Opinión
Por Juan Fernando Londoño.-En días pasados un grupo destacado de intelectuales envió una solicitud a Humberto de la Calle para que lidere la convocatoria de un referendo cuyo objetivo sería decidir si el Congreso aplica o no el fast track para implementar el proceso de paz.
La invitación es curiosa por múltiples razones. La más evidente es que se trata de un grupo de destacados profesionales e intelectuales que se caracterizaron por impulsar el No en el Plebiscito pasado, aunque deliberadamente han evitado matricularse en las huestes pendencieras del uribismo. No queda claro entonces qué intención les asiste proponiéndole a su excontradictor que lidere una campaña de este tipo.
Tratándose de mentes tan lúcidas deberían tener claro que una iniciativa de este tipo no tiene ninguna viabilidad jurídica ni política, principalmente porque los tiempos no alcanzan para tomar una decisión sobre ese tema en una votación popular, pues cualquier votación se realizaría después de que venzan las facultades de uso del fast track.
¿Qué significa entonces que los contradictores de ayer hagan una propuesta hoy para realizar una votación sobre un tema referente a la implementación de la paz? Pues simple y llanamente que quienes participaron en la propuesta del No en el Plebiscito quieren una nueva oportunidad para medirse en las urnas.
Independientemente de sus intereses personales legítimos, en el fondo tienen algo de razón en pensar así, pues a la paz le faltó un segundo hervor para gozar de la legitimidad absoluta luego de perder el plebiscito de octubre. El problema es que un segundo plebiscito era una invitación al suicidio. El segundo Acuerdo de Paz recogió aquellas observaciones que con sensatez y lealtad se formularon al primero, pero para hacer posible la paz resulta impensable tratar a las Farc como si las hubieran derrotado en el campo de batalla. Pequeño detalle que la mezquindad interesada de los enemigos del Acuerdo se niegan a reconocer.
Si las Fuerzas Armadas hubieran derrotado a las Farc, como los aliados a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial -para usar el símil que tanto les gusta a algunos- podrían haber conducido a la guerrilla a los tribunales ordinarios y aplicar la justicia de los vencedores, que resulta tan común luego de una victoria militar. Pero la realidad es que esa derrota no se produjo y tratar de buscarla le hubiera costado al país una o dos décadas más de guerra sin ninguna certeza de que el resultado fuese distinto al que tenemos hoy.
Por tanto, la realidad es que el Acuerdo del Teatro Colón es realmente el mejor Acuerdo posible dadas las condiciones en que terminó el conflicto, sin una victoria militar para ninguno de los dos bandos.
Ahora los enemigos del proceso intentarán distintas versiones de traición a los Acuerdos de Paz. Una versión extrema de esa opción es la guerra sucia que ahora se vive contra líderes sociales y políticos en las regiones y que pronto se extendería a los desmovilizados. Otra versión es la declaración sincera de que hay que “hacer trizas los Acuerdos” como plataforma política. Y una última, que cada vez adquiere más fuerza es simplemente empezar a hacer conejo a lo pactado. Como ha dicho De la Calle, con el solo hecho de evitar hacer algo ya se consigue el propósito de dejar la paz al garete.
En este escenario serán las elecciones de 2018, el escenario para que los colombianos emitan su veredicto sobre la paz que se ha venido construyendo. Será en las elecciones parlamentarias y sobre todo en las presidenciales cuando los colombianos decidan si quieren seguir avanzando en el cumplimiento de los Acuerdos o darle el gobierno a quienes garanticen que se les haga conejo a las Farc desarmadas y a los contenidos de un Acuerdo que no solo busca silenciar los fusiles sino poner las bases para una Colombia distinta.
Por Ariel Ávila.-Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales.
El plazo inicial para la dejación de armas de las FARC ha finalizado. Según los acuerdos de La Habana, en seis meses, las FARC dejarían las armas y comenzarían la formación de su partido político, además arrancaría la reincorporación de los miembros de esta guerrilla. El día D fue el 1 de diciembre y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero las fechas no se cumplieron y hoy existen al menos tres puntos claves.
Lo primero es que más allá de la fecha, la guerra terminó. Efectivamente, las FARC desocuparon más del 98% del territorio donde operaban para concentrarse en 26 puntos rurales. Los resultados se ven: los afectados por minas antipersonal han descendido de forma dramática, al igual que los reclutamientos, entre otros. La guerra con las FARC terminó, pero los retos en seguridad siguen siendo altos, derivados de la expansión de grupos criminales en las antiguas zonas que controlaban esta guerrilla.
