Opinión

Por Jairo Gómez.- El Vicepresidente o ya ¿candidato presidencial? Germán Vargas Lleras, en su propio laberinto, está jugando con candela al asumir con indiferencia el acuerdo de paz con las FARC.

Que poco aconsejable se revela su actitud al creer, anticipadamente, que el proceso de paz va a fracasar, y hacer de esa hipotética premisa su bastión electoral para disputarle desde ya el espacio a la marca Uribe.

La posición de Cambio Radical en el Senado dejó muchas dudas y pretender comprometerse solo “políticamente con la refrendación del acuerdo” a sabiendas de que si el llamado “Fats Track” no opera no habrá paz, es un palo en la rueda de la implementación.

Lo ocurrido en el debate del Senado para refrendar el acuerdo de paz,  le midió el pulso a las elecciones del 2018 y evidentemente vaticina que el próximo año será intenso en términos políticos y su hilo conductor lo tensará el acuerdo del Teatro Colón.

Vargas Lleras ya destapó cuáles son sus líneas rojas de cara al proceso de paz y la implementación: no le gusta la Justicia Especial de Paz y su mecanismo de resolución del conflicto: la Justicia Transicional, el núcleo del acuerdo con las FARC.     

La ambigüedad de Vargas Lleras de permanecer en un gobierno que hizo de la paz su proyecto, lo desnuda como un político tradicional del que las nuevas generaciones se quieren desprender, y lo quieren hacer porque se niegan a aceptar ese poder jerarquizado que representa el mismísimo vicepresidente-candidato; estima el Jefe de Cambio Radical que ocultándole a las masas de votantes lo que piensa sobre la paz de ello va a depender su elección.

En cualquier caso, creo que se equivoca el vicepresidente-candidato al hacer la lectura que el acuerdo de paz es la ruptura de lo institucional y que esa es la misma que harán los colombianos. Una cosa es hoy en la calentura del debate pretender descalificar el contenido de lo firmado entre el gobierno Santos y las FARC, y otra mañana o pasado mañana o en meses cuando el país sienta que efectivamente la paz, valió la pena.

Como dice el dicho popular en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, y las más recientes estadísticas sobre el conflicto interno develan que en el país es posible la paz; que así como las FARC confrontó a las instituciones, hoy quiere desde esas mismas instancias, que no pudo deponer vía las armas, hacer política sin ellas.

El Centro Democrático ya asumió su rol electoral, su propuesta es reversar todo lo negociado en el 2018 si son factor de poder. Entonces, ¿qué le queda a Cambio Radical? Siendo una agrupación política con solo nueve senadores su fuerza electoral es débil y necesitará de coaliciones, escenario difícil en la actual coyuntura en donde sus pares de la Unidad Nacional, liberales y del partido de la U, no toleran al vicepresidente-candidato, y menos ahora que su ambigua posición frente a la paz, es más evidente. Difícil panorama para el “bogocentrista” partido Cambio Radical.  

Por Guillermo García Realpe.- Con gran tristeza e indignación el país despertó el pasado lunes cinco de diciembre tan pronto se conoció la trágica noticia de la muerte de la pequeña YULIANA ANDREA SAMBONÍ, de tan sólo siete años, a manos de Rafael Uribe Noguera, un arquitecto bogotano sindicado de ser el autor material de semejante barbarie.

Toda esta situación conllevó a reabrir un gran debate nacional sobre sí es necesario que Colombia aplique cadena perpetua o pena de muerte para violadores y asesinos de niños y niñas.

En mi caso particular, soy partidario de que se aplique la inhibición hormonal o en su defecto que se aplique cadena perpetua para este tipo de antisociales que acaban con las ilusiones de pequeños indefensos, destruyen el seno de sus familias, e impactan a nuestra sociedad.

En el Senado por octava ocasión se radicó un proyecto orientado en dar cadena perpetua a estos violadores de niños, ojalá esta vez sea la vencida y así poder frenar este gran flagelo nacional que afecta a cientos de familias colombianas.

Las estadísticas sobre violencia infantil en el país, son cada vez más alarmantes. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo corrido de éste año ya van 18 mil casos denunciados de violencia sexual contra menores y se cree que son muchos más los casos no denunciados.

A raíz de este triste caso, estudios científicos demuestran que las personas con este tipo de conductas son reincidentes, sus acciones son irregenerables y por tanto solicitamos este tipo de sanciones drásticas.

