Opinión

Por José Gregorio Hernández.- El presidente venezolano Nicolás Maduro suele invocar la democracia para hacer imposible la democracia. Y acostumbra a esgrimir la Constitución para ignorar los principios constitucionales, entre ellos el de la soberanía popular. Como en Colombia, en donde la reforma constitucional que simplificó las condiciones y los trámites para reformar la Constitución (Acto Legislativo 1 de 2016) entró en vigor mediante una curiosa “interpretación” de una de sus normas (el artículo 5), que exigía para tal efecto la refrendación popular. En virtud de ese entendimiento, que echó por tierra el fundamento esencial de la democracia directa o participativa -la cual no equivale a la representativa o indirecta-, se admitió, inclusive por el tribunal a cuyo cargo se encuentra la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (C.P., art. 241), que la refrendación popular no exige la participación del pueblo sino que -desplazado el pueblo-  el Congreso puede hacer sus veces. Y ello, aunque previamente -el 2 de octubre de 2016- el pueblo -en votación directa- había dicho NO a los acuerdos que el Congreso refrendó después a su nombre y en su sustitución. 

Volviendo al caso venezolano, el gobierno pretende sofocar las protestas populares -reprimidas con violencia-, mediante las cuales la gente reclama elecciones -de aquellas previstas en la Constitución-, acudiendo a la convocatoria de una asamblea constituyente, prevista en el artículo 347 de la actual Carta Política, “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Quinientos integrantes -que Maduro llama “constituyentistas” y  que, al parecer -según la intención presidencial-, no todos serán elegidos directamente por los ciudadanos sino por organizaciones y gremios, lo que nos recuerda un poco al fascismo.

Olvidó Nicolás Maduro que esa Constitución fue inspirada por el artífice de la revolución bolivariana, de cuya obra se dice continuador -el “comandante eterno” Hugo Chávez Frías-, y quizá no ha tenido en cuenta que, según su preámbulo, en 1999 se buscaba “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. ¿Se va a transformar el Estado y se va a crear un nuevo ordenamiento jurídico sobre bases distintas, para que nadie se oponga al gobierno, ni reclame participación democrática?

Se entiende que una “transformación” de la República implica “cambiar los fundamentos”; sustituir los postulados en que se funda la actual República, para proceder a instaurar otro modelo distinto, y un orden jurídico diferente.

¿Quiere Maduro eso? ¿No le gusta una sociedad democrática, participativa y respetuosa del imperio de la ley, y aspira a sustituirla por otra? ¿O quiere sostener esos valores, que predica constantemente? Y, si es así, cabe preguntar: ¿para qué la Constituyente? ¿Para ser fiel al fundador de la República Bolivariana de Venezuela, no sería mejor realizar esos principios democráticos y participativos, cumplir la Constitución de 1999 y cumplir las leyes, respetando la protesta y permitiendo las elecciones? 

Como lo decíamos hace unos días, quizá estamos ante el mal jugador, que, cuando pierde, suele romper el naipe. ¿O es que Maduro cree que con esta convocatoria puede acabar con las protestas, con el hambre, con el desempleo, con la inflación, con la devaluación, y con la terrible crisis que afronta su gobierno y que tiene a Venezuela al borde de una guerra civil?

Por Jairo Gómez.- A sombrerazos se quiere acabar con la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. en el país desconociéndose una experiencia de más de 20 años monitoreando, en terreno, la deshonrosa y sistemática violación de los derechos humanos en Colombia.

Aunque aún no existen razones de peso para su eventual abolición, muchas organizaciones denuncian que sus funciones se incorporarían a la Misión de Paz que se creó con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC.

Craso error; es cierto que a muchos países en el mundo les molesta que desde afuera se les observe en un asunto tan sensible y específico como los derechos humanos; no les gusta que les hagan reparos sobre violaciones y desmanes que atentan contra los ciudadanos, pero en el caso de Colombia suprimir su presencia en plena implementación de los acuerdos, es delicado. Una cosa es la Oficina en mención y otra muy distinta la Misión de Paz de la ONU que debe garantizar que lo plasmado en los acuerdos se cumpla.

Es preciso recordar que no fue fácil que el país aceptara la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, y que fueron muchos los años de lucha de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales para que esa instancia internacional hiciera presencia en territorio colombiano.

Se firmó la paz, sin embargo la protección de los Derechos Humanos, no hay duda, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que consolidar; la firma de la paz no garantiza que la violación de esos derechos desaparecerá, al contrario, se incrementará y de eso da testimonio la población más vulnerable que a diario, en las regiones, convive con amenazas de muerte y desplazamientos continuos. Así lo corrobora el último informe de la Oficina cuando expone, por ejemplo, su preocupación por el sistemático asesinato de defensores y líderes sociales (en 2017 van 30).