Lo segundo, la dejación de armas resultó ser más complicada de lo que se pensaba. Por ejemplo, las zonas veredales deberían estar listas desde el 31 de diciembre de 2016. Hoy, después de los seis meses de plazo, ni una sola está terminada. Hay zonas como la de Caño Indio en Tibú que ni siquiera estaría lista para el mes de junio. Igualmente, en los temas de amnistía los retrasos son impresionantes, aunque en las últimas dos semanas se ha acelerado el proceso. En cuanto a reincorporación no hay prácticamente nada; ningún guerrillero sabe qué pasará con él después de que dejen de funcionar estas zonas veredales. Los decretos del presidente de la república dejan claro la arquitectura institucional, pero nada más que eso. Y por si fuera poco, el “bombazo” de la Corte Constitucional a la implementación de los acuerdos vía modificación del fast track sólo dejó un ambiente de inseguridad jurídica.
Sobre la Corte Constitucional ya están claros los argumentos jurídicos y políticos que muestran sus contradicciones y lo débil de sus argumentos. Pero hay un tema que quisiera resaltar: los acuerdos de La Habana crean más de 100 programas, proyectos, instituciones, mecanismos y acciones. El 10% de estos se direccionan para el beneficio directo de los actores de la guerra como la Jurisdicción Especial para la Paz, ley de amnistía y garantías para la reincorporación, entre otras. Pero el restante 90% son acciones para beneficiar a la sociedad, para solucionar eso que se denominan causas estructurales del conflicto armado; una intervención al territorio que se haría a través del plan nacional de vías terciarías, el plan nacional de electrificación rural, el Fondo de Tierras, la Reforma Rural, la auditoría al censo electoral y la reforma política, entre otras.
Hasta el momento, en el Congreso han sido aprobadas las reformas que cubren el 10% y sólo desde la próxima semana entrarían los proyectos y disposiciones del otro 90%. Estas reformas son las que la clase política regional y local no quiere aprobar. Por ejemplo, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó que crear un Tribunal Electoral es “Venezualizarnos”, y que sería antidemocrático. Colombia es de los pocos países que no tienen un tribunal de estos y por dicha ausencia es que los dineros de criminales se infiltran en las campañas, o se roban billones de pesos al año y no pasa nada. Por otro lado, los empresarios rurales tampoco quieren nada de reforma de tierras. El pronunciamiento de la Corte Constitucional no hace otra cosa que favorecer a estos politiqueros y corruptos para que torpedeen las reformas y modifiquen artículo por artículo las leyes. Es decir, la Corte favoreció a corruptos y despojadores.
Lo tercero, el cese bilateral al fuego. Ha sido un éxito, sólo se presentaron cinco violaciones al cese en casi un año desde que arrancó. Algo increíble cuando la experiencia internacional muestra que los cese bilaterales son muy inestables y se cometen todo tipo de violaciones. Tanto las FFMM como las FARC cumplieron a la perfección.
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Hay dos aspectos en los que la senadora Viviane Morales y la diputada santandereana Ángela Hernández coinciden como uña y mugre: su accionar político tiene un sustento religioso de claro tinte homofóbico, y ambas están en el partido equivocado.
Lo de Ángela Hernández es una aberración desde la óptica de la coherencia –aberrante incoherencia, mejor dicho- pues milita en el mismo partido del presidente Juan Manuel Santos (La U) pero actúa como su más enconada rival, a tal punto que en torno al plebiscito hizo causa común con el exprocurador Alejandro Ordóñez por el NO, y no solo reclama como propio ese triunfo sino que arremete con inusitada virulencia contra el gobierno bajo cuyo aval fue elegida.
En cuanto a Viviane Morales, hago propias las palabras del abogado y columnista Ramiro Bejarano: “como liberal de convicción, debo decir que la permanencia de la senadora Morales en el Partido Liberal hoy es insostenible ideológica y éticamente hablando”. (Ver columna).
Así es: tan insostenible resulta la Morales liderando desde la política una cruzada religiosa de corte fascista (tan absolutamente contraria al pensamiento liberal que discrimina hasta a su propia hija lesbiana), como ver a la Hernández trabajando en estrecha simbiosis con el más conspicuo representante de la extrema derecha, Alejandro Ordóñez, a quien hizo condecorar en la Asamblea de Santander con la orden Luis Carlos Galán, pese a que al dirigente liberal lo mataron los paramilitares y Ordóñez los apoyaba, como consta en recorte de prensa con fecha agosto 18 de 1987 donde él dijo que “las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación”. (Ver noticia). ¿Cuándo fue asesinado Galán? Vaya coincidencia, el 18 de agosto de 1989, exactamente dos años después del manifiesto apoyo de Ordóñez al paramilitarismo, lo cual le da a esa condecoración el carácter de infamia.