Ojalá el lamentable caso de la pequeña Yuliana sea el inició para que el Congreso muestre señales contundentes en la búsqueda de ofrecer al país una legislación fuerte para ponerle fin a este agobiante fenómeno que cada vez se repite más.

Cientos de psicópatas pululan todos los días en los municipios colombianos, estos dementes no tienen distinción social, los hay desde estrato uno hasta estrato seis. Combatirlos es tarea de todos. Los derechos de nuestros niños son prevalentes por encima de cualquier otra cosa. Ellos son el futuro del país, la alegría y la esperanza de sus padres, no merecen que sus sueños le sean arrebatados de un momento a otro por personas dementes y cobardes que se ensañan contra ellos.

Ojalá en éste y en todos los demás casos, la justicia logré operar al máximo y los responsables paguen por sus hechos con penas significativas, sin subrogados penales, esto es, sin que tengan rebajas de penas o prisión domiciliaria, sólo así se garantizará que no haya impunidad.

A la humilde familia de la pequeña Yuliana Samboní nuestra solidaridad y al pueblo colombiano manifestarle nuestro total apoyo al proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Por José Gregorio Hernández.-Al país se le quiere hacer creer que la demora en la implementación y desarrollo del Acuerdo de Paz es culpa de quienes votaron por el No el 2 de octubre, o de la Corte Constitucional. Ninguna de las dos cosas corresponde a la verdad, y el Gobierno debería reconocerlo.

En efecto,  una vez más decimos que el Presidente de la República no estaba obligado a convocar a un plebiscito para legitimación del Acuerdo Final firmado con las Farc  el 26 de septiembre en Cartagena. Pero -convencido por sus asesores y por las encuestas sobre el triunfo seguro del Sí-, lo convocó y la opción triunfadora fue la del No. ¿Un error estratégico de Santos? Probablemente. Pero achacable a él y no al resultado en las urnas, que fue legítimo, pues las opciones existentes, las dos, era legítimas, pese a la polarización estimulada por el Ejecutivo y a la campaña de descrédito que se ejerció contra quienes no compartíamos total o parcialmente el texto  sobre el cual se preguntaba.

Por otro lado, en cuanto al mal llamado Fast Track, que en castellano -nuestro idioma- alude a un trámite o procedimiento legislativo abreviado, las mayorías en el Congreso, violando el principio de consecutividad, introdujeron en el último debate de la reforma constitucional -Acto Legislativo 1 de 2016- el artículo 5, que dispuso: “Artículo 5°. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Como el pueblo no refrendó, sino que rechazó el Acuerdo Final, el Acto Legislativo, y por tanto el procedimiento abreviado y las facultades extraordinarias concedidas al Presidente no entraron en vigencia. Y no entrarán en vigencia, a menos que la Corte Constitucional falle la inexequibilidad del precepto transcrito, o que se vote mayoritariamente por el SÍ en otro plebiscito. El apoyo político del Congreso al Acuerdo, votado la semana pasada, nunca podrá entenderse, a nuestro juicio, como “refrendación popular”.

Tampoco puede asignarse a la Corte Constitucional la responsabilidad de que la entrada en vigencia del procedimiento abreviado y de las facultades extraordinarias se estén demorando. Ella tiene sus términos, que han sido previstos por  la propia Constitución. No se los puede imponer el Presidente de la República en reportajes.

Claro está que la Sala Plena puede decidir dar prioridad al tema en el orden del día. Pero debe debatir el tema, como lo está haciendo, con seriedad y en Derecho, particularmente cuando se trata de asunto tan trascendental.

Además la Corte es un tribunal independiente del Gobierno. Está mal que se la presione y está peor que funcionarios oficiales quieran visitar a los magistrados para “convencerlos” de votar en un cierto sentido. Confiamos en que no aceptarán ni una cosa ni otra, y fallarán en Derecho.

¿Qué se debe hacer ahora? Esperar el fallo y acatarlo. Nada más.

Por Jorge Enrique Robledo.- Aunque no se introdujeron todas las peticiones de los principales promotores del no, es evidente que hay un nuevo Acuerdo de La Habana, que incluye numerosas de sus exigencias. Lo pactado mantiene como aspecto principal, determinante para valorar lo suscrito, el desarme de las Farc y su fin como organización ilegal. Luego no hay que coincidir con cada aspecto del acuerdo para respaldar, como lo expliqué en el Senado (http://bit.ly/2gOyLJn), que se finiquite el proceso, dado el gran avance que para Colombia significa ponerle fin a un alzamiento armado que nunca debió darse y cuyos daños a la Nación han sido enormes.

