Opinión
Alguna vez le pregunté al presidente Rafael Correa del Ecuador cómo manejaban ellos las consultas previas. Y me dio esta respuesta, muy en el tono autoritario que el maneja. Me dijo: nosotros si hacemos consultas previas acá en el Ecuador, pero lo que no admitimos es que esas consultas nos paralicen las obras públicas. La magnífica red de carreteras que tiene el Ecuador demuestra que las cosas se pasaban exactamente como me dijo Rafael Correa.
Esto se me viene a la memoria al leer que está próximo a salir una sentencia en la Corte Constitucional en virtud de la cual se revisa una nefasta jurisprudencia que había sentado esta misma Corte, por virtud de la cual se permite hacer en cualquier municipio consultas sobre asuntos mineros que tienen la virtualidad de paralizar, en caso de salir vencedoras, toda explotación minera en el respectivo municipio. Al día de hoy se cuentan por decenas los municipios en los que está proscrita toda actividad minera, luego de la negativa ciudadana que se ha expresado en tales consultas.
El anuncio de la sentencia que está por salir dice que, como es lo lógico, la Corte reivindica el viejo principio que viene desde los tiempos del derecho indiano, según el cual el subsuelo es propiedad de la Nación y no de los municipios o de las comunidades allí asentadas. Con lo cual quedan prohibidas este tipo de consultas hasta que el Congreso - que dispondrá de dos años para ello- disponga lo contrario.
La otra noticia que ha aparecido por estos días es que el partido Cambio Radical se dispone a presentar ante el Congreso un proyecto de ley por el cual se reglamentan las consultas. Definiendo que ellas no pueden durar indefinidamente, y que cuando se convoquen deben obedecer a un real interés de la sociedad en dichos asuntos. Ambas noticias están concatenadas. La Corte le daría dos años de plazo al Congreso para regular el tema de las consultas, que hoy no tiene un marco legal claro; y la iniciativa de Cambio Radical conduciría a que el Congreso, por fin, tenga que ocuparse del asunto.
La regulación de las consultas previas para evitar los abusos que se vienen cometiendo con ellas es algo apremiante. Si las cosas transcurren como se han anunciado el Congreso dispondría de dos años para regular la materia; tiempo que coincidiría con el requerido para darle consideración y trámite al proyecto de ley preparado por Cambio Radical.
El tema no puede ser más urgente. Puede decirse sin exageración que los abusos que se vienen cometiendo en materia de consultas previas están, de una parte, ahuyentando la inversión de la minería en el país que, bien regulada, no tiene porqué entrar en colisión con la protección del medio ambiente, y de otra, paralizando muchas inversiones prioritarias.
Un país como Colombia, con menos población indígena que Ecuador, Perú o Bolivia, le ha dado curso a más de 900 consultas previas. Al paso que los países mencionados tienen consultas que fluctúan en un número de 40 a 50. Hay pues una clara desmesura y a menudo abusos, en la manera como se viene utilizando el instrumento de las consultas previas en Colombia.
Tenemos pues una preciosa oportunidad entre manos: si el fallo de la Corte sale en la dirección que se ha anunciado, se iniciaría una especie de moratoria con relación a las consultas previas que vienen prohibiendo la minería a lo largo y ancho del país con grave demerito para nuestra economía. Y de otro lado se abre la posibilidad para que el Congreso, cosa que no ha hecho hasta el momento, se ocupe con seriedad de regular la figura de consultas previas.
Sería frenético, pues, una saludable moratoria que nos daría un respiro frente al carrusel de consultas en que estamos envueltos, y nos permitiría visualizar un escenario de modernidad como el que hoy tiene el Ecuador; y que solamente se lograría si se le pone orden a las consultas disparatadas. Estamos necesitando con apremio una moratoria en matera de consultas.
Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2018.
*Abogado y Economista. Exsenador y Exministro de Estado.
Ahora que se buscan por todas partes ingresos fiscales que le permitan al Gobierno cumplir su promesa de rebajar los impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo cubrir el faltante del presupuesto y además disminuir el déficit fiscal, es necesario tener imaginación y audacia para diseñar una reforma tributaria en la que no paguen el pato los mismos de siempre.
