Opinión

Por Horacio Serpa.-Este llanero, instruido y culto, se desempeña como Director de la Unidad de Víctimas del conflicto armado, difícil labor en un país en el que la confrontación violenta ha durado más de 50 años. Son seis millones de víctimas por las que el Estado y la sociedad colombiana deben responder, en su congoja, en su dolor, en su dignidad hollada, en la humillación sufrida y en lo relativo a reparación e indemnización por los daños recibidos, la mayoría de ellos irreparables. ¿Cómo se reemplaza una vida?

Alan Jara cumple en esta función una tarea consagrada, comprometida y decente. Fue víctima del conflicto. Lo secuestraron las Farc cuando cumplía una labor humanitaria. Su cautiverio duró 7 años, que soportó con coraje y decoro. No se dejó derrotar por la bellaquería que le impusieron, y en el abandono se mantuvo activo y útil. Le dio confianza a sus compañeros de padecimiento y montó una escuela para enseñarles, incluso a los guerrilleros, inglés y ruso. Los colombianos sabemos que se mantuvo altivo y fuerte, sin sucumbir al “síndrome de Estocolmo”.

Cuando regresó a la libertad el pueblo metense lo eligió Gobernador. Le tocó la época de “las vacas flacas”, porque el Gobierno Nacional y el Congreso modificaron el sistema de regalías petroleras, disminuyendo en más de un 80% los ingresos que por este concepto recibía su Departamento, el mayor productor de crudo de Colombia. No se arredró en la búsqueda de su mayor anhelo público: que su región refinara siquiera 40.000 de los 600.000 barriles de petróleo que produce cada día.

En una visita a Villavicencio  fui a tomarme un tinto a su Despacho, en donde me recibió con su respetable esposa. Me contó del proyecto, me dijo que ya estaban haciendo los estudios y me di cuenta que soñaba con dejarle al Meta una renta que cubriera el déficit presupuestal que sufren las Entidades Territoriales. Un propósito deseable, frente a la pobreza de los fiscos seccionales.

Ni pensar aquel día que el crudo, en esa época a 110 dólares el barril, caería a 30 dólares. Una catástrofe para las empresas petroleras, en las que se confiaba para que se asociaran con el Departamento y construyeran la Refinería del Llano. Ahí comenzó a trastrabillar el proyecto, para cuya realización ya se habían efectuado importantes inversiones.

Hoy Alán y su Administración están siendo objeto de cuestionamientos porque no se hizo la obra, especialmente propiciados por sus contradictores políticos que ven la oportunidad de castigarle sus méritos y sus éxitos. No es extraño en política. El asunto está en manos de las autoridades, que obrarán con diligencia, ecuanimidad, buen sentido e imparcialidad. 

La refinería no se ha hecho, pero me dijeron que el actual gobierno territorial mantiene el propósito de ejecutar el proyecto. Tendrá éxito. No lo tendrán los acusadores de Alán, porque de esta situación saldrá bien, sonriente, pulcro y alegre, como un día salió de la manigua para regocijo de sus amigos y paisanos.   

Por Juan Manuel Galán.-El país de las oportunidades busca arrebatar el país de las garras del clientelismo para devolvérselo a la clase media trabajadora Colombiana.

En materia económica, el panorama de crecimiento de los últimos años, nos muestra una tendencia de crecimiento bajo, inestable, volátil y exclusivamente dependiente de la industria extractiva, el sector minero y los recursos no renovables. Esa tendencia inequitativa y desigual que concentra la riqueza en unos pocos, en detrimento de la mayoría, debe ser reemplazada por un crecimiento inclusivo, columna vertebral para un Nuevo Liberalismo. Mientras ustedes leen esta columna, Colombia mantiene un Coeficiente de Gini de ingresos de 0.55 y un coeficiente de propiedad de la tierra cercano al 0,90. Eso en términos sencillos, significa que nos aproximamos rápidamente a una desigualdad social absoluta en nuestro país.

El crecimiento inclusivo por su parte, consiste en llevar a la gente a ser el centro de un nuevo modelo económico que beneficie a empresas de todos los sectores de la economía, especialmente las Mypimes en las regiones. Esta nueva propuesta se levanta sobre 6 frentes: el primero es la apertura de nuevos mercados para productos de exportación con alto valor agregado. En Colombia el 15 % de nuestro PIB está representado por las exportaciones mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esa cifra es del 50%.

Adicionalmente, el 80 % de nuestras exportaciones se concentran en productos naturales no renovables, que tienen poco o escaso valor agregado. Por eso, el segundo frente está dirigido al fortalecimiento de las Mypimes que son el 99% de las empresas del país. 