¿A qué obedece que a pesar de asumir posiciones radicalmente opuestas al ideario de los respectivos Partido Liberal y La U, las señoras Morales y Hernández permanecen como miembros activas de esas agrupaciones y no son expulsadas con la deshonra que corresponde a quienes actúan en contravía de sus principios ideológicos? ¿Por qué ni siquiera una sanción, o al menos una cordial invitación a que busquen una agrupación acorde con su visión de derecha clerical, como el Partido Conservador o el Centro Democrático? En este contexto la deshonra es para los partidos que las siguen acogiendo, y su permanencia ahí recuerda a Groucho Marx cuando decía: “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros…”.
Ellas (y ellos) saben que están ‘durmiendo con el enemigo’, y el motivo es de pragmática conveniencia mutua: expulsarlas significaría perder el inmenso caudal de votos –cada día mayor- que las acompañan, sumado a que su salida las victimizaría y haría ver a quienes aplicaron la medida como unos despiadados machistas, perseguidores de dos cristianas buenas y devotas…
Sea como fuere, su expulsión se ubicaría dentro de lo políticamente correcto, porque si hay algo más peligroso que un fanático religioso, es un fanático religioso con poder político. Y el peligro se hace mayor cuando no son uno ni dos ni tres fanáticos sino una verdadera horda de pastores evangélicos y cristianos alineados (de pronto hasta pagados) por la extrema derecha, como se vio en los días del plebiscito, cuando inundaron las redes sociales de propaganda negra y pusieron a sus marionetas a sembrar el miedo a la ‘dictadura homosexual’ entre una mayoritaria población ignorante, y así lograron el triunfo del NO. Tan productiva les resultó la estrategia que han reactivado a sus legiones de fanáticos, embaucadores y charlatanes, cual perros rabiosos adiestrados para la guerra, con miras a elegir Presidente el año entrante.
De Viviane Morales se pensó que había recibido una merecida derrota en el Congreso con su referendo discriminatorio, pero resucitó al tercer día y logró por persona interpuesta –el magistrado cristiano Carlos Bernal, promovido por ella desde el Senado- torcerle el cuello al acuerdo de paz con un voto definitivo que convirtirá el Fast Track en un paquidérmico Slow Track. ¿Cómo explicar que el liberalismo apoya al gobierno en su propósito de afianzar la paz, pero una miembro de la bancada liberal consigue mediante una ‘ficha’ suya en la Corte Constitucional poner en jaque el acuerdo, y no contenta con lo anterior hace un video donde convoca a sus ‘feligreses’ contra Santos, en acto de retaliación porque este contribuyó a hundir su proyecto de inspiración medioeval? (Ver video).
Dicen que por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, y esto se traduce en que se avecina una campaña electoral cochina (o peor, asquerosa), donde las moralistas Morales y las homofóbicas Hernández y los corruptos Ordóñez y los farsantes Arrázolas usarán de nuevo a Dios como estandarte de su causa fascista, y si el país se descuida nos tendrán tragando de su mierda confesional a partir de 2018, respaldados por esas mismas hordas de ignorantes que votaron por el NO el 2 de octubre y a las que están en capacidad de movilizar para incendiar el país, si la ocasión lo requiere. Sembrarán el caos, para luego aparecer como sus salvadores.
Por todo lo anterior no es posible culminar esta columna diciendo ‘podéis ir en paz’, porque la evidencia demuestra que están al servicio de una mano negra empeñada en impedir que la reconciliación nacional se consolide. Como dije en columna anterior, esas congregaciones religiosas supuestamente practicantes de la caridad cristiana contribuirían de verdad a hacer un mejor país si comenzaran por quitarle la tilde a la palabra AMÉN. Pero en lugar de “amen”, hoy parecen actuar bajo la consigna “odien”.
DE REMATE: Concuerdo con Humberto de la Calle en que el momento exige “una coalición enorme de todos los que estamos defendiendo el proceso y protegiendo una paz que apenas comienza a nacer”. ¿Escucharon Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Clara López y Antonio Navarro, entre otros?
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.- Ha vencido el término del que gozaba el Presidente de la República, según el Acto Legislativo 1 de 2016, para expedir decretos con fuerza de ley con miras a la implementación de los acuerdos de paz. Por ello, el Jefe del Estado acaba de expedir -a la carrera- más de treinta decretos leyes.
Recordemos el texto de la norma habilitante:
“ARTÍCULO 2o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. […] ”.