Se contrapone con el programa del Polo, por ejemplo, que allí se diga que “La RRI (Reforma Rural Integral) se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción ella por parte del Estado”. Durante la implementación legal de lo pactado deberá corregirse que el acceso de las Farc a unas curules –participación que no objetamos– se acordara de forma que pone en riesgo la presencia del Polo y de otras fuerzas minoritarias en el Congreso, a pesar de que el reclamo se le planteó formalmente al presidente Santos.

También es comprensible que a otros sectores los contraríen aspectos del nuevo acuerdo. Pero no resiste análisis afirmar que por ello el país pierde más de lo que gana y que entonces es mejor que no haya acuerdo, porque no es así. Y no lo es porque nada en el texto desquicia a Colombia ni le impide avanzar por el camino de resolver sus demás problemas, que seguirán iguales tras lo pactado en La Habana. Esas son exageraciones que pueden decirse mas no probarse y que están conduciendo a que, según lo expresado por los voceros del Centro Democrático y de la Unidad Nacional, los colombianos sigamos, como corcho en remolino, presos del debate sobre qué hacer con las Farc, controversia que se ha usado para escoger en línea a cinco presidentes neoliberales, mientras tapaban que en todo los demás, los candidatos, supuestamente diferentes, representaban los mismos intereses.

Ya los formadores de opinión empezaron a martillar con que en 2018 todo se limitará a escoger entre los candidatos que promuevan los dos últimos presidentes de la República, pretensión calculada para que sin importar quién gane, ganen los mismos, con el mismo modelo económico, social y político de la globalización neoliberal, para que siga pasando lo mismo. Se trata de regresar a días como los del monopolio liberal-conservador, en los que las elecciones –con una ciudadanía políticamente manipulada mediante un sectarismo feroz– eran como carreras de caballos en las que competían varios ejemplares, pero, eso sí, todos del mismo dueño. El aporte aparentemente innovador de Santos consistiría en lograr la tercera presidencia de la Unidad Nacional, con el mismo programa que hoy ejecuta, más el Acuerdo de La Habana, y el respaldo de sectores provenientes de la izquierda.

Es obvio que la jugada de Santos consiste en regresar a Colombia a algo semejante al Frente Nacional –con sus contubernios fundamentales y peleas superficiales–, mediante el desarme militar de las Farc y, además, desarmar políticamente a los ex alzados en armas y a todos aquellos que en la legalidad hemos estado en la oposición al régimen, cosa que, así no lo digan, les suena a gloria a los líderes del Centro Democrático. Porque bien saben ellos que sus diferencias con el santismo, en asuntos medulares, no van más allá del proceso de paz.

Salta a la vista que el nuevo Acuerdo de La Habana sirve para desarmar a las Farc y para que estas, comprometidas con el respeto a la Constitución, se reintegren con garantías legales y políticas a la vida civil. Pero también es cierto que los demás problemas nacionales –y no lo digo como una crítica al proceso de paz– seguirán iguales, con sus graves carencias en soberanía y democracia auténtica, TLC y privatizaciones, sector financiero, monopolización económica extrema, medio ambiente, empleo y pobreza, salud y educación, agro, industria y servicios públicos, y ni qué decir que en corrupción política y de todos los tipos. Luego Colombia necesita en el 2018 un gobierno Ni-Ni, ni de la Unidad Nacional ni del Centro Democrático, que si bien respete el Acuerdo y la legalidad que lo respalde, también derrote las concepciones de la clase política que desde siempre, y en especial a partir de 1990, ha mandado muy mal en Colombia.

Bogotá, 2 de diciembre de 2016.

Por Amylkar D. Acosta M.-Este es un sueño hecho realidad. Por años la región Caribe venía impulsando el proyecto para instalar una planta regasificadora, que permitiera importar gas natural cuando este escaseara en el mercado regional y se presentara un déficit de suministro. Como es bien sabido, el mayor parque térmico de generación del país se encuentra en la región Caribe y este es de lejos el mayor consumidor de gas natural, al tiempo que, por una disposición regulatoria, está en la cola de las prioridades de abastecimiento del mismo ante eventos de escasez.

