Opinión
En 13 meses Colombia renovará todas sus autoridades locales. En el último proceso electoral participaron más de 112.000 aspirantes. 144 candidatos a gobernadores, 4.539 competidores para alcaldías, 3.444 aspirantes a diputados, 90.275 buscaron ser concejales y 14.471 a ediles.
Muchos de quienes logren ganar las curules se elegirán gracias al apoyo de organizaciones criminales, otro tanto lo harán con el financiamiento de contratistas que luego esquilmarán las arcas del Estado y un puñado de ellos intentará hacer una política seria y renovadora.
Como las elecciones son en un año deberíamos estar discutiendo cómo garantizar que sean estos últimos los que tengan mejores condiciones para hacer la política, porque su problema es que juegan con desventaja. Quienes reciben dinero ilícito juegan con ventaja, pues pueden gastar lo que sea con la tranquilidad que nada les va a pasar. Ese es el drama de nuestra política, que los criminales la tienen muy fácil para apropiarse de lo público y capturar el Estado.
La prioridad de cualquier discusión sobre reforma política debería ser cómo salvar la democracia local. Si no hacemos algo ahora, vamos a pasar el próximo lustro lamentándolo. En lugar de ello, el congreso empezó a discutir una reforma que busca cerrar las listas, cambiar las circunscripciones y eventualmente establecer la paridad de género, entre otras iniciativas válidas y necesarias pero sin ninguna relevancia para el proceso electoral de 2019. Los resultados del cambio constitucional, si es que logra ser aprobado, se verán en las elecciones de 2022. Las reformas políticas tienen que tener sentido de oportunidad, y aunque se podría decir que el congreso es muy previsivo y visionario, en la práctica lo que está haciendo es su responsabilidad y permitiéndole a los ladrones y delincuentes que sigan controlando la política local.
Ninguna de las propuestas que actualmente tramita el Congreso tendrá vigencia para las elecciones locales porque nada de lo que están discutiendo se pondrá en vigencia para el proceso electoral de octubre del próximo año.
Supongamos que los partidos aceptan la lista cerrada, incluso en ese caso será imposible que los partidos puedan desarrollar mecanismos de democracia interna para ordenar las listas de concejos o asambleas del próximo año por falta de tiempo. La reforma se aprobará en junio y las inscripciones comienzan en julio.
El monto de gasto en las campañas electorales de 2018 va a superar los 2 billones de pesos. De este monto, solo 500.000 millones serán reportados oficialmente. El Estado colombiano asignará un presupuesto de unos 150.000 millones para reposición de votos, los cuales serán pagados a partir del año 2020, tan solo unos mil o dos mil millones se girarán como anticipos electorales. Esto significa que más del 75% de los recursos que invertirán los candidatos en la campaña serán de origen desconocido para los electores y las autoridades. Y este billón y medio de pesos provendrá principalmente de contratistas estatales y redes de narcotraficantes, contrabandistas, mineros ilegales y bandas criminales en los territorios de posconflicto.
El gobierno del presidente Duque ha levantado la bandera de la lucha anticorrupción y la construcción de legalidad, pero si no cuenta con el apoyo de las autoridades territoriales sus esfuerzos para construir el Estado de Derecho no pasarán de las esferas nacionales. El gobierno y el Congreso aún están a tiempo de hacer algo para evitar que la democracia local siga siendo manejada por bribones. Una ley estatutaria para mejorar la transparencia, facilitar el control de los recursos y mejorar los mecanismos de control judicial sobre el gasto electoral es aún posible en lo que queda de legislatura. Pero tal parece que nuestros partidos y congresistas prefieren actuar como la orquesta del Titanic, dedicados a tocar música mientras todos nos hundimos.
Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2018
*Exviceministro del Interior
Al ver y escuchar a Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas no quedaba claro si el que estaba hablando era el presidente de Estados Unidos o el dueño de una marca que cobró 50 millones de dólares o más por ceder su franquicia a un complejo hotelero en Ciudad de Panamá que lleva el nombre de Torre Trump, según contó 'The Washington Post', sin invertir un dólar.
Más allá de ser un exitoso empresario y constructor, detrás de la marca Trump hay toda una oferta de productos como colonias, agua, gafas, colchones y hasta una Universidad llamada Trump, y ni hablar de hoteles y lujosos jets que engloban la multimillonaria fortuna del hombre más poderoso de la tierra. El objetivo de Trump, dice la periodista Naomi Klein, en su libro Decir no, no basta, “era convertirse en una marca hueca: ser propietario de poco, ponerle su marca a todo”.