Según la Sentencia C-699 de 2016 de la Corte Constitucional, la habilitación legislativa en referencia -que fue declarada exequible- “es temporal pues solo puede ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016; está temáticamente limitada, por cuanto solo puede usarse para asegurar y facilitar la implementación del acuerdo final; cuenta con restricciones competenciales, ya que no puede ejercerse para expedir actos legislativos ni determinado tipo de normas; los decretos ley expedidos en virtud de estas facultades se sujetan a control constitucional, el cual debe ser automático, posterior e integral, razón por la cual la Corte podrá revisar tanto el procedimiento de formación -que incluye la competencia- como su contenido”.
El respeto que nos merecen los fallos de la Corte no nos impide mantener la opinión -que manifestamos desde cuando se trataba apenas de un proyecto- según la cual el mencionado Acto Legislativo modificó, y de manera profunda, la institución de las facultades extraordinarias, que, como lo reiteró siempre la jurisprudencia -la de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al numeral 12 del artículo 76 de la Constitución de 1886, y la de la Corte Constitucional respecto al numeral 10 del artículo 150 de la Carta de 1991-, era excepcional -como lo indica el vocablo “extraordinarias-, porque en el sistema colombiano el titular de la cláusula general de competencia en materia legislativa es el Congreso. El Ejecutivo solamente ejerce facultades extraordinarias de modo excepcional y dentro de los límites temporal y material.
Las facultades extraordinarias no implican, ni pueden implicar, a la luz de la Constitución, un traslado ilimitado y abierto de las atribuciones legislativas del Congreso al Gobierno. Por tal razón ha señalado la jurisprudencia constitucional que, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen, su concesión debe ser temporal -por un tiempo máximo de seis meses- y precisa -relativa única y exclusivamente a una materia-. No son admisibles las facultades amplias, indeterminadas, indefinidas, vagas, abstractas, implícitas. Cuando así se confieren, la norma legal viola la Constitución. Y, si se trata -como en este caso- de un acto reformatorio de la Constitución, no cabe duda de que -al usar expresiones tan generosas como las transcritas- se sustituyó la Constitución, y de ello no se percató la Corte Constitucional. Ya lo veremos cuando leamos los más de treinta decretos expedidos.
Por Amylkar D. Acosta M.- El derrumbe de los precios del petróleo no sólo se ha traducido en la caída de la producción sino que también se ha traducido en una menor afluencia de capitales al país con destino al sector de los hidrocarburos y en el menor apetito por invertir en Colombia, que pierde competitividad relativa frente a otros países que lucen más atractivos. Lo acaecido en los últimos dos años es dramático, toda vez que para el año 2015 Colombia, según la CEPAL, registró la peor caída de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina con el 26%, casi el doble del promedio en la región que fue del 14%.
En el caso de Colombia, después del auge de la IED, que pasó de US $2.390 millones, promedio, entre el año 2000 y 2004 a US $8.484 millones entre 2005 y 2011, llegando a su clímax entre el 2012 y 2014 con US $15.556 millones. Luego vendría la estampida de la IED y desde luego el descalabro fue mayor en la inversión en el sector de la minería y los hidrocarburos, la cual llegó a acaparar el 76.49% del total en 2010, que pasó, según datos de la Balanza de pagos del Banco de la República, de los US $4.732 millones en 2014 invertidos en la industria del petróleo a US $2.512 millones en 2015 y a US $2.172 millones en 2016, un bajonazo del orden del 55% en los últimos dos años. Con la caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014 cayó también la participación de la industria extractiva en la IED alcanzando un porcentaje de 30.09%, su nivel más bajo, en 2015.
EL descaecimiento de la actividad hidrocarburífera en Colombia le pasó factura al PIB del país, que venía siendo impulsada hace rato por la locomotora de la industria del petróleo, cuyos precios fueron los últimos en caer, pues los demás commodities se deslizaron por el tobogán desde el 2012. La economía, que venía en franca desaceleración (crecimiento del PIB en 2014 4.4%, en 2015 3.1% y en 2016 2%), ahora merced al desánimo de la misma, el crecimiento del PIB pierde fuerza e impulso acelerándose la desaceleración. La ralentización del crecimiento de la economía el último año es evidente: el crecimiento del PIB en los cuatro trimestres de 2016 así lo demuestran, 2.7%, 2.5%, 1.1% y 1.6%, respectivamente, prolongándose y acentuándose en el primer trimestre de este año, que arrancó con el pie izquierdo, con un crecimiento del PIB del 1.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior, que si se compara con el último trimestre del año pasado el dato resulta negativo en 0.2%. Son 40 puntos básicos por debajo del registro trimestre anterior, una aceleración de la desaceleración de 1.6 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2016. Es como si la economía estuviera en el atolladero.
