Opinión
Por Amylkar D. Acosta M.-La región Pacífica, integrada por los departamentos del Valle, Nariño, Cauca y Chocó, acaba de dar un paso histórico. El pasado diciembre 12 se constituyó como Región Administrativa y de Planificación (RAP), figura esta contemplada en la Constitución Política en su artículo 306 y en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 de 2011, artículo 17. Dicho sea de paso, esta región posee el 22% del territorio nacional, 17% de la población y 15% del PIB y junto con la región Caribe, acusa el mayor Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del país.
Los cuatro gobernadores que integran esta RAP, Dilian Francisca Toro (Presidenta de la FND), Camilo Romero, Óscar Campo y Jhoany Carlos Alberto Palacios firmaron el convenio que le da vida a la RAP del Pacífico. Esta es la segunda RAP que se crea en el país, después de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) integrada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Estas dos regiones le tomaron la delantera a la región Caribe, que siempre ha estado a la vanguardia en la lucha por la autonomía regional y en donde se impuso el voto Caribe con 2.5 millones de votos el 14 de marzo de 2010 reivindicándola.
Han transcurrido 16 años desde que desaparecieron las regiones de Planificación (CORPES), que fueron creados a través de la Ley 76 de 1985, después de 13 años de su funcionamiento. En la Constitución Política, artículo 286, se prevé que la Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones, lo que sólo le estaba reservado hasta 1991 a los municipios y departamentos. El paso previo para ellos es la RAP, por ello hemos sostenido que esta es la “escala técnica” para llegar a las regiones como entidades territoriales (RET). Desafortunadamente el Congreso de la República al expedir la LOOT malogró la oportunidad de establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, entre ellas las RET, como lo manda la Constitución Política en su artículo 288.
Este paso se está dando después de 25 años de espera para darlo, pero, como dice el adagio popular, nunca es tarde cuando la dicha es buena. El vacío que quedo con la supresión de los CORPES y la larga espera para constituir las RAP le abrió el espacio a la re-centralización que se ha venido experimentando en el país, a contrapelo de lo dispuesto por la propia Constitución Nacional. Ha venido haciendo carrera la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales pero sin recursos, tal como ha sucedido con el no POS y el PAE. Todavía en Colombia, mientras no llueva en Bogotá no se reconoce que hay invierno en el país, ello en razón de que, como lo afirmó el líder indígena Juvenal, Bogotá está muy lejos de Colombia, para significar el desdén y la apatía con que se ven los problemas de las regiones por parte de la burocracia citadina.
A falta de los CORPES y de las RAP, las regiones han estado carentes de sus planes regionales de desarrollo, lo cual ha llevado al incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica de Planeación, que prevén que el Plan Nacional de Desarrollo debe insertar los planes regionales de desarrollo. Por sustracción de materia se sigue pretermitiendo dicha normatividad.
Ahora, gracias a las RAP, las regiones, por fin, tendrán sus planes regionales de desarrollo, lo que permitirá que hacia el futuro los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se podrán enfocar y concentrar en los proyectos de mayor impacto regional, que son los que más contribuyen a ganar en competitividad, en lugar de seguir atomizándolos en proyectos de bajo impacto. Integrados y unidos en las RAPs las regiones tendrán una mayor capacidad de gestión e interlocución frente al Gobierno Nacional. Es la oportunidad para trabajar en procura de superar una de las principales falencias de las regiones, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar capacidades para la estructuración de buenos proyectos, que les permita su viabilización y aprobación por parte de los OCADs para ser financiados con los recursos del SGR.
El Director del DNP Simón Gaviria les ofreció todo su respaldo a esta RAP y les dejó planteadas varias tareas, entre ellas el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, servir de Unidad de ejecución para sacar avante los proyectos estratégicos de la región, sin necesidad de más burocracia sino aprovechando las sinergias del esfuerzo conjunto, superando la dispersión y la duplicidad de esfuerzos. La región Pacífica tiene un terreno ganado, dado el avance en la formulación de su Plan Todos somos Pacífico.
De cara al Post conflicto, las RAPs están llamadas a cumplir un papel de la mayor importancia, empezando por la participación de las regiones en la formulación y elaboración tanto del Plan Marco de la Implementación de los Acuerdos, así como de los planes de desarrollo con enfoque territorial ((PDETs). Estos serán la base para concertar con el Gobierno Nacional los Contratos - Paz y acceder así al apalancamiento de recursos provenientes del Presupuesto de Paz, el cual tendrá como una de sus fuentes la cooperación internacional. Sí, porque La Paz se tiene que construir desde los territorios y no desde los escritorios!
Medellín diciembre 23 de 2016
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Por Juan Fernando Londoño.-El proceso de paz de Colombia se concibió no sólo como una manera de propiciar el desarme de las FARC, sino como una manera de resolver los problemas que han ido aparejados con el conflicto.
Para algunos, como las FARC, estos problemas: inequidad, desatención del campo, falta de garantías democráticas, son la causa del conflicto. Para otros, como el gobierno, son la consecuencia del mismo.
En cualquiera de las dos perspectivas, la paz representa una oportunidad para que reformemos muchas de las instituciones que han adquirido su especificidad al amparo de los 50 años de guerra que hemos vivido. Por ello resulta tan importante que hayan sido escogidos lo miembros de la Misión Electoral Especial, que deberán elaborar las recomendaciones que sirvan de base para las reformas electorales que el país necesita y anhela.