Ese último informe de la Oficina liderada por Todd Hoawland, es mesurado, serio e imparcial y pone el dedo en puntos sensibles que develan la poca firmeza con que el gobierno asume su responsabilidad en materia de derechos humanos. Tras destacar la firma del Acuerdo de Paz, al mismo tiempo evidencia los incumplimientos en la etapa de la implementación; expresa su preocupación por la promoción de altos mandos vinculados a los falsos positivos a brigadier general; y, por supuesto, trasluce su inquietud por la persecución sistemática y el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y afrocolombianos a manos de grupos armados ilegales.

Al parecer, este informe no gustó en la Cancillería y hoy la presencia de Howland es incómoda o siempre lo ha sido. Pero, más allá de Howland, lo preocupante es que el gobierno pretenda socavar la importancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el país, porque eso sería abandonar a su suerte la investigación de los asesinatos y graves violaciones de las que han sido objeto inermes ciudadanos en muchas regiones en donde la presencia de la Oficina, porque no decirlo, suplanta la del Estado, que brilla por su ausencia.

No me quiero meter con el intrincado mapa burocrático de la ONU, seguramente atiborrado de intrigas y consejas, pero concentrar toda esa responsabilidad en la Misión de Paz de la ONU es quitarle peso a una Oficina con más de 20 años de experiencia que logró ganarse, con confianza y prestigio, la comunidad campesina, indígena y étnica del país.

@jairotevi

Por Juan Fernando Londoño.- Nadie se opone a la necesidad de una reforma política, pero nadie está dispuesto a apoyar cualquier clase de reforma política. La multitud de reparos que surge frente a la necesidad de hacer transformaciones en nuestro sistema político y electoral se debe a que no tenemos consenso sobre los objetivos de la reforma. El debate principal radica entre la búsqueda de la apertura del sistema para el ingreso de nuevas fuerzas (no sólo las Farc) y el fortalecimiento de los partidos actuales, evitando que surjan organizaciones que les compitan.

Vale la pena recordar que luego de la Constitución de 1991 se inició un proceso para ajustar la extrema apertura que se había generado y el enorme caos partidista. Las elecciones posteriores a la constituyente mostraron que las nuevas reglas terminaron de desordenar los partidos tradicionales y no generaron una mejor competencia política. Por el contrario, los partidos artífices de las nuevas reglas, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fueron las primeras víctimas de sus propios inventos.

La Comisión de Reforma de Partidos durante el gobierno Samper estableció las recomendaciones iniciales de lo que debía ser un proceso de reformas, aunque la crisis política del proceso 8 mil hizo imposible su trámite. El gobierno Pastrana también planteó una reforma política que naufragó por su negativa a excluir facultades exorbitantes para el Presidente de la República relacionadas con la negociación de la paz (la misma que ahora tanto critica).

En el año 2003 un pacto entre los partidos permitió sacar adelante una reforma con el fin de fortalecer las organizaciones políticas, contrario a las intenciones del Presidente Uribe, que intentó tramitar su propia reforma por la vía del Referendo. La modificación constitucional fue posible gracias a que la reforma tenía un objetivo claro: reorganizar el sistema de partidos. En torno a ello se incluyeron las modificaciones electorales de una sola lista por partido (aunque con voto preferente), disciplina de bancadas para quienes hicieran parte de dicha lista, cambio en la fórmula electoral para premiar las grandes agrupaciones y la introducción de un umbral del 2 por ciento.

En el año 2009 se tramitó una nueva reforma con el propósito central de castigar la relación de los políticos con la criminalidad consagrando el principio de responsabilidad política sobre la presentación de candidaturas y haciendo más estricto el proceso para el otorgamiento de avales.

El problema de la actual reforma es que no está claro el objetivo de la misma, pues muchos actores tienen visiones distintas.

El Acuerdo de Paz de La Habana busca la apertura del sistema político en condiciones de equidad con el fin de permitir el ingreso de nuevas fuerzas políticas al sistema durante un regimen de transición de 8 años. Como consecuencia de esta concepción se establece en los Acuerdos la idea de un régimen de adquisición progresiva de derechos que facilite la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales a la institucionalidad, especialmente desde la política local.

Este planteamiento no parece ser compartido por los grandes partidos que temen no sólo la competencia de nuevos actores sino que además consideran una amenaza las nuevas reglas pues podrían desbaratarlos de nuevo.

Por otra parte, muchas de las ideas planteadas hasta ahora no establecen una relación de causalidad clara entre las reformas y la superación del conflicto y la construcción de la paz, con lo cual se generan muchas dudas sobre la utilización del Fast Track para el trámite de las mismas, dada la advertencia de la Corte Constitucional en el sentido que solo puede usarse dicho mecanismo para temas estrictamente relacionados al Acuerdo de Paz.