Ahora bien, lo que dicen las cifras del DANE, que fueron reveladas la semana anterior, es que la acelerada desaceleración es generalizada, pues este magro crecimiento del 1.1%, además de ser inferior al crecimiento vegetativo de la población en Colombia, prolonga en el tiempo la desaceleración inducida a que fue sometida la economía colombiana en su momento por parte del Gobierno y el Banco de la República. En efecto, excepción hecha del sector agropecuario, que creció el 7.7%, el crecimiento de los demás sectores es decepcionante, sobre todo el sector de minas y canteras que sufrió un desplome del 9.4% con respecto al mismo período del año 2016. Al desagregar esta cifra observamos que el descenso del subsector de petróleo fue aún mayor al registrar el 12.6%. Ahora, este sector que enantes era el que le imprimía dinámica al crecimiento de la economía ahora se ha tornado en el lastre que la frena. Sólo nos consuela saber que la caída de la actividad petrolera se empieza a desacelerar, si tenemos en cuenta que el descenso del crecimiento de su PIB en los dos últimos trimestres del año anterior que fue de 16% y 14.6%, respectivamente, se mantiene.
Conocida la cifra del DANE, que muestra el mediocre crecimiento de la economía en este primer trimestre del año de un anémico 1.1%, todos los analistas y centros de pensamiento, así como los organismos internacionales, están revaluando y revisando a la baja su proyección del crecimiento del PIB para el año completo. La apuesta de FEDESARROLLO y del FMI del crecimiento del PIB para este año ronda el mismo 2% del año anterior y el Banco de la República, en su reciente sesión de junta, revisó a la baja su pronóstico y prevé un crecimiento de sólo el 1.8% (¡!). Y ello, a pesar de los intentos y el empeño del Gobierno y el Banco Emisor de reanimar la economía, lo cual ha obligado al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, luego de conocer los resultados del primer trimestre, a anunciar, muy a su pesar, que para el mes de junio, al expedir el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se revisará hacia la baja la meta oficial de crecimiento de 2.5%, que como diría el reputado escritor mexicano Octavio Paz está a las afueras de la realidad.
Miami, mayo 26 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Horacio Serpa.-Este llanero, instruido y culto, se desempeña como Director de la Unidad de Víctimas del conflicto armado, difícil labor en un país en el que la confrontación violenta ha durado más de 50 años. Son seis millones de víctimas por las que el Estado y la sociedad colombiana deben responder, en su congoja, en su dolor, en su dignidad hollada, en la humillación sufrida y en lo relativo a reparación e indemnización por los daños recibidos, la mayoría de ellos irreparables. ¿Cómo se reemplaza una vida?
Alan Jara cumple en esta función una tarea consagrada, comprometida y decente. Fue víctima del conflicto. Lo secuestraron las Farc cuando cumplía una labor humanitaria. Su cautiverio duró 7 años, que soportó con coraje y decoro. No se dejó derrotar por la bellaquería que le impusieron, y en el abandono se mantuvo activo y útil. Le dio confianza a sus compañeros de padecimiento y montó una escuela para enseñarles, incluso a los guerrilleros, inglés y ruso. Los colombianos sabemos que se mantuvo altivo y fuerte, sin sucumbir al “síndrome de Estocolmo”.
Cuando regresó a la libertad el pueblo metense lo eligió Gobernador. Le tocó la época de “las vacas flacas”, porque el Gobierno Nacional y el Congreso modificaron el sistema de regalías petroleras, disminuyendo en más de un 80% los ingresos que por este concepto recibía su Departamento, el mayor productor de crudo de Colombia. No se arredró en la búsqueda de su mayor anhelo público: que su región refinara siquiera 40.000 de los 600.000 barriles de petróleo que produce cada día.
En una visita a Villavicencio fui a tomarme un tinto a su Despacho, en donde me recibió con su respetable esposa. Me contó del proyecto, me dijo que ya estaban haciendo los estudios y me di cuenta que soñaba con dejarle al Meta una renta que cubriera el déficit presupuestal que sufren las Entidades Territoriales. Un propósito deseable, frente a la pobreza de los fiscos seccionales.
Ni pensar aquel día que el crudo, en esa época a 110 dólares el barril, caería a 30 dólares. Una catástrofe para las empresas petroleras, en las que se confiaba para que se asociaran con el Departamento y construyeran la Refinería del Llano. Ahí comenzó a trastrabillar el proyecto, para cuya realización ya se habían efectuado importantes inversiones.
Hoy Alán y su Administración están siendo objeto de cuestionamientos porque no se hizo la obra, especialmente propiciados por sus contradictores políticos que ven la oportunidad de castigarle sus méritos y sus éxitos. No es extraño en política. El asunto está en manos de las autoridades, que obrarán con diligencia, ecuanimidad, buen sentido e imparcialidad.