Todos los miembros de la Misión Electoral son destacados profesionales y expertos, la mayor parte de ellos destacados académicos, o líderes de sociedad civil con notables trayectorias en los ámbitos de la academia. La Misión ha sido reforzada con dos importantes juristas, uno en representación del Consejo Nacional Electoral y otro del Consejo de Estado, que sin duda ayudarán a que las recomendaciones tengan mayor solidez jurídica y posiblemente mayor viabilidad política.
Dado que el tiempo que se le ha otorgado a la Misión para su labor es de tan solo 4 meses, resulta muy importante intentar establecer una agenda de trabajo para el país en los años venideros, en relación con este tema, y señalar claramente cuales deberían ser las prioridades de las iniciativas de reforma. Si la Misión entrega una lista de mercado sin coherencia, ni énfasis en la secuencia que deben tener las reformas, su trabajo quedaría a medias, así que vale la pena proponer algunas ideas sobre los énfasis que podría tener una reforma de esta naturaleza.
En primer lugar, la Misión podría ofrecer luces sobre la falta de participación electoral. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que sólo la mitad de la gente asista a los comicios. Que en eventos tan importantes como la conformación de una Asamblea Constituyente sólo lo haga un cuarto de la población. O que para saldar cincuenta años de guerra sólo acuda un tercio de los habilitados a las urnas. Una democracia que funciona sin la participación de los ciudadanos produce –como en efecto sucede– una política dominada por unos pocos grupos (que suelen denominarse oligarquías) que además usan el poder que obtienen para perpetuarse en el mismo y defender las ventajas que nos convierten en una sociedad persistentemente desigual.
Sería interesante que la Misión nos ofreciera alternativas a este flagelo, o si no lo considera como tal, que nos diga porque es sano para una democracia que la gente no participe. Si se acoge la idea de que la falta de participación es un déficit de nuestra democracia, sería útil considerar la conveniencia del voto obligatorio en Colombia.
El segundo problema que la Misión podría analizar es el relativo a la corrupción en el sistema electoral. Es un drama para una democracia que la gente no crea en la transparencia de las elecciones, pero existen muchos lugares comunes sobre el tema. Uno de ellos, por ejemplo, es creer que el voto electrónico va a resolver todos los problemas de corrupción. Las raíces más profundas de la corrupción se asientan en nuestra cultura política y en el poco valor que la gente le atribuye al voto. Sin embargo, son múltiples las ramificaciones que hacen que la política hoy sea una competencia de dinero, y que gracias al financiamiento político terminemos con el Estado capturado por mafias de la contratación. ¿Cómo salir de esta situación, dada la metástasis tan profunda que ha hecho en nuestro sistema? Si los miembros de la Comisión ofrecen alternativas de solución, se abriría un debate tan importante como necesario.
Hay que entender que las recomendaciones de la Misión servirán para abrir el debate, pues su trabajo será un insumo para el gobierno y los partidos con el cual deben concertar una reforma política y electoral. Desafortunadamente, las recomendaciones de la Comisión llegarán en el momento en que los partidos se alistan para emprender el año electoral, y como es tradición en Colombia, no deben realizarse reformas en el año previo a las elecciones.
En el caso de que alguien piense que sería posible usar los mecanismos de ‘fast track’ para realizar una reforma electoral, conviene advertir que esa es una pésima idea, pues si algo requiere consenso entre las fuerzas políticas o al menos un grado importante de apoyo (pues el consenso en estas materias es imposible) son las reformas políticas y electorales. Por lo tanto, lo mejor será dejar trabajar a la Misión y que sean los partidos, el gobierno, y todos los actores interesados en mejorar nuestra democracia quienes le den una valoración a su trabajo, y que éste se convierta en la guía de las acciones futuras en esta materia. Ojalá los precandidatos presidenciales decidan incluirlo en sus programas políticos, por ejemplo.
La paz abre las puertas a una democracia distinta, y las recomendaciones de la Misión Electoral seguramente ofrecerán claves sobre cómo empezar a perfeccionar nuestro sistema electoral.
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- El año que ya casi termina recuerda la película ‘El año que vivimos demasiado’, cuyo título iba a ser utilizado para esta columna, pero es preferible meterle clasificación a lo ocurrido.
LO BUENO
Lo bueno es que se acaba este año, aunque deja dos sucesos de grata recordación: uno, el Consejo de Estado determinó que hubo "engaño generalizado" en la campaña del No en el plebiscito. De manera clara, categórica y cortante sentenció que “crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engaño contra el electorado, lo cual produjo el resultado conocido”.
Dos, al presidente Juan Manuel Santos le dieron el Premio Nobel de Paz. Esto debió ser motivo de orgullo nacional, si no fuera porque se lo adjudicaron para impedir que la paz fuera boicoteada por los que ganaron el plebiscito a punta de fotomontajes, mentiras y pastores evangélicos reclutados para sembrar el miedo.
En lo deportivo Colombia obtuvo resonantes triunfos con las ocho medallas en los Olímpicos de Rio, la titánica victoria de Nairo Quintana en la Vuelta a España y el tercer puesto de Atlético Nacional en el Mundial de Clubes. En lo musical, estuvo el Grammy Latino para Shakira y Carlos Vives por su canción de La Bicicleta.
¿Algo más que clasifique como bueno? Ah, sí: el jueves 24 de noviembre se selló la paz entre el gobierno y las FARC mediante el Acuerdo de Colón, que ya fue ratificado por el Congreso.
