad.
Bogotá, D.C, 10 de octubre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Qué hace que la lucha contra la corrupción en Colombia sea algo abstracto, inalcanzable. Elemental: la inocultable complicidad entre los poderes, no para atacarla sino para perpetuarla.
Yo te protejo tú me proteges, aún por encima de las leyes. Cierran filas y se hacen inexpugnables para los órganos de control que también son apéndice de ellos. Ni qué decir de los capitales privados que subyacen en la toma de decisiones del Estado a través de la puerta giratoria. Así es imposible, estamos perdiendo la batalla como sociedad.
Algún día le escuché al Concejal Juan Carlos Flórez, decir acertadamente: la corrupción es el sistema, y creo que no se equivoca. Imponen una versión de la ley que se ceba sobre los recursos públicos, neutralizan la posibilidad de cualquier veeduría; acuden al largo historial de intimidar a sus críticos, a los periodistas y a cualquiera que los estorbe. En el mismo Congreso -el recinto de las leyes- se utilizan argucias jurídicas para evitar, por ejemplo, el control político.
Aterricemos, para no ir tan lejos, en la supuesta audacia del presidente del Congreso, Ernesto Macías, para impedir la moción de censura que los senadores del Polo, Robledo y López, le quisieron aplicar al ministro de Hacienda Carrasquilla: se inventó artilugios jurídicos para evitar un control político. Qué paradoja, en el templo del debate político se imponen los argumentos jurídicos para evitar que la oposición se oponga.
Ese es el talante de Macías y del gobierno Duque. De nada sirvió el debate en donde se demostró hasta la saciedad cómo, de una triquiñuela legislativa que Carrasquilla ayudó a diseñar como ministro, se aprovechó para meterles a 117 alcaldes un paquete chileno; pero más grave aún, le mintió al Congreso: dicen los promotores del debate que el ministro había tasado sus ganancias en ocho mil millones cuando en realidad fueron 22 mil millones de pesos.
Ese solo hecho, más las indelicadezas del ministro Carrasquilla en el proceso para estructurar el negocio diseñado para comprometer el futuro de los 117 municipios, merecía llevar al funcionario a una moción de censura, que además es una figura constitucional que fortalece la independencia de poderes y le da herramientas a la oposición para ejercer el control político y cuestionar que holgazanes del partido de gobierno se apoderen de las arcas del Estado y abusen de la autoridad.
Negarle esa posibilidad a la oposición no es más que un acto de autoritarismo que viola los preceptos constitucionales. No hay argumento jurídico que esté por encima de un procedimiento político genuino y necesario en cualquier democracia. No puede el presidente Duque avalar acciones despóticas contrarias a la democracia liberal. Debe aceptar con entereza las reglas de juego y buscar derrotar a la oposición en franca lid, a voto limpio, en las instancias del sistema. Eso es más admirable que buscar argumentos sacados de un cubilete que hiede a corrupción. Creo que es la mejor manera de disipar cualquier duda sobre su ministro de confianza.
Ahora, no todo parece perdido. La Cámara de Representantes asumiría esa responsabilidad y todo parece indicar que en ese recinto se revivirá la moción de censura contra el ministro Carrasquilla. Esperemos que sea una decisión genuina, transparente y no un instrumento de chantaje para obtener beneficios. Y al gobierno, por segunda vez, no le quedará nada bien arrebatarle ese derecho a la oposición.
Bogotá,D. C, 9 de octubre de 2018
*Periodista
@jairotevi
El pasado viernes 5 de octubre, se llevó a cabo en Popayán un encuentro muy concurrido por parte de campesinos, indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales del sur occidente del país, venidos del departamento del Cauca, de Nariño, del Putumayo, del Chocó, del Valle del Cauca y del Huila y a la cual asistieron gobernadores de esta región, el sector institucional y la Comisión de Paz de la Cámara y el Senado de la República, con el fin de escuchar a los voceros sociales sobre sus circunstancias de vida, sobre la temática de Derechos Humanos, sobre el proceso de Paz en la perspectiva de región.
A esta audiencia pública denominada “Por la defensa del territorio, la vida, la dignidad y la Paz”, asistieron más de 500 personas de todos los sectores acompañados de sus respectivas guardias campesinas, indígenas y étnicas, en una concurrencia de saberes, de ideas, de aportes desde diferentes ópticas.