Klein, también activista ambiental, dice en su texto que “no es posible desligar a Trump, el hombre, de Trump, la marca; son dos entidades que hace mucho que se fusionaron. Cada vez que pone el pie en una de sus propiedades -un club de golf, un hotel, un club de playa- con el equipo de corresponsales de la Casa Blanca a remolque, está haciendo aumentar el valor de su marca, lo que permite a su empresa vender más carnets de socio, alquilar más habitaciones y subir las tarifas”.
Por eso Trump hace lo que se le da la gana; no solo hizo alterar la agenda de la ONU, sino que colapsó la Quinta Avenida en Nueva York al trasladar el cuartel general de la Casa Blanca a la Torre Trump, retando al alcalde de la ciudad que es del partido demócrata y al Estado profundo que no lo apoya y, por supuesto, al resto del mundo. Puede parecer trivial lo que digo, pero ese es el presidente del país más poderoso del mundo: no hace concesiones con nadie y tampoco esfuerzo alguno para matizarlo.
Por ello cuando Trump comenzó su discurso en la ONU, con 30 minutos de retraso, dijo: “En menos de dos años mi administración ha logrado más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país Estados Unidos, eso es muy cierto” y, por supuesto, tal afirmación provocó de inmediato risas en el auditorio de la magna asamblea y él, dueño de la marca Trump, supo sortear la situación, pero no disipar el caos que su administración ha ocasionado en el orden internacional con sus decisiones.
Así como ha gobernado su marca, así gobierna su país y el mundo. Muchos observadores internacionales critican las decisiones del hombre más poderoso del planeta y se preguntan constantemente qué busca Trump rompiendo el consenso global, pero además desafiando al mundo neoliberal debilitando su arma más poderosa: la globalización. Y, como si fuera poco, hoy le abre la puerta a una guerra comercial con China que afectará gravemente las economías emergentes y países más débiles, como el nuestro.
Si a esto le sumamos las decisiones de liquidar el acuerdo nuclear con Irán, el traslado de la embajada de Estados Unidos de Israel a Jerusalén, eliminar el fondo para Palestina, anular la participación de Washington en la Unesco y el consejo de Derechos Humanos, reducir la contribución económica a las fuerza de mantenimiento de la paz y haber liquidado el acuerdo climático de París, solo podemos concluir que nada bueno nos espera en los próximos dos largos años que aún le restan a la marca Trump.
Ese es el presidente de Estados Unidos: no tiene aliados, tiene intereses y nosotros, a través del novel presidente Duque, nos rendimos a los pies de la marca Trump con el pretexto de una eventual guerra con Venezuela y abrirle de par en par las puertas a la fumigación con glifosato. Cómo confiar en un egocéntrico hombre que en campaña se le escapó la siguiente perla: “Confíen en mí porque yo he burlado al sistema”.
Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2010
*Periodista
@jairotevi
La energía es el hilo conductor del desarrollo económico y social. Así como en el siglo XX se impusieron las fuentes de energía primaria de origen fósil, en el siglo XXI se vienen imponiendo las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). Esta es la tendencia en el mundo entero y Colombia avanza en esa misma dirección.
Colombia había dado el primer paso en el 2001 con la expedición de la Ley 697 para promover el uso racional y eficiente (URE) de la energía. El Congreso de la República aprobó la Ley 1844 de 2017 ratificando el Acuerdo de París. Colombia promovió los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y los adoptó y adaptó a través del CONPES 3918 de 2018, al tiempo que se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% para el 2030.
Según el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía del FEM (EAPI), que evalúa 18 indicadores y 3 áreas (crecimiento y desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, acceso a la energía y seguridad), Colombia ocupó en 2017 el 8º lugar entre 127 países examinados y el 1º en Latinoamérica, seguido por Uruguay, que ocupó el 10º lugar. Se suele decir que tenemos una energía “buena, bonita y barata”. Pero esto no están cierto, por lo que nos debemos cuidar de no caer en la trampa de la autocomplacencia. Y no lo decimos a humo de paja, lo decimos porque lo que es una fortaleza de su matriz energética, como lo es una participación del 70% de la generación de energía hídrica es también su talón de Aquiles. Debido al cambio climático esta se ha convertido en la gran vulnerabilidad del Sistema eléctrico Colombiano frente al recurrente fenómeno del Niño.