LO MALO
Malo que por cuenta de la apatía de casi el 70 por ciento de los colombianos ante un tema tan crucial como la paz, el 2 de octubre el uribismo le dio un zarpazo al Acuerdo y casi manda de nuevo a las FARC para el monte. Pero Santos asimiló el golpe, en 40 días escuchó a las partes y recompuso un nuevo Acuerdo, y la respuesta de los ‘amigos del NO’ fue el rompimiento de las relaciones con el gobierno. ¿Amigos del NO? Indulgente nombre para quienes en realidad son los enemigos de la paz, agrupados en esa mano negra que ya tiene nombre propio, Centro Democrático, desde que a su dirección llegó el ideólogo de la extrema derecha que en alguna ocasión definió al comandante de las AUC, Carlos Castaño, como “un intelectual hecho a pulso”.
Malo que los pastores evangélicos y cristianos hayan adquirido tanto poder político de la noche a la mañana, porque en todo Estado laico que se respete la política y la religión no deben mezclarse, so pena de que se contamine con fanatismos de fe irracional el agua en la que todos nos bañamos. Biblia en mano, pretenden imponer un Estado confesional.
En coincidencia con lo anterior, MUY MALO que el corrupto exprocurador Alejandro Ordóñez haya quedado posicionado como candidato a la Presidencia de la República, pese a que fue destituido por el Consejo de Estado tras haberse hecho reelegir con trampas. Malo porque seguirá los mismos pasos de Trump en cuanto a decir barbaridades de alto rating, como cuando dijo que “la Corte Constitucional le ha hecho más daño al país que las FARC”.
A Ordóñez lo veremos ondeando banderas rabiosamente católicas, y como ya cuenta con la complicidad de los embaucadores pastores cristianos y evangélicos (en una de cuyas iglesias de garaje se hizo ungir), el peligro es inminente. Peligro de que conquiste la Presidencia por la vía de exacerbar pasiones religiosas, y a la vuelta de la esquina caigamos en un régimen similar al de Francisco Franco en España, y esto desemboque en una guerra civil.
LO PÉSIMO
El diccionario RAE define pésimo como “lo que es extraordinariamente malo o no puede ser peor”. En tal sentido es pésimo para la paz universal el triunfo en EE UU del energúmeno, bocón, patán, acosador de mujeres, racista y xenófobo Donald Trump, rey del matoneo político. Razón tuvo Semana en decir que Trump ‘¡se enloqueció del todo!’. Mi humilde opinión es que se avecina la III Guerra Mundial, ahora entre las civilizaciones cristiana y musulmana. Un cowboy con ansias de supremacía al mando de la nación más poderosa del planeta ha llegado para aplastar al "terrorismo islámico" y traerle paz al planeta a su manera, y en su euforia de primíparo del poder omnímodo no hará sino crecer al enemigo, que se multiplicará como hormigas que suben silenciosas por entre los pantalones del imperio hasta alcanzar sus testículos.
LO FEO
Feo lo que pasó con la reunión ‘tripartita’ entre el Papa Francisco, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Pese a la buena voluntad del Santo Padre, al intermediar entre dos fuerzas en pugna hizo valer el refrán según el cual “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”. El Papa terminó por legitimar al comandante en Jefe de esas fuerzas oscuras que en Colombia se han alineado contra la paz y que ya han comenzado a dejar un reguero de cadáveres por toda la geografía nacional, como en los ‘buenos tiempos’ de los falsos positivos. Hay una bestia herida a la que ni el Papa pudo amansar, y esa bestia viene por todo.
No les extrañe si en 2017 Uribe vuelve con el cirirí de que el acuerdo de Paz “justifica nuevas formas de violencia”, en coincidencia con la reactivación del paramilitarismo, las amenazas (que ya llegan hasta el arzobispo de Cali) y el recrudecimiento de asesinatos selectivos contra líderes sociales, cuya “sistematicidad” no ve el Fiscal General pero se aprecia en que los asesinos siempre actúan sobre seguro, porque nunca hay capturas significativas.
Perdonarán la negrura justo en Navidad, pero solo cuando aparezca un gobierno con los suficientes pantalones para ponerle el tatequieto a la mano negra, dejará de tener sentido la frase de Woody Allen: “siempre he esperado lo peor, pero nunca pensé que fuera peor de lo que yo esperaba”.
DE REMATE: Un Feliz 2017 para todos y, si la candidatura del nefasto Ordóñez se concreta, Dios nos coja confesados.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.- La Corte Constitucional es el más alto tribunal de la República; se supone independiente de todo otro poder e interés; compuesto por magistrados insobornables, cuyo compromiso y juramento representan -o tendrían que representar- la mejor garantía del imperio de los valores y principios constitucionales, de la vigencia efectiva de los derechos y de la intangibilidad de la soberanía popular proclamada por el artículo 3 de la Carta Política. Sus fallos obligan a las autoridades y a los particulares.
Pero para que sus sentencias sean acatadas y cumplidas -como debe ser- tienen que existir, ser conocidas oficialmente; entendidos los considerandos y claramente expuestas en la parte resolutiva las decisiones y órdenes de las que se trata, para que sus destinatarios puedan proceder de conformidad.
La Corte Constitucional tenía que resolver sobre la primera de varias demandas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, pero aquélla se refería solamente a los artículos 1 y 2, que consagraron el llamado “fast track” (procedimiento legislativo abreviado) y las facultades súper extraordinarias conferidas al Presidente de la República. Según el comunicado, fueron declarados exequibles los artículos impugnados, pero la Corte, mediante lo que se conoce como “obiter dicta”, entró a pronunciarse sobre el sentido de la norma no demandada, cuya exequibilidad no se ha definido.