Las comisiones del Congreso tuvimos la satisfacción de haber interactuado con ellos y por supuesto nos comprometimos en las conclusiones, que no son otras, que reclamar del Estado varios temas como el de la seguridad para los líderes sociales, para que no sigan siendo asesinados y se les garantice su supervivencia en esta región y en todas las demás regiones colombianas.
Durante nuestra intervención advertimos sobre varias temáticas nacionales que tienen directa incidencia con las comunidades del sur occidente del país, de nuestra parte como miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República, seguiremos asumiendo la tarea de defensa del proceso de Paz, de su implementación, de respeto a la implementación legal y constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente amenazada por actitudes autoritarias de la Fiscalía General de la Nación, también en la defensa de la institucionalidad democrática, no vamos a aceptar la unificación de las Cortes en ningún tribunal supremo, no vamos a aceptar la restricción de la tutela en nuestro país, no vamos a aceptar que se modifique la Ley 1448 o Ley de Víctimas y se eche para atrás todo lo alcanzado en materia de restitución de tierras en nuestro país, vamos a ser defensores de la educación pública y todo lo que esto representa para las nuevas generaciones, es un patrimonio del saber que debemos defender.
Como miembro también de la Comisión Quinta del Senado de la República, seguiremos adelantando también la implementación en temas de los acuerdos desde el punto de vista agropecuario, en el tema de acceso y formalización de tierras, implementar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria o Ley 1876 de 2017 que nosotros lideramos en el Congreso.
Así mismo nuestra solidaridad con los líderes y lideresas sociales de Colombia y del Cauca y por supuesto también buscar los recursos que demanda los proyectos productivos del posconflicto.
Como congresista del Macizo colombiano nuestra admiración y gratitud a las organizaciones como el SIMA, ASOMAC, y nuestra invitación para que nos unifiquemos como Macizo colombiano para que se ponga en práctica el documento CONPES 3915, para proteger el Macizo colombiano, fuente del 70% del agua dulce de Colombia.
En éste propósito tenemos que converger los 89 municipios de los siete departamentos que integramos el Macizo colombiano para adelantar planes y programas que permitan su preservación y conservación de esta fábrica de agua que baña a nuestro país.
Desde nuestra curul que es la curul de todos siempre alzaremos la voz por los colombianos más vulnerables, quienes realmente reclaman presencia efectiva del Estado colombiano en sus territorios, quienes buscan un mejor futuro para sus familias, con oportunidades de desarrollo, de empleo, de proyectos productivos, y sobre todo de condiciones dignas que les permitan mejorar su calidad de vida y con garantías plenas de seguridad para quienes habitan la otra Colombia, la Colombia rural y olvidada.
Pasto, 8 de octubre de 2018.
*Senador de Colombia. Partido Liberal
El alza internacional del precio de los combustibles, que ya se acerca a los 80 dólares por barril, y que a juzgar por muchos analistas podría llegar hasta los 100 dólares, le plantea a las autoridades económicas del país un gran dilema: ¿Estos nuevos recursos deben gastarse o ahorrarse?
El presupuesto para 2019 se había preparado sobre el supuesto de unas rentas petroleras calculadas con base en un precio del crudo de 67 dólares el barril. Lo que exceda de esta cifra serán, entonces, utilidades no esperadas que, de continuar los buenos precios, pueden llegar a ser muy cuantiosas.
Ahora bien: la tendencia natural va a ser, ante el déficit tan grande que recibió el nuevo gobierno, la de llevar estos nuevos ingresos a adicionar el programa de gastos para el año entrante. Sin embargo, cabría preguntar: ¿Es esto lo prudente?
Una de las críticas más sólidas que se le hace a la política económica del gobierno anterior fue que cuando hubo buenos precios del crudo no se ahorró nada, y todo se llevó al gasto. Con la consecuencia de que cuando llegaron los malos precios todo se tuvo que manejar, o recortando inversiones o aumentando el déficit, como en efecto ocurrió. ¿Volveremos a repetir la misma historia en esta ocasión?
Mediante ley 1157 de 2007 se creó el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que tiene como propósito, precisamente, servir de instrumento para ahorrar cuando los precios van al alza, y gastar (desahorrando) para estabilizar el precio interno cuando los precios internacionales van a la baja.