Con la expedición de la Ley 1715 de 2014, de la autoría del Senador José David Name y con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía, Colombia dio un paso decisivo en la dirección correcta. Los tres ejes fundamentales de esta Ley son: la reconversión de la matriz energética, promoviendo las FNCER, la eficiencia energética, en la cual jugará un papel preponderante el usuario del servicio de energía, que dejará de ser un agente pasivo de la cadena para interactuar con el operador de red y la reducción de las emisiones de GEI.
En su avance, tanto en su reglamentación como en su implementación, la Ley ha enfrentado la resistencia al cambio. Es el caso del Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa que llegó a desestimar la importancia del recambio de la flota de Transmilenio con articulados eléctricos diciendo que “los motores eléctricos no se han terminado de inventar”. Y resulta que la Volvo, que ha sido el principal proveedor del Sistema de transporte masivo en Bogotá, ha anunciado que a partir del 2020 no volverán a fabricar motores de combustión interna. Tampoco tiene razón cuando aduce que incorporar esta alternativa a la flota de articulados elevaría los costos, lo que obligaría a subir el precio de los pasajes a sus usuarios. Está establecido que un bus con motor eléctrico, gracias a la mayor eficiencia energética de este, recorre un 85% más de distancia que aquel que opera con motor diesel con el mismo consumo de energía equivalente.
Por su parte, algunas de las empresas generadoras ya establecidas, como es el caso de EPM de Medellín, se muestran esquivos y reacios frente a la alternativa de las energías no convencionales. Es así cómo su Gerente Jorge Londoño le pidió al Gobierno “respetar la neutralidad tecnológica y que sea el mercado el que revise las mejores opciones y escoja”. En ello están equivocadas. En Colombia la electricidad participa a duras penas con el 17% del consumo final de energía; a guisa de ejemplo la industria en Colombia depende en un 80% de las energías de origen fósil, supremamente contaminantes. Por lo tanto, el reto es electrificar la economía y de esta manera habrá espacio suficiente para todos, tanto para los actuales como para los nuevos jugadores que entren al mercado.
Lo ha dicho la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez: “tenemos como premisa que va a haber espacio para que se desarrollen las fuentes renovables y no renovables. No hay que escoger entre las dos, se necesitan todas”. Las FNCER no vienen a reemplazar ni a desplazar las fuentes convencionales de generación de energía, son el complemento necesario y la larga lo que se busca es la convergencia y acoplamiento de unas y otras. Se respaldan mutuamente. Vamos hacia las soluciones híbridas. Deben operar bajo los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. De esta manera se ganará en seguridad energética, resiliencia, firmeza, confiabilidad del Sistema energético y reducción de las emisiones de GEI!
Bogotá, septiembre 29 de 2018
*Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Lo mejor que le puede pasar a Colombia es que se vaya Maduro, que cambie el régimen y se reconstruya Venezuela. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que se intente sacarlo a la fuerza. Y todavía peor, que el gobierno colombiano sea uno de los promotores de la alternativa militar.
Colombia es el país más afectado por la crisis de Venezuela. El impacto más reciente y más dramático es la tragedia de centenares de miles de venezolanos que se han visto forzados a emigrar agobiados por la imposibilidad física de sobrevivir en su país y vienen a buscar refugio acá.
Otro, la parálisis del intercambio comercial que ha significado para los productores colombianos la pérdida de un mercado al que llegaron a exportar más de 6.000 millones dólares y hoy escasamente venden 300 millones.
Por estas razones, y muchas más, a Colombia le conviene que nuestro vecino recupere la democracia y pueda reconstruir su economía. Pero promover una intervención militar para sacar al gobierno traería peores consecuencias para Colombia que el mantenimiento del actual régimen. La mejor disculpa que puede encontrar Maduro para mantenerse en el poder, e inclusive aumentar la represión, es exacerbar el nacionalismo con la amenaza de una intervención extranjera
En un escenario de guerra, la crisis humanitaria se agudizaría, solo que ahora sería a ambos lados de la frontera. Los migrantes venezolanos se multiplicarían a millones tratando de escapar del conflicto.
Ni siquiera suponiendo que se cumpla la promesa de Trump de apoyar a sus aliados, nos libraríamos de los desastres iniciales de la guerra.
Las consecuencias de una guerra son nefastas, aunque se logre la victoria. El resentimiento entre los pueblos duraría décadas y la mayoría de los venezolanos verían a los colombianos como agresores y no como liberadores.
Cali 30 de septiembre de 2018.
*Economista y Folósofo. Consultor Independiente.