Nos encontramos con una curiosa situación, originada en esa providencia, que ha sido anunciada por la Corte, destacada por los medios y celebrada con alborozo por el Gobierno y parte del Congreso, pero que -hasta el momento de escribir estas líneas- no existe. No ha sido firmada por los magistrados, no está redactada, ni oficialmente comunicada.
Lo supuestamente resuelto no puede ser cumplido de manera inmediata, como quiere el Presidente de la República, porque ese fallo -que es el que obliga y produce efectos jurídicos- brilla por su ausencia, aunque ha sido invocado ya para poner en marcha el procedimiento legislativo especial previsto en un Acto Legislativo que, según la misma Corte, tampoco ha comenzado a regir.
El comunicado emitido no solamente es contradictorio, porque permite aplicar en la práctica unas normas que, según expresa, no han entrado en vigencia, sino que no es claro en punto de la refrendación popular, ni sobre la vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016, ni tampoco acerca de si está o no vigente el “fast-track”; ni si están vigentes las facultades extraordinarias conferidas al Presidente. Ni tampoco logra explicar lo que, modificando el concepto de soberanía -cuyo titular es el pueblo-, parece entender ella por "refrendación popular".
En suma, un conjunto mal estructurado de errores que, si se recobrara el sentido de lo jurídico, debería conducir a que los nuevos magistrados, en el curso del año entrante y en cumplimiento de su función de control constitucional -ejercida con independencia-, se atrevieran a declarar inexequibles muchas de las normas que se aprueben.
Desde luego, eso en nada beneficiará el proceso de paz en cuyo nombre se ha quebrantado el orden jurídico. Todo se puede caer, como un castillo de naipes, frustrando una vez más las ilusiones de verdadera paz del pueblo colombiano.
Por Luis Fernando García Forero.- En la historia republicana de Colombia nunca unos comicios plantean desafíos como los que se aproximan en el inmediato futuro. Tanto para las elecciones a la Presidencia como para las del Congreso en el 2018, el Proceso de Paz cambiará el clima de opinión y generará otros escenarios posibles.
Indudablemente que, como proceso, el de Paz es aún un reto, pero en perspectiva, es un asunto intenso de aprendizaje político y ciudadano, que va a generar mayores desafíos a la clase política.
Queramos o no aceptar, Colombia no es el mismo país antes del Proceso de Paz. Existe un aprendizaje intenso, tal vez basado en el ensayo y error, pero poderoso de cambios, donde todos estamos involucrados. Desde nuestra dimensión personal y desde nuestros roles sociales.
A pesar de la manipulación política y los escarceos de la oposición, el ciudadano de a pié tiene una posición y esa postura es el verdadero reto para los políticos que aspiran dirigir al país a partir del 2018.
Decir que la sociedad en Colombia será una sociedad verdaderamente en paz, después del Proceso, es imposible. Pero si podemos aspirar a tener más más democracia, que es el verdadero activo del cambio social.
Los políticos colombianos tienen una obligación y compromiso histórico: por un lado hay que hacer las transformaciones requeridas para controlar la etiología de la violencia y, por otro, construir los mecanismos de intervención de la sociedad, desde las regiones y las comunidades, porque las causas del conflicto aún vibran en el suelo de la nación y se transforman, cada día, en formas difíciles de abordar, con la globalización.
Un desafío político impostergable será crear la gobernabilidad regional y la gobernanza del aparato del estado. Romper con el centralismo bogotano y abrir la posibilidad de construir alianzas, entre los diversos sectores sociales (gobierno, comunidad, asociaciones, ex guerrilla, etc).
Los políticos que asuman el reto de postularse a la Presidencia y al Parlamento, no sólo requieren capital político, sino propuestas desde el poder, no sólo para generar auténtica convivencia, fortalecimiento del estado de derecho y prosperidad para superar la pobreza extrema, sino asumir que la Paz no es un valor abstracto, sino una proposición vestida de realidad y asociada a la superación de la exclusión, del miedo y de la cultura de la violencia.
De hecho, el conflicto intrafamiliar, la exclusión de la Comunidad LGBTB, el feminicidio y las desigualdades regionales son muestra de la violencia, profunda y aceptada como normal en muchas regiones.
Una paz estable y duradera en Colombia es un propósito político de todos, pero dependerá de un estado que amplié los márgenes democráticos, que crezca económicamente y tenga índices de gobernabilidad aceptables.
La visión que tengan del Postconflicto y de la Paz los aspirantes a la presidencia y al Congreso, será decisiva.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- La situación de Colombia y el impacto que significa el Proceso de Paz, en todos los órdenes de la vida nacional, no acepta demoras.
Más allá de lo que significa para una nación superar más de 50 años de conflicto armado, está el desafío de construir una democracia mejor que la que tenemos en Colombia, va a exigir que los papeles y roles que desempañamos todos sean cumplidos a cabalidad.
Por ello, el mecanismo transitorio especial del Fast Track, que avaló la Corte Constitucional para la implementación de los Acuerdos de la Habana, según el cual el Congreso puede promulgar leyes y/o hacer reformas constitucionales, a través de un trámite más acelerado, es un significativo paso para lograr la Paz.
Se requiere la celeridad. Se tiene que andar ligero, porque existe un país desangrado por la violencia, hay un futuro que se avizora mejor si el país invierte en el desarrollo y no permanece una cultura que sonríe al horror para mantener sus privilegios excluyentes y que hay que derrotar.
Detrás de la Oposición al Proceso de Paz, avalado por la Comunidad de la Paz y la Academia Noruega con el Premio Nobel de la Paz, no está otra cosa que la exclusión, el mecanismo más perverso de control social, que ha sido efectivo para mantener posiciones, pero atrasar a Colombia.