La tercera base de nuestra propuesta, es generar empleo productivo. Vamos a crear una fuerza laboral que supere los altos índices de informalidad, y que sincronice verdaderamente lo que pide el mercado con la formación técnica y tecnológica que ofrece nuestro país; todo esto, bajo una definida estrategia hacia la innovación. En términos de innovación, Colombia solo invierte el 0,5% del PIB, mientras que la OCDE invierte en promedio el 2%, por eso, el cuarto pilar será incrementar el gasto público para generar una política que garantice la libre competencia en el país, mejore el sistema de patentes y consolide alianzas fuertes entre el sector privado, la academia y el Estado.

Por José G. Hernández.-Es increíble el fanatismo de quienes confunden la paz con el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno de Santos y las Farc. Han llegado a extremos de intolerancia, inclusive respecto a la vigencia del Derecho, porque, según ellos, el mencionado documento tiene un valor y una jerarquía superiores a la Constitución que -entendemos- todavía rige en Colombia.

En los días anteriores a la votación del plebiscito -que perdió y desobedeció el Gobierno-, dijeron en todos los tonos que la mejor muestra de voluntad de paz de los guerrilleros consistía en su manifestación expresa de someterse a lo que fallara la Corte Constitucional. Cuando falló a favor de lo actuado en esa materia, exhibieron las decisiones judiciales como muestra de la legitimidad y validez del proceso y de los acuerdos. Pero cuando ese tribunal resolvió declarar inexequibles dos numerales que vulneraban abiertamente la Carta Política y la autonomía del Congreso, el Ejecutivo y los ex negociadores de La Habana pusieron el grito en el cielo y dijeron que la sentencia es equivocada; que la Corte quiere entorpecer el proceso de paz; que los magistrados están conspirando contra los acuerdos y su desarrollo normativo y que es necesario unir fuerzas contra la institución encargada de guardar la integridad y supremacía de la Constitución porque el famoso Acuerdo está por encima de ella.

En otros términos, querían que la Corte prevaricara, y -mediante la crítica y la descalificación- la están llamando a prevaricar en el futuro, en todos aquellos casos en que deba ejercer a ese respecto el control de constitucionalidad.

Se busca doblegar a la Corte, como ya doblegaron al Congreso, para que, abjurando de su altísima misión, se abstenga de examinar el contenido de las normas que revisa, y para que se limite a efectuar un estudio formal y aparente, sin atreverse a declarar inexequibles las reglas que halle inconstitucionales. No están contentos con un Congreso servil y dependiente, y quieren una Corte Constitucional con esas mismas características. 

Como lo decíamos en reciente columna radial, estos afiebrados críticos deben entender que en La Habana no sesionó una asamblea constituyente; que el Acuerdo de Paz no es un documento supra constitucional, ni un tratado internacional; que  está sometido a la Constitución y no a la inversa; que el Congreso es un órgano deliberante y autónomo; que si se llevan proyectos de normas al Congreso, sus integrantes están obligados -en cuanto representantes del pueblo que los eligió- a debatir antes de votar; que, si las iniciativas se someten a la decisión de ese órgano es para que en su seno se evalúen, se discutan, se debatan con libertad, y se aprueben con conocimiento de causa, o se rechacen, o se modifiquen. Y deben entender también que la Corte Constitucional no es una figura decorativa, sino que cumple una tarea primordial en el Estado de Derecho, y que su compromiso no es con el Gobierno, ni con las Farc, sino con la Constitución Política cuya custodia le ha sido encomendada. En eso consiste el sistema democrático. Lo demás es dictadura.

Por Jorge Gómez Pinilla.- Nada más aburrido que pedir plata, así sea para una causa justa, porque la gente llega a sospechar que el que la pide se va a embolsillar al menos una parte. A mí me ha pasado (lo de sospechar), por ejemplo cuando llaman a pedir “para una campaña de Unicef a favor de los niños”. ¿Cómo así, la Unicef pidiendo limosna por call center?, se pregunta uno, capcioso.

Algo que noté a raíz del viaje que hice a Washington D.C. a entrevistar al exembajador Myles Frechette (cuyo resultado fue una tormenta política en la que Uribe tildó a Frechette de “sinvergüenza” y quedó claro de dónde salieron las balas que mataron a Álvaro Gómez), fue que aparecieron desde fundaciones que pensaron que soy un filántropo millonario y pedían mi “generosa donación”, hasta amigos atravesando “un apuro” que creían que yo me había ganado el Baloto porque vieron en mi Facebook que extendí el viaje hasta Las Vegas. Lo que no sabían esos amigos —ni mis enemigos— es que el tiquete a Las Vegas fue costeado por la primogénita hija que vive allá, quien en los últimos cinco años ha cometido el geriátrico abuso de darme dos nietos.