El país se sorprendió con las cifras preliminares del censo, que mostraron un “descache” de más de ocho millones de habitantes frente al “reloj” del Dane, que nos acerca a 50 millones.
Entonces, la prioridad del nuevo director, Juan Daniel Oviedo, es recuperar esa credibilidad maltrecha, para lo cual viene precedido de una hoja de vida que honra la promesa presidencial de nombrar a los mejores especialistas, sin interferencias políticas.
Mauricio Perfetti era también especialista reputado, pero le entregó el rigor a un gobierno preocupado por su imagen. Llegó al Dane marcado por haber aceptado “el mandado” de hacer el Censo Agropecuario, en contra de la recomendación del entonces director. Para entonces, Santos, presionado por el “tal paro” que sí existía, se acordó del Censo y lo metió de afán en el Pacto Nacional Agrario, sacando a sombrerazos a Jorge Bustamante, un hombre serio que tuvo la verticalidad de expresar públicamente que consideraba “particularmente inapropiado” iniciarlo sin la debida preparación y en campaña electoral.
El Censo Agropecuario, que iba a costar $200 mil millones, terminó en más de $350 mil millones. Los resultados, anunciados para octubre de 2014, se entregaron a partir de marzo de 2016; y lo más grave: ahí están…, sin pena ni gloria.
Al gobierno Santos le gustaban los censos, y además en época electoral. El de población, iniciado en enero, estaba presupuestado en $300 mil millones y terminará en más de $500 mil millones.
Los censos, tanto el agropecuario como el de población, no son apenas necesarios, son indispensables para dejar de contarnos “a ojo de buen cubero”, como el reloj del Dane. No se trata de cuestionar su realización. Se trata es de hacer un llamado a la transparencia y al rigor técnico; de que sus modelos y cifras no estén en función de mejorar la realidad con intereses políticos, , sino de mostrar la realidad cruda, para poder transformarla en beneficio del país.
Se trata de un buen “poscenso”; de que sus cifras se socialicen y sirvan para construir futuro.
Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Como duquistas y carrasquillistas no pudieron rebatir las acusaciones en el Senado, desde ese día repiten falacias: que Carrasquilla no cambió las normas para enriquecerse y que tampoco estaba inhabilitado. Que apenas brindó una asesoría por la que le pagaron unos modestos honorarios y que los alcaldes son los únicos responsables de la corrupción que llevó al fracaso a los Bonos Carrasquilla. Y silencian que por el antro Panamá Paraíso Fiscal pasó la plata con la que montaron este negocio.
Probado está que este negocio no podía hacerse sin los cambios legales que Carrasquilla introdujo o dejó listos para introducir: el artículo 356 de la Constitución y la Ley 1176 de 2007. Tan afanado estaba que, violando su inhabilidad de un año además de la permanente, el 1° de noviembre de 2007 creó en Panamá a Navenby Investmen Group, la empresa con la que traería la plata de Nueva York.
Es mentira que Carrasquilla fuera un simple asesor, alguien que apenas dio consejos para endeudar, mediante bonos, a 117 municipios en 440 mil millones de pesos. Porque además participó en el diseño y ejecución de la operación financiera, para la que también creó a Konfigura Capital. Porque Andrés Flórez, su socio en las dos empresas mencionadas, fue fideicomitente en nombre del Grupo Financiero de Infraestructura, la compañía de los gringos propietarios del negocio. Y entre todos ellos y Alianza Fiduciaria lograron que los alcaldes firmaran el endeudamiento. Que no se pierda de vista que los que invirtieron en los bonos no hubieran podido prestar su plata muy cara si, ¡primero!, alcaldes y concejos municipales no hubieran suscrito los contratos de adhesión con los que los ataron.
Hay cartas entre Gloria Patricia Farfán, alcaldesa de Florencia, Caquetá, y Alberto Carrasquilla, gerente de Konfigura, en la que la primera compromete los recursos del Sistema General de Participaciones en el pago del préstamo que están acordando y el segundo le anuncia el envío “de los contratos de constitución del patrimonio autónomo y de crédito en virtud de la operación de endeudamiento” (Carta 1, carta 2). Carrasquilla aceptó además que se reunió con alcaldes y concejales para convencerlos de las bondades de su propuesta. Y en una presentación de Konfigura se señala que las deudas con ellos serían al 17 por ciento de tasas de interés y a 19 años, en tanto las de Findeter, para los mismos fines y a través de los Planes Departamentales de Aguas del Ministerio de Vivienda, se pactarían a 10 años y costarían al 12 por ciento, ¡cinco por ciento menos de interés! (Presentación general del proyecto “Bonos Agua”). Si Carrasquilla y sus asociados pudieron colocar créditos en peores condiciones que el gobierno, fue porque los alcaldes entendieron que podían aprovecharse de que la deuda no la pagarían ellos sino sus sucesores y que las obras podían no hacerse y las platas perderse entre sus manos, como sucedió, porque el prestamista no les puso ninguna condición que garantizara el éxito de los proyectos, según lo demostré en el Senado (Clausula 8.1 ).