En los últimos años se pasó de la abundancia de gas natural, proveniente básicamente de los campos de Ballenas, Riohacha y Chuchupa en La guajira, a cierta holgura, que se tornó en escasez más recientemente como consecuencia de la declinación de sus reservas. El efecto no se hizo esperar, el año anterior y a comienzos de este, debido al fenómeno de El Niño, que esta vez fue más severo y prolongado que los anteriores, se requirió al máximo la capacidad de generación de las térmicas, lo cual estresó aún más la demanda de gas natural. Ello, además de disparar los precios del gas natural en la región Caribe, con todas sus consecuencias, obligó a varias de las plantas eléctricas a operar con combustibles líquidos, especialmente fuel oil, mucho más costosos, lo cual repercutió a su vez en alzas de las tarifas de la energía que tuvieron que pagar los usuarios.

Precisamente, por previsión, justamente para que esto no fuera a ocurrir, fue por lo que le dimos toda la prioridad a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía sacar este Proyecto adelante, el cual fue promovido por el Grupo Térmico, integrado por TEPSA, Termocandelaria, y Zona Franca Celsia, liderado por PROMIGAS, el cual puso al frente como desarrollador del mismo a la Sociedad Portuaria El Cayao.

Pero, más vale tarde que nunca y con su entrada en operación el país gana en seguridad energética y esta planta regasificadora va a cumplir el papel de estabilizador de los precios del gas natural, ya que va a servir de respaldo a la oferta y le va a evitar al país unos costos mayores como aquellos en los que se ha incurrido anteriormente, los cuales terminaron pagando los usuarios. Colombia se integra ahora al mercado internacional del gas natural, en el cual EEUU se ha convertido en uno de los principales jugadores merced a su revolución del shale gas. Se estima que el costo de oportunidad de no contar con esta planta sería del orden de los US $600 millones anuales, que ahora se los ahorrará el país. Esta planta posee una capacidad de suministro de 400 millones de piés cúbicos diarios de gas natural, los cuales servirán de colchón de seguridad para todo el sistema energético del país. Con la disponibilidad permanente de este volúmen de gas natural se podría generar el equivalente a 17.000 GWH/año de energía, satisfaciendo el 100% de la demanda de energía de la región Caribe, 27% de toda la energía que se consume en Colombia, aproximadamente.

Ello es tanto más importante si tenemos en cuenta que, según la UPME, las reservas probadas de gas natural sólo le alcanzarán al país para autoabastecerse hasta el año 2023. Al disponer de las facilidadades de esta terminal regasificadora y hacia el futuro otra en el Pacífico se podrá asegurar el abastecimiento, toda vez que ahora se contará con esta nueva opción como fuente de suministro. Saludamos, entonces, este acontecimiento que, a no dudarlo, constituye un aporte importantísimo a la dinámica económica de la región Caribe que se había visto frenada por cuenta de la escasez del gas natural.  

Huelga decir que la instalación de estas plantas regasificadoras no tiene por qué desanimar la inversión ni a los inversionistas en su apuesta por encontrar más reservas en el país, para lo cual se precisa estimular la exploración, tal como se viene haciendo con las expedición de toda una batería de medidas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entre ellas las zonas francas off shore, de las cuales la Sociedad Portuaria El Cayao es una de ellas. Por el contrario, en la medida que dichas plantas robustecen la capacidad de suministro con una mayor disponibilidad de moléculas de gas natural, ello contribuirá a ensanchar el mercado y bien dijo John Maynard Keynes que “toda demanda crea su propia oferta”.

Colombia, dada su envidiable posición geográfica, por ser, como lo dijo López de Mesa, está llamada a convertirse en un hub regional en el mercado del gas natural, como ya lo es en el eléctrico. De modo que la instalación de esta planta regasificadora en el Caribe y hacia el futuro la del Pacífico van a dar lugar a un círculo virtuoso del gas natural del cual van a salir gananciosos los consumidores del mismo. Enhorabuena!

Barranquilla, diciembre 3 de 2016

www.fnd.org.co

Por Diego González.- Luego de que el Presidente Santos firmara el nuevo acuerdo de paz con las Farc y anunciara que su refrendación se hará a través del Congreso de la República, las voces disidentes no se hicieron esperar y han manifestado que el legislativo carece de legitimidad para la refrendación de los mismos.

Esto obedece posiblemente a la expectativa que existe en torno a la decisión que debe adoptar en los próximos días la Corte Constitucional, sobre la posibilidad de aplicar un procedimiento abreviado para la aprobación de las leyes de implementación de los acuerdos, toda vez que el artículo quinto del acto legislativo señala expresamente que el denominado “Fast Track” está estrechamente ligado a la refrendación popular.