La refinería no se ha hecho, pero me dijeron que el actual gobierno territorial mantiene el propósito de ejecutar el proyecto. Tendrá éxito. No lo tendrán los acusadores de Alán, porque de esta situación saldrá bien, sonriente, pulcro y alegre, como un día salió de la manigua para regocijo de sus amigos y paisanos.
Por Juan Manuel Galán.-El país de las oportunidades busca arrebatar el país de las garras del clientelismo para devolvérselo a la clase media trabajadora Colombiana.
En materia económica, el panorama de crecimiento de los últimos años, nos muestra una tendencia de crecimiento bajo, inestable, volátil y exclusivamente dependiente de la industria extractiva, el sector minero y los recursos no renovables. Esa tendencia inequitativa y desigual que concentra la riqueza en unos pocos, en detrimento de la mayoría, debe ser reemplazada por un crecimiento inclusivo, columna vertebral para un Nuevo Liberalismo. Mientras ustedes leen esta columna, Colombia mantiene un Coeficiente de Gini de ingresos de 0.55 y un coeficiente de propiedad de la tierra cercano al 0,90. Eso en términos sencillos, significa que nos aproximamos rápidamente a una desigualdad social absoluta en nuestro país.
El crecimiento inclusivo por su parte, consiste en llevar a la gente a ser el centro de un nuevo modelo económico que beneficie a empresas de todos los sectores de la economía, especialmente las Mypimes en las regiones. Esta nueva propuesta se levanta sobre 6 frentes: el primero es la apertura de nuevos mercados para productos de exportación con alto valor agregado. En Colombia el 15 % de nuestro PIB está representado por las exportaciones mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esa cifra es del 50%.
Adicionalmente, el 80 % de nuestras exportaciones se concentran en productos naturales no renovables, que tienen poco o escaso valor agregado. Por eso, el segundo frente está dirigido al fortalecimiento de las Mypimes que son el 99% de las empresas del país.
La tercera base de nuestra propuesta, es generar empleo productivo. Vamos a crear una fuerza laboral que supere los altos índices de informalidad, y que sincronice verdaderamente lo que pide el mercado con la formación técnica y tecnológica que ofrece nuestro país; todo esto, bajo una definida estrategia hacia la innovación. En términos de innovación, Colombia solo invierte el 0,5% del PIB, mientras que la OCDE invierte en promedio el 2%, por eso, el cuarto pilar será incrementar el gasto público para generar una política que garantice la libre competencia en el país, mejore el sistema de patentes y consolide alianzas fuertes entre el sector privado, la academia y el Estado.
Por José G. Hernández.-Es increíble el fanatismo de quienes confunden la paz con el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno de Santos y las Farc. Han llegado a extremos de intolerancia, inclusive respecto a la vigencia del Derecho, porque, según ellos, el mencionado documento tiene un valor y una jerarquía superiores a la Constitución que -entendemos- todavía rige en Colombia.
En los días anteriores a la votación del plebiscito -que perdió y desobedeció el Gobierno-, dijeron en todos los tonos que la mejor muestra de voluntad de paz de los guerrilleros consistía en su manifestación expresa de someterse a lo que fallara la Corte Constitucional. Cuando falló a favor de lo actuado en esa materia, exhibieron las decisiones judiciales como muestra de la legitimidad y validez del proceso y de los acuerdos. Pero cuando ese tribunal resolvió declarar inexequibles dos numerales que vulneraban abiertamente la Carta Política y la autonomía del Congreso, el Ejecutivo y los ex negociadores de La Habana pusieron el grito en el cielo y dijeron que la sentencia es equivocada; que la Corte quiere entorpecer el proceso de paz; que los magistrados están conspirando contra los acuerdos y su desarrollo normativo y que es necesario unir fuerzas contra la institución encargada de guardar la integridad y supremacía de la Constitución porque el famoso Acuerdo está por encima de ella.
En otros términos, querían que la Corte prevaricara, y -mediante la crítica y la descalificación- la están llamando a prevaricar en el futuro, en todos aquellos casos en que deba ejercer a ese respecto el control de constitucionalidad.
Se busca doblegar a la Corte, como ya doblegaron al Congreso, para que, abjurando de su altísima misión, se abstenga de examinar el contenido de las normas que revisa, y para que se limite a efectuar un estudio formal y aparente, sin atreverse a declarar inexequibles las reglas que halle inconstitucionales. No están contentos con un Congreso servil y dependiente, y quieren una Corte Constitucional con esas mismas características.
