Opinión
Por Juan Fernando Londoño.- Las consultas populares son la más evidente expresión de la pérdida de legitimidad social del sector extractivo en el país. Pero no son la única expresión, también los bloqueos y las vías de hecho han aumentado en forma significativa. El problema no se soluciona pues acabando con las consultas porque eso es intentar buscar la fiebre en las sábanas y porque en la Colombia del pos conflicto resulta inaceptable política y moralmente pretender restringir los derechos políticos de los ciudadanos.
El reto para el país consiste en comprender porque llegamos a una situación de este tipo y tratar de construir una agenda positiva para superarlo. Lo bueno de lo que ha sucedido es que nos debe obligar a todos a pensar sobre nuestra relación con las industrias mineras y petroleras.
Para ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos tener un sector extractivo y cuál es el papel que le adjudicamos en nuestro desarrollo. Creo que son muy pocos los que defienden la idea de que Colombia debe renunciar a la actividad extractiva y sus recursos. De otra parte, también deben ser pocos los que defiendan la idea de que no deben existir limitaciones y controles e incluso la imposibilidad de desarrollar ciertos proyectos por razones ambientales o sociales. Ya tenemos un consenso sobre los páramos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si como sociedad queremos que exista la industria extractiva, ¿por qué la animadversión reciente? Una cadena de errores y malas políticas nos han llevado al momento actual donde, similar a lo sucedido con la paz, lo que nos conviene a todos afecta a algunos de un modo distinto.
Por José Gregorio Hernández.-Lo acontecido la semana pasado en el Senado, que eligió bajo presión y amenaza a una nueva magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, demuestra -no por la elegida, de cuyos méritos no dudamos- sino por el comportamiento de algunos de sus electores y del Gobierno, que las frecuentes manifestaciones públicas hechas por dignatarios y funcionarios sobre apego a la legalidad y a los principios democráticos no siempre son sinceras. Por el contrario, la baja política suele proclamar a voz en cuello su respeto a las instituciones, pero en realidad busca someter las normas -aun las de la Constitución- y las decisiones judiciales a sus coyunturales intereses.
Es decir, exactamente lo opuesto al deber ser de un esquema político que funda la acción estatal y los procesos de toma de decisiones en el sometimiento del poder a unas reglas jurídicas esenciales. Eso es lo propio del Estado de Derecho. En él, como corresponde a una democracia, el poder público no está concentrado; sus ramas son independientes; cada órgano cumple una función, sujeto a la normatividad que fija roles y establece competencias. En últimas, impera el Derecho sobre la arbitrariedad y el querer de quienes transitoriamente ejercen el poder estatal.
No en vano hemos optado por la democracia. Ello tiene sus consecuencias. Si decae o se pierde por completo el respeto a la Constitución -base de la pirámide jurídica, norma fundamental y muro de contención contra el abuso y la arbitrariedad- , y si por encima de ella prevalecen intereses de corto plazo y conveniencias de la pequeña política, la democracia fracasa.
En ese orden de ideas, los actos electorales no escapan a las directrices trazadas por la Constitución y las leyes. El hecho de que el Senado deba elegir, de ternas enviadas por otros organismos, a quienes hayan de desempeñar el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional implica, por supuesto, una facultad pero también estamos ante una función, que en cuanto tal está sujeta a ciertas reglas. Una de ellas, como es lógico, la que garantiza la autonomía de voto de cada senador -quienes, al ejercer su derecho y cumplir su función, no deben ser manipulados por nadie-, y la que asegura que todos los ternados estarán en pie de igualdad.
Todo ello se quebró en el caso de la elección que comentamos, no solamente por la coacción de la que fueron objeto los congresistas, al ser señalados como culpables de una posible ruptura en materia de paz si votaban por un candidato diferente, sino por la evidente falta de respeto a los otros dos integrantes de la terna, y en especial por la indebida injerencia del Presidente de la República, quien al parecer presionó a los senadores en idéntico sentido.
La elección de un magistrado, en especial si lo es del tribunal encargado precisamente de salvaguardar el imperio de la Constitución, no puede tener lugar bajo coacción, ni como consecuencia de un mandato del Ejecutivo.
En este caso, no se respetaron los principios, y la elegida tiene el reto de demostrar que ejercerá su cargo de manera independiente.