El viaje surgió de improviso cuando Frechette aceptó la entrevista y mi editor aprobó financiar los tiquetes, mas no la estadía. Yo tenía mi tarjeta de crédito bloqueada por ‘exceso de pago’, pero no iba a perder la oportunidad dorada de entrevistar a Frechette, así que me encomendé al Divino Niño (¿han visto a Homero Simpson pidiéndole a Dios un nuevo sabor de tocineta?, así) para que me solucionara la encrucijada que enfrenté el día que debía tomar el vuelo, a saber: no tenía a dónde llegar, ni había hecho reservación. Sin tarjeta de crédito era imposible, y los ahorritos que llevaba no alcanzaban para hotel; alguien me aconsejó buscar alojamiento por Internet en AirBnB, casas de familia donde reciben a viajeros, pero el problema era igual: sin tarjeta de crédito, ni modo.

Debió ser el Divino Niño el de la iluminación, porque entrado el mediodía se me ocurrió acudir a una ‘mentira piadosa’, que titulé Botella al mar: conté en mi muro que había tenido que bloquear mi tarjeta de crédito debido a un intento de clonación, y que este imprevisto me impedía hacer reservación, y pregunté por una casa u hostal donde pudiera registrarme al momento de mi llegada. La sorpresa fue mayúscula ante la avalancha de propuestas que recibí (¡gente que quiere a la gente!) y entre todas llamó mi asombrada atención la de un amigo de Facebook —paisa, para más señas— a quien nunca he visto en persona pero se declaraba lector y admirador de mis columnas. Él, cuyo nombre me reservo pero le guardo eterna gratitud, me contó de una pareja de amigos suyos —ella mexicana, él gringo— a quienes ya les había hablado de mí y estarían encantados de recibirme en su casa… ¡gratis!

Un motivo de decepción a mi regreso de EE. UU. estuvo en que alentado por las explosivas revelaciones de Frechette, llegué a ilusionarme con que el pago de la entrevista sería proporcional a la importancia de su contenido, pero no fue así. No revelo la suma que me pagaron porque no la creerían, pero no sobra aclarar que por mis columnas no recibo un solo peso, solo prestigio, y fue esto lo que me motivó dos años atrás a escribir algo que titulé ‘El trabajo intelectual es la puta del paseo’. (Ver columna).

Hoy lo urgente me impide abordar lo prioritario, en un escenario donde la urgencia se llama supervivencia económica y la prioridad es la escritura del libro que recoge la investigación periodística que he adelantado sobre el asesinato de Álvaro Gómez (incluyendo las revelaciones de Frechette que faltan), con un título que parodia una novela de cuyo autor no logro acordarme: Crónica de una muerte orquestada. Pensando precisamente en sentarme a escribir el libro sin angustias económicas, contemplé la posibilidad de convocar a un Crowdfunding —o ‘vaca’ virtual que llaman— mediante el cual los interesados lo compraran por adelantado, pero enfrenté el mismo inconveniente que me tuvo a punto de abortar el viaje: tarjeta de crédito bloqueada...

Aquí de nuevo el Divino Niño me iluminó, porque recordé que justo al día siguiente de publicada esta columna, o sea mañana jueves, el suscrito columnista cumple la módica suma de 60 años. Así que le dije a mí mismo: “mí mismo, ¿y qué tal si para evitar la depresión del súbito ingreso al sexto piso pinta una situación bien desgarradora y les pide a sus lectores —incluidos amigos, parientes, novias y exesposas— que en lugar de regalos o vanas congratulaciones le consignen la suma que a bien tengan en su cuenta número 79673007967 de Bancolombia?”.

La idea es que quien deposite $50.000 o más reciba en su casa un ejemplar del libro, con dedicatoria y autógrafo del famosísimo autor, por supuesto. Para el envío me pueden contactar en mi cuenta de Facebook o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

¿Qué puede haber de malo, pregunto, a punto de penetrar la senda donde la mar se enluta, en convocar la solidaridad de los aquí presentes para generar los ingresos que hasta hoy me han negado tanto esta columna como el ejercicio de un periodismo honesto, siempre en busca de la verdad? El que tenga una objeción, que arroje  la primera piedra.

DE REMATE: La sugerencia es no hacer la consignación en la entidad bancaria, sino mediante transferencia electrónica o en un corresponsal bancario Bancolombia, para evitar el descuento de la "usurera" suma de $12.000 en cada transacción.