La vía rápida o  “Fast Track” es el único procedimiento que le permite al Gobierno nacional aprobar de manera expedita y maratónica todo lo acordado, además lo dota de facultades que normalmente no ostenta y que requiere para culminar con éxito su labor en favor de la construcción de la Paz, como por ejemplo, tener mayor poder para impulsar el trámite legislativo y la exclusividad de los contenidos de los textos normativos que han de ser aprobados por el Congreso, la facultad para establecer la primacía del trámite de estos actos normativos sobre el trámite de cualquier otra iniciativa, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para la discusión de las mismas y el poder de veto Presidencial a las modificaciones que sean que sean introducidas por el Congreso durante el trámite Legislativo.

Sin embargo, sin importar cuál sea la decisión que adopte la Corte Constitucional frente a este tema, el Congreso de la República es constitucionalmente legítimo para refrendar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc, así lo estableció el constituyente del noventa y uno, cuando decidió modificar la Constitución de 1886 que consagraba que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación.

La asamblea nacional constituyente en la discusión del capítulo sobre principios generales de la nueva Carta Política, quiso modificar el espíritu sobre el concepto de soberanía y considero, tal como quedo establecido en el artículo tercero de nuestra actual constitución, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que de él emana el poder público, esta soberanía se ejerce directamente, como por ejemplo en el plebiscito, pero también la ejerce el pueblo a través de sus representantes en los términos que la constitución establece, es decir a través de los Senadores y Representantes a la Cámara que han sido legítimamente elegidos para representar los intereses de todos los colombianos.           

La verdadera preocupación de todos los sectores interesados debe orientarse a la etapa de implementación, en la que el Congreso aprobará temas que definirán el mapa político y social de nuestro país, como por ejemplo la reglamentación de la amnistía en donde se discutirá si el narcotráfico, el secuestro y la extorción pueden ser considerados como delitos conexos al político, la jurisdicción especial para la paz, en donde se buscará reglamentar los procedimientos de las investigaciones y el juzgamiento para las Farc y los militares con procesos relacionados con el conflicto y algunos civiles, el acto legislativo para definir la llegada de los miembros de las Farc al Congreso y garantizar sus curules, cinco en Cámara y cinco en Senado, también todo lo referente al estatuto de la oposición, la creación de nuevos partidos políticos y la  ampliación del número de curules en el Congreso.

Por Alberto Barrera Tyszka.- Fidel Castro fue un publicista fuera de serie, un mago del marketing político. ¿Cómo es posible que, después casi seis décadas imponiendo de cualquier manera y a cualquier precio su control sobre un país, todavía a la hora de su muerte haya quien lo pondere como un líder democrático? Ahí está su mayor talento, el legado más importante que le deja a la historia: se puede ser un tirano despiadado y, sin embargo, pasar a la posteridad como un revolucionario.

Su vida es un ejemplo de cómo la mezcla adecuada de carisma y cinismo puede lograr que un feroz dictador parezca un líder polémico. El éxito más contundente de la revolución cubana es la campaña publicitaria de Fidel. Destruyó todo con tal de salvarse, de salvar su propia marca.

En su biografía del Che, Jon Lee Anderson relata una anécdota que presenta a Fidel en genio y figura. Es 1957, el desembarco del Granma resultó un fracaso y la guerrilla de la Sierra Maestra no llega a 20 combatientes. Sin embargo, Castro acepta una entrevista con un reportero de The New York Times. Herbert Matthews llega al campamento y ya Fidel ha preparado una astucia para hacerle creer que tiene varias brigadas de rebeldes en diferentes lugares de las montañas, que son un ejército grande cuyo único destino posible es la toma del poder.

El periodista, actuando de buena fe, apuntó todo y multiplicó las fuerzas de Castro en las páginas de su periódico, en la inocencia de sus lectores, en la mirada que todo el planeta tenía sobre la isla. Desde muy temprano, Fidel entendió que el engaño mediático era un arma determinante en cualquier batalla.

El contexto de la Guerra Fría le ofreció un clima perfecto para convertirse en el centro de una batalla simbólica. Fidel también supo aprovechar la tensión mundial para acrecentar su poder y distribuir su carisma como cualquier agencia de producción publicitaria. El bloqueo estadounidense fue una tragedia para Cuba y una bendición para Fidel. El mejor regalo que pudo hacerle el imperio: convertirlo en su gran enemigo. Le ofrecieron un escenario ideal para construir una épica moderna, asociada a las ideas libertarias. Así, Fidel pudo desarrollar su mito personal en todo el mundo mientras, dentro de su isla privada, consolidaba su poder autoritario, imponía la censura y la represión a cualquier disidencia, llegando incluso a perseguir y encarcelar a homosexuales y poetas.