Por Frank Molano Camargo.- Plata si hay pero no llega a las escuelas. Se queda entre la nómina paralela del Men, la corrupción neoliberal educativa y la transferencia de recursos públicos a bolsillos privados. Por eso Santos y su Ministra de Educación no están dispuestos a dejar tan fácilmente la mermelada que entregan a sus socios. Aquí algunas pistas.
Primero: Nomina paralela de contrastistas del MEN. Esta ha crecido alarmantemente en los últimos años. Un ejército de profesionales con ingresos superiores a los $6.800.000 mensuales, jovencit@s neoliberales sin experiencia educativa, tecnocratas funcionales que permite la Resolución 0126 de 2016. Ver Informe de Procuraduría en este link: http://www.universidad.edu.co/images/cmlopera/descargables/pgn_men.pdf
Segundo: Contratos con corruptos, por ejemplo Odebrecht Junio de 2016, el Men adjudicó al Grupo Graña y Montero (socio de Odebrecht y también dedicada al extractivismo aurífero) un contrato por US$ 135 millones de dólares para la ejecución del proyecto “Grupo N°2: Eje Cafetero y Pacífico del Contrato Marco de Diseño, Estudios Técnicos y Obra que ejecute los proyectos de infraestructura educativa en Colombia”. Su alcance es la construcción de aproximadamente 3 mil aulas de colegios distribuidos en 14 ciudades y ubicados en 4 departamentos del sur occidente colombiano. Ver: http://alianzaestrategica.info/?p=9080
Tercero: el negocio de la alimentación escolar. Como parte del proceso de privatización de la educación, la entrega de contratos de alimentación escolar se ha convertido en un negocio rentable en el que pierden los niños y niñas. Ver: http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-del-ministerio-de-educacion/468169
Cuarto: 5 billones robados por los negociantes de la salud del magisterio El sistema de salud manejado por las uniones temporales con que contrata la Feduprevisora, es también un negocio altamente rentable. Atender maestros y maestras es una modalidad de bajo costo, cualquier edificio sirve para improvisar consultorios. La salud no llega, la plata se pierde. Ver: http://www.semana.com/educacion/articulo/corrupcion-en-el-programa-de-alimentacion-escolar-del-ministerio-de-educacion/468169
Quinto: la transferencia de recursos públicos al sector privado mediante la modalidad de Alianzas Público Privadas. La distorción ideológica de que la educación es pública ya sea prestada por entidades estatales o empresas privadas ha servido para ocultar el proceso de privatización. Las escuelas en concesión, el giro a ONGs para que cubran servicios educativos, a empresas privadas para procesos de capacitación docente, entre otras modalidades, van en detrimento de la inversión y el patrimonio público.
Ver: http://elpais.com/elpais/2017/05/31/contrapuntos/1496241832_077401.
Por Amylkar D. Acosta M.-Apenas acababa de arribar de su periplo por el Medio Oriente y Europa, en donde marcó distancia con todos los líderes de los países aliados de los EEUU y haciendo alarde de su aislacionismo, al socaire de su frase de clisé "América primero", cuando le dio un puntapié al tablero, pretendiendo convertir en tabla rasa el Acuerdo de París contra el Cambio climático, anunciándole al mundo el retiro de los EEUU del mismo. El Presidente Trump ya se había anticipado a expedir 14 órdenes ejecutivas derogando las medidas que había tomado el ex presidente Obama, borrando con el codo lo que este había hecho con la mano en materia ambiental.
Este Acuerdo fue suscrito en diciembre de 2015 por 195 jefes de Estado, solo Nicaragua y Siria se sustrajeron del mismo, el primero por considerar que el Acuerdo a su juicio no era satisfactorio y el segundo por estar enzarzado en una guerra civil y su propósito es conjurar el peligro en ciernes de que el aumento de la temperatura global supere los dos grados centígrados con respecto a la Era preindustrial, cuando ya el termómetro marca un incremento de 1.1 grados.
Trump fue enfático al afirmar que "es hora de poner a Youngstown, Detroit y Pittsburgh por delante de París", siendo los EEUU el segundo mayor responsable, después de China, de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global y, de lejos, el mayor contaminador per cápita del mundo . Qué barbaridad!