En Twitter: @Jorgomezpinilla 

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

Por Jairo Gómez.-No es una percepción pesimista o fatalista de los acontecimientos, pero creo que los francotiradores contra la paz vienen, sistemáticamente, logrando triunfos que ponen en serio riesgo la implementación del acuerdo del Teatro Colón. A veces pienso que el establecimiento, desde su confort, necesita del enemigo y que lo mejor es arrojar la paloma de la paz al fuego.

Ciertas élites no aceptan que las FARC dejaron de ser un grupo guerrillero. En sus inmodificables recuerdos, perviven las FARC de la guerra no las FARC de la paz, que ya están desmovilizadas y están en proceso de entregar las armas para convertirse en un partido político. Es la percepción simplista de que siempre hay que tener un enemigo. Así le sucede a los gringos, no pueden vivir sin enemigo, y lo siguen encontrando en Rusia.

Repito, tener un enemigo es simplista pero eficaz. Es muy eficaz cuando se legitima una doctrina que busca impedir que los argumentos de la guerra se desvanezcan. Entonces surgen decisiones como las de la Corte Constitucional que ponen en vilo un acuerdo de paz que es político y no jurídico. Un pronunciamiento que avala la doctrina de la mentira y la confusión que a diario exponen los nostálgicos de la guerra incluso contra la misma constitución, que exige que la “paz sea de obligatorio cumplimiento”.

No se nos puede olvidar la historia, que siempre enseña de sus experiencias. Culminada la Primera Guerra Mundial, el acuerdo entre los Estados europeos en torno a la paz fue tan débil y el compromiso de la sociedad tan frágil, que la eficacia del discurso nazi en favor de la confrontación tuvo sus frutos tres lustros después, se renovaron los ímpetus bélicos y el planeta, de nuevo, fue protagonista de la Segunda Guerra Mundial.

La Corte Constitucional abrió una grieta, instaló el proceso en la incertidumbre de si será posible romper el cerco de la guerra en nuestro país de manera definitiva, sin retaliación y no repetición o si los nostálgicos de la guerra lograrán el cometido de preservar sus privilegios a punta de tiros y bayonetas.

En su sensatez el gobierno busca apaciguar las aguas y advierte que políticamente hay salida si se aplican las mayorías en el Congreso en pro de la paz; no es fácil para un presidente con el sol a las espaldas apoyarse sólo en el amparo político, tendrá que echar mano de las exiguas arcas del Estado y esto en pleno debate electoral cuenta, y muchísimo, si busca un respaldo legislativo al Fastrak.

El presidente Santos tiene en sus manos la posibilidad de subsanar la insólita decisión de la Corte. El acto legislativo de 2016 le da facultades, a través de Decretos con Fuerza de Ley, para dotar de las herramientas necesarias la implementación del acuerdo de paz y que garanticen seriedad y cumplimiento de lo pactado.

Presidente Santos, si las encuestas no le favorecen por lo menos crea en sí mismo, en su proyecto. Pase a la historia. 

@jairotevi

Por Amylkar D. Acosta M.- Colombia, sin ser un país petrolero, dada la precariedad de sus reservas, sigue teniendo una altísima dependencia del crudo. Por ello su economía siempre está al vaivén de lo que ocurre en los mercados internacionales, que es donde se transa comercialmente el petróleo y en donde no influimos para nada en la formación de los precios, pues somos sólo tomadores de precios. Después de un largo ciclo de precios altos, los cuales llegaron a tener un pico de US $107.95 el barril de crudo de la referencia WTI y US $115.19 del BRENT en junio 16 de 2014, la sobreoferta de crudo precipitó la destorcida de precios a tal punto que a mediados de enero del año anterior se negoció a US $25. Un caída estrepitosa de más del 70%. Posteriormente los precios tuvieron una importante recuperación, hasta cotizarse finalizando 2016 alrededor de los US $50 el barril y de allí no ha pasado, a pesar de la decisión de la OPEP de reducir el bombeo de crudo en 1.8 millones de barriles diarios por seis meses a partir de enero de este año.

Ello ha afectado tanto el sector externo de la economía llevando a niveles históricos tanto el déficit de la Balanza comercial como el de la Cuenta Corriente de la Balanza de pagos. Todos los países exportadores de petróleo se han visto afectados por la caída de los precios, pero en el caso de Colombia el impacto ha sido mayor, sobre todo en las finanzas públicas, porque a la caída de los precios se vino a sumar la caída de la producción. Después de fijarse la meta y haberla alcanzado de la producción de 1 millón de barriles diarios, diciembre del 2015 fue el último mes del año que se alcanzó superar ese tope, para posteriormente caer de manera sostenida la producción durante 10 de los 12 meses subsiguientes hasta cerrar en diciembre del año anterior con una producción de 837 mil barriles/día. Es más, la nueva meta fijada por el Gobierno para el 2017 es de 865 mil barriles/día. La caída de la producción promedia en el 2016 cayó un 12% con respecto a 2015 y el promedio de la producción en los primeros 4 meses de este año estuvo en 844 mil barriles.