Como si esto fuera poco, un partido político de oposición, con clara opción de convertirse en gobierno en 2018 ha decidido no participar en las discusiones de la reforma, con lo cual sería la primera vez que se tramita una reforma que no refleja un grado al menos mínimo de participación de todas las fuerzas políticas.

Y para terminar de enredar esta situación, la opinión pública espera una reforma que realmente ayude a luchar contra la corrupción, con lo cual una reforma aceptable para el país tiene que explicar cómo su contenido será eficaz para este propósito, de lo contrario, la opinión pública ilustrada y popular difícilmente creerán en la utilidad de dicho esfuerzo.

Sin tener un hilo conductor y sin una idea fuerza que ayude a articular las distintas propuestas y preocupaciones, va a ser muy dificil determinar qué cosas pueden o deben hacer parte de la reforma y cuales otras no.

El gobierno aún está a tiempo de construir los consensos para avanzar en una reforma que ayude a transformar la política en Colombia. Por mi parte, y si puede servir para el debate considero que el objetivo debe ser el diseño de un sistema transicional que permita la incorporación de nuevas fuerzas al sistema en condiciones de equidad y con garantías reales de transparencia. Solo así será posible, construir la paz plasmada en los Acuerdos con las Farc y responder al clamor ciudadano de una política que no esté al servicio de la corrupción.

Por Hugo Prieto.- Este episodio ocurrió en la calle donde vivo en Chacaíto, una zona céntrica de Caracas: un grupo de gente corría y gritaba tratando de escapar de la represión de la Guardia Nacional que los perseguía disparando perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas para disolver una marcha pacífica que se acercaba a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, ubicada en la avenida Libertador, a unas cuadras de mi casa. Frente a la puerta de mi edificio, una señora, de unos 60 años, se refugió detrás de un árbol, para protegerse de la nube lacrimógena. Le abrimos la puerta, pero la señora no estaba feliz de resguardarse. Era como si refugiarse fuera lo mismo que huir del compromiso ciudadano de enfrentar a sus atacantes. “Nada hacemos muertos, señora”, dijo un hombre más joven. “A mí no me sacan de las calles, porque a mí ya me están matando de hambre”.

Eso es lo nuevo que tienen las protestas en Venezuela. La convicción de que la Revolución Bolivariana fracasó y dejó al país en la ruina. Hay otros ingredientes inéditos, más oscuros y tenebrosos. La brutalidad policial, las detenciones masivas y el empleo de grupos paramilitares armados por el gobierno, para que hagan el trabajo sucio que no quieren hacer los militares: asesinar gente.

Las protestas —que han llevado a las calles a cientos de miles de personas— se han multiplicado por todo el país. La gente avanza con determinación a sabiendas de que los van a reprimir a sangre y fuego. ¿Por qué lo hacen? Porque los venezolanos despertaron. Ahora están conscientes de que las instituciones que hacen funcionar la democracia están en grave peligro y que deben defenderse de un gobierno despótico. Y despertaron a raíz de una declaración de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien a propósito de las resoluciones 154 y 155 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia —que anulaban de facto a la Asamblea Nacional—, denunció “el resquebrajamiento del hilo constitucional”. Sus palabras han sido traducidas en las calles mediante una consigna: “Maduro, golpista, no lo dije yo, lo dijo la fiscal”.

En sus apariciones públicas, Nicolás Maduro se muestra errático y desorientado.

En menos de un mes, las protestas han dejado 29 muertes y un número indeterminado de detenciones arbitrarias —alrededor de 1200, según organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y la propia Fiscalía General—. Pero la gente no se rinde; perdió el miedo. La marea sigue subiendo y no hay indicios de que retroceda. La sed de cambio es más fuerte que la represión. Al final, para los venezolanos la demanda de libertad y democracia se ha convertido en una lucha existencial de vida o muerte.

Sin el liderazgo de Chávez, sin el apoyo incondicional de sus propios seguidores, el Presidente Nicolás Maduro le ha entregado cada vez más poder a los militares. En sus apariciones públicas, Maduro se muestra errático y desorientado.

El rechazo a su gobierno aglutina a más del 80% de los venezolanos. Pero el gobierno es incapaz de interpretar el fracaso que surge de su propia ineptitud; se aferra a la estrategia de no ceder ni un milímetro en el control institucional, ha utilizado el diálogo con la oposición como un ardid para atornillarse aún más en el poder. El barniz jurídico que daba una apariencia legal a las decisiones del ejecutivo se desvaneció para dar paso a un crecimiento exponencial del autoritarismo. En pocas semanas el gobierno de Maduro pasó de la autocracia a la dictadura. Hoy está a un paso de convertirse en un régimen tiránico.