A nadie ha sorprendido este paso que acaba de dar el Presidente Donald Trump, que pretende llevar con los ojos abiertos a los EEUU y al resto del mundo al abismo planetario. Se repite la historia, en 1997 el ex presidente demócrata Bill Clinton impartió su aprobación al Protocolo de Kioto y el ex presidente republicano George Bush se negó a ratificarlo, esgrimiendo los mismos argumentos de los cuales está echando mano Trump. Según él, el Acuerdo de París “debilita la economía” y “provocaría la pérdida de 2.7 millones de empleos para el año 2015”.
En su momento Bush manifestó lo mismo, que los EEUU no estaban dispuestos “a renunciar a sus mayores tasas de crecimiento en aras de darle cumplimiento a las estipulaciones del Protocolo de Kioto”. Sin embargo, como los hechos son tozudos, el huracán Katrina se encargó de darle una dura lección a Bush. Según Lord May, Presidente de la Academia Británica de Ciencias (Royal Society), “los daños ocasionados por el Huracán Katrina, fenómeno extremo atribuible al cambio climático que insisten en negar, representan 1.7% del PIB y es concebible que la parte de Norteamérica del Golfo de México sea inhabitada de aquí a fin de siglo”.
En cuanto a los empleos que supuestamente se destruirían por cuenta de la puesta en práctica del Acuerdo de París en los EEUU, ello no es más que una falacia, puesto que, según un estudio de la Universidad de Columbia, se estima que el sector minero ha perdido desde 2011 60.000 empleos, la mayoría de ellos no atribuibles a las medidas tomadas por Obama sino por la sustitución del carbón por el gas natural barato, ahora que los EEUU se ha convertido, como lo dijo él, en “la Arabia Saudita del gas natural”, gracias a la revolución del fracking. Vale la pena destacar, además, que las empresas que operan en el negocio de la energía solar emplean 374.000 personas en los EEUU, el doble que la industria del carbón.
Tratando de dorar la píldora envenenada, planteó que "EEUU se retirará del Acuerdo de París pero empezará negociaciones para volver al Acuerdo de París o a una nueva transacción en términos que sean justos". Lo primero que hay que aclarar es que, así lo quiera, el Presidente Trump no puede hacer efectivo dicho retiro de forma inmediata, pues en el Acuerdo, que él tanto abomina, quedó establecido en el punto 28 que cualquier país que haya ratificado el Acuerdo y este es el caso, solamente podrá solicitar su salida del mismo tres años después de su entrada en vigor; estamos hablando del 4 de noviembre de 2019.
Y en cuanto a la renegociación del Acuerdo, este anuncio no pasa de ser una cortina de humo, pues los demás países signatarios del mismo han sido categóricos al afirmar que esa posibilidad no existe. Los gobiernos de Francia, Alemania, Italia y España le hicieron saber al de EEUU que “no se puede renegociar el acuerdo porque es un instrumento vital para nuestro planeta, nuestras sociedades y nuestra economía”. Hasta el nuevo mejor amigo de Trump, el Presidente de Rusia Vladimir Putin, se desmarcó de él al afirmar que “si esos grandes países emisores, como EE UU, no van a cooperar, entonces no se podrá consensuar ni firmar ningún acuerdo en este ámbito”. Claro que después dijo que “no deberían hacer un escándalo sobre esto, sino que deberían crear las condiciones para un trabajo conjunto”. Definitivamente el Presidente Trump está conduciendo a los EEUU en contravía del resto del mundo, lo que no deja de ser un desafío a la comunidad internacional que le puede salir caro.
Bogotá, junio 4 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Juan Manuel Galán.-En pocos días, podremos debatir sobre las 16 nuevas circunscripciones de paz acordadas por los negociadores en La Habana. Este proyecto es de suma relevancia, pues más allá de discutir sobre la creación de nuevas curules en la Cámara de Representantes, se trata de una oportunidad para hablar de lo que he llamado el Estado Local.
En otras palabras, para darle una mirada a las regiones y evaluar cómo ha sido hasta ahora su inserción en el territorio nacional y su participación política en las decisiones que, desde el más alto nivel, se toman sobre sus pobladores. Este proyecto surge del consenso sobre que las zonas más afectadas por el conflicto armado, no solamente han sufrido el abandono y la débil presencia institucional, sino también, una sub representación política en el escenario nacional.