Pero ya advertíamos que por estar invadidos por la preocupación de la baja de los precios y de la producción, estábamos descuidando el peligro mayor que nos acecha cual es la vertiginosa caída de las reservas probadas de crudo con las que cuenta el país, razón por la cual nos ha venido rondando el fantasma de su importación, lo cual sería una verdadera tragedia para el país. Y no lo decimos a humo de paja, es que entre 1992 y 2002 las reservas probadas de petróleo de Colombia pasaron de 3.232 millones de barriles a 2002 millones en 2015. Si miramos los cuatro últimos años observamos que se pasó 2.377 millones de barriles en 2012 y una relación reservas/producción de 6.9 años, a 2.445 millones en 2013 y una relación reservas/producción de 6.6 años, para el 2014 bajaron hasta 2.308 millones y una relación reservas/producción de 6.4 años y sigue cayendo en 2015 hasta llegar a 2002 millones y una relación reservas/producción de 5.5 años. Y, para rematar, acaba de revelar la Agencia Nacional de Hidrocarburos que, una vez más, cayeron las reservas, esta vez para estacionarse, por debajo de la barrera psicológica de los 2.000 millones, en 1.665 millones de barriles y ya el horizonte de autoabastecimiento (coeficiente reservas/producción) se reduce a sólo 5.1 años. Es decir, que a la vuelta de 5 años (¡!) estaremos abocados a tener que importar petróleo al país para nuestro propio abastecimiento.

La caída de las reservas probadas se da cuando el ritmo de extracción del crudo es mayor que el ritmo de reposición de las reservas extraídas, habida cuenta que se trata de un recurso no renovable y por ello mismo expuesto a su declinación y agotamiento. A guisa de ejemplo: en el año 2008 el país extrajo 215 millones de barriles e incorporó reservas del orden de los 524 millones, para un saldo neto de 309 millones de barriles adicionales. Entre tanto en el 2016 se extrajeron 326 millones de barriles  y a duras penas se incorporaron 46 millones de barriles. En conclusión, mientras en 2008 por cada  barril de crudo que se extrajo de los yacimientos se incorporaron 2.4 barriles, en el 2016 sólo se repuso 0.14 barriles.

Son dos los factores fundamentales que han incidido en esta caída de las reservas probadas de crudo en el país, por una parte la caída de los precios y por la otra el decaimiento de la actividad exploratoria. Como es apenas lógico el volumen de las reservas probadas está en función del precio, ya que este determina la comercialidad de las reservas que se encuentran en el campo en explotación. A mayor precio y menor costo de extracción tendremos mayores reservas y viceversa. Está establecido que el efecto – precio fue el que más pesó sobre la caída de las reservas probadas, aproximadamente en 202 millones de barriles. El índice de reemplazo de reservas, si excluimos el efecto – precio fue del 79%; en cambio, si se incluye el efecto – precio, el índice de reemplazo baja dramáticamente en – 7%. El efecto – precio sobre las reservas se ha visto acentuado por cuenta de la baja actividad exploratoria, desalentada tanto por los bajos precios como por el entorno adverso que está enfrentando la industria petrolera en Colombia. 

Bogotá, mayo 21 de 2017 

www.amylkaracosta.net

Por: Jorge Enrique Robledo @JERobledo.-Se pueden tener distintas valoraciones de la Alcaldía de Enrique Peñalosa. A unos les parecerá buena y a otros, mala; unos pueden desear que concluya su mandato y otros que sea reemplazado por otro, convocando a nuevas elecciones. Pero debería coincidirse en respetar los criterios democráticos y legales consagrados en la propia Constitución y que señalan que debe convocarse a los bogotanos a votar, sí o no, la revocatoria del alcalde.

Con el respaldo de esa legalidad numerosos ciudadanos de todos los orígenes le entregaron a la Registraduría 700 mil firmas para que se convoque a votar a favor o en contra de la revocatoria, el 260 por ciento más de las necesarias, a las que se les sumarán otras muchas antes de que termine el plazo para recogerlas. La gran facilidad de la recolección de las firmas se explica por un hecho indiscutible: según todas las encuestas, a Peñalosa lo rechaza entre el 75 y el 80 por ciento de los bogotanos, el alcalde colombiano peor calificado por la ciudadanía, a pesar de contar con el respaldo político de 35 de los 45 concejales del distrito, el 78 por ciento del total, incluidos todos los de la Unidad Nacional y el Centro Democrático que, para estos efectos, como para tantos otros, no tienen discrepancias. Cómo será de mala la gestión de Peñalosa, que no lo respaldan ni los electores de los concejales que disfrutan de su administración.