Para los colombianos de a pié no hay tiempo que esperar. Por ello, todas las leyes o reformas constitucionales para implementar los acuerdos, que deben ser de iniciativa gubernamental y solo se requerirá de dos votaciones en el Congreso para las leyes y cuatro para las reformas, donde sesionarán conjuntamente las comisiones de Senado y Cámara y entre una votación y otra, no pasarán más de ocho días, son garantizar que las demoras y las prácticas dilatorias no tengan efecto.
Asimismo, que el Gobierno, en menos de 180 días, tenga la facultad de dictar Decretos con fuerza de Ley, cuando lo estime pertinente y en función de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, es otro paso a la búsqueda de convivencia en Colombia.
Se requieren leyes urgentes para articular los engranajes del Proceso de Paz. Leyes fundamentales para integrar a la Guerrilla de la Farc- EP a la vida ciudadana, como la de amnistía y garantizar el cese al fuego y las hostilidades, que afectan a la Colombia profunda, que ha sufrido con creces el conflicto en las regiones.
La incertidumbre que sembró el débil y poco legítimo triunfo del No al Plebiscito de la Paz, que movió fuertemente a la opinión pública y generó reacciones en la ciudadanía ante la importancia de esta decisión, con movilizaciones en lo ancho y largo del país, tenía que ser atacada, porque existía la posibilidad de discusiones y extensiones en debates estériles y la perdida de la voluntad del cambio en los actores del proceso, sobre todo aquellos que ya habían decidido las vías democráticas.
Afortunadamente las Farc- Ep asumió su compromiso histórico con la Paz y se mantuvo ecuánime junto al Presidente Santos, los negociadores y todos los que creemos que edificar la Paz es el mejor desafío para nuestras vidas.
Tenía que privar la razón y el requerimiento de la necesidad. No es justo que el tema de la Paz, fuese la herramienta electoral, con la cercanía de las elecciones del 2018, tanto parlamentarias como presidenciales.
Colombia merece que la oferta electoral sea de propuestas que, desde el poder, hagan realidad las expectativas y resuelvan los graves problemas de los colombianos, porque la administración del gobierno y el rol de los parlamentarios tienen que apuntar a edificar un país donde ya la ausencia del estado no sea una de las causas del deterioro de la sociedad y de la fragilidad de los programas en las regiones.
Y sobre todo quiero expresar que este mecanismo no es un aval para la impunidad, ni una forma de violación al ordenamiento jurídico colombiano. Es una respuesta eficaz y realista del máximo tribunal de la nación al proceso que hará posible un futuro real de Colombia. De todas maneras, existen los mecanismos de consulta y refrendación.
Como Presidente de la Comisión Segunda del Senado, de Asuntos Internacionales y Defensa, poseo la facultad de manifestar a las naciones del mundo, primero que la Paz es posible y que los formalismos jurídicos que superamos para la Justicia Transicional eran legales y, en segundo lugar, que este Proceso es una referencia legislativa y jurídica y un impulso significativo para superar la guerra y motivar la construcción de un mundo menos violento. La implementación política y jurídica para lograr la reconciliación nacional es digna de mostrarla globalmente.
Nos toca ser sabios y razonables a los que elegimos la representación del Pueblo de Colombia en el Parlamento, ya que un error nos puede conducir al fin de la esperanza.
Por Jairo Gómez.- No quiero parecer aguafiestas ahora que la familia presidencial recorre Europa con el Premio Nobel de paz bajo el brazo, exhibiéndolo con el peregrino mensaje de que Colombia es un país sin guerra.
Eso no es cierto y el propio presidente Santos lo sabe. Aún quedan rastros del conflicto interno por resolver como es el caso del ELN y, por supuesto, el paramilitarismo que comenzó a aflorar -¿prohijados por quién?- con mayor ímpetu tras la firma de los acuerdos de paz con las.
No se trata de quitarle importancia al acuerdo con las FARC, se trata de poner los pies sobre la tierra y pisar en firme, no sobre arena movediza. Es conveniente que la comunidad internacional sepa que la actual situación del país es delicada y que no estamos en el pórtico de la paz con el Ejército de Liberación Nacional; que el auge del paramilitarismo hoy no es una exageración de organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos y partidos de izquierda que ven a diario cómo sus dirigentes son asesinados.
Por cuatro días sesionó la Cumbre Agraria en Bogotá, denunció y documentó el asesinato de 94 de sus integrantes entre el primero de enero y el 4 de diciembre de 2016. De esos crímenes, 73 se lo atribuyen al paramilitarismo, siete al Ejército y la Policía y 14 a grupos desconocidos. Naciones Unidas en Colombia declara que desde que se firmó el primer acuerdo de paz, en septiembre, ya son más de cincuenta los líderes de Derechos Humanos y sociales asesinados. Desde Marcha Patriótica, movimiento social y político, claman porque se aclaren los asesinatos de más de cien de sus miembros desde que esta organización se fundó en abril de 2012, y se identifique el origen de las constantes amenazas contra su gente. Estas denuncias son flor de un día. Otra vez y por siempre la justicia desbordada ante tamaña realidad. Su tratamiento mediático es fugaz. Esto es lo que no se informa afuera de nuestras fronteras.