La oposición se ha mantenido firme en la demanda de cuatro puntos: canal humanitario para aliviar el sufrimiento de la población (medicinas y alimentos); restitución de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional; cronograma electoral, y liberación de los presos políticos. Para el gobierno, ceder en todos los puntos o en alguno de ellos equivaldría a abrir un pequeño agujero que pronto se convertiría en un enorme hueco por donde se le escaparía el poder.

En términos históricos, el mayor temor del chavismo era la insurrección de su propia base de electores: la población empobrecida que vio en Chávez la figura casi religiosa, que los iba a redimir. El cambio más radical del chavismo fue colocar a los pobres en el centro de la política venezolana. “El pueblo” fue el producto electoral que mantuvo a Chávez como el amo indiscutible del poder en Venezuela desde 1998 hasta su muerte.

En las protestas del pasado 20 de abril —que culminó con una violenta represión—, se incorporó la gente de Petare, la barriada más populosa de América Latina con 1,2 millones de habitantes, con una consigna que contagió entusiasmo y renovados bríos: “Oye, Maduro, somos los de Petare. Hay que echarle bolas para sacarnos de la calle”. Otros sectores populares de la ciudad como El Valle y La Vega, también se han manifestado contra el gobierno en días recientes.

Aparte de la marcha del silencio —que culminó su recorrido sin violencia—, las protestas de esta semana terminaron en un caos sangriento que agregó nuevas muertes a la cuenta de sufrimiento y luto.

¿Hay una salida a este laberinto?

El camino para una transición negociada, que satisfaga las demandas de la oposición, tiene posibilidades mínimas, pero todavía hay una pequeña ventana para el diálogo. De lo contrario, la alternativa sería una intervención militar para llamar a un gobierno de unidad nacional cuyo objetivo sería organizar unas elecciones libres y fiables para todos. Básicamente, la consulta a la que Maduro se niega. Es muy riesgoso permitir a los militares inmiscuirse en asuntos políticos, aunque antes ya ha sucedido en nuestra historia, cuando una alianza cívica militar derrocó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958. También está abierta la opción clásica de una dictadura comunista, cuyo modelo sería el régimen cubano. La solución política es un enorme desafío pero hay que intentarla. Más allá de ella, solo nos queda esperar un milagro.

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.-Al menos tres libros aspiro a dejar escritos antes de la hora en que la mar se enluta. De esos el primero ya vio la luz, hace dos años. El segundo es el resultado de una investigación periodística que viene en camino, y el tercero, donde anida mi esperanza de posteridad, es una novela autobiográfica: María, llena eres de gracia.

El primero al que hago referencia es Objetivo: hundir a Serpa. He aprovechado la coincidencia con la Feria del Libro FILBO 2017 para promover su venta, con un atenuante a mi favor: un libro es un producto cultural mediante el cual se transmiten ideas o se cuentas historias. Ah, y aún quedan algunos ejemplares… (Ver libro aquí).

Resuelto cualquier reato de conciencia, procedo a contar que Objetivo: hundir a Serpa es “una entrevista sin contemplaciones”, en respuesta a lo que le escuché decir al dirigente liberal cuando le propuse la idea: “vaya busque a mis detractores, dígales que pregunten lo que quieran, que Serpa no dejará nada sin responder”. Así se hizo, y tan diligente fui acatando su recomendación que en el evento de lanzamiento afirmó que yo lo había entrevistado “con bisturí en mano”. Mi humilde opinión es que él exagera, y para resolver el intríngulis habría que acudir al lector o, con todo respeto, a una parodia de lo más CabaI: “¡lean, vagos!”.

Sea como fuere, es hora de sacar pecho y contar que para la sola confección del cuestionario se realizó una minuciosa investigación periodística, y el resultado fue un retrato ilustrado a mano alzada de la historia política y social de nuestra nación durante los convulsionados años en los que Horacio Serpa fue protagonista, tanto sus tres intentos consecutivos en busca de la Presidencia como el resto de su vida pública.

Hubo un momento crucial en la vida de Colombia, y ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, pero este solo se enteró al día siguiente: una cena –de claro corte conspirativo- a la que fue invitado Horacio Serpa por un grupo de personalidades y periodistas famosos (incluso autoridades en ejercicio), donde le presentaron mil y una razones para que renunciara al cargo de Ministro del Interior, con lo cual Samper se habría caído, por supuesto.

Esa noche Serpa tuvo en sus manos la suerte del mandatario liberal y prefirió no dejarlo solo, seguir acompañándolo. Y con esa decisión tal vez se le cerraron para siempre las puertas de la Presidencia, pues fueron los directores de medios y demás ‘conspis’ que esa noche quedaron viendo un chispero en sus pretensiones, los mismos que de ahí en adelante se encargaron de impedir que se le cumpliera su merecido anhelo de alcanzar un día el solio de Bolívar.