Pero una vez quedó en evidencia que Peñalosa sería derrotado si se vota la revocatoria, la élite política y de los grandes negocios que lo respalda, los mismos que han mangoneado en Colombia desde hace décadas, en vez de salir al debate en defensa del alcalde genio que, según ellos, tiene Bogotá, decidieron romper las reglas del juego legal y democrático, para lo que contrataron un abogado que le diera apariencia de legalidad a una decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral. No es casual, por supuesto, que la engañifa se desarrolle sobre el cálculo de que el 90 por ciento de los consejeros electorales militan en los mismos grupos políticos que se reparten el presupuesto de Bogotá.

La primera y aberrante ilegalidad de la élite peñalosista consistió en cambiar las reglas del juego de la revocatoria en medio del proceso, porque este empezó en enero de 2017 y sus promotores ya cumplieron con los requisitos de ley. También es ilegal que un organismo técnico y operativo como el Consejo Nacional Electoral se arrogue el derecho reglamentario que el Artículo 152 de la Constitución le reserva al Legislativo, al señalar que “mediante leyes estatutarias el Congreso de la República regulará… (las) instituciones y mecanismos de participación ciudadana”. Luego a lo que aspiran es a que el Consejo Electoral se extralimite en las funciones que le son propias y usurpe las de otro organismo del Estado.

De otra parte, es falso que en la exposición de motivos del trámite de la revocatoria no se den las razones de ley para adelantarla. ¿No es manifiesta la “insatisfacción general de la ciudadanía”, que exige el Artículo 65 de Ley 160 de 1994? Y ese repudio, más el deseo de revocarlo, se explica porque la Alcaldía de Peñalosa le provocará daños gravísimos e irreparables a Bogotá, tales como destruir la reserva natural Van der Hammen para enriquecer a algunos, imponer el Transmilenio con los criterios de un vendedor de buses, disparar la valorización y los impuestos y ofrecer el peor metro imaginable para la ciudad. Y también son causales de revocatoria la privatización de la ETB y la EEB, porque eso no aparece en el programa de gobierno con el que ganó la Alcaldía, o no cumplir con varios de sus compromisos como candidato.

Con esta maniobra en contra de los derechos de los bogotanos, que viola la Constitución y la ley, y nada menos que sobre los derechos políticos ciudadanos, se confirma lo poco democráticos que son los mandamases de Colombia, aun cuando posen de lo contrario. Y es la aplicación de un truco que cada vez se utiliza más en el país: los funcionarios no interpretan las normas de buena fe y con descaro les espetan a quienes les reclaman: “Si no le gusta, demande –con todas la dificultades que ello implica–, pero mientras tanto me aplican la norma porque mis actos tienen presunción de legalidad”. He aquí otra manera de retar a la ciudadanía, a la que le violan sus derechos. Que esta nueva manguala se convierta en otro argumento para acrecentar la idea de cambio que recorre al país.

Coletilla: Calculados para el engaño han sido los balances de los neoliberales sobre los cinco años del TLC con Estados Unidos. Para la verdad total: http://bit.ly/2qn2Sdh. Y es falso que cerrar las listas a las corporaciones ataque la corrupción: porque si hay X indeseables en una lista abierta y esta se cierra, habrá el mismo número de indeseables ocultos en una lista cerrada. 

Bogotá, 19 de mayo de 2017.

Por Juan Manuel Galán.-Muchos han dicho que la política pública es “lo que hace el gobierno“. Otros, afirman que es únicamente aquello que está dirigido a la búsqueda de un bien general. La política pública debe ser el resultado de la intención de quien lidera un proyecto político nacional, de dar respuesta a un problema sentido por su electorado, a través de las agencias públicas de su gobierno.

El centro de esta definición, es que se debe responder a un problema percibido por el electorado, lo que implica que el gobierno debe ser sensible a las demandas sociales y en particular, que debe abrir canales de acceso para comunicarse con ciudadanos y votantes. Asuntos como estos, fueron abordados por el reciente Informe sobre desarrollo mundial 2017, del Banco Mundial, que analizó los procesos de gobernanza y el por qué algunas políticas dan buenos resultados y otras no.

Especial mención merece dentro del documento, asuntos como la distribución desigual del poder que obstaculiza la eficacia de las políticas y la ausencia de compromisos reales por parte de líderes políticos.