Conocido el Carrasquilla que da opiniones –el oficio de los asesores– y el que también es capaz de colocar créditos leoninos, apoyado en normas legales e ilegales, porque también se violaron leyes (Robledo denuncia a Carrasquilla por violaciones a la ley en los bonos Agua), se entiende que a Claudia Gurisatti le dijera que a él le habían pagado, no con honorarios, sino con una “prima de éxito” del dos por ciento sobre los 440 mil millones de pesos del endeudamiento de los municipios, suma que calculó en 8 mil millones (Video ), y que salió del tres por ciento del margen de intermediación que decidieron. ¡E Iván Duque defendió a Carrasquilla diciendo que apenas “diseñó un producto” y que no fue ni “asesor” de los municipios ni “intermediario sobre la colocación” de las deudas!
Si se toma la definición de corrupción del Banco Mundial que dice que es “el abuso de la función pública para obtener ganancias privadas”, no hay duda de que los Bonos Carrasquilla fueron un negocio corrupto. Y es evidente que el Ministro Carrasquilla se enriqueció en una operación financiera en la que fue mucho más que un simple asesor. Que Iván Duque no agrave el grave error que cometió al nombrarlo, dejándolo en el cargo.
Bogotá, 28 de septiembre de 2018.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
La escaramuza que dominó las relaciones entre Colombia y Venezuela, en la cual se involucró Estados Unidos por acción de su presidente Donald Trump, quiso ser aprovechada por los guerreros de siempre. Esos que aún se duelen de los acuerdos de La Habana, los que consideran que son imperfectos, pero nada hacen para afinarlos, depurarlos o pulirlos. Ellos quieren enredarnos en una contienda con Maduro y sus Diosdados y odiados beneficiarios.
Trump mostró en la Asamblea de la ONU, colmillos, uñas y reproches contra todo el mundo. Regañó a Maduro, pero se trastornó con Duque. Anunció que en caso de guerra, estaría al lado de Colombia… pero desde lejos. Y casi olvida lo de la coca y los cultivos ilícitos, pero una ráfaga mental lo llevó al tema, para amonestarnos. Al final con mucho tino, Duque logró convencerlo de que la culpa es mutua: productores y consumidores.
Los guerreros que estaban fuera de la vitrina, buscaron ubicarse en el escenario, aunque fuera como actores de reparto. Su partitura es la guerra. Poco o nada les importa que nos pueda traer una confrontación. Un titular de prensa, un twitter, unos votos, un micrófono o una cámara, los lleva al clímax. Al fin y al cabo, ellos serán los primeros en salir disparados a asilarse en la nación de Trump, mientras nosotros seremos los idiotas útiles para la guerra.
El “eterno” no podía perderse la papaya y echó más leña al fuego pidiendo a los soldados vecinos disparar contra Miraflores… “en lugar de apuntar contra nosotros”. Olvida que sería uno de los más perjudicados con una invasión por ser uno de los mayores terratenientes de Colombia. Pero en fin, se trata de “robar cámara” y satisfacer ansias de guerra a costa de lo que sea.
Por fortuna hay pensamientos y voces que raciocinan, reflexionan y tienen criterio. El Senador Rodrigo Lara, puso a pensar a muchos. Demostró como una guerra nos acabará, nos diezmará, nos aniquilará. En solo unas horas o unos días, quedaríamos borrados del mapa y tardaríamos cien o más años en recuperarnos. Entre tanto los belicosos se frotarían las manos y sacarían sus réditos.
Demostró que la frontera –Cúcuta/San Antonio- es la única fuente que les queda a los venezolanos que saquean ese país para escapar con las pocas divisas que hoy quedan en Venezuela.