En la última reforma se bajó un poco la tributación de las empresas, a costa de subir la de asalariados y trabajadores independientes de ingresos medios y altos, además de los tres puntos adicionales en la tarifa del IVA. Esa receta no se puede repetir y se deben buscar fuentes distintas de recaudo tributario. Los impuestos a la tierra son una de esas fuentes de ingresos fiscales que no solo pueden llegar a ser muy cuantiosos, sino que además tienen beneficios colaterales para el desarrollo económico.
El debate más reciente sobre los impuestos a la tierra lo planteó una fuente insospechada, la revista The Economist, conocida por sus posiciones ortodoxas y de apoyo al libre mercado. Un primer paso conservador sería eliminar las recientes rebajas a los impuestos a las herencias (en Estados Unidos). “Una propuesta más radical sería crear un impuesto sobre el valor de la tierra, que es la forma más eficiente de impuestos sobre la propiedad”. El principal argumento de la revista es la realidad del enorme incremento en los precios de la tierra, sobre todo en las áreas urbanas y suburbanas, lo que ha generado pingües ganancias a los actuales propietarios y, en las grandes ciudades ha frenado el acceso de los jóvenes a la vivienda propia por los precios inalcanzables.
En Colombia también se trata de una propuesta muy antigua y defendida con ahínco por una de los grandes líderes empresariales del siglo pasado, don Hernán Echavarría. Es conocido su diagnóstico de que la mayor parte de la tierra no es un activo productivo, sino una especie de alcancía que se compra esperando la valorización sin preocuparse por explotarla adecuadamente. En su opinión esto es la base del problema agrario en Colombia y un obstáculo para el desarrollo económico.
Se puede objetar que en el actual marco constitucional del país este tipo de propuestas incrementarían los ingresos de los municipios pero no los de la nación. Es cierto, pero hay formas de superar esta dificultad.
Cali 16 de septiembre de 2018
*Economista y Filósofo. Consultor independiente.
“Ojalá la vida no le sea ingrata a Elías con el futuro de Vecol. Ojalá los afanes de reemplazo no respondan a compromisos burocráticos para consolidar apoyos urgentes. Ojalá una empresa pulcramente administrada y competitiva internacionalmente, no se convierta en caja menor del Ministerio de Agricultura, botín político o nido de corrupción…”.
Así escribí en marzo de 2016, cuando el exministro Iragorri le impidió a Elías Borrero asistir a la Asamblea de Accionistas para entregar, después de 16 años, la empresa que había convertido en joya de la corona de la institucionalidad agropecuaria. Ya lo había intentado Lizarralde en 2014, cumpliendo instrucciones de Palacio de entregarle la empresa a un político, pero la Junta Directiva se atravesó y el señor Hugo Graciano y su jefe político tuvieron que esperar dos años. Pero los clientelistas no tenían afán en el gobierno Santos.
Con Iragorri, las cosas fueron a otro precio. Algún día me preguntó si estaba de acuerdo en cambiar a Elías y, ante mi negativa, sacó a Fedegán de la Junta y a todo el que le estorbara; y colocó sus fichas y al viceministro Pineda, recordado por inepto y por su ladina obsecuencia para hacerle “mandados” al jefe, como atropellar a un hombre digno como Elías o empujar al Fondo Nacional del Ganado a su liquidación.
Mis “ojalás” de 2016 se quedaron en deseos. El ministro “armó” su proceso de selección y, ¡oh sorpresa!, el candidato Graciano resultó ser el mejor dos años después.Ya en la Gerencia empezó ese proceso que tanto daño le ha hecho al país: llegaron los amigos a contratar con los amigos; las empresas paisas amigas se pusieron de moda en Vecol; llegaron los asesores bien pagos, todos de Medellín y con pasajes de fin de semana. Hubo “reestructuración”, para ajustar unidades clave para el “éxito empresarial”, como el Departamento de Compras -¡claro!-; para acomodar los amigos y para cambiar trayectoria e idoneidad por inexperiencia e incompetencia.