Bajo esa premisa, la ampliación de los espacios de representación para los más de 160 municipios del territorio colombiano, por 2 periodos electorales, se convierte en una medida de reparación y de construcción de un nuevo concepto de territorialidad. Esa nueva visión debe dirigirse a la construcción de un Estado local que integre Nación y territorio.
Para eso, necesitamos trabajar en tres pilares fundamentales: Instituciones, Seguridad y Participación de la gente. Es claro que, si Colombia no cuenta con el primer pilar, no podremos consolidar un sistema electoral libre, justo, competitivo y confiable, capaz de impartir justicia y ejercer soberanía sobre cada rincón de nuestro territorio. En segundo lugar, tenemos que garantizar la seguridad física de los habitantes que existen en esas 16 circunscripciones y que cotidianamente se ven amenazados por la violencia política y social en sus territorios y por las dificultades de acceso y garantías de participación, de siempre. Finalmente, dentro del pilar de la participación, es necesario contar con una sociedad civil, fuerte y organizada, conectada tecnológicamente, que se exprese y pueda hacer control y veeduría sobre sus líderes y representantes.
Por Juan Fernando Londoño.-En días pasados un grupo destacado de intelectuales envió una solicitud a Humberto de la Calle para que lidere la convocatoria de un referendo cuyo objetivo sería decidir si el Congreso aplica o no el fast track para implementar el proceso de paz.
La invitación es curiosa por múltiples razones. La más evidente es que se trata de un grupo de destacados profesionales e intelectuales que se caracterizaron por impulsar el No en el Plebiscito pasado, aunque deliberadamente han evitado matricularse en las huestes pendencieras del uribismo. No queda claro entonces qué intención les asiste proponiéndole a su excontradictor que lidere una campaña de este tipo.
Tratándose de mentes tan lúcidas deberían tener claro que una iniciativa de este tipo no tiene ninguna viabilidad jurídica ni política, principalmente porque los tiempos no alcanzan para tomar una decisión sobre ese tema en una votación popular, pues cualquier votación se realizaría después de que venzan las facultades de uso del fast track.
¿Qué significa entonces que los contradictores de ayer hagan una propuesta hoy para realizar una votación sobre un tema referente a la implementación de la paz? Pues simple y llanamente que quienes participaron en la propuesta del No en el Plebiscito quieren una nueva oportunidad para medirse en las urnas.
Independientemente de sus intereses personales legítimos, en el fondo tienen algo de razón en pensar así, pues a la paz le faltó un segundo hervor para gozar de la legitimidad absoluta luego de perder el plebiscito de octubre. El problema es que un segundo plebiscito era una invitación al suicidio. El segundo Acuerdo de Paz recogió aquellas observaciones que con sensatez y lealtad se formularon al primero, pero para hacer posible la paz resulta impensable tratar a las Farc como si las hubieran derrotado en el campo de batalla. Pequeño detalle que la mezquindad interesada de los enemigos del Acuerdo se niegan a reconocer.
Si las Fuerzas Armadas hubieran derrotado a las Farc, como los aliados a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial -para usar el símil que tanto les gusta a algunos- podrían haber conducido a la guerrilla a los tribunales ordinarios y aplicar la justicia de los vencedores, que resulta tan común luego de una victoria militar. Pero la realidad es que esa derrota no se produjo y tratar de buscarla le hubiera costado al país una o dos décadas más de guerra sin ninguna certeza de que el resultado fuese distinto al que tenemos hoy.
Por tanto, la realidad es que el Acuerdo del Teatro Colón es realmente el mejor Acuerdo posible dadas las condiciones en que terminó el conflicto, sin una victoria militar para ninguno de los dos bandos.
Ahora los enemigos del proceso intentarán distintas versiones de traición a los Acuerdos de Paz. Una versión extrema de esa opción es la guerra sucia que ahora se vive contra líderes sociales y políticos en las regiones y que pronto se extendería a los desmovilizados. Otra versión es la declaración sincera de que hay que “hacer trizas los Acuerdos” como plataforma política. Y una última, que cada vez adquiere más fuerza es simplemente empezar a hacer conejo a lo pactado. Como ha dicho De la Calle, con el solo hecho de evitar hacer algo ya se consigue el propósito de dejar la paz al garete.