La figura de Fidel no se puede separar del hechizo que tuvo y que todavía tiene la palabra revolución en nuestro continente. Es un hechizo que, por supuesto, también está ligado a las condiciones de la mayoría de nuestra población. Tiene que ver con la tragedia de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, de la impunidad… Fidel terminó convirtiendo la esperanza de los pobres en su negocio privado. Y fue un negocio muy rentable. Manejado con la eficacia de un capitalista impúdico. Después de estrujar hasta el cansancio a sus financistas —la Unión Soviética, la Venezuela de Chávez— la Revolución Cubana no tuvo ningún reparo en diluir la ideología y volver a voltearse hacia su enemigo. Después de casi 60 años, el balance de la historia no resulta muy gratificante: regresar a una dictadura pero con un país destruido, una nacionalidad muy dividida. Es un ejercicio que benefició fundamentalmente a una sola familia. Con 85 años, Raúl Castro ha decidido que lo más saludable es entregar el poder en el 2018.

Eliseo Alberto, fabuloso escritor cubano, hijo del genial poeta Eliseo Diego, escribió un libro imprescindible: “Informe contra mí mismo”. Entre las muchas crónicas que ofrece, hay una que me resulta entrañable. Un hombre ha logrado escapar de Cuba y trata de sostener su dignidad ante el asedio de la clásica prensa europea, siempre dispuesta a perdonar cualquier exceso de los gobiernos “revolucionarios”. El periodista progresista lo acosa y le reclama los supuestos éxitos de la revolución: la salud pública y la educación ¿Qué puede decir sobre eso? ¿Acaso no es cierto? El cubano duda un segundo y, luego, responde: sí. Puede ser. Pero en la vida uno no siempre está enfermo o estudiando.

Por Héctor Abad Faciolince.- No son extrañas las elecciones en que la democracia se enloquece.

En 1924, si bien en un ambiente de miedo e intimidación, Mussolini y los fascistas (con unos cuantos aliados) alcanzaban casi el 65% de los votos en Italia. Cuando Matteotti denunció las intimidaciones y crímenes que desvirtuaban ese voto, los fascistas no dudaron en secuestrarlo y asesinarlo, y Mussolini asumió la responsabilidad “histórica, política y moral” de ese asesinato.

En marzo de 1933, el partido nazi de Hitler alcanzó la mayoría relativa del Reichstag alemán, con el 43,91% de los votos. Los socialdemócratas y los comunistas alcanzaron apenas el 30%, pero Hitler volvió ilegales a esos partidos y luego supo manipular el apoyo de nacionalistas y centristas. Para llegar al poder los nazis no dudaron en matar a decenas de candidatos que se oponían a ellos.

Mientras algunos comunistas pensaban que la elección de Hitler serviría para “agudizar las contradicciones” y precipitar la llegada de una insurrección popular (la extrema izquierda de hoy dice tonterías parecidas sobre Trump), escritores como Joseph Roth alcanzaron a ver lúcidamente que ese triunfo de los nazis sería la instauración de “la sucursal del infierno sobre la tierra”. Un infierno de 12 años.

Ya en épocas más remotas otros escritores habían advertido de qué modo a veces los países parecían propiciar su propio desastre voluntariamente. En una carta a Turguéniev, fechada en noviembre de 1872, Gustave Flaubert se quejaba de los acontecimientos de aquellos años en Francia: “Tengo la misma tristeza que los patricios romanos en el siglo IV. Siento que asciende desde el suelo una irremediable Barbarie. Confío en haber reventado antes de que ella arrase con todo. […] Siempre he intentado vivir en una torre de marfil, pero una marea de mierda golpea los muros hasta desplomarla. […] Si no trabajara, me tiraría de cabeza al río con una piedra al cuello; 1870 ha vuelto locos, imbéciles o violentos a mucha gente”. Hace 150 años Flaubert sentía que la vulgaridad, la grosería, el desprecio por la belleza y por los ideales más nobles, se estaban imponiendo. Y no se trataba solo de la política, aclaraba, sino de algo generalizado: un “estado mental de Francia”.