Mucha tela que cortar para la Contraloría y la Procuraduría. ¿Por qué se perdió el negocio de vacuna con Ecuador, de casi tres millones de dólares en 2017?, algo que dejó dudas y sospechas. ¿Será cierto que, de afán e indebidamente, se registró el ingreso de una millonaria exportación a Uruguay a finales de 2017, para “cuadrar año”, no solo de ventas y utilidades, sino de una bonificación por resultados muy jugosa para los gerentes? ¿Por qué las ventas crecen, pero las utilidades disminuyen? ¿No será la euforia del gasto? Vecol sobrevivió a Graciano por la solidez heredada –más de 55.000 millones en caja dejó Elías Borrero-, pero está herida...
El ministro Valencia “la tiene clara”. Parodiando a Bolívar en el Pantano de Vargas: ¡Ministro: salve usted a Vecol!
Bogotá, D.C, 16 de septiembre de 2018
*Presidente de Fedegan
Pocas veces se ha enfrentado el deporte con toda la seriedad que requiere esta actividad en la vida nacional. Esta vez, el presidente Duque decidió entregar tan comprometedora labor a un experto y decidido personaje. Ernesto Lucena será el encargado de dar el empuje que requiere el deporte en nuestro país.
Nunca antes, el deporte estaba en punto tan alto en Colombia. Las diferentes disciplinas sacan a diario la cara por la patria en los más exigentes escenarios del mundo. En salto, en ciclismo, en fútbol, en tenis, en clavados y en tantas especialidades más, se destacan nuestros muchachos y muchachas. Copas, medallas y premios llenan las vitrinas de nuestros representantes. El tricolor se iza en cuanto proscenio, entablado, escenario y teatro se premia a los mejores.
El deporte hace parte de la promoción de nuestro país como potencia muscular y como atracción turística, porque ambas marchan al unísono. El Mundial de Rusia lo demostró, llevando a incalculable número de visitantes. Las vueltas a Francia, España e Italia, enseñan la belleza estos países e interesan a los turistas del mundo entero. Lamentablemente la vuelta a Colombia es cada vez más lánguida. Este evento que paralizaba al país, hoy poco importa. Son ciclistas de segunda los que se disputan la camiseta y las copas. Hasta los ecuatorianos derrotan a nuestros jóvenes pedalistas. Dirigentes de la talla de Miguel Ángel Bermúdez brillan por su ausencia. Ya no participan equipos con la insignia nacional, como ocurría con el combinado “Café Colombia”, que patrocinaba la Federación de cafeteros.
Esas son las labores que esperan a Lucena, un joven que siempre se ha ocupado del deporte, desde las aulas del Sergio, hasta los escenarios deportivos. Y de verdad fue un acierto de Duque y un compromiso de quien llevará en sus hombros tan difícil pero promisorio encargo. Tendrá que rescatar el nombre de Colombia en sus disciplinas tradicionales y promocionar y desarrollar nuevos semilleros, porque talento y capacidad tenemos.
También le espera una ingrata gestión dados los vicios en que han incurrido dirigentes, como aquello de revender boletas para el mundial y tantos desmanes más que denuncian a diario en los medios.
Él sabrá rodearse de los mejores colaboradores y reglamentar la promoción de muchas disciplinas en la prensa, la radio y la televisión, para atraer cada día a más jóvenes y alejándolos de la droga y los vicios que tientan a quienes se alejan del deporte.
Lucena puede lograrlo. Tiene toda la capacidad y las ganas de fomentar el deporte en todas sus manifestaciones, para engrandecer cada vez más a esta Colombia que quiere sobresalir en todos los deportes que se practican en mundo entero.
Es uno de esos personajes que salen al panorama para fortalecer nuestra imagen en el mundo del músculo y del turismo que florecen con ímpetu y energía para fortalecernos.
BLANCO: La recuperación de las finanzas de Ecopetrol.
NEGRO: El fallecimiento de Humberto Salcedo Jr. Gran cronista deportivo y buen amigo.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2018
*Periodista exdirector de Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva
Los agarofóbicos creen que cuando la gente opina retrasa el desarrollo, desinstitucionaliza el país y cosas similares. Por eso no les gustan las consulta previas, ni las consultas populares ni las consultas sociales de ninguna índole.
Este temor a que los ciudadanos se atrevan a incidir en el rumbo de los acontecimientos lo podemos llamar agorafobia.