Lo anterior devela como deliberadamente los medios de comunicación ignoran estas graves denuncias que le imprimen angustia a la realidad del país en tiempos de paz y los mecanismos de alertas y de investigación de los órganos de justicia son inoperantes; entonces es aquí donde el Gobierno debe asumir su papel o se verá sometido a la incesante presión de una opinión pública no solo nacional sino internacional que le reclamará acciones ante unos hechos que la sociedad colombiana no quiere repetir, verbigracia el genocidio de la Unión Patriótica (ignorado por el presidente Santos en su discurso en Oslo) un ejemplo manido, pero inolvidable.
Tal vez esta última instancia, la opinión internacional, es la más apropiada para que estas organizaciones sociales dirijan sus esfuerzos a denunciar los coletazos de la paz que la opinión interna omite y omitirá, porque aspirar a que los medios de comunicación colombianos le den importancia al asesinato y persecución de reclamantes de tierras, dirigentes agrarios y activistas políticos y defensores de Derechos Fundamentales, no es prioritario, no será noticia de primera plana, y pretender que la justicia sea eficaz es una quimera. Ocurrió en el pasado ¿por qué no va a ocurrir ahora?
Por Horacio Serpa. Tomado de Ola Política.- Recuerdos de la noche en la que Ernesto Samper Pizano, Edith Camerano, Antonio José Caballero y yo, pasamos con el Presidente Fidel Castro y el Nobel Gabriel García Márquez.
Cuando hace 30 años el Senador Ernesto Samper me invitó a Cuba no pensé que fuera a vivir una de las noches más interesantes de mi vida. Viajó con nosotros la académica Edith Camerano y en La Habana nos encontramos con Antonio José Caballero. Allí los cuatro nos movilizamos en un viejo Skoda que manejaba un furibundo amigo de la revolución que no hacía otra cosa que hablarnos maravillas de Fidel Castro.
En la capital cubana visitamos sitios de interés cultural, hablamos con autoridades gubernamentales, estuvimos en la Asamblea Nacional, nos tomamos un par de mojitos en La Bodega del Medio y pasamos por La Floridita. Por supuesto que nos divertimos en el Tropicana, fuimos al Malecón y recorrimos la vieja Habana. El Senador Samper se desaparecía a ratos y al cabo de muchos años vine a saber que ante dirigentes del M-19 hacía buenos oficios para lograr la libertad de una hija secuestrada de su amigo don Jaime Michelsen.
El día anterior a nuestro regreso nos dijo Samper que Gabriel García Márquez estaba en la Habana y nos invitaba a comer esa noche en la casa de protocolo que ocupaba en sus frecuentes viajes a Cuba. La reunión fue amena, la comida sabrosa y la conversación con el Nobel interesante y divertida. Cerca de la media noche, cuando comenzábamos a despedirnos, nos dijo Gabo que nos esperáramos un rato porque nos tenía una sorpresa. ¡Sorpresota! Media hora después llegó el Comandante en Jefe Fidel Castro.
Lo acompañaba uno de los históricos de la revolución, el Comandante Barba Roja. No podía creerlo. Desde la Universidad deseaba conocerlo personalmente y esa noche lo tenía a un metro de distancia, vestido con uniforme de fatiga, hablando con su conocida voz suave pero enérgica, gesticulando, preguntando, opinando de lo divino y de lo humano. Habló con conocimientos de la agricultura colombiana, de nuestra economía como el mejor de los expertos con cifras actualizadas y opiniones de la mejor factura. García Márquez y Ernesto Samper fueron magníficos interlocutores, mientras Edith y yo los escuchábamos atentos, con esporádicas intervenciones. García Márquez, gentilísimo, cuidaba de que no faltaran bocadillos ni ron.
Caballero no participó de la charla porque los asistentes del Presidente Castro fueron enfáticos en decir que para esa reunión no clasificaban los periodistas. A lo largo de la noche Samper, Edith y yo le pedimos insistentemente al personaje que le diera una entrevista, a lo que se negó con argumentos respetuosos asegurando que no hablaba con periodistas a tan altas horas de la noche.
Ya era tarde. Habíamos charlado más de tres horas, mejor, el Comandante había hablado sin interrupción todo ese tiempo, sin probar siquiera la copa de vino que toda la noche tuvo en su mano. Solo la acariciaba. En un momento de pausa metí la cucharada y le dije: “Comandante, ¿es cierto que usted estaba en Bogotá el 9 de Abril, cuando mataron a Gaitán?”. ¡Quién dijo miedo! El Presidente de Cuba, alto, elegante, de tupida barba negra, todo vestido de verde oliva, se acomodó en los baldosines sobre los cuales estaba parado y comenzó a hablar entusiasmado, con su conocida voz entre ronca y suave, comentando con precisión fechas y horas, aconteceres, situaciones, antecedentes, personajes, demostrando a sus contertulios que conocía al detalle la vida del mártir, su pensamiento político y el transcurrir entero de esa vida que seguía admirando profundamente.
Castro, lo mismo que centenares de estudiantes de América, había viajado a Bogotá a protestar contra la Conferencia Panamericana de Naciones, en la que participaba como Jefe de la Delegación de los Estados Unidos el famoso general Marshall, héroe de la segunda guerra mundial, quien era el encargado de dirigir la reconstrucción de Europa después de terminado el conflicto. Esa tarde luctuosa de 1948, Castro, de 22 años, y otros jóvenes latinoamericanos tenían cita con Gaitán, a quien el Presidente Ospina Pérez no incluyó en la Delegación de Colombia ante la Conferencia, a pesar de ser Senador y Jefe del Partido Liberal, lo que había generado mucho inconformismo en el País.