Como lo decíamos en reciente columna radial, estos afiebrados críticos deben entender que en La Habana no sesionó una asamblea constituyente; que el Acuerdo de Paz no es un documento supra constitucional, ni un tratado internacional; que está sometido a la Constitución y no a la inversa; que el Congreso es un órgano deliberante y autónomo; que si se llevan proyectos de normas al Congreso, sus integrantes están obligados -en cuanto representantes del pueblo que los eligió- a debatir antes de votar; que, si las iniciativas se someten a la decisión de ese órgano es para que en su seno se evalúen, se discutan, se debatan con libertad, y se aprueben con conocimiento de causa, o se rechacen, o se modifiquen. Y deben entender también que la Corte Constitucional no es una figura decorativa, sino que cumple una tarea primordial en el Estado de Derecho, y que su compromiso no es con el Gobierno, ni con las Farc, sino con la Constitución Política cuya custodia le ha sido encomendada. En eso consiste el sistema democrático. Lo demás es dictadura.
Por Jorge Gómez Pinilla.- Nada más aburrido que pedir plata, así sea para una causa justa, porque la gente llega a sospechar que el que la pide se va a embolsillar al menos una parte. A mí me ha pasado (lo de sospechar), por ejemplo cuando llaman a pedir “para una campaña de Unicef a favor de los niños”. ¿Cómo así, la Unicef pidiendo limosna por call center?, se pregunta uno, capcioso.
Algo que noté a raíz del viaje que hice a Washington D.C. a entrevistar al exembajador Myles Frechette (cuyo resultado fue una tormenta política en la que Uribe tildó a Frechette de “sinvergüenza” y quedó claro de dónde salieron las balas que mataron a Álvaro Gómez), fue que aparecieron desde fundaciones que pensaron que soy un filántropo millonario y pedían mi “generosa donación”, hasta amigos atravesando “un apuro” que creían que yo me había ganado el Baloto porque vieron en mi Facebook que extendí el viaje hasta Las Vegas. Lo que no sabían esos amigos —ni mis enemigos— es que el tiquete a Las Vegas fue costeado por la primogénita hija que vive allá, quien en los últimos cinco años ha cometido el geriátrico abuso de darme dos nietos.
El viaje surgió de improviso cuando Frechette aceptó la entrevista y mi editor aprobó financiar los tiquetes, mas no la estadía. Yo tenía mi tarjeta de crédito bloqueada por ‘exceso de pago’, pero no iba a perder la oportunidad dorada de entrevistar a Frechette, así que me encomendé al Divino Niño (¿han visto a Homero Simpson pidiéndole a Dios un nuevo sabor de tocineta?, así) para que me solucionara la encrucijada que enfrenté el día que debía tomar el vuelo, a saber: no tenía a dónde llegar, ni había hecho reservación. Sin tarjeta de crédito era imposible, y los ahorritos que llevaba no alcanzaban para hotel; alguien me aconsejó buscar alojamiento por Internet en AirBnB, casas de familia donde reciben a viajeros, pero el problema era igual: sin tarjeta de crédito, ni modo.
Debió ser el Divino Niño el de la iluminación, porque entrado el mediodía se me ocurrió acudir a una ‘mentira piadosa’, que titulé Botella al mar: conté en mi muro que había tenido que bloquear mi tarjeta de crédito debido a un intento de clonación, y que este imprevisto me impedía hacer reservación, y pregunté por una casa u hostal donde pudiera registrarme al momento de mi llegada. La sorpresa fue mayúscula ante la avalancha de propuestas que recibí (¡gente que quiere a la gente!) y entre todas llamó mi asombrada atención la de un amigo de Facebook —paisa, para más señas— a quien nunca he visto en persona pero se declaraba lector y admirador de mis columnas. Él, cuyo nombre me reservo pero le guardo eterna gratitud, me contó de una pareja de amigos suyos —ella mexicana, él gringo— a quienes ya les había hablado de mí y estarían encantados de recibirme en su casa… ¡gratis!
Un motivo de decepción a mi regreso de EE. UU. estuvo en que alentado por las explosivas revelaciones de Frechette, llegué a ilusionarme con que el pago de la entrevista sería proporcional a la importancia de su contenido, pero no fue así. No revelo la suma que me pagaron porque no la creerían, pero no sobra aclarar que por mis columnas no recibo un solo peso, solo prestigio, y fue esto lo que me motivó dos años atrás a escribir algo que titulé ‘El trabajo intelectual es la puta del paseo’. (Ver columna).
Hoy lo urgente me impide abordar lo prioritario, en un escenario donde la urgencia se llama supervivencia económica y la prioridad es la escritura del libro que recoge la investigación periodística que he adelantado sobre el asesinato de Álvaro Gómez (incluyendo las revelaciones de Frechette que faltan), con un título que parodia una novela de cuyo autor no logro acordarme: Crónica de una muerte orquestada. Pensando precisamente en sentarme a escribir el libro sin angustias económicas, contemplé la posibilidad de convocar a un Crowdfunding —o ‘vaca’ virtual que llaman— mediante el cual los interesados lo compraran por adelantado, pero enfrenté el mismo inconveniente que me tuvo a punto de abortar el viaje: tarjeta de crédito bloqueada...