Lo ocurrido en Gran Bretaña con el triunfo populista del Brexit, en Colombia con el manipulado triunfo del No, en Estados Unidos con la derrota del establishment (o con el triunfo de la megalomanía, el racismo y la grosería absoluta de Trump), y los posibles escenarios nefastos que podrían verificarse en Austria y en Francia, me hacen pensar con tristeza en este moribundo año 2016. Las señales que leo en los acontecimientos recientes me hacen ser pesimista por primera vez sobre el futuro próximo. El triunfo del asco fascista o fascistoide me parece evidente, y no creo que podamos responder a él con la moderación, la cautela o la tibieza. El Zentrum alemán (al disolverse por miedo en el 33) también ayudó a la consolidación del poder nazi.

Colombia era, o parecía ser, una de las pocas buenas noticias del mundo. Ahora la renegociación del nuevo Acuerdo de Paz (no estoy seguro de si más o menos bueno que el primero: hay retrocesos en verdad y en temas de impuestos sobre la tierra), no se va a refrendar por la vía popular, sino por otra, legal, pero impopular: a través del Congreso. El 2016, parece decir el Gobierno, no es un año bueno para otra aventura electoral, y prefiere acudir a herramientas jurídicas existentes. Va a ganar la paz, pero sin entusiasmos de masas. Su refrendación definitiva serán las próximas elecciones, donde no se elegirá un gobierno de transición (como sugirió Timochenko), sino un gobierno que apoye o rechace este necesario, benéfico y frágil acuerdo de paz.

Parafraseando a Flaubert se podría decir que el 2016 ha vuelto locos, imbéciles o violentos a mucha gente. Yo mismo no veo cómo no volverme loco ante el cúmulo de brutalidades que me toca oír o leer a toda hora.

Por La compleja implementación es la clave que consolida la paz, de ahí que su aplicación sea expedita y milimétrica. Esta metodología la exigen los mismos acuerdos, los tiempos y los plazos que se dieron para implementar el proceso de paz, y de eso debe estar consciente la Corte Constitucional que hoy tiene un su manos darle instrumentos al Gobierno para afianzar la paz. “Si no hay “Fast Track” no hay día D, así de sencillo”, puntualizó un asesor de las Farc.       

-No hay duda que al nuevo acuerdo de paz en materia de refrendación e implementación le espera un camino plagado de espinas.Digamos que el gobierno impondrá mayorías parlamentarias y lo  refrendará. Hasta ahí, “todo bien todo bien” como diría el Pibe. Pero es que la cuestión no es solamente refrendar y punto. No. El problema es cómo implementar lo acordado.

La salida de hacerlo a través del congreso, escenario natural del voto popular, es el camino por el que optó el Gobierno. Entonces, la inquietud que surge es cómo se logra abordar un mecanismo expedito para que la implementación no se ralentice y los plazos que el acuerdo establece se cumplan. Para estos efectos hay dos instancias: a través del trámite legislativo normal o a través del acto legislativo que le da facultades al presidente y disminuye el trámite de las reformas constitucionales y de las leyes.  

En primer término, hay que descartar de plano la posibilidad de tramitar la implementación vía ordinaria. Es decir, por esta ruta no habría “DÍA D”, para referir lo dicho por el presidente Santos, se frenaría la implementación y se pondría en peligro el cese bilateral al fuego.

Ahora, sobre el segundo punto curiosamente la respuesta no la tienen ni el Gobierno ni el Congreso. Quedó en manos de la Corte Constitucional, instancia que debe resolver la demanda en contra del acto legislativo del 7 de julio de 2016 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, al cual en el séptimo debate el ejecutivo le colgó el “mico” del plebiscito que se perdió el pasado 2 de octubre.

Este acto legislativo le da facultades al presidente por una sola vez para proponer un paquete de reformas constitucionales y de leyes con base en el acuerdo de paz, y simplifica el trámite de estas iniciativas mediante un “procedimiento legislativo especial para la paz”, además de facultar al jefe del Estado para que expida decretos con fuerza de ley que garanticen la implementación de la paz estable y duradera.

Este proceso que se ha denominado como Fast Track es el que certifica, sin objeciones en el tiempo, la posibilidad de que la paz se consolide o de lo contrario, me decía uno de los negociadores de las Farc, “si no hay simplificación legislativa no hay paz, no hay día D y menos la posibilidad de que comience la concentración de la guerrilla con el subsiguiente proceso de dejación de armas”.

La compleja implementación es la clave que consolida la paz, de ahí que su aplicación sea expedita y milimétrica. Esta metodología la exigen los mismos acuerdos, los tiempos y los plazos que se dieron para implementar el proceso de paz, y de eso debe estar consciente la Corte Constitucional que hoy tiene un su manos darle instrumentos al Gobierno para afianzar la paz. “Si no hay “Fast Track” no hay día D, así de sencillo”, puntualizó un asesor de las Farc.        