La paradoja reside en que si la respuesta de Serpa hubiera sido la que sus anfitriones esperaban, él habría sido el presidente después de Samper. Y otra habría sido la suerte de Colombia, pues la memoria histórica permite constatar que el siguiente presidente fue el inepto Andrés Pastrana con quien el país cayó arrodillado a las FARC, y luego con el taimado y pérfido Álvaro Uribe también cayó arrodillado, pero al paramilitarismo y a la más aberrante corrupción en todos los órdenes.

Esta verdad simple e irrefutable debería ser tenida en cuenta por los colombianos a la hora de juzgarle a Serpa sus actuaciones pasadas, frente a las cuales por cierto nunca recibió la menor condena o sanción, ni siquiera administrativa, ni se sabe que se haya enriquecido a costa del erario público, pero se le sigue cobrando en morosa y prolongada retroactividad el gran pecado de haber sido leal a un amigo. Y lo digo en presente porque, si hay un político en Colombia que recibe un inmerecido matoneo en redes sociales, ese es Horacio Serpa. ¿Cuál fue en últimas su gran pecado? Después de haber escudriñado durante años en su vida y en su pasado, no lo tengo claro.

Lo que sí veo con claridad es una muy poderosa campaña de propaganda negra orientada a señalar –con el dedo índice apuntando- a Samper y Serpa de haber instigado el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Si no fuera porque el exembajador de EEUU, Myles Frechette, puso las cosas en su lugar, el daño para ambos –y de carambola para el Partido Liberal- habría sido irreparable. Frechette, quien era sin asomo de duda la persona mejor informada de Colombia en esos años aciagos, habló de “un grupo de militares retirados”. Y en entrevista exclusiva –próxima a aparecer- que me concedió en Washington D.C. afirmó que “lo hicieron porque querían borrar su rastro. Borrar la conexión entre ellos y Álvaro Gómez. Cuando él les dijo que no (al golpe de Estado que fraguaban), ellos pensaron “caracho, de pronto el tipo suelta la letra o se le sale algo”.

Pero Serpa y Samper quedaron marcados con el estigma de una culpa ajena, pese a que la evidencia apunta a que fueron los mismos autores y encubridores del magnicidio los encargados de regar esa especie; con probada eficacia, por supuesto.

De todo esto se habla en Objetivo: hundir a Serpa, libro del que solo una cosa le preocupa a su autor: demostrar que pese al paisanaje –o debido a- el diálogo se desarrolló con total franqueza santandereana. Y al que ose decir lo contrario le tocará demostrar que el entrevistador no conservó la distancia crítica requerida, en cuyo caso el entrevistador se compromete a retornarle al comprador lo que pagó por su ejemplar. Como en las televentas, “su satisfacción garantizada o la devolución de su dinero”. 

DE REMATE: Para decirlo en modo imperativo tomado ilícitamente del repertorio del youtuber de 40 (y 3): ¡Compren mi puto libro! Lo encuentran en el Stand 219 de Ícono Editorial, pabellón 6 de Corferias, primer piso. Preguntan por Gustavo Mauricio García y él les hace un jugoso descuento. Trollers, abstenerse.

Por Amylkar D. Acosta M.- Con ocasión de la celebración de El Día de la Tierra, la Pacha mama, que es como la llaman nuestros aborígenes, este 22 de abril, he querido compartir con mis lectores algunas disquisiciones sobre la importancia de llamar la atención sobre la carrera alocada en la que se ha empeñado la humanidad y que está poniendo en riesgo su propia supervivencia, al romper el equilibrio y la armonía propios de la naturaleza. Su promotor, el Senador estadounidense Gaylord Nelson, se propuso crear una conciencia común sobre los problemas que comportan la sobrepoblación, la contaminación ambiental, en procura de enfrentar eficazmente el Cambio climático y sus estragos.

Desde tiempos inmemoriales nos percatamos de que el Planeta Tierra nos antecede, que existió por miles y miles de años sin la especie humana y sin las demás especies que hoy lo habitan. Primero fue el big bang, hace 12.000 millones de años, el cual dio lugar a la formación del Planeta Tierra. Se estima que la edad de la tierra oscila alrededor de los 4.470 millones de años, entre tanto el Homo sapiens, especie primigenia a la que pertenecemos, surge mucho después, hace “apenas” 200.000 años. Razón suficiente para persuadirnos de que el Planeta Tierra pudo sobrevivir sin la especie humana, pero ninguna de las especies hasta hoy conocidas puede sobrevivir sin el Planeta Tierra.