Como sabemos, el Ágora era el sitio donde los atenienses se reunían a deliberar y tomar decisiones. Los atenienses se veían a sí mismos como iguales y por tanto asumían que todos tenían la misma capacidad de discernimiento para tomar las decisiones que más les convenían. No creían que hubiese que elegir a alguien que tomara las decisiones por ellos, ni que los saberes técnicos implicaban una preponderancia para definir el destino colectivo.
La agorafobia se relaciona, según la academia de la lengua al temor con los espacios abiertos, pero en el sentido que acá le queremos dar no es el temor al espacio vacío, sino el temor a los espacios llenos… llenos de gente… de gente que se cree igual a uno… y que además pretende ser escuchada para tomar decisiones: el horror.
Ese horror es el que ha acompañado a los sectores más reaccionarios de la sociedad siempre que alguien más pretende ocupar un espacio de poder. El temor que tuvieron los nobles con los burgueses. El temor de los burgueses con el pueblo raso. El temor de los hombres de ese pueblo raso con las mujeres. Y la historia de la democracia es la conquista de ese derecho a opinar y decidir.
El problema es que hoy la gente no se conforma con decidir quién los va a gobernar. La democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años y esperar a ver si el gobierno de turno lo hace bien. Esa democracia es cosa del pasado. La gente quiere opinar todo el día, todos los días, y lo hace a través de encuestas y sobre todo de las redes sociales. Pero esa acción no representa un cambio en las relaciones de poder ni una incidencia real en el futuro colectivo.
Por eso la gente busca los espacios de participación que les permitan incidir en aquellas decisiones que considera que van a afectar gravemente su vida. Como los macroproyectos que van a cambiar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrolla su vida y la vida de sus hijos. Y usualmente sus opiniones son no solo legítimas, sino útiles para que las cosas salgan mejor. Del mismo modo que un proyecto de ley que se discute en el Congreso siempre sale mejor luego del debate público, así mismo sucede con los proyectos de desarrollo que van a afectar a la gente en las regiones.
Pero a los agarofóbicos eso les parece terrible. Como a los viejos nobles en los jardines de Versalles, como a los burgueses ricos que no querían que los pobres sin educación tuvieran derecho a votar, como los hombres que pensaban que las mujeres no tenían nada que opinar. Los agarofóbicos cren que cuando la gente opina retrasa el desarrollo, desinstitucionaliza el país y cosas similares. Por eso no les gustan las consulta previas, ni las consultas populares ni las consultas sociales de ninguna índole. Ellos, los agarofóbicos, que son privilegiados, educados, ricos y poderosos, son los que saben lo que conviene, no solo para ellos, sino para los demás y para los que vengan en el futuro, para todos.
Lastimosamente para ellos, y afortunadamente para los demás, esa idea ya no tiene cabida en el mundo democrático moderno. En Colombia, en América Latina, en Africa, en Asia, por doquier, la gente quiere ser escuchada, la gente quiere ser tenida en cuente, la gente quiere ser incluída. Y muchos se han dado cuenta de que eso es lo mejor que puede suceder, pues no solo los proyectos se ejecutan mejor, se descubren aristas que no se preveían, se incorporan saberes desconocidos, se garantiza un mejor uso de los recurso, se genera mejores beneficios para capas más amplias de la población y se proveen bases de sostenibilidad para los proyectos. Hacer cosas contra la gente ya no es una opción y hacerlas con la gente y a favor de la gente es el mejor negocio para todos.
La mayor parte de las empresas y las agencias de cooperación han descubierto esto y cada vez más las buenas prácticas corporativas incorporan los elementos de consulta social. Del mismo modo que 50 años atrás el mundo incorporó los impactos ambientales en su desarrollo hoy el reto es la institucionalización de los procesos de consulta social.
Los distintos métodos y mecanismos de consulta social requieren reglas que resuelvan dilemas complicados, como saber quiénes pueden y deben participar, cuál es el alcance de la consulta y cuáles son las reglas del debate. Todos estos aspectos tienen que ser refinados. Existen cada vez más distintas metodologías y opciones para buscar los mejores resultados. Es muy probable que una votación abierta no sea el mejor método para resolver cómo dar el mejor manejo a una explotación minera, pero pretender que la gente se va a quedar en la casa mientras otros deciden qué hacer con su territorio, con su comunidad y con su futuro es no entender el mundo en que vivimos.