La guerra con Venezuela, sería la mayor torpeza que se pueda ocurrir a ciertos dirigentes que piensan poco pero se lucran mucho. Ven en ella una oportunidad para ingresar de lleno a la corrupción, porque rodaría el poco dinero que aún tenemos para comprar armas, adquirir los llamados “anillos de defensa”, barcos, tanques, munición y material de intendencia. Y este país quedaría en ruinas, sin infraestructura, aislado, sin refinerías, con ciudades destruidas, millones de muertos y compatriotas deambulando –como los venezolanos- por doquier, buscando abrigo, comida, sosiego.
BLANCO: El entierro a dejar una sola Corte.
NEGRO: El desaforado presupuesto del Mindefensa. ¿Preparándonos para la guerra?
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Las reformas políticas generan incertidumbre. Es normal que la gente se preocupe cuando le cambian las reglas de juego, y esto es válido en cualquier actividad humana.
Peor aún en la política, porque implica cambiar las reglas para conseguir el poder y las formas de ejercerlo. Con la eliminación de la mermelada nacional, el presidente Duque ya realizó una reforma política y la incertidumbre que ha generado ha sumido el país en la confusión.
Durante décadas la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se basó en el chantaje mutuo. No es cierto que el Congreso fuera acá el victimario, por el contrario, los gobiernos usaron su capacidad de manipulación para tener unos parlamentarios sumisos y resignados. El partido del presidente, como lo ha denominado Fernando Cepeda, no es más que el partido de la mermelada. La política en Colombia se había vuelto una actividad bastante predecible con dos carácterísticas centrales: los proyectos de ley que importaban eran los del ejecutivo (el único capaz de pagar canonjías a cambio de los votos) y segundo, los problemas se arreglaban con leyes (porque el Congreso era el sitio donde más facilmente se podía actuar).
El país se acostumbró a que la respuesta de los gobiernos a los problemas fuese el anuncio de una iniciativa legislativa. No importaba cuál fuese el problema, ni cuál el presidente, la solución siempre estaba a mano: redactar un proyecto de ley, enviarlo al Congreso, y asegurar que las mayorías lo aprobaran a cambio de su buena porción de mermelada. Como consecuencia tenemos un país lleno de normas, uno de los congresos más prolíficos del mundo y una opinión pública (especialmente los medios de comunicación capitalinos) concentrada en lo que sucede entre el Congreso y el presidente.
¿Y la realidad? Bueno, la realidad pocas veces se notificó de este juego. Cuando se tiene la oportunidad de viajar al exterior es fabuloso sentirse orgulloso de tener legislación de avanzada en casi todas la materias (¿habrá algún tema sobre el cual no hayamos legislado?) y ser un país que ha suscrito casi todos los tratados internacionales. Pero los resultados de todo eso se diluyen en la medida que el país se va hacia la periferia, donde los resultados van desde el famoso “esa ley por acá no pegó” hasta el simple desconocimiento de la norma y en la mayoría de los casos funcionarios y ciudadanos tratando de vivir al margen de las normas, o acomodándolas a su realidad o a su conveniencia. Las dos Colombias de las que tanto se habla son el resultado de esto, un centro dedicado al juego de resolver los problemas a punta de leyes y una periferia tratando de vivir con ellas, sin ellas o a pesar de ellas.
Como consecuencia de este modelo de gobernabilidad, los ministros pasaban más tiempo atendiendo al congreso que resolviendo los problemas del sector, más ocupados con los asesores jurídicos para discutir y tramitar las leyes que con los ingenieros, economistas y equipos encargados de implementar las políticas. De otra parte, los congresistas, en lugar de ocuparse de la lectura de las leyes para garantizar una sana discusión, se empeñaban en juegos de dilación: demorar el nombramiento de ponentes, demorar la ponencia, demorar la publicación, demorar el agendamiento de la discusión y hasta demorar la conformación del quórum, todo en espera de una llamada del ministro para cobrar la respectiva extorsión.
El presidente Duque ha decidido cambiar todo esto, y empezar a cimentar una política moderna, como la de los congresos de los países desarrollados. Eliminar el intercambio de favores para el trámite legislativo es un cambio trascendental y con claras consecuencias.
En primer lugar, la labor de los ministros es asegurar que su sector funcione, y garantizar que las políticas públicas se implementen, por eso, por primera vez no tenemos un inicio de congreso inundado de iniciativas legislativas. Si las cosas salen bien vamos a tener, por primera vez, ministros más enfocados en las políticas que ocupados con los políticos.
El problema es que del otro lado, de parte de los partidos y los congresistas, e incluso de muchos periodistas y líderes de opinión, reina la confusión. No estaban preparados para un cambio en las reglas de juego pues nadie le creyó al presidente su promesa de campaña de terminar la mermelada. Asumieron que una vez en el gobierno, las cosas serían como siempre, con el agravante que las reelecciones de Uribe y de Santos sacaron la mermelada de sus justas proporciones.