En el Planeta Tierra, “nuestra casa común”, que es como la denomina el Papa Francisco en su Encíclica Laudato sí, alberga los tres reinos, animal, vegetal y mineral, los cuales, hasta la obra magistral del científico naturalista británico Charles Darwin El origen de las especies, publicada el 24 de noviembre de 1859, eran concebidos como compartimentos estancos y desde entonces se impuso tu teoría de la evolución de las especies, que terminó por imponerse por la fuerza de sus argumentos. En esta especie de arca de Noé coexisten y cohabitan el género humano con la flora, la fauna y los recursos fósiles, que forman parte de su hábitat y de los cuales se sirve. Los problemas empiezan cuando sobreviene la degradación del medioambiente, al convertir nuestra Casa común, como lo afirma el Papa Francisco, “en un inmenso depósito de porquería” por los humanos, por eso se le atribuye a causas antropogénicas esta debacle. Se impone, entonces, la necesidad de actuar sin tardanza para contener y atajar el calentamiento global, que es su consecuencia, al tiempo que se debe contar con planes de contingencia que permitan evitar y prevenir los desastres, la adaptación frente a la recurrencia de los fenómenos extremos de sequías e inundaciones y el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones. Bien digo Darwin, que “las especies que sobreviven no son los más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.

Ahora que el negacionismo y los escépticos del Cambio climático se están viendo alentados por la administración Trump en los EEUU por sus posiciones desafiantes contra el gran Acuerdo de París, es indispensable redoblar los esfuerzos tendientes a evitar que ellos se salgan con las suyas. La comunidad científica mundial, ante su embestida, que ha llevado al desmantelamiento de las agencias científicas y ambientales y a la asfixia presupuestal de los proyectos de investigación científica en curso, se ha visto precisada a salir en su defensa, antes de que sea demasiado tarde. Por ello se adelantó una gran Marcha el sábado anterior en defensa de la Ciencia. La más concurrida y de mayor impacto fue la de Washington, Colombia no se quedó atrás, se  realizaron marchas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Por fortuna, según encuestas recientes siete de cada diez estadounidenses consideran que EEUU debe honrar su compromiso con la comunidad internacional y se muestran partidarios de permanecer en el Acuerdo de París. Esta es una causa justa, digna de encomio y amerita adherirse a ella!

Bogotá, abril 23 de 2017

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Por: Jorge Enrique Robledo.- Como en todos los escándalos de corrupción en Colombia, en el de Odebrecht también hay una lucha entre quienes queremos toda la verdad y los poderes que promueven el tapen-tapen. Lo nuevo es que nunca se habían juntado tantos poderes, públicos y privados, con interés en sustituir la verdad total por los pedacitos de verdad que les sirvan a sus conveniencias, incluidas mentiras, así como el riesgo de que se pacten falacias a favor de todos ellos. Más escandalosa que la corrupción de Odebrecht en Colombia es la lista de los tocados por esta trasnacional: las presidencias de Santos y Uribe, los dos candidatos presidenciales de junio de 2014 y las fuerzas políticas que acaparan el noventa por ciento del Congreso y han controlado casi todo el poder político del país en los últimos 50 años.

También está untado, y mucho, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mayor banquero del país y el colombiano más rico, porque una empresa suya se benefició de dos sobornos por once millones de dólares en la Ruta del Sol II (Odebrecht-Corficolombiana). Porque el presidente de Odebrecht señaló que el primer soborno lo acordó con el jefe de Corficolombiana. Y porque dos de sus empresas son la banca de inversión y la fiduciaria de Navelena Odebrecht, las cuales promovieron un crédito ilegal para Navelena en el Banco Agrario, a fin de pagarle una deuda mala al Banco de Occidente, también de su propiedad.

Para colmo, el Fiscal que se supone debe esclarecer las mentiras completas, las verdades a medias y los engaños propios de estas corruptelas es Néstor Humberto Martínez Neira, el menos indicado para hacerlo, dados sus negocios con el Grupo Aval y Odebrecht y su empecinamiento en no declararse impedido. Está probado que Navelena Odebrecht y el Consorcio de la Ruta del Sol le pagaron cuatro asesorías, incluida una para darle apariencia de legalidad a la adjudicación a dedo de la vía Ocaña Gamarra, negocio en el que hubo soborno y que él, además, aprobó en el Conpes 3817 como “ministro de la Presidencia”, violando el Código Penal. Esta puede ser la primera vez en Colombia, ¿y en el mundo?, en que un Fiscal deba solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que lo juzgue por violar el Código Penal, como Martínez ya lo hizo por las mismas razones para las ex ministras Parody y Álvarez, a través de los fiscales delegados. Cabe el titular: “Colombia: investigan a Fiscal que investiga a Odebrecht”.

El Fiscal también está inhabilitado para investigar las platas de Odebrecht en las dos campañas presidenciales de Santos, en razón de que le debe a Santos su “Ministerio de la Presidencia”, como también la Fiscalía, y de que el Presidente, a su vez, le debe a Martínez Neira el haber sido el mayor recaudador de fondos para su campaña de 2014. Porque es un hombre de Vargas Lleras, también beneficiario de toda plata de Odebrecht a Santos 2014, y porque tampoco es idóneo para investigar la plata de Odebrecht a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, por el respaldo que le brinda el Centro Democrático a su Fiscalía.