Las consultas sociales, en sus distintas versiones, son la mejor opción para enfrentar los retos del desarrollo, pero como en el pasado, toca enfrentar el temor de los agarofóbicos. Y como en el pasado, la gente terminará triunfando.
Ex viceministro del interior*
Hemos visto en estos días -con gran alarma y con dolor- cómo el maltrato infantil se está convirtiendo en práctica común que, además, queda impune en la mayor parte de los casos. Se habla de un promedio de sesenta y seis casos diarios de maltrato, y de una cifra escalofriante de denuncias, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: tan solo en lo que va transcurrido de este año, ellas llegan a diez mil novecientas setenta y siete. Casos denunciados. ¿Cuántos serán los no denunciados?
Este lunes se divulgó un video de seguridad en que se observa la crueldad con la que, en un jardín de Cali, una empleada -la misma que tenía a cargo su cuidado- maltrata a una bebé de diez meses, quien presenta fractura de fémur y otras lesiones como consecuencia de la violencia ejercida. Y el mismo día se conoció que un niño de cinco años murió en Neiva, también como consecuencia de maltratos.
Si a los casos de maltrato sumamos los de violencia sexual ejercida contra los menores, el panorama es de gravedad extrema. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es de los países en donde se registra mayor violencia contra los menores.
Solamente entre enero y marzo de 2018, en Bogotá fueron reportados mil cuarenta y un casos de abuso sexual contra niños. En 2017, según el ICBF, fueron denunciados cerca de cinco mil casos.
Más de diez mil menores son víctimas de violencia intrafamiliar cada año, y, como lo dice el Instituto de Medicina Legal, no existe un sistema de información adecuado que permita hacer un seguimiento más realista de la creciente violencia desatada en el país contra la niñez.
Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el problema no se tiene por falta de normas protectoras. Las hay muchas, comenzando por las constitucionales, las penales y las contenidas en convenciones y tratados internacionales que obligan al Estado colombiano.
El artículo 44 de la Carta Política establece con claridad que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Dice el precepto que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales, además, prevalecen sobre los derechos de los demás.
El Presidente Duque propone -y estamos de acuerdo- la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Pero es necesario que, ante todo, el Estado diseñe una política de verdadera y efectiva protección de los niños, y verifique el real cumplimiento de las normas vigentes. Porque muchas nuevas disposiciones se pueden dictar y también se quedarán escritas, mientras no tomemos conciencia -todos- de la necesidad de actuar. Se requiere la denuncia por parte de quien tenga conocimiento de estos casos; y se necesita que las investigaciones se lleven a cabo y que las sanciones se apliquen de verdad a los salvajes que cometen este tipo de delitos contra los niños.
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2018
Con mucha preocupación el pueblo nariñense viene siendo testigo de una nueva crisis humanitaria que se viene presentando en el municipio de El Charco, en la costa pacífica de nuestro departamento, todo por un masivo desplazamiento forzado por cuenta de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de las rutas del narcotráfico y como siempre, la población civil y las familias humildes son quienes llevan la peor parte, porque al buscar preservar sus vidas tienen que dejar lo poco que tienen para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.
No es posible, que en tiempos donde el país busca enrutarse en la etapa del posconflicto se repita la historia de las épocas de la violencia, donde el desplazamiento, el despojo y la muerte era el común denominador, sobre todo en zonas marginales como la de nuestra costa pacífica.
No podemos permitir que la historia se repita y siga cobrando la vida de inocentes y enlutando a muchas familias de nuestra región y del país donde se registran situaciones similares a las que ocurren en el departamento de Nariño.
Lo ocurrido recientemente en El Charco y otros episodios de desplazamiento sucedidos éste semestre en municipios como Roberto Payán es verdaderamente grave y muy triste.
Quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional vemos con suma preocupación estos hechos que empañan a toda una región trabajadora, llena de gente noble y con esperanzas de un mejor mañana.
El desplazamiento masivo en El Charco de 90 familias que representan 300 personas, que les tocó huir en días pasados de seis zonas rurales del municipio de manera inesperada, nos debe despertar toda la solidaridad y llamarnos a buscar acciones colectivas que permitan apaciguar la tragedia que viven y garantizar de la misma manera que no vuelvan a vivir este tipo situaciones.