En este escenario serán las elecciones de 2018, el escenario para que los colombianos emitan su veredicto sobre la paz que se ha venido construyendo. Será en las elecciones parlamentarias y sobre todo en las presidenciales cuando los colombianos decidan si quieren seguir avanzando en el cumplimiento de los Acuerdos o darle el gobierno a quienes garanticen que se les haga conejo a las Farc desarmadas y a los contenidos de un Acuerdo que no solo busca silenciar los fusiles sino poner las bases para una Colombia distinta.
Por Ariel Ávila.-Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales.
El plazo inicial para la dejación de armas de las FARC ha finalizado. Según los acuerdos de La Habana, en seis meses, las FARC dejarían las armas y comenzarían la formación de su partido político, además arrancaría la reincorporación de los miembros de esta guerrilla. El día D fue el 1 de diciembre y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero las fechas no se cumplieron y hoy existen al menos tres puntos claves.
Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales. Los resultados se ven: los afectados por minas antipersonal han descendido de forma dramática, al igual que los reclutamientos, entre otros. La guerra con las FARC terminó, pero los retos en seguridad siguen siendo altos, derivados de la expansión de grupos criminales en las antiguas zonas que controlaban esta guerrilla.
Lo segundo, la dejación de armas resultó ser más complicada de lo que se pensaba. Por ejemplo, las zonas veredales deberían estar listas desde el 31 de diciembre de 2016. Hoy, después de los seis meses de plazo, ni una sola está terminada. Hay zonas como la de Caño Indio en Tibú que ni siquiera estaría lista para el mes de junio. Igualmente, en los temas de amnistía los retrasos son impresionantes, aunque en las últimas dos semanas se ha acelerado el proceso. En cuanto a reincorporación no hay prácticamente nada; ningún guerrillero sabe qué pasará con él después de que dejen de funcionar estas zonas veredales. Los decretos del presidente de la república dejan claro la arquitectura institucional, pero nada más que eso. Y por si fuera poco, el “bombazo” de la Corte Constitucional a la implementación de los acuerdos vía modificación del fast track sólo dejó un ambiente de inseguridad jurídica.
Sobre la Corte Constitucional ya están claros los argumentos jurídicos y políticos que muestran sus contradicciones y lo débil de sus argumentos. Pero hay un tema que quisiera resaltar: los acuerdos de La Habana crean más de 100 programas, proyectos, instituciones, mecanismos y acciones. El 10% de estos se direccionan para el beneficio directo de los actores de la guerra como la Jurisdicción Especial para la Paz, ley de amnistía y garantías para la reincorporación, entre otras. Pero el restante 90% son acciones para beneficiar a la sociedad, para solucionar eso que se denominan causas estructurales del conflicto armado; una intervención al territorio que se haría a través del plan nacional de vías terciarías, el plan nacional de electrificación rural, el Fondo de Tierras, la Reforma Rural, la auditoría al censo electoral y la reforma política, entre otras.
Hasta el momento, en el Congreso han sido aprobadas las reformas que cubren el 10% y sólo desde la próxima semana entrarían los proyectos y disposiciones del otro 90%. Estas reformas son las que la clase política regional y local no quiere aprobar. Por ejemplo, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó que crear un Tribunal Electoral es “Venezualizarnos”, y que sería antidemocrático. Colombia es de los pocos países que no tienen un tribunal de estos y por dicha ausencia es que los dineros de criminales se infiltran en las campañas, o se roban billones de pesos al año y no pasa nada. Por otro lado, los empresarios rurales tampoco quieren nada de reforma de tierras. El pronunciamiento de la Corte Constitucional no hace otra cosa que favorecer a estos politiqueros y corruptos para que torpedeen las reformas y modifiquen artículo por artículo las leyes. Es decir, la Corte favoreció a corruptos y despojadores.
Lo tercero, el cese bilateral al fuego. Ha sido un éxito, sólo se presentaron cinco violaciones al cese en casi un año desde que arrancó. Algo increíble cuando la experiencia internacional muestra que los cese bilaterales son muy inestables y se cometen todo tipo de violaciones. Tanto las FFMM como las FARC cumplieron a la perfección.
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Hay dos aspectos en los que la senadora Viviane Morales y la diputada santandereana Ángela Hernández coinciden como uña y mugre: su accionar político tiene un sustento religioso de claro tinte homofóbico, y ambas están en el partido equivocado.