Pero lo peor del Fiscal Martínez es su fariseísmo. Ha manipulado y engañado con propósitos turbios. Hizo trampa para esconder sus negocios con el Consorcio de la Ruta del Sol y Navelena. Engañó para descalificar mis pruebas en contra suya. Con mala fe manifiesta, ocultó a varias de sus empresas. Embaucó cuando dijo que me retracté de mis acusaciones en su contra. Y faltó a la verdad cuando habló de una real autonomía de los Fiscales delegados, contra los cuales además sacó una resolución para someterlos aún más a lo que se le antoje imponer en las investigaciones.

En los países serios, un Fiscal que llegue a este nivel de degradación tiene que renunciar. Porque la trampa tiene como objetivo ocultar actos peores y porque es nada menos que depositario de la fe pública, que está destruyendo. Llamo a todos los colombianos, en el sector público y el privado, en especial a quienes tienen la responsabilidad de dirigir el país, a no alcahuetear una situación que le está provocando un grave e irreparable daño al país.

En el debate la verdad total sobre Odebrecht, el martes 25 de abril en el Senado, volveré a dar todas las pruebas de cada una de mis afirmaciones.

Bogotá, 21 de abril de 2017.

Por Mauricio Cabrera Galvis.-El Banco de la República (BR), como todos los bancos centrales, utiliza su tasa de interés no solo para controlar factores reales que aumentan la inflación, como la demanda de crédito, sino para influir en las expectativas y mantener la credibilidad en el compromiso del Banco con sus metas de inflación. Debería también mover su tasa de interés para incidir en las expectativas sobre el crecimiento económico.

A finales de 2015 la inflación se aceleró por razones que no tenían nada que ver con la tasa de interés: la baja oferta de alimentos por el Niño, el paro camionero y la devaluación. Sin embargo, la Junta del BR decidió subir su tasa para “mejorar el anclaje las expectativas de inflación”, y sin temblarle la mano la llevó de 4.5% a 7.25% en 11 decisiones sucesivas, dos de ellas con aumentos de 0.5%.

Es acertado tratar de manejar las expectativas porque en economía es usual el fenómeno de las “profecías que se autorrealizan”: si todo el mundo cree que algo va a subir de precio entonces todos salen a comprarlo y, por supuesto, la gran demanda hace que suba de precio. Por el misma raciocinio, el BR debe tratar de contrarrestar las expectativas de recesión que pueden llevar a que el crecimiento económico se frene aún más.

Es un hecho que la economía se ha frenado. Los últimos reportes del Dane muestran una caída de la producción industrial del 3.2%, con resultados negativos en 28 de las 39 actividades industriales; el comercio minorista va peor, pues la caída de las ventas reales es del 7.2 %.

Las perspectivas para el resto del año no son buenas pues el ISE del mismo Dane que sirve para pronosticar la evolución del PIB, tan solo tuvo una variación anual de 0.3 % en febrero. La mayoría de analistas no esperan que este año el crecimiento económico supere el 2%. 

Este frenazo se explica en parte por el enorme choque externo de la caída de los precios del petróleo, que en dos años disminuyó en un 46 % los ingresos por exportaciones, deterioro similar al sufrido en la Gran Depresión de 1929. Pero también están influyendo en la ralentización de la economía la caída de las expectativas de consumidores y empresarios que, según la encuesta de Fedesarrollo, se encuentran en sus más bajos niveles históricos.

Por José Gregorio Hernández.- Fueron varias las homilías del Papa Francisco durante los días santos. Como siempre, palabras sinceras, bien fundadas, con un altísimo contenido, lleno de mensajes a los feligreses y, en especial, a los dirigentes mundiales. Palabras pronunciadas con autoridad moral, religiosa y política.

El tema predominante en esas brillantes intervenciones del Pontífice ha sido el de la paz mundial, que hoy, más que nunca después de la guerra fría, está en grave peligro.

El Papa  ha pedido a Dios -y lo acompañamos en esa plegaria-  "que acabe con los conflictos y las guerras en el mundo, el tráfico de armas y los sufrimientos que padecen los más débiles".

Se ha referido concretamente a los casos del Oriente Medio, Israel y Palestina, así como a los interminables conflictos que tienen lugar en Siria, Irak y Yemen, clamando por la paz en esos países.