Por Amylkar D. Acosta M.-Si algo caracteriza al comportamiento de los precios del petróleo es su volatilidad, de allí que la silueta de la curva que lo describe sea lo más parecido a una montaña rusa. No obstante, sin perder esta propiedad, que le es inmanente al mercado en el que se transa el oro negro, desde mediados del 2014 la tendencia sostenida de los precios ha sido hacia la baja. Todo indica que la caída de los precios del crudo llegó para quedarse, que la misma no es coyuntural.

Los precios del crudo de la referencia Brent, al cual está atado el precio de exportación de la canasta de crudos de Colombia, después de caer por debajo de los US $30 el barril a comienzos de este año, su nivel más bajo en los últimos 13 años, tuvo un repunte del 30%, alcanzando un promedio de US $46 el barril en el curso del tercer trimestre de este año, en todo caso US $4 por debajo del mismo período del año anterior.

Uno de los factores, tal vez el principal, que está gravitando sobre los precios del petróleo presionándolos a la baja es la sobreoferta en el mercado, que se enfrenta a una débil demanda por el mismo. De hecho la producción a escala mundial ha crecido 880 mil barriles el último año, empezando por los 14 países que integran la OPEP que alcanzó en octubre de este año la cifra record de 33.64 millones de barriles diarios, 236 mil más que el mes anterior. Concomitantemente, como lo reconoce la misma OPEP, “los inventarios están cerca de máximos históricos en todo el mundo”.

Otro factor que influye determinantemente y que impide una reacción mayor del precio del petróleo es la cotización del dólar, divisa esta en la que se transa en los mercados internacionales. Obviamente la revaluación del dólar frente a las demás monedas le resta poder adquisitivo a estas, desalentando la demanda debido al encarecimiento del crudo para el importador.

Previendo que la sobreoferta puede llegar a ser mayor el año entrante, lo cual seguiría deprimiendo los precios a futuro, Arabia Saudita, que es de facto el líder de la OPEP cambió abruptamente la estrategia seguida hasta el mes de mayo y pasó de oponerse a un recorte en los volúmenes de producción de crudo a propiciarla, con el fin de darle un impulso al alza a los precios. Pero, conscientes de que ya la OPEP no controla más allá de un tercio de la producción, la OPEP le pidió a los productores que no tienen su membresía contribuir con una reducción de su producción de 500 mil barriles/día. Por su parte la producción de la OPEP pasaría de 33.2 millones de barriles/día, que fue la producción en agosto a la horquilla entre 33 y 32.5 millones de barriles/día. En un primer momento, ellos, encabezados por Rusia, que no hace parte de la OPEP pero hoy por hoy es el mayor productor con 11.2 millones de barriles/día, por encima de Arabia Saudita, fueron receptivos a dicha propuesta. Fue así cómo en el marco del Foro Internacional de Energía que se efectuó en Argelia entre el 26 y 28 de septiembre, en la que participaron exportadores e importadores de crudo, se llevó a cabo una reunión consultiva de la OPEP en donde se arribó a un preacuerdo del que participaron también los productores ajenos al cartel para limitar el bombeo de crudo, el cual deberá ser refrendado el 30 de este mes en la Cumbre de la OPEP en Viena. De concretarse, este sería el primer recorte de la producción con el fin de detener la caída del precio del crudo desde 2008.

Empero, no será fácil consensuar en el seno de la OPEP el compromiso de cerrar el grifo para reducir la producción de los países miembros, amén de la larga historia de los incumplimientos de las cuotas de producción acordadas. De otra parte, cuando ya estamos en vísperas de la Cumbre, desde Moscú el Ministro ruso de Energía se mostró dispuesto a congelar su producción, que está al tope de su potencial, pero no a reducirla, al considerar que al hacerlo en la práctica sería un “recorte” con respecto a sus proyecciones. Otros países, como Irán, Irak, Libia y Nigeria, que son sus socios, se muestran reticentes a hacer lo propio, razón por la cual Arabia Saudita se ha concentrado en asegurar el apoyo al interior de la OPEP, para luego persuadir a los restantes. Las perspectivas para la industria petrolera, entonces, no son las más halagüeñas, tanto en el corto como en el mediano plazo, como ya lo habíamos advertido cuando apenas comenzaba el año.

Cota, noviembre 27 de 2016

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