En relación con la desigualdad, ya tenemos varios diagnósticos en Colombia. Si se adopta el Gini, nuestro país es el segundo más desigual de América Latina, según cifras del Banco Mundial (2014). Este es un tema grave, porque muestra asimetrías en el poder, que son la razón por la que determinados grupos y personas quedan excluidos de los estímulos de la ley y de los beneficios de la participación en políticas públicas.

Necesitamos garantizar que las políticas se apliquen impersonalmente, no más proyectos con nombre propio. Para eso, hay que ampliar los canales de comunicación con los ciudadanos para diseñar y ejecutar políticas, en otras palabras, garantizar más ojos encima del diseño normativo.

Solo a través de la experiencia ciudadana, de su día a día, de su relato sobre los obstáculos con que se encuentra para acceder a la escuela, conseguir trabajo, recibir atención médica, entre otros, se asegurara que las políticas partan de la evidencia real y no de gaseosas o trasnochadas ideologías. 

Para terminar, es necesario aumentar la capacidad de los líderes políticos  para comprometerse con las demandas sociales. Esto va directamente relacionado con acabar prácticas políticas tradicionales  como la captura y el clientelismo en los procesos institucionales. Es necesario también, más ojos encima de cada candidato y que quienes menos influencia tienen en política, sean parte de ella.

Por Ariel Ávila.- La mayoría de los sectores políticos colombianos, incluido el que gobierna Colombia, toma las decisiones basado en lo que podría pensar la oposición del expresidente Álvaro Uribe. Esto no solo ha llevado a un bloqueo en materia legislativa y de política pública, sino sobre todo a la toma de decisiones contradictorias que han puesto en jaque asuntos claves de la vida nacional, entre ellos, la implementación del proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos había tomado la decisión de liquidar políticamente al Centro Democrático, partido que agrupa a los seguidores del expresidente Uribe. Para ello creó un escenario en el cual la derrota se daba al tercer round. El primero, se produjo en las elecciones de 2014, en ese momento el candidato de Uribe fue derrotado en la segunda vuelta presidencial. El segundo, se desarrolló en 2015, en las elecciones locales y regionales. Allí el uribismo logró solo 56 alcaldías de las 1.122 que tiene el país, es decir, una derrota estruendosa.

El tercer round fue el 2 de octubre de 2016, es decir, el plebiscito por la paz. El presidente Santos quería asestarle el golpe definitivo al uribismo y mandarlo al baúl de los recuerdos. Sin embargo, una mala estrategia comunicativa, una desinformación inmensa, acompañada de la ausencia de pedagogía para la paz, llevaron a la derrota del Sí y con ello revivieron al uribismo. A un año de elecciones presidenciales la actual coalición de gobierno no sabe cómo tomar decisiones y su único cálculo es no molestar al uribismo para evitar confrontaciones públicas.

El expresidente Álvaro Uribe logró aglutinar alrededor de su proyecto político, a sectores radicales religiosos, que veían en los avances de minorías sexuales y derechos de la mujer una amenaza a sus principios de vida. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, la posibilidad de la adopción para estas parejas, la equidad de género y hechos, como el nombramiento de dos ministras lesbianas durante la administración Santos provocó una reacción conservadora. Con la falacia de la ‘ideología de género’ que traería el proceso de paz, miles de miembros de iglesias protestantes y católicos votaron contra algo que no existía. Igualmente aglutinó elites locales, principalmente rurales, muchas de ellas ligadas a la ilegalidad, que se habían beneficiado del despojo de más de 7 millones de hectáreas cometido contra campesinos y que terminaron en manos de terceros, muchos de ellos políticos y ganaderos. Y también aglutinó sectores urbanos que detestaban a las FARC y no gustaban del proceso de paz.

Este acumulado político suma cerca de 6 millones de votantes, de los 18 que seguramente sufragarán en 2018. Una parte importante del pastel. El uribismo le apuesta al fracaso del proceso de paz, ya que será su bandera política. Mientras tanto el gobierno colombiano ha caído en el círculo vicioso, o la trampa que le han tendido. Muchas decisiones importantes y urgentes para la implementación del proceso de paz, no se toman por miedo a la reacción del uribismo, condenando, así al fracaso del proceso de paz y con ello contribuyendo a la victoria del Centro Democrático.

Tres ejemplos son importantes. El primero, es que el proceso de reincorporación de las FARC quedó mal negociado. A mandos medios de las FARC, que manejaron centenares de hombre y miles de millones de pesos, se les están ofreciendo cerca de 280 dólares mensuales por dos años y un proyecto productivo por 3.000 dólares por una sola vez. Algo absurdo para mandos que tuvieron mucho poder en épocas de conflicto. Las posibilidades de reincidencia son inmensas, y aunque los expertos lo han advertido y funcionarios del gobierno lo aceptan en privado, nadie toma una medida para corregir este error.