Durante los últimos años el fondo no se ha utilizado para lo que se creó, como sucede con tantas cosas en Colombia. Cuando los precios subieron no se ahorró. Y cuando los precios han descendido se ha hecho un desahorro, a base de déficit, que, según estudio reciente de la Contraloría General de la República, asciende a 6.1 billones de pesos. Podría decirse que éste es uno de los chicharrones fiscales mas complejos que recibió el nuevo gobierno.
¿Cómo actúa este fondo? En palabras de la Contraloría el fondo teóricamente debe funcionar de la siguiente manera: “El diseño del FEPC surge de la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, de establecer fórmulas para determinar el precio interno de la gasolina y ACPM, los cuales se caracterizan por no permitir incrementos mensuales mayores al 3% (resolución 181602 de 2011 para la gasolina y Resolución 181491 de 2012 para el ACPM), atenuando en el mercado nacional la volatilidad de los precios de los mercados internacionales. Es por este diseño que se generan las diferencias entre los precios internacionales y el IP (precios nacionales). El FEPC y las fórmulas aludidas funcionan como un conjunto que permite brindar estabilidad en los precios al consumidor colombiano ante fuertes variaciones en los precios internacionales, tanto al alza como a la baja de los mismos”.
Como los precios están subiendo, y es posible que lo sigan haciendo, pues las sanciones de Trump a Irán han hecho descender la producción en este país, y el desgreño administrativo en Venezuela es tal que la producción de crudos en el vecino país se ha desplomado hasta niveles, cosa inaudita, como el que se registró el mes pasado cuando Colombia produjo más petróleo que Venezuela. Estas restricciones de la oferta de los mercados internacionales muy probablemente continuarán empujando al alza las cotizaciones del crudo.
Así las cosas, lo que parece más recomendable, desde el punto de vista de la Hacienda Pública de Colombia, es que las mayores rentas petroleras se ahorren en este fondo de estabilización y no se lleven al gasto. Absorbiendo de paso parte, al menos, del gran déficit que se ha venido acumulando en este fondo.
Proceder así requerirá naturalmente de un gran coraje fiscal: hacer frente a las inmensas presiones de gasto que hoy recibe el Gobierno central y llevar la totalidad o al menos gran parte de los excedentes petroleros a fortalecer el ahorro del fondo de estabilización.
¿Tendremos el coraje para hacerlo?
Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2018
*Abogado, Economista y Exministro de Estado.
Ampliar la base del IVA es una manera eficiente de aumentar el recaudo tributario. Por eso se está proponiendo extenderlo a los productos de la canasta familiar, lo que produciría unos $15 billones anuales según estimativos de Minhacienda, a los que habría que descontar unos $2 billones de la compensación para los más pobres.
Sin embargo gravar la canasta familiar es regresivo e iría en contra del objetivo que ha planteado el presidente Duque de una ley de financiamiento que permita tener un sistema tributario más equitativo. Aún suponiendo que se superen las dificultades logísticas para compensar a los más pobres, el mayor impacto sería para los vulnerables, esa nueva clase media que no recibe subsidios pero que apenas subsiste con ingresos un poco superiores a 2 dos salarios mínimos.
La Reforma del 2016 abrió esta puerta al establecer un IVA del 5% % a las ventas de vivienda nueva con valor superior a unos $900 millones. Fue un primer paso en la dirección correcta que debe ampliarse por dos caminos: uno, elevando la tarifa y otro ampliando su aplicación a otras compraventas de finca raíz.
La tarifa del 5% es muy baja en comparación con el promedio de los países de la OECD, que en la mayoría de los casos gravan las ventas de vivienda con la tarifa general del IVA (de 19% hasta 25%); solo algunos países imponen una tarifa menor, tales como España e Italia (10%), mientras que en el vecindario, Chile las grava con la misma tarifa general (19%). Así debería ser en Colombia.
En cuanto al ámbito de aplicación debe ampliarse a todas las compras de bienes inmuebles con excepción de la vivienda VIS y VIP. El gobierno pasado contempló la posibilidad de imponer el IVA a la venta de oficinas, bodegas y locales comerciales, pero se echó para atrás sin que haya justificación para esta excepción.
Cali, 7 de octubre de 2018
*Filósofo, Economista y Consultor.