Lo de Ángela Hernández es una aberración desde la óptica de la coherencia –aberrante incoherencia, mejor dicho- pues milita en el mismo partido del presidente Juan Manuel Santos (La U) pero actúa como su más enconada rival, a tal punto que en torno al plebiscito hizo causa común con el exprocurador Alejandro Ordóñez por el NO, y no solo reclama como propio ese triunfo sino que arremete con inusitada virulencia contra el gobierno bajo cuyo aval fue elegida.
En cuanto a Viviane Morales, hago propias las palabras del abogado y columnista Ramiro Bejarano: “como liberal de convicción, debo decir que la permanencia de la senadora Morales en el Partido Liberal hoy es insostenible ideológica y éticamente hablando”. (Ver columna).
Así es: tan insostenible resulta la Morales liderando desde la política una cruzada religiosa de corte fascista (tan absolutamente contraria al pensamiento liberal que discrimina hasta a su propia hija lesbiana), como ver a la Hernández trabajando en estrecha simbiosis con el más conspicuo representante de la extrema derecha, Alejandro Ordóñez, a quien hizo condecorar en la Asamblea de Santander con la orden Luis Carlos Galán, pese a que al dirigente liberal lo mataron los paramilitares y Ordóñez los apoyaba, como consta en recorte de prensa con fecha agosto 18 de 1987 donde él dijo que “las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación”. (Ver noticia). ¿Cuándo fue asesinado Galán? Vaya coincidencia, el 18 de agosto de 1989, exactamente dos años después del manifiesto apoyo de Ordóñez al paramilitarismo, lo cual le da a esa condecoración el carácter de infamia.
¿A qué obedece que a pesar de asumir posiciones radicalmente opuestas al ideario de los respectivos Partido Liberal y La U, las señoras Morales y Hernández permanecen como miembros activas de esas agrupaciones y no son expulsadas con la deshonra que corresponde a quienes actúan en contravía de sus principios ideológicos? ¿Por qué ni siquiera una sanción, o al menos una cordial invitación a que busquen una agrupación acorde con su visión de derecha clerical, como el Partido Conservador o el Centro Democrático? En este contexto la deshonra es para los partidos que las siguen acogiendo, y su permanencia ahí recuerda a Groucho Marx cuando decía: “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros…”.
Ellas (y ellos) saben que están ‘durmiendo con el enemigo’, y el motivo es de pragmática conveniencia mutua: expulsarlas significaría perder el inmenso caudal de votos –cada día mayor- que las acompañan, sumado a que su salida las victimizaría y haría ver a quienes aplicaron la medida como unos despiadados machistas, perseguidores de dos cristianas buenas y devotas…
Sea como fuere, su expulsión se ubicaría dentro de lo políticamente correcto, porque si hay algo más peligroso que un fanático religioso, es un fanático religioso con poder político. Y el peligro se hace mayor cuando no son uno ni dos ni tres fanáticos sino una verdadera horda de pastores evangélicos y cristianos alineados (de pronto hasta pagados) por la extrema derecha, como se vio en los días del plebiscito, cuando inundaron las redes sociales de propaganda negra y pusieron a sus marionetas a sembrar el miedo a la ‘dictadura homosexual’ entre una mayoritaria población ignorante, y así lograron el triunfo del NO. Tan productiva les resultó la estrategia que han reactivado a sus legiones de fanáticos, embaucadores y charlatanes, cual perros rabiosos adiestrados para la guerra, con miras a elegir Presidente el año entrante.
De Viviane Morales se pensó que había recibido una merecida derrota en el Congreso con su referendo discriminatorio, pero resucitó al tercer día y logró por persona interpuesta –el magistrado cristiano Carlos Bernal, promovido por ella desde el Senado- torcerle el cuello al acuerdo de paz con un voto definitivo que convirtirá el Fast Track en un paquidérmico Slow Track. ¿Cómo explicar que el liberalismo apoya al gobierno en su propósito de afianzar la paz, pero una miembro de la bancada liberal consigue mediante una ‘ficha’ suya en la Corte Constitucional poner en jaque el acuerdo, y no contenta con lo anterior hace un video donde convoca a sus ‘feligreses’ contra Santos, en acto de retaliación porque este contribuyó a hundir su proyecto de inspiración medioeval? (Ver video).