Igualmente el modelo de Justicia Transicional que se aprobó en el marco del proceso de paz, fue modificado. El uribismo y algunos partidos de la coalición de gobierno se aliaron para evitar que empresarios y políticos que patrocinaron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado entraran al modelo de justicia y por ende quedaran en la impunidad. Los denominados terceros lograron la impunidad gracias a una jugada política realizada casi a medianoche en el Congreso de la República.

Pero tal vez el ejemplo más visible del miedo que gobierna a Colombia tiene que ver con la reforma agraria. De la propuesta inicial no queda ni el recuerdo. Nuevamente el empresariado rural, con algunos beneficiados por el despojo de tierras a pequeños campesinos, arrinconó al gobierno y lo obligó a modificar el proyecto de decreto. Además lo poco que se salvó, será enviado al Congreso, donde seguramente no se aprobará nada. La elite rural, de mayoría uribista, obligó al gobierno a convertir la reforma agraria en una gran frustración política.

Por José Gregorio Hernández.- “Las normas existen y deben ser aplicadas por la Rama Judicial”. Como el Acuerdo de Paz se incorporó al bloque de constitucionalidad, y el Congreso ha venido aprobando, con gran rapidez -vía ‘fast track’- y sin deliberación ni estudio, toda una cascada de reformas constitucionales y de leyes, sin que los colombianos hayamos tenido oportunidad de estudiar y discutir los proyectos, ni de evaluar en toda su dimensión las reformas introducidas, y como además la última palabra la tiene siempre la famosa Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, lo cierto es que en este momento existen nubes grises que impiden establecer con claridad cuáles normas de la Constitución de 1991 están vigentes y cuáles no, o cuáles han sido adicionadas  o condicionadas por todas esas disposiciones y “micos” que vienen siendo pasados sin debate. 

No obstante, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, es claro que los derechos fundamentales y sus garantías -que hacen parte de la esencia de la Constitución- no pueden ser afectados por el Acuerdo de Paz, ni cabe tramitar en esa materia reformas a la Constitución por la el procedimiento ‘fast track’. Ello excedería el campo restringido que el Acto Legislativo 1 de 2016 atribuyó a ese trámite expedito, únicamente alusivo al desarrollo de dicho Acuerdo. Por esa razón, el artículo 1 del Acto Legislativo señaló que el Procedimiento que han denominado ‘fast track’ se plasmó únicamente  “con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria…”. 

Ocurre que al Ejecutivo, en especial al Ministro del Interior -en algún momento desautorizado al respecto por el Presidente de la República-, le parece que en el ‘fast track’ todo cabe, aunque la Corte Constitucional ha dicho lo contrario. Ahora se informa, por ejemplo, que el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de reforma política que incluye varias disposiciones que en nada guardan relación con el Acuerdo de Paz. 

Entre las normas proyectadas se encuentra una que autoriza al Consejo Nacional Electoral que se creará -autónomo frente a la Rama Judicial- para ejercer funciones de policía judicial, vigilar las campañas, ordenar interceptaciones telefónicas, intervenir cuentas bancarias y hacer un control en tiempo real de las elecciones para evitar fraudes. 

El fraude electoral es, desde luego, una conducta corrupta que ha causado mucho daño a la política colombiana y que, por tanto, debe ser investigada y sancionada con todo rigor, aplicando las normas penales vigentes. Pero es la jurisdicción ordinaria -la Fiscalía General y los jueces penales- la llamada a investigar y juzgar a quienes resulten involucrados en aquella, en cualquier elección. Las normas existen y deben ser aplicadas por la Rama Judicial. Confiar esas funciones a un órgano como el Consejo Electoral, que no tiene función judicial, sería violatorio de los principios constitucionales vigentes, que, para las interceptaciones de comunicaciones, exige orden judicial, motivos y procedimientos señalados por la ley. Si semejantes disposiciones fueran incluidas en Acto Legislativo, implicarían una sustitución de la Constitución, y tendrían que ser declaradas inexequibles. 

Pero, además, no se ve la relación de esas disposiciones con el Acuerdo Final, ni la razón para sustraer la función de las que corresponden constitucionalmente a la jurisdicción ordinaria; ni hay motivo válido para romper la unidad que debe existir en materia judicial; y menos para tramitar las reformas por la vía del ‘fast track’, excediendo su campo propio y vulnerando el Acto Legislativo 1 de 2016.