A Deyanira Barrero, nueva gerente del ICA, le tocó “estrenarse” con el foco de aftosa en Sogamoso, a raíz del cual la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, suspendió el estatus de país con zona libre de aftosa con vacunación”, que había sido restituido en mayo, después de los focos de 2017.
Grave situación. Por ello saludamos la decisión transparente del Ministerio y del ICA de informar de inmediato a la OIE, además de conservar la zona de contención y reforzar los controles para neutralizar el foco. Afortunadamente, la circulación viral por el animal infectado estuvo limitada a la zona de contención, sin evidencias de infección fuera de ella.
Hay mucho en riesgo, porque la reincidencia no es buena señal para los mercados, para los que el Ministro anunció una ofensiva diplomática, ni para la cultura ganadera de preservar la salud del hato. Si no se logra volver a la situación sanitaria prevalente hasta 2017, estarán en riesgo también inmensos recursos, del orden de un billón de pesos, solo en el costo histórico de la vacunación.
¿Qué pasó? Frente a los focos de 2017 se puede culpar al contrabando, pero contrabando ha habido siempre desde Venezuela; por eso la zona limítrofe era de “alta vigilancia” y la vacunación tenía que ser rigurosa. Frente al de Sogamoso, si la circulación viral persistió en la zona de contención, es porque no se sacrificó lo que se debía ni se vacunó como se debía.
Se bajó la guardia y se presentaron excepcionales cifras de cobertura con base en un crecimiento disparado del hato. Frente al cálculo histórico, de 22,9 millones de cabezas para 2015, y a las cifras del Dane en el Censo Nacional Agropecuario de 2014, de 21,5 millones, al cierre del segundo ciclo de 2016 el ICA reportó 23,8 millones, y al cierre de 2017, ¡26,3 millones! En dos años, aparecieron casi cinco millones de cabezas.
El ministro Iragorri salió a pregonar tan exitosa vacunación y descalificó a Fedegán, pero tendría que haber cuestionado también el censo del DANE, por lo que no dejó sino dudas sobre tan extraordinario crecimiento. Fedegán realizó un minucioso análisis de las cifras, con hallazgos que dan para otra columna, y en buena hora el ministro Valencia anunció barrido predio a predio para llegar a cifras confiables.
Era una crisis anunciada. En 2015 advertí, ante la Comisión Hemisférica para la Fiebre Aftosa, de los riesgos de desmontar el equipo técnico responsable del Programa, y fui acusado de traición a la patria. Lo que tenía que pasar pasó, porque no se le puede entregar un programa de tal responsabilidad técnica a una entidad financiera –Fiduagraria– bajo la supervisión de funcionarios inexpertos del Ministerio.
“Tinglados periodísticos al servicio de abogados”
En este mundo, y especialmente en Colombia, se acude a lo que sea para escapar a la justicia y la verdad. Lo vimos en el gobierno 2002-2010, en donde reinó aquello de “pasemos a la siguiente pregunta”, fórmula de escape que siguió imperando hasta nuestros días. Nunca se llegó a pensar que Trump, el más poderoso del mundo, utilizara iguales “salidas” para escurrir el bulto…
Las argucias, ingeniosidades y artimañas del senador y jefe, aplicadas durante su gobierno para capotear recordadas investigaciones cercanas, lo condujeron a espiar y campanear a la Corte Suprema de Justicia. Son muchos los años que lleva afilando rencillas y altercados; y muchos los abogados y bufetes utilizados para tales fines.
Unas veces “tuitea”, otras lanza dardos y otras pone a los bufetes a blasfemar contra la máxima autoridad justiciera colombiana. A él se le suman otros sectores de la población que también están subjudice o bajo el ojo de la justicia. Sin recato alguno lanzan dardos venenosos a esa rama del poder.
Esta semana la copa parece haberse llenado. El colega Juan Roberto Vargas logró que el presidente de la CSJ, José Luis Barceló, y el de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández, se defendieran de los cada vez más frecuentes ataques, y lo hicieron. Para unos el hecho constituyó una afrenta ¿Contra quién? El interrogante no tuvo respuesta, pero gran parte del país aplaudió la entereza y el carácter de los magistrados.