Dicen que por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, y esto se traduce en que se avecina una campaña electoral cochina (o peor, asquerosa), donde las moralistas Morales y las homofóbicas Hernández y los corruptos Ordóñez y los farsantes Arrázolas usarán de nuevo a Dios como estandarte de su causa fascista, y si el país se descuida nos tendrán tragando de su mierda confesional a partir de 2018, respaldados por esas mismas hordas de ignorantes que votaron por el NO el 2 de octubre y a las que están en capacidad de movilizar para incendiar el país, si la ocasión lo requiere. Sembrarán el caos, para luego aparecer como sus salvadores.
Por todo lo anterior no es posible culminar esta columna diciendo ‘podéis ir en paz’, porque la evidencia demuestra que están al servicio de una mano negra empeñada en impedir que la reconciliación nacional se consolide. Como dije en columna anterior, esas congregaciones religiosas supuestamente practicantes de la caridad cristiana contribuirían de verdad a hacer un mejor país si comenzaran por quitarle la tilde a la palabra AMÉN. Pero en lugar de “amen”, hoy parecen actuar bajo la consigna “odien”.
DE REMATE: Concuerdo con Humberto de la Calle en que el momento exige “una coalición enorme de todos los que estamos defendiendo el proceso y protegiendo una paz que apenas comienza a nacer”. ¿Escucharon Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Clara López y Antonio Navarro, entre otros?
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.- Ha vencido el término del que gozaba el Presidente de la República, según el Acto Legislativo 1 de 2016, para expedir decretos con fuerza de ley con miras a la implementación de los acuerdos de paz. Por ello, el Jefe del Estado acaba de expedir -a la carrera- más de treinta decretos leyes.
Recordemos el texto de la norma habilitante:
“ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. […] ”.
Según la Sentencia C-699 de 2016 de la Corte Constitucional, la habilitación legislativa en referencia -que fue declarada exequible- “es temporal pues solo puede ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016; está temáticamente limitada, por cuanto solo puede usarse para asegurar y facilitar la implementación del acuerdo final; cuenta con restricciones competenciales, ya que no puede ejercerse para expedir actos legislativos ni determinado tipo de normas; los decretos ley expedidos en virtud de estas facultades se sujetan a control constitucional, el cual debe ser automático, posterior e integral, razón por la cual la Corte podrá revisar tanto el procedimiento de formación -que incluye la competencia- como su contenido”.
El respeto que nos merecen los fallos de la Corte no nos impide mantener la opinión -que manifestamos desde cuando se trataba apenas de un proyecto- según la cual el mencionado Acto Legislativo modificó, y de manera profunda, la institución de las facultades extraordinarias, que, como lo reiteró siempre la jurisprudencia -la de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al numeral 12 del artículo 76 de la Constitución de 1886, y la de la Corte Constitucional respecto al numeral 10 del artículo 150 de la Carta de 1991-, era excepcional -como lo indica el vocablo “extraordinarias-, porque en el sistema colombiano el titular de la cláusula general de competencia en materia legislativa es el Congreso. El Ejecutivo solamente ejerce facultades extraordinarias de modo excepcional y dentro de los límites temporal y material.
Las facultades extraordinarias no implican, ni pueden implicar, a la luz de la Constitución, un traslado ilimitado y abierto de las atribuciones legislativas del Congreso al Gobierno. Por tal razón ha señalado la jurisprudencia constitucional que, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen, su concesión debe ser temporal -por un tiempo máximo de seis meses- y precisa -relativa única y exclusivamente a una materia-. No son admisibles las facultades amplias, indeterminadas, indefinidas, vagas, abstractas, implícitas. Cuando así se confieren, la norma legal viola la Constitución. Y, si se trata -como en este caso- de un acto reformatorio de la Constitución, no cabe duda de que -al usar expresiones tan generosas como las transcritas- se sustituyó la Constitución, y de ello no se percató la Corte Constitucional. Ya lo veremos cuando leamos los más de treinta decretos expedidos.
Por Amylkar D. Acosta M.- El derrumbe de los precios del petróleo no sólo se ha traducido en la caída de la producción sino que también se ha traducido en una menor afluencia de capitales al país con destino al sector de los hidrocarburos y en el menor apetito por invertir en Colombia, que pierde competitividad relativa frente a otros países que lucen más atractivos. Lo acaecido en los últimos dos años es dramático, toda vez que para el año 2015 Colombia, según la CEPAL, registró la peor caída de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina con el 26%, casi el doble del promedio en la región que fue del 14%.