Lo que el presidente Duque ha hecho es cambiar las reglas del juego que marcaron y caracterizaron la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y este último aún no sabe cómo reacccionar, porque para reaccionar ante el nuevo escenario se requieren partidos, y los partidos no se hacen con leyes, sino con ideas, prácticas y ejercicios políticos al interior de los mismos. La nueva situación requiere partidos más programáticos, que sean capaces de decirle a la opinión pública qué es aquello en lo que creen y qué es aquello que defienden y actuar en consecuencia. Los partidos tienen que conectarse con las nuevas realidades de la sociedad colombiana, o resignarse a languidecer y perecer. Sin mermelada vuelve a tener relevancia el debate de ideas. Si antes no importaba lo que dijeran los parlamentarios, porque al final los cuadraban para votar por el gobierno, en este nuevo escenario los poderes de convicción y discusión de lado y lado van a ser esenciales.
La primera reforma política ya la hizo el presidente, el problema es que no hemos dimensionado sus implicaciones.
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2018
*Exviceministro del Interior.
Cabe preguntar si la Procuraduría está cumpliendo bien su función de expedir certificaciones sobre antecedentes disciplinarios.
Dentro del esquema de distribución de funciones previsto en la Constitución, una certificación no hace sino reflejar una información de la cual se dispone, pero una certificación no es un acto -mucho menos una sentencia-, ni es un documento mediante el cual se pueda crear una situación jurídica, condenar o exonerar de responsabilidad penal o disciplinaria a una persona. La certificación simplemente manifiesta, con base en la confiabilidad que ofrece al público y al Estado -y en ejercicio de una función específica-, sin poder modificar ni añadir nada, aquellos datos de los que dispone. Por ejemplo, hablando de antecedentes disciplinarios, únicamente expone cuáles son ellos; cuál es la situación actual del solicitante respecto al organismo; si se encuentra inhabilitado o no para ejercer funciones públicas, y, en caso de estarlo, cuál es el término de la inhabilidad.
Pero ese certificado no puede, porque sería un exceso y un abuso, añadir respecto de alguien una inhabilidad inexistente, o extender más allá de la inhabilidad impuesta el tiempo de duración de su vigencia. Si así ocurriera, quien certifica estaría imponiendo sanción -aunque el tiempo agregado fuera de un solo día-, y para ello carece por completo de competencia.
Esto lo decimos por cuanto hemos conocido el caso reciente de una ex funcionaria que hace más de cinco años fue condenada -no por alguna de las conductas contempladas en el artículo 122 de la Constitución, que generan inhabilidad de por vida- a pena de 60 meses de prisión (5 años) por la Corte Suprema de Justicia, y a una inhabilidad de 69 meses (5 años y 9 meses) para el ejercicio de cargos o funciones públicas. La pena ya se cumplió hace tiempo, y el período de la inhabilidad impuesta ya transcurrió completamente. Pero el certificado de antecedentes que solicitó, tras varios años de haber cumplido la sentencia, dice expresamente que la inhabilidad para el desempeño de cargos y funciones públicas que se le aplica se extiende desde junio de 2012 hasta junio de 2022, es decir, diez (10) años, cuando la sentencia de la Corte Suprema solamente inhabilitó a la ex funcionaria por término de 5 años y 9 meses.
En otras palabras, el funcionario que certificó le añadió cuatro (4) años y tres (3) meses de inhabilidad, por su cuenta, por sí y ante sí, sin debido proceso, sin que la señora hubiese sido condenada disciplinariamente, sin que tuviera más inhabilidades. Además, modificando, por certificado, una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.
El argumento: que, en virtud de la Ley 734 de 2002, al haber sido condenada a más de cuatro años de pena privativa de la libertad, su inhabilidad es de diez años. Y ello, aunque el fallo de la Corte le impuso un tiempo de inhabilidad mucho menor.
Así, pues, por una mala interpretación de la ley disciplinaria, ahora quien certifica sanciona, y además modifica una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
El señor Procurador Carrillo tiene la palabra.
Bogotá, D.C, 26 de septiembre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Me encontré con un texto de dos investigadores estadounidenses que se llama 'Cómo Mueren las Democracias' y proponen dos opciones: Uno. Con un golpe de Estado clásico, como en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo.