El caso de Siria es el que más preocupa al Santo Padre. Ha dicho con razón que se trata de un verdadero drama "que no cesa de sembrar horror y muerte". Agregamos que allí hay una verdadera crisis humanitaria, en un escenario de destrucción y sufrimiento indecible, y en donde el terrorismo y la violencia que se ha desatado causan daños enormes a una población indefensa. Así pudo verse el sábado santo  en Al Rashidin, a la afueras de Alepo, en donde tuvo lugar un cruento y cobarde ataque contra refugiados que pretendían huir de la guerra. Un suceso cuyo balance es de más de 120 muertos.

El Pontífice también le pidió a Dios que otorgue "a los representantes de las Naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y acabar con el tráfico de las armas".

No podemos olvidar lo ocurrido también en Siria días antes, cuando el Gobierno de Bashar Al Assad usó armas químicas que cobraron la vida de noventa personas y dejaron a muchas otras en grave estado. Ni tampoco la respuesta de Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, quien ordenó el bombardeo de la base desde la cual fueron planificadas y ejecutadas las acciones gubernamentales lesivas del Derecho Internacional. Tras ese ataque ha venido el rechazo de Vladimir Putin y el veto de Rusia a cualquier decisión sobre la guerra en Siria por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El mismo Trump ordenó igualmente el bombardeo en Afganistán contra el Estado Islámico, estrenando la más poderosa arma no nuclear, que no ha tardado en ser conocida como la "madre de todas las bombas".

Y está latente la situación, muy grave, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Mutuas amenazas; ensayos de armas nucleares y misiles por parte de Kim Jong-Un, un loco que desafía al país norteamericano y al mundo entero.

En fin, un estado de cosas que ha movido al Santo Padre a pedir -como lo hacemos también nosotros-  mesura, calma, serenidad, imperio del Derecho y de las relaciones internacionales por el camino de la diplomacia, para que, ojalá no nos encontremos en la antesala de la tercera guerra mundial.

Por Horacio Serpa.-No es mucho lo que se conoce de la visita de los doctores Pastrana y Uribe al Presidente Trump, celebrada en los Estados Unidos el viernes de pasión. Se comenta que hablaron del proceso de paz en Colombia y de la situación en Venezuela, y se supone que los expresidentes fueron largos en hacer comentarios, nada edificantes, sobre el Presidente Santos. A eso fueron.

Sería importante saber quién invitó a quién. Si Pastrana y Uribe gestionaron la cita fue porque consideraron que era hora de ponerle quejas al Mandatario Estadounidense. ¿Para ello colaboró el doctor Pinzón, Embajador ante la Casa Blanca? Si así fue, ¿estuvo enterado de la diligencia el Presidente Santos? ¿Santos autorizó esas gestiones para que fueran a hablar mal de él? Ni de fundas. Por eso es dable considerar que los expresidentes tienen sus amigos en esas altas esferas y no necesitaron ninguna ayuda oficial. Las relaciones entre gente importante de la derecha son cercanas, efectivas, y abren todas las puertas.

Pero que el menú de esa reunión fue carne de Presidente, no lo dude nadie. Debieron calentársele mucho las orejas al doctor Santos, pues los cuentos, con seguridad, fueron interminables. Lo menos que dijeron los acusetas fue que Colombia se había vuelto un régimen represivo, maduro-castrista, en el que la prensa está amordazada y las cárceles se encuentran llenas de partidarios suyos a los que la satrapía santista mantiene abandonados, a pan y agua. También le dirían que tenemos una nueva Constitución hecha por Timochenko y que sus muchachos, fusil al hombro, recorren de lado a lado la carreta séptima gastando a manotadas los dólares que acumuló el cartel narcotraficante más poderoso del mundo.

Parece una caricatura, pero eso es lo que ellos dicen aquí, a diario. Fue la misma cantaleta de la carta al Congreso Norteamericano. Que Colombia es una Venezuela al cuadrado, que el Presidente Santos es un usurpador, que no tienen garantías para oponerse al neo-comunismo y que el proceso de paz es solo un embeleco que se ha utilizado para aumentar el narcotráfico y destruir a nuestra patria inmortal.

El expresidente insiste en que el gobierno usurpó el mandato ciudadano y escamoteó los resultados que en el plebiscito negaron el Acuerdo con las Farc. Mala memoria. La misma noche plebiscitaria los partidarios del NO salieron a decir que también estaban por la paz y requirieron unas modificaciones al documento de La Habana. Hubo muchas reuniones, a ciencia y paciencia de todos, y finalmente se estructuró un conjunto de propuestas que fueron discutidas en la Mesa negociadora, las cuales se aceptaron casi en su totalidad. Se hizo un nuevo Acuerdo.

Lo único que no se aceptó fue la orden de que se metiera a la cárcel a todos los guerrilleros sin ninguna clase de análisis y que nunca pudieran participar en política. Vale decir, los puntos vitales, según experiencia internacional, para poner fin a un conflicto armado interno. ¡Así no se puede!