El personaje nos contó con pelos y señales la vertiginosa aventura en la que se involucró durante tres días, hasta cuando pudo regresar a La Habana abordo de un avión que transportaba toros de lidia. Reconoció haber participado en la refriega, fusil al hombro, al lado de los amotinados liberales que lloraban a su jefe inmolado. Nos dijo que había vivido intensamente esa revolución frustrada por las indecisiones y falta de liderazgo de la Dirección Nacional Liberal, la cual, a su juicio, terminó maniobrada por doña Berta, la esposa del Presidente.
Tres horas después concluyó el relato, que todos escuchamos hipnotizados, como viendo una película espectacular. Mucho después en El Bogotazo leí la entrevista que le tomó Arturo Alape y no encontré ninguna contradicción o equivocación con el relato de aquella noche extraordinaria.
Por ahí a las 8 am, al despedirnos, el Senador volvió a la carga diciéndole: “Presidente, Caballero trabaja en RCN bajo la orientación de Juan Gossain, y cuando allá sepan que estuvo 7 horas al lado de la sala donde se encontraba Fidel Castro y no fue capaz de tomarle una entrevista, lo van a echar del empleo. Caballero se va a quedar sin trabajo”. El Comandante nos miró a todos, tomó aire con pausa y nos dijo: “Ese si es un argumento revolucionario”.
Todos aplaudimos encabezados por el Nobel, y Antonio José hizo esa mañana una de sus mejores entrevistas. La reunión quedó plasmada en una foto casi artesanal que Edith nos tomó con una cámara desechable de turista a la que solo le quedaba la última foto. Después, cada vez que hablé con el Comandante, siempre recordamos esa noche alucinante.
Por Paul Krugman.- Donald Trump obtuvo la victoria en el Colegio Electoral (pero no la del voto popular) gracias a la fuerza de un abrumador apoyo por parte de los blancos de la clase trabajadora, quienes se sentían relegados por la sociedad y la economía cambiante. Están a punto de obtener su recompensa: la misma que, a lo largo de la carrera de Trump, ha recibido todo aquel que ha confiado en su benevolencia. Recuerden que pasó con Trump University.
Sí, la clase blanca trabajadora está a punto de ser traicionada.
La evidencia de esa traición inminente se hace obvia en la elección de figuras corporativas y antitrabajadores para cargos clave. En particular, la historia más importante de la semana pasada (de verdad, dejen de enfocarse en el Twitter de Trump) fue la elección de Tom Price, un feroz opositor de Obamacare y defensor de la privatización de Medicare, como Secretario de Salud y Servicios Sociales. Que lo haya escogido significa quizá que la Ley de Atención Médica Asequible tienen los días contados… y los adeptos más entusiastas de Trump estarán entre quienes más pierdan con esto.
Lo primero que debe entenderse al respecto es que el discurso republicano de “repeler y remplazar” siempre ha sido un fraude. El Comité Nacional Republicano lleva seis años diciendo que presentará un reemplazo para Obamacare cualquier día de estos, pero la verdadera razón por la que no lo ha hecho es porque no puede.
Cualquier plan que lo sustituya se parecerá mucho al Obamacare, o retirará la cobertura a muchos que la necesitan desesperadamente.
Lo que la elección de Price sugiere es que el gobierno de Trump en realidad está listo para ver cómo millones de estadounidenses pierden su seguro médico. Muchos de quienes lo pierdan serán simpatizantes de Trump.
Es posible notar eso al observar los datos del censo entre 2013 y 2015, que muestran el impacto de la implementación completa del Obamacare. En ese periodo, la cantidad de estadounidenses sin seguro se redujo por 13 millones; los blancos sin título universitario, quienes votaron por Trump en una proporción de dos a uno, representan ocho millones de esos 13. Así que probablemente estemos frente a más de cinco millones de defensores de Trump, muchos con problemas de salud crónicos y que recientemente habían obtenido un seguro médico por primera vez, que acaban de votar para hacer sus vidas más desagradables, más bestiales y más cortas.
¿Por qué lo hicieron? Puede que no se hayan dado cuenta de que su cobertura estaba en juego: a lo largo de la campaña, los medios apenas hablaron sobre políticas. O quizá le creyeron a Trump cuando aseguraba que sustituiría el plan Obamacare con algo grandioso.
De cualquier manera, les espera un duro despertar y todo empeorará cuando los republicanos avancen con sus planes de acabar con la versión actual de Medicare, lo que parecía estar en marcha aun cuando el presidente electo prometió específicamente que no haría tal cosa.
Además, en caso de que se lo estén preguntando, no, Trump no puede hacer que aparezcan de repente los trabajos de manufactura que se han perdido en las décadas anteriores. Esos empleos se perdieron sobre todo debido a cambios tecnológicos —no a las importaciones— y no pueden recuperarse.
No habrá nada que compense el daño que los trabajadores sufrirán cuando los republicanos hagan trizas los beneficios sociales.
¿Habrá una especie de contragolpe, una oleada de remordimiento del comprador? Tal vez. Ciertamente los demócratas harían bien en evidenciar y combatir la traición de Trump a la clase trabajadora. Sin embargo, debemos considerar las tácticas que usará para disimular el alcance de su traición.
Una de ellas, que ya pudimos observar con su rimbombante anuncio de un trato para conservar algunos empleos de Carrier en EE.UU., será distraer al país con baratijas relucientes. En verdad, esta táctica funcionará solo si la cobertura de los medios es simplista e ignora las cifras.
No, Trump no se “enfrentó” a Carrier, más bien parece haberle ofrecido un soborno. Estamos hablando de mil empleos dentro de una enorme economía; al ritmo de un acuerdo como el de Carrier a la semana, Trump necesitaría 30 años para salvar tantos empleos como lo hizo el Presidente Obama con el rescate financiero de la industria automotriz, y le tomaría un siglo compensar la pérdida generalizada de empleos en el sector manufacturero desde el año 2000.