Y es que según las autoridades, los desplazamientos selectivos se vienen presentando desde el año 2007, sin que hasta el momento ninguna autoridad le haga frente a este penoso flagelo.
La única solución que ofrece el Estado es la militarización de la zona como lo confirmó la Fuerza de Tarea Hércules, que ha desplazado a cuatro mil hombres para preservar el orden público por toda la ribera del río Tapaje, muchos nos preguntamos ¿será que la vía militar es la solución al histórico abandono estatal de estas comunidades?
Lo que realmente necesita El Charco, la Costa Pacífica nariñense y en general todo el Litoral Pacífico, es más salud, mejor educación, más fuentes de trabajo, más agro industria y menos corrupción, es decir, todo el componente de inversión social que lleva años esperándose.
El Estado debe saldar la deuda social con el Pacífico y no sólo ofrecer la salida militar como única alternativa a la grave crisis social, representada en la pobreza extrema, en la miseria, en la marginalidad y la exclusión, a la cual tienen sometidos a todos estos compatriotas que habitan en la otra Colombia, la que sólo se conoce a través de los mapas en cómodos escritorios en Bogotá.
Por otro lado, es preocupante el exterminio que continua presentándose en Nariño contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el último de ellos, cobró la vida de Jair Escobar, un dirigente social que hacía parte de la junta directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en el municipio de Tumaco.
Según la Defensoría del Pueblo, ya son 20 los líderes asesinados en Nariño, entre enero de 2016 y agosto de 2018, hechos luctuosos supremamente graves en un país que firmó un proceso de Paz, y que busca la reconciliación nacional.
Así mismo en nuestro sur del país, pero en el departamento del Putumayo, los periodistas Jairo Figueroa, corresponsal de Noticias Caracol, Germán Arenas, corresponsal de Colprensa en Caquetá y Putumayo y Duván García, periodista de la emisora comunitaria Noticias al Día, han sido víctimas de amenazas por parte de actores desconocidos.
Aseguran, que han recibido tres amenazas en menos de un mes, sin que hasta el momento la autoridad competente reaccione. La UNP apenas la semana pasada realizó el estudio de riesgo y la respuesta es que hasta dentro de tres meses dará contestación si ameritan o no medidas de protección.
Ojalá, que durante ese plazo, no les suceda nada que lamentar a estos tres periodistas que con valentía, profesionalismo y veracidad informan a diario al Putumayo y Colombia.
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2018.
@GGarciaRealpe
Sí, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo 'The New York Times' (NYT) hizo de un “ensayo” anónimo, la noticia más importante de la última semana en Estados Unidos que, por supuesto, estremeció los muros de la Casa Blanca.
El anónimo publicado por el NYT, al parecer una persona de las “entrañas” de Donald Trump reveló, palabras más palabras menos, la incapacidad de su jefe para ejercer la presidencia de Estados Unidos con sus consecuentes peligros para la seguridad nacional. El escrito nada nuevo dice sobre Trump, pero el periódico la utilizó para sacar ventaja sobre la figura presidencial y ponerlo en aprietos. Hecho censurable por tratarse de una denuncia que no tiene origen en una investigación propia del periódico.
Bien lo dijo la periodista de The Washington Post, Margaret Sullivan, según cita la revista SEMANA, que la decisión del Times de publicar la pieza fue “un pantano de rareza lleno de cuestiones de ética periodística y con posibles consecuencias legales”.
La primera reacción de Trump fue calificar la publicación a través de su arma preferida, el Twiter, de “traición”, y le reprochó al periódico que si “ese anónimo cobarde de verdad existe, NYT debe, por razones de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato”.
Seguramente el periódico no revelará la identidad de su “fuente”, pero lo que es éticamente cuestionable es que un medio de comunicación del prestigio del NYT decida darle entero crédito a un anónimo sin contrastar la veracidad de lo escrito, y justificar la decisión de publicarlo sencillamente porque conoce el nombre del responsable y su cargo en la Casa Blanca. Ahora, si es cuestionable la publicación del anónimo, es más grave aún que no tenga la opinión de la contraparte, en este caso el presidente Trump. Una regla de oro del periodismo.
Y qué tal el esperpento de argumento de la sección editorial del periódico para justificar por qué puso a circular la versión anónima: “Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”. Es decir, vamos a fiarnos de los embusteros para hacer noticia.