Aquí de nuevo el Divino Niño me iluminó, porque recordé que justo al día siguiente de publicada esta columna, o sea mañana jueves, el suscrito columnista cumple la módica suma de 60 años. Así que le dije a mí mismo: “mí mismo, ¿y qué tal si para evitar la depresión del súbito ingreso al sexto piso pinta una situación bien desgarradora y les pide a sus lectores —incluidos amigos, parientes, novias y exesposas— que en lugar de regalos o vanas congratulaciones le consignen la suma que a bien tengan en su cuenta número 79673007967 de Bancolombia?”.
La idea es que quien deposite $50.000 o más reciba en su casa un ejemplar del libro, con dedicatoria y autógrafo del famosísimo autor, por supuesto. Para el envío me pueden contactar en mi cuenta de Facebook o al correo
¿Qué puede haber de malo, pregunto, a punto de penetrar la senda donde la mar se enluta, en convocar la solidaridad de los aquí presentes para generar los ingresos que hasta hoy me han negado tanto esta columna como el ejercicio de un periodismo honesto, siempre en busca de la verdad? El que tenga una objeción, que arroje la primera piedra.
DE REMATE: La sugerencia es no hacer la consignación en la entidad bancaria, sino mediante transferencia electrónica o en un corresponsal bancario Bancolombia, para evitar el descuento de la "usurera" suma de $12.000 en cada transacción.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/
Por Jairo Gómez.-No es una percepción pesimista o fatalista de los acontecimientos, pero creo que los francotiradores contra la paz vienen, sistemáticamente, logrando triunfos que ponen en serio riesgo la implementación del acuerdo del Teatro Colón. A veces pienso que el establecimiento, desde su confort, necesita del enemigo y que lo mejor es arrojar la paloma de la paz al fuego.
Ciertas élites no aceptan que las FARC dejaron de ser un grupo guerrillero. En sus inmodificables recuerdos, perviven las FARC de la guerra no las FARC de la paz, que ya están desmovilizadas y están en proceso de entregar las armas para convertirse en un partido político. Es la percepción simplista de que siempre hay que tener un enemigo. Así le sucede a los gringos, no pueden vivir sin enemigo, y lo siguen encontrando en Rusia.
Repito, tener un enemigo es simplista pero eficaz. Es muy eficaz cuando se legitima una doctrina que busca impedir que los argumentos de la guerra se desvanezcan. Entonces surgen decisiones como las de la Corte Constitucional que ponen en vilo un acuerdo de paz que es político y no jurídico. Un pronunciamiento que avala la doctrina de la mentira y la confusión que a diario exponen los nostálgicos de la guerra incluso contra la misma constitución, que exige que la “paz sea de obligatorio cumplimiento”.
No se nos puede olvidar la historia, que siempre enseña de sus experiencias. Culminada la Primera Guerra Mundial, el acuerdo entre los Estados europeos en torno a la paz fue tan débil y el compromiso de la sociedad tan frágil, que la eficacia del discurso nazi en favor de la confrontación tuvo sus frutos tres lustros después, se renovaron los ímpetus bélicos y el planeta, de nuevo, fue protagonista de la Segunda Guerra Mundial.
La Corte Constitucional abrió una grieta, instaló el proceso en la incertidumbre de si será posible romper el cerco de la guerra en nuestro país de manera definitiva, sin retaliación y no repetición o si los nostálgicos de la guerra lograrán el cometido de preservar sus privilegios a punta de tiros y bayonetas.
En su sensatez el gobierno busca apaciguar las aguas y advierte que políticamente hay salida si se aplican las mayorías en el Congreso en pro de la paz; no es fácil para un presidente con el sol a las espaldas apoyarse sólo en el amparo político, tendrá que echar mano de las exiguas arcas del Estado y esto en pleno debate electoral cuenta, y muchísimo, si busca un respaldo legislativo al Fastrak.
El presidente Santos tiene en sus manos la posibilidad de subsanar la insólita decisión de la Corte. El acto legislativo de 2016 le da facultades, a través de Decretos con Fuerza de Ley, para dotar de las herramientas necesarias la implementación del acuerdo de paz y que garanticen seriedad y cumplimiento de lo pactado.
Presidente Santos, si las encuestas no le favorecen por lo menos crea en sí mismo, en su proyecto. Pase a la historia.
@jairotevi