Por ello deberán enfrentar a famosos, intocables y tenebrosos bufetes de abogados, a los que nadie se atreve a cuestionar, porque tienen listas las demandas a sus contradictores. Por fortuna existen otros, muy pocos, que actúan dentro de los principios éticos que les inculcaron en las universidades.
Acusados, delincuentes y bufetes venales aprovechan los medios de comunicación, las redes y demás tecnologías modernas como estrategia de defensa. Calumnian, enjuician, deshonran y condenan a magistrados, jueces y funcionarios. Con valentía y coraje, los dos magistrados delataron la existencia de tinglados periodísticos apoyando los bufetes. Así montan sus estrategias de defensa.
Según estas delaciones, estamos ante situaciones extremadamente graves que, según los magistrados, involucran al innombrable, a quien reclaman conducta ejemplar, acorde con su gran importancia y trayectoria, porque “un expresidente y gran dirigente debe actuar con toda la rectitud y dar ejemplo a las generaciones actuales y futuras de cómo comportarse y cómo actuar ante la justicia y ante la sociedad”.
Los magistrados están sometidos al escarnio público, porque osaron investigar a un “eterno”, que quiere seguir mandando y gobernándonos de por vida. Grave que haya tinglados periodísticos al servicio de abogados que manejan la justicia desde “acreditados” bufetes.
BLANCO: El Nobel a los científicos que desarrollaron el medicamento contra el melanoma.
NEGRO: Se inauguró la mermelada con un nombramiento para los Ciros de Boyacá. Sin llenar los requisitos de ley, se designó Directora de la Agencia de Desarrollo Rural.
Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2018.
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Han sido divulgados varios proyectos de acto legislativo orientados a modificar las reglas vigentes sobre administración de justicia.
Hay consenso en torno a la existencia de una crisis. Preocupa a los colombianos la creciente congestión; la morosidad que, pese al mandato del artículo 228 de la Constitución (“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”), conduce a decisiones extemporáneas a las que muchas veces se adelanta la muerte del interesado; a lo cual se añaden el excesivo formalismo y la corta visión de muchos jueces sobre el objeto de las normas que aplican.
Se observa, además, una extendida falta de criterio jurídico y hasta de elemental sentido lógico en muchas providencias, lo que nos ha llevado a proponer desde hace años que, para ser juez, se exija a los candidatos una previa preparación académica adicional a la de los abogados, específica e intensa, exclusivamente dirigida a tal efecto, con profesores de las más altas calidades, y con énfasis en la rama del Derecho en que aquéllos quieren desempeñarse. Con exámenes y trabajos de grado que aseguren la excelencia. De modo que a la judicatura no se llegue por casualidad, sin la fortaleza que otorgan el conocimiento del Derecho y la formación de la conciencia jurídica.
Para vergüenza del país, a la impunidad provocada por jueces indulgentes, por el vencimiento de términos, por las maniobras de abogados inescrupulosos; por la generosa aplicación del principio de oportunidad y de inmerecidos beneficios y rebajas de penas; a la grave crisis carcelaria... se añaden ahora la politización en que han caído algunos funcionarios y el preocupante incremento de graves irregularidades en el trámite y decisión de los procesos.
Más que en las disposiciones constitucionales vigentes -a muchas de las cuales se propone introducir innecesarias reformas- el principal problema de nuestra administración de justicia radica en la equivocada selección de quienes administran la justicia. Aunque hay jueces, fiscales y magistrados probos y bien estructurados, no es la regla general, y en cambio, una perniciosa tendencia a la corrupción se acusa en muchos, por lo general acompañada de una débil formación jurídica. Es decir, ante la deficiente preparación en Derecho, se prefiere -porque no se respetan la ética ni los principios- la vía torcida del soborno, la influencia política, la compra y venta de conciencias y el desvío de los procesos hacia los fines perseguidos por quienes no tienen escrúpulos, ni resortes morales.
Hoy, en no pocos despachos judiciales, no valen los argumentos jurídicos, ni pesa el material probatorio. Son sustituidos por la apelación a corruptas modalidades seudo procesales habilidosamente usadas para vencer o neutralizar a la contraparte, o para impedir la correcta aplicación de las leyes, mediante la interpretación malévola de sus mandatos. Y cuando eso ocurre se sacrifica el valor primordial del Derecho: la justicia.