No hay explicación que justifique ese adefesio periodístico salvo que haya existido la intención editorial de revelarse políticamente ante sus lectores y declararse abiertamente anti-Trump. Es legítimo que un periódico o un canal de televisión o una emisora asuman una postura política, pero debe decirlo. Eso es transparencia ética.
Esa realidad se repite con frecuencia en los medios de comunicación occidentales cuyo sesgo ideológico desvirtúa la idea de que la prensa es un foro público, una especie de ágora que fortalece la democracia.
“Un periodismo que acepta vivir con una memoria corta de los hechos, tal como aparecen en un día determinado, y con la versión que de ellos han ofrecido las fuentes interesadas, es un periodismo mutilado que se pone en manos de las partes enfrentadas”, sentencia Furio Colombo, en su libro Últimas Noticias sobre el Periodismo.
@jairotevi
Desde que tengo uso de razón he estado oyendo hablar del Proyecto de la Represa del Ranchería en La guajira, un sueño largamente acariciado y aplazado indefinidamente que tiende a convertirse en una pesadilla por cuenta del desdén y la desidia de los sucesivos gobiernos. Estamos hablando de un proyecto multipropósito: irrigar 18.030 hectáreas, generar 7 MW de energía y servir de fuente de abastecimiento de los acueductos de 9 de los 15 municipios que integran el Departamento. El mismo ha servido de caballito de batalla en todas las contiendas electorales, sobre el cual han cabalgado los aspirantes al solio de Bolívar en los últimos 50 años; mal contados, estamos hablando de más de 12 cuatrienios presidenciales y aún sigue siendo una promesa incumplida. La Represa del Ranchería sigue inconclusa y como en el cuento del gallo capón, cuando se pregunta por ella sólo se tienen preguntas por respuestas.
Como en el drama de Sísifo, una y otra vez se intentó porfiadamente ir más allá de los estudios sin encontrar eco en el Gobierno Nacional, sin cuyo concurso es imposible su realización, dada la envergadura del mismo. En uno de esos tantos intentos frustráneos, como Presidente del Congreso de la República logramos persuadir al Presidente Ernesto Samper de su importancia e impacto regional y la necesidad de su apoyo. En efecto, en las postrimerías de su gobierno se abrió la licitación para los estudios, diseños y ejecución del Proyecto, pero con tan mala suerte para La guajira que el triunfo en las urnas del Presidente Andrés Pastrana truncó el proceso al declarar desierta la licitación el 11 de octubre de 1999. Pudo más la revancha contra el Gobierno anterior que los superiores intereses del Estado en este desaguisado. Como Senador no me quedó más que protestar enérgicamente “a propósito de este atropello inadmisible por este golpe bajo” que se le infligió a La guajira y a los guajiros. Se nos quemó el pan en la boca del horno!
A todo señor todo honor, al ex presidente Álvaro Uribe se le abona su determinación al desengavetar el Proyecto del Ranchería y ordenar los diseños y la ejecución de la primera fase del mismo. En diciembre de 2010 se dio por finalizada la presa El Cercado, con un área inundable de 640 hectáreas y una capacidad de embalse de 198 millones de metros cúbicos de agua, así como las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar. El monto de la inversión fue del orden de los $650.208 millones, de los cuales aportó el Departamento la suma de $69.733, con cargo a sus regalías directas. Y desde entonces a este Proyecto, redentor para la región, ha estado represado y se le ha venido mamando gallo para posibilitar la ejecución de su segunda fase, sin la cual la primera, como lo afirmó el Contralor General Edgardo Maya Villazón, “no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada“. Esto es inaudito!
Con el arribo del Presidente Juan Manuel Santos La guajira abrigaba la esperanza de que se le diera solución de continuidad a este Proyecto, pero fue muy poco lo que se avanzó al respecto. Su primer Ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo fue muy escéptico sobre el mismo, al que calificó como un “elefante blanco a medias”. Llegó a afirmar que este es “un buen caso de mala asignación de recursos fiscales” porque, según él, esta obra terminará costando $1.2 billones y dado que las tierras que serán objeto de riego tienen una extensión de 18.536 hectáreas, el costo del riego por hectárea saldría a $50 millones, diez veces el costo promedio en el país.