El palacio presidencial arde en llamas. El presidente es asesinado, encarcelado o desterrado al exilio. La Constitución se suspende o se descarta.
Y Dos. Por la vía electoral. Sin tanques en las calles. La Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido.
Y esta segunda vía propuesta por los profesores de Harvard Steven Levistky y Daniel Ziblatt, que llevan décadas estudiando la debilidad de las democracias occidentales, es la que se ajusta a la realidad democrática colombiana. Como anillo al dedo. Todos quienes tienen en sus manos las instituciones, buscan destripar esta democracia, cosa que se ha hecho por décadas. Para ilustrar esta afirmación traigo tres ejemplos sobre hechos muy recientes.
Primer ejemplo: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla va a un debate al Senado a quejarse por las duras críticas de que ha sido objeto por los famosos bonos de agua y se lamenta porque “es el día de más desagrado en el Senado” y critica a su contradictor en el debate, el senador Robledo, por haberle hecho añicos, “durante dos semanas”, su tranquilidad; y, para rematar, lamenta que el congresista le haya achacado responsabilidad en la quiebra de los 117 municipios “echando Twiter cada dos minutos”.
No entiende el ministro Carrasquilla que en una democracia la contradicción ideológica es de su esencia y que más allá de las quejas el control político es necesario para que una democracia goce de buena salud, lo contrario sería lo más parecido a un régimen totalitario. Como el de Pinochet.
Carrasquilla, el ministro de economía, que amenazó rompernos el bolsillo con el IVA del 19 por ciento a los productos de la canasta familiar, no supo cómo justificar los ocho mil millones de ganancia que, a juicio de su mentor, el senador Uribe, son una nimiedad si se compara con los cuatro años que duró su asesoría. No explicó por qué, a través de los llamados bonos de agua, dejó en la miseria a 117 municipios y sin agua potable. Pero, peor aún, no pudo desvirtuar las delicadas acusaciones de apropiarse de información privilegiada, indebidamente, para favorecer a la empresa de la cual era socio. Si esto no es un hecho punible, por lo menos debió castigársele su ausencia ética. “Creo en la inocencia del ministro”, dijo Duque. Si esto no hace porosa una democracia, entonces ¿qué?
Segundo ejemplo: El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, socava la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de los medios de comunicación y las redes sociales porque lo investiga por presuntos vínculos con la manipulación de testigos; y le achaca la responsabilidad de estarle dañando su reputación “con las nuevas generaciones de colombianos”. No ahorra esfuerzos, el exmandatario, para maldecir de sus jueces naturales desconociendo la independencia de la justicia como escenario regulador de los derechos de cualquier ciudadano en una democracia.
Vaya! Vaya! A Uribe, que se benefició de la democracia que lo hizo presidente durante dos periodos, hoy no le sirve el proceso democrático porque lo investiga y lo llama a indagatoria.
El tercer ejemplo: este si es la tapa. La teatralización que el Fiscal Néstor Humberto Martínez, hizo ante los medios para declarase sorprendido porque “la madame” de Cartagena desdice de la justicia colombiana: “ Y ahora -hace una pausa de cariacontecido- la madame poniendo en tela de juicio la justicia!!! -y levanta la voz- “¿En qué país vivimos?”.
Pues señor fiscal si no está enterado, aquí se lo contamos: es que no es solo “la madame” o prostituta o como la quiera llamar la fiscalía, la que critica y desconfía de esta justicia por inoperante, ineficaz e impune. Muchos colombianos, que no somos criminales, también estamos llenos de desconfianza. O es que no le dicen nada Odebrecht, Reficar, el carrusel de la contratación, Chirajara, Navelena etc. etc. solo por mencionar unos cuantos escándalos y ninguno, óigase bien, ¡ninguno! de los dueños o directivos que administraron estos desfalcos y sobornaron, están tras las rejas; pero sí le clavan una tutela a una indefensa periodista y columnista por calificar de inútil a un fiscal ineficiente. Si esto no es deslegitimar una democracia, entonces ¿qué?
Vuelvo al texto inicial que cité, ‘Cómo Mueren las Democracias‘. Pues así, como lo acabo de relatar con estos tres ejemplos: dejando a un lado la ética, evadiendo responsabilidades políticas, despotricando de la justicia, obstruyéndola, persiguiendo la prensa y, peor aún, haciendo hasta lo imposible para que no funcione. Muchos no escatiman esfuerzos para que Colombia, en síntesis, no sea una democracia.
Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2018
*Periodista.
@jairotevi