En el caso de Colombia, después del auge de la IED, que pasó de US $2.390 millones, promedio, entre el año 2000 y 2004 a US $8.484 millones entre 2005 y 2011, llegando a su clímax entre el 2012 y 2014 con US $15.556 millones. Luego vendría la estampida de la IED y desde luego el descalabro fue mayor en la inversión en el sector de la minería y los hidrocarburos, la cual llegó a acaparar el 76.49% del total en 2010, que pasó, según datos de la Balanza de pagos del Banco de la República, de los US $4.732 millones en 2014 invertidos en la industria del petróleo a US $2.512 millones en 2015 y a US $2.172 millones en 2016, un bajonazo del orden del 55% en los últimos dos años. Con la caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014 cayó también la participación de la industria extractiva en la IED alcanzando un porcentaje de 30.09%, su nivel más bajo, en 2015.
EL descaecimiento de la actividad hidrocarburífera en Colombia le pasó factura al PIB del país, que venía siendo impulsada hace rato por la locomotora de la industria del petróleo, cuyos precios fueron los últimos en caer, pues los demás commodities se deslizaron por el tobogán desde el 2012. La economía, que venía en franca desaceleración (crecimiento del PIB en 2014 4.4%, en 2015 3.1% y en 2016 2%), ahora merced al desánimo de la misma, el crecimiento del PIB pierde fuerza e impulso acelerándose la desaceleración. La ralentización del crecimiento de la economía el último año es evidente: el crecimiento del PIB en los cuatro trimestres de 2016 así lo demuestran, 2.7%, 2.5%, 1.1% y 1.6%, respectivamente, prolongándose y acentuándose en el primer trimestre de este año, que arrancó con el pie izquierdo, con un crecimiento del PIB del 1.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior, que si se compara con el último trimestre del año pasado el dato resulta negativo en 0.2%. Son 40 puntos básicos por debajo del registro trimestre anterior, una aceleración de la desaceleración de 1.6 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2016. Es como si la economía estuviera en el atolladero.
Ahora bien, lo que dicen las cifras del DANE, que fueron reveladas la semana anterior, es que la acelerada desaceleración es generalizada, pues este magro crecimiento del 1.1%, además de ser inferior al crecimiento vegetativo de la población en Colombia, prolonga en el tiempo la desaceleración inducida a que fue sometida la economía colombiana en su momento por parte del Gobierno y el Banco de la República. En efecto, excepción hecha del sector agropecuario, que creció el 7.7%, el crecimiento de los demás sectores es decepcionante, sobre todo el sector de minas y canteras que sufrió un desplome del 9.4% con respecto al mismo período del año 2016. Al desagregar esta cifra observamos que el descenso del subsector de petróleo fue aún mayor al registrar el 12.6%. Ahora, este sector que enantes era el que le imprimía dinámica al crecimiento de la economía ahora se ha tornado en el lastre que la frena. Sólo nos consuela saber que la caída de la actividad petrolera se empieza a desacelerar, si tenemos en cuenta que el descenso del crecimiento de su PIB en los dos últimos trimestres del año anterior que fue de 16% y 14.6%, respectivamente, se mantiene.
Conocida la cifra del DANE, que muestra el mediocre crecimiento de la economía en este primer trimestre del año de un anémico 1.1%, todos los analistas y centros de pensamiento, así como los organismos internacionales, están revaluando y revisando a la baja su proyección del crecimiento del PIB para el año completo. La apuesta de FEDESARROLLO y del FMI del crecimiento del PIB para este año ronda el mismo 2% del año anterior y el Banco de la República, en su reciente sesión de junta, revisó a la baja su pronóstico y prevé un crecimiento de sólo el 1.8% (¡!). Y ello, a pesar de los intentos y el empeño del Gobierno y el Banco Emisor de reanimar la economía, lo cual ha obligado al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, luego de conocer los resultados del primer trimestre, a anunciar, muy a su pesar, que para el mes de junio, al expedir el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se revisará hacia la baja la meta oficial de crecimiento de 2.5%, que como diría el reputado escritor mexicano Octavio Paz está a las afueras de la realidad.
Miami, mayo 26 de 2017
www.amylkaracosta.net