No obstante, a juzgar por la cobertura dada a este acuerdo hasta ahora, la suposición de que los medios noticiosos serán simplistas e ignorantes parece muy probable.
Cuando empiece a concretarse la realidad de que los trabajadores pierden terreno, si así sucede, me preocupa que la administración de Trump haga lo que los gobiernos autoritarios hacen a menudo para desviar la atención de un mal desempeño: buscar un enemigo.
Recuerden lo que dije sobre el Twitter de Trump. Mientras daba un gran paso hacia quitar a millones su seguro de salud, Trump comenzó a vociferar acerca de retirar la ciudadanía a quien quemara banderas. No fue una coincidencia.
El punto es mantener la vista en lo importante. Millones de estadounidenses acaban de recibir un golpe inesperado. Y todavía no lo saben.
Por Amylkar D. Acosta M.-En la reciente Cumbre de la OPEP en Viena se acordó por parte de los 14 países que la integran reducir las cuotas de producción de crudos de todos ellos, tratando así de detener la caída de sus precios más allá de los US $50 el barril e impulsarlos al alza. Se trata de reducir su oferta en 1.2 millones de barriles diarios a partir de enero del año entrante y de esta manera contrarrestar la sobreoferta que ha empujado los precios a la baja desde mediados de 2014. Se excluyen de este compromiso Irán, Irak y Nigeria, cuya producción se ha visto afectada por la sanción que le impusieron al primero de ellos y por los conflictos que asolan a los otros dos. El sólo anuncio del acuerdo al que arribaron elevó los precios hasta alcanzar un nivel récord en lo corrido del año, de US $55 el barril de la referencia Brent, 15% más alto que a mediados de noviembre.
La gran incógnita es saber hasta donde este efecto sobre los precios es perdurable o, si acaso, es sólo flor de un día. El primer interrogante surge frente a la postura de los países productores que no hacen parte de la OPEP, empezando por Rusia, que es el principal productor del mundo con 11.21 millones de barriles de petróleo diarios. En vísperas de la Cumbre su Ministro de Energía Alexander Nóvak dijo que Rusia estaría dispuesta a congelar su producción, no sin antes llevarla al máximo de su potencial en casi 30 años, pero no a recortarla. Además, estuvo al margen de las deliberaciones de los socios de la OPEP y sigue sin comprometerse a recortar su producción, como se lo pidió y lo necesita la OPEP para tratar de lograr su cometido. Además, no es de buen augurio el hecho de que la producción de la propia OPEP se anotó un nuevo récord en noviembre, con un volumen de 34.19 millones de barriles, 370.000 barriles/día más que el mes anterior. Ello da para pensar que la sobreoferta va a continuar en 2017 y con ella la tendencia al alza de los precios del crudo. De hecho, después que tocaron techo, los precios rebotaron y están nuevamente a la baja.
Podemos, entonces colegir, que este paso dado por la OPEP no garantiza que se vaya a reequilibrar el mercado de los crudos y que con ello se vaya a revertir la tendencia a la baja de los precios. Es más, si llegara a tener algún efecto positivo, el tiro les puede salir por la culata, como ya sucedió en el pasado. Como lo afirma el analista Michael Tran “la OPEP tratando de apuntalar el precio del petróleo, sin querer ayudó a los productores estadounidenses”, refiriéndose a la reactivación del fracking para extraer crudo de yacimientos no convencionales, gracias a los mejores precios. Según Daniel Yergin, Vicepresidente de IHS Markit. “las empresas de perforación estadounidenses, que son ágiles y veloces, le han quitado parte del poder a la OPEP...Ahora hay mucho más petróleo que no es de la OPEP”.
Y para rematar, la llegada de Trump a la Casa Blanca les dará un respiro a las petroleras, que tendrán en él al defensor que ha sido de su actividad, sin ambages. Lo dijo con toda claridad en una conferencia sobre fracking, “producir más energía estadounidense es una parte central de mi plan para que EEUU vuelva a ser rico...Voy a eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza llegue a nuestras comunidades”. Y ya ha dado los primeros pasos en esa dirección al designar para la Agencia de Protección Ambiental (EPA) nada menos que a Scott Pruit, a la que este ha catalogado como demasiado “activista”.
Huelga decir que el “umbral” del dolor que sacaba del mercado al Shale oil por razones de costo de extracción de crudos de yacimientos no convencionales se redujo ostensiblemente, al punto que, según la firma de investigación Wood Mackenzie, los más eficientes pueden llegar a ser comerciales a un precio de US $20 el barril. La mayor producción proveniente de estos terminó por anular el efecto de un recorte en la producción en los yacimientos convencionales, máxime cuando ya en estos se ha empezado a utilizar también la técnica del fracking, aumentando la productividad y la producción de los campos petroleros en explotación.
Y si se mira el otro lado de la ecuación, el de la demanda, muy seguramente las razones para pensar que la decisión de la OPEP en el mediano y en el largo plazo puede resultar, además de tardía, inocua. A la ralentización del crecimiento de la economía global, sobre todo la de los países emergentes encabezados por China y la India, que son los mayores consumidores de crudo, se vino a sumar el menor consumo de este tanto por cuenta del ahorro y el uso más eficiente de la energía, como por la irrupción, con mucha fuerza, de las energías alternativas, sobre todo aquellas que son renovables y limpias.
Barranquilla, diciembre 10 de 2016
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