Se ha improvisado con los proyectos de reforma, y se ha puesto atención a asuntos que poco o nada interesan a la ciudadanía, ni aseguran el efectivo y real acceso a la administración de justicia. Mientras no pensemos en el elemento humano y en su formación moral y jurídica, de nada sirven las reformas.
Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional.
En los últimos días he sido invitada a varios espacios de opinión a debatir acerca de la radicación que realicé del proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Familia. En casi todos estos encuentros, y a través de mis redes sociales, pude enterarme de varias preocupaciones y temores al respecto, sobre los cuales quiero pronunciarme.
La primera es que, si bien de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y jurídico la competencia para crear nuevos órganos del Estado es exclusiva de la rama Ejecutiva en cabeza del presidente de la República, el doctor Iván Duque, este proyecto puede ser viable en la medida en que cuente con el aval del Gobierno, frente a lo cual quiero señalar que ya la iniciativa se encuentra en el despacho de la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez.
Por otro lado, uno de los temores más grandes es que sea un órgano excluyente ya que en el proyecto de ley cité el artículo 42 de la Constitución Nacional en donde se refiere a la conformación de una familia. Quiero dejar claro que mi naturaleza política es profundamente demócrata y el hecho de registrar lo que dice la Carta Magna es sólo el marco normativo que todo proyecto debe incluir.
Además este artículo está contenido en varias leyes como la 1361 de 2009 y la 294 de 1996, todas ellas fundamentales para la protección integral de la familia.
De tal forma quiero que la opinión pública quede tranquila al saber que mi interés, y ni el del proyecto de ley, es discriminar. Las personas que ya venían siendo beneficiarias por parte de los diferentes programas continuarán recibiendo las ayudas, no se excluirá a nadie por su raza, sexo, creencias, religión, etc.
Zanjado el tema ideológico, considero que no se debe distraer la atención del centro de esta iniciativa que no es otro que la articulación y sinergia de varios de los programas sociales que habían venido funcionando desde diferentes entidades del Estado.
Otra de las inquietudes que se han despertado es si en verdad es necesario este ministerio o si basta con darle un mayor impulso a los programas existentes. Como legisladora mi trabajo siempre ha estado enfocado al tema social. En ese sentido fui autora de varias leyes como la 82 de 1993 y la 1232 de 2008, que le da reconocimiento y beneficios a las mujeres cabeza de familia o la 1257 de 2008 en contra de la violencia intrafamiliar.
Luego de más de una década de promulgadas estas leyes el panorama no es para nada alentador. La violencia intrafamiliar sigue siendo una dolorosa realidad para casi 16.500 mujeres que el año pasado reportaron ser víctimas de maltrato. Eso sin contar que niños y adultos mayores también tienen que soportar este flagelo llegando a 12 mil casos denunciados.
Ni que hablar del tema de seguridad alimentaria para los menores de edad. Es francamente doloroso saber que 37 pequeños hayan muerto de desnutrición en La Guajira y que esta situación se esté volviendo en algo normal.
¿A dónde se están yendo los 11,03 billones de pesos que es el presupuesto para los programas sociales? Con el Ministerio de la Familia y Social podremos darle, por fin, una supervisión más cercana a la ejecución de los programas sociales y a la focalización correcta de los recursos.
Además de tener una articulación de los programas sociales, con cero costo y sin aumentar la burocracia, el Estado podrá realizar diagnósticos más certeros y unificados de las problemáticas reales que vive la familia colombiana de hoy y ofrecer las soluciones para brindar la protección y la seguridad que los miembros de esta institución, eje de la sociedad, necesita de forma apremiante.
Algunos opinan que la solución sería apoyar más la transversalización de los programas y darles un mayor impulso, y eso no sería otra cosa que darles más recursos, cuando el problema no es ese sino que sean usados de forma eficiente y eficaz.
El debate sobre la creación del Ministerio debe darse, y en Cambio Radical estamos preparados para ello y mostrar la conveniencia de la aprobación de este proyecto, pero por favor no desviemos la atención en temas de supuestas discriminaciones que claramente no existen, y mientras nos centramos en eso las brechas de inequidad, las cifras de pobreza, de violencia, de muertes al interior de la familia rural y en las ciudad siguen creciendo y volviéndose algo normal para la sociedad colombiana.
Bogotá, D. C. 4 de octubre de 2018.
*Senadora de Cambio Radical