No obstante, para llegar a esta escandalosa cifra, el Ministro parte de la base de cargarle al costo del riego tanto el valor de la inversión de la primera fase como la que resta, cuando, la verdad sea dicha, lo ya construido debe considerarse un bien público con el que la Nación apenas empieza a redimir una vieja deuda social que tiene con este Departamento. Por lo tanto, dicha inversión debe considerarse como un costo hundido que no se puede trasladar a la tarifa por el uso del agua, si se quiere que este proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. Del Gobierno Nacional depende que el Proyecto de la Represa del Ranchería se quede a medio palo!
Como lo registró la CGR en su Informe de Auditoría, a pesar de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la declaratoria del Estado de cosas no constitucional por parte de la Corte Constitucional amparando el derecho al acceso por parte de la población al agua potable, “si bien las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de METESUSTO están muy avanzadas, aún no se ha conectado a la conducción del Distrito Ranchería”. Huelga decir que no obstante que el uso del agua para consumo humano es la primera prioridad, el aprovisionamiento de la misma a partir de la Represa del Ranchería, dado su carácter integral, depende de la ejecución de la segunda fase de este Proyecto. Así de claro!
Bogotá, D. C, 10 de septiembre de 2018
Desde la revolución industrial del siglo XVIII el sector textil ha jugado un papel fundamental en la industrialización y el desarrollo económico del mundo y sigue siendo un importante generador de valor agregado y empleo en muchos países. En Colombia lo estamos destruyendo.
El sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir y otros artículos para el consumidor final. En Colombia alguna vez todos esos eslabones fueron muy fuertes, pero se han ido debilitando.
La destrucción del sector textil en Colombia empezó con la quiebra y desaparición de los productores de algodón que fue un sector de gran dinamismo. Entre 1950 y 1978 el área cultivada de algodón se multiplicó por diez, pasando de 35.000 a 350.000 hectáreas. Con aumentos en la productividad, la producción de la fibra creció aún más (20 veces) pasando de 20.000 a 400.000 toneladas.
En 1978 comenzó la debacle de los algodoneros, tan catastrófica que el año pasado se sembraron menos de 10.000 hectáreas. Las hilanderías se quedaron sin materia prima nacional y debieron recurrir a importarla. O tal vez fue al contrario: como por la revaluación y la apertura hacia adentro resultaba más barato importarla, se acabaron los productores nacionales.
El siguiente eslabón de la cadena que se está destruyendo es el de la tejeduría y producción de telas. Según el DANE, en lo corrido de este siglo el valor agregado de esta industria ha disminuido 37%, bajando su participación en el total de la producción industrial de 2.5% a 1.5%. Como además Colombia vive un proceso de desindustrialización, y la Industria cada vez pesa menos en el PIB, la participación de la producción de textiles en el PIB se redujo a una tercera parte de lo que era en el 2000 (0,10% contra 0,32%).
A los confeccionistas les había ido un poco mejor. Haciendo ropa con telas importadas crecieron el 60% hasta el 2007, año en que les cambió la marea porque la apertura hacia adentro no solo facilita la importación de telas sino también la de prendas de vestir, de manera que desde ese año han decrecido un 5%.
Tan malos resultados no se deben a que los consumidores estén comprando menos productos textiles. Por el contrario desde principios de siglo las ventas de estos productos en el comercio minorista ha crecido 140%; lo que solo se explica porque las importaciones crecieron 400% hasta el 2014, y solo se redujeron un poco con la devaluación de estos últimos años.
Contrasta esta triste realidad con la de la India donde hay 11 millones de hectáreas sembradas de algodón, el sector textil da empleo a 105 millones de personas y contribuye con el 14% de la producción industrial y el 4% del PIB. Además el objetivo de la política del gobierno es que el sector siga creciendo a tasas del 10% anual, y que en los próximos 5 años cree 35 millones de empleos adicionales.
La diferencia radica en que en India hay un Ministerio de Textiles que desarrolla toda una política de promoción del sector, mientras que en Colombia el Ministerio del ramo se dedicó a firmar TLCs y se olvidó de la Industria. Necesitamos un Ministerio de Industria
Cali 10 de septiembre de 